CAPÍTULO IV: Un verdadero “AGUJERO NEGRO MORAL Y JURÍDICO”
en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de EE.UU. en Guantánamo.

Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sirvieron de pretexto al desencadenamiento de una verdadera estrategia neofascista de dominación planetaria, que ya tenían lista los ideólogos de las fuerzas ultraderechistas y militaristas que detentan el poder en los Estados Unidos. La Administración del Presidente Bush ha desatado una feroz ola represiva, limitando las libertades civiles y políticas en lo interno y, principalmente, restringiendo el disfrute del derecho a la libre determinación, el desarrollo y la paz de numerosos pueblos de terceros países.

En nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo, el Gobierno de la superpotencia ha lanzado guerras imperialistas de conquista para reafirmar su supremacía mundial y para controlar importantes recursos estratégicos, en las cuales se han pisoteado las más esenciales normas del Derecho Internacional Humanitario y se ha erosionado de modo grave y persistente el respeto y protección de todos los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la vida y a la libertad.

A la violación de los derechos humanos de miles de extranjeros detenidos arbitrariamente en el territorio de los Estados Unidos, se añade el limbo jurídico y existencial en que han sido mantenidas más de 600 personas, incluidos niños, recluidas de forma arbitraria en inhumanas condiciones en la Base Naval enclavada en Guantánamo, territorio que por más de 100 años mantiene ocupado ilegalmente en la Isla de Cuba, como perenne agresión contra la dignidad y la voluntad soberana del pueblo cubano.

Tras su guerra en Afganistán, el Gobierno de los Estados Unidos adoptó la decisión de alojar en los terrenos de su base militar en Guantánamo a prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”.

En aquel momento, mediante una Nota Oficial de fecha 11 de enero de 2002, el Gobierno cubano declaró que no crearía obstáculos al desarrollo de la operación, si bien calificó el hecho como un traslado de prisioneros de guerra extranjeros por parte del Gobierno de Estados Unidos a una instalación militar ubicada en un espacio del territorio cubano, sobre el cual Cuba ha sido privada del derecho a ejercer jurisdicción. Se añadió en esa nota, que tal decisión estadounidense no se ajustaba a las normas que dieron origen a esa instalación.

Mediante la Nota Oficial, el Gobierno de la República de Cuba valoró positivamente las declaraciones públicas de las autoridades norteamericanas en el sentido de que los prisioneros en la Base recibirían un tratamiento adecuado y humano, y manifestó que estaba en disposición de cooperar con los servicios de asistencia médica que fuesen requeridos.
Sin embargo, la realidad en esa Base estadounidense ha sido otra bien distinta. Allí se ha fraguado y ha persistido una de las más abominables prácticas en la era moderna de violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos de cientos de personas, desprovistos del sentido mismo de su esencia humana.

En ese territorio, cuya usurpación se mantiene en contra de la voluntad expresa del pueblo cubano, cientos de prisioneros extranjeros se mantienen arbitrariamente detenidos, sometidos a vejaciones indescriptibles, totalmente aislados, sin posibilidad de comunicarse con sus familias o disponer de una defensa adecuada. Las alegaciones de cargos contra la mayoría de ellos siguen siendo una incógnita. Algunos de los muy pocos que han sido puestos en libertad, han narrado los horrores de ese campo de concentración, donde se practican repudiables formas de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos.

Creaciones conceptuales como la de “combatientes ilegales”, o la institución de aberraciones jurídicas como los llamados “tribunales militares ad hoc”, fabricados por Estados Unidos para justificar el deshumanizante trato brindado a los prisioneros de guerra, resultan a todas luces contrarias al Derecho Internacional y a los Convenios de Ginebra de 1949.

Los “tribunales” que se impondrían, estarían facultados para dictar sentencias de muerte y sus decisiones serían inapelables, carecerían de la más mínima independencia y restringirían el derecho de los acusados a elegir abogado y a una defensa eficaz. Podrían aceptarse pruebas extraídas bajo posible tortura o coacción.

La comunidad internacional levanta su voz de condena a lo que ocurre en la Base Naval que los Estados Unidos mantienen ilegalmente en el territorio cubano de Guantánamo, convertida en almacén de presos, sin juicios y sin causas, sin abogados y sin la más mínima señal del debido proceso, todo ello bajo el permanente ambiente de histeria y temor en que la extrema derecha fundamentalista que detenta el poder hace vivir al pueblo estadounidense, con sus continuos anuncios alarmistas y sus medidas arbitrarias.

La lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo mediante el terror que imponen la negación de derechos y el ejercicio de un llamado derecho unilateral de hacer la guerra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, importantes juristas, académicos, organizaciones no gubernamentales; y algunos mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como representantes de muchos gobiernos en el mundo, han exigido al Gobierno de los Estados Unidos que aclare inmediatamente la situación legal de los prisioneros recluidos en su base naval en lo que se refiere a las normas internacionales en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

El Gobierno de la República de Cuba insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin al “agujero negro moral y jurídico” en que ha convertido al territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo por su Base Naval. El pueblo cubano tiene graves preocupaciones por la suerte que están corriendo las personas arbitrariamente detenidas en esa parte de su territorio.

Esa Base Naval fue parte del botín directo de guerra que se aseguró Estados Unidos, tras la intervención militar y ocupación de la Isla que imposibilitó al pueblo cubano acceder a la verdadera independencia.

La Base Naval en Guantánamo es una consecuencia del ilegal Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, firmado en 1903 entre el Gobierno de Estados Unidos y el gobierno permitido a Cuba por la potencia neocolonial, en circunstancias en que nuestro pueblo no podía ejercer su soberanía. Este tipo de facilidades para bases navales, había sido exigido por Estados Unidos en el apéndice constitucional impuesto a Cuba como condición para la retirada de las tropas estadounidenses: la tristemente célebre Enmienda Platt.

El Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, establecía el derecho "a hacer todo cuanto fuere necesario para poner dichos lugares en condiciones de usarse exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro objeto".
Treinta y un años más tarde, el 29 de mayo de 1934, en el espíritu de la política norteamericana del "Buen Vecino", bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, fue firmado un nuevo Tratado de Relaciones entre la República de Cuba y Estados Unidos de América, que derogó el de 1903.
No obstante, en ese nuevo Tratado, Estados Unidos garantizó la permanencia de la Base Naval de Guantánamo y la plena vigencia de las normas que regían su “arrendamiento”.

Durante todo el período neocolonial, la Base Naval norteamericana en Guantánamo sirvió de sostén a los gobernantes corruptos y sanguinarios que la política imperialista de los Estados Unidos hacía mantener en Cuba a contrapelo de los intereses del pueblo cubano. Incluso, durante el año 1958, no fueron pocas las aeronaves de guerra de la dictadura batistiana que se reaprovisionaron allí con bombas y combustible para continuar sus bombardeos contra la población civil de las provincias orientales de Cuba.

Al triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, año en que se alcanzó por primera vez la plena independencia --ya no la formal del 20 de mayo de 1902-- la Base Naval en Guantánamo se convirtió en foco permanente de amenaza, provocación y violación de la soberanía de la República, dentro del contexto de la política que Estados Unidos comenzó a aplicar contra Cuba, con su secuencia de agresiones, crímenes y sabotajes.

El Gobierno de Cuba denunció decenas de veces tales provocaciones, no sólo ante el Gobierno de los Estados Unidos, sino también ante las Naciones Unidas, argumentando que el enclave colonial estadounidense en Guantánamo no ha tenido jamás el uso declarado en el espurio Tratado plattista de 1903 de defender a Cuba, o el uso declarado también en el inválido Tratado de 1934, exponente de las relaciones “de amistad” entre ambos países.

Por el contrario, a lo largo de más de cuatro décadas, esta Base fue empleada para múltiples usos, ninguno de los cuales estaba comprendido en el texto del acuerdo con que se justificó su presencia en nuestro territorio.

La Base se convirtió en causa de numerosas fricciones entre Cuba y los Estados Unidos. La inmensa mayoría de los más de tres mil ciudadanos cubanos que allí laboraban fueron expulsados de su puesto de trabajo y sustituidos por personal de otros países.

Durante el período revolucionario, fueron frecuentes los disparos desde esa instalación hacia la parte del territorio libre de Cuba; soldados cubanos murieron como consecuencia de esos hechos; y mercenarios al servicio de la potencia extranjera encontraron en esa instalación apoyo y refugio. Incluso, se utilizó dicha Base como centro de un plan de autoagresión concebido por el gobierno de los Estados Unidos en la década de 1960, conocido por los servicios especiales norteamericanos como “Plan Patty”, y que fuera frustrado por los órganos de la seguridad cubana. Conforme a dicho plan, grupos de agentes norteamericanos infiltrados en territorio cubano dispararían contra la Base haciendo creer que ésta estaba siendo atacada por las Fuerzas Armadas cubanas, los que les daría el pretexto de desencadenar una agresión.

En otra ocasión, y nuevamente por decisión unilateral de los gobernantes de Estados Unidos, decenas de miles de migrantes, haitianos y nacionales cubanos que trataban de viajar ilegalmente a Estados Unidos por sus propios medios, fueron concentrados en esa base militar.

A lo largo de casi medio siglo, nunca se produjeron las condiciones propicias para un análisis sereno, legal y diplomático con el propósito de alcanzar la única solución lógica y justa a esta larga, crónica y anómala situación: el reintegro a nuestro país de ese espacio de su territorio nacional ocupado contra la voluntad de nuestro pueblo.

Un principio básico de la política cubana ante este problema potencialmente peligroso entre Cuba y Estados Unidos, que ha perdurado decenas de años, ha sido evitar que nuestro reclamo se convirtiera en tema prioritario y ni siquiera en asunto de especial importancia entre las numerosas y graves diferencias que existen entre ambos países, reconociendo que en los últimos años, se ha podido respirar una atmósfera de mayor distensión y respeto mutuo.

Cuba se ha esforzado en aplicar allí una política especialmente cuidadosa y ecuánime.

La posición del Gobierno cubano en cuanto a la situación legal de la Base Naval norteamericana en Guantánamo es que, por constituirse en la figura jurídica del arrendamiento, no se otorgó un derecho perpetuo sino temporal sobre esa parte de nuestro territorio, por lo que a su debido tiempo, como un justo derecho de nuestro pueblo, el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo debe ser devuelto por medios pacíficos a Cuba.

Más allá del tema de la ilegal permanencia de la Base Naval en su territorio, cuestión que será resuelta cuando las condiciones lo permitan, hoy el pueblo cubano se une al justo clamor de la comunidad internacional para que se ponga fin a lo que está ocurriendo allí. La erradicación de esa flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no puede esperar. Debe evitarse que ese grave precedente se extienda.

La detención sin cargos ni juicio por tiempo indefinido, la reclusión en pequeñas celdas hasta 24 horas al día, la obligación de permanecer esposado durante el poquísimo tiempo de ejercicio permitido, la crueldad con los familiares por la incertidumbre derivada de la difícil situación de sus seres queridos, los reiterados interrogatorios sin acceso a un abogado y la posibilidad de que se lleven a cabo ejecuciones tras juicios injustos y sin derecho de apelación, constituyen una aberración y una afrenta a la justicia y la dignidad humana.

Las personas consideradas “combatientes ilegales”, están sometidas a reglamentos castrenses arbitrarios, que contemplan la posibilidad de torturar al detenido y los privan de recursos jurídicos como el habeas corpus. Pueden estar detenidos sin cargos concretos por tiempo indefinido y sus abogados sufren diversas restricciones. Tampoco tienen opción de pedir la comparecencia de determinados testigos. Todo detenido que desee un defensor distinto al militar que le asignan, debe primero declararse culpable, con lo cual se niega burdamente el principio de presunción de inocencia.

Pero no todos los presos sufren por igual. Se ha venido aplicando un claro patrón de arbitraria selectividad y dobles raseros. A quienes tienen ciudadanía de un país aliado en la “coalición de los dispuestos”, Bush les “concede” unas cuantas garantías. A estos “afortunados” se les permite hablar en privado con sus abogados, algo que se niega al resto.

¿Cómo la superpotencia puede sostener la tesis de un supuesto “compromiso” con los derechos humanos del pueblo cubano, si al propio tiempo utiliza la parte de su territorio que mantiene ocupada para construir un verdadero “agujero negro” de los derechos humanos?
Cuba reafirma su condena a las masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que sufren cientos de personas detenidas arbitrariamente por el Gobierno de los Estados Unidos, dentro y fuera de su territorio, y en particular, en la Base Naval que mantiene ilegalmente bajo su jurisdicción en Guantánamo. El pueblo cubano apoya y hace suyo el llamado de la comunidad internacional para que se establezca un pronunciamiento claro y consecuente acerca de esta grave situación.