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Ministro británico de Justicia por cierre de prisión en la Base Naval de Guantánamo

Tomado del periódico Juventud Rebelde,
16 de junio de 2006

LONDRES, junio 15.— El campo de prisioneros de Guantánamo «no tendría que haber sido abierto y tendría que cerrarse», afirmóel ministro británico de Justicia, Charles Falconer, considerado como un cercano colaborador del primer ministro Tony Blair.

«Vivimos bajo la autoridad de la ley. Lo que se hace en Guantánamo sitúa a las personas por debajo de la autoridad de la ley, lo que creo que es intolerable y malo. El campo no tendría que haber sido abierto y tendría que cerrarse», estimó el ministro en una emisión política de la televisión pública BBC.

El pasado mes, Peter Goldsmith, principal consejero jurídico del gobierno de Tony Blair, consideró igualmente que «la existencia de Guantánamo es inaceptable y es hora de que se cierre», señaló AFP. «Se ha convertido en un símbolo de injusticia, con razón o sin ella», matizó.

Este jueves se conoció también, que la presidencia austriaca de la Unión Europea se comprometió nuevamente, a defender el cierre de la prisión cuando el próximo 21 de junio se reúnan con Geoge W. Bush, con motivo de la Cumbre UE-Estados Unidos, señaló AFP.

El campo de prisioneros fue abierto tras la invasión estadounidense a Afganistán, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y alberga ahora a unos 460 presuntos talibanes o simpatizantes de Al Qaeda.

Mientras, el mando militar de Estados Unidos suspendió las ya limitadas visitas de abogados y periodistas a la Base Naval de Guantánamo, prohibición ordenada tras el suicidio de tres prisioneros en ese enclave, la pasada semana, dice PL.

Según letrados del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, la restricción contra los representantes legales afloró casi al unísono de una negativa a reporteros de los diarios Los Ángeles Times, Miami Herald y Charlotte Observer, interesados en visitar la prisión de máxima seguridad.

Barbara Olshansky, abogada del CCR, dijo que sus colegas sospechaban que las visitas serían suspendidas súbitamente, pero que aun así establecerían una querella ante un tribunal federal en Washington para procurar el acceso a sus clientes.

Las autoridades de la base alegaron que los soldados estaban dedicados en estos días a facilitar una pesquisa del Servicio de Investigaciones Criminales de la Marina sobre los tres suicidios, y no podían atender a visitantes, precisó Olshansky.