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1.
EL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE CONTRA CUBA: IMPLANTACIÓN, APLICACIÓN
Y FORTALECIMIENTO.
Toda
consideración de la política del bloqueo debe realizarse
desde una óptica histórica, pues solo así podrán
tomarse en cuenta los graves desafíos enfrentados por la nación
cubana por más de dos siglos. Nunca un país se ha visto
sometido de manera tan continuada y permanente al peligro que representa
un vecino tan poderoso y que históricamente ha pretendido dominarlo
y anexarlo. La historia no ha dejado espacio a la duda acerca de las intenciones
reales de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, especialmente
después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959.
En su afán de destruir el sistema político, económico
y social establecido por el pueblo cubano con su Revolución -sostenido,
consolidado y desarrollado por la firme y abrumadoramente mayoritaria
voluntad soberana del pueblo- la aplicación de sanciones económicas
ha sido una pieza clave de la política de hostilidad y agresión
de los Estados Unidos contra Cuba.
Estudios preliminares dan fe de que las
afectaciones a Cuba por la aplicación de esta política genocida
podrían superar ya los 72 mil millones de dólares. Esta
cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil millones
de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos
económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones
terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos.
La absoluta falsedad de las muy diversas excusas, que por más de
cuatro décadas han empleado las sucesivas administraciones norteamericanas
para intentar justificar la imposición de una guerra económica
y política contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos
oficiales estadounidenses desclasificados en 1991 . En estos aparecen
testimonios y pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió
a cualquier medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir de
1959.
La guerra
económica contra Cuba comenzó mucho antes de
que el bloqueo fuera formalmente establecido por una orden ejecutiva del
Presidente de los Estados Unidos. Su carácter extraterritorial,
que se institucionalizó con la Ley Torricelli de 1992, afectó
siempre el comercio, las relaciones financieras y las inversiones no sólo
entre ambos países, sino de Cuba con terceros.
El bloqueo privó de forma abrupta y drástica a Cuba de todo
vínculo con Estados Unidos, nuestro más cercano mercado,
donde se realizaba históricamente la mayor parte del comercio exterior
cubano y al cual estábamos vinculados tecnológicamente.
Cuba tuvo entonces que reorientar sus vínculos económicos,
buscando en regiones lejanas fuentes de suministros y nuevos mercados
para sus exportaciones. Todo esto implicó enormes gastos en transportes
y fletes y el sobredimensionamiento de inventarios y reservas, con un
elevado costo de inmovilización de recursos.
Los problemas que enfrentaba la economía cubana debido al bloqueo
se vieron acrecentados cuando, luego del proceso de desintegración
del sistema de cooperación económico socialista y de la
propia Unión Soviética, Cuba sufrió nuevamente la
desarticulación de sus relaciones con sus antiguos socios comerciales:
la URSS y los países de Europa del Este. Estados Unidos consideró,
entonces, que era el momento indicado para asestarle el golpe final a
la Revolución Cubana.
Así, en 1992 se aprueba la Ley
Torricelli, que cortó abruptamente el comercio de
medicinas y alimentos que Cuba mantenía con subsidiarias de compañías
estadounidenses asentadas fuera del territorio norteamericano, y estableció
severas prohibiciones contra la navegación marítima desde
y hacia Cuba.
Sin embargo, insatisfechos aún por no haber logrado el colapso
del sistema económico y político del país, en 1996
se adopta la
Ley Helms-Burton . Esta última, confirió jerarquía
de ley a todas las prohibiciones del bloqueo e intentó impedir
la inversión extranjera en Cuba, a la par que institucionalizó
la subversión, financiada y dirigida por el Gobierno de los Estados
Unidos, como método para quebrar la voluntad independentista del
pueblo cubano.
Este marco legislativo, que extiende su acción contra toda la comunidad
internacional, ha sido complementado con ulteriores disposiciones y medidas
para recrudecer el bloqueo.
El declarado irrespeto a las normas del Derecho Internacional por parte
del gobierno de los Estados Unidos, no concluyó con la promulgación
de la Ley Helms-Burton en 1996. En franca violación de la legislación
y los compromisos de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual
y, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC), se aprobó la Sección
211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias
para el año 1999. A resultas de la Sección 211, se intenta
escamotear la marca de ron cubano Havana Club a sus legítimos propietarios,
con el objetivo de otorgar la comercialización del producto, primero
en los Estados Unidos y después en terceros países, a espurios
e ilegales reclamantes.
Tal como fuera denunciado en el informe que Cuba presentó el pasado
año, contenido en el documento
A/57/264, el fraudulento arribo al poder en los Estados
Unidos de la Administración de Presidente George W. Bush, ha impuesto
un recrudecimiento de la retórica anticubana y un mayor apoyo a
las organizaciones extremistas y terroristas de origen cubano en el Estado
de la Florida, con las que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene
deudas electorales. Su vínculo con estos grupos, cuyas acciones
terroristas y pro-anexionistas son bien conocidas, ha estimulado el endurecimiento
de la política de bloqueo contra el pueblo cubano.
Si a lo largo de más de cuatro décadas las sanciones y restricciones
económicas han estado acompañadas de iniciativas para crear,
financiar y dirigir la subversión interna en la Isla, es esta Administración
la que ha elevado a niveles inéditos su apoyo abierto a la subversión
del orden constitucional cubano. De esta manera, se ha venido utilizando
a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para
proveer de medios y financiamiento e impartir instrucciones a grupos de
mercenarios pagados por y al servicio de la superpotencia, con el fin
de que ejerzan su labor subversiva y pro-anexionista en Cuba, en franca
violación y desafío de la institucionalidad cubana y de
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
A lo anterior se añade la decisión del Presidente George
W. Bush de designar y promover a funcionarios con una connotada posición
anticubana, a cargos claves en el gobierno de Estados Unidos. El discurso
siempre amenazante del Presidente Bush y de estos funcionarios respecto
a Cuba, es una clara evidencia de los peligros que enfrenta el pueblo
cubano. Algunos entre ellos han aclarado que la agresión militar
contra Cuba no está definitivamente descartada.
El aumento de la escalada propagandística anticubana y la violación
por Estados Unidos de los acuerdos bilaterales en materia migratoria,
que entre otros graves aspectos incluye una drástica reducción
del otorgamiento de visas tanto a emigrantes, como a visitantes temporales
procedentes de nuestro país, tienen el objetivo de generar una
crisis migratoria que ofrezca el pretexto para intervenir en Cuba.
El pasado 26 de marzo el Secretario de Estado, Colin Powell, anunció
el otorgamiento de importantes fondos federales para apoyar las ilegales
transmisiones de radio y televisión contra Cuba, lo que contradice
las reglamentaciones establecidas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). La violación de nuestro espacio radioelectrónico,
con más de 2 200 horas semanales de transmisiones hacia Cuba, tiene
como objetivo estimular la subversión interna, los planes de sabotaje,
la emigración ilegal, y difundir las más insólitas
mentiras y patrañas contra nuestro país.
Como parte de los compromisos asumidos por la Administración Bush
con la mafia cubano-americana de Miami, el pasado 20 de mayo, en una clara
escalada en la agresión radioelectrónica, la emisora de
radio creada y operada por el Gobierno estadounidense con el objetivo
de promover la subversión en Cuba, pérfida y ultrajantemente
bautizada con el nombre de José Martí, transmitió
en cuatro nuevas frecuencias. Con esta agresión se provocaron interferencias
a las transmisiones radiales cubanas.
En horas de la tarde del mismo día, la señal televisiva
transmitida con iguales propósitos hacia Cuba por los servicios
oficiales de propaganda norteamericanos, salió al aire de seis
a diez de la noche, transmitiendo desde una aeronave de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos, y utilizando canales y sistemas asignados legalmente
a estaciones cubanas de televisión e inscritas debidamente en la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que afectó
severamente servicios de televisión cubanos, en particular programas
educativos y culturales.
Anteriormente, el 24 de marzo, la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
una de las oficinas del gobierno norteamericano que velan por el cumplimiento
del bloqueo, había emitido nuevas regulaciones que endurecen tal
política. Con ello, se limitaron todavía más los
viajes de los norteamericanos a Cuba y fueron totalmente eliminadas las
licencias que se otorgaban para viajes de intercambio educacional pueblo
a pueblo. Además, a tono con esta escalada agresiva, se aumentaron
las facilidades para aquellos que pretendan viajar a nuestro país
con el fin de aprovisionar a los grupúsculos mercenarios que conspiran
para subvertir el orden constitucional cubano.
Estas nuevas regulaciones se añaden al recrudecimiento de las sanciones
a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba. Uno de los casos más
divulgados ha sido el de la anciana Joan
Slote trabajadora
jubilada del sector de la salud, quien hace dos años viajó
a Cuba por ocho días. ¿Cuál fue el grave delito de
esta señora de 74 años? Ir de excursión a Cuba y
recorrer parte de la Isla en bicicleta. Por esta “gravísima
violación” de las regulaciones del bloqueo, le fue impuesta
una multa de 8 500 dólares.
¿Cómo se explica, por otra parte, que más de 10 pacientes
estadounidenses que el pasado año 2002 solicitaron viajar a Cuba
para recibir los servicios de ozonoterapia en una institución cubana
de gran prestigio científico, no pudieron visitar el país
y beneficiarse de estos tratamientos como resultado de la política
de bloqueo? ¿Tiene acaso algún sentido esta política?
Finalmente cabe recordar, que Cuba es el único país vedado,
por ley, a los ciudadanos norteamericanos.
Por su parte, las ventas de alimentos a Cuba, solo autorizadas recientemente,
están sometidas a complejos procedimientos y normas que dificultan
enormemente su realización.
Las empresas estadounidenses deben realizar engorrosos trámites
burocráticos para obtener la licencia que las autorice a vencer
sus productos a Cuba. Asimismo, nuestro país debe efectuar las
compras en efectivo; sin posibilidad de créditos financieros, ni
siquiera privado; a través de bancos ubicados en terceros países;
y en otras monedas, con las consiguientes pérdidas en las operaciones
bancarias.
La transportación de productos que finalmente sean comprados, debe
realizarse en buques norteamericanos o de terceros países, luego
de obtener una licencia para ello. Cuba no puede utilizar su flota marítima
en tales operaciones mercantiles, lo que provoca considerables perjuicios.
A ello se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún
tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de
productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes
de ingresos que permitirían ampliar las operaciones.
Por último, no es posible concebir el comercio entre dos Estados
soberanos, sin que exista entre ambos un régimen normal de relaciones
inter-empresariales, que permita la negociación, flujos financieros
regulares, el transporte aéreo y marítimo, el beneficio
de fórmulas habituales de apoyo al comercio exterior y el imprescindible
acceso a créditos.
El gobierno de los Estados Unidos, valiéndose de sus poderosos
medios de comunicación, trata de imponer a la opinión pública
nacional y extranjera, una imagen demoníaca del sistema político,
económico y social que libremente, y por abrumadora mayoría,
ha elegido para sí el pueblo de Cuba. Sin embargo, impone al mismo
tiempo el silencio sobre el rechazo de la comunidad internacional a la
política genocida de bloqueo, que han sufrido varias generaciones
de cubanos.
Por otra parte, dicho Gobierno ignora y pretende ocultar las resoluciones
aprobadas cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas
desde 1992 en rechazo al bloqueo, y que el año pasado alcanzó
una votación sin precedentes en ese órgano de participación
universal.
Lejos de atender al reclamo de la comunidad internacional y de un creciente
grupo de sectores de la propia sociedad estadounidense, incluyendo legisladores
republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso,
de realizar un cambio en la política hacia Cuba, la actual Administración
no solo ha endurecido su discurso haciéndolo más confrontacional,
sino que ha continuado incrementando las medidas y acciones para recrudecer
aún más el bloqueo a la nación cubana.
Sin embargo, son cada día más las voces que se unen al rechazo
de la política de bloqueo a Cuba. La visita, en el primer trimestre
del 2003, de 13 Congresistas estadounidenses a nuestro país, y
la introducción en el Congreso de seis iniciativas que favorecen
el levantamiento del régimen de sanciones, constituye un ejemplo
palpable del creciente rechazo de importantes sectores de la sociedad
norteamericana a la actual política de su Gobierno contra Cuba.
La aplicación sostenida de esta política agresiva por parte
del Gobierno de los Estados Unidos, y la creciente hostilidad desplegada
por la actual Administración contra el pueblo cubano, son pruebas
irrebatibles del total desprecio de las principales autoridades de la
superpotencia por el Derecho Internacional y los propósitos y principios
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.
En momentos en que se ciernen sobre el mundo amenazas de guerra, y en
que la potencia más poderosa de la historia intenta imponer una
tiranía nazi-fascista a nivel mundial, el pueblo cubano continuará
denunciando la política genocida de bloqueo, y con igual entereza
y decisión, defenderá los logros y conquistas alcanzados
en su proceso de profundas transformaciones revolucionarias.
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