Desde las dominantes alturas del Mirador de Malones la vista se pierde en tierra prohibida. Bajo los pies del observador se dibujan 117 kilómetros cuadrados de un territorio vetado para los cubanos durante más de un siglo.

Allá abajo, las garitas, alambradas, carteles prohibitivos, las pistas aéreas, los repartos y sus avenidas, los radares, todo se dibuja chocante, como símbolo de impertinente prepotencia.

Para generaciones enteras en esta Isla esa parte de la bahía guantanamera fue siempre como un “misterio que nos acompaña”. Leyendas, incluso, se tejieron tras esa incógnita, que todos quisimos desentrañar.

Sin embargo, nuevas circunstancias hacen que la Base Naval norteamericana en la Bahía de Guantánamo trascienda esa connotación íntima, nacional, para alcanzar una más amplia. Ahora desde sus entrañas se define también un capítulo de la honestidad universal y de su vocación ¿verdadera? por la decencia y la justicia.

Los cubanos no somos los únicos que miramos hacia ese pedazo de tierra tratando de escudriñar sus oscuros misterios. La humanidad escruta cada vez con mayor inquietud y asombro lo que sucede tras sus cercas, mientras quienes las resguardan desde el lado yanqui intentan torpedear la vista a los intrusos.

Un despacho de Associated Press (AP), el 7 de octubre de 2003, señalaba que tres periodistas, de esa agencia, del diario The New York Times y del canal Fox Television, fueron obligados a firmar un documento, en el que se comprometían a no plantear preguntas sobre las investigaciones en curso en la base militar.

En la nota se reseñaba, que al ser interrogada acerca del por qué de tales medidas, la teniente coronel Pamela Hart respondió: “¿Por qué plantear preguntas de las que no se va a obtener respuesta?” Los tres periodistas eran los primeros profesionales de la información que acudían a la base de Guantánamo tras el arresto de un capellán militar y dos intérpretes, uno de los cuales era sospechoso de espionaje.

Pero no terminan ahí las historias de arbitrariedades y prohibiciones. El 20 de junio de 2003, reporta la misma agencia, excluyeron a un equipo de la BBC de un grupo de periodistas en visita a Camp Delta. Le embargaron el material de audio y borraron las grabaciones de los prisioneros dirigiendo preguntas a los profesionales de la información. La reportera Vivian White fue confinada en un edificio situado lejos del campo, por responder a unos detenidos que le preguntaban si el grupo de visitantes eran periodistas.

El diario británico The Guardian reflejó que el equipo de la BBC tuvo que entregar sus cintas de audio para poder continuar tomando imágenes. Un portavoz militar explicó que los reseñadores de la BBC habían violado el reglamento, hablando con los detenidos.

Los esfuerzos censuradores de los encargados de la base los llevaron, en septiembre de 2002, a registrar la habitación de un equipo del canal italiano RAI 1, porque sospechaban que este había grabado imágenes en un lugar no autorizado.

El reportero Carol Rosenberg, del diario estadounidense Miami Herald, narró cómo los periodistas van escoltados permanentemente y se vigilan sus relaciones con el personal de la base, incluido el civil. Igualmente, Paisley Dodds, de la agencia AP, comentó que durante el año 2002 aparecieron nuevas restricciones en el acceso al hospital y la posibilidad de ver a los prisioneros. Esta periodista habla de la prohibición, casi total, de sacar fotos.

De igual forma, la fuerte reacción de la comunidad internacional, en enero de 2002, ante la difusión de imágenes de la llegada de veinte prisioneros a la base, sometidos a un trato degradante, provocó que algunos meses más tarde el Pentágono, invocando motivos de seguridad, prohibiera a la prensa cubrir el traslado de detenidos del campo X-Ray al Delta.

Ante tanta censura es lógico razonar si la pretensión es impedir que se confirme lo que se ha ido conociendo pese a todas las barreras: que los prisioneros recluidos en ese enclave durante varios años, sin acusación previa, derecho a abogados defensores, y ni siquiera idea de cuándo pueden ser sometidos a juicio, sufren condiciones humillantes y tratamiento degradante e inhumano.

La comunidad internacional debe exigir entonces, como reclama la resolución cubana presentada en Ginebra, que la Base Naval de Guantánamo esté sujeta a la jurisdicción de los mecanismos internacionales de arbitraje sobre derechos humanos, y que por tanto, estos accedan a ese agujero negro para la justicia.

Tomado de Juventud Rebelde
18 de abril de 2004