ECOSOC
2004
2. Declaracíon de Cuba en sesión emergencia de ONU sobre Palestina
4. Intervención de Cuba en ECOSOC sobre Derechos Humanos
Proyecto de Resolución L.17 Rev.1
CUBA 16 de julio
ECOSOC Período Sustantivo 2004 Segmento General Tema 14 del Programa
“Cuestión de la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en el contexto de operaciones militares internacionales
emprendidas para combatir el terrorismo”.
El Consejo Económico y Social,
PP1 Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como por las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
PP2 Recordando la determinación expresada en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, (pp 7 Declaración de Viena)
PP3 Guiado por las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, así como por las normas humanitarias universalmente aceptadas que se estipulan en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
PP4 Recordando las resoluciones 2004/44 de 19 de abril de 2004 y 2004/87 de 21 de abril de 2004 adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos,
PP5 Reafirmando que todos los seres humanos tienen el derecho inherente a la vida y el derecho de no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
PP6 Profundamente preocupado por el reciente incremento en las alegaciones y casos documentados que indicarían un grave deterioro en el respeto a los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo,
PP6 Profundamente preocupado además porque entre los casos documentados y las alegaciones de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo se incluyen: ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias, incluidas detenciones en masa; torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como golpizas, electro-shocks, privación del sueño, imposición de prolongados períodos de estancia de pie o de rodillas, humillación, abuso psicológico, uso de perros para intimidar y aterrorizar con amenazas de ataques y desnudez forzada por períodos de varios días seguidos a los detenidos; abuso sexual y sodomización forzada de detenidos; coerción y uso de torturas en interrogatorios; toma de fotografías a prisioneros muertos; y reclusión de detenidos en lugares peligrosos sin protección de los bombardeos,
PP7 Recordando que el derecho a no ser sometido a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no se puede suspender y se ha de proteger cualesquiera que sean las circunstancias y que la tortura está explícitamente prohibida en varios instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
PP8 Profundamente preocupado de que, según información fidedigna, se prive actualmente a un número no determinado de personas detenidas como resultado de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo, del respeto a varios de sus derechos humanos fundamentales,
PP9 Preocupado por las consecuencias prácticas en la protección de los derechos humanos y de las disposiciones del derecho internacional humanitario, de la creciente participación de empresas privadas militares y personal bajo formas diversas de contratación privada, en actividades de seguridad y protección en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo,
PP 10 Reafirmando su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, independientemente de su motivación, por ser criminales e injustificables, y renovando su compromiso de estrechar la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo,
PP11 Tomando nota de las medidas positivas adoptadas recientemente por los Estados para promover y asegurar el respeto de sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo,
PP12 Reconociendo el deber de los Estados de combatir el terrorismo en correspondencia con sus obligaciones bajo el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas,
PP13 Notando la atención prestada a los asuntos que aborda la presente resolución por la Comisión de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el Secretario General y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por las instituciones internacionales humanitarias, por las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y por los órganos de tratados de derechos humanos,
PP14 Notando en particular la Observación general Nº 31 aprobada por el Comité de Derechos Humanos el 29 de marzo de 2004 y la declaración conjunta sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las medidas antiterroristas hecho por los participantes en la oncena Reunión Anual de los Relatores Especiales/representantes, expertos independientes y presidentes de los grupos de trabajo de procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y del Programa de Servicios de Asesoramiento,
1.. Reafirma que los Estados deben asegurar el respeto a sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo;
2.. Exige que los Estados y otros actores en operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo se aseguren de que se ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como otras graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario y tomen medidas eficaces para combatir y eliminar estos fenómenos en todas sus formas;
3.. Reitera la obligación que incumbe a todos los Estados de llevar a cabo investigaciones completas e imparciales en todos los casos en que se sospeche que se han producido graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo y de identificar y enjuiciar a todos los responsables, velando al mismo tiempo por el derecho de toda persona a un juicio justo y ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, de dar una indemnización adecuada dentro de un plazo razonable a las víctimas o a sus familiares y de adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluso medidas legales y judiciales, para poner término a la impunidad y para impedir que estas violaciones se repitan;
4.. Insta a los Estados y a otros actores en operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo a que adopten todas las medidas necesarias y posibles, en conformidad con la normativa de derechos humanos y el derecho humanitario internacional, para impedir la pérdida de vidas de civiles, en particular de mujeres y niños;
5.. Hace un llamamiento a los Estados y a otros actores en operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo para que velen por que todas las personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano, en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario pertinentes;
6.. Condena todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y cualquier medida o intento de los Estados o funcionarios públicos para legalizarlos o autorizarlos en cualquier circunstancia, ya que estos están y seguirán estando prohibidos en todo momento y en todo lugar y que, por lo tanto, no pueden justificarse nunca, y exhorta a todos los gobiernos a que respeten plenamente la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
7. Pide a todos los Estados y a otros actores en operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo, que presten especial atención a los procedimientos y prácticas que utilizan sus agentes para la obtención de información de los detenidos o la población civil, y en especial, a los procesos de interrogatorios a detenidos, garantizando que los mismos sean compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario;
8.. Pide a todos los órganos de las Naciones Unidas, en particular a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, actuando en el marco de sus mandatos, y a los organismos especializados, así como a las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, y a los representantes especiales, los relatores especiales y los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, prestar especial atención a toda la información de que dispongan sobre violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo, intercambiar esa información y facilitarla al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
9.. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que prepare y presente al 59 período de sesiones de la Asamblea General, un informe abarcador sobre la base de la información y las observaciones facilitadas por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los organismos especializados, los mecanismos especiales de la CDH, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, el que servirá como complemento vital del informe ya solicitado por la resolución 58/187 de la Asamblea General;
10.. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine este asunto con carácter prioritario en su 61º período de sesiones.
Declaración
del Embajador Rodney López Clemente en la reanudación del Décimo
Período Extraordinario de sesiones de Emergencia de la Asamblea General
para examinar el Tema 5 del Programa “Las medidas israelíes ilegales
en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del territorio palestino
ocupado” .
16 de julio 2004
Señor Presidente:
Cuba apoya plenamente la reanudación del Décimo Período Extraordinario de sesiones de Emergencia de la Asamblea General. Asimismo, mi delegación se asocia a la declaración formulada por Malasia, en nombre del Movimiento de Países No Alineados.
La peligrosa e inaceptable edificación por parte de Israel, la Potencia Ocupante, de un Muro de separación en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental, se suma al extenso historial de ocupación, agresiones, asentamientos ilegales, violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, terrorismo de Estado y ejecuciones extrajudiciales, asfixia económica y perjuicios físicos y morales causados por Israel al pueblo palestino.
A pesar de los múltiples llamados de la comunidad internacional a Israel para que cese la violencia, y detenga y revierta la construcción del muro, que ha supuesto la confiscación y destrucción de tierras y recursos palestinos, la perturbación de la vida de miles de civiles desprotegidos y la anexión de extensas zonas de territorio, la Potencia ocupante continúa en una escalada agresiva que aleja cada vez más la posibilidad de que una paz justa y duradera se haga realidad en la región.
La opinión consultiva sobre la construcción del muro emitida el pasado 9 de julio por la Corte Internacional de Justicia, respalda lo que hemos venido expresando numerosos Estados Miembros en diversas sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
Dicha opinión no admite dobles interpretaciones. La construcción del muro que levanta Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, es ilegal y violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.
La inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, principio aceptado del derecho internacional, fue claramente reafirmado por esta Asamblea en su conocida resolución 2625 (XXV). Por tal motivo, la comunidad internacional se ha negado siempre a reconocer los asentamientos israelíes ilegales y la anexión por parte de Israel de Jerusalén Oriental y del Golán sirio, como recogen respectivamente las resoluciones 465 (1980), 478 (1980) y 497 (1981) del Consejo de Seguridad.
Israel intenta presentar la construcción del Muro en el territorio palestino ocupado como una medida de seguridad. Pero en realidad el Muro se ha venido levantando con el objetivo de encerrar, según el trazado del mapa oficial, una parte importante de la superficie total de Cisjordania, incluyendo terrenos agrícolas, recursos hídricos y aldeas. Ello implica una anexión de facto. La situación de la seguridad se manipula como burdo pretexto para la expansión territorial de Israel.
Con esas acciones, Israel asume, una vez más, una posición contraria a un proceso de paz genuino, toda vez que la creación de nuevas divisiones físicas en el territorio palestino ocupado aleja aún más las posibilidades de un arreglo definitivo y justo para este conflicto.
La violencia y la aplicación de la fuerza no podrán conducir a la solución que el mundo espera para un conflicto que debió haberse resuelto hace muchos años, si el Consejo de Seguridad hubiese actuado con decisión y, sobre todo, si los vetos paralizantes y cómplices de Estados Unidos no hubiesen impedido la adopción de acciones apropiadas para conseguir la retirada de Israel de todos los territorios ocupados y lograr la tan anhelada paz en la región del Medio Oriente.
Señor Presidente:
Cuba reitera su firme apoyo a la causa de los pueblos árabes y expresa su plena solidaridad con su lucha y su resistencia contra la ocupación extranjera. Reiteramos que no podrá lograrse una paz justa y duradera en el Medio Oriente sin el cese de la ocupación israelí, ni hasta que el pueblo palestino ejerza su legítimo derecho a establecer un Estado independiente con su capital en Jerusalén Oriental; mientras no se devuelvan todos los territorios árabes ocupados y se produzca la retirada de Israel de la Franja de Gaza, Cisjordania y el Golán sirio, hasta la línea del 4 de junio de 1967; hasta que no cesen las provocaciones israelíes en el sur del Líbano, se garantice el regreso de los refugiados palestinos y se eliminen los ilegales asentamientos israelíes de conformidad con la resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad.
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales determinadas por la Corte.
Cada nueva piedra que se coloque para continuar el levantamiento del Muro acentuará la ocupación ilegal israelí, y perpetuará el sistema de “apartheid” establecido por Israel en los territorios palestinos ocupados. Con ello se alejará cada vez más la posibilidad de alcanzar una solución negociada, justa y duradera al conflicto palestino-israelí.
La construcción del Muro debe cesar de inmediato. Lo ya construido debe ser demolido sin demora. El pueblo palestino debe ser indemnizado por los graves daños causados y sus legítimos derechos tienen que ser plenamente restablecidos.
Por tales razones, Cuba copatrocina el proyecto de resolución que se presentará bajo este tema y llama a los Estados Miembros a votar a favor del mismo.
Muchas gracias.
Intervención pronunciada por el Sr. Abelardo Moreno, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en el Segmento de Alto Nivel del ECOSOC
Nueva York, 29 de junio de 2004
Señora Presidenta:
Permítame, ante todo, expresar el endoso de mi delegación a la declaración pronunciada en la mañana de hoy por el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores de Qatar a nombre del Grupo de los 77 y China.
Señora Presidenta:
El tema objeto de la atención de este segmento de alto nivel es, sin dudas, de suma urgencia e interés, máxime a partir del hecho de que El Plan de Acción de Bruselas estableció que la erradicación de la pobreza, el empleo, el buen gobierno a nivel nacional e internacional, el fomento de la capacidad, el desarrollo sostenible, y los problemas especiales de los países menos adelantados, son prioritarios para la comunidad internacional.
Pero a tal prioridad es preciso darle un sentido práctico. Habría que tomar medidas al menos en 8 esferas.
Primera: Los países industrializados deben cumplir efectivamente el compromiso de designar 0.15 a 0.20% de sus PNB a asistencia oficial a los PMAs, revirtiendo la tendencia a la baja que comportan dichas corrientes de ayuda, a pesar de los esfuerzos realizados por los países menos adelantados en el cumplimiento de lo que los países industrializados y las instituciones financieras internacionales califican de “buen entorno normativo”. Asimismo, habría que eliminar la alta condicionalidad política que permea tal asistencia, que amenaza claramente la capacidad de decisión soberana de los PMA.
Segunda: Habría que modificar sustancialmente la forma en que los PMA se integran en la economía mundial, particularmente al Sistema Multilateral de Comercio. La manera en que actualmente lo hacen es por medio de su reducida capacidad de exportación, que no respalda ni su crecimiento económico, ni los esfuerzos necesarios para la reducción de la pobreza de manera sostenida.
Tercera: Es preciso hallar soluciones duraderas y profundas a la cuestión de la deuda externa que enfrentan estos países, cuyo pago implica una notable disminución de los recursos con los que potencialmente podrían contar para la realización de inversiones públicas en capital material y humano. En la mayoría de los casos, el endeudamiento es insostenible y los mecanismos que han sido adoptados por la comunidad internacional, son insuficientes e ineficaces. Debemos evitar la complacencia con iniciativas excluyentes como la HIPC, que ha logrado escasos resultados desde su puesta en práctica.
Cuarta: Es imprescindible solucionar el tema de la dependencia de la mayoría de los PMA de la exportación de productos básicos, con baja productividad, poco dinamismo, y escaso valor añadido que han ido perdiendo valor dramática y sistemáticamente.
Quinta: Es preciso revertir la tendencia a la pérdida de mercados y al deterioro de los niveles de intercambio de los PMAs, resultantes de sus altas tasas de pobreza, ligadas al bajo nivel de capacitación, que conducen a la escasa movilización de recursos para la inversión y el fomento de los conocimientos necesarios para mejorar la producción y la participación en las cadenas de suministro que generan alto valor añadido.
Sexta: Es preciso mejorar sustantivamente las iniciativas de acceso preferencial a los mercados de los países desarrollados, de las que supuestamente son “beneficiarios” los PMA, pues son insuficientes, por no decir casi nulas.
Séptima: Habría que favorecer la necesidad de colaboración de las instituciones internacionales para la realización de investigaciones que ayuden a los PMA a comprender la estructura de las cadenas de suministro, identificando las etapas en las que se genera valor añadido, así como valorar las potencialidades de los PMAs para participar en estas cadenas, y la posterior aplicación de políticas nacionales conducentes a la obtención de mayores ingresos producto del valor añadido incorporado a los productos finales.
Octava: Fomentar el reconocimiento de que la Cooperación Sur-Sur debe ser un complemento y no un sustitutivo de la Cooperación Norte- Sur.
Pero, Sra. Presidenta, la principal acción que podríamos adoptar a favor de los países menos adelantados y del mundo subdesarrollado en su conjunto, es la solidaridad.
Creo que citando unas pocas estadísticas podemos darnos cuenta de que con una simple reducción del consumismo y de los gastos suntuarios en los países industrializados, se podrían generar recursos más que suficientes para garantizar la solución de algunos de los fenómenos que de manera más acuciante afectan no sólo a los PMA sino también al resto del Tercer Mundo.
Con sólo una parte de los 18 mil millones de dólares que anualmente se gastan en cosméticos en los países del Norte, se podrían cubrir los 12 mil millones que se requieren para garantizar la salud reproductiva de todas las mujeres del planeta;
Con los 17 mil millones que se emplean en Estados Unidos y Europa para la alimentación de perros y gatos, casi se podría satisfacer el monto de 19 mil millones que se requieren para eliminar el hambre en el mundo;
Con los 15 mil millones que se gastan en perfumes en los países industrializados, se podría lograr tres veces la alfabetización universal;
Con los 14 mil millones de dólares que se gastan en cruceros, sobraría para asegurar los 10 mil millones que se requieren para que todos los habitantes del planeta cuenten con agua limpia y potable; y
Con los 11 mil millones que se emplean en helados en Europa, se podría inmunizar 8 veces a todos los niños del mundo.
No quiero ocupar más el tiempo de este Consejo. Desearía concluir recordando que la única forma en que podremos, de manera efectiva y realista aplicar las medidas previstas en el Plan de Acción de Bruselas, e ir más allá, es mediante la acción decidida y solidaria. No debemos olvidar que un mundo mejor es posible.
Muchas gracias.
Delegación
cubana al período sustantivo del Consejo Económico y Social
correspondiente al año 2004.
Intervención del Sr. Rodolfo Reyes Rodríguez, Subdirector de
Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Cuba.
Tema
14 g) del programa: Cuestiones relativas a los derechos humanos
Nueva York, 21 de Julio de 2004
.
Señor Presidente:
Pocos temas de la agenda, como el relativo a la promoción y protección de los derechos humanos, revisten tanta importancia para la potenciación de la paz, la libertad, el desarrollo y el bienestar del ser humano y de los pueblos. Contradictoriamente, sería difícil identificar otras instancias del sistema de las Naciones Unidas que, como la Comisión de Derechos Humanos, estén tan afectadas por la hipocresía, los dobles raseros y la manipulación política.
El sexagésimo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra fue más de lo mismo. De nuevo asistimos a la farsa montada por las principales potencias occidentales, quienes insistieron en su pretensión de engañar al mundo, intentando hacer creer que sólo en el Sur del planeta los derechos humanos son objeto de violaciones y atropellos.
Abundaron las presiones políticas, el chantaje, los condicionamientos y las amenazas a que nos tienen acostumbrados los poderosos gobiernos sustentados en la opulencia del capital transnacional. Otra vez la credibilidad del sistema fue hecha añicos. Proliferaron, como consecuencia, proyectos condenatorios contra aquellos que disienten y se resisten a aceptar el modelo de dominación global que intenta imponer la superpotencia imperial y hegemónica, con la complicidad de antiguas metrópolis coloniales, de quienes aspiran a llevarse su pedazo en la nueva recolonización de los recursos y los mercados mundiales y finalmente, de aquellos que actúan como vulgares falderos, reclamando sus sobras en la repartición del botín.
La recién concluida sesión de la Comisión de Derechos Humanos fue testigo de uno de los más evidentes y escandalosos episodios de doble moral, cinismo político e indigna certificación de impunidad para los que ejercen el poder a escala planetaria. Los mismos gobiernos que presentan, copatrocinan y apoyan los proyectos condenatorios contra los países del Sur, impidieron a la CDH pronunciarse sobre la humillante e inhumana situación a que han sido condenados por más de dos años, varios cientos de personas detenidas arbitrariamente en los campos de concentración establecidos dentro de los perímetros de la Base Naval estadounidense mantenida contra la voluntad del pueblo cubano en la Bahía de Guantánamo.
De hecho, los que repiten hasta el cansancio que están en contra de
las Mociones de No Acción en el ámbito de los derechos humanos,
comunicaron su decisión de recurrir a una moción procesal contra
el proyecto presentado por Cuba, que no sólo hubiera impedido a la
Comisión tomar acción sobre la propuesta, sino que habría
incluso censurado e imposibilitado su debate y consideración.
En las próximas horas, los miembros de este Consejo tendrán una nueva oportunidad de demostrar su apego a la causa de los derechos humanos. Con un enfoque novedoso, sin identificar la responsabilidad de país alguno y con una naturaleza claramente temática, el proyecto de resolución E/2004/L.17/Rev.1, titulado “Cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo”, viene a llenar un importante vacío en el tratamiento a un asunto de la mayor actualidad y gravedad en los trabajos de los foros intergubernamentales de derechos humanos.
Lamentablemente, se sabe que otra vez los grandes “campeones” de los derechos humanos – las potencias industrializadas del Norte –, están fabricando un arsenal de pretextos y falsos argumentos, para mantener vigente una especie de inmunidad en la aplicación de las normas del derecho internacional a los responsables de aberrantes violaciones de derechos humanos. Tal parecería que existe un interés en preservar intacta la posibilidad de seguir cometiendo atrocidades como esas en el futuro. La comunidad internacional está siguiendo nuestras deliberaciones; los pueblos y la opinión pública internacional juzgarán en su debido momento nuestras posiciones.
Señor Presidente:
De modo coherente con lo que se ha convertido ya en una inútil rutina, el Gobierno de Estados Unidos impuso a la 60 CDH un nuevo episodio de su farsa anticubana en materia de derechos humanos. Saben que nuestro pueblo viene derrotando sus pretensiones imperialistas en el terreno de las ideas y por ello acuden a acciones cada vez más agresivas y hostiles, con el objetivo de satanizar y destruir el símbolo de resistencia que representa la Revolución Cubana y el proyecto soberano de desarrollo e independencia emprendido por su pueblo.
No existe razón, ni principio ético alguno que pueda esgrimir el gobierno de Washington para justificar una supuesta preocupación por los derechos humanos en Cuba. No podría hacerlo con un mínimo de credibilidad – aún si los inventara –, una administración que el pasado 6 de mayo anunció una escalada sin precedentes en sus acciones hostiles contra las libertades y derechos humanos más elementales del pueblo cubano, incluidos el derecho a la libre determinación, al desarrollo, a la paz e incluso, a la propia institución de la familia y a los nexos de afecto y apoyo mutuo que han unido tradicionalmente a sus miembros.
Si bien resulta innegable el tufillo electorero de este nuevo recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de la superpotencia hegemónica contra nuestro pueblo, sería incorrecto obviar la motivación más profunda de las medidas anticubanas anunciadas el pasado 6 de mayo. Debe recordarse que la mafia terrorista cubanoamericana, financiada, protegida y beneficiada por la impunidad que le han asegurado sucesivos gobiernos de Estados Unidos, desempeñó un papel determinante en el desenlace de las cuestionadas elecciones presidenciales del año 2000 en el Estado de la Florida, recurriendo a las turbias y fraudulentas habilidades desarrolladas en la república neocolonial con la que lucraron por más de cincuenta años en Cuba, y que fueron perfeccionadas posteriormente, en la versión bananera en que han convertido a Miami.
Para el sector de la ultraderecha actualmente en el poder en los Estados Unidos, que ha venido llevando a cabo una política exterior agresiva y militarista en extremo, marcadamente unilateral y manifiestamente contraria al derecho internacional, calificada en distintas partes del mundo como neofascista, la destrucción de la Revolución Cubana constituye una obsesión política e ideológica.
El grupo que hoy rodea al inquilino de la Casa Blanca, no ha admitido nunca el derecho de la nación cubana a ejercer plenamente su soberanía. Todas y cada una de las medidas anunciadas por la actual administración estadounidense el pasado 6 de mayo, convergen en el objetivo primario de promover la destrucción del sistema político, económico, social y cultural decidido por el pueblo cubano, con el agravante de que conocen perfectamente que ello sólo podría producirse tras una agresión militar masiva contra la Isla y el aniquilamiento de millones de cubanos patriotas.
Cuando el propio presidente George W. Bush presentó el Informe de la que él bautizara como “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, se hicieron públicas medidas que, además de profundizar la hostilidad, injerencia y provocaciones contra el pueblo cubano, recrudecieron de manera notable el genocida bloqueo económico contra el pueblo cubano.
En su obcecada voluntad de destruir el proceso revolucionario que lleva adelante
nuestro pueblo, la actual administración estadounidense no repara incluso
en violar de manera flagrante el derecho de los propios ciudadanos estadounidenses
de viajar libremente a un país con el cual Estados Unidos no está
en guerra – al menos no la ha declarado públicamente –
y peor aún, pisotea el derecho de los cubanos que residen en su territorio
de visitar libremente a sus familiares en su país de origen. Ha llegado
al colmo de restringir hasta límites de prohibición, el otorgamiento
de licencias para viajes a Cuba de carácter educacional y de intercambio
académico, a ciudadanos e instituciones norteamericanas.
Los cubanos residentes en Estados Unidos, sufren hoy las consecuencias de
haberse multiplicado en más de 3 veces las restricciones y obstáculos
a las visitas a sus familiares en la Isla y de la reducción hasta cifras
ridículas del monto de dinero que podrán gastar en las visitas
que le sean autorizadas a su país de origen.
El gobierno estadounidense se ha arrogado además el derecho y la inconcebible
facultad de redefinir el alcance y los límites de la familia cubana,
restringiendo su membresía sólo a “abuelos, nietos, padres,
hermanos, esposos e hijos”. Las visitas o el envío de remesas
han quedado prohibidos, si los familiares son tíos, primos o cualquier
otra categoría.
Eso sí, fondos millonarios – al menos 59 millones en dos años,
sin contar otros montos canalizados a través de operaciones encubiertas
de las agencias oficiales de inteligencia estadounidenses— serán
destinados al reclutamiento y financiamiento de una quinta columna interna
constituida por los mercenarios de la política de hostilidad anticubana
de Estados Unidos.
Igualmente, serán dados nuevos pasos en el escalamiento de la agresión
radioelectrónica y las campañas de desinformación y estímulo
a la destrucción del orden constitucional en Cuba. Se destinará
a las transmisiones de señales subversivas de radio y televisión
hacia la Isla, un avión militar C-130, en lo que constituye una peligrosa
provocación y una grave violación a las normas internacionales
vigentes en la materia.
Señor Presidente:
Nuestro heroico pueblo libra hoy una dura batalla por seguir disfrutando su derecho a la libre determinación y a la independencia, bajo la amenaza permanente de una poderosa superpotencia, cuyos actuales gobernantes han proclamado para sí el derecho de intervenir y hacer la “guerra preventiva” en 60 países o más, y que arrecian las agresiones destinadas a derrotar la Revolución Cubana.
Cuba rechaza con toda firmeza la resolución anticubana impuesta a la 60 CDH. Su pueblo sabe que defiende con su rebeldía, para si y para todos los demás pueblos del mundo, el derecho a la soberanía y a la autodeterminación.
Los cubanos estaremos siempre al lado de los que no se doblegan, ni flaquean ante las dificultades, de los que apuestan por el valor de las ideas y los principios, de los que no renuncian al sueño realizable de un mundo donde todos los seres humanos tengan la garantía del disfrute pleno de todos sus derechos.
Muchas gracias.
Delegación
de la República de Cuba.
Sesión Sustantiva del ECOSOC, Segmento de Asuntos Humanitarios
Embajador Rodney López, Encargado de Negocios a.i.
14 de julio 2004
Señor Vicepresidente, Excelencias, distinguidos delegados y colegas:
Permítanos en primer lugar agradecerle a usted y al resto de los participantes en los encuentros que nos han precedido las informaciones y análisis puestos a disposición de las delegaciones sobre los diferentes aspectos que caracterizan la labor humanitaria del Sistema de Naciones Unidas.
Señor Vicepresidente:
Lamentablemente seguimos enfrentando la realidad de un mundo caracterizado por la desigualdad y creciente amenazas y obstáculos a la paz y el desarrollo, en el que proliferan las crisis humanitarias y sigue faltando la voluntad entre aquellos que pueden movilizar los recursos para paliar sus consecuencias.
En un sistema internacional marcado por la unipolaridad y el ejercicio de la hegemonía a través del uso “preventivo” de las fuerzas armadas, Cuba reafirma la vigencia de los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad consagrados en la resolución 46/182 de la Asamblea General.
El delicado tema de la ayuda necesaria para millones de personas, no puede servir de pretexto para la introducción de conceptos dudosos, que reescriben el derecho internacional y socavan el respeto a las soberanías estatales, en función de los intereses intervencionistas de un pequeño grupo de países muy poderosos.
La responsabilidad de proteger, la intervención humanitaria y otras definiciones similares, lejos de promover la paz y seguridad internacionales, tan necesarias para los países en desarrollo, sólo agudizan las contradicciones y complican aún más las relaciones interestatales.
Por lo demás, los mismos que promueven esa agenda, callan, miran hacia otro lado o en el peor de los casos, actúan como cómplices, cuando uno de ellos viola flagrantemente y con total impunidad, el Derecho Internacional Humanitario y varias de las provisiones de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.
Sobre el particular, nada o muy poco se ha hablado en este segmento. Como si nada hubiera ocurrido. Como si no se hubieran documentado ampliamente numerosos casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y otros tratos o penas crueles a detenidos, en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo.
Resulta sencillamente un despropósito esperar que algunas poblaciones locales reciban con afecto las “acciones humanitarias” que realizan las mismas fuerzas que llevan a cabo agresiones unilaterales, utilizando como pretexto falsas razones.
Estas consideraciones deberían ser más seriamente tomadas en cuentas por quienes proponen y promueven las llamadas misiones integradas. Si la asistencia humanitaria debe ser independiente, neutral e imparcial en su carácter, entonces, de acuerdo con esos principios, la coordinación de la misma no debe vincularse o subordinarse en ningún momento a las fuerzas militares de ocupación.
En adición, la creciente utilización de mercenarios a través de empresas privadas participando en actividades de seguridad, añade una preocupación adicional a la ya tensa situación humanitaria existente en varios puntos del mundo.
La primera condición para que poblaciones en los países receptores reciban con mejor talante la ayuda que se les pretende dar, es el estricto respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional.
Señor Vicepresidente:
Para nuestro país las tendencias observadas en la evolución de los desastres naturales en los últimos años, constituyen un serio motivo de preocupación, debido a las graves consecuencias que para el desarrollo sostenible de las naciones, en especial el de los países en desarrollo, arrastran consigo estos fenómenos.
Según datos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, sólo en el año 2002, los desastres naturales dejaron tras sí la enorme cantidad de 608 millones de personas damnificadas, cifra equivalente al triple del promedio anual del decenio 1992-2001. No resulta ocioso recordar que los desastres siguen afectando principalmente a las naciones del Tercer Mundo, en particular a las más pobres y menos adelantadas.
Según la misma fuente, los desastres relacionados con el cambio climático siguen en aumento: el promedio anual pasó de 200, en el quinquenio 1993-1997, a 331, en el quinquenio 1998-2003. Hace sólo unas semanas grandes lluvias e inundaciones afectaron a poblaciones haitianas y dominicanas, mientras que apenas unos 50 kilómetros hacia el oeste, una fuerte sequía viene afectando el diario quehacer de miles de cubanos.
En este entorno la pobreza y el subdesarrollo sólo agravan la vulnerabilidad de las naciones a los desastres naturales. Reforzar las actividades de prevención, mitigación y preparación, así como una pronta respuesta internacional a la solicitud de los países afectados resulta indispensable para salvar preciosas vidas humanas en estas circunstancias.
De esta manera, esperamos que la II Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres a celebrarse en enero de 2005, en Japón, contribuya a fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en esta materia.
Señor Vicepresidente:
En vistas del fuerte impacto que tienen en las naciones del Tercer Mundo las diferentes emergencias atendidas en el marco de la asistencia humanitaria, para Cuba el tópico de la transición del socorro al desarrollo cobra singular importancia.
Sin embargo, a nuestra delegación le preocupa seriamente el enfoque escogido para este asunto en algunas instancias de las agencias y fondos, los cuales, en virtud de sus mandatos, deben apoyar las prioridades de desarrollo nacionales.
En varias de las propuestas que informalmente se han dado a conocer, se obvia por completo la agenda de desarrollo, resultado de las grandes conferencias de Naciones Unidas y otros eventos internacionales de mayor importancia. El corte de las mismas es sesgado, pues pretenden hacer generalizaciones a partir de algunos casos en que las naciones salen de conflictos, mientras que omiten por completo el necesario apoyo a los países afectados por desastres naturales.
Caso similar ocurre con las herramientas metodológicas que se proponen aplicar para la erradicación de la pobreza, las cuales están muy lejos de gozar consenso y aceptación entre los países en desarrollo, pues constituyen un remedo de las políticas de ajuste estructural impuestas por las instituciones financieras internacionales y algunos países donantes, y que sólo han generado más exclusión social y atraso.
Aún en el caso del análisis de las circunstancias que rodean a los conflictos armados, lo más alarmante de las iniciativas que algunos fondos y programas han escogido para sí, sin mandato legislativo alguno, es que no se aborden las causas estructurales de los conflictos, las cuales van desde la pobreza extrema y el subdesarrollo, hasta grandes intereses geopolíticos, en el afán de controlar recursos naturales considerados estratégicos.
Teniendo en cuenta la importancia del tópico, consideramos aconsejable y apropiada, la consulta más amplia a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para la elaboración y aplicación en el terreno de este tipo de propuestas.
Señor Vicepresidente:
Sólo con el concurso de todos, el apego a los principios humanitarios, y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional, en particular el Derecho Internacional Humanitario, la organización a la que pertenecemos los países presentes en esta sala, estará en condiciones brindar la tan necesaria asistencia humanitaria de manera más efectiva y eficiente.
Muchas gracias.