CUBA Y LOS DERECHOS HUMANOS (Parte IV)
CUARTA PARTE: EL BLOQUEO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA: VIOLACIÓN MASIVA Y SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO CUBANO
Capítulo 1: Nuevas acciones que recrudecen el genocida bloqueo económico, comercial y financiera contra el pueblo cubano
Capítulo 2: La manipulación política de las relaciones migratorias bilaterales llevada a cabo por sucesivas administraciones estadounidenses. El presidente Bush la emprende contra las familias cubanas e impide la continuación de los escasos intercambios académicos, culturales y educativos que tenían lugar entre los pueblos estadounidense y cubano
CAPÍTULO 1: NUEVAS ACCIONES QUE RECRUDECEN EL GENOCIDA BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO CONTRA EL PUEBLO CUBANO.
El pueblo cubano ha sufrido por más de cuatro décadas un bloqueo económico, comercial y financiero que busca doblegar su resistencia y hacerle renunciar a su derecho a la soberanía y la independencia. La administración del presidente George W. Bush ha recrudecido esa política genocida contra la nación cubana a extremos sin precedentes.
La exigencia de que se ponga fin a esa política, reafirmada cada año por una abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas a través de sendas resoluciones de su Asamblea General, se enfrenta a la conducta de abierto desprecio de las autoridades estadounidenses al Derecho Internacional.
Tal política no solo pretende asfixiar al pueblo cubano y afectar sus relaciones con terceros países, también prohíbe y restringe libertades esenciales para el pueblo estadounidense, incluso algunas de rango constitucional.
El pasado año trascenderá en la historia como uno de los de mayor virulencia e irracionalidad en la aplicación del criminal bloqueo contra Cuba. Las nuevas medidas diseñadas y ejecutadas durante dicho período por el gobierno estadounidense, se añadieron y articularon al entramado de leyes y regulaciones que han conformado y escalado el bloqueo contra Cuba por más de cuarenta años.
No existe norma alguna del Derecho Internacional que justifique el bloqueo en tiempos de paz. Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, quedó definido como principio del derecho internacional que el “bloqueo es un acto de guerra” y sobre esta base, su empleo es posible únicamente entre los beligerantes. La Ley norteamericana de Comercio con el Enemigo, permite al Presidente imponer medidas de emergencia económica, pero sólo durante tiempo de guerra o ante la existencia de una amenaza flagrante a los intereses de seguridad nacional.
Varios instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos por ser contrarios a la paz y a la seguridad internacional. Conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, el bloqueo contra Cuba califica como un acto de Genocidio.
La absoluta falsedad de las muy diversas excusas que por más de cuatro décadas han empleado sucesivas administraciones norteamericanas como pretextos a su guerra económica contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos oficiales estadounidenses desclasificados en 1991 . En los mismos aparecen testimonios y pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959.
Los representantes de la dictadura batistiana huyeron a los Estados Unidos con 424 millones de dólares robados de los fondos de la República, que fueron depositados en bancos norteamericanos y que nunca fueron devueltos al pueblo cubano. Más aún, en 1959, a sólo cinco semanas del triunfo popular, le fue negado a las nuevas autoridades un modesto crédito solicitado a Estados Unidos para mantener la estabilidad de la moneda nacional.
El Gobierno Revolucionario cubano, adoptó una serie de legítimas medidas destinadas a recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio del pueblo. La reacción de los Estados Unidos fue rápida y agresiva. El 8 de julio de 1959, para hacer expedita la venganza tras la adopción de la Ley de Reforma Agraria cubana, el Congreso norteamericano otorgó al Presidente mayores facultades para suspender la ayuda extranjera a todo país que confiscara propiedades norteamericanas.
Una tras otra, se fueron sucediendo las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de generar un descalabro en su economía. A la eliminación de la cuota azucarera cubana (julio/1960), le siguieron la prohibición de la asistencia a Cuba y el establecimiento del embargo al comercio (Sección 620/a de la Ley de Asistencia al Exterior de 1961) y la negativa de las empresas norteamericanas, por instrucciones de su Gobierno, a refinar el petróleo soviético que Cuba se vio obligado a comprar, tras la prohibición que se impusiera a las empresas norteamericanas de vender combustibles a la Isla.
El 3 de febrero de 1962, el Presidente Kennedy emitió la Proclama Nº 3447, decretando un embargo total al comercio con Cuba y orientó al Secretario del Tesoro llevar adelante las prohibiciones de exportación a nuestro país. Esta Proclama marca históricamente la institucionalización pública del bloqueo a Cuba, que, como se ha visto, había comenzado mucho antes.
Desde fecha tan temprana como el 6 de abril de 1960, un informe del funcionario del Departamento de Estado, I. D. Mallory, desclasificado en 1991, destacaba la finalidad perseguida con las presiones económicas que se gestaban, al expresar:
(…) “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro” (…) “no existe una oposición política efectiva. El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba (…) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios, reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.
No pretende este documento realizar un análisis histórico abarcador de las distintas etapas transitadas por la política genocida de bloqueo estadounidense a Cuba. Para comprender la naturaleza criminal, mezquinas motivaciones y nefastas consecuencias del bloqueo sobre el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano, resultaría suficiente presentar algunos apuntes acerca de su ejecución durante los últimos meses.
Entre los hechos más relevantes en la escalada de la guerra económica contra Cuba, entre el verano del año 2003 y fines del año pasado, podrían ser mencionados:
El 30 de septiembre del 2003, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió una regulación para prohibir la publicación de artículos científicos provenientes de aquellos países sujetos a un régimen de sanciones por el gobierno de los Estados Unidos, entre los que se encuentra Cuba. Luego de fuertes presiones de la comunidad científica y académica estadounidense, la medida fue suspendida el 5 de abril del 2004.
El 9 de febrero del 2004, el Secretario del Tesoro norteamericano, John Snow, en una nueva medida de carácter extraterritorial, anunció en la ciudad de Miami el bloqueo inmediato por la OFAC de los bienes bajo jurisdicción estadounidense de 10 empresas de “propiedad del gobierno cubano o controladas por el gobierno o nacionales cubanos”, que se especializaban en la promoción de viajes a Cuba y el envío de regalos. Ello incluía entidades organizadas y localizadas en Argentina, Bahamas, Canadá, Chile, Holanda y el Reino Unido.
El 26 de febrero del 2004, el Presidente George W. Bush firmó la Proclama Presidencial 7757, que restringe la salida del territorio de los Estados Unidos de las embarcaciones que tienen intención de entrar a Cuba. Las regulaciones para su puesta en vigor, emitidas por el Servicio de Guardacostas el 8 de julio del 2004, declaran abiertamente que el objetivo que estas persiguen es “mejorar la aplicación del embargo contra el gobierno de Cuba”. Se prevén sanciones de hasta 25 mil dólares, o cinco años de prisión, o ambas, así como la confiscación de las embarcaciones de los infractores.
El gobierno norteamericano desató fuertes presiones sobre instituciones bancarias de terceros países, para obstaculizar e impedir las operaciones financieras cubanas. El banco suizo Unión de la Banca Suiza fue multado por 100 millones de dólares por aceptar transacciones provenientes de Cuba.
El 6 de mayo del 2004, el Presidente George W. Bush aprobó en su totalidad el Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”. Este incluye unas 450 recomendaciones y propuestas de nuevas medidas para derrocar a la Revolución Cubana e instaurar un régimen títere bajo el control total de los Estados Unidos.
El 30 de junio del 2004, entraron en vigor regulaciones que aseguran la aplicación y endurecen las medidas anunciadas el 6 de mayo.
El bloqueo económico, financiero y comercial que diez administraciones estadounidenses han venido aplicando y fortaleciendo contra Cuba, forma parte de toda una política de hostilidad y agresiones contra la existencia misma de la nación cubana, entendida ésta como un proyecto de construcción soberano e independiente de los cubanos y para los cubanos.
Uno de los momentos más significativos en el reforzamiento y ampliación del ámbito de aplicación del bloqueo, lo constituyó la aprobación en 1992 de la llamada Ley Torricelli, concebida con el cínico y criminal propósito de dar la estocada final y arruinar la economía nacional.
Esta legislación cortó abruptamente el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, en un período en que se produjo la pérdida brusca del 85 % del comercio exterior de Cuba, como consecuencia de la desintegración del campo socialista en Europa Central y Oriental y de la propia Unión Soviética. También estableció severas prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando con fuerza de ley, claras disposiciones extraterritoriales
El criminal propósito de afectar severamente los derechos a la salud y a la alimentación del pueblo cubano eran evidentes. Las importaciones cubanas procedentes de subsidiarias norteamericanas ascendían en 1991 a 718 millones de dólares, de los cuales, el 91 % lo constituían importaciones de alimentos y medicinas.
En 1996 se adoptó la Ley Helms-Burton que, entre otras cuestiones: perfeccionó hasta el nivel de detalles los mecanismos de represión al más mínimo vínculo económico, comercial y financiero de empresas norteamericanas con la Isla; incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial con el objetivo de perseguir cualquier transacción o negocio que beneficie a la economía cubana; impuso la persecución y sanción a los inversionistas extranjeros en Cuba; autorizó el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, promoviendo un programa dirigido a destruir el sistema constitucional que se ha dado el pueblo cubano y a imponer un “cambio de régimen” que garantice la realización de los objetivos de dominación de los círculos imperialistas de Estados Unidos contra la nación cubana.
A partir de entonces, se fueron sumando una tras otra, en una larga lista, nuevas acciones y medidas de hostilidad y agresión, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco de sanciones creadas para el bloqueo a Cuba.
Según cifras actualizadas en el 2004 por la Oficina Nacional de Estadísticas de la República de Cuba, el 69% de la población residente en el país nació después de 1959, por lo que aproximadamente siete de cada diez cubanos han nacido y vivido bajo el régimen de sanciones coercitivas unilaterales que establece la política de bloqueo estadounidense.
La evaluación económica preliminar de los daños directos sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del bloqueo genocida durante más de 4 décadas, revela que éstos superan la cifra de 79 mil 325.2 millones de dólares, un promedio de mil 803 millones de dólares anuales. Esta cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos. (Ver anexo)
Tampoco refleja el valor de los productos dejados de producir por las restricciones, o los daños derivados de las onerosas condiciones que se le imponen a Cuba para la obtención de créditos de inversiones, comercio, bancarios e internacionales. De haber podido acceder en los niveles y condiciones promedio al financiamiento otorgado a otros países de similar nivel de desarrollo económico en la región, la economía del país mostraría un grado muy superior de desarrollo y el nivel de vida de la población – expresión directa de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo – habría alcanzado niveles mucho más elevados.
Si el país hubiera podido disponer de los recursos que pierde cada año con motivo del bloqueo norteamericano, los mismos habrían tenido un efecto multiplicador en la elevación del nivel de vida y de realización de los derechos económicos, sociales y culturales de su población. Por ejemplo, con solo 127,6 millones de dólares anuales se podría garantizar un litro de leche diario a 1,2 millones de niños entre 7 y 15 años de edad. Hoy solo se puede garantizar un litro diario a precios subsidiados para los niños hasta los 7 años de edad. Con 51,8 millones de dólares adicionales se duplicaría la cuota de pollo que hoy se distribuye mensualmente por la libreta de racionamiento a todos los cubanos. Con mil millones de dólares anuales se habrían construido 100 mil nuevas viviendas por año en todo el país. En 5 años habrían recibido una vivienda adecuada 2,5 millones de cubanos, casi la cuarta parte de la población de la Isla.
Resultaría imposible para la Administración de Bush sostener su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba en una supuesta necesidad de promover y proteger los derechos humanos en la Isla.
¿Cómo podría pretender arrogarse el título de defensor de los derechos humanos del pueblo cubano, el gobierno que es responsable de las más atroces y premeditadas agresiones contra las políticas y programas dirigidos a promover el desarrollo económico y social, el bienestar, la seguridad y el derecho a la vida de los cubanos y cubanas?
La Administración de Bush ha hecho mucho más férrea la aplicación del bloqueo a Cuba. A finales del pasado año, senadores y congresistas norteamericanos denunciaron públicamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) empleaba cinco veces más agentes para perseguir e investigar las violaciones a las leyes del bloqueo contra Cuba, que los que dedicaba a rastrear las finanzas de Al-Qaeda.
Entre 1990 y el 2003, la OFAC inició solamente 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional, mientras desató 10 mil 683 pesquisas para impedir que los norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba. Luego de las 93 investigaciones sobre terrorismo, la OFAC multó con un total de 9 mil 425 dólares a los inculpados. En cambio, penalizó con un total de 8 millones de dólares a los ciudadanos norteamericanos que habían visitado la Isla sin las licencias del Departamento del Tesoro.
En un informe de fecha 9 de febrero de 2004 la OFAC se felicitaba porque su División de Penalidades Civiles tenía en ese momento una lista de 200 acciones relacionadas con violaciones del bloqueo a Cuba y por el hecho de que la mayoría de ellas habían resultado en sanciones monetarias. Además, anunciaba que entre el 10 de octubre y el 30 de noviembre de 2003, habían notificado 348 nuevas acciones penales por actividades de esa naturaleza.
A causa de las abusivas medidas aplicadas, a partir del 30 de junio de 2004, la economía cubana dejará de ingresar entre 93 y 104 millones de dólares en la esfera del turismo, sin contar los daños que ocasionarán las acciones que en terceros países alientan las autoridades norteamericanas para desestimular el turismo hacia Cuba, perjuicios que por el momento no han podido ser cuantificados.
Más acoso extraterritorial
Las autoridades estadounidenses utilizan como pretexto para sostener sus políticas unilaterales de coerción económica, que cada país tiene derecho a seleccionar a sus contrapartes comerciales. Sin embargo, en el caso del bloqueo a Cuba, resulta evidente que la aplicación de esa política rebasa con creces el simple rechazo de un socio comercial.
El Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, recomendó “aplicar firmemente” las sanciones contenidas en el Título IV de la Ley Helms-Burton, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos a inversionistas extranjeros en Cuba. Incluso, dispuso destinar recursos adicionales y más personal para hacer cumplir esas disposiciones de la Ley.
El Informe instó a las autoridades norteamericanas a realizar un estudio riguroso para evaluar si la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton podría acelerar la caída de la Revolución Cubana. En la práctica, evocó la posibilidad de celebrar juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros países que realicen negocios con Cuba, algo que hasta ahora, y gracias a la presión internacional, se ha venido posponiendo periódicamente cada 6 meses.
Las nuevas medidas prevén, además, una revisión país por país, para imponer patrones selectivos de castigo y dividir a la comunidad internacional en su rechazo a la aplicación de las medidas extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.
El Informe también insiste en “neutralizar a las empresas ficticias que son en realidad propiedad del Gobierno cubano” y con este fin, propuso crear un Grupo de Evaluación de Bienes, dedicado a investigar las nuevas maneras en que se introducen y sacan divisas de Cuba.
Antes de que se anunciaran las nuevas medidas anticubanas, la administración de Bush había venido dando pasos para entorpecer las relaciones de nuestro país con diferentes instituciones bancarias en el mundo y así bloquear los ingresos que, por concepto de turismo, recaudación de dólares a través de las ventas en las tiendas en divisas, y otros servicios, Cuba obtiene y deposita en bancos extranjeros. Dichos fondos, cuyos orígenes son absolutamente legítimos, se utilizan directamente, entre otros fines, a la compra de combustibles, alimentos, equipos médicos y medicinas.
Las afectaciones de estas medidas, debido a su extraterritorialidad, se han hecho sentir en todas las esferas de la vida económica del país. Existen suficientes ejemplos que así lo demuestran. Se exponen a continuación algunos de los más recientes:
-La importación de una vacuna cuádruple para la inmunización animal suministrada a Cuba por la firma Intervet de Holanda, se suspendió, debido a que el gobierno norteamericano informó a dicha empresa del riesgo que corría por venderle a Cuba. La vacuna contiene un 10% o más de un antígeno producido en los Estados Unidos. A los ejecutivos de Intervet-Holanda se les notificó que de continuar con las ventas podrían ser multados con una cuantiosa suma o, lo que es peor, se le podría cerrar su sucursal en territorio estadounidense.
- En el 2002 se denunció que la firma XEROX, filial de Zürich, se había negado a renovar el contrato de alquiler de una fotocopiadora para la Embajada de Cuba en Suiza . Tan ridículo ejemplo de las regulaciones extraterritoriales del bloqueo se repitió en octubre del 2003 con la filial de la firma en Paraguay, que se negó a vender una fotocopiadora a la Embajada de Cuba en ese país. La representación de la empresa RICOH también negó la venta de un equipo de ese tipo a la representación diplomática de la isla, argumentando las regulaciones del bloqueo.
- Si el ejemplo anterior pudiese resultar ridículo, lo sucedido el 10 de mayo del 2004 en Irlanda no tiene parangón. En esa fecha, la empresa Hitachi Printing Solutions Europe, se negó a vender un simple cartucho de impresora a la Embajada cubana en ese país.
- El Departamento del Tesoro multó a la empresa biotecnológica norteamericana Chiron Corporation – que tuvo que pagar 168 500 dólares –, solo por el hecho de que una de sus subsidiarias europeas vendió a Cuba entre 1999 y el 2002 dos tipos de vacunas para los niños cubanos. Esa ha sido la mayor multa pagada el año pasado por una empresa basada en los Estados Unidos.
- Tal y como fue denunciado en el Informe que Cuba enviara al Secretario General en el año 2003 , el sistema de salud pública cubano se ha visto imposibilitado de comprar las fuentes de isótopos radioactivos Ir-192 con los cuales se aplican las radiaciones en los tratamientos de los tumores cancerígenos, debido a que la compañía Varian Medical Systems adquirió el negocio de equipos de braquiterapia de la compañía canadiense MDS Nordion’s, la cual suministraba estos equipos a Cuba.
Ante esa situación se buscaron opciones de compra de equipos de braquiterapia en Europa, y se compró a la firma holandesa Nucletron uno de dichos dispositivos. Luego de concluida la operación comercial, la gerencia de la firma informó que no podían entregar la computadora que ese equipo lleva acoplada, porque era de fabricación norteamericana y el gobierno estadounidense prohibía su exportación a Cuba.
Afectaciones a la Salud del pueblo cubano.
Desde el triunfo revolucionario en Cuba, el Sistema Nacional de Salud ha sido un objetivo priorizado de la política de bloqueo de los Estados Unidos contra la Isla.
Las consecuencias de las prohibiciones del bloqueo en muchos casos han resultado dramáticas, no sólo por el sufrimiento humano de los pacientes y sus familiares, sino porque el personal médico se ha visto imposibilitado en ocasiones de salvar una vida o aliviar una dolencia (Ver Informe de Cuba al Secretario General de las Naciones Unidas, el documento A/59/302 de la Asamblea General de la ONU).
Algunos de los casos más recientes que ilustran las consecuencias de esta genocida e inhumana política en el sector de la salud pública son los siguientes:
- La atención al niño con cáncer es una de las áreas más sensiblemente afectadas por las medidas del bloqueo. La compra de los citostáticos, medicamentos vitales en la supervivencia de estos niños, se ha visto seriamente dañada debido a que las transnacionales estadounidenses han comprado los laboratorios farmacéuticos que tenían contratos con Cuba para su venta.
Ejemplo de lo anterior son las dificultades para adquirir el isótopo I-125 para el tratamiento de niños con cáncer ocular..
- Otra de las dificultades que afecta a los enfermos de cáncer está relacionada con la carencia de endoprótesis ósea de tumores para sustituir amputaciones. Cuando se han podido completar tratamientos quimioterapéuticos de primera línea en tumores óseos, por ejemplo, y se observa que dada la buena respuesta del paciente se puede realizar una cirugía conservadora, es decir, quitarle el hueso enfermo y dejarle su miembro, los médicos cubanos no han podido hacerlo, ante la imposibilidad de adquirir las llamadas endoprótesis extensoras. Este implemento aumenta de tamaño en la medida en que el niño va creciendo, lo que hace que con este método el paciente conserve su pierna con una prótesis interna, y se evita así el desequilibrio emocional y psicológico que reporta una amputación, sobre todo en la adolescencia.
- En el área diagnóstica de los laboratorios clínicos, la microbiología y otros similares, los efectos del bloqueo se mantienen y acrecientan, dada la presencia mayoritaria de las empresas estadounidenses (70%) en la producción de los equipos y reactivos para el diagnóstico. Por ejemplo, las empresas Beckman-Coulter, Dade-Behring, Abott y Bayer, no permiten la venta de sus tecnologías a Cuba, algunas de ellas únicas de su tipo en el mundo.
- Se han enfrentado dificultades para la obtención de medios diagnósticos para la detección de algunas enfermedades emergentes, generalmente mortales. Ejemplo de ello es que:
Aún el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” no ha podido adquirir el kit TermoScript RT-PCR System de la firma norteamericana INVITROGEN, para la detección del corona virus causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS).
Limitaciones impuestas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC de Atlanta) de los Estados Unidos, sumadas a la negativa de los laboratorios productores de los kits diagnósticos para la detección de anticuerpos IgM e IgG de las firmas norteamericanas FOCUS TECHNOLOGIES y PANBIO, han creado dificultades para la detección de la Encefalitis por el Virus del Nilo Occidental y la Influenza Aviar.
- Los niños cubanos tampoco pueden beneficiarse con los nuevos inhaladores para las crisis de asma, pues el gobierno norteamericano les niega ese derecho.
- El Fondo Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria está financiando un programa de cooperación con Cuba a través del cual está previsto la adquisición de medicamentos antiretrovirales para los pacientes infectados por el VIH/SIDA en el país.
Para la compra de estos medicamentos, el Fondo Mundial indicó gestionar las compras a través de UNICEF y la International Dispensary Association (IDA), a partir de los precios preferenciales de esas agencias.
Sin embargo, la compañía norteamericana Abbott se negó a suministrar dos de los productos necesarios para el tratamiento a los enfermos del HIV-SIDA (Ritonavir y Lopinavir+Ritonavir), alegando que debido a las sanciones económicas de Estados Unidos su gobierno no autoriza el suministro de esos productos a Cuba. Eso provocó que dichos medicamentos, cuyo valor hubiera sido de 49 700 dólares en el caso de comprárselos a la Abbot, tuvieron que ser adquiridos en otro país, por un precio de 280 400 dólares, casi 6 veces superior al de Abbot.
Perjuicios ocasionados a la educación del pueblo cubano.
Las afectaciones al sector educacional han sido cuantiosas en estos cuarenta y cinco años de bloqueo. La intensificación de esta política ha privado a los pueblos cubano y norteamericano de sostener un fluido intercambio en estos ámbitos.
En el sector educacional, a la par de las restricciones y obstáculos a la adquisición de medios didácticos, se continúan agudizando las afectaciones ocasionadas por el bloqueo en la atención de niños con necesidades educativas especiales, que requieren equipos de mayor complejidad, y que en algunos casos permiten eliminar el defecto.
Por solo citar un caso, vale destacar lo que sucede en la Escuela Especial “Abel Santamaría”, donde 150 niños y niñas ciegos o débiles visuales luchan contra las limitaciones que les impone la vida. Para aprender a leer y a escribir y recibir los conocimientos necesarios para ser útiles en la vida, cada niño debe contar con una máquina Braille, lo cual no ha sido posible pese al esfuerzo del Gobierno cubano, debido a las restricciones que el bloqueo impone.
Se mantienen las dificultades para la compra de dichas máquinas. En estos momentos una máquina Braille de la marca Perkins cuesta en Estados Unidos alrededor de 700 dólares. A consecuencia del bloqueo, Cuba ha tenido que comprarlas en otros mercados a precios mucho más altos, de hasta de mil dólares. Además, continúan las dificultades para adquirir el papel Braillón, imprescindible para este tipo de enseñanza.
Afectaciones al desenvolvimiento externo de la economía cubana.
El comercio exterior cubano ha tenido cuantiosas pérdidas debido a las arbitrarias regulaciones y legislaciones que articulan dicha política. Sólo el año 2003, Cuba se vio obligada a sobrepagar 308,4 millones de dólares por concepto de productos contratados a precios más elevados que los que se habrían fijado en condiciones normales, debido fundamentalmente a las diferencias en las condiciones de financiamiento y al inevitable encarecimiento del transporte, los fletes y el seguro de las operaciones que implica el asedio norteamericano al comercio externo de la Isla.
Asimismo, en el 2003 se produjeron importantes perjuicios a las exportaciones cubanas por ingresos dejados de percibir a razón de exportaciones que, de no existir el bloqueo, podrían haberse realizado en el mercado estadounidense. Esa cifra alcanzó los 457 millones de dólares.
Limitando el acceso del pueblo cubano a la información, el conocimiento y el comercio de bienes y servicios, el gobierno norteamericano viola acuerdos alcanzados por la comunidad internacional, particularmente, el espíritu y la letra de la reciente Declaración de Principios de la Cumbre de la Sociedad de la Información, cuyo párrafo 46 “insta enérgicamente a los Estados a que al crear la sociedad de la información, adopten medidas para evitar, y se abstengan de adoptar medidas unilaterales no conformes con la legislación internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países interesados y sean contrarias al bienestar de sus ciudadanos”.
Se mantienen en vigor las severas restricciones a las ventas de alimentos y medicinas a Cuba .
Las ventas de alimentos a Cuba han estado sometidas a complejos procedimientos y normas que han dificultado enormemente su realización. Las empresas estadounidenses deben realizar engorrosos trámites burocráticos para obtener la licencia que las autorice a vender sus productos a Cuba. Asimismo, se impuso a Cuba: efectuar las compras en efectivo; no poder acceder a créditos financieros, ni siquiera privados; el realizar las operaciones a través de bancos ubicados en terceros países; y la obligación de utilizar otras monedas, con las consiguientes pérdidas en las operaciones bancarias. Tampoco pueden los barcos cubanos participar en la transportación.
Esta situación se ha tornado aún más compleja, a partir del anuncio del Departamento del Tesoro de los EE.UU., a través de una Nota de Prensa en febrero último, de que los pagos cubanos deberán recibirse antes que las mercancías se carguen en buques atracados en puertos estadounidenses para su envío a Cuba. Ello se aparta de la práctica vigente de los pagos contra la presentación de documentos y el traspaso de propiedad al comprador cubano, luego de la recepción del pago en efectivo por parte del exportador estadounidense. Cabe señalar que hasta la fecha no se ha reportado ninguna dilación en la ejecución de esta práctica.
La disposición enunciada constituiría una escalada dirigida a entorpecer las ventas de alimentos, sujetas de por sí a numerosas restricciones. Este procedimiento, aparentemente, podría exponer las mercancías destinadas a la población cubana a ser embargadas en territorio norteamericano, para ejecutar fallos judiciales, legalmente infundados, que han sido emitidos por tribunales de los EE.UU. contra la República de Cuba. Dicha medida ignora, además, la voluntad del Congreso cuando autorizó las ventas a Cuba.
A pesar de la reconocida calidad de los productos y la eficiencia de los proveedores norteamericanos, la medida antes mencionada haría totalmente insegura las compras a los EE.UU., al poner en peligro la alimentación directa de la población cubana, incluida la infantil, y la adquisición de materias primas que se utilizan para la elaboración de otros alimentos.
La empresa cubana encargada de la compra de alimentos, ALIMPORT, ha confirmado que honrará sus compromisos contractuales vigentes y que está dispuesta a continuar desarrollando sus compras al empresariado norteamericano, siempre que las condiciones sean aceptables dentro de la lógica de las prácticas comerciales internacionales. De igual forma, ha ratificado su confianza en los agricultores, hombres de negocios, transportistas, portuarios, legisladores y otras personalidades que, a lo largo de estos tres años, han demostrado la voluntad de desarrollar unas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.
A toda esta situación se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingresos que permitirían ampliar las operaciones.
La compra de alimentos ha sido resultado de ingentes esfuerzos de las empresas de ambos países para lograr la negociación, contratación y ejecución de las operaciones y no de la voluntad del gobierno norteamericano. El propio presidente de los Estados Unidos se ha encargado de aclarar que independientemente de dichas ventas, el bloqueo sigue en pie y que, por el contrario, se están reforzando las medidas de coerción económica y las sanciones vigentes.
Violaciones de los derechos humanos por el bloqueo y las medidas de recrudecimiento en vigor desde el 2004.
La más significativa y grave consecuencia de la política de bloqueo contra Cuba y de las recientes medidas de recrudecimiento, está en el peligro que estas plantean al disfrute del pueblo cubano de su derecho a la libre determinación.
Para adelantar sus objetivos de dominación a la Isla, la administración Bush no repara incluso en violar de manera flagrante el derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses de viajar libremente a un país con el cual Estados Unidos no está en guerra – al menos no la ha declarado públicamente –, consagrado también en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que constituye una obligación jurídica para los Estados Unidos, en calidad de Estado parte de ese instrumento internacional. Peor aún, se pisotea groseramente el derecho de los cubanos que residen en la potencia del Norte, a visitar a sus familiares en su país de origen.
Profundizando al respecto, la Asamblea General de la ONU, mediante su Resolución 59/203, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las familias”, aprobada en diciembre de 2004, exhortó “a todos los Estados a que garanticen la libertad universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros países que residan legalmente en su territorio”.
Esa misma resolución pidió a todos los Estados que permitan “el movimiento sin restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de otros países que residen en su territorio envíen a sus familiares en el país de origen”.
La Asamblea General también resolvió mediante ese mismo texto, exhortar a todos los Estados a que se abstengan de promulgar disposiciones, o deroguen las que estén vigentes, concebidas como “medidas coercitivas que establezcan un trato discriminatorio contra migrantes legales, se trate de individuos o grupos, al redundar en detrimento de la reunificación de las familias y del derecho a enviar remesas financieras a sus familiares en el país de origen”.
Las recientes restricciones a los viajes educacionales y de intercambio académico de ciudadanos e instituciones norteamericanas con homólogas cubanas, violan un número significativo de derechos de los pueblos cubano y estadounidense, reconocidos todos en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Entre los derechos que han sido transgredidos podría citarse la libertad de opinión y expresión (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), en virtud de la cual todo individuo tiene el derecho, sin limitaciones de fronteras, a buscar, investigar y recibir informaciones y opiniones y “los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales” (Párrafo 4 del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
La administración Bush con sus medidas del 6 de mayo actuó claramente en contra del Artículo V de la Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional, adoptada por la UNESCO el 4 de noviembre de 1996, que reconoce que “la cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los pueblos y todas las naciones, los cuales deben compartir su saber y sus conocimientos”.
Las nuevas medidas de bloqueo y de verdadera guerra económica total, no sólo agravan los obstáculos que la política anticubana de sucesivos gobiernos estadounidenses ha planteado a la plena realización por el pueblo cubano de su derecho al desarrollo, consagrado en la Declaración de igual nombre adoptada por la Asamblea General mediante su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986 y reafirmado por consenso en la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, sino que constituyen una criminal violación de la disposición establecida en el párrafo 2, del Artículo 1, común a ambos Pactos Internacionales de Derechos humanos, que establece que “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Aunque por el momento, entre las medidas anticubanas aplicadas por Washington desde el 30 de junio, no están incluidas nuevas reducciones a las ya limitadas cantidades de dinero que un cubano residente en Estados Unidos puede enviar a sus familiares en Cuba – discriminación que sólo afecta a los cubanos, entre todas las nacionalidades de migrantes legales que existen en ese país –, sí ha quedado claro que se reducirán significativamente las categorías de familiares que podrán recibir remesas.
El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocieron que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague, Dinamarca, en 1995, reafirmó en el párrafo 80 de su Programa de Acción ese precepto y más aún, reconoció que “en diferentes sistemas culturales, políticos y sociales, la familia reviste diversas formas”.
Los personeros de la administración Bush, en el agravamiento de su agresión a la nación cubana, pretenden negar a las familias cubanas su identidad, rechazando la inclusión en las mismas de categorías de parentezco que han sido tradicionalmente parte intrínseca e inalienable de esa unidad básica del pueblo cubano.
En franca violación de varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos –en particular el 19, 20 y 21, que consagran las libertades de opinión y asociación y el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país–, se prohibió a los cubanos residentes en Estados Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares en Cuba, si estos son “funcionarios del gobierno o miembros del Partido Comunista”. En el colmo de la irracionalidad, se podrían presentar casos de ancianas de avanzada edad que viven en la Isla, y que tendrían que renunciar a sus derechos políticos para poder aspirar a continuar recibiendo remesas de un hijo que resida en Estados Unidos.
La escalada en la guerra económica contra Cuba servirá a los objetivos de aquellos que quieren fabricar una crisis – real o artificial – que pueda servir de pretexto a la agresión militar de Estados Unidos a la Isla.
Estados Unidos, al profundizar su amenaza de agresión militar al pueblo cubano –opción que no han rechazado y a la que por el contrario han aludido en varias ocasiones como una posible eventualidad en sus declaraciones públicas, algunos personeros de la administración Bush y los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana en el Congreso estadounidense–, viola el Derecho sagrado de los Pueblos, tanto el de Estados Unidos como el de Cuba, a la Paz.
Mediante su Resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, titulada “Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz”, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado”.
La administración estadounidense del presidente Bush, la misma que fabrica cínicamente e impone mediante el chantaje y las presiones un espurio texto con el falso propósito de “promover el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano” en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, se ha desenmascarado nítidamente y de modo irrefutable, con el anuncio de sus medidas anticubanas el pasado 6 de mayo, como el único, histórico y premeditado responsable de violaciones a los derechos humanos de los cubanos y cubanas.
La entrada en vigor de las nuevas medidas anticubanas, el 30 de junio de 2004, marcó una nueva etapa cualitativa en la política de hostilidad, bloqueo, agresiones y violaciones masivas, flagrantes, sistemáticas y premeditadas de los derechos humanos del pueblo cubano por las autoridades de Estados Unidos, agravando significativamente la entidad de actos que califican como Delitos de Genocidio, en virtud del inciso b), del Artículo II, de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En ese inciso del Artículo II de la Convención, se definen como delitos de Genocidio los actos de “lesión grave a la integridad física o mental” perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Como digna expresión de la vocación humanista del pueblo cubano, mientras el gobierno de Washington insiste en dañar el bienestar y la salud del pueblo cubano, el 21 de junio de 2004, el presidente cubano Fidel Castro ofreció públicamente al gobierno norteamericano la posibilidad de atender gratuitamente en la Isla, en cinco años, a 3000 ciudadanos estadounidenses pobres, la misma cantidad de personas que murieron en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001.
Cuba confía en que una abrumadora mayoría de gobiernos de todo el mundo, como lo hacen los pueblos y las personas dignas y honestas de las más diversas latitudes, siga reconociendo la importancia vital de oponerse a la continuidad de una ilegal política de hostilidad y agresiones unilaterales, que socava los cimientos mismos del multilateralismo.
El
pueblo cubano también espera que la mayoría de los gobiernos
del mundo actúen de modo coherente y se opongan a la espuria maniobra
que fabrica el gobierno de los Estados Unidos, año tras año,
en la Comisión de Derechos Humanos. No tiene sentido oponerse al bloqueo
en el marco de la Asamblea General, y luego apoyar en Ginebra el engendro
que sirve de pretexto a los Estados Unidos para mantener y recrudecer su política
de bloqueo y agresiones contra Cuba.
ANEXO: Daños y perjuicios ocasionados a la economía cubana por el bloqueo de los EE.UU.
(Acumulado
hasta el 2003).
-Millones de dólares-
INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR EXPORTACIONES Y SERVICIOS 36,225.4
PERDIDAS POR REUBICACION GEOGRAFICA DEL COMERCIO 18,049.7
AFECTACIONES A LA PRODUCCION Y LOS SERVICIOS 2,847.5
BLOQUEO TECNOLÓGICO 8,265.4
AFECTACIONES A LOS SERVICIOS DE LA POBLACION 1,546.3
AFECTACIONES MONETARIO-FINANCIERAS 8,348.5
INCITACION A LA EMIGRACION Y FUGA DE TALENTOS 4,042.4
TOTAL DE LAS AFECTACIONES POR EL BLOQUEO DE EE.UU. 79,325.2
CAPÍTULO 2: LA MANIPULACIÓN POLÍTICA
DE LAS RELACIONES MIGRATORIAS BILATERALES LLEVADA A CABO POR SUCESIVAS ADMINISTRACIONES
ESTADOUNIDENSES. EL PRESIDENTE BUSH LA EMPRENDE CONTRA LAS FAMILIAS CUBANAS
E IMPIDE LA CONTINUACIÓN DE LOS ESCASOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS,
CULTURALES Y EDUCATIVOS QUE TENÍAN LUGAR ENTRE LOS PUEBLOS ESTADOUNIDENSE
Y CUBANO.
La Migración Cubana hacia Estados Unidos antes de 1959.
El triunfo de la Revolución Cubana marcó la ruptura en la normalidad de los nexos migratorios entre Cuba y los Estados Unidos, como consecuencia de la temprana decisión de las autoridades estadounidenses de manipular el tema migratorio como factor de desestabilización y agresión contra el proceso de transformaciones emprendido por el pueblo cubano.
Los flujos migratorios desde Cuba hacia los Estados Unidos, no aparecen con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, datan de la época en que la Isla era aún una colonia de España, en pleno Siglo XIX.
En 1870, los cubanos que habían emigrado a Estados Unidos alcanzaron la cifra de casi 12 000, de los cuales cerca de 4 mil 500 residían en New York, unos 3 mil en New Orleans y 2 mil en Cayo Hueso. Las causas de estos movimientos migratorios fueron tanto económicas como políticas. El flujo se incrementó a partir de 1860, cuando el factor político se convierte en la causa preponderante en las salidas de cubanos al exterior, como resultado de la agudización de las contradicciones con la metrópoli española.
El año 1869 marcó el inicio de uno de los períodos más trascendentales del movimiento poblacional desde Cuba hacia Estados Unidos, con centro en Cayo Hueso. Se produce el traslado de cientos de trabajadores y empresarios vinculados a la manufactura del tabaco. Las razones fueron diversas: el acceso a modernas técnicas de elaboración del tabaco; el fomento de la inversión en el principal mercado, Estados Unidos; y la inseguridad respecto al futuro de la Isla, que venía sufriendo años de crisis económica, política y social que se agravaron con el inicio de la Guerra de los Diez Años contra el dominio español.
La manufactura del tabaco a partir de la fuerza de trabajo cubana, se convirtió en la más importante fuente de ingresos de los habitantes del Cayo entre 1869 y 1900. Tampa fue también utilizada como punto de destino por los emigrados cubanos, que pasaron de 720 en 1880, a 5 mil 532 en 1890.
El segundo lustro de los años noventa del siglo XIX, marcó el descenso de la población emigrada cubana, cuando una parte importante de ésta regresó a la Isla a combatir por la independencia. Con el fin de la Guerra, se acentuó la integración de los inmigrantes cubanos a la sociedad norteamericana, cuya cifra no había aumentado significativamente: unas 12 mil personas.
El arribo del siglo XX profundizó en Cuba la tendencia migratoria, la que se convirtió en predominante a partir de inicios de la década del 30, con destino primordial en Estados Unidos. Durante los años 20 y 30, la emigración desde Cuba hacia territorio estadounidense la integraban básicamente trabajadores en busca de opciones laborales, que se establecieron en New York y New Jersey. Eran migrantes laborales que clasifican como trabajadores y se igualan al resto de los inmigrantes del área en esa época.
De esta forma emigran más de 40 mil en la década de los años veinte, alentados por las facilidades inmigratorias norteamericanas para la época; más de 43 mil lo hicieron en los próximos diez años. Entre 1930 y 1958, el flujo migratorio hacia Estados Unidos, Venezuela y México alcanzó la cifra de 135 mil personas.
Se producen alzas y bajas en las salidas de migrantes, en correspondencia tanto con la situación interna de los años 40 y 50 en Cuba, como con las políticas migratorias estadounidenses y el sentimiento anti-inmigrante que escalaba por etapas en ese país.
La migración cubana de estos años estaba integrada además de los sectores trabajadores, por un pequeño sector de la población que contaba con algún recurso para salir del país y vivir en el exterior. Estados Unidos constituía el destino predilecto de la burguesía cubana y los sectores medios de la sociedad, para enviar a sus hijos a estudiar, pasar vacaciones y poner parte de su capital para establecer pequeños y medianos negocios.
De esta forma, se construyó un amplio espectro de interrelaciones entre la sociedad norteamericana y la cubana. Las experiencias migratorias y las redes de parentesco existentes, se mezclan con otros procesos en el orden subjetivo, y con un intenso intercambio de pasajeros y diferentes estímulos planteados a la migración de cubanos. Era el flujo de migrantes de un país atrasado a uno de los más desarrollados en el mundo, que controlaba la vida económica, política y social de la Isla.
La
población cubana registrada oficialmente en Estados Unidos para 1958,
rondaba la cifra de unas 125 mil personas, incluyendo a los descendientes
de cubanos nacidos en aquel país. De la cifra total, más de
50 mil permanecieron en territorio norteamericano con posterioridad al triunfo
de 1959.
Antes del 1° de enero de 1959, la emigración permanente y temporal
de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, ya era relativamente alta en comparación
con el resto de los países de Centroamérica y el Caribe. Entre
1950 y 1958, unos 65 mil 200 cubanos fueron admitidos en Estados Unidos como
inmigrantes permanentes (más que todos los países de Centroamérica
juntos y el 53% del total del Caribe).
El número de visitantes temporales era también considerablemente alto en esos años. Durante 1958, viajaron con visa temporal a Estados Unidos más de 72 mil 600 cubanos.
Estudios al respecto plantean que el flujo de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos se habría continuado incrementando aún sin el triunfo revolucionario, a partir del estancamiento en el desarrollo de la industria azucarera y de otras actividades económicas que generaban numerosas fuentes de empleo.
La manipulación de los vínculos migratorios como arma de agresión contra la Revolución Cubana.
La manipulación de su relación migratoria con Cuba, ha constituido un importante instrumento en la política de hostilidad de sucesivas administraciones estadounidenses contra el pueblo cubano. La misma ha tenido como objetivos: desacreditar su sistema político, económico y social; drenar su capital humano; imponer condiciones de inestabilidad emocional y psíquica a las familias cubanas; brindar refugio y extender la impunidad en su territorio a elementos terroristas, anexionistas y mercenarios al servicio de su política anticubana; fabricar las condiciones que sirvan de estímulo a éxodos masivos que puedan ser utilizados para nutrir campañas de propaganda anticubana, y que en última instancia, podrían servir de pretexto para una agresión militar a Cuba.
Antes del triunfo de la Revolución, todo cubano al llegar a territorio norteamericano era tratado como un ciudadano de cualquier otro país, sin recibir absolutamente privilegio alguno. Cuando alguno arribaba ilegalmente a su territorio, violando las leyes de los Estados Unidos, le esperaba irremediablemente la expulsión o la prisión.
A partir de 1959, las autoridades estadounidenses cambiaron drásticamente el tratamiento a los cubanos que arribaban a los Estados Unidos por cualquier vía. Sólo necesitaban declarar su posición contraria a la Revolución para ser aceptados allí.
En la propia madrugada del 1 enero de 1959, se inició la estampida y el arribo al territorio de Estados Unidos – donde fueron acogidos y se les garantizó impunidad –, de personeros de la dictadura de Fulgencio Batista, que habían actuado con el apoyo y al servicio de Washington. Connotados asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones, toda la escoria humana que había lucrado con la sangre y el sufrimiento de la nación cubana, se establecieron principalmente en el Sur de la Florida, donde pronto serían reclutados por los servicios especiales norteamericanos para lanzar la invasión mercenaria de Playa Girón y ejecutar cientos de acciones terroristas en la Isla.
Ni un solo torturador, ni un solo responsable de las miles de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la dictadura batistiana, pudo ser extraditado a Cuba para su enjuiciamiento.
Fueron incentivados los éxodos masivos de profesionales cubanos para privar a la Isla de personal calificado en el sector de la salud, la educación y en las diversas esferas económicas. Se pretendió la paralización del país al despojarlo de su capital humano. Más de la mitad de los 6 mil médicos con que Cuba contaba al triunfo de la Revolución, cientos de técnicos y personal calificado, emigraron a Estados Unidos como consecuencia de cínicas promesas y campañas de desinformación.
Todos
los cubanos que arribaban al territorio de los Estados Unidos recibían
la condición de “refugiados”, creándose por la administración
de Eisenhower el llamado Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos en Miami,
en diciembre de 1960. El término “refugiado” fue utilizado
indiscriminadamente y sin fundamento legal alguno, para desacreditar en el
plano exterior la imagen de Cuba, sin tomarse en consideración los
criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 y el Protocolo de 1967.
A finales de 1962, el Gobierno de Estados Unidos decidió suspender
abruptamente los vuelos y las salidas legales desde Cuba hacia su territorio,
lo que unido a la guerra económica desatada contra nuestro país
desde el triunfo revolucionario, sirvió de fuerte estímulo a
la emigración ilegal.
Ese mismo año, el presidente Kennedy firmó la Ley Pública 87-510, conocida como “Acta de Asistencia a la Migración y los Refugiados del Hemisferio Occidental”, con la cual se intentó hacer ver que todos los cubanos que emigraban lo hacían por estar perseguidos debido a sus “opiniones políticas contrarias al régimen”. Se convirtió la emigración de los cubanos hacia Estados Unidos en un problema de “seguridad nacional”. La citada Ley estableció condiciones financieras especiales para apoyar a los emigrantes cubanos. El gobierno estadounidense destinó sólo al Programa de Refugiados Cubanos más de 1000 millones de dólares.
A partir de febrero de 1963, las autoridades estadounidenses incrementaron su ofensiva para estimular las salidas ilegales desde Cuba, al restringir aún más las posibilidades de emigración legal. A los que llegaban a Estados Unidos directamente desde Cuba, incluyendo a los secuestradores de embarcaciones y aeronaves y a otros delincuentes, se les consideraba “refugiados” y se les garantizaba la entrada de inmediato. A los ciudadanos cubanos que intentaban entrar al territorio norteamericano desde terceros países, se les consideraba extranjeros y quedaban sujetos a las regulaciones de inmigración de Estados Unidos.
El diseño y manipulación de los vínculos migratorios por motivaciones y métodos tan mezquinos, determinó la aparición de una presión migratoria crítica, que se liberaba periódicamente a través de salidas ilegales del país en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad para los migrantes, y producía cada vez nuevos ciclos migratorios.
A muchos cubanos a los que el gobierno de los Estados Unidos negaba rotundamente la visa para visitar temporalmente a sus familiares en ese país o para emigrar de modo permanente, los recibía luego con los brazos abiertos, en medio de una gran publicidad y politiquería, cuando arribaban a su territorio por medios ilegales.
El objetivo es imponer al mundo la falsa percepción que los cubanos “huyen” de su país por razones políticas, y de un sistema socio-económico que ha fracasado.
La distorsión y desproporción en el tratamiento propagandístico a la migración cubana hacia los Estados Unidos.
Cuba no está en la lista de los principales 20 países emisores de emigrantes, pero tiene una comunidad importante de migrantes viviendo en los Estados Unidos.
Hoy viven fuera de Cuba, aproximadamente un millón y medio de nacionales cubanos, emigrados o hijos de emigrados cubanos, de los cuales aproximadamente 1 millón 300 mil viven en los Estados Unidos. De esos, cerca de un millón nacieron en Cuba y aproximadamente 300 mil nacieron en Estados Unidos, hijos de padres cubanos.
A
pesar de que son cientos de miles los latinoamericanos detenidos anualmente
en Estados Unidos en el intento de ingresar ilegalmente en ese territorio,
es la emigración cubana, muy pequeña en comparación con
otras, la única que ocupa casi constantemente las primeras planas de
los medios de prensa occidentales.
De la población de 35,2 millones de latinos o hispanos registrada en
los Estados Unidos en el Censo del año 2000, las personas de origen
mexicano totalizaban 20,9 millones, los de origen puertorriqueño 3,4
millones, los de procedencia centroamericana casi 2 millones, los sudamericanos
1,4 millones y 800 000 los dominicanos.
Del resto de la migración latinoamericana apenas se habla y mucho menos de la pobreza, la miseria, el hambre, la desesperación, la corrupción y la desesperanza que la alimentan y las condiciones de explotación y abuso a que se le somete. Sólo los emigrantes cubanos reciben la “atención política” del Gobierno de Estados Unidos y son presentados por sus instrumentos mediáticos como “exiliados” y “refugiados” que buscan un futuro de “libertades”.
Ello ocurre, cuando de los más 35 millones de personas de origen latinoamericano o hispano que residen permanentemente en EE.UU., sólo poco menos de 1,3 millones son de origen cubano. Es decir el 3,5 % del total de esta población.
Se omite hipócritamente que los cubanos emigran, como la abrumadora mayoría de los migrantes de los países subdesarrollados, por motivos de reunificación familiar y razones económicas, cuestión agravada por el prolongado y recrudecido bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La Operación Peter Pan.
La obsesión por desestabilizar el país y destruir la Revolución tuvo en los años 60’ uno de sus capítulos más aborrecibles en la llamada “Operación Peter Pan”. A través de la misma, 14 mil niños cubanos fueron separados de sus hogares – utilizando el engaño como herramienta –, y trasladados a los Estados Unidos.
Los servicios especiales estadounidenses fabricaron y difundieron profusamente el rumor de que el Gobierno Revolucionario retiraría la patria potestad a los padres con relación a la educación y cuidado de sus hijos. Fue montada y ejecutada con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos una criminal operación de traslado de niños cubanos hacia su territorio, los que eran forzados a viajar sin la compañía de sus padres.
La Operación Peter Pan constituyó la mayor maniobra de manipulación con fines políticos de niños que se recuerde en el hemisferio occidental y fue también uno de los más tristes episodios en la historia de la emigración cubana hacia Estados Unidos. Muchos de aquellos niños fueron enviados a casas de adopción, orfelinatos, e incluso, a establecimientos penitenciarios para delincuentes juveniles de 35 estados de la Unión.
Los organizadores del maquiavélico plan lograron mantener en secreto por mucho tiempo sus métodos, medios y propósitos, ocultando a la opinión pública toda información en relación con una actividad aparentemente “humanitaria”, en realidad una de las más siniestras operaciones encubiertas y de guerra psicológica ejecutadas por los servicios secretos estadounidenses.
Utilizando para la promoción y propaganda de la operación los servicios de transmisiones ilegales de Radio Swan, emisora del gobierno de Estados Unidos, comenzaron a difundir de manera fraudulenta desde el día 26 octubre de 1960, fragmentos de una falsa y nunca concebida “ley de Patria Potestad”, supuestamente emitida por el gobierno de La Habana.
Durante varios días se mantuvo a través de la citada emisora y otros medios radiales e impresos al servicio de Estados Unidos, la propaganda dolosa acerca de una eventual expropiación de niños. Se repetían mensajes cuidadosamente fabricados para impactar en las familias cubanas, concitando en algunas el miedo infundado a perderlos.
Monseñor Bryan O. Walsh, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón, perteneciente entonces a la diócesis de Miami, muy vinculado a sectores recalcitrantes y agresivos de la emigración cubana en esa localidad, fue el organizador público de la Operación Peter Pan.
El padre Walsh a través de la Catholic Welfare Bureu, creó un staff de colaboradores y empleados, que se encargaban de visar, recepcionar en el aeropuerto y distribuir en diferentes establecimientos creados al efecto en la Florida y otras localidades del país, a las pequeñas víctimas de la cruel maniobra migratoria. En un hecho sin precedentes, el Departamento de Estado norteamericano transfirió a una autoridad religiosa la potestad de emitir visas waiver (visas volantes), a todos los niños cubanos entre los seis y 16 años.
Los primeros cinco niños que viajaron a través de la Operación Peter Pan, llegaron a Miami a las 4: 30 de la tarde, del 26 de diciembre de 1960, en el vuelo 422 de la Pan American.
Fue dura la experiencia que les tocó enfrentar a esos niños, en muchos casos pequeños todavía, que tuvieron que abandonar su país y sus familias para vivir en condiciones muchas veces adversas. Se reportaron cientos de casos de abusos contra ellos de los tutores y maestros que les fueron asignados. Los testimonios de muchos de ellos, personas adultas hoy, son harto elocuentes del sentimiento de soledad y de abandono que sintieron. Muchos llegaron a pensar que sus padres no los querían.
La situación para todos se hizo más difícil después de la Crisis de Octubre en 1962, cuando los funcionarios del gobierno norteamericano decidieron cerrar la emigración para incrementar la presión sobre la Isla. Más de la mitad de esos niños sacados del país a través de la Operación Peter Pan, tuvieron que sufrir duros años de separación. Y en algunos casos, sencillamente, fue imposible el reencuentro.
El robo de médicos y profesionales en la década del 60.
Durante los años que sucedieron al triunfo revolucionario, las autoridades norteamericanas procuraron sacar del país, como fuese menester, a los médicos, enfermeras, profesores, maestros y otros profesionales universitarios o técnicos de nivel medio, con el objetivo de paralizar la actividad económica y los servicios sociales básicos del país. Prometieron pagar a esas personas al arribar a Estados Unidos, los salarios correspondientes a sus respectivas calificaciones, incomparablemente mayores allí que los equivalentes en una neocolonia recién independizada y a la vez subdesarrollada, pobre y rigurosamente bloqueada.
De los 6,000 médicos existentes en Cuba en 1959, 3,000 emigraron a los Estados Unidos.
La Ley de Ajuste Cubano
Una de las más claras expresiones de la política migratoria criminal, inmoral y discriminatoria de los Estados Unidos contra el pueblo cubano es la llamada Ley de Ajuste Cubano, engendro legislativo adoptado en 1966, con el deliberado propósito de incentivar las salidas ilegales de ciudadanos cubanos hacia ese país. Única de su tipo en el mundo, ofrece a los cubanos que arriben a los Estados Unidos de modo irregular e ilegal, privilegios que no reciben ciudadanos de otra nacionalidad ni país.
El tratamiento “preferencial” otorgado a los ciudadanos cubanos, y que los ha distinguido hasta hoy del resto de los extranjeros que arriban a Estados Unidos, adquirió su basamento legal el 2 de noviembre de 1966, fecha en que el presidente Johnson firmó la “Ley de Ajuste Cubano” que establece que: “cualquier extranjero nativo (de Cuba) o ciudadano cubano, que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra en Estados Unidos después del primero de enero de 1959, y que haya estado presente físicamente al menos durante dos años, puede ser ajustado por el Fiscal General, a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir, a la de extranjero admitido legalmente para residir permanentemente.”
Es decir, la Ley de Ajuste Cubano establece que cualquier cubano que llegue a territorio norteamericano, sin reparar en formas y métodos empleados para ello, y que viva allí durante dos años (después se rebajó a un año, que es lo vigente hoy), puede recibir del Fiscal General (en la práctica las autoridades de inmigración del INS), la condición de Residente Permanente en Estados Unidos.
En virtud de ese malintencionado engendro jurídico y a diferencia de los inmigrantes de otras nacionalidades, cualquier cubano que arribe a suelo estadounidense por cualquier medio, en particular por vías ilegales, obtiene inmediatamente beneficios tales como el reconocimiento de su presencia legal en el territorio, facilidades para ser empleado y el acceso a distintas prestaciones sociales. A lo anterior se une la posibilidad de obtener la residencia legal de modo casi automático al año de su arribo al país.
Esta facultad que se ha dado al Fiscal General – que las autoridades de inmigración aplican –, ha sido empleada desde entonces para admitir en Estados Unidos a todo cubano que llegara a ese país, independientemente de sus antecedentes penales, y extendiendo impunidad a los responsables de graves delitos, muchos de ellos cometidos con el objetivo de alcanzar el territorio estadounidense.
A tenor de esta Ley, los Estados Unidos manipulan sistemáticamente el otorgamiento de la condición de refugiado, al concederla de modo automático a cada cubano que arriba a su territorio. Se califica como refugiado prima facie a personas cuya motivación para emigrar es totalmente económica.
La Ley de Ajuste Cubano, permite a los cubanos al llegar a los Estados Unidos recibir de forma inmediata y automática permiso de trabajo, prescindir de la presentación de una declaración jurada de manutención (AFFIDAVIT OF SUPPORT) para recibir su residencia legal, obtener un número de seguridad social, beneficios públicos de alimentación y alojamiento, ajustar su situación migratoria sin necesidad de ir a su país de origen a recibirla – como ocurre con solicitantes de otras nacionalidades –, sin necesitar abogados, ni incurrir en gastos para obtener el beneficio de la residencia permanente.
El gobierno de Estados Unidos no se limitó a extender los privilegios antes identificados a los cubanos tras el arribo a su territorio, promovió las salidas ilegales del país a través de una profusa propaganda de los “beneficios” que encontrarían los habitantes de la Isla al emigrar irregularmente a los Estados Unidos. Los propios servicios oficiales de radio y televisión, cuya programación anticubana es financiada y controlada por las autoridades estadounidenses, han servido de aliento a la emigración ilegal desde la Isla. Han presentado a brutales y asesinos secuestradores de embarcaciones y aeronaves como héroes y ocultan los peligros reales que acechan a aquellos que viajan a Estados Unidos en frágiles embarcaciones.
La aplicación oportunista y criminal de la llamada Ley de Ajuste Cubano, la falta de medidas eficaces para poner coto a la emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas, el estímulo y la impunidad que recibían en Estados Unidos los perpetradores de secuestros armados de embarcaciones y aeronaves, la casi nula ejecución del Acuerdo Migratorio bilateral de 1984 y el impacto brutal del recrudecimiento del genocida bloqueo contra Cuba, en un contexto de abrupta interrupción de las relaciones económicas con el desaparecido campo socialista, fueron los factores esenciales que generaron la denominada “crisis de los balseros” en agosto de 1994, como resultado de la cual emigraron ilegalmente hacia los Estados Unidos más de 30 mil personas.
Ese propio año, fueron asumidos nuevos acuerdos migratorios entre Cuba
y los Estados Unidos. Sin embargo, la continuidad en la aplicación
de la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos o pies
mojados” – que se traduce en que aquellos que logran alcanzar
el territorio estadounidense no son devueltos a la Isla –, en las condiciones
de limitaciones económicas que impone el bloqueo de Estados Unidos
a Cuba, constituye un permanente estímulo a las salidas ilegales del
país, para las personas interesadas en emigrar a la potencia del Norte
y que no pueden hacerlo por vías legales.
La precariedad y fragilidad de los medios utilizados en las travesías marítimas y los riesgos asociados a operaciones de tráfico de migrantes que se llevan a cabo en embarcaciones procedentes de la Florida, han costado cientos de vidas humanas y ponen en peligro otras muchas en el futuro.
Estados Unidos no podrá establecer el control y la disciplina en sus propias costas mientras exista la “Ley de Ajuste Cubano” y mucho menos, mientras continúe financiando y perfeccionando las transmisiones radiales y televisivas contra la Isla, que llevan a cabo un incesante aliento a las salidas ilegales, como parte de la guerra política y psicológica contra nuestro país.
Como consecuencia de la criminal política de manipulación a los vínculos migratorios y del aliento a las salidas ilegales del país, se produjo el lamentable caso de la desaparición en el mar de la madre, y el posterior secuestro en Miami del niño cubano Elián González.
Sobre las autoridades de Estados Unidos recae enteramente la responsabilidad de que a lo largo de más de tres décadas hayan perecido, o corran todavía el peligro de perder sus vidas numerosos seres humanos, incluso niños, que son incitados a cometer tales aventuras como consecuencia de una política asesina, carente de toda ética y sentido humano.
Cuba seguirá denunciando públicamente a esta “Ley de la Muerte” y continuará alertando sobre los graves riesgos y peligros que plantea como estímulo a la emigración ilegal de cubanos en condiciones de grave vulnerabilidad.
Las “Crisis Migratorias” y los Acuerdos Bilaterales
La incongruente y arbitraria política migratoria aplicada por sucesivas administraciones norteamericanas contra nuestro país, ha provocado desde 1965 tres grandes crisis migratorias – Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la denominada “crisis de los balseros” de 1994.
A raíz de la crisis migratoria generada en 1980, se produjeron varias reuniones entre representantes de Cuba y los Estados Unidos, que permitieron alcanzar un Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias entre ambos países, que incluyó un Comunicado Conjunto y un Acta de Ejecución, firmado el 12 de diciembre de 1984. En virtud de dicho Acuerdo, Cuba aceptó la devolución de 2 mil 746 personas declaradas “excluibles” por las autoridades de Estados Unidos, que se comprometió a su vez permitir la entrada anual de hasta 20 mil ciudadanos cubanos que quisieran emigrar legalmente a ese país.
De las 160 mil visas que debieron ser concedidas en los 8 años en que el Acuerdo mantuvo vigencia, sólo fueron concedidas 11 mil 222, es decir el 7 por ciento del total esperado.
Estados Unidos incumplió además con lo acordado, en lo que se refiere a impedir las salidas riesgosas desde Cuba que ponen en peligro las vidas humanas. En su lugar, continuó propiciando el estímulo a la emigración ilegal, al no descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional automática a todos los emigrantes cubanos que arribaran a su territorio por vías irregulares
Tras la llamada “crisis de los balseros” en 1994, fueron alcanzados nuevos acuerdos migratorios bilaterales ese propio año, por los que Estados Unidos se comprometió a “descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional a todos los migrantes cubanos que lleguen al territorio de Estados Unidos por vías irregulares”.
La marcha del cumplimiento de los Acuerdos Migratorios ha sido revisada en 13 rondas de conversaciones migratorias efectuadas desde el 1ro de septiembre del 94 hasta el 2003, momento en el que el gobierno de Estados Unidos decidió unilateralmente la suspensión de dichas conversaciones. En estas reuniones, Cuba ha llamado la atención sobre las irregularidades en el cumplimiento de los Acuerdos que persisten por parte de Estados Unidos y que contradicen y violan su letra y espíritu.
El gobierno norteamericano ha venido aplicando la llamada política de “pies secos, pies mojados”. En virtud de esta práctica ilegal, contraria a la letra de los mencionados acuerdos, los migrantes cubanos que logran alcanzar el territorio de Estados Unidos son admitidos en ese país, independientemente de los medios utilizados y los hechos consumados para lograr tal propósito. Por otra parte, tampoco todos los migrantes que son interceptados en alta mar son devueltos a su país de origen.
Desde que se firmara la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995, las autoridades norteamericanas han repatriado a Cuba un total de personas que superan los 5 mil emigrantes ilegales, incluyendo aquellos que son interceptados en alta mar por el Servicio de Guardacostas y a los ciudadanos que penetran ilegalmente en la Base Naval estadounidense en Guantánamo y son devueltos por la puerta terrestre de ese enclave. Una vez devueltas por las autoridades de Estados Unidos y sometidas a un chequeo médico, son entregados a sus familiares, con la excepción de aquellos que sean prófugos de la justicia o reclamados por los tribunales, por tener causa judicial pendiente por la comisión de algún otro delito. Cuba ha cumplido estrictamente con este compromiso y ha creado todas las facilidades para que esos ciudadanos sean reinsertados a la sociedad.
Cuba ha planteado de forma recurrente, tanto en los contactos oficiales en La Habana como en los celebrados en Washington, y en el curso de las rondas de conversaciones migratorias, su total rechazo a la política selectiva en el momento de repatriar a los emigrantes ilegales. Si realmente las autoridades de inmigración de Estados Unidos tuvieran la intención de devolver a estas personas – admitidas bajo el pretexto de que deben recibir atención médica –, pudieran acogerlos bajo un parole provisional, facilitando la ulterior devolución de esas personas a Cuba. Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce ni un caso de este tipo que haya sido devuelto, tampoco se ha recibido respuesta a las interrogantes y preocupaciones en torno a la ejecución de tal irregularidad.
La práctica de no retornar a Cuba a todos los emigrantes que son rescatados en alta mar por los Guardacostas estadounidenses y de trasladarlos a su Base Naval en el territorio que ocupa ilegalmente en Guantánamo, constituye un estímulo a nuevas salidas ilegales. En algunos casos, son repatriados por vía terrestre después de realizar una verificación más detallada, pero en varios otros, nunca han sido devueltos y esperan a ser aceptados en Estados Unidos como refugiados, o enviados a un tercer país. Las alegaciones de estas personas en el sentido que estarían siendo perseguidos por las autoridades cubanas, por razones políticas, religiosas o de otra índole, son completamente falsas y ajenas a la realidad y constituyen manidos pretextos para intentar legitimar un procedimiento a todas luces ilegal y arbitrario.
Un fenómeno que ha proliferado a la sombra del estímulo a la emigración ilegal es el tráfico o contrabando de emigrantes ilegales, utilizado de modo creciente como vía oportunista y método criminal de aprovechamiento a las oportunidades que plantea la llamada política de “pies secos y pies mojados”.
La débil respuesta y proceder de las autoridades norteamericanas frente a las operaciones de tráfico de cubanos que se organizan y originan en su territorio, facilita la actividad criminal de sujetos que lucran llevando a cabo esos peligrosos delitos, en franca violación de la Ley internacional, de la propia legislación estadounidense y de los Acuerdos Migratorios suscritos con Cuba. Estos últimos, en el párrafo relativo al tráfico de inmigrantes, además de reafirmar su apoyo a la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el tema, establecieron el compromiso de los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos a cooperar para tomar acciones oportunas y efectivas, que impidan el transporte ilícito de personas con destino a los Estados Unidos.
La permanente voluntad y empeño de Cuba en promover una migración legal y ordenada. Su compromiso en el combate contra el tráfico ilegal de personas.
Cuba ha dado innumerables e irrebatibles pruebas de su permanente y serio compromiso con el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, con el combate a la migración ilegal, así como en la lucha contra el tráfico de migrantes.
Cuba puso fin a los desvíos de aviones de Estados Unidos a su territorio sancionando severamente a sus autores. Por otra, endureció las condenas por tráfico de migrantes y sanciona, hasta con penas de privación perpetua de libertad, a los traficantes de personas. Desde el año 2000, el Gobierno Cubano reiteró en varias oportunidades su propuesta de acuerdo bilateral para el combate a la migración ilegal y el tráfico de personas, sin que los Estados Unidos haya aceptado ni siquiera discutirla. También ha neutralizado decenas de planes e intentos de secuestros de embarcaciones y aeronaves mediante el recurso a la violencia y frustró numerosas operaciones de tráfico de personas, en su mayoría coordinadas por traficantes que operaban desde los Estados Unidos.
Los
Acuerdos Migratorios del 9 de septiembre de 1994, que fueron complementados
posteriormente con las medidas adoptadas como parte de su instrumentación,
recogidas en la Declaración Conjunta de 2 de mayo de 1995, han sido
cumplidos y honrados con todo rigor por las autoridades cubanas.
Cuba ha tomado medidas ejemplarizantes y eficaces contra los traficantes,
sin recibir colaboración alguna del gobierno de Estados Unidos. Nuestro
país ha arrestado a alrededor de 70 de estos delincuentes; resulta
contradictorio que las autoridades norteamericanas no hayan podido hacerlo,
a pesar de toda la información pública que existe sobre el modus
operandi y los movimientos de estas personas. Cuba ha ofrecido al gobierno
norteamericano la posibilidad de entregarles a estos traficantes arrestados
en la Isla para que sean juzgados en Estados Unidos y puedan ser investigadas
y sancionadas todas las personas que han estado implicadas en dichas operaciones.
Sin embargo, dicha oferta ha sido rechazada.
Cuba ha adoptado varias medidas y reforzado su marco legal sancionador al tráfico de emigrantes ilegales. Destaca el artículo 348 del Código Penal, que establece la sanción de cadena perpetua para los responsables de tráfico de personas, cuando se emplea la violencia y se produce la pérdida de vidas humanas o se pone ésta en peligro. Fue promulgado un Decreto Ley para permitir la confiscación de embarcaciones pertenecientes a personas involucradas en tráfico de migrantes, para facilitar el ejercicio del estricto control sobre barcos particulares y estatales y de los materiales utilizados para la comisión de tales delitos. Se han fortalecido las medidas de vigilancia por parte de las autoridades competentes.
Las familias cubanas, víctimas y rehenes de los designios imperiales de la administración Bush. Las medidas anunciadas el 6 de mayo de 2004 y su impacto en las relaciones afectivas y de ayuda mutua de las familias cubanas.
Como parte de la nueva espiral de agresiones contra Cuba, el 5 de enero del 2004, tres días antes de la fecha prevista para las conversaciones migratorias bilaterales periódicas, el gobierno de los Estados Unidos anunció su cancelación de modo unilateral y con carácter indefinido, acudiendo a pretextos intrascendentes. Los acuerdos migratorios bilaterales han permitido en los últimos 10 años, a unos 200 mil cubanos emigrar a los Estados Unidos de manera legal, segura y ordenada.
El 6 de mayo de 2004, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas para recrudecer aún más su política agresiva y de hostilidad contra Cuba.
En el Informe presentado al presidente Bush por la llamada Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, co-presidida por el entonces Secretario de Estado, Collin Powell, se incluyeron medidas dirigidas directamente contra los derechos de los migrantes y de la familia cubana, que se comenzaron a aplicar en julio de 2004. Entre ellas destaca la reducción de las visitas a nuestro país de cubanos residentes en Estados Unidos de un viaje anual permitido actualmente, a uno cada tres años, restringiéndolas a los familiares más inmediatos –definidos estos exclusivamente como abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos–, sin concebir excepciones humanitarias en los casos de enfermedad o muerte. Se estableció igualmente con carácter retroactivo, que los cubanos recién llegados a los Estados Unidos o que hayan viajado a Cuba en los últimos años, sólo podrán hacerlo tres años después de haber emigrado o de su última visita.
El 22 de junio de 2004, el Departamento de Comercio estadounidense anunció restricciones adicionales al envío de paquetes a Cuba, con la prohibición de enviar, entre otros, artículos de primera necesidad y de consumo personal como ropa y productos de higiene personal. Como puede apreciarse, estas medidas afectan directamente a las familias receptoras.
Las nuevas medidas impedirán a muchos emigrados cubanos el poder volver a pisar su tierra de origen, al no contar con el tipo de familiares en Cuba “aceptados” por el presidente Bush.
Es
muy difícil estimar el monto de las remesas de los emigrados cubanos
en Estados Unidos, pero no cabe duda que representan varios cientos de millones
de dólares. Un número considerable de familias cubanas se verá
privado súbita y arbitrariamente en su vida cotidiana de esta ayuda
intrafamiliar. Por otra parte, al reducirse el ingreso de divisas al país,
se afectará el monto de recursos disponibles para programas de bienestar
social, en especial para la atención a los niños, los ancianos,
los discapacitados, y los sectores que requieren mayor protección.
Hasta fines de julio del año 2004, casi un mes después de entrar
en vigor las nuevas medidas anticubanas, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros
del Departamento del Tesoro (OFAC) no había otorgado ni una sola autorización
para que residentes en Estados Unidos pudieran visitar a sus familiares en
la Isla, a pesar de que ha recibido más de tres mil solicitudes.
Mientras que el gobierno de Estados Unidos ha hecho cada vez más difícil la relación entre los migrantes cubanos y su país de origen, desde 1978 y en especial desde 1994, el Gobierno Cubano –a pesar de un contexto de agravamiento de la hostilidad norteamericana y del incremento de acciones terroristas y agresivas contra el pueblo cubano–, ha venido avanzando en un proceso continuo, irreversible y permanente, la aplicación de medidas para flexibilizar y normalizar sus relaciones con los emigrados cubanos que no participan en las acciones agresivas contra la Isla promovidas por las autoridades de Washington.
En 1994 vinieron de visita a Cuba 37 mil cubanos residentes en el exterior; en el 2003, casi 168 mil visitaron la Isla, de los cuales 115 mil procedían de Estados Unidos.
En el año 2000, 38 mil cubanos realizaron visitas a familiares en los Estados Unidos. El pasado año esa cifra no llegó a los 7 000, al ser restringido arbitrariamente por las autoridades norteamericanas el otorgamiento de las visas requeridas.
Fue eliminado en agosto de 1994, el requisito de un permiso de entrada para los residentes temporales en el exterior, que suman ya más de 50 mil. Son cubanos que viven en el exterior de manera temporal y mantienen su residencia permanente en el país. El año pasado 34 000 de ellos vinieron de visita al país.
Desde 1995 se venía aplicando la Vigencia de Viaje, que usaron el pasado año más de 20 mil emigrados cubanos para viajar al país, y que durante casi 10 años constituyó un mecanismo que permitía entrar a la Isla sin realizar el trámite de permiso de entrada al poseedor de la Vigencia. A partir del 1º de junio del 2003, los cubanos residentes en el exterior no necesitan permiso de entrada al país.
En virtud de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1995, cuando se debatió y aprobó la Ley de Inversión Extranjera, solo en los dos últimos años se han tramitado en Cuba 72 propuestas de negocios o inversiones de cubanos residentes en 12 países. De las 7 compañías que operan vuelos charter a Cuba desde territorio norteamericano, 6 son propiedad de cubanos. Más de 100 agencias de viaje, también propiedad de cubanos, participan en la organización de viajes a nuestro país desde Estados Unidos, país donde vive más del 70% de los emigrados cubanos.
En III Conferencia “La Nación y La Emigración”, se anunciaron nuevas decisiones que facilitarán la atención y las relaciones con los cubanos residentes en el exterior. Estas son:
La creación de una nueva oficina adscrita inicialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender a los cubanos residentes en el exterior, con funciones y atribuciones más amplias que las que hoy realiza la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX.
La decisión de otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos. En 1994 se acordó que jóvenes cubanos residentes en el exterior pudieran realizar en Cuba estudios de postgrado. En 1995 se acordó que pudieran cursar estudios universitarios en Cuba pagando los mismos. En el 2004 el Gobierno Cubano decidió otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos, que podrán estudiar en nuestras universidades gratuitamente, como lo hacen los jóvenes cubanos que residen en el país.
La creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y cultura cubana, especialmente diseñados para descendientes de cubanos residentes en el exterior. Estarán destinados ante todo a jóvenes que han nacido en otras tierras, hijos de padres cubanos y para los cuales, la búsqueda de la raíz familiar, el idioma, la cultura, la historia de su Patria constituyen una prioridad.
La adopción de nuevas medidas que harán más expeditos y seguros los procedimientos aduanales. Ello incluirá el sistema de valoración por peso del equipaje, que deberá resolver uno de los temas que provoca hoy mayor cantidad de quejas y molestias
En el tema de las relaciones entre la Nación Cubana y la Migración, es necesario subrayar algunos aspectos:
No existen problemas de fondo hoy entre la Nación y sus emigrados. El proceso de normalización no terminó con las medidas anunciadas, es continuo, irreversible y permanente. En lo esencial, las decisiones tomadas en la última década han creado las condiciones para la normalización paulatina de las relaciones entre la Nación y la Emigración. Mienten los que presentan la permanente agresión del gobierno de Estados Unidos, en alianza con una elite corrupta, ambiciosa y antipatriótica de cubanos residentes en aquel país, como “un problema entre cubanos”.
El problema real, tanto de los cubanos que viven en la Patria como el de todos los que, independientemente del país donde viven, sienten amor por Cuba y la desean libre y soberana, es la pretensión de la administración Bush, heredera de una apetencia imperial por Cuba que data de dos siglos, de negarle al pueblo cubano su derecho a la libre determinación; de negarle el derecho, reconocido en la Carta de Naciones Unidas, a ser un país independiente y a escoger, sin injerencias externas, su modelo de desarrollo económico, político y social, elaborar sus leyes y establecer sus instituciones. Ese y no otro, es hoy el problema.
El bloqueo económico y la política de agresión contra Cuba constituyen hoy el mayor obstáculo a la normalización plena de las relaciones entre la emigración cubana y su Patria. Y no solo de las relaciones con los cubanos que residen en Estados Unidos, es también el bloqueo hoy el mayor obstáculo a las relaciones con los cubanos que viven en cualquier lugar del mundo, que afecta, en primer lugar, a sus familias en Cuba, pero que también restringe y coarta derechos de los cubanos que viven en Estados Unidos y en otros países. Hay que tener una cabal comprensión de esa realidad, cuando se afirma que la prioridad hoy para todo el que se sienta cubano, ha de ser el enfrentamiento a lo que constituye el mayor obstáculo a los esfuerzos que se realizan, para que la relación y los intercambios de esa comunidad con el país sean más amplios, diversos y normales.
Cuba
comprende y respeta que en la Comunidad Cubana en el exterior coexisten diversas
ideas políticas sobre el presente y sobre el futuro de nuestro país,
diferentes concepciones ideológicas y diferentes creencias religiosas.
Un día dejarán de existir el bloqueo y la hostilidad, lo cual
no es una quimera, sino algo perfectamente factible. Cuando ya no exista el
bloqueo ni la hostilidad, ni los planes de la llamada “transición”
para Cuba diseñados en Washington, ni los designios para anexar a Cuba
a los Estados Unidos, entonces, ese día, los cubanos podrán
viajar entre ambos países legalmente sin ningún tipo de restricción,
excepto el escaso número de personas que por bochornosas y lesivas
conductas contra la Patria no sean dignas de tal prerrogativa. En ese momento,
los que deseen jubilarse en Cuba y tengan medios para ello, lo harán.
Entendemos que el derecho a llamarse cubano depende, más allá del lugar donde se viva, de la posición que se adopte ante la alternativa de hacerse cómplice de la Enmienda Platt, de la Ley Helms-Burton y del Informe de la Comisión de “Asistencia a una Cuba Libre” del presidente Bush, o tomar partido con la alternativa planteada por nuestro Héroe Nacional, José Martí: “con todos y para el bien de todos.”
La Administración Bush:
-
obstaculiza el establecimiento de un flujo migratorio seguro, ordenado y legal;
- viola los derechos de sus ciudadanos al incrementar los obstáculos
a la libertad de viajes de sus ciudadanos;
- e impide la realización de la cooperación internacional y
el intercambio educativo, cultural y académico entre los pueblos de
Cuba y Estados Unidos.
El 5 de enero de 2004, la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado norteamericano, comunicaron al MINREX y a la Sección de Intereses de Cuba en Washington, respectivamente, que no consideraban posible una nueva ronda de conversaciones migratorias, “hasta que las autoridades cubanas no mostrasen un verdadero interés en abordar seriamente aspectos “muy importantes” para el logro de un flujo migratorio ordenado, legal y seguro entre ambos países”.
En el lenguaje imperial de los funcionarios norteamericanos “abordar seriamente” el tema, significa que Cuba haga todas las concesiones unilaterales imaginables y acceda a todas las demandas y caprichos de las autoridades norteamericanas.
Con esta decisión, el Gobierno norteamericano intenta desviar la atención de sus violaciones a los Acuerdos Migratorios, tales como: la reducción de visas para ciudadanos cubanos que desean visitar a familiares en los Estados Unidos; la no devolución a Cuba de parte de los emigrantes ilegales interceptados en alta mar; el estímulo a la emigración ilegal y a la perpetración de actos violentos para emigrar que se realiza desde estaciones de radio radicadas en los Estados Unidos; y la falta de una acción decisiva contra los traficantes de emigrantes ilegales, entre otros.
Los pretextos para cancelar la ronda de conversaciones migratorias son irreales y absurdos, y demuestran que el verdadero sentido de esta acción tiene más que ver con la politiquería miamense, que con los verdaderos intereses nacionales, de seguridad y migratorios norteamericanos.
Estados Unidos intenta manipular la realidad y encubrir que la asesina Ley de Ajuste Cubano y la irracional política de “pies secos-pies mojados” son los verdaderos obstáculos a la normalización del flujo migratorio entre ambos países, los verdaderos estímulos a la emigración ilegal y la más grande violación de los Acuerdos Migratorios.
El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció la ampliación
del ámbito de aplicación de sanciones a ciudadanos norteamericanos
que viajen a Cuba sin permiso, o incumplan otras regulaciones. El objetivo
esencial de las mismas es intimidar a los potenciales viajeros norteamericanos
que de manera creciente burlan las regulaciones y amenazas del Tesoro. Cabe
destacar que anteriormente a ese anuncio, no existía información
pública sobre el monto concreto de las multas que se aplicaban por
cada violación.
A continuación se resumen las principales adiciones y enmiendas realizadas
a las regulaciones contra Cuba:
1- Transacciones vinculadas al turismo / monto de las multas:
Primer
viaje: $7 500
Cada viaje adicional: $ 10 000
2- Transacciones vinculadas a los viajes de negocios:
Primer
viaje: $15 000
Cada viaje adicional $ 25 000
3- Viajes vinculados a visitas sin licencia a familiares cercanos.
Primer
viaje: carta de advertencia
Por cada viaje adicional:
. Anterior a la comunicación del Tesoro: $1 000
. Después de la comunicación: $ 4 000
4- Viajes sin licencia específica
Viajes cuyo propósito clasifica dentro de las categorías de actividades que podrían garantizar una licencia:
Por
cada viaje anterior a recibir la comunicación del Tesoro $ 3 000
Por cada viaje posterior a recibir la comunicación del Tesoro $ 10
000
5- Exportaciones (o intento de exportaciones) sin autorización, donde exista un interés de Cuba o de un nacional cubano. La penalidad ascenderá al valor de los fondos no autorizados a exportar. Podrán considerarse otras penalidades si se incurre en otra violación después de ser multado.
6- Uso no autorizado de tarjetas de crédito en Cuba:
Primer
viaje $ 1000
Cada viaje adicional $ 2000
7- Importaciones de productos de origen cubano vinculados a violaciones de
viajes.
Cuando
el valor agregado es de $500 o menos: $250
Cuando el valor agregado excede los $500: $250 más el valor que exceda
los $500.
B. Cláusula de servicios de Viajes, Carga y Remesas de personas no autorizadas como “Proveedor de Servicios”.
1- Servicios de remesas
Antes
de la comunicación del Tesoro: $2 000
Después de la comunicación del Tesoro: $ 15 000
2- Servicios de viajes:
Antes
de la comunicación del Tesoro: $2000 más $500 por cada persona
asistida.
Después de la comunicación del Tesoro: $15 000 más $500
por cada persona asistida.
3- Servicios de carga.
Antes
de la comunicación del Tesoro: $5,000 más $500 por cada persona
asistida.
Después de la comunicación del Tesoro: $25 000 más $500
por cada persona asistida.
Con las nuevas restricciones al envío de paquetes y remesas y a los viajes de ciudadanos norteamericanos y de cubanos residentes en Estados Unidos, que no se aplican a ningún otro grupo de emigrados en ese país, el gobierno norteamericano socava, una vez más, derechos humanos básicos consagrados tanto en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como en ambos Pactos Internacionales.
En lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en especifico, estas medidas son una flagrante violación del Artículo 12, que establece las bases de la libertad de viajar a la que son acreedoras las personas que tienen legalizada su situación en cualquier Estado. Cabe recordar, que este principio fue reafirmado por la Asamblea General de la ONU, al adoptar su Resolución 57/227, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las familias”.
El gobierno de Estados Unidos viola también los compromisos asumidos públicamente por su presidente, en la Cumbre del G-8, efectuada en Sea Island, estado norteamericano de Georgia, tras el debate del tema de la pobreza. En dicha reunión, los Jefes de Estado de los países más industrializados y ricos del mundo, incluyendo Estados Unidos, coincidieron en que el envío de remesas a los familiares que permanecen en sus países de origen, puede ayudar a combatir la pobreza y acordaron, según anunció Jim Wilkinson, Consejero Adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que el Grupo de los Ocho facilitará el envío de efectivo a los países pobres, y reducirá a la mitad el costo de las operaciones.
Las nuevas medidas que el gobierno de los Estados Unidos está aplicando son, además, ilegales, pues el Congreso de ese país aprobó en el año 2000 una Ley que codificó todas las regulaciones relativas a las restricciones y las excepciones a los viajes a Cuba, privando al presidente de la capacidad de modificar tales regulaciones, las cuales solo pueden ser cambiadas mediante otra ley del propio órgano legislativo.
Son, asimismo, contrarias a las decisiones de la mayoría de los miembros del Congreso norteamericano de ambos partidos, que en los últimos años han aprobado en la Cámara de Representantes y en ocasiones también en el Senado, enmiendas a proyectos de ley dirigidas a levantar las restricciones a los viajes a Cuba de ciudadanos norteamericanos y residentes en ese país.
En el año 2003, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron, por mayoría, una iniciativa para liberalizar los viajes a Cuba. Sin embargo, en una maniobra antidemocrática, el texto fue eliminado del proyecto de ley, ante la amenaza de veto del presidente Bush.
Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), preparó un formulario que deben completar los viajeros, documento que constituye otra flagrante violación de la privacidad de los ciudadanos, pues entre otros detalles, deben señalar el número del carné de identidad del familiar a visitar.
La suspensión indefinida por el gobierno de los Estados Unidos de las rondas de conversaciones migratorias bilaterales y las nuevas restricciones puestas en vigor, buscan agravar aún más los obstáculos al desarrollo del pueblo cubano, elevar el potencial migratorio y fabricar incidentes que provoquen la anulación de los Acuerdos Migratorios bilaterales y con ello, en las condiciones de endurecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, generar artificialmente una crisis migratoria que imponga una acción militar contra Cuba.
El texto de la Ley Helms-Burton establece, desde 1996, que el gobierno de Estados Unidos está obligado a actuar, en una próxima crisis migratoria, como si fuera un acto de guerra contra Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno norteamericano comunicó en el 2003 hipócritamente por canales oficiales a Cuba, que los secuestros de naves y aeronaves cubanas –alentados por varios factores de la política anticubana de ese gobierno–, constituían “una seria amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Llegaron a declarar públicamente en tono amenazante, que ese país no toleraría éxodos masivos procedentes de Cuba.
Las medidas en vigor desde julio de 2004, han suscitado el rechazo en la mayoría de los emigrados cubanos y de sus organizaciones en los Estados Unidos. Una encuesta realizada por el Canal 23 de la televisión de Miami, en fecha cercana a la entrada en vigor de las medidas, mostró que del 65 al 68% de los emigrados cubanos estaban opuestos a las medidas. Otras encuestas, entre ellas una del canal de TV Univisión, mostraban un 75% de oposición a las medidas. Todas las encuestas ubicaron la oposición en un nivel superior al 60%.
El 20 de mayo de 2004, fue creado en Miami, pese al clima de violencia e intolerancia que impera en esa ciudad, el Comité Pro Derechos de la Familia, coalición de agrupaciones opuestas al bloqueo a Cuba, que inició el 21 de junio la recolección de firmas para enviar al gobierno de Estados Unidos una señal de descontento. El 20 de junio de ese propio año, los emigrados cubanos organizaron en Miami dos caravanas de autos, con cientos de miembros de la comunidad cubana, en una manifestación de protesta.
Alcanzando
ribetes fascistas, los anexionistas y protectores de terroristas Lincoln Díaz
Balart y Ninoska Pérez Castellón –congresista republicano
él y colaboradora ella del desaparecido capo de la mafia terrorista
de origen cubano Jorge Más Canosa –, lanzaron amenazas a los
cubanos residentes en Estados Unidos que se estaban manifestando contra las
medidas anticubanas del 6 de mayo pasado, en el sentido que podrían
perder los beneficios de la residencia que se les otorgó bajo la Ley
de Ajuste Cubano.
Las draconianas medidas contra el pueblo cubano, han sido criticadas también
por importantes medios de prensa y organizaciones profesionales y empresariales
de los Estados Unidos, entre otros, por: el diario The New York Times - que
las calificó de ultrajantes -; la Asociación Nacional de Abogados
(NLG); el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos (NCC); la Alianza
de Estados Unidos en favor de los Viajes; ATRIP-USA Engage Alliance - formada
por el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) -; la Asociación
de Profesionales de la Industria de Viajes de Estados Unidos (ATRIP); la Educación
Médica en Cooperación con Cuba (MEDICC) - un programa académico
que matricula estudiantes de 115 universidades norteamericanas para cursos
en Cuba -; la Organización Americana por un Comercio Humanitario con
la Isla; The United States Council for International Business; The Emergency
Committee for American Trade (ECAT); y el foro de análisis y formulación
de alternativas de política exterior para América Latina: Diálogo
Interamericano.
Como expresión del sentir de la mayoría de la sociedad norteamericana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 22 de septiembre de 2004, por una mayoría de 225 a favor y 174 en contra, una enmienda bipartidista para suspender las restricciones de los viajes a Cuba impuestas recientemente a los emigrados cubanos y restablecer su derecho a viajar anualmente.
Los únicos defensores a ultranza de esas criminales medidas, son los antiguos miembros de los cuerpos represivos del sanguinario exdictador cubano Fulgencio Batista, los antiguos politiqueros que lucraron con el sudor y la sangre de cubanas y cubanos, y los representantes de la burguesía antinacional que se enriqueció con la estructura de dominación neocolonial del país antes de 1959. También las aplauden los terroristas y mercenarios en Miami que tanto dolor, destrucción y muerte han ocasionado a las familias cubanas.
Cuba reafirma su voluntad de continuar trabajando por una normalización plena de sus relaciones con los emigrados cubanos y reitera su compromiso y empeño en seguir promoviendo una migración legal y ordenada de sus ciudadanos y de todas las personas que visiten o residan en el país. Cuba continuará el combate frente al tráfico ilegal de personas, sancionando severamente a los responsables de estas criminales prácticas. Cuba continuará respetando rigurosamente sus Acuerdos Migratorios bilaterales, incluidos aquellos firmados con las autoridades estadounidenses.
Cuba trabajará por mejorar sus relaciones bilaterales con Estados Unidos en materia migratoria. Mientras ello no resulte posible, cumple su obligación y deber de denunciar las acciones de hostilidad y manipulación de los vínculos migratorios que viene ejecutando la administración del presidente Bush.