PRIMERA PARTE: EL RECRUDECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE HOSTILIDAD Y AGRESIONES CONTRA EL PUEBLO CUBANO APLICADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE GEORGE W. BUSH: GRAVE AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CUBANOS

Capítulo 1: La hostilidad y agresiones contra Cuba del gobierno estadounidense alcanzan dimensiones sin precedentes en el vínculo entre dos Estados que no se encuentran en estado de guerra

Capítulo 2: Un nuevo programa imperialista para la dominación de la nación cubana y la recolonización del país

Capítulo 3: Terroristas, ¿“buenos” y “malos”?

Capítulo 4: Los derechos humanos de cinco jóvenes luchadores antiterroristas cubanos, injustamente encarcelados en Estados Unidos, y los de sus familiares, son violados burdamente por espurias motivaciones políticas

Capítulo 5: Estados Unidos intensifica el reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios en sus pretensiones de socavar la libre determinación del pueblo cubano

Capítulo 6: La agresión radio-electrónica de Estados Unidos contra Cuba

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CUBA Y LOS DERECHOS HUMANOS (Parte I)

CAPÍTULO 1: LA HOSTILIDAD Y AGRESIONES CONTRA CUBA DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE ALCANZAN DIMENSIONES SIN PRECEDENTES EN EL VÍNCULO ENTRE DOS ESTADOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO DECLARADO DE GUERRA.

En la historia de los 45 años de la Revolución Cubana, las amenazas, declaraciones y acciones agresivas de sucesivos gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de aniquilar el proceso revolucionario emprendido por el pueblo cubano, han sido una constante

La enfermiza hostilidad estadounidense con respecto a Cuba, reviste un carácter sui generis, en realidad único. Jamás una política exterior en contra de un país ha sido dotada de tan amplio y sofisticado arsenal de medidas agresivas en los ámbitos político, económico, cultural, diplomático, militar, psicológico e ideológico. Ninguna política coercitiva y de hostilidad activa contra un país ha durado tanto tiempo. La aversión de los círculos imperialistas de poder en los Estados Unidos con relación a la Revolución Cubana, supera ampliamente el cuadro histórico de la Guerra Fría

Las acciones y declaraciones de la administración Bush, en sus más de cuatro años en la Casa Blanca, ratifican que el objetivo de la política de Estados Unidos hacia Cuba, sigue siendo la derrota del proceso de profundas transformaciones revolucionarias emprendido por el pueblo cubano a partir de 1959, utilizando para ello cualquier medio, sin descartar la opción militar.

El socorrido eufemismo de “promover la transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos”, esconde la motivación imperialista de los planes agresivos de Estados Unidos contra el pueblo cubano. El factor temporal de urgencia, añadido en los últimos años a los mensajes y declaraciones de altos personeros de Washington con relación a su empeño de promover la “transición” en Cuba –léase “cambio de régimen” en su propio léxico político–, incorpora una señal de alerta adicional en la evaluación de los planes anti-cubanos de la administración Bush.

El llamado “cambio de régimen”, siempre ha sido la política de Estados Unidos con relación a Cuba. La diferencia después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, es que antes estas acciones se realizaban de forma encubierta, mediante acciones de agresión en diversos frentes y no se planteaba un marco temporal. Ahora se ha estructurado con total desparpajo, a la vista de la opinión pública mundial, un plan único que integra todos los programas y acciones agresivas anti-cubanas.

Hoy se proclama sin el menor sonrojo el “derecho” del Imperio a cambiar gobiernos y sistemas políticos, utilizando pretextos que cambian de acuerdo a los intereses hegemónicos, pasando de la lucha contra el terrorismo, el combate a la proliferación de armas de extermino en masa y más recientemente la necesidad de poner fin a las “tiranías”.

El secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, ha planteado que “el presidente Bush está comprometido a ver el fin del régimen de Castro (...) y nos estamos moviendo rápida e inexorablemente hacia ese fin”.

En el año 2004, el propio presidente Bush y otras altas figuras de su administración, endurecieron aún más su retórica anticubana, trazando un tendencioso y peligroso paralelismo con los supuestos propósitos “liberadores” de sus agresiones a Afganistán e Irak. Al aprobar las recomendaciones de la llamada Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, el presidente Bush expuso:

(…) "el pueblo de Cuba debe estar libre de la tiranía. Creemos que el futuro de Cuba es un futuro de libertad. Es de interés para nuestro país que Cuba sea libre. Es de interés para la región que Cuba sea libre. Lo que es más importante, es de interés para el pueblo cubano estar libre” (…)

La hipócrita y cínica retórica sobre la “libertad”, ha sido un elemento central en las referencias a Cuba en reiteradas declaraciones del presidente Bush y de otras altas figuras del Departamento de Estado, así como de los más rabiosos personeros de la mafia anticubana y terrorista de Miami.

¿Liberar a Cuba de quién? El pueblo cubano ya se liberó en 1959 de la sangrienta dictadura del tirano pro-norteamericano Fulgencio Batista, del control neocolonial que ejercían sobre la Isla las autoridades de Washington y las corporaciones transnacionales que eran dueñas de las principales riquezas y del patrimonio cubano y hasta de la propia presencia e influencia de las mafias norteamericanas. La Revolución Cubana liberó, preservó y fortaleció la nación cubana. El pueblo cubano rompió el yugo del racismo institucional, de la discriminación de la mujer, del nepotismo y la corrupción política, de los asesinatos y las desapariciones políticas, del analfabetismo, del desempleo crónico, de la insalubridad, del hambre y la miseria. De lo único que necesita Cuba liberarse ahora es del bloqueo norteamericano y de su política hostil de agresiones, de las pretensiones y planes de sucesivas administraciones estadounidenses de reimponerle su dominación, del subdesarrollo heredado del colonialismo y el neocolonialismo, y de un injusto orden económico internacional que limita sus oportunidades de desarrollo.

La posibilidad de una agresión militar de los Estados Unidos contra Cuba es hoy tan real como en el período que precedió la invasión mercenaria de Playa Girón (Bahía de Cochinos), en 1961. Para sustentar esa hipótesis, bastaría con evaluar el incremento y recrudecimiento hasta niveles sin precedentes, de las acciones agresivas de la administración Bush contra Cuba en los más variados ámbitos, en particular, las declaraciones amenazantes que se realizan tanto en Washington, como en Miami, todo ello en una coyuntura marcada por una agresividad a escala global de los sectores que detentan el poder en los Estados Unidos.

El carácter imperialista de las concepciones y proyecciones plasmadas en la nueva estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, presentada oficialmente el 17 de septiembre del 2002, no deja margen a la duda. Sus elementos esenciales son:

1. El ataque preventivo, por el cual se atribuyen el derecho de intervenir unilateralmente, de forma rápida y decisiva, en cualquier país que consideren como amenaza potencial a su seguridad.

2. El cambio de régimen como práctica para derrocar gobiernos que no son de su agrado, e imponer en nombre de la “democracia” y de los “derechos humanos”, a regímenes que garanticen los intereses de la potencia ocupante.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense señala sin ambages, que ese país “al tiempo que se esforzará constantemente por buscar el apoyo de la comunidad internacional, no vacilará en actuar solo, si ello resultara necesario para ejercer su derecho a la autodefensa, mediante la actuación preventiva.”

Es decir, Estados Unidos recurrirá a las Naciones Unidas y a otros foros del sistema internacional, sólo cuando estos sean útiles para respaldar sus proyectos de dominación hegemónica a escala planetaria, en franco desprecio al multilateralismo.

El concepto de “ataques preventivos” no es nuevo, pero por primera vez se eleva peligrosamente al rango de principio doctrinario en la Estrategia de Seguridad Nacional de la única superpotencia.

En su discurso ante los cadetes de la academia militar de West Point, el 1ro de junio del 2002, el presidente Bush proclamó públicamente su determinación de subordinar a todos los países del mundo a la voluntad de su gobierno, señalando que “cualquier nación, en cualquier lugar, tiene ahora que tomar una decisión: o está con nosotros o está con el terrorismo.”

Con la aprobación de un presupuesto multimillonario de más de 400 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa y la nominación de varios halcones de la derecha neoconservadora para los cargos más importantes en las secretarías de Estado, Defensa y Justicia, incluyendo un experto en operaciones clandestinas como nuevo jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la administración Bush parece haber iniciado una nueva escalada en su política de guerra preventiva y en la consolidación de su hegemonía global mediante la fuerzas y la amenaza de su uso.

La decisión inquebrantable del pueblo cubano de ejercer en toda su plenitud su derecho a la libre determinación, constituye un claro escollo a los planes imperiales de dominación política, económica y militar de los círculos de poder estadounidenses, no tanto por la capacidad económica o militar de Cuba, sino por el desafío político que representa esa actitud de un pequeño país en el tradicional “traspatio” de los Estados Unidos y por la alternativa esperanzadora que representa para millones de personas en el mundo su proyecto de justicia social y equidad. Es por ello que numerosos documentos norteamericanos producidos en fecha reciente en materia de seguridad nacional han incluido nuevamente la referencia a Cuba como una supuesta “amenaza”.
La tesis de la supuesta “amenaza” de Cuba a la seguridad de los Estados Unidos, ha sido fabricada a partir de los falsos pretextos que esgrimen repetidamente en sus intervenciones algunos altos funcionarios de la actual administración de los EE.UU., entre ellos: supuestos vínculos de Cuba con el terrorismo y el narcotráfico internacional; la supuesta existencia de programas cubanos para el desarrollo de armas biológicas de exterminio en masa; y la eventualidad de un éxodo migratorio masivo hacia el Estado de La Florida. Cada una de estas falsas alegaciones, han sido refutadas y desarticuladas públicamente por el Gobierno Cubano, con pruebas que Estados Unidos no ha podido desmentir.

La inconsistencia de las acusaciones norteamericanas en el sentido que Cuba representa una amenaza a su seguridad nacional resulta evidente. Durante una conversación con periodistas en el avión que lo conducía a Brasil, a principios de octubre de 2004, el secretario de Estado, Colin Powell, expresó:

(…)"no veo todas las cosas a través del lente de Fidel Castro. Es un problema para el pueblo cubano. No lo veo como un problema para el resto del hemisferio” (…).

El señor Powell agregó en esa ocasión que el presidente cubano “sí, era una amenaza hace 15 años".

Pocos días después, como respuesta a las airadas reacciones de la mafia anticubana de Miami, Powell fue forzado a contradecirse y expresó que el presidente Fidel Castro "nunca ha dejado de ser un problema para América Latina y que la región estará mejor cuando se haya ido". Indicó que lo que quiso decir anteriormente es que "Cuba no representa la misma amenaza regional que cuando Castro tenía el apoyo militar y político de la Unión Soviética".
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Como señalara acertadamente el afamado director de cine norteamericano, Oliver Stone, en una conferencia de prensa en el Festival de San Sebastián, España, en septiembre de 2004: “la derecha es igual en todas partes (...) Es como un pulpo cuyos tentáculos lo alcanzan todo. Controla Internet, las emisoras de radio y de televisión, los periódicos. Y sobre todo, está perfectamente organizada. Domina el arte de la publicidad negativa y de destruir la imagen de quienes considera sus enemigos. En cuanto ven algo que no les gusta, te desprestigian con una campaña de correos electrónicos, comentarios y artículos. En Estados Unidos, se practica la censura (…) Mi película sobre Castro, “Comandante”, les pareció odiosa [a los anticastristas], y la mataron casi antes de que naciera. Sencillamente les dio miedo (...).

A continuación, en un orden cronológico, se presentan sólo algunos ejemplos que demuestran la espiral agresiva contra Cuba de la administración Bush en los dos últimos años:

Año 2003

En el 2003 se profundizó la política de hostilidad de los Estados Unidos contra Cuba en todas las esferas. Fueron escaladas significativamente las acciones anti-cubanas, favoreciendo un curso de acción más agresivo y provocador. Entre ellas cabe destacar:

- Incremento de las violaciones a los Acuerdos Migratorios y del aliento, tolerancia e impunidad de la migración ilegal

Entre el 19 de marzo y el día 10 de abril del 2003, mientras Estados Unidos llevaba supuestamente a cabo una guerra contra el terrorismo, fueron secuestrados y desviados hacia los Estados Unidos dos aviones de pasajeros, con el mismo modus operandi utilizado para el secuestro de los aviones estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Los dos aviones fueron confiscados arbitrariamente por las autoridades norteamericanas, que se negaron a extraditar a los criminales responsables.

En el mismo período apuntado, se fraguaron en Cuba, según comprobaron las autoridades cubanas, 29 planes de secuestros violentos a embarcaciones y aeronaves. Los autores eran lumpens y otras personas con un amplio historial de actividades delictivas, a muchos de los cuales las autoridades estadounidenses les habían negado anteriormente la visa para visitar a sus familiares en ese país, o para emigrar definitivamente por los canales legales.
Cuba, por el contrario, siguió cumpliendo sus obligaciones en el combate al terrorismo y al secuestro de aeronaves. Entre 1968 y 1984, un total de 71 aviones fueron secuestrados en Estados Unidos y desviados hacia Cuba. Un total de 69 responsables de esas acciones fueron sancionados y cumplieron severas condenas en Cuba; la inmensa mayoría de ellos abandonó el país después de cumplir su sanción. Cuba puso fin al secuestro de aviones norteamericanos hacia la Isla, al entregar a la justicia de ese país a dos secuestradores de una aeronave, el 18 de septiembre de 1980 (Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba de fecha 2 de mayo de 2003).

- La imposición de nuevas medidas de hostigamiento contra el trabajo de la Sección de Intereses de Cuba en Washington (SICW) y la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas.

En solo 13 meses (desde diciembre del 2002 hasta enero del 2004), Estados Unidos expulsó arbitrariamente a 19 diplomáticos cubanos de Washington y Nueva York, entre los que se incluían a varios miembros del personal consular en Washington. Las autoridades de Washington alegaron falsamente que ellos habían desarrollado actividades fuera de su capacidad oficial, consideradas lesivas a los Estados Unidos. En el colmo del despropósito, en un caso se llegó a alegar supuestas "actividades relacionadas con el narcotráfico".

Hasta el presente y, frente al desmentido y emplazamiento de Cuba, no han podido presentar una sola prueba de estas acusaciones infundadas (Ver Declaración del compañero Rafael Dausá, entonces Director de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, de fecha 7 de enero de 2004).

- Incremento notable de las provocaciones y actividades subversivas de la SINA en La Habana.

El actual Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba (SINA), James Cason, incluso antes de su arribo al país, inició provocaciones abiertas y todo tipo de acciones injerencistas dirigidas a potenciar, organizar, financiar y estimular la actividad subversiva de organizaciones mercenarias al servicio de los intereses de dominación de la superpotencia. Los funcionarios de esa Oficina diplomática, entre los que se incluyen numerosos oficiales de los servicios especiales estadounidenses, incrementaron de manera exponencial el uso de los viajes de monitoreo a la situación de emigrantes ilegales devueltos a Cuba, para llevar a cabo operaciones subversivas en todo el territorio nacional. Las instalaciones de la SINA y la propia residencia de su Jefe, se convirtieron en centros de entrenamiento, orientación y conspiración subversiva.

- Aumento sustancial de los recursos financieros para fomentar la subversión en Cuba.

Estados Unidos incrementó sustancialmente los fondos públicos y secretos destinados al financiamiento de sus organizaciones mercenarias en Cuba.

Se reforzó la ejecución e incrementaron los fondos asignados a esos fines a través de la USAID. Desde 1997 y hasta el cierre del año fiscal 2003, esa agencia federal destinó más de 27 millones de dólares a la aplicación de la Sección 109 de la “Ley Helms Burton”. Envió igualmente a Cuba, más de un millón de materiales impresos alentando la destrucción del orden constitucional del país, así como más de 7 mil radiorreceptores con capacidad de sintonizar las señales de radio subversivas. Los congresistas anti-cubanos hicieron aprobar en el Congreso ese año 2003, la cifra de 15 millones de dólares anuales para el financiamiento a la contrarrevolución cubana. Ello representaría 10 millones de dólares estadounidenses adicionales cada año, en comparación con el presupuesto aprobado para esos fines en el año 2002.

- Se recrudecieron las restricciones de viajes de norteamericanos a Cuba.

Más de 1,226 norteamericanos recibieron cartas de advertencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), el doble que todas las enviadas durante los últimos cuatro años de la Administración Clinton. Estas notificaciones de la OFAC constituyen la fase inicial de procesos legales contra ciudadanos norteamericanos por violaciones de las regulaciones del Departamento del Tesoro en materia de viajes a Cuba, que pueden concluir en multas de miles de dólares e incluso en la privación de libertad. Siguiendo instrucciones de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Interna ha puesto sus recursos de inteligencia en función de detectar a aquellos que viajan ilegalmente a Cuba.

- Se prohibieron los llamados intercambios “pueblo a pueblo”.

El 24 de marzo de 2003, el gobierno de los Estados Unidos eliminó la licencia para los intercambios educacionales pueblo a pueblo, restringiendo de esta forma las escasas licencias que se venían otorgando para viajes de intercambios académicos y culturales entre ambos países. Por otra parte, creció el número de negativas de visas a artistas, intelectuales, académicos y científicos cubanos invitados a participar en eventos en los Estados Unidos.

- Se incrementaron las transmisiones radiales y televisivas de naturaleza subversiva.

El 20 de mayo del 2003, la radio establecida por el gobierno estadounidense con el objetivo de promover y orientar la subversión en Cuba, salió al aire utilizando cuatro nuevas frecuencias, provocando interferencias y afectaciones a las transmisiones radiales cubanas. El mismo día, un avión C-130 de la Fuerza Aérea norteamericana, realizó una trasmisión aérea de prueba de las señales de la televisión oficial anticubana, desde las 18.00 a las 20.00 horas, utilizando canales y sistemas asignados legalmente a estaciones cubanas de televisión, inscritos debidamente en la UIT.

A partir de septiembre de 2003, comenzaron las transmisiones radiales y televisivas anti-cubanas con el uso de satélites. Como parte del recrudecimiento de la agresión radio-electrónica, desde Estados Unidos se transmitieron como promedio en el año 2003, 2 220 horas semanales de señales televisivas y radiales de contenido anticubano. Desde estaciones gubernamentales y privadas, se transmitieron falsas noticias y mensajes dirigidos a promover la desestabilización de la Isla, la destrucción de su sistema político, la emigración ilegal y una situación de ingobernabilidad que sirviera de pretexto a aquellos que buscan forzar una salida militar frente a la Revolución Cubana.

- Se incluyó a Cuba en cuanto informe elaboró el Departamento de Estado para singularizar condenatoriamente a gobiernos por “mala conducta”.

El 30 de abril de 2003, el gobierno de los Estados Unidos presentó el informe anual "Patrones del Terrorismo Mundial", incluyendo nuevamente a Cuba dentro de la lista de Estados que, supuestamente, auspician el terrorismo a nivel internacional. En esos momentos la lista incluía siete países: Irak, Irán, Siria, Sudán, Libia, la República Popular Democrática de Corea y Cuba. La composición de la misma coincidió “casualmente”, con países que plantean un importante escollo a los planes de dominación hegemónica de los Estados Unidos.

- Se mantuvo y recrudeció el hostigamiento y la tortura psicológica contra los Cinco luchadores antiterroristas cubanos, condenados injustamente en los Estados Unidos y sus familiares.

El gobierno norteamericano aplicó arbitrarias medidas de castigo contra cinco jóvenes cubanos injustamente sancionados en ese país, por buscar información que permitiera proteger al pueblo cubano de las acciones terroristas que llevan a cabo organizaciones con sede en la Florida. Agencias federales continuaron saboteando el proceso de apelación, incrementaron los obstáculos a las visitas consulares y a los contactos con sus familiares, demoraron injustificadamente el otorgamiento de visados a los familiares de estos 5 luchadores antiterroristas y negaron la entrada a los Estados Unidos para visitar a sus cónyuges a las esposas de Gerardo Hernández y René González, así como a la pequeña hija de René.

- Arreciaron las campañas para lograr condenas a Cuba en organismos multilaterales e internacionalizar la política de hostilidad anticubana.

Las autoridades estadounidenses se emplearon a fondo, utilizando todo tipo de presiones y condicionamientos, con el objetivo de lograr una clara condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en la Organización de Estados Americanos; en ambos casos fracasaron.

Valiéndose de los servicios de su fiel e incondicional servidor en la Unión Europea, el señor Aznar, entonces presidente español, Estados Unidos logró imponer a los países de la Unión una total subordinación en el diseño y ejecución de su política hacia Cuba, haciéndola cómplice de su política imperialista y de hostilidad contra el pueblo cubano.

- Incremento significativo de la campaña de propaganda anticubana en los Estados Unidos.

Se realizaron numerosas declaraciones con un peligroso tono agresivo de los voceros de la administración Bush, acudiendo a pretextos tales como la justa sanción a los mercenarios de su política anticubana.

- Se prohibió la celebración de una nueva feria de presentación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos en el mercado cubano.

Tras las dos exitosas Ferias de Alimentos y Productos Agrícolas de compañías privadas de los Estados Unidos, efectuadas en La Habana en los años 2002 y 2003, el gobierno norteamericano anunció la prohibición de una nueva exposición de esa naturaleza en el 2004.

- Se creó la llamada “Comisión presidencial para la Asistencia a una Cuba Libre”, presidida por los entonces secretario de Estado, Colin Powell y de Vivienda, el anticubano Melquíades Martínez.

El 10 de octubre de 2003, el presidente Bush anunció en un discurso repleto de amenazas contra Cuba, la creación de una llamada "Comisión presidencial para la Asistencia a una Cuba Libre”. Al frente de la misma colocó a los entonces secretarios de Estado, Collin Powell y de Vivienda, Melquíades Martínez, fiel exponente de la mafia terrorista de Miami en la administración Bush. Se le asignó a la Comisión la tarea de asesorar y presentar propuestas concretas al presidente norteamericano para hacer realidad su voluntad de recrudecer el bloqueo, incrementar la hostilidad anticubana y derrotar a la Revolución (Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba de fecha 13 de octubre de 2003).

- Se ha intensificado una activa oposición ejecutiva frente a cualquier intento en el Congreso de modificar la política hacia Cuba.

Altas figuras de la administración Bush vinculadas al diseño y ejecución de la política anticubana, anunciaron repetidamente la intención del Ejecutivo de vetar cualquier proyecto de ley destinado a flexibilizar, aunque fuera parcialmente, las medidas de bloqueo contra Cuba.

Ante esa permanente amenaza y para evitar que en un año electoral el presidente se viera forzado a ejercer el veto frente a un proyecto de ley que contaba con apoyo bipartidista, el 12 de noviembre de 2003, el Comité de Conferencia bicameral del Congreso de los Estados Unidos que examinaba el proyecto de Ley sobre Asignaciones Presupuestarias para los Departamentos del Tesoro y Transporte, decidió eliminar antidemocráticamente y violando las normas y regulaciones del Congreso, la enmienda a ese proyecto de ley que abogaba por una flexibilización en las restricciones a los viajes de los ciudadanos norteamericanos a Cuba. Esto se produjo, a pesar de que tanto en la Cámara como en el Senado esta enmienda había sido aprobada por una sustantiva mayoría (Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba de fecha 13 de noviembre de 2003).

- Se incrementaron la frecuencia y el carácter agresivo de las amenazas contra Cuba en las declaraciones de representantes del Gobierno estadounidense. Entre ellas podrían mencionarse:

.. El 10 de abril del 2003, el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Hans Hertel, amigo cercano del presidente Bush, declaró: “lo que está pasando en Irak va a mandar una señal muy positiva y es muy buen ejemplo para Cuba”, agregando que la guerra contra Irak era el inicio de una cruzada liberadora para “democratizar” a todos los países del mundo.

.. Al día siguiente, el gobernador de la Florida, Jeb Bush, hermano del presidente norteamericano, afirmó que “tras el éxito de la guerra en Irak, Estados Unidos debe volver la mirada al vecindario y usar su poder para presionar a la comunidad internacional, en el sentido de que el régimen cubano no pueda continuar”

.. El 13 de abril, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ante una pregunta de si se consideraría en algún momento la agresión a Cuba, declaró: “esperamos que ellos tengan libertad y que tengan la oportunidad de decir lo que quieran y practicar la libertad de religión y de expresión y la libertad de reunión”. No descartó una agresión militar contra Cuba.

.. En abril, representantes del gobierno estadounidense, realizaron en tono amenazador hipócritas declaraciones en el sentido de que su país no toleraría éxodos masivos de balseros procedentes de Cuba.

.. El 25 de abril, el Jefe de la Oficina Cuba del Departamento de Estado, le transmitió al Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, que la Oficina de Seguridad Doméstica, adscrita al Consejo de Seguridad Nacional, consideraba que los continuados secuestros desde Cuba, constituían “una seria amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, como si no fueran acaso los personeros de Washington los que han estimulado y tolerado las actividades criminales de traficantes y terroristas secuestradores.
.. El 4 de mayo, el secretario de Estado, Colin Powell, ante una pregunta sobre la posibilidad de “liberar” a Cuba, respondió: “no pensamos que sea apropiado en este momento considerarlo, si usted está hablando de la fuerza militar para ese propósito particular”. Obsérvese que la frase utilizada por Powell deja abierta la posibilidad de una agresión militar en un futuro sin especificar.

.. La congresista de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen (Republicana-Florida), en carta de fecha 27 de mayo, comunicó al presidente Bush: “Señor Presidente, bajo su liderazgo, los Estados Unidos han presenciado la liberación de los pueblos de Afganistán e Irak (...) Yo le quiero ofrecer propuestas y recomendaciones que permitirán a su Administración idear un curso de acción que ayude a precipitar un cambio de régimen a sólo 90 millas de las costas norteamericanas”, aludiendo claramente a Cuba.

.. John Bolton, entonces subsecretario de Estado para el Control de Armamentos y la Seguridad Internacional, en testimonio ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el 4 de junio del 2003, expresó: “aunque Cuba ha ratificado la Convención de Armas Biológicas, pensamos que tiene al menos un esfuerzo limitado, ofensivo y de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva. Cuba ha suministrado biotecnología de uso dual a estados “villanos”, que podría apoyar sus programas de armas biológicas. Mas aún, la industria biotecnológica cubana es una máxima prioridad nacional y se caracteriza por su uso dual, equipamiento sofisticado, modernas instalaciones, financiamiento generoso y personal altamente entrenado”.

.. El subsecretario asistente de Estado, Dan Fisk, declaró el 18 de junio que: “Estados Unidos ha adoptado varias acciones desde la última ola de arrestos y condenas (refiriéndose a los mercenarios sancionados por sus servicios a la política estadounidense de hostilidad contra el pueblo cubano), pero no ofrecerá información a la ciudadanía, se analizan acciones para tomar en el futuro, algunas de las cuales se van a ver y otras no”, dejando entrever que una parte significativa de las acciones serían llevadas a cabo de modo encubierto.

.. El 2 de octubre de 2003, Roger Noriega, secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, anunció un nuevo plan de acciones subversivas contra la Isla y reiteró las cínicas acusaciones de que Cuba está desarrollando un programa limitado de armas biológicas (Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba de fecha 5 de octubre de 2003).

.. El 10 de octubre de 2003, el presidente Bush afirmó: “el régimen cubano no va a cambiar por su propia iniciativa, pero Cuba tiene que cambiar”. En esa oportunidad el presidente norteamericano profirió una nueva infamia anticubana al señalar que el gobierno cubano fomenta el comercio sexual ilícito.

.. El señor Otto Reich, entonces enviado especial de la Casa Blanca para América Latina, dijo el 19 de diciembre, según informaciones cablegráficas, que “a Estados Unidos le preocupa sobremanera los continuos informes de la presencia de agentes de Cuba en Venezuela", en una burda manipulación de la presencia solidaria de más de 10 mil médicos cubanos y de maestros en Venezuela, en apoyo a los programas sociales de la Revolución Bolivariana.

Año 2004

- La adopción y acelerada aplicación del Informe de la llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”.

Las declaraciones y acciones agresivas contra Cuba de la administración Bush se incrementaron y alcanzaron en el 2004 niveles sin precedentes. Una de las más graves acciones emprendidas, fue la aprobación el 6 de mayo de 2004 y la aplicación acelerada de las medidas anti-cubanas contenidas en el Informe de la llamada Comisión de Asistencia de Cuba Libre.

Refiriéndose a dicho informe, el subsecretario de Estado adjunto, Dan Fisk, expresó que era “la primera estrategia general del gobierno de Estados Unidos para ayudar al pueblo cubano a acelerar la llegada del día de la libertad de Cuba (...) y para preparar a Estados Unidos a dar su apoyo a la transición democrática en Cuba (…) estos son medios para llegar a un fin: el final de la dictadura de Castro. (…)
Expertos norteamericanos en política exterior, que ocuparon altos cargos en anteriores gobiernos y en organismos internacionales, encabezados por Peter Hakim, presidente de “Diálogo Interamericano”, reconocieron que la política de Estados Unidos hacia Cuba contenida en el Informe pretende generar violencia y desestabilización social en la Isla, según denunciaron en carta enviada al secretario de Estado, Colin Powell, difundida el 9 de septiembre, en un reporte de los corresponsales del diario mexicano “La Jornada” en Washington y Nueva York.

El Informe contempla, tanto medidas y acciones para el derrocamiento del Gobierno Cubano, como un proyecto para la organización política, jurídica, económica y social futura de la sociedad cubana, según la visión de Washington y bajo su ocupación militar.

Aunque dicho plan respondió también a intereses electorales de Bush en la Florida, su sentido principal es instrumentar la pretensión estratégica de sucesivos gobiernos de Estados Unidos por más de 200 años: dominar la Isla de Cuba y asimilar a su población a la sociedad estadounidense.

El plan norteamericano es cruel, cínico, demagógico, injerencista, y violatorio de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional, de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y de los derechos humanos, tanto de los cubanos que viven en Cuba y en el territorio norteamericano, como de los propios ciudadanos estadounidenses.

Resulta obvio que para aplicar todas las medidas contenidas en el Informe para la Asistencia a una Cuba Libre, se requeriría la intervención militar estadounidense contra el pueblo cubano y proceder a la instauración de un gobierno de ocupación que ejecute los minuciosos planes trazados y desmonte el sistema constitucional refrendado de modo libre y soberano por los cubanos.

La persecución de los activos financieros de Cuba en el exterior

En una agresión sin precedentes en la historia de las relaciones financieras internacionales, el gobierno de Estados Unidos dictó en el año 2004, nuevas medidas encaminadas a entorpecer y tratar de detener las operaciones financieras internacionales de la República de Cuba (Ver Mensaje del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, leído en la Mesa Redonda Informativa sobre las nuevas agresiones económicas del gobierno norteamericano y la respuesta cubana, en el diario Granma, de fecha 26 de octubre de 2004).

La primera evidencia de que estaba en marcha una nueva agresión económica a gran escala, fue la multa de 100 millones de dólares estadounidenses aplicada por la Reserva Federal norteamericana al mayor banco suizo, el UBS, aduciendo la supuesta violación de las sanciones estadounidenses contra Libia, Irán, Yugoslavia y Cuba. El banco suizo fue acusado de aceptar billetes de dólares norteamericanos o enviarlos a países que estuvieran bajo régimen de sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Los congresistas de la mafia anticubana y la prensa de Miami, conjuntamente con el propio gobierno de los Estados Unidos, lanzaron a partir de mayo de 2004 una campaña sistemática de especulaciones y calumnias sobre el origen y destino de los fondos cubanos en dólares, así como de presiones y amenazas para atemorizar a todos los bancos que pudieran tener relaciones financieras con Cuba, a fin de impedir que recibieran billetes de la moneda norteamericana en las operaciones financieras con la Isla. Se le pretendía privar a Cuba del derecho de utilizar la divisa estadounidense que adquiría a partir de actividades totalmente legítimas, como el turismo.

En el contexto de la nueva histeria anticubana, se hicieron reiterados llamados para que el gobierno, diferentes comités congresionales y el sistema judicial estadounidense investigaran los flujos financieros de Cuba y encontraran y sancionaran a los responsables de supuestas actividades de “lavado de dinero”.

El subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel W. Fisk, en un discurso el 9 de octubre de 2004 ante la Asociación de Veteranos Cubano americanos, definió públicamente que “otro pilar en nuestra estrategia es identificar el flujo de ingresos, ignorado durante tanto tiempo, para el régimen de Castro, y luego obrar para que disminuya. Por ejemplo, el turismo, que ha sustituido a las exportaciones de azúcar como principal fuente de divisas”.
Entre las nuevas medidas que había adoptado el gobierno estadounidense con esos fines, Fisk refirió:"hemos establecido un Grupo de Persecución de Activos Cubanos, integrado por funcionarios responsables del cumplimiento de las leyes de varias agencias, para investigar nuevas vías para los movimientos de divisas hacia y desde Cuba y detenerlos."

El 10 de mayo de 2004, en “El Nuevo Herald” de Miami, apareció un artículo cargado de infamias y groseras falsedades, bajo el título "Cuba lavó $3,900 millones en banco suizo", en el cual, además de mentirse y tergiversarse todo lo relativo a las operaciones comerciales normales que Cuba realiza con el exterior, incitaba a las autoridades norteamericanas para que tomaran nuevas acciones contra Cuba en las esferas bancaria y financiera. Entre otras cuestiones, el artículo alentaba a los congresistas de la mafia terrorista y anticubana de Miami a “convocar audiencias en los comités correspondientes de la Cámara de Representantes para que se aclare este colosal escándalo."

El 9 de junio de 2004, un artículo de “El Nuevo Herald” sugería que los fondos depositados en el banco suizo mencionado, habían sido acreditados a "personas o entidades desconocidas en bancos no revelados", cuando en todos los casos tales fondos fueron utilizados para transacciones con empresas internacionalmente reconocidas. De modo histérico, ese diario exigía que se conociera la lista de empresas que habían realizado operaciones comerciales o financieras con Cuba. La siguiente frase en el artículo citado, ejemplifica la gravedad del plan anticubano que se venía urdiendo: "esos son los nombres que se deben saber. Los congresistas de la Florida Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, deben presionar para que se sepa a dónde fue a parar ese dinero y de dónde venía."

El 10 de junio de 2004, “El Nuevo Herald” informaba otra vez que la mafia de Miami, a través de sus más connotados voceros, los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, estaba solicitando al gobierno federal de los Estados Unidos una investigación, sobre el origen y el destino de los mencionados fondos. Decía el diario en el artículo mencionado: "Estados Unidos debe investigar el origen y el destino de unos $3,900 millones de dólares que el Gobierno de Cuba ‘lavó' a través de un programa internacional de la Reserva Federal, declararon ayer los congresistas de la Florida Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, en cartas enviadas a la Reserva Federal y a la Comisión de Finanzas de la Cámara."

En un comunicado de prensa del día 22 de junio de 2004, Ileana Ros-Lehtinen declaró: "Espero el resultado de las investigaciones (...) si el UBS (Unión de Bancos Suizos) es hallado culpable de violar las restricciones de Estados Unidos sobre las transacciones que implican a regímenes terroristas tales como el de Cuba, es de vital importancia que los responsables sean multados de manera apropiada."

Continuando con su campaña, el día 30 de junio Ileana Ros escribió una carta al presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, demandando una investigación sobre el tema.

El día 3 de junio de 2004, el diario “El Nuevo Herald” de Miami arremetió con desprecio contra el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL al expresar: "Todo este tinglado es el que encubren el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y la CEPAL con las cifras infladas de remesas que le atribuyen a la comunidad cubano americana. Hay que aclararlo. Además, el escándalo del lavado de dinero refleja que Cuba es refugio confidencial para dinero de terroristas y malversadores. Hay que revelarlo."

Con el burdo sensacionalismo característico de la mafia anticubana de Miami, bajo el título: "Buscan en Estados Unidos vínculos con fondos de Cuba", el 23 de julio “El Nuevo Herald” publicó un artículo que entre otras cosas informaba:

(…)"Estados Unidos ha comenzado una investigación judicial para determinar posibles vínculos de ‘entidades y personas norteamericanas' con los $3,900 millones que Cuba filtró en el sistema bancario internacional, utilizando un programa de la Reserva Federal (…).

Aparentemente, eran tantas y tan groseras las mentiras que diariamente se publicaban en Miami sobre este asunto, que el banco suizo UBS se sintió en la obligación de desmentir públicamente en Zürich, el 25 de julio de 2004, cualquier acusación de blanqueo de dinero. Su portavoz aclaró que “no tenía conocimiento de nuevas investigaciones sobre el banco” y que “la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la Comisión Federal Suiza de Bancos (CFB) ya examinaron este caso."
Tales declaraciones no impidieron que los mafiosos de Miami y sus órganos de prensa continuaran con su pérfida campaña. El 16 de septiembre de 2004 Ileana Ros-Lehtinen realizó nuevas declaraciones a “El Nuevo Herald” expresando que "esto pica y se extiende” y amenazó a otros bancos al señalar: "se está mirando a otros bancos".

Como denunció oportunamente el Gobierno Cubano, la administración Bush se preparaba a bloquear los ingresos de Cuba por turismo y otros servicios y a reducir a cero la posibilidad de que los cubanos residentes en Estados Unidos pudieran enviar remesas a sus familiares en Cuba. Se impediría a Cuba depositar en bancos extranjeros los dólares que obtiene de modo lícito y con total transparencia. Cuba no podría usar esos dólares para adquirir medicinas y alimentos, ni para importar los suministros necesarios para las propias tiendas, donde adquieren los productos aquellos que reciben las remesas de familiares residentes en Estados Unidos. (Ver nota informativa del Gobierno Revolucionario en el diario Granma, de fecha 8 de junio de 2004).

No podría concebirse una fórmula más cínica y perversa: Estados Unidos, con su criminal bloqueo, obliga a que los envíos de remesas y los pagos de visitantes extranjeros en Cuba tengan que hacerse en efectivo. Ahora buscaba impedir, mediante groseras presiones, que Cuba pudiera utilizar ese efectivo para pagar por sus importaciones.

La situación generada exigió adoptar medidas urgentes que protegieran los intereses del país, ante los graves daños que le causaría la nueva maniobra anticubana. Con ese fin, el 23 de octubre de 2004, el Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberón Valdés, dictó la Resolución No. 80/2004

En una compleja, pero exitosa operación, que no tuvo por objetivo recaudar divisas, sino dar respuesta a una peligrosa agresión económica que se venía gestando, el Gobierno Cubano retiró de la circulación en todo el territorio nacional al dólar estadounidense, a partir del 8 de noviembre de 2004.

También se impuso, a partir de esa fecha, un gravamen del 10 % al canje de dólares en efectivo por pesos cubanos convertibles, como compensación a los riesgos y costos que origina la manipulación de dólares de Estados Unidos a la economía cubana, como consecuencia de los mencionados planes del gobierno de Estados Unidos.

Las medidas de respuesta adoptadas por Cuba no impusieron la penalización de la tenencia de dólares u otra moneda libremente convertible, ni un cambio en la tasa de convertibilidad entre el dólar y el peso cubano convertible, que sigue siendo de uno a uno. Todas las personas en Cuba que disponían de dólares, dispusieron de 2 semanas, a partir del 28 de octubre, que fueron luego prorrogadas a tres, para ejercer su derecho de cambiarlos por pesos cubano convertibles a la tasa de uno por uno, sin gravamen alguno.

La resolución también estableció que a las transacciones que se hagan en el futuro con tarjetas de crédito o débito no se les aplica gravamen alguno, con independencia de la moneda en que sean realizadas, pues no está involucrado el movimiento de efectivo.

Esta compleja agresión planteó una seria amenaza no solo al ejercicio de la actividad financiera internacional de Cuba, sino también a la realización del derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano, en particular a los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y al empleo de cada cubano, a quienes se pretendió privar de los recursos financieros y los insumos necesarios para asegurar su disfrute.

En otras palabras, la administración Bush pretendía paralizar las finanzas internacionales de Cuba, con el fin de provocar el colapso económico y una situación social extremadamente crítica, dadas las condiciones de una pequeña economía subdesarrollada, abierta y dependiente de los ingresos del turismo y el comercio exterior.

Acusar a Cuba de lavar dinero es una mentira que no debería ser asumida por las autoridades de un país en cuyos bancos se realiza más del 50% de ese tipo de operaciones ilegales en el planeta. Que Estados Unidos, principal mercado y consumidor de drogas del mundo, acuse a Cuba de lavar dinero procedente del narcotráfico, es una infamia que no resiste el menor análisis. Que el gobierno del país campeón mundial de la corrupción corporativa y del terrorismo de Estado, y que mafiosos legisladores de origen cubano, ellos mismos corruptos y terroristas, insinúen que Cuba lavaba dinero vinculado con la corrupción y el terrorismo, resultaría una broma de mal gusto, si no se tomaran en cuenta los graves peligros que fueron planteados a la economía y el bienestar de los cubanos.

Una vez más, el Imperio fracasó estrepitosamente en su intento de asfixiar económicamente a Cuba y se estrelló contra la sabiduría, la previsión, la creatividad y la estrecha unidad entre la dirección de la Revolución y el pueblo cubano. De nuevo, quedó fuera de toda duda para cualquier observador imparcial y objetivo, la confianza, la comprensión y el apoyo incondicional del pueblo cubano a su Revolución y a su máximo liderazgo.

- Aumento sustancial de los recursos materiales y financieros para el fomento de la actividad mercenaria contra el pueblo cubano.

Al respecto, resultan elocuentes las declaraciones del subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dan Fisk, el 9 de octubre de 2004. Fisk expresó que “habían proporcionado fondos adicionales por 14,4 millones de dólares -- de los 29 millones que han sido propuestos como ayuda adicional -- para apoyar el desarrollo de la sociedad civil en Cuba y facultar al pueblo cubano para realizar esfuerzos que obren un cambio positivo”. Añadió que ya se habían transferido “seis millones de dólares a la USAID, para ampliar notablemente su labor con los grupos de la sociedad civil.”

Fisk destacó en particular la labor conspirativa de la Sección de Intereses estadounidenses en La Habana, sobre la que expresó que continuaba “suministrando más apoyo a la oposición que ninguna otra misión o entidad en Cuba.”

¿Quién puede creer que el gobierno de Estados Unidos apoye verdaderamente a simples “luchadores por la libertad y defensores de los derechos humanos? ¿A quién pretenden engañar? Disk en realidad se refirió de principio a fin en su intervención, a los mercenarios de su política anticubana, reclutados e instruidos por los servicios especiales norteamericanos y financiados con fondos federales asignados por las autoridades de Washington.

Estados Unidos nunca apoyó políticamente, mucho menos financieramente, a los verdaderos defensores de derechos humanos en América Latina que, a riesgo de sus propias vidas, se opusieron a las sangrientas dictaduras militares impuestas por Washington. Estados Unidos no protegió jamás a los defensores de derechos humanos en la región, por el contrario, realizó transferencias de tecnologías para elevar la efectividad en el desempeño de los perpetradores de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

- Desestímulo e incremento del acoso contra los escasos viajes de norteamericanos a Cuba.

Además de todas las restricciones a los viajes a Cuba puestas en vigor durante los últimos años y de las nuevas limitaciones aplicadas en virtud del Informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”, las autoridades norteamericanas han incrementado la aplicación de medidas punitivas, como la imposición de cuantiosas multas, e incluso, el inicio de procesos judiciales contra organizaciones y personas que han viajado a Cuba.

Decenas de organizaciones no gubernamentales, entre ellas varias agrupaciones de cubano-americanos, han recibido visitas de inspectores del Departamento del Tesoro, para entregarles cuestionarios que deben responder en 20 días como máximo, en los que se les solicitan detalles completos de lo que hicieron en Cuba.

El 10 de junio de 2004, dos residentes de Cayo Hueso, Peter Goldsmith y Michele Geslin, organizadores de una regata entre Key West y Cuba, que reúne a navegantes de todo el mundo, fueron encausados por las autoridades norteamericanas por promover y participar en el Conch Republic Cup, durante los años 1997, 2000, 2002 y 2003.

Tres religiosos metodistas de Milwaukee fueron multados por 25 mil dólares cada uno por viajar a Cuba en 1999, para desarrollar sus relaciones con la iglesia de ese credo en la Isla. "Los castigos van en contra de la libertad religiosa y son discriminatorios", expresó un portavoz del grupo de sancionados.

- Incremento de las violaciones a los Acuerdos Migratorios y del aliento a la migración ilegal.

El 5 de enero de 2004, 3 días antes de la fecha propuesta por Cuba para una nueva ronda de conversaciones migratorias bilaterales, Estados Unidos las suspendió indefinidamente, aludiendo elementos secundarios e intrascendentes que han sido debatidos con amplitud y profundidad en las rondas migratorias precedentes (Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba de fecha 5 de enero de 2004).

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, reiteró una vieja amenaza, aprovechando el contexto de las dificultades energéticas transitorias que afectó a Cuba, como consecuencia de una grave rotura que paralizó por meses los servicios del mayor generador eléctrico de la Isla.

Noriega declaró: ''Le hemos advertido anteriormente al gobierno cubano que Estados Unidos considerará como una amenaza a su seguridad nacional cualquier intento de manipular o provocar una emigración masiva hacia nuestras costas''
En el terreno migratorio, prácticamente el único gesto positivo por parte de las autoridades norteamericanas, fue que el día 21 de abril del 2004, un tribunal de la Florida sentenció a penas de entre 20 y 23 años de privación de libertad a los seis secuestradores del avión cubano DC-3, perteneciente a la compañía Aerotaxi, secuestrado el 19 de marzo del 2003.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración en la que considero “que la sentencia emitida por las autoridades norteamericanas contra estos secuestradores constituye un hecho positivo (...) y resulta coherente con el interés que Cuba y los Estados Unidos expresaron en el Acuerdo Migratorio, suscrito en 1994, de dirigir la migración cubana hacia canales seguros, legales y ordenados y a oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de toda persona que intente llegar o llegue a los Estados Unidos desde Cuba mediante el desvío forzoso de naves y embarcaciones" (Ver Declaración del MINREX de fecha 24 de abril del 2004).
Mientras que el gobierno de Estados Unidos ha hecho cada vez más difícil la relación entre los emigrados cubanos y su país de origen, Cuba en el contexto de enormes desafíos y retos, continuó avanzando y haciendo más fluidas sus relaciones con los cubanos residentes en el exterior, en un proceso continuo e irreversible, para flexibilizar y normalizar sus relaciones con los cubanos emigrados y residentes en el exterior (ver Conferencia de prensa del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Felipe Pérez Roque, sobre la III Conferencia “La Nación y la Emigración”, que tuvo lugar en el MINREX, el 18 de mayo de 2004 y su Intervención en la apertura de la reunión el 21 de mayo de 2004).

Fue restituida la nacionalidad cubana, en un gesto de paz, justicia y buena voluntad y como reconocimiento a sus posiciones de respeto y acercamiento a su Patria, y a su trabajo a favor de los contactos familiares y la normalización de las relaciones entre ambos países, a siete integrantes de la Brigada 2506, que participó en la derrotada invasión militar mercenaria de Playa Girón, en abril de 1961. Estas personas habían perdido su nacionalidad como sanción judicial accesoria.

Tal como Cuba anunció públicamente en septiembre de 2003, a partir del 1ro de junio del año 2004, los cubanos residentes en el exterior no tienen que solicitar un permiso de entrada al país para viajar a Cuba, con la excepción de un pequeño número de integrantes de grupos terroristas por lógicas medidas de protección. Simplemente, pueden habilitar gratuitamente su pasaporte para entrar al país, las veces que lo consideren necesario.
Con la reducción de los viajes en ambas direcciones a partir de las medidas y políticas que vienen aplicando las autoridades estadounidenses y el incremento de las medidas de todo tipo que tienen por fin agravar la situación económica de Cuba y de la familia cubana, se apuesta a fabricar una crisis migratoria que puede tornarse incontrolable, al fracaso de los acuerdos migratorios y, con ello, facilitar el pretexto para el recurso a la agresión militar a la Isla.

Inclusión de Cuba en cuanto informe unilateral de descertificación por “mala conducta” emite el Departamento de Estado.
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La administración Bush ha incrementado en los últimos meses sus acciones contra el desarrollo de la industria turística cubana, con el objetivo de asfixiar su economía. En ello desempeña un papel fundamental el trabajo de fomento y fabricación de la falsa imagen de Cuba como país “villano”.

El peligro de las campañas mediáticas de mentiras y calumnias contra Cuba estriba, en que hay muchos en el mundo que conocen muy poco de la Revolución Cubana y pueden ser víctimas de las mentiras y engaños que el gobierno de Estados Unidos difunde a través de los enormes medios de divulgación de que dispone.

El último informe sobre la situación del terrorismo en el mundo del Departamento del Estado norteamericano, publicado en abril del 2004, volvió a ubicar a Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo internacional.

Nunca el gobierno de los Estados Unidos ha podido, ni podría, probar la participación de Cuba en acto terrorista alguno. Sus falsos pretextos han ido siendo desacreditados y desmentidos de forma sistemática con el paso del tiempo, lo que ha llevado, incluso, a que funcionarios del gobierno estadounidense reconozcan que la inclusión de Cuba en la referida lista es simplemente un instrumento político contra nuestro país.

Paradójicamente, es Estados Unidos el que rechaza mediante argumentos vacíos, irracionales y sin ningún sustento real, la propuesta realizada por Cuba para suscribir un Programa Bilateral de lucha contra el terrorismo, presentada al gobierno de ese país desde el 29 de noviembre de 2001, y que ha sido reiterada por las autoridades cubanas en varias oportunidades.

La política de la Revolución Cubana con relación al terrorismo no admite cuestionamientos de ningún tipo y mucho menos provenientes de Washington.

Cuba, condena todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera, por quienquiera que los cometa, contra quienquiera que se cometan y cualesquiera que sean sus motivaciones. Asimismo, condena toda acción que tenga por objeto alentar, apoyar, financiar o encubrir cualquier acto, método o práctica terrorista.

Cuba ha conocido, quizás como ningún otro país en el mundo, las consecuencias de las acciones terroristas. Desde los primeros días de la Revolución, hombres, mujeres y niños cubanos han sido víctimas del terrorismo más cruel y despiadado, muchas veces auspiciado, protegido, financiado y organizado por el propio gobierno de los Estados Unidos o por sus ahijados de las organizaciones anti-cubanas radicadas en Miami.

El 14 de junio pasado fue presentado el “Informe sobre el Tráfico y Trata de Personas del 2004” elaborado por el Departamento de Estado, en el que incluyeron a Cuba por segunda ocasión. En esta oportunidad, se le dedicó a Cuba una parte más extensa, negativa y pródiga en calumnias y ofensas, que hicieron énfasis particularmente en la existencia de un supuesto turismo sexual infantil, y del trabajo forzado y de la prostitución de los menores de edad en nuestro país.

El gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna moral, ni credibilidad para cuestionar a Cuba en materia de derechos del niño, y mucho menos en materia de trata de personas.
Estados Unidos es uno de los dos únicos países del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, pese a que fue aprobada hace 14 años y que, con 189 ratificaciones, constituye el instrumento jurídico de derechos humanos más universal.
Estados Unidos fue el ejecutor, con inescrupulosos fines políticos, de una de las más atroces operaciones de tráfico de niños que se hayan realizado en el mundo, en todos los tiempos. Bajo el nombre de Peter Pan, fueron separados de sus padres y llevados a los Estados Unidos 14 mil niños cubanos en la década de 1960, muchos de los cuales sufrieron acosos y violaciones sexuales por parte de sus tutores, maestros o cuidadores.

Estados Unidos es el principal consumidor y estímulo a escala mundial a las criminales prácticas de la pornografía y la prostitución, que incluyen el abuso de niños y niñas, y que constituyen una de las causas fundamentales de la trata internacional de personas.

En 1999 el parlamento cubano modificó el Código Penal para incluir como nuevas figuras delictivas y sancionar severamente, entre otras la venta y tráfico de menores con fines de corrupción, pornografía, prostitución, comercio de órganos, trabajos forzados, tráfico o consumo de drogas, así como los delitos contra el normal tráfico migratorio y el tráfico de personas. También se agravaron las sanciones a otras figuras delictivas existentes como la violación, la pederastia con violencia, la corrupción de menores, el proxenetismo, la trata de personas y por la utilización de menores en la comisión de delitos o si la víctima es un menor.

Cuba ha aplicado celosamente y con severidad la Ley para prevenir y sancionar cualquier delito de tal naturaleza que pudiera ocurrir. Entre el año 2000 y mayo del 2004 se celebraron 881 juicios por proxenetismo y fueron sancionadas 1,377 personas. Desde 1999 hasta junio del 2004, fueron detenidos 112 traficantes de personas, la mayoría sentenciados ya en tribunales cubanos.

En las conversaciones migratorias realizadas entre los dos países desde el año 2000, Cuba ha presentado en varias oportunidades propuestas concretas de colaboración en el enfrentamiento al tráfico de personas, drogas, terrorismo, pornografía infantil y delitos conexos. Estados Unidos las ha rechazado.

Resulta también una política cínica e hipócrita que en cada uno de estos informes existen también los relativos a las listas de estados que estarían supuestamente promoviendo el terrorismo, coartando la democracia y los derechos humanos, y limitando la libertad religiosa, entre otros –, no haya sido incluida una sola palabra sobre la situación de los Estados Unidos, uno de los países que más tendría que responder ante la comunidad internacional por “mala conducta” y por las grandes violaciones que comete contra su propio pueblo y contra otros pueblos del mundo.

- Manipulación y tergiversación de informaciones sobre Cuba con el claro propósito de mentir y justificar las amenazas de agresión y las brutales medidas contra el pueblo cubano.

Durante un discurso con marcado acento electoral en un hotel de Tampa, Florida, el 16 de julio de 2004, Bush no vaciló en manipular declaraciones del Presidente Cubano, Fidel Castro, en el sentido de que "Cuba tiene las prostitutas mas limpias y educadas del mundo" y sacó la errada conclusión de que Cuba “acoge el turismo sexual". (Ver discurso del Presidente Fidel Castro en el acto por el 51 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, efectuado en la Universidad Central de Las Villas, el 26 de julio del 2004)

"Tenemos un problema a menos de 90 millas (145 kilómetros) de nuestras playas. El régimen de Fidel Castro ha hecho de Cuba un destino central de turismo sexual" dijo Bush en una conferencia sobre tráfico de personas.

En realidad fue el sangriento dictador Fulgencio Batista –con el apoyo y protección de los Estados Unidos- quien promovió el que la mafia estadounidense convirtiera a La Habana en un paraíso de sexo, juegos y prostitución en los años 50 del siglo pasado, para el disfrute de turistas y de marines norteamericanos. La Revolución Cubana tuvo que trabajar intensamente en la rehabilitación y reintegración social de los cientos de miles de prostitutas que recibió como legado del control neocolonial norteamericano a la Isla.

Antes del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, alrededor de 100 mil mujeres ejercían de forma directa o indirecta la prostitución, por pobreza, discriminación y falta de empleo. La Revolución las educó y les buscó empleo, quedando prohibidas desde entonces las llamadas "zonas de tolerancia" que existían en la república mediatizada impuesta por Estados Unidos.
Cuando la prensa indagó la fuente empleada por el ejecutivo para estas insólitas declaraciones del presidente Bush, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que se trataba de una tesis sobre Cuba escrita en 2001 por un estudiante, disponible en el sitio web de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. En ese momento, el joven Charles Trumbull, ahora matriculado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Vanderbilt, estudiaba en el Darmouth College.

El joven se mostró molesto por la manipulación que hizo la mansión ejecutiva de su proyecto y afirmó que era "descorazonador ver partes de la investigación distorsionadas, sacadas de contexto y usadas para apoyar conclusiones que son contrarias a la verdad".

El diario norteamericano Los Angeles Times, que no puede ser acusado de simpatía alguna hacia el gobierno de la Isla, señaló que lo único que está claro para el estudiante es que el discurso de Bush manipuló el contenido de su trabajo, mientras defendió que el significado que daba el líder cubano a su idea estaba claro en su tesis. "Demuestra que ellos (los funcionarios de la Casa Blanca), no leyeron mucho del artículo", explicó a Los Angeles Times el joven, quien hizo estudios de campo en la Isla.
Servicios cablegráficos de agencias de noticias dieron cuenta posteriormente de las siguientes aclaraciones por parte del estudiante:
(…) "La prostitución tuvo un alza repentina en la nación caribeña posterior al derrumbe de la Unión Soviética.
Castro, que declaró ilegal la prostitución al asumir el poder en 1959, inicialmente contó con pocos recursos para combatirla. Pero alrededor de principios de 1996, las autoridades cubanas comenzaron a tomar medidas severas sobre la práctica.
Aunque aún existe, es mucho menos visible y sería inexacto decir que el gobierno la promueve." (…)
Funcionarios de la Casa Blanca reconocieron al diario californiano que no habían revisado otra fuente que no fuera la tesis del estudiante, para el discurso del presidente en Tampa.

Aunque la intencionada tergiversación fue desmentida por el propio autor, un vocero del Departamento de Estado apuntó al periódico que el material sobre Cuba fue añadido con premura, apenas un día antes, lo que solo dio tiempo a encontrar la tesis del estudiante y según consta en otros despachos cablegráficos, el personero de Washington "defendió la inclusión [de la frase], argumentando que expresaba una verdad esencial sobre Cuba". O sea, que para la Casa Blanca "verdad esencial sobre Cuba" es cualquier cosa que el presidente diga, con independencia de que se corresponda o no con la realidad.

Como expresó Julia Sweig, del Consejo para Relaciones Exteriores, "resulta extremadamente sucio y muestra que cuando se trata de la política hacia Cuba, ellos (el equipo presidencial de los Estados Unidos), están dispuestos a cualquier truco".

El 18 de septiembre de 2004, el diario The New York Times, citando fuentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reveló que Estados Unidos también mintió al acusar a Cuba de desarrollar programas ofensivos de armas biológicas.

Según el diario la CIA, aparentemente bajo presiones tras el escándalo provocado por sus descabellados informes sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, rechazó ahora sus propios reportes de 1999 que vinculaban sin ninguna prueba a Cuba con una supuesta producción de armas biológicas en terceros países, clasificados por Washington como promotores de terrorismo.

Los servicios de inteligencia estadounidenses preparan, según la agencia NOTIMEX, un segundo informe, que concluirán en unos meses, para corregir la versión de que Cuba produciría armas de destrucción masiva, por otro que indica la sospecha de que el régimen cubano tendría la "capacidad técnica" de producirlas, y que agrega:"no es claro" que las produzca.
El despacho comentaba que Cuba tiene "un programa de medicamentos y biotecnología que utiliza para producir vacunas para un amplio programa de inmunización, reconocido por médicos y científicos" y que "muchos de esos productos se venden en otros países". Algunas de esas ventas de medicamentos fueron manipuladas por el gobierno norteamericano como "potenciales amenazas de Cuba".

- Incremento de las declaraciones amenazantes y agresivas contra Cuba de elementos de la mafia anticubana y terrorista de Miami, estrechamente vinculados a la administración Bush.

A un programa del Canal 41 de Miami TV – conducido por Oscar Hasa, sobrino del sangriento dictador cubano Fulgencio Batista, cuyo régimen asesinó a más de 20 mil cubanos entre 1952 y 1958 –, fueron invitados conocidos terroristas de origen cubano miembros de la organización Comandos F4, que opera en el sur de la Florida.

Vestido de militar, como otros miembros de su organización terrorista, el líder del Comando F4, Rodolfo Frómeta, dijo abiertamente que su organización tiene gente lista para llevar a cabo actos armados contra el gobierno cubano; que su grupo entrena con AK47 y armas semi-automáticas y que estas fueron adquiridas legalmente en los Estados Unidos, aunque admitió no tener documentos que prueben eso.

En un comunicado firmado por el autotitulado Coronel Reinaldo Acosta, los Comandos F-4 advirtieron acerca de atentados terroristas contra las inversiones extranjeras en Cuba, al decir que “las personas que inviertan en Cuba, son iguales de responsables de nuestra desgracia y por tanto, sus inversiones serán consideradas objetivos militares a partir de 3 a 4 meses.”

En una carta abierta a Bush de fecha 9 de mayo de 2003, Rodolfo Frómeta y otros dirigentes de Comandos F-4, habían comunicado al presidente su propuesta de realizar acciones armadas contra Cuba y le indicaron que su “mayor anhelo es que este gran país y en este caso su administración disuelva de una vez por todas la Ley de Neutralidad (…) pues hasta la propia Constitución de esta gran nación acepta el uso de la fuerza (…) muchos son los exiliados o dirigentes de organizaciones del exilio que le hacen peticiones de duras sanciones, e incluso de invasión, nosotros le damos nuestro apoyo a ambas, pero le repetimos, los Comandos F-4 pedimos una vez mas se nos permita actuar activamente, físicamente sin ataduras.”

Una de las mayores evidencias del contubernio y la tolerancia oficial norteamericana al terrorismo contra Cuba fueron las declaraciones realizadas el 22 de marzo de 2004 al canal de Televisión 41 (UNIVISION), por el congresista republicano de origen cubano y ex Fiscal de la Florida, Lincoln Díaz-Balart, quien afirmó en una entrevista con Oscar Haza que "en Cuba se impone el magnicidio de Castro". Cuando su interlocutor le preguntó si es normal que un miembro del Congreso propugnara abiertamente el asesinato de un jefe de Estado extranjero, Díaz-Balart reafirmó: "yo sí creo que debe hacerse".

Agregó que cuando fue fiscal, no encontró “ninguna ley que me prohibiera opinar de esta forma”, según dijo en el Canal 41 de Miami. Nadie en Estados Unidos, un país donde se dice impera el estado de derecho y el respeto al Derecho Internacional, le respondió ni le criticó siquiera.

Confiando en la impunidad que se confiere en Miami a los partidarios del terror, Díaz Balart ratificó su afirmación asesina en una entrevista concedida al programa "La Noche" de RCN, con la periodista Adriana Vargas, el 13 de abril de 2004.

El mafioso anticubano Lincoln, tiene extensos antecedentes familiares de criminalidad y terrorismo. Rafael Díaz-Balart, padre de los congresistas federales anti-cubanos por la Florida, Lincoln y Mario Díaz-Balart, fue durante la década de 1950 uno de los dirigentes más activos del sangriento aparato de represión del dictador cubano Fulgencio Batista, congresista y brazo derecho del entonces Ministro de Gobernación.

Poco después de su arribo a Nueva York en enero de 1959, Rafael Díaz-Balart fundó, con la bendición de las autoridades norteamericanas y junto a un grupo de repugnantes esbirros en fuga, la organización “La Rosa Blanca” (que también se denomina bajo su nombre en inglés The White Rose), el primer grupo terrorista en la larga historia de la contrarrevolución cubana. La Rosa Blanca estuvo detrás de un sinnúmero de actos de terrorismo contra Cuba, entre los cuales se cuentan los brutales atentados contra algunas de las mayores tiendas por departamentos en La Habana: La Época y El Encanto, que costaron vidas humanas.

Entre los asesinos que acompañaron a Rafael Díaz Balart en “La Rosa Blanca”, aparecen Pilar García, Jefe de la Policía Nacional de la dictadura de Fulgencio Batista, quien participaba personalmente en la tortura de presos, y el "coronel" Merob Sosa, autor de la matanza de cientos de campesinos en las montañas de la Sierra Maestra, en el oriente de Cuba, masacrados por haber dado apoyo a la guerrilla dirigida por Fidel Castro.

En 1989, Lincoln Díaz-Balart, incluyó en su programa electoral, apoyado por la terrorista Fundación Nacional Cubano-Americana, extender el perdón a Orlando Bosch, terrorista internacional de origen cubano. Bosch fue uno de los principales autores de la voladura en pleno vuelo, en Barbados, en octubre de 1976, de un avión civil cubano DC-8, en el que fueron asesinados 73 personas. Bosch estaba considerado por el FBI como terrorista, motivo por el cual pendía sobre él una orden de deportación de los Estados Unidos. El entonces presidente George Bush (padre), lo perdonó en respuesta a las gestiones de los representantes de la mafia anticubana de Miami.

El 27 de agosto de 1994, Lincoln recomendó abiertamente a la Casa Blanca, permitir a los terroristas de Miami lanzar ataques contra Cuba desde el territorio de los Estados Unidos.

Lincoln Díaz-Balart, ha estado siempre vinculado a los sectores más extremistas de Miami, empezando por el grupo de asesinos que conformaba el comité-paramilitar de la Fundación Nacional Cubano-Americana y que hoy integran el Cuban Liberty Council o Consejo por la Libertad de Cuba, la organización anticubana mejor vista por la actual administración Bush, autora intelectual de las medidas anti-familia anunciadas el 6 de mayo de 2004. En su círculo de allegados, podrían ser mencionados Horacio García, el "banquero" del terrorista internacional Luis Posada Carriles, el mafioso Luís Zúñiga Rey, que contra toda ética y legalidad integró la delegación oficial de los Estados Unidos al 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y Ninoska Pérez Castellón, nuera del connotado esbirro de la dictadura batistiana, Roberto Martín Pérez, que fuera jefe de su temible Brigada Radio motorizada.

Lincoln Díaz-Balart participó activamente en la operación de intimidación y terror llevada a cabo el 22 de noviembre del 2000, cuando un grupo de “manifestantes” de origen cubano, reclutados por el partido Republicano, interrumpieron con gritos y amenazas el recuento de los votos en Miami-Dade, eliminando la posibilidad de que fuera demostrado el fraude cometido contra las aspiraciones del candidato presidencial Demócrata, Al Gore. Lincoln fue el que ordenó a Miguel Saavedra, jefe de la organización anticubana “Vigilia Mambisa”, provocar el motín con su tropa de delincuentes.

Es ilegal en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, defender acciones terroristas en televisión. La promoción de asesinatos de lideres de otras naciones es también ilegal bajo el Acta de Neutralidad de Estados Unidos. No existen mejores evidencias de la complicidad pública del gobierno norteamericano con semejantes terroristas que la impunidad con que estos anuncian sus fechorías en las cadenas de televisión.

- Incremento de los fondos y mejora en los medios técnicos para las transmisiones ilegales de radio y televisión de contenido subversivo contra Cuba.

Como parte de la aplicación de las medidas anti-cubanas anunciadas el 6 de mayo de 2004, el gobierno de los Estados Unidos inició la transmisión regular, con frecuencia semanal, de las señales ilegales de las mal llamadas Radio y TV Martí contra Cuba, utilizando una plataforma aérea establecida en un avión militar C-130 operado por la Guardia Nacional.

Para las transmisiones se viene utilizando una frecuencia de onda media no empleada anteriormente por emisoras radiales norteamericanas. El costo diario de la plataforma aérea es de 70 mil dólares. En el 2004, también se iniciaron las emisiones a través de Internet, las 24 horas del día.

Según admitió el 9 de octubre de 2004 Daniel W. Fisk, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental: “para eludir las señales de interferencia de Castro, se han efectuado cuatro vuelos del Comando Solo, un avión C-130 equipado con una poderosa capacidad de transmisión que envía a la Isla transmisiones de Radio y TV Martí. (…)

La mal llamada Televisión Martí, es la única televisora invisible del mundo, gracias a un ingenioso y barato método de intercepción establecido por Cuba, en ejercicio de su soberanía.

- Incremento de las acciones contra los Cinco Héroes cubanos prisioneros políticos del Imperio y sus familiares.

Como parte del hostigamiento contra los Cinco Héroes cubanos prisioneros políticos del Imperio y sus familiares, el gobierno de los Estados Unidos redujo en el último año la periodicidad de las visitas consulares por parte de la Sección de Intereses de Cuba en Washington a una cada 3 meses, eliminó los acompañamientos a los familiares de los 5 por parte de los funcionarios de la Sección de Intereses cubana, rechazó las solicitudes de visas para los familiares de los 5 realizadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, negó reiteradamente las visas a Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas de dos de los luchadores antiterroristas arbitrariamente detenidos y demoró excesivamente el otorgamiento de las visas al resto de los familiares.

Estas despiadadas acciones, califican como un trato cruel, inhumano o degradante, conforme al instrumento internacional vigente para el combate y sanción a la tortura, del cual Estados Unidos es Estado parte.

- Incremento de la persecución contra las operaciones turísticas, comerciales y financieras de Cuba en terceros países.

La intensificación del bloqueo para reducir los ingresos en divisas a Cuba, es uno de los componentes principales del recrudecimiento de la política de hostilidad y agresiones de la administración Bush contra el pueblo cubano.

Durante 2004, se aplicaron las regulaciones del bloqueo a 13 empresas vinculadas con Cuba y a sus filiales en el extranjero, especializadas en los viajes y el envío de paquetes y remesas, lo que ha impuesto en la práctica la imposibilidad de cualquier tipo de transacción con ellas de personas e instituciones sujetas a la jurisdicción norteamericana. La medida penó hasta el acceso a los sitios electrónicos de esas empresas.

El 26 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), prohibió a cualquier residente en Estados Unidos, o ciudadano de ese país, realizar transacciones financieras a través del sitio www.sercuba.com., mediante el cual supuestamente se podrían girar remesas hacia Cuba vía Internet.

La OFAC trataba así de buscar una forma expedita para presionar a los socios de SerCUBA en Europa, e incluso, a los propios ciudadanos norteamericanos o de origen cubano residentes en ese continente, quienes ahora se ven amenazados por altas multas e incluso penas de cárcel, si desobedecen el “edicto imperial”.

Se trata de medidas extraterritoriales, ilegales, y por demás violatorias de la propia Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de cualquier ciudadano para viajar y utilizar libremente sus recursos personales.

- Promulgación de nuevas medidas contra Cuba en junio y julio de 2004, con el objetivo de restringir aún más el flujo de divisas y artículos de consumos hacia la Isla.

El gobierno de Estados Unidos prohibió el 22 de junio de 2004, el envío a Cuba de ropa y productos de higiene personal como jabones y champú, productos veterinarios, materiales de pesca y equipos para la elaboración de jabones y otros productos similares. También redujo arbitrariamente los destinatarios de los envíos – sólo a hijos, padres, hermanos o nietos –, la frecuencia de los paquetes y la cantidad a uno por hogar, en lugar de uno por cada persona como era la práctica.

La declaración del Departamento de Comercio que anunció esas medidas, reconoció implícitamente el impacto negativo que tendrían las nuevas restricciones para los cubanos que recibían paquetes de sus familiares en Estados Unidos, al expresar que los envíos ''representaban un beneficio humanitario para el pueblo cubano en áreas críticas''. Como pretexto a las sanciones, indicó que al mismo tiempo ''estos paquetes liberaban al régimen de la obligación de cubrir necesidades básicas de sus ciudadanos.”

El 8 de julio de 2004, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos también reforzó las medidas para impedir eventuales viajes de embarcaciones a Cuba. Dio a conocer ese día una disposición que establece que cualquier navío estadounidense menor de 100 metros de eslora, que no necesitaban un permiso especial para viajar a Cuba, debía a partir de ese momento obtener una autorización especial si se disponía a navegar a la Isla, aún cuando no partiera directamente de aguas territoriales estadounidenses. Los botes sin permiso pueden ser multados o confiscados, y los violadores están sujetos a penalidades.

Antes de conceder autorización, el Servicio Guardacostas requerirá que los marinos muestren sus permisos de otras agencias federales de Estados Unidos, demostrando que no se están violando las disposiciones del bloqueo a Cuba.

Recientemente, también se prohibió a los ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos, comprar cualquier producto cubano, como Ron o tabaco, incluso en un tercer país, ni siquiera para su uso personal fuera de los Estados Unidos. El solo hecho de comprarlo, será un delito cometido por cualquier ciudadano estadounidense.

La violación de estas normas puede imponer el procesamiento penal, y la sanción de hasta un millón de dólares para las corporaciones y 250 mil dólares para los particulares, y hasta 10 años de privación de libertad, según hiciera saber el Departamento del Tesoro.

El Departamento del Tesoro dejó claro en un reciente comunicado, que “las regulaciones prohíben que las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos compren, transporten, importen, se involucren o participen en cualquier transacción con respecto a cualquier mercancía fuera de Estados Unidos, si tal mercancía es de origen cubano, o es o ha sido ubicada o transportada de o a través de Cuba, o ha sido hecha o derivada en total o en parte de algún artículo que haya crecido, sido producido o fabricado en Cuba.

Como resultado de las restricciones puestas en vigor en julio pasado por Washington para restringir los viajes de los estadounidenses y emigrados cubanos a la Isla, el número de viajeros estadounidenses a Cuba ha descendido a menos de la mitad en el segundo semestre de 2004, según datos del Departamento de Estado de EEUU. Entre julio y diciembre de 2004, 50 mil 588 ciudadanos norteamericanos se trasladaron en vuelos charter a Cuba, comparados con 119 mil 938 personas en el mismo periodo del año anterior. Esa cifra supone una reducción del 57,47%. Además, las reservas en diciembre bajaron hasta las 13 mil 735, casi dos tercios menos que las realizadas en el mismo mes de 2003.

Las nuevas medidas estadounidenses, no conseguirán su propósito de asfixiar económicamente a la isla. A pesar del nuevo recrudecimiento del bloqueo norteamericano, de dos devastadores huracanes que causaron pérdidas por 2 mil 146 millones de pesos, del incremento sin precedentes de los precios del petróleo y de una prolongada sequía en la mitad oriental del país, la economía cubana creció un 5 % en el 2004, índice superior al del año anterior. Por primera vez Cuba sobrepasó en el 2004 los dos millones de turistas extranjeros en un año, con un 8% de crecimiento en la llegada de visitantes respecto al 2003. Las exportaciones de bienes crecieron un 32,5 %, sobrepasando los 2 mil millones de dólares, cifra no se rebasada desde 1991.

- Intimidación a los emigrados cubanos en los Estados Unidos para neutralizar sus crecientes manifestaciones de descontento por la política hacia Cuba.

La cúpula mafiosa cubano americana asentada en Miami, lanzó la amenaza de que los emigrados cubanos residentes en los Estados Unidos que, en cantidades de cientos, han estado realizando manifestaciones en ese ciudad contra las medidas que recortan los viajes y las remesas familiares a Cuba, podrían perder su residencia en ese país.

El "exilio" de Miami ha sido una ficción creada en producción cooperada de los servicios especiales norteamericanos y la mafia anticubana, con objetivos propagandísticos y en la que no han tenido responsabilidad alguna los cientos de miles de personas que emigraron de la Isla por razones económicas o de reunificación familiar.

La política de la Revolución cubana en esta materia ha sido la misma desde sus inicios: la permanencia y participación en el proceso revolucionario es y será una decisión individual y voluntaria de cada ciudadano. Los que deseen emigrar pueden hacerlo – salvo muy contadas excepciones por razones bien fundadas –, siempre y cuando cuenten con los medios para ello y con un país de destino dispuesto a recibirlos a través de procedimientos regulares y legales.

- Reforzamiento en la aplicación de las disposiciones extraterritoriales que establece el Título IV de la Ley Helms-Burton.

Tras cinco años de no haber tramitado nuevos casos bajo el título IV de la Ley Helms-Burton de 1996, que prevé la prohibición de otorgar visa de entrada a los Estados Unidos a inversionistas en Cuba y sus familiares allegados, en mayo del año 2004 la firma hotelera Super Club de Jamaica, fue conminada por el gobierno estadounidense a abandonar sus negocios en Cuba.

Como consecuencia de la amenaza de Estados Unidos en el sentido que impediría la entrada en su territorio a los más altos funcionarios de esa empresa privada y a sus familiares, la entidad decidió terminar con la operación de uno de sus hoteles en Cuba. El pretexto para las presiones contra la firma jamaicana, fue precisamente la reclamación de una persona nacida en Cuba y residente en Estados Unidos, que alegó ser propietaria de las tierras –expropiadas por la Revolución Cubana –, sobre las que se levanta el hotel que la empresa jamaicana venía operando.

Según reconoció públicamente el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dan Fisk, Estados Unidos está “investigando activamente más de dos docenas de casos de sanciones de visado en virtud de la Sección IV de la Ley Helms-Burton. El fallo más reciente de la Sección IV sobre tráfico tuvo lugar en abril. No se impusieron sanciones de visado porque la compañía de Jamaica (la cadena hotelera Super Club), terminó su actividad comercial con la propiedad confiscada en cuestión. Este fue el primer fallo en cinco años. (...)

El 8 de julio de 2004, una familia de origen cubano presentó una demanda ante un tribunal federal en Miami, contra el Club Med, una cadena turística francesa, por construir y operar entre 1997 y el año 2003, un hotel de cinco estrellas en la playa de Varadero, en un terreno que la familia poseía en Cuba antes del triunfo de la Revolución. La demanda fue presentada a pesar de que Club Med, había vendido un año antes la propiedad a una empresa hotelera española.

El abogado querellante, señaló que la demanda fue presentada en la Florida, porque Club Med tiene grandes intereses en ese estado, incluyendo un hotel en Port St. Lucie y que ''Club Med no puede tener negocios en la Florida y tenerlos de manera sustancial con el régimen comunista en Cuba''.

El chantaje es claro y la lógica mezquina. Si una compañía extranjera tiene negocios con los Estados Unidos, el mercado más importante del mundo, no podrá tenerlos con Cuba.
De prosperar en los tribunales de Miami la nueva querella, ello podría servir de estímulo a la declarada voluntad de la Casa Blanca de aplicar en toda su magnitud la Ley Helms-Burton, que sólo ha sido aplicada parcialmente en lo que concierne a sus disposiciones extraterritoriales, debido a la promulgación cada seis meses de decretos presidenciales limitando la aplicación de su Título III.

- Amenazas contra las incipientes importaciones de alimentos procedentes de los EE.UU.

Se encuentra en fase de evaluación por el Departamento del Tesoro, la imposición de nuevos obstáculos a las ventas de productos agrícolas destinados a Cuba, autorizadas a fines del año 2001 tras las devastadoras consecuencias de dos huracanes que azotaron a la Isla y causaron daños por casi 2 mil millones de dólares.

La administración de George W. Bush está revisando, desde hace meses, las reglas establecidas para los pagos en efectivo del gobierno cubano a las compañías estadounidenses que venden alimentos a Cuba. Una portavoz de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dijo que dará a conocer “un nuevo reglamento en una fecha próxima'' para estos pagos.

Un grupo bipartidista de congresistas encabezado por Jo Ann Emerson, representante por Missouri, envió una carta al Departamento del Tesoro manifestando que ''no hay ninguna necesidad de reforzar los requisitos para las ventas a Cuba'' y que “ciertamente requerir pagos antes del envío de mercancías finalizará con todas las ventas de productos agrícolas a Cuba''.

En un esfuerzo por preservar las incipientes exportaciones de alimentos a Cuba, 34 poderosas organizaciones agrícolas nacionales y firmas exportadoras de Estados Unidos, pidieron en una carta al presidente George W. Bush, de fecha 8 de diciembre, que “no haga cambios innecesarios y dañinos para la implementación del TSRA [ley de autorización de exportación a Cuba]. Cualquier cambio amenazaría con cerrar un importante mercado para los exportadores agrícolas de Estados Unidos''.
Los firmantes recordaron al presidente Bush que Cuba ocupa actualmente el lugar 22 entre los compradores de productos agrícolas en Estados Unidos, con una potencialidad de unos $400 millones anuales, y afirmaron que “este es un mercado que no podemos darnos el lujo de perder''.

Entre las importantes instituciones que suscribieron la misiva figuran American Farm Bureau Federation, Ag BioTech, American Meat Institute, National Foreign Trade Council, la corporación naviera Crowley Maritime, National Milk Producers Federation, National Turkey Association, US Dairy Export Council, US Wheat Associates y otras reconocidas agrupaciones de productores de arroz, trigo, pollo y alimentos lácteos a nivel nacional y de estados como Minnesota, Oklahoma, Texas, Colorado, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

Los firmantes de la petición opinaron “que la obligatoriedad de que los pagos sean en 'efectivo por adelantado', que algunos funcionarios y congresistas partidarios de reforzar el bloqueo interpretan como la obligatoriedad de Cuba de pagar antes de que los cargamentos abandonen los puertos estadounidenses, es contraria a las normas internacionales del comercio, violatoria de los estatutos de TSRA y más restrictiva que cualquier otra práctica de exportación a través del mundo.”

También señalaron que la ''reinterpretación de los pagos'' pudiera derivar en una apropiación del cargamento por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses que reclaman compensaciones del gobierno cubano, respaldados por dictámenes judiciales. ''Ni los exportadores estadounidenses, ni los compradores cubanos, están en posición de aceptar este extraordinario riesgo legal'', enfatizó la carta.

Por su parte, la furibunda anticubana y congresista estadounidense Ileana Ros Lehtinen, sentenció al respecto ''seguiremos poniendo presión sobre OFAC para que haga cumplir lo establecido en la ley y se obligue a Fidel Castro a pagar antes de recibir los cargamentos.''

- Reinicio de la adjudicación, en caricaturas de juicios manipulados políticamente, de arbitrarias indemnizaciones multimillonarias a cuenta de los fondos cubanos congelados en Estados Unidos y de otros bienes y activos de la Isla.

Según la edición de El Nuevo Herald de Miami, del pasado 15 de noviembre, la ciudadana norteamericana, Janet Ray Weininger, presentó ante la corte de justicia en el Condado de Miami-Dade, una “demanda” de homicidio contra el Presidente Cubano, Fidel Castro y el Estado Cubano, por la muerte de su padre, Thomas “Pete” Ray, tras ser derribado el avión de la CIA que piloteaba en la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos), el 19 de abril de 1961.

En un insólito juicio, según los estándares de tiempo del sistema judicial norteamericano, en poco más de 48 horas el juez del Condado Miami-Dade, Ronald Dresnick, falló a favor de la señora Ray y “ordenó” al Gobierno de Cuba pagarle 86, 5 millones de dólares por lo que llamó la “ejecución” de su padre.

La señora Janet Ray, quien solamente tenía seis años cuando ocurrió el suceso, fabricó mentiras siniestras para apoyar su demanda, en virtud de Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, que permite que víctimas de estados designados, unilateral y arbitrariamente, por el Gobierno de los Estados Unidos como terroristas – lista que incluye a Cuba –, puedan plantear demandas por daños y perjuicios.

Desde entonces, cualquier reclamación contra Cuba encuentra eco inmediato dentro de las autoridades judiciales estadounidenses, quienes fallan adjudicando arbitrarias indemnizaciones multimillonarias.

Cuando la señora Ray presentó su reclamación ante los jueces de Miami, varios expertos legales dijeron que la demanda no tenía mérito. El propio Herald, reseñó las declaraciones de David Abraham, un profesor de leyes de la Universidad de Miami, quien dijo: “uno no puede invadir un país extranjero y esperar una buena acogida”.

Thomas Willard Ray – el padre de la demandante –, conocido por “Pete”, voló a Cuba como mercenario para agredir a un país extranjero. Nunca estuvo preso, ni fue atendido de heridas por médico alguno, como alegó en la demanda.

Hace casi 40 años, los periodistas norteamericanos David Wise y Thomas R. Ross, escribieron un libro bajo el titulo “El Gobierno Invisible”, en el cual narraron los pormenores de la invasión mercenaria por Playa Girón (Bahía de Cochinos).
En uno de los capítulos del libro, se aborda “El caso de las viudas de Birmingham”, y se relata la muerte de cuatro pilotos de la Guardia Nacional de Alabama en la madrugada del 19 de abril de 1961, quienes integraron, junto a otros, un comando especial de la CIA. Estos volaron sobre las posiciones cubanas en cinco aviones bombarderos B-26 que despegaron desde el aeropuerto de Happy Valley, en Puerto Cabezas, Nicaragua, enmascarados con las insignias de la Fuerza Aérea Cubana para confundir a las fuerzas cubanas y tomarlas desprevenidas.

Los periodistas norteamericanos detallaron como la CIA primero, y todo el sistema de gobierno después, engañaron en todo momento a los familiares de los cuatro pilotos muertos, asegurándoles que habían fallecido en un lamentable accidente aéreo cuando volaban en un avión de transporte C-47 que se precipitó al mar.

Los autores recuerdan, entre otras, las declaraciones de Robert Kennedy, Secretario de Justicia y hermano del entonces presidente, cuando el 21 de enero de 1963, casi dos años después de la invasión, dijo en una entrevista con David Kraslow de la cadena de periódicos Knight, que en Bahía de Cochinos no murió americano alguno.

Fue por ello que durante 18 años las autoridades norteamericanas se desentendieron completamente del asunto, pese a que desde el primer momento se habían ofrecido detalles del derribo del avión y la muerte de sus dos tripulantes.

No fue hasta finales de 1979, bajo la administración Carter, que el gobierno norteamericano asumió el reconocimiento de la existencia de ese cadáver, y el 5 de diciembre de ese año fue entregado a las autoridades norteamericanas y a su joven hija, Janet Ray.

Unos pocos meses después, en abril de 1980, la revista cubana Verde Olivo, en su número 16 de aquel año, publicó el testimonio del Doctor José M. Miyar Barruecos, actual Secretario del Consejo de Estado de Cuba y testigo presencial de los hechos, apoyado con fotos del autor, donde se describen las operaciones aéreas de la CIA en Playa Girón.
El doctor Miyar recordó en ese testimonio, que al amanecer del 19 de abril de 1961 un avión B-26 perdió altura en su segundo ataque rasante sobre el puesto de mando y las fuerzas cubanas, e hizo un aterrizaje de emergencia en medio de un cañaveral, ante el fuego defensivo cubano. Breves instantes después hubo una fuerte explosión que incendió completamente toda su parte anterior, y tras una búsqueda entre los restos humeantes y calcinados no se encontró evidencia alguna de los dos pilotos.

En ese reportaje el doctor Miyar Barruecos explicó que por diferentes evidencias, se tuvo la certeza que sus dos pilotos tuvieron tiempo de escapar.

El Comandante Fernández Mell, que dirigió la operación de búsqueda, orientó hacer el mayor esfuerzo por capturarlos vivos. No fue posible. Uno de los pilotos al ser descubierto, oculto cerca de la pequeña pista del central, disparó su revólver 38 cañón corto, siendo muerto de inmediato por una ráfaga de FAL. El otro, al ser descubierto, trató de lanzar una granada de mano, muriendo instantáneamente por varios impactos en el tórax y el ojo derecho. El nombre de este último era Thomas Willard Ray, el mismo que 18 años después sería oficialmente reclamado por el gobierno de los Estados Unidos a solicitud de sus familiares. El otro piloto se llamaba Frank Leo Baker.

- Orquestación de shows propagandísticos como parte de la estrategia de diplomacia pública anticubana.

Al hacer un balance de las acciones anti-cubanas de la administración Bush, Daniel W. Fisk, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró “hemos incrementado nuestros esfuerzos para agilizar las gestiones de la diplomacia internacional y de la diplomacia pública con el fin de promover más apoyo internacional para la sociedad civil de Cuba y la planificación de la transición en Cuba. Aplaudimos iniciativas como las del Comité Internacional para la Democracia Cubana, presidido por el ex presidente checo Vaclav Havel (...) La resultante "Declaración de Praga" hace un llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos e incluye una fuerte condena del régimen de Castro. El presidente Havel dijo a la prensa que "Cuba es una prisión gigantesca”

La manipulación de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos para imponer una condena a Cuba, ha cumplido un papel de primera importancia en la ejecución de la citada estrategia.

Michael Kozak, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos, dijo el 16 de junio de 2004, ante una subcomisión congresional: "para apoyar los sueños de democracia de los cubanos, Estados Unidos ofrece apoyo moral, así como apoyo político mediante las iniciativas sostenidas en foros internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". Le faltó aclarar, por supuesto, que dicho "apoyo moral y político" fue brindado a través de las más sórdidas presiones y chantajes contra los países miembros de la CDH.

Daniel W. Fisk, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró en Miami el 9 de octubre de 2004: “apoyamos y abogamos activamente ante la Comisión de Derechos Humanos, en el 2004, en Ginebra, en busca de una resolución crítica del desempeño de Cuba en el campo de los derechos humanos.”

Siguiendo las instrucciones y con el financiamiento de las autoridades estadounidenses, tuvo lugar del 17 al 19 de septiembre de 2004, en Praga, República Checa, la llamada “Cumbre Internacional por la Democracia en Cuba”, bajo la supuesta égida del autodenominado Comité Internacional por la Democracia en Cuba (CIDC). Este llamado Comité fue fundado, siguiendo orientaciones de Washington, por Vaclav Havel, ex presidente de la República Checa – personaje siempre listo a prestar sus servicios por la generosa remuneración del Imperio –, en septiembre del 2003.

Al concluir la reunión de Praga, fueron convocadas nuevas farsas anti-cubanas en otras localidades, siguiendo siempre el libreto y utilizando los fondos entregados por la administración Bush.

El 9 de noviembre de 2004, tuvo lugar en Miami el seminario titulado “La transición del comunismo: las lecciones aprendidas y los cambios que enfrenta Cuba'', auspiciado públicamente por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano americanos de la Universidad de Miami (utilizando fondos federales) y la Embajada checa en Washington.

El show anticubano que había sido organizado para el 16 de noviembre de 2004, nada menos que en el recinto de la Asamblea Legislativa costarricense, y en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y/o Gobierno en San José, fracasó estrepitosamente, a partir de la firme respuesta de ciudadanos honestos de ese país, que impidieron la consumación de la grave agresión a la dignidad del pueblo cubano.

A pesar de la tolerancia y complicidad del Gobierno de Costa Rica, el denominado Foro Internacional por la Democracia en San José de Costa Rica fue abortado por causa popular, cuando apenas dos oradores de la minoría de politiqueros y terroristas anti-cubanos había hecho uso de la palabra (Ver Conciliábulo anticubano en Costa Rica, Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 16 de noviembre de 2004).

¿Quiénes han asistido a dichos eventos organizados y financiados por Washington?

En ellos se han reunido corruptos políticos; defenestrados exgobernantes; oficiales, agentes y ex agentes de la nómina de los servicios especiales estadounidenses; personeros de la mafia anticubana de Miami y connotados terroristas de origen cubano; e “intelectuales” cuyas mentes han sido rentadas por el Imperio.
Entre ellos, cabe mencionar a Carlos Alberto Montaner, quien en 1963 integró un grupo seleccionado por la CIA y entrenado en actividades de inteligencia en Fort Benning, Estados Unidos y es sindicado desde entonces, como agente de esos servicios especiales. Montaner defiende el bloqueo norteamericano, repetidamente condenado por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, se opone a las inversiones extranjeras y promueve el aislamiento internacional de Cuba.

La organización de las “reuniones” de Praga, Miami y Costa Rica tiene como objetivo fabricar la imagen de un supuesto apoyo internacional a la política anticubana de los Estados Unidos y recrear su guerra mediática contra la Revolución Cubana.

El resultado de este tipo de reuniones, es siempre un documento cargado de odio y amenazas contra el pueblo cubano y por supuesto, un apoyo claro a la política anticubana de Washington. Más de lo mismo fue la llamada “Declaración de Praga”, que recomendó un recrudecimiento de las presiones y cerco a Cuba, el incremento de la “ayuda” a los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos y el apoyo al mantenimiento de las sanciones que Aznar promovió para subordinar la política hacia Cuba de la Unión Europea a los intereses imperialistas de Washington. En Praga, a instancias de la administración Bush, el señor Havel convocó públicamente al derrocamiento del gobierno cubano.

James Cason, Jefe de la Sección de Intereses estadounidense (SINA) en La Habana, quien capitanea a los mercenarios asalariados de su gobierno en Cuba, participó en las reuniones de Praga y Miami. En esta última fue el primer orador.

Para que no haya dudas de quien es el promotor real y a que intereses sirven estas iniciativas, el presidente George W. Bush dirigió una carta a los organizadores del seminario en Miami, en la que agradeció los esfuerzos de la República Checa y del ex presidente Vaclav Havel para promover la “causa de la democratización” en Cuba.

- Incremento de las declaraciones injerencistas, provocaciones y actividades conspirativas del Jefe y varios funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.

La administración Bush utiliza como posición de avanzada en sus planes agresivos contra Cuba a su Sección de Intereses en La Habana. Su actual Jefe, James Cason, ha escalado a niveles sin precedentes el trabajo dirigido a socavar los objetivos que determinaron la apertura de las representaciones respectivas en Washington y La Habana, en el período del presidente Carter.

El más reciente episodio en la escalada de la agresión bilateral en el plano diplomático, se originó a partir de la pública e inconcebible provocación de la SINA, de colocar en el jardín de sus instalaciones una propaganda “en tributo” a los 75 mercenarios justamente sancionados por los tribunales cubanos.

Esta acción provocativa, fue el colofón de una serie de actos injerencistas y ofensivos, orquestados por el Jefe y otros funcionarios de la Sección de Intereses estadounidense en La Habana, entre septiembre y diciembre de 2004, tanto en la sede de esa Oficina, como en sus residencias y en el contexto de actividades diplomáticas públicas en Embajadas de otros países.

El comportamiento de los funcionarios diplomáticos norteamericanos, transgrede las normas que rigen la conducta que los representantes de un Estado, en relación con las instituciones y las leyes del Estado donde están acreditados (Ver Cronología de las acciones provocadoras de los funcionarios de la SINA. Septiembre – Diciembre, en Cuba debate, 20 diciembre 2004)

Las organizaciones juveniles y decenas de artistas cubanos respondieron con vallas, murales, carteles y dibujos colocados en los alrededores de la sede diplomática estadounidense su agresión a la dignidad del pueblo cubano. Fueron recreadas artísticamente, pruebas gráficas irrefutables de la política imperialista y fascista de la actual administración Bush, de las consecuencias brutales de su agresión criminal contra varios pueblos del mundo y de las torturas masivamente aplicadas por sus oficiales y soldados en centros de detención y campos de concentración en diversas partes del mundo.

El pueblo cubano defenderá a cualquier precio su rica historia, la memoria de sus héroes y mártires y la independencia nacional por la que ha tenido que pagar un altísimo precio en vidas y sacrificios.
- Incremento significativo de la persecución e imposición de multas a individuos, ONGs y empresas norteamericanas y de terceros países por viajar a Cuba o realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones o personas definidas por Estados Unidos como cubanas.

Durante el año 2004 un total de 77 compañías, instituciones bancarias y organizaciones no gubernamentales fueron multadas por violar diversas regulaciones del bloqueo norteamericano contra Cuba. El monto de las multas aplicadas por violar el bloqueo contra la Isla fue de 1 millón 262 mil 011 dólares de los Estados Unidos. Si a lo anterior se suman las multas que tuvieron que pagar un grupo de entidades por violar las “sanciones” aplicadas no solo a Cuba, sino también a otros países, excluyendo la famosa multa de 100 millones impuesta al Banco suizo UBS, entonces el monto ascendería a 1 millón 451 mil 539 dólares.

Del total de entidades multadas, 11 son empresas extranjeras o subsidiarias de compañías norteamericanas radicadas todas en terceros países. En los datos anteriores no se incluyen al menos otras 7 empresas extranjeras, como las aerolíneas IBERIA, ALITALIA y Air Jamaica, la firma DAEWOO y el Banco de China, por citar sólo algunas, cuyas filiales en los Estados Unidos fueron sancionadas por violar determinadas disposiciones del bloqueo contra Cuba. Queda corroborado una vez más el carácter extraterritorial de las medidas de bloqueo contra Cuba.

De las entidades multadas 29 son compañías y firmas, 27 son instituciones bancarias, 10 son organizaciones no gubernamentales y 11 son empresas extranjeras y subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países.

En el 2004 fueron multados igualmente 316 ciudadanos y residentes en los Estados Unidos en un monto total que ascendió a 497 mil 780 dólares, fundamentalmente por no cumplir las restricciones de viajes y por importar productos cubanos. Otras violaciones identificadas, fueron el negarse a suministrar información a la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC) y el tener contrato con una entidad cubana.

La suma total de las multas a entidades y a individuos en virtud de las disposiciones del bloqueo genocida a Cuba, asciende a casi 2 millones de dólares.

A principios de septiembre de 2004, la compañía aérea española Iberia reconoció haber pagado una multa de 8 mil dólares al Tesoro estadounidense, pero negó haber violado el bloqueo contra Cuba. Los hechos sucedieron en 2000, cuando las autoridades estadounidenses requirieron a Iberia por transportar tabaco cubano en uno de sus aviones, que hizo escala en Miami, hacia un destino en América Central. Según Iberia, la mercancía era de origen canario y estaba destinada a un cliente en América Central.

La multa de 20 mil dólares (unos 14 mil 880 euros) que anunció haber impuesto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Banco español Santander, sin detallar la cuantía transferida ni la identidad del receptor, se debió a una única transferencia a un ente que podría ser del gobierno cubano, realizada en el 2001 desde su filial Santander Bank & Trust, en Islas Bahamas (Santander Central Hispano Bank & Trust en el momento de abrirse el expediente).

Esta fue la segunda compañía española sancionada por Estados Unidos en aplicación de la Ley Helms-Burton, tras el cambio de gobierno en España en marzo de 2003.

La administración estadounidense decidió también sancionar a DaimlerChrysler North American Holding Corp, porque la antigua Mercedes-Benz en México, vendió camionetas a Cuba en 1999. La penalización rondaría los treinta mil dólares, la multa más grande impuesta a una empresa europea por comerciar con Cuba.

La empresa farmacéutica Chiron Corporation fue multada por el gobierno de Estados Unidos en una cifra que alcanzó los 168 mil 500 dólares, cuando la firma reveló que una subsidiaria europea vendió entre 1999 y el 2002, dos tipos de vacunas infantiles a Cuba, según informó el 8 de julio, el Departamento del Tesoro.

Los laboratorios Alpha Pharmaceutical Incorporated, radicados en Panamá, pagaron también una multa de 198 mil 700 dólares por realizar negocios con la Isla.

Las más recientes sanciones demuestran, una vez más, el carácter inhumano y violatorio de las normas internacionales de derechos humanos de las medidas estadounidenses de bloqueo a Cuba, que afectan áreas tan sensibles como el derecho a la salud y a la vida de los cubanos, incluidos sus niños.

- Aumento de las negativas de visas a académicos, científicos, artistas, deportistas y funcionarios cubanos.

Durante el pasado año, también se incrementó la negativa de visas a artistas, académicos, científicos, deportistas y funcionarios cubanos. Cientos de cubanos fueron privados de la posibilidad de participar en eventos norteamericanos e internacionales celebrados en ese país. El pueblo norteamericano, de esta forma, también fue privado de sus derechos a recibir informaciones y opiniones de todas las fuentes, a gozar de las artes y a beneficiarse del progreso científico cubano.

Músicos cubanos de la talla de Ibrahím Ferrer y Manuel Galbán, escritores como Miguel Barnet y Eduardo Heras León, realizadores de cine y televisión como Gerardo Chijona y Lisette Vila, actrices como Verónica Lynn y una larga lista de relevantes exponentes de la cultura cubana se han visto imposibilitados de participar en presentaciones y eventos en los Estados Unidos.

Entre mayo del 2003 y abril del 2004, 53 representantes del sector de la cultura quedaron infructuosamente a la espera de sus visas de entrada a los Estados Unidos y 215 creadores y artistas recibieron una negativa rotunda por respuesta. En el mismo período no se le otorgó la visa a 21 directivos del deporte cubano.

El Departamento de Estado negó, a fines de septiembre de 2004, las visas a la delegación cubana integrada por 64 profesores universitarios y académicos, que habían sido invitados a participar en la reunión anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés), que sesionó en Las Vegas, Nevada, del 7 al 9 de octubre del año pasado. Es la primera vez que Estados Unidos niega las visas a toda la delegación cubana a una Conferencia de esta organización.

Las medidas y la política aplicadas en materia de permisos de viaje a Cuba y visas para cubanos recuerdan la etapa más oscura y sombría de la intolerancia ideológica del nefasto maccarthismo, fenómeno hasta ahora recordado solo como un hecho histórico del pasado. Tales acciones ponen al desnudo la falsedad de la retórica norteamericana sobre las libertades y los derechos humanos y privan arbitrariamente a los pueblos cubano y norteamericano de conocer y compartir sus notables avances en estas esferas.

- Aumento de la presencia e influencia de figuras anti-cubanas en el Congreso y el Ejecutivo, en el segundo mandato de la administración de George W. Bush.

El inicio del segundo mandato del presidente George W. Bush, se caracteriza por el reforzamiento de la presencia de elementos anti-cubanos en el Congreso y en importantes cargos en el Gobierno.

La elección del republicano de origen cubano, Melquíades Martínez (Mel), al Senado federal por el estado de la Florida, la nominación de Porter J. Goss, congresista republicano por la Florida y ex operativo de la estación de la CIA en Miami en la década de 1960, como nuevo Director de la CIA, así como la designación de Carlos Gutiérrez, empresario de origen cubano, para el cargo de Secretario de Comercio, no dejan lugar a dudas de que Bush continuará y elevará a niveles superiores su política de hostilidad anticubana.

Mel Martínez, con base en Orlando, Florida, es el primer elemento de la mafia anticubana en alcanzar un escaño en el Senado federal, sumándose en el Capitolio estadounidense a los 3 congresistas republicanos por Florida y al demócrata por New Jersey que integran la Cámara de Representantes. Fue Martínez también, el más encumbrado miembro de la mafia anticubana en el primer gabinete del actual Presidente Bush, ocupando la cartera de Vivienda y Urbanismo. Fue por demás, uno de los co- Presidentes de la llamada Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, que diseñó la nueva estrategia para el derrocamiento del sistema constitucional cubano.

Mel Martínez ha expresado su intención de trabajar por declarar letra muerta los Acuerdos Migratorios Bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Pretende extender a los cubanos recogidos en el mar el derecho a aplicar a la condición de “refugiados” y de acogerse a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Esta propuesta daría un mayor aliento a la emigración ilegal y al tráfico de personas y provocaría un incremento de las tensiones en las relaciones migratorias bilaterales.

En ocasión de su encuentro con Condoleezza Rice – entonces Consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y nueva secretaria de Estado –, en el Capitolio, el 4 de enero de 2005, después de tomar juramento como senador, Mel Martínez expresó a la señorita Rice: ''insistimos en la necesidad de crear la plataforma aérea para las trasmisiones a Cuba.'' Martínez hacía alusión al uso de un avión militar norteamericano para las transmisiones ilegales de señales de radio y televisión hacia la Isla, con una programación especialmente diseñada para promover la desestabilización, la emigración ilegal y la subversión del orden constitucional cubano.

Martínez se reunió también en ocasión de su juramento como senador imperial, con la ex presidenta panameña, Mireya Moscoso, acompañada de Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, organización terrorista de origen cubano. La señora Moscoso indultó, poco antes de culminar su mandato, a 4 connotados terroristas de origen cubano, encabezados por Luis Posada Carriles, procesados por los tribunales panameños por fraguar un atentado terrorista que sería llevado a cabo en una concurrida actividad pública universitaria en la que participó el Presidente Cubano, Fidel Castro.

Refiriéndose a la importancia de la presencia de Martínez en el Senado para el impulso a la política anticubana, el mafioso Mas Santos declaró que “Mel es una persona con un acceso tremendo a la Casa Blanca y con la idea acertada de enfocar la lucha dentro de Cuba, de seguir apoyando a la disidencia dentro de la Isla.”

Un periódico de la Florida, el Sun Sentinel, reconoció que “lo que (Mel) Martínez piensa sobre Cuba y sus estrechos lazos con el presidente, no dejan dudas de que los Estados Unidos no suavizará su política hacia Cuba bajo Bush”.

El 29 de noviembre de 2004, el presidente George W. Bush designó como nuevo secretario de Comercio al norteamericano de origen cubano, Carlos Gutiérrez, presidente y ejecutivo principal de la corporación transnacional Kellogg desde 1999. Gutiérrez, residente actualmente en Battle Creek (Michigan), emigró a los Estados Unidos en 1959, a los 6 años de edad. Gutiérrez ha presentado claras credenciales a favor del endurecimiento de la política de hostilidad de la administración Bush contra Cuba.

Los personeros de la mafia anticubana expresaron su decidido apoyo al nombramiento de Gutiérrez, asegurando que el funcionario respalda el bloqueo. En junio de 2004, Gutiérrez donó 4 mil dólares al Comité de Acción Política Pro Democracia Estados Unidos-Cuba, contrario a cualquier modificación de la política de hostilidad de Estados Unidos contra el pueblo cubano, según un informe que presentó el grupo ante la Comisión Federal Electoral. La congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen, connotada mafiosa anticubana, dio un espaldarazo público a la nominación de Gutiérrez.

En sus palabras de agradecimiento al anuncio del presidente estadounidense de su nominación como secretario de Comercio, Gutiérrez se autodefinió como “refugiado político.” En la audiencia de confirmación de su nombramiento ante la Comisión de Comercio del Senado, el 5 de enero de 2005, expresó sin la menor ambigüedad: ''apoyo la política del presidente (George W. Bush) respecto a Cuba. Más que todo, creo con firmeza en el objetivo de llevar la democracia a Cuba que es lo que conlleva dicha política''. Agregó que le preocupaba “muchísimo hacer cualquier cosa que prolongue el actual estatus cubano" , negando la posibilidad de la más mínima medida de flexibilización del bloqueo a Cuba.

Una nominación que podría plantear una intensificación importante de las operaciones encubiertas de los servicios especiales norteamericanos contra Cuba, ha sido Porter J. Goss como nuevo Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Goss había sido hasta ahora Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara federal, en su condición de representante republicano por la Florida, guarida de los grupos terroristas y extremistas de la mafia anticubana.

El nuevo Director de la CIA mantiene desde hace más de 40 años, estrechas relaciones con los elementos más aventureros, inescrupulosos y violentos de la mafia anticubana de Miami. En 1962, Goss ingresó a la sección de Operaciones Especiales de la CIA y desde su estación en Miami JM-WAVE, que por años contó con cientos de oficiales operativos, participó en el diseño, organización y dirección de diversas acciones contra Cuba, incluidas la invasión a Playa Girón (Bahía de Cochinos), la operación Mangosta y varios planes de atentado al entonces Primer Ministro Cubano, Fidel Castro.

Después, la Agencia lo envió a varios lugares de intensa actividad en América Latina y el Caribe, donde se mantuvo participando en operaciones dirigidas al aislamiento de la Revolución Cubana y la desarticulación de los movimientos populares de izquierda que proliferaron por esos años en la región.

Goss confesó al diario The Washington Post, el 18 de mayo del 2002, haber participado en las operaciones terroristas de la mega estación de la CIA en Miami: JM-WAVE. Ese centro operativo se dedicaba entonces a organizar y ejecutar asesinatos, provocar incendios en objetivos económicos y lugares públicos, hacer explosionar bombas, diseminar plagas y otras acciones terroristas contra Cuba.

Este siniestro personaje se sumó repetidamente a la mafia anticubana en sus campañas extremistas. Mientras dirigía el Comité de Inteligencia del Congreso, nunca se interesó por los errores de Héctor Pesquera, el Agente Especial del FBI a cargo del Sur de La Florida, quien ignoró la presencia en ese Estado de 14 de los 19 terroristas de Al-Qaeda – autores de los criminales atentados del 11 de septiembre de 2001 –, mientras perseguía a cubanos infiltrados en grupos terroristas de la Florida.

En julio del 2002, se hizo eco de la falsa acusación a Cuba por una supuesta capacidad de producción de armas biológicas, para obstaculizar los esfuerzos de aquellos que pedían el levantamiento de las restricciones de viaje a Cuba. Los antecedentes operativos de Goss solo pueden augurar un peligroso regreso a la política de operaciones encubiertas contra Cuba.

Otro hecho que apunta a un ulterior incremento de la actividad de aquellos que buscan un endurecimiento de la política de hostilidad contra Cuba en el año 2005, es que legisladores federales de origen cubano, encabezados por la mafiosa Ileana Ros Lehtinen, anunciaron a principios de diciembre pasado, su intención de fundar un grupo legislativo llamado provisionalmente Grupo Cuba Democrática, con el objetivo de oponerse al Grupo de Trabajo Cubano, integrado por legisladores de ambos partidos y que promueve cambios en la política anticubana de Estados Unidos, dirigidos a una normalización paulatina de las relaciones bilaterales.

Ros-Lehtinen dijo que el nuevo grupo congresional tratará de cortar las exportaciones agrícolas estadounidenses, evitar que los bancos de los Estados Unidos hagan negocios con Cuba e incluso, alentar a la administración Bush a aplicar las disposiciones mas controversiales de la Ley Helms-Burton de 1996, que penalizan a inversionistas extranjeros en Cuba.

El nombramiento de la ex Consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, como secretaria de Estado, también fue percibido por las personeros de la mafia terrorista de Miami, como una contribución decisiva a la política contra Cuba. La mafiosa y congresista, Ros-Lehtinen, la calificó como "una verdadera creyente de la causa anticastrista".

- Declaraciones agresivas y amenazantes contra Cuba en el año 2004.

El 6 de enero del 2004, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, entre otras mentiras, criticó a Cuba por “apoyar a elementos desestabilizadores de varios países democráticos en América". Aprovechó la ocasión para añadir una clara amenaza: "aquellos que continúan desestabilizando a gobiernos electos democráticamente, interviniendo en los asuntos internos de otros gobiernos, están jugando con fuego." Con total cinismo y en tono desafiante expresó que "su país y otros vecinos siguen de cerca la actuación del líder cubano en sus últimas aventuras."(Ver Editorial del Diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, de fecha 8 de enero de 2004).

Colin Powell, entonces secretario de Estado, repitió las infundadas acusaciones contra Cuba, al expresar el 8 de enero de 2004 que “Cuba ha estado tratando de hacer cada cosa posible por desestabilizar partes de la región.”

Condoleezza Rice, entonces Consejera de Seguridad Nacional, se pronunció al día siguiente en términos similares: “Cuba continúa (…) agitando las dificultades en otras partes de la región. El Presidente Bush, dos meses atrás, creó una Comisión para que examine qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos para estimular el desarrollo de la democracia en Cuba y prepararse para cuando llegue la Cuba post Castro, la cual será democrática.”

El 12 de enero de 2004, el presidente George W. Bush, insistió en que “la dictadura no tiene lugar en las Américas y todos debemos trabajar por una transición rápida y pacífica en Cuba.”

El 16 de enero de 2004, en el seminario del llamado Proyecto de Transición de Cuba de la USAID, Roger Noriega aseguró la voluntad de la administración Bush en “cooperar con organizaciones internacionales y mantener la comunidad internacional enfocada en los continuos abusos de los derechos humanos de Castro.” Confirmó con ello la decisión de seguir manipulando los trabajos de órganos como la Comisión de Derechos Humanos en función de la política de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba.

John Bolton, ex subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, declaró que “la amenaza cubana a la seguridad de Estados Unidos ha sido subestimada.” En marzo de 2004, ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, subrayó además la especificidad cubana, por estar a 90 millas del territorio continental y “su condición de violador de los derechos humanos, el estar en la lista de países terroristas y dar abrigo a los mismos.” Añadió en esa ocasión que “la administración creía que Cuba permanece como una amenaza terrorista y de armas biológicas para los Estados Unidos.” Funcionarios del Departamento de Estado declararon que estas aseveraciones tenían el respaldo de la Comunidad de Inteligencia.

Bolton, sin poder responder a los hechos y argumentos expuestos por Cuba descalificando sus acusaciones anteriores, dijo el 30 de marzo que “Cuba continúa siendo una amenaza terrorista y bioterrorista para los Estados Unidos.”

El presidente Bush, repitió el 6 de mayo de 2004 su diatriba “liberadora” contra el pueblo cubano, al expresar que "el objetivo de las medidas (se refería a las nuevas medidas anti-cubanas anunciadas ese día) es acelerar el día en que Cuba sea un país libre."

La congresista anticubana Ros-Lehtinen, con relación a esas mismas medidas, expresó que “las nuevas presiones impuestas a la economía de Castro reducen sus recursos financieros”. Seguidamente dio las gracias al presidente Bush por “su liderazgo en asegurar que la democracia y libertad estén más cerca que nunca para Cuba.”

El también mafioso y congresista anticubano Lincoln Díaz-Balart, por su parte, calificó al presidente George W. Bush como “el mejor amigo que la causa de la libertad de Cuba ha tenido en la Casa Blanca.” Agradeció igualmente a Bush “la implementación de estas regulaciones (refiriéndose a las nuevas medidas anti-cubanas anunciadas el 6 de mayo de 2004) que fortalecen de forma importante el embargo contra la tiranía cubana.''

El 16 de julio de 2004, el presidente George W. Bush escaló nuevamente su retórica “democratizadora” contra el pueblo cubano, al expresar que su administración estaba trabajando “hacia una solución integral de este problema: la transición rápida y pacífica hacia la democracia en Cuba. Hemos puesto en vigor una estrategia para acelerar el día en que ningún niño cubano sea explotado para financiar una Revolución fallida y cada ciudadano cubano pueda vivir en libertad.”

También el vicepresidente Richard Cheney quiso confirmar públicamente su posición de apoyo al recrudecimiento de la hostilidad y agresiones anti-cubanas. El 7 de octubre de 2004 aseguró que el presidente Bush “aprueba las restricciones a los viajes y las remesas impuestas a Cuba”, reconoció que existían esfuerzos en el Congreso para aplazar o prohibir esas restricciones, “pero el Presidente las aprueba y no aceptará durante su mandato nada que interfiera sobre Cuba.”

El 31 de octubre de 2004, el presidente George W. Bush acudió nuevamente a su retórica “liberadora” anticubana, aunque en esa ocasión subió significativamente el tono de sus amenazas. Ese día expresó que creía “que el pueblo cubano debería ser liberado del tirano” y añadió, que mantendría “la presión sobre el tirano en los próximos cuatro años, para que el regalo de la libertad llegue finalmente a los hombres y mujeres de Cuba.”
El ex secretario de Estado, Colin Powell, se encargó de resumir recientemente la esencia de la política contra Cuba. Cuando se le preguntó por qué no se “liberaba” a Cuba, al igual que se hizo en Irak, respondió que “no siempre se usan inmediatamente las opciones militares.” Explicó que las mismas (refiriéndose a las intervenciones militares), estaban antecedidas por otros instrumentos: “aislamiento, sanciones, presiones, actividad económica”, aunque aclaró que “algunas veces no existe otra solución apropiada que no sea el uso de la fuerza militar.”

El diario "The Miami Herald", reportó el 22 de noviembre del 2004 declaraciones del secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld, bajo el título “U.S. Leads the World Towards Peace, Freedom and Democracy.” Con relación a Cuba, Rumsfeld señaló que estaba sometida a “una dictadura cuyos últimos días pueden estar contados.”

Las mentiras y las amenazas han servido de sustento y guía a las declaraciones anti-cubanas de las principales figuras de la administración Bush en el curso del año 2004. Un análisis objetivo del programa anunciado y la conducta mantenida por esa administración en las primeras semanas de su segundo período de mandato, permiten prever que los desafíos y peligros que acechan la independencia, la libre determinación y la paz del pueblo cubano, serán aún mayores en el año 2005.

- Continuidad y recrudecimiento de la política de hostilidad anticubana en el segundo mandato del presidente George W. Bush.

Dos hechos ocurridos inmediatamente después de su reelección, evidencian la continuidad, e incluso la escalada, que debe esperarse en la política de hostilidad anticubana en el segundo período de mandato del presidente George W. Bush.

El primero de ellos, fue la publicación de una nota de prensa titulada "Cuba: Situación de los Derechos Humanos", presentada el 4 de noviembre de 2004 por Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado. En la misma, como es habitual, se miente, calumnia y acusa a Cuba de supuestas violaciones de los derechos humanos y de “acosar” a “activistas independientes de la sociedad civil”, calificando así, la justa condena judicial de varios mercenarios de su política anticubana (Ver Declaración del MINREX, en Granma Internacional, de fecha 6 de Noviembre de 2004).

El Diario La Prensa On Line, de Nueva York, en un artículo del 5 de enero del 2005, de Luis Ortega, periodista de origen cubano, que se considera un exiliado, realiza un mentís a la gastada retórica norteamericana en el sentido que Cuba ha encarcelado a disidentes y activistas independientes. Al referirse a un grupo de ellos, excarcelados el año pasado bajo licencia extrapenal cuando apenas comenzaban a cumplir sus condenas, el articulista de Nueva York escribió: (…)“no son héroes. Son agentes a sueldo. No representan una causa justa y noble que exige el sacrificio, sino empleados de un gobierno extranjero que son usados publicitariamente. Tienen toda la prensa americana, y la radio, y la televisión, con la bendición del gobierno de Washington. (…) En 46 años no ha aparecido en Cuba un movimiento de la oposición legítimo, ajeno a los sueldos de Washington, independiente y dispuesto a desafiar al régimen. En el extranjero, el anticastrismo ha sido un negocio suculento que ha dejado a su paso estela de millonarios. (...)

El cineasta estadounidense, Oliver Stone, reconocido internacionalmente por su objetividad y agudeza política, ofreció también, después de varias visitas a Cuba, una visión contraria a la de Washington sobre la situación de los derechos humanos en la Isla y la llamada “disidencia”. Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián en España, en septiembre pasado afirmó:

“Me encontré en Cuba con una situación de apertura y libertad que no he encontrado en ningún otro país de la zona, ni en el Caribe, ni en Centroamérica. He estado con muchos líderes mundiales en Panamá, El Salvador, Nicaragua y nunca he visto el cariño espontáneo en la calle que he visto en Cuba hacia Fidel (Castro).”

El segundo de los actos anti-cubanos, llevados a cabo inmediatamente después de la reelección de Bush, fue el envío de una misiva firmada por el propio presidente estadounidense a los organizadores del seminario contra la Revolución Cubana celebrado en Miami a principios de noviembre, con el auspicio y financiamiento de las autoridades de Washington. En su carta, el mandatario norteamericano escribió, que no había dudas en que “los once millones de cubanos que viven bajo una brutal dictadura, desean vivir en libertad, como un día comenzaron a hacerlo los ex países comunistas de Europa Oriental al final del siglo pasado.”

La mafia anticubana y terrorista de Miami, recibió la reelección de Bush con euforia y entusiasmo. Avizora la continuidad y el endurecimiento de la política contra Cuba de esta administración republicana. Así lo aseguran en sus declaraciones varios de los principales personeros anti-cubanos.

El mafioso congresista anticubano Lincoln Díaz Balart afirmó que la verdad era “que estas elecciones le cerraron todos los caminos a Castro.”

La terrorista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), declaró a través de Camila Ruiz, una de sus directoras, que estaban “muy contentos de poder seguir trabajando con la administración del presidente Bush para lograr un cambio democrático en Cuba.”

Ninoska Pérez Castellón, directora del ultrarreaccionario y agresivo Consejo por la Libertad de Cuba, declaró que consideraba “que durante los próximos cuatro años en la Casa Blanca, Bush cumplirá con su promesa de apresurar el fin de la dictadura del presidente cubano Fidel Castro, y de ser el aliado del pueblo cubano para ayudarlo a obtener su libertad.”

También los mercenarios asalariados de la Casa Blanca en Cuba escribieron cartas de felicitación al mandatario e hicieron declaraciones de apoyo a su nuevo mandato. La traición a su pueblo quedaba sellada una vez más.

- Se mantiene vigente el peligro de una agresión militar contra Cuba.

En el “Llamamiento a la conciencia del mundo”, lanzado en México en abril del 2003 y leído, el primero de mayo del año 2003, por el investigador y sociólogo mexicano Pablo González Casanova, en la Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana, ante más de un millón de cubanos, personalidades, artistas, intelectuales, académicos y politólogos de todas las latitudes, que alcanzaron un número superior a los 5 mil, denunciaron que “hoy existe una dura campaña en contra de una nación de América Latina. El acoso de que es objeto Cuba puede ser el pretexto para una invasión. Frente a esto, oponemos los principios universales de soberanía nacional, de respeto a la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación, imprescindibles para la justa convivencia de las naciones.”

A este llamamiento se adhirieron entre otros, los Premios Nobel Rigoberta Menchú, Nadine Gordimer, Adolfo Pérez Esquivel y Gabriel García Márquez y otras innumerables personalidades, entre los que aparecen Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, Oscar Niemeyer, Harry Bellafonte y Danny Glover.

En mayo del 2003, la coalición A.N.S.W.E.R. (Actúa Ahora para Parar la Guerra y terminar con el Racismo), con sede en los Estados Unidos, realizó también un llamado de emergencia en solidaridad con Cuba, dirigido al movimiento en contra de la guerra y por la paz, de los Estados Unidos y de todo el mundo.

En su llamamiento A.N.S.W.E.R. destacó que “en las últimas semanas, se han sucedido una serie de eventos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La administración Bush ha llevado a un nuevo nivel sus hostilidades en contra de Cuba. Hay crecientes signos de que Bush esta tratando de provocar una nueva crisis y una posible guerra en contra de Cuba.” (Ver http://www.internationalanswer.org).

El 21 de noviembre del 2004, más de ciento veinte representantes de organizaciones de solidaridad y amistad de 21 países, asistentes al Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba celebrado en Luxemburgo, emitieron una declaración final en la que denunciaron que: “La independencia de Cuba y todos los logros sociales de su pueblo, están en peligro. (...) existe un riesgo evidente. Durante la campaña para su reelección, George W. Bush declaró: ‘Igual que con Afganistán e Irak, estoy preocupado por Cuba’. Añadió que está convencido de ver el final del ‘Régimen de Castro’”.

Las organizaciones firmantes hicieron un “llamamiento a todo el mundo a defender Cuba contra cualquier agresión” y reafirmaron su “continua solidaridad y apoyo al pueblo cubano.”

Prominentes hombres de negocios, políticos, ex altos funcionarios, intelectuales y otras figuras estadounidenses pertenecientes a la Organización Americana por un Comercio Humanitario con la Isla, solicitaron el 22 de mayo de 2004, en carta abierta al presidente norteamericano, George W. Bush, el levantamiento de las restricciones a la venta de alimentos y medicinas y a los viajes a Cuba. Entre los firmantes aparecen: el banquero multimillonario David Rockefeller; Frank Carlucci, Consejero de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ronald Reagan; James Schlesinger, ex Director de la CIA y Secretario de Defensa de la administración de Richard Nixon y los cineastas Oliver Stone y Francis Ford Coppola, entre otros.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España, aprobó el 23 de junio pasado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el derechista Partido Popular, una proposición condenando la política de bloqueo a Cuba y las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos para endurecerla.

La Cámara de diputados británica, aprobó con un 79% de votos a favor, una declaración común condenando la actual política del presidente Bush contra el gobierno de La Habana y rechazando una eventual agresión militar contra la población cubana. El señor Peter Hain, presidente de la Cámara de diputados dijo lo siguiente: “Estoy absolutamente opuesto a una acción militar contra Cuba y estoy también opuesto al incesante bloqueo mantenido por los Estados Unidos. Visité Cuba hace dos años y estuve impresionado por los avances sociales a pesar de la presión estadounidense.”

Los participantes en la llamada Tercera Cumbre Nacional sobre Cuba, que reunió en la Universidad de Tampa, en octubre, a líderes empresariales y de negocios de los Estados Unidos para analizar las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, criticaron en general la política tradicional de Estados Unidos hacia Cuba y se pronunciaron a favor del levantamiento de las restricciones comerciales y de los viajes a Cuba.

El Centro de Política Internacional, un foro académico independiente con sede en Washington, contrató un anuncio en El Nuevo Herald a media página, en el que aparece una fotografía de Bush con el siguiente titular: “Un hombre suprimió la Navidad en Cuba, y no ha sido Fidel Castro.” La publicidad va acompañada de un texto en el que se invita a los ciudadanos a enviar un mensaje al senador Mel Martínez y a otros políticos, para decirles que los familiares en la Isla de los cubano americanos no tienen que pasar la Navidad solos y pedirles el fin de las restricciones impuestas a los viajes a Cuba.

El inventario no exhaustivo de algunas de las principales acciones y declaraciones agresivas contra Cuba de la administración Bush, confirma, como ha sido denunciado reiteradamente por nuestro Gobierno, que se continúa escalando la hostilidad anticubana y que no puede descartarse la eventualidad de una agresión militar directa a la Isla, con la pretensión de reinstaurar un régimen de dominio neocolonial al pueblo cubano.

Ninguno de los dirigentes y voceros del gobierno de los Estados Unidos ha excluido la posibilidad de emplear la fuerza militar contra Cuba, cuando se les ha preguntado directamente. Por el contrario, se recurre reiteradamente al factor circunstancial o de oportunidad, como evasiva momentánea.

Ninguna administración estadounidense había llegado a tales extremos anti-cubanos, lo que indica claramente que para los grupos neoconservadores de tendencia fascista que hoy ejercen el poder en Estados Unidos, la opción militar para destruir a la Revolución Cubana no está descartada.

Todas estas acciones, por otra parte, son claras señales de la creciente desesperación por el fracaso de su política imperialista contra Cuba, de sectores de poder en Washington y de los personeros de la mafia anexionista y terrorista de Miami.
La escalada de agresiones y provocaciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, contrasta con la conducta del pueblo y el gobierno cubanos, que han demostrado sistemáticamente, su disposición y voluntad de trabajar por la mejoría de las relaciones bilaterales entre ambos países, en beneficio de las relaciones históricas de amistad que unen a nuestros pueblos.

El pueblo cubano jamás renunciará a su independencia, ni a sus ideales de libertad, solidaridad y justicia social.

Frente a cada acción ilegal y agresiva de los Estados Unidos habrá, como siempre ha ocurrido desde el triunfo de la Revolución, una respuesta firme, equilibrada y conforme a derecho del pueblo y el Gobierno cubanos.

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CAPÍTULO 2: UN NUEVO PROGRAMA IMPERIALISTA PARA LA DOMINACIÓN DE LA NACIÓN CUBANA Y LA RECOLONIZACIÓN DEL PAÍS.

Uno de los ejemplos más contundentes del recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de la administración de George W. Bush contra el pueblo cubano y el disfrute de su derecho a la libre determinación, lo constituye el endoso presidencial y la acelerada aplicación, de las disposiciones contenidas en el informe presentado el 6 de mayo de 2004 por la llamada “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”. Dicho documento articula un amplio y agresivo programa dirigido a la destrucción del orden constitucional construido y refrendado por el pueblo cubano, con el objetivo de restablecer el esquema de dominación que sufrió la nación cubana por más de media centuria, como consecuencia de la ocupación militar de la Isla por las tropas estadounidenses y la imposición de un régimen de control neocolonial al país, tras la primera guerra imperialista de la historia.

La “Comisión para Asistir a una Cuba Libre” fue establecida por decisión del actual inquilino de la Casa Blanca, con el declarado propósito de acelerar lo que han dado en llamar “cambio de régimen” en la Isla. No era necesario aguardar al estudio del texto que sería presentado por la Comisión, para conocer de antemano la naturaleza anticubana, la profunda inspiración anexionista y la brutalidad de los métodos de agresión imperial que estarían incluidos en la letra y el espíritu del documento resultante de sus labores.

La hipótesis anterior estaba sustentada en varios argumentos. Destaca, en primer lugar, la composición de la Comisión. Fueron designados para integrar el “selecto” grupo varios personeros de los círculos más reaccionarios del poder en Estados Unidos, precisamente aquellos que propugnan la eliminación de la Revolución Cubana por cualquier vía, incluida una intervención militar. Descollaron también en la Comisión varios de los elementos más recalcitrantes, revanchistas y anexionistas de la mafia terrorista de origen cubano asentada en Miami.

En segundo lugar, el mandato conferido a la Comisión no dejaba margen alguno a la duda. Se le solicitó acelerar o precipitar – con un plazo temporal de urgencia – la “transición a la democracia” en Cuba, entendida como la destrucción del actual sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano, y su reemplazo por otro, predeterminado en Washington hasta el más mínimo detalle.

Por último y no por ello menos importante, la hipótesis expuesta era coherente con la conducta extremadamente agresiva del presidente Bush en política exterior y sus permanente acciones anti-cubanas durante todo el período de mandato de su administración. Frustrada su aspiración de ser el primer presidente estadounidense en visitar la Isla tras la derrota de la Revolución, en un año electoral y como prueba de su compromiso con el “cambio de régimen” en Cuba, Bush promovió una escalada sin precedentes en la política de hostilidad y agresiones que habían llevado a cabo sucesivas administraciones estadounidenses contra la nación cubana, al impulsar una plataforma programática que sistematizara todas las medidas, políticas y acciones anteriormente decididas y recomendara nuevas iniciativas para doblegar la determinación de soberanía del pueblo cubano y derrocar su gobierno de forma expedita.

Un principio rector en la concepción de la plataforma programática anticubana solicitada por el presidente Bush, fue que las propuestas de líneas de acción a seguir, debían incluir sugerencias de medidas concretas para garantizar el control por parte del gobierno de los Estados Unidos de la evolución de los acontecimientos, una vez alcanzado el objetivo de imponer un “cambio de régimen” en la Isla.

Nunca antes había sido tan evidente la brutalidad y la falta de escrúpulos de la política anticubana de un gobierno estadounidense. En el cumplimiento de los objetivos planteados, la Comisión no tuvo reparo siquiera en recomendar la trasgresión de derechos tan elementales como los del respeto a los vínculos afectivos entre familiares.

El informe de la llamada “Comisión para Asistir a una Cuba Libre” es un vasto programa de 450 páginas, dirigido a alcanzar el objetivo diametralmente contrario a lo que expresa su denominación, es decir, tiene por fin conculcar la libertad y la independencia de los cubanos y a convertir su patrimonio en una posesión norteamericana.

Propone medidas para la intensificación de la agresión contra Cuba en todas las esferas con el fin de provocar la desestabilización interna y crear condiciones que sirvan de pretexto a una intervención militar directa. También recomienda lineamientos de política para promover el descrédito y estigmatizar a la Revolución Cubana, neutralizando la acción solidaria de los pueblos, de la intelectualidad honesta y de todas las personas objetivas y justas de este mundo, que admiran, respetan y apoyan la resistencia del pueblo cubano.
El documento integra, como tareas estratégicas para el logro del derrocamiento del Gobierno cubano: el incremento del apoyo al reclutamiento, organización y financiamiento de la contrarrevolución interna; la promoción de campañas político-diplomáticas contra Cuba en los distintos foros internacionales; el recrudecimiento de la guerra de desinformación contra nuestro país; el financiamiento y comprometimiento del apoyo de actores internacionales – gobiernos aliados y subordinados, algunas supuestas “organizaciones no gubernamentales”, tanques pensantes” e instituciones “académicas” ideológicamente afines o que son financiadas con dinero de las nóminas de Washington, “intelectuales” que alquilan su talento y venden sus “principios”, y otros varios de igual “pedigree” – a su política de hostilidad anticubana; la adopción de nuevas medidas para escalar las acciones de bloqueo y guerra económica contra Cuba; y lo que han dado en llamar "socavar los planes de sucesión del régimen", diseñando las modalidades y etapas del “cambio” y describiendo minuciosamente los requisitos que deberá cumplir el régimen títere que se imponga a la Isla.

El carácter irracional e ilegítimo de las motivaciones y el desempeño de la Comisión se hace evidente en las contradicciones que plantean un número importante de las sugerencias realizadas, no sólo con principios y normas básicas del derecho internacional, sino con las propias disposiciones incluidas en normas, reglamentos y leyes estadounidenses.

El informe recomienda la asignación de 59 millones de dólares en los próximos 2 años –adicionales a partidas financieras previamente aprobadas–, para financiar acciones dirigidas a derrotar la Revolución, que se desglosan del modo siguiente:

? $18 millones de USD para financiar nuevas formas de llevar a cabo las transmisiones subversivas contra Cuba de las mal llamadas Radio y Televisión Martí. Se desplegaría de inmediato una plataforma de transmisiones utilizando un avión C-130 del conocido como Comando SOLO, que efectuaría transmisiones semanales y se autorizarían fondos para adquirir y reparar una plataforma de transmisión aérea que se dedicaría a transmitir a tiempo completo la programación anticubana de la Agencia de Información estadounidense.

? $7 millones de USD para el programa subversivo de la USAID contra Cuba, en virtud de la Sección 109 de la Ley Helms-Burton.
? $5 millones de USD en fondos para actividades de apoyo a los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos dentro de la Isla.

? $5 millones de USD en programas para promover acciones subversivas infiltrando y manipulando el trabajo de organizaciones activas en materia de derechos de la mujer.

? $4 de USD millones en programas para promover el reclutamiento de mercenarios de su política entre cubanos negros y mulatos (afrodescendientes).

? $4 de USD millones para reclutar mercenarios a favor de sus acciones anti-cubanas entre la juventud.

? $3 millones de USD para el financiamiento de programas anti-cubanos de supuestas ONG´s de diversas partes del mundo.

? $3 millones de USD para el apoyo logístico a los mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

? $2 millones de USD para promover la inserción de agrupaciones de mercenarios de la política de Estados Unidos contra Cuba en asociaciones u organizaciones internacionales, con el objetivo de facilitarles cierta “legitimidad” y “credibilidad”.

? $3 millones de USD en programas para reclutar y financiar mercenarios que disfracen sus actividades con el manto de supuestos activistas sindicales y para facilitar sus “contactos internacionales”.

? $5 millones de USD para iniciativas anti-cubanas de “Diplomacia Pública”, financiando, entre otras actividades, conferencias y seminarios internacionales y campañas mediáticas de desinformación.

En el primer capítulo del documento, se sugieren, además, un grupo de nuevas medidas dirigidas a reforzar el impacto del genocida bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano y prohibir los limitados vínculos de intercambio que existían entre los pueblos estadounidense y cubano.

A continuación aparecen identificadas algunas de estas irracionales – y en algunos casos inhumanas – medidas:

? Limitar los receptores de remesas de dinero y paquetes a los familiares directos de cubanos residentes en los Estados Unidos, definidos estos exclusivamente como abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos.

? Prohibir a los cubanos residentes en Estados Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares en Cuba, si estos son funcionarios del gobierno o miembros del Partido Comunista.

? Reducir las visitas a su país de origen de cubanos residentes en Estados Unidos de un viaje anual, como era hasta ese momento, a un viaje cada tres años. Se establece la restricción adicional de la necesidad de un permiso específico para cada viaje, en lugar de la licencia general vigente hasta entonces.

? Restringir el otorgamiento de permisos para viajar a Cuba, sólo para visitar a “familiares inmediatos”, que incluirán sólo a abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos. Quedan prohibidas las visitas y el envío de cualquier tipo de ayuda a primos, tíos y demás familiares cercanos.

? Establecer que los cubanos recién llegados a los Estados Unidos sólo podrán viajar a Cuba transcurridos tres años de haber emigrado.

? Disminuir la cantidad de dinero que pueden gastar los cubanos residentes en Estados Unidos para cubrir sus gastos durante sus visitas a Cuba, de 164 dólares a 50 dólares diarios.

? Ordenar a las autoridades norteamericanas que realicen "operaciones encubiertas" para impedir cualquier violación de las disposiciones anteriores. Se entregarán “recompensas” a aquellos que denuncien cualquier violación de dichas medidas.

? Continuar restringiendo el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y el intercambio académico a ciudadanos e instituciones norteamericanas, estableciendo regulaciones más rígidas que las actuales.

? Redoblar los esfuerzos para involucrar a gobiernos de terceros países en las campañas contra la Revolución Cubana.
? Promover acciones en terceros países para desestimular el turismo hacia Cuba.

Las medidas enunciadas violan derechos fundamentales de todos los cubanos, son una intromisión inadmisible en las relaciones intrafamiliares, en la vida privada de las personas y convierten a los cubanos residentes en Estados Unidos en una clase inferior, discriminada injusta y cruelmente.

Las restricciones adicionales contra el pueblo cubano y sus familiares residentes en Estados Unidos son ilegales, contradicen principios básicos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos de América y el espíritu y la letra de numerosas decisiones adoptadas por el Congreso de ese país. Además, violan la Novena Enmienda de la Constitución norteamericana, que establece claramente que nadie puede denegar o menoscabar aquellos derechos que no aparecen normados en la Constitución y que, por tanto, son atributos exigibles de cada una de las personas que en ese país residen.

Para chequear y promover el riguroso cumplimiento de todas las medidas incluidas en su informe, la Comisión recomendó establecer el puesto de Coordinador de la “Transición en Cuba” dentro del Departamento de Estado, rememorando la función de pro-cónsules que desempeñaban los representantes de Washington en la Isla en la primera mitad del siglo XX.

Los otros cinco capítulos abordan las medidas que impondría el gobierno de Estados Unidos a Cuba – si alguna vez lograra derrotar a la Revolución Cubana –, como parte de un detallado plan de reordenamiento político, jurídico, económico y social de la Isla, a partir de la visión y pretensiones de dominación de Washington.

Cada capítulo merece un análisis independiente, ya que cada uno de ellos tiene mérito propio en el desenmascaramiento del fin último de la política de Estados Unidos hacia Cuba: privar al pueblo cubano de su soberanía y del ejercicio de su derecho a la libre determinación.

El segundo capítulo refiere algunas de las medidas que adoptaría el gobierno de Estados Unidos una vez que asumiera la administración de una Cuba ocupada, en áreas como la salud pública, la educación, la vivienda y otros servicios básicos. Se afirma sin ambages, que se realizarían transformaciones profundas y dramáticas, mediante las cuales se eliminarían todas las manifestaciones del “comunismo castrista” – se califican así las garantías existentes de asistencia y seguridad social para todos, los subsidios al consumo social, las garantías al acceso universal a servicios educativos y de salud de calidad – y se introducirían los “valores y prácticas de libre empresa”, a semejanza de lo que ocurre en los propios Estados Unidos, país que siendo el más rico del mundo, mantiene sin seguro médico a más de 40 millones de personas.

En el llamado proceso de “transición” se desmantelarían los sistemas de servicios básicos que hoy disfrutan todos los cubanos y se implantarían en su lugar esquemas que respetarían las exigencias de las recetas neoliberales, con las consabidas consecuencias de exclusión y marginación de los sectores sociales con menos recursos. Se adelanta en el documento la intención de destruir los libros de textos actuales y otros instrumentos didácticos y pedagógicos, que califican como “profundamente politizados”, sin el más mínimo respeto por la calidad intrínseca de su contenido. La tormenta de bombas “inteligentes” y los ríos de sangre y lágrimas del pueblo cubano – según las mentes enfermas de los agoreros de la consolidación del Imperio estadounidense a escala global –, “desbrozarían” el camino de la “libertad” y el “conocimiento” al pueblo cubano. Se desempolvarían libros de textos utilizados como herramientas de dominación neocolonial durante más de medio siglo, que hacían creer a los niños cubanos, entre otras cosas, que las tropas estadounidenses tuvieron que intervenir desinteresadamente en Cuba a fines del siglo XIX para liberarnos del colonialismo español y poner fin al derramamiento de sangre, ante la incapacidad de nuestros mambises de conquistar por sí si solos la independencia de la Patria.

En el Informe de la Comisión se anuncia la eliminación del actual Sistema Nacional de Seguridad y Asistencia Social – que garantiza una cobertura universal –, y la privatización de los servicios de salud y educación, que dejarían de ser gratuitos y de acceso universal. En el caso de la educación, se proyecta la reapertura de escuelas para las élites, el desarrollo de la educación privada en todos los niveles de enseñanza y el cobro de la educación pública.

Los programas que se llevan a la práctica en Cuba para alcanzar la universalización de la enseñanza universitaria o las ayudas especiales para que continúen sus estudios los jóvenes procedentes de familias con más bajos ingresos, serían eliminados de un plumazo.

Se recomienda el establecimiento, “antes de la transición”, de un Comité para la intervención y asistencia gubernamental e internacional – constituido por agencias del gobierno de Estados Unidos –, que dirigiría las transformaciones en el sector social y convocaría a organizaciones internacionales como la OEA, a acompañar tales acciones.

Como muestra del burdo injerencismo y el despropósito que los alienta, se llega a descalificar como posible interlocutor social al Consejo Nacional de Iglesias, que queda tildado de “instrumento de control del Gobierno sobre las Iglesias Protestantes”, mientras se potencia el liderazgo de la Iglesia Católica.

En los lineamientos programáticos de la política anticubana endosados por el presidente Bush el 6 de mayo de 2004, se reconoce a la mafia terrorista anticubana de Miami el papel de garante de los intereses imperiales de Washington en el régimen de dominación neocolonial que se le impondría a la Isla. Personeros de dicha mafia serían colocados al frente de un gobierno títere, aportando sus rostros para crear la impresión de una administración “criolla”.

La mafia terrorista de origen cubano sería compulsada a establecer una “Fundación para la Asistencia a una Cuba Libre”. Dicha organización, en realidad, no haría otra cosa que conciliar y promover los intereses de los sectores más retrógrados, agresivos y anexionistas del lobby anti-cubano en Estados Unidos.

Se planea una verdadera cacería de brujas, un proyecto revanchista cargado del odio y el resentimiento acumulados durante 45 años en los que el pueblo cubano ha derrotado cada intento de destruir su Revolución. Con todo cinismo e hipocresía, enmascaran la ofensiva contrarrevolucionaria que piensan acometer tras la agresión militar a Cuba, con eufemismos tales como el de procesos de “justicia y reconciliación” o de “saneamiento social”.
Tratando de tapar la claridad del Sol con un dedo, se anuncia en el Informe de la Comisión un supuesto plan de inmunización contra las principales enfermedades de los niños menores de 5 años, como si necesitara algo así un país que garantiza la inmunización universal de su infancia contra 13 enfermedades, mediante 10 vacunas que se suministran gratuitamente, siete de las cuales son de producción nacional.

El tercer capítulo está dirigido a desmontar las instituciones que garantizan el ejercicio del poder por el pueblo cubano y desactivar las numerosas organizaciones que sustentan la participación plena de cada ciudadano en una sociedad civil de profundas raíces populares y de elevados valores patrióticos y solidarios.

No se promueve, sin embargo, un vacío de poder. Como se hace a lo largo de todo el documento, se presentan lineamientos concretos para regir el establecimiento del nuevo sistema político, jurídico e institucional que sería impuesto sin descuidar, por supuesto, las instituciones armadas que garantizarían la represión de las manifestaciones de descontento popular y la defensa de los intereses de Estados Unidos y de la mafia terrorista de Miami.

Sería el propio Departamento de Estado norteamericano quien organizaría, entrenaría y dirigiría a una “nueva policía”, con la asesoría de los Departamentos estadounidenses de Justicia, del Tesoro y del recientemente creado para la Seguridad Interior.

Está concebido el enjuiciamiento masivo de los actuales funcionarios del Gobierno, de los dirigentes del Partido Comunista, de los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, de los líderes de las organizaciones de masas y sociales, y de todos aquellos ciudadanos que apoyaron activamente la Revolución, incluidos los dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución.

El Gobierno estadounidense queda facultado en virtud del Informe producido por la “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”, para usurpar la función de suspender la vigencia de la Constitución de la República de Cuba, que fuera apoyada en referéndum por más del 95% de los cubanos.

El gobierno de ocupación modificaría y reestructuraría el sistema legal, los procedimientos civiles y criminales, las leyes y los programas de estudio de las facultades de Derecho. Impulsaría también la creación de partidos políticos a la usanza tradicional sindicatos amarillos comprometidos con los intereses de las corporaciones transnacionales estadounidenses y de los negocios turbios de la mafia anticubana de Miami y una institucionalidad que serviría de soporte a una caricatura de república al estilo de la que fuera dejada atrás por el pueblo cubano tras un profundo proceso de transformaciones revolucionarias.

Para un país que se encuentra entre los pocos en el mundo que pueden exhibir con orgullo el cumplimiento del objetivo del pleno empleo, se propugna sin embargo la revisión de sus leyes laborales vigentes y el cambio de estructura y funcionamiento de su Ministerio de Trabajo.

Más aún, a pesar de arrastrar Estados Unidos uno de los sistemas electorales más cuestionados en el mundo por su falta de transparencia y fiabilidad y su subordinación casi total a la riqueza y el poder – que ha mantenido de modo sostenido el fantasma del fraude en el encumbramiento del actual inquilino de la Casa Blanca –, la “Comisión para Asistir a una Cuba Libre” pide al Gobierno norteamericano “crear y asistir” el funcionamiento de un nuevo sistema electoral y de partidos políticos en una Cuba ocupada.

Las “democráticas” elecciones en una Cuba arrasada por las bombas y sometida a las sofisticadas prácticas de torturas de las tropas estadounidenses, serían “legitimadas” por misiones de observación que articularía Estados Unidos con el apoyo de la OEA, una vez calificada con certeza como su “Ministerio de Colonias”.

El cuarto capítulo prescribe la privatización acelerada y total de la economía cubana tras el derrocamiento del Gobierno Revolucionario; el sometimiento de las políticas económicas y financieras del país a Estados Unidos, como consecuencia de su subordinación a los dictámenes e imposiciones de las instituciones financieras internacionales; y el establecimiento de una economía de “libre mercado” que se ciña estrictamente a los las patrones de la doctrina neoliberal que tan funestas consecuencias ha tenido para las grandes mayorías de la población de América Latina y de muchos países del Tercer Mundo.

Exige la devolución de las propiedades nacionalizadas por la Revolución a corporaciones transnacionales norteamericanas y a los representantes de la antigua oligarquía criolla de profundos sentimientos antinacionales, la mayoría de los cuales han adquirido la ciudadanía estadounidense. Vale la pena recordar que parte importante de los principales propietarios pertenecientes a la oligarquía criolla estaba conformada por esbirros y torturadores de la tiranía batistiana, por corruptos politiqueros de sucesivos gobiernos entreguistas, por ladrones y estafadores del erario público y el patrimonio nacional y por personas inescrupulosas que lucraban con el sufrimiento, el hambre y la ignorancia del pueblo cubano.
En el documento se presenta la “devolución de propiedades” a los antiguos explotadores como la pieza clave para la reconversión económica y como la quimera para el crecimiento sostenido del país. Se obvia olímpicamente la realidad histórica de que esos mismos propietarios sumieron al país en el pasado reciente en una profunda crisis estructural y sólo fueron capaces de garantizar a la gran mayoría de los cubanos pobreza y humillación.

Se atiende especialmente en el Informe las modalidades de “devolución de propiedades” en los sectores agrícola, comercial y residencial. Se propone la creación de una Comisión del Gobierno de los Estados Unidos para asegurar la Devolución de Propiedades. La misma adoptaría las decisiones e impondría las medidas de fuerza necesarias para garantizar su ejecución. Sin dudas, sería necesaria mucha violencia para desalojar de sus tierras a los campesinos convertidos en propietarios por la Revolución o para reimponer el pago de elevados alquileres al 85% de las familias cubanas que gracias también a medidas revolucionarias hoy son dueños de la viviendas que ocupan.

Aquellos que pretenden desde Washington y Miami retrotraer al pueblo cubano a un pasado de sistemáticos desalojos, desahucios y despojos, se engañan si piensan que ello sería posible sin enfrentar una lucha de resistencia de millones de cubanos hasta la última gota de sangre.

En el Informe de la “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”, se propone también que, para facilitar la administración de una Cuba ocupada desde Washington, el al Gobierno estadounidense cree un Comité de Reconstrucción Económica, formado por representantes de los Departamentos de Estado, Comercio, Tesoro, Justicia, Agricultura y Vivienda, así como la USAID.

Las recetas neoliberales que estos procónsules aplicarían en Cuba determinarían: el desmantelamiento de la actual política fiscal y monetaria que persigue una redistribución equitativa de los ingresos y el estímulo al desarrollo económico del país; la eliminación del control de precios y de los subsidios a los productos de consumo de primera necesidad, incluidos los servicios de suministro de electricidad y agua; la eliminación de las cooperativas y la expropiación de sus patrimonios; el replanteo de prioridades en la definición de gastos del presupuesto nacional; y la revisión y eventual eliminación de los numerosos programas sociales que han colocado a Cuba a la vanguardia del Tercer Mundo por su desempeño y resultados en esta esfera.
De modo consistente con la clásica práctica política del engaño desarrollada por el imperialismo estadounidense, acudiendo de modo oportunista a la conocida fórmula de “la zanahoria y el garrote” la Comisión en su Informe expresa su “confianza” en que serán movilizados los recursos necesarios para apoyar la privatización y la reconversión económica de la Isla, para lo cual tratarían de “compartir” costos con otros países, atrayendo a la comunidad internacional de donantes.

Como garantía de que el comercio entre Cuba y los Estados Unidos y las eventuales inversiones que se realicen cumplirán las expectativas y saciarán las ambiciones de riqueza de los principales grupos económicos norteamericanos y de los sectores dominantes de la mafia anticubana de Miami, en detrimento de los intereses más genuinos del pueblo cubano, se propone crear también un llamado Comité Conjunto Estados Unidos-Cuba sobre Comercio e Inversión, que, por supuesto, sería también dirigido desde Washington.

Cuba sería empujada a someterse a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo, quedando atrapada en una telaraña de condicionalidades e imposiciones que se encargaría de acabar de borrar cualquier sombra de soberanía que pudiera quedar a un país ocupado y sometido a la dominación de Estados Unidos.

En el quinto capítulo se detallan y amplían las modalidades de administración y privatización de los sectores económicos estratégicos y de la infraestructura productiva del país. Se reafirman concepciones, directivas y discursos ya presentados en capítulos anteriores, como para no permitir que alguien pudiera apartarse en el más mínimo margen, del diseño trazado para la recolonización de Cuba.

Se planifica promover cuatro líneas fundamentales de acción: la privatización de todos los servicios públicos; la intervención de la economía cubana por las instituciones financieras internacionales; la reconversión tecnológica de la industria y los servicios, forzando la compra de equipamiento norteamericano; y la intervención y “asesoría” estadounidense en todas las ramas de la economía cubana.

La codicia y el poder imperial lo devoraría todo: aviación, aeropuertos, operaciones marítimas, ferrocarriles, carreteras, plantas y distribuidoras de energía, transportes públicos, minería, telecomunicaciones, recursos hidráulicos y otros muchos sectores.
Para financiar la “reconversión” no se sugiere la asignación de fondos para ser concedidos a manera de donaciones. Cuba tendría que endeudarse, solicitando créditos millonarios para comprar productos estadounidenses y establecer garantías a sus inversiones de capital. Luego, los cancerberos financieros al servicio de los centros mundiales de poder – las instituciones de Bretton Woods –, se encargarían de mantener controlado por el cogote al país, convirtiendo la economía cubana en un simple enclave del capital transnacional y en un apéndice del Imperio.

Asesores norteamericanos, contratados por un mínimo de 2 años – a ellos sí se les brindarían facilidades y protección en el empleo –, supervisarían y garantizarían la norteamericanización de los ministerios e instituciones cubanas.

Se impondría – según el Informe con carácter de “excepcionalidad” –, la contratación de empresas norteamericanas para operar todos los servicios mencionados. ¿Estuvo acaso la “Comisión para Asistir a una Cuba Libre” afectada por tanta orfandad de ideas que no pudo si no limitarse a plagiar los esquemas diseñados para la llamada “reconstrucción” del Irak ocupado? ¿O será acaso que la experiencia de la agresión y ocupación al Irak representa el ensayo del modelo de conquista concebido por las fuerzas que propugnan la expansión y consolidación del Imperio estadounidense en una escala planetaria?

En el Informe de la Comisión se sugiere que las empresas e instituciones norteamericanas planifiquen y dirijan las actividades de construcción, mantenimiento y operación de carreteras, puentes, instalaciones portuarias, ferrocarriles y aeropuertos. Se impondría un acuerdo de cielos abiertos que arruinaría a la aerolínea nacional cubana.

Las grandes transnacionales norteamericanas dominarían la extracción y refinación del petróleo y el gas y los derechos de exploración y explotación de eventuales yacimientos petrolíferos en la plataforma marítima cubana, cercenando definitivamente la independencia y autosuficiencia energética del país. Los Estados Unidos se asegurarían el control exclusivo de cualquier reserva energética importante que se encuentre en el territorio o la plataforma marítima cubana.

Expertos norteamericanos dictarían también el texto de una nueva legislación en materia de telecomunicaciones e impondrían la firma de nuevos acuerdos bilaterales para la explotación del espectro radioeléctrico. Se liquidaría el carácter público de las estaciones radiales y televisivas – y con ello su utilización para fines educativos, culturales y una recreación sana del pueblo –, y se abriría el camino a la penetración sin control de la industria norteamericana del “entretenimiento”, con su consabido impacto ideológico y sus negativos efectos de transculturación, fomento a la violencia, hiperbolización del individualismo y promoción de los injustos valores de la sociedad plutocrática que impera en los Estados Unidos.

El sexto capítulo fue dedicado a la descalificación de las políticas de protección medio-ambiental vigentes en Cuba que, por demás, han sido reconocidas internacionalmente.

El gobierno que se ha negado a firmar el Protocolo de Kyoto y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que levantó la prohibición para la explotación petrolera en las reservas naturales de Alaska, se arroga olímpica y cínicamente el derecho de ignorar las leyes, políticas y programas vigentes en Cuba, que demuestran la existencia de una profunda cultura y voluntad de protección medio ambiental. Cuba mantiene una estricta observancia y una rigurosa aplicación de las 26 convenciones, tratados y protocolos internacionales relativos al medio ambiente que ha ratificado, lo cual coloca al país a la vanguardia en el mundo en este tema.

En el Informe se propone la intervención mediante: la imposición de políticas de gobernabilidad medio-ambiental diseñadas en Washington; la modificación del cuerpo legislativo vigente en la materia; y el entrenamiento por agencias de Estados Unidos del personal al que asignarían responsabilidades claves a nivel nacional y local, tanto en el Gobierno, la industria, como en los medios académicos y de investigación.

No son nada sutiles en el planteamiento de sus pretensiones de saquear los recursos marítimos y pesqueros cubanos, y de asumir la administración y explotación de la biodiversidad atesorada en los parques naturales de la Isla.

En el terreno del abasto de agua potable y su tratamiento, se decide la sustitución del equipamiento y las fuentes de suministros de reactivos químicos, áreas donde garantizarían un mercado cautivo para los productos norteamericanos.

Aplicación de las medidas contenidas en el Informe de la “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”.

Como fuera expuesto con anterioridad, el documento producido por la Comisión fue hecho suyo por el presidente Bush el pasado mes de mayo, instruyendo la instrumentación acelerada de sus propuestas.

Si este engendro anexionista llegara a consumarse en su totalidad, se aniquilaría la nación cubana, utilizando como pretexto la promoción de las libertades y la democracia”.

La aplicación de una parte importante de su contenido requiere la liquidación previa de la Revolución Cubana y de la resistencia heroica que impondrá su pueblo frente al agresor estadounidense.

Sin embargo, algunas importantes y graves medidas sugeridas en el Informe, sí pueden ser ejecutadas sin la ocupación militar de la Isla y de hecho han sido aplicadas de modo acelerado.

El 14 de octubre de 2004, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Daniel Fisk, informó que 150 días después de la presentación del Plan de la Comisión, se habían entregado fondos adicionales por 14,4 millones de dólares (de los 29 millones propuestos como ayuda adicional), para apoyar el “desarrollo de la sociedad civil” – léase para el reclutamiento y financiamiento de mercenarios – en Cuba y transferido 6 millones de dólares a la USAID, para ampliar notablemente su labor con los “grupos de la sociedad civil”.

Según el propio funcionario, se habrían canalizado hacia “socios” internacionales – se refiere a gobiernos, organizaciones y “figuras” renombradas que rentan sus servicios de complicidad al mejor postor –, los restantes $8,4 millones, declarando el supuesto objetivo de fomentar una mayor “participación internacional” a fin de ayudar a los “activistas de la sociedad civil”, mediante un nuevo proceso diseñado para utilizar las “ideas” de los llamados “activistas democráticos” de todo el mundo.

Anunció, además, que fueron simplificadas las exigencias planteadas anteriormente al apoyo y suministro logístico a sus mercenarios en Cuba, a los que calificó nuevamente con el eufemismo de “grupos de la sociedad civil cubana”, asegurando que ya se habían iniciado las entregas de medios.

En la propia intervención, el señor Fisk apoyó irrestrictamente la creación – con el dinero y cumpliendo las instrucciones de Washington – del llamado Comité Internacional para la Democracia Cubana, presidido por el fiel asalariado de Estados Unidos y ex presidente checo Vaclav Havel. El señor Havel, quien se dice escritor, se destacó recientemente por cierto en el papel de actor, siguiendo al pie de la letra el libreto que le asignaran los servicios especiales norteamericanos en un show anticubano de poca monta en Praga, que contó, eso sí, con una amplia cobertura mediática.

El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, aseguró, además, que con la aplicación a partir del 30 de junio de 2004 de las nuevas restricciones a los viajes y al envío de remesas y paquetes de regalo, hasta la fecha del 10 de octubre del propio año se habría logrado privar a Cuba de más de 100 millones de dólares en divisas y que, en el curso de un año, esta cifra ascendería a 375 millones, por lo que la reducción de todas las corrientes de ingresos llegaría a no menos de 500 millones de dólares.

En resumen, la escalada de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones que propugna el Informe presentado por la llamada “Comisión para Asistir a una Cuba Libre” se encuentra en marcha aceleradamente. Las amenazas y desafíos al disfrute por el pueblo cubano de sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y la paz crecen por día.

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CAPITULO 3: TERRORISTAS, ¿“BUENOS” Y “MALOS”?

El pueblo cubano ha sido víctima por más de cuatro décadas de innumerables actos y ataques terroristas concebidos, financiados y apoyados desde el exterior – en la abrumadora mayoría de los casos desde Estados Unidos –, que han ocasionado cuantiosas pérdidas humanas y materiales y un irreparable daño psicológico y afectivo a miles de familias cubanas. Muy graves han sido también las afectaciones económicas sufridas por la nación cubana como consecuencia de sucesivos sabotajes, e incluso, agresiones biológicas contra su patrimonio y salud.

Estos actos terroristas han tenido como objetivo destruir mediante el terror, la inestabilidad y la incertidumbre, la opción política, económica y social que el pueblo cubano libremente ha adoptado en pleno ejercicio de su derecho a la libre determinación. El territorio de Estados Unidos ha sido utilizado de forma sistemática y permanente para planear, financiar, reclutar, entrenar y apoyar la realización de actos terroristas contra el pueblo cubano.

Las modalidades de terrorismo empleadas contra Cuba han sido muy variadas, e incluyen: sabotajes o destrucción de objetivos económicos y civiles dentro del país; ataques contra instalaciones costeras, naves mercantes y embarcaciones pesqueras; atentados contra instalaciones, medios y personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas; intentos de asesinato a sus principales dirigentes; introducción de gérmenes y plagas contra la agricultura y la producción pecuaria; e introducción de cepas de enfermedades contra las personas, entre otros.

Como resultado de al menos 681 acciones de terrorismo y agresiones contra el pueblo cubano que han sido probadas y documentadas, se ha producido la pérdida irreparable de la vida de 3 478 mujeres, hombres y niños, mientras otros 2 099 cubanos han quedado físicamente discapacitados por el resto de sus vidas. Cabe destacar que estas acciones no han cesado a lo largo de los años: 68 tuvieron lugar en la década de los años 90 y otras 39 en el curso de los últimos cinco años.

Las víctimas de las acciones terroristas contra Cuba no han sido sólo nuestros ciudadanos. Se han realizado 190 atentados terroristas contra personas o bienes de terceros países radicados en territorio norteamericano. Además, se organizaron y ejecutaron docenas de acciones contra bienes de compañías extranjeras que mantenían relaciones económicas con Cuba, o contra representaciones de países que mantenían vínculos con el país.

Las actividades terroristas se incrementaron significativamente y formaron parte sistemática de la política de hostilidad y agresiones contra la Revolución Cubana a partir del año 1961, como consecuencia del “Programa de Acción Encubierta Contra el Régimen de Castro”, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el entonces Presidente D. Eisenhower y proseguido por el Presidente J. F. Kennedy. En ese plan, conocido como “Operación Mangosta”, se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y de acción para operar dentro de Cuba, asignando para ello los fondos necesarios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El 18 de enero de 1962, se adoptó el conocido como “Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los departamentos y agencias participantes en la “Operación Mangosta”.

Además de los centenares de acciones concebidas y realizadas directamente por los Servicios Especiales del gobierno de Estados Unidos, se produjo un amplio espectro de otras acciones terroristas, algunas de ellas consumadas y otras neutralizadas en su fase preparatoria. La responsabilidad de estas acciones terroristas que supuestamente no tenían el patrocinio directo de las autoridades de Washington, recayó en organizaciones radicadas en el territorio estadounidense, que reunían a terroristas de origen cubano – muchos de ellos entrenados por la CIA y por unidades del ejército estadounidense –, que, cuando menos, actuaban inspirados en la política oficial de destruir a la Revolución Cubana por cualquier medio y que se han beneficiado siempre de la más abierta impunidad que le han garantizado sucesivas administraciones norteamericanas. Muchos de estos terroristas, aun sin operar oficialmente al servicio del gobierno de los Estados Unidos, fueron incluso protegidos por los servicios especiales de los Estados Unidos y se les brindó asilo bien en el territorio norteamericano, o en bases militares de dicho país en el territorio de otras naciones.

En 1960 se realizaron numerosos actos de terrorismo contra instalaciones públicas como cines, teatros, escuelas y comercios, con el objetivo de sembrar el pánico y el terror entre la población. La más criminal y sangrienta de las acciones emprendidas durante ese año fue la voladura, el 4 de marzo de ese año, del barco francés “La Coubre”, en el puerto de La Habana, en los momentos en que se descargaban las municiones compradas en Bélgica para el Ejército Rebelde. Este criminal atentado ocasionó 101 muertos, entre ellos varios franceses, más de 200 heridos y numerosos desaparecidos.

Entre los ataques a objetivos económicos llevados a vías de hecho en 1960, podría destacarse el ocurrido el 18 de febrero. Ese día, el avión que bombardeaba el Central “España”, fue destruido en el aire por una de sus propias bombas. Piloteaba la nave el norteamericano Robert Ellis Frost, acompañado por Onelio Santana Roque, ex miembro de los cuerpos represivos de la dictadura batistiana. La carta de vuelo registraba la salida del avión del aeropuerto de Miami, Florida. Por otros documentos hallados junto al cadáver del estadounidense, se descubrió que en tres ocasiones anteriores había participado en ataques aéreos contra Cuba y que iba a cobrar por el bombardeo de ese día 1 500 dólares.

Resulta significativo que la mayoría de los más connotados cabecillas del cínicamente auto-calificado “exilio cubano”, participaron directamente y ejecutaron actos terroristas contra Cuba desde la década del 60. De hecho, muchos de ellos contenían haciéndolo de manera conceptual.

El 30 de diciembre de 1960, se ocupó una fábrica de bombas y se detuvo a 17 terroristas que siguiendo instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se habían dedicado a poner petacas con explosivos plásticos en tiendas comerciales. Entre los terroristas mencionados, aparecen dos renombrados personeros de la mafia terrorista-anexionista de origen cubano, beneficiados por el doloso eufemismo de la prensa occidental con el epíteto de “pacíficos opositores políticos anticastristas”. Uno de ellos era nada menos que el “periodista” y “publicista” Carlos Alberto Montaner – cabecilla de la mafia anticubana en Madrid –, que no fue condenado entonces porque era menor de edad; y salió posteriormente del país tras solicitar asilo en una embajada latinoamericana. El otro terrorista, que devendría “personaje célebre” de la campaña anticubana de Washington, era el “Embajador” de Estados Unidos para los “Derechos Humanos”, el “Excelentísimo Señor” Armando Valladares, el falso escritor y falso paralítico, desenmascarado ante la opinión pública al levantarse de su silla de ruedas y andar casi 400 metros para tomar el avión en el que salió del país.

Además, el gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones terroristas con sede en los Estados Unidos y algunos países de la América Latina, contaron con una hornada de asesinos y torturadores de la tiranía batistiana que habían huido en enero de 1959 hacia tierras norteñas en busca de impunidad para sus crímenes contra el pueblo cubano.

Entre ellos se destacan Jesús Blanco Hernández, Conrado Carratalá Ugalde, Sotero Delgado Méndez, Martín Díaz Tamayo, Mariano Faget Díaz, Armentino Feria Pérez, Irenaldo García Báez, Pilar García García, Rafael Gutiérrez Martínez, Julio Estelio Laurent Rodríguez, Agustín Lavastida Álvarez, Lutgardo Martín Pérez Molina, Rolando Masferrer Rojas, José Eleuterio Pedraza Cabrera, Orlando Eleno Piedra Negueruela, José María Salas Cañizares, Ángel Sánchez Mosquera, Merob Sosa García, Manuel Antonio Ugalde Carrillo y Esteban Ventura Novo.

En la mayoría de los casos, el naciente Gobierno Revolucionario de Cuba solicitó oficialmente su detención provisional con fines de extradición, pedido al que las autoridades norteamericanas hicieron caso omiso.

En 1961 se intensificaron los atentados terroristas, que incluyeron la quema de cañaverales durante la zafra azucarera, el sabotaje a fábricas y los ataques contra fincas, actos en los que fueron asesinados 281 ciudadanos, en su mayoría campesinos, mujeres y niños civiles, así como milicianos y jóvenes voluntarios que participaban en la Campaña de Alfabetización iniciada el propio año.

En el mes de abril de ese propio año, se produjo la invasión militar por Playa Girón (Bahía de Cochinos), perpetrada por un ejército de aproximadamente mil quinientos mercenarios, organizado, entrenado, equipado, financiado y transportado por el gobierno de Estados Unidos. El frustrado plan preveía el ulterior desembarco de tropas norteamericanas, que contemplaron desde sus barcos la derrota de los mercenarios.

Muchos de los mercenarios que participaron en aquella invasión y en otras acciones terroristas de la guerra sucia contra Cuba, se mantienen activos en las filas de las organizaciones terroristas que siguen operando actualmente contra nuestro país. Muchos otros se enrolaron como agentes a sueldo de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en América Latina y otras regiones del mundo en misiones de asesinato político, tráfico de armas y narcóticos, sabotajes y guerras sucias como la llevada a cabo contra la Revolución Sandinista en Nicaragua. A otra parte importante de ellos, se les instruyó disfrazarse de “exilio político pacífico” contra la Revolución Cubana, agrupándose muchos de ellos en la llamada Fundación Nacional Cubano Americana. Este grupo públicamente “redimido” de la violencia terrorista, sin embargo, nunca renunció a lo que realmente sabe y disfruta hacer. Se ha mantenido organizando y financiando acciones terroristas como las llevadas a cabo por mercenarios centroamericanos contra instalaciones turísticas cubanas en la década de los 90.

Otra forma de terrorismo empleada contra Cuba fue el bandidismo, bautizado así por el pueblo por las felonías y los asesinatos cometidos por las 299 bandas terroristas que, entre 1959 y 1965, actuaron a lo largo y ancho del territorio cubano, armadas, sostenidas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos. El bandidismo tuvo su enclave principal en las montañas del Escambray, en el centro del país. Dichas bandas asesinaron más de 500 personas, principalmente campesinos y obreros agrícolas inocentes.

Documentos oficiales estadounidenses hoy desclasificados, demuestran el vínculo directo, patrocinio y apoyo del gobierno de Estados Unidos a las bandas que operaban dentro de nuestro país. En octubre de 1961, el Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, presentó un informe secreto que refería una acción encubierta, conocida como “Operación Silencio”, en la que por orden del gobierno norteamericano la CIA realizó 12 operaciones para el abastecimiento de armas, municiones y explosivos a las bandas armadas que operaban en nuestro país.

En el mismo documento, al hacer referencia al enorme centro establecido por la CIA en la Florida para llevar a cabo actividades encubiertas contra Cuba, Kirkpatrick reconoció que “de enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los servicios clandestinos”.

El secuestro de aeronaves fue otro tipo de acciones terroristas concebidas por la CIA en su programa para derrocar a la Revolución Cubana. Con estos actos, la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos dio origen a una nueva modalidad terrorista que no tenía precedentes hasta ese momento. Entre 1959 y el 2001, 51 aviones cubanos fueron secuestrados. Casi sin excepción, todos fueron dirigidos hacia Estados Unidos y la inmensa mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Pilotos, custodios y pasajeros fueron asesinados o heridos por los secuestradores. Varios aviones fueron destruidos o seriamente dañados en los intentos frustrados.

Al inicio de la década de los años 70 se crearon nuevas organizaciones terroristas integradas por torturadores y esbirros de la dictadura batistiana, y otros delincuentes y criminales que abandonaron el país a partir de 1959. El terrorismo siguió siendo un negocio lucrativo para la mafia anticubana, amparada por la complicidad y la tolerancia de las autoridades de Estados Unidos.

Organizaciones como Alpha 66 y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), asentadas en los estados de la Florida y Nueva Jersey, fueron responsables de gran parte de las acciones terroristas contra el pueblo cubano ocurridas en la décadas del 70 y los 80 y contra intereses de otros países que mantenían relaciones comerciales y económicas con Cuba.

Por esos años, el terrorismo anticubano incorporó acciones paramilitares contra embarcaciones mercantes y pesqueras de Cuba. El 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos Cayo Largo 17 y Cayo Largo 34 fueron atacados por dos cañoneras tripuladas por terroristas, que asesinaron al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonaron al resto de los tripulantes, en balsas de goma, sin agua ni comida.

El 6 de octubre de 1976, ocurrió el más monstruoso y brutal acto terrorista cometido en ese período: el estallido en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanos, 11 jóvenes guyaneses (6 de ellos seleccionados para estudiar medicina en Cuba) y 5 ciudadanos de la RPD de Corea. Todos perecieron.

El atentado contra el avión civil cubano fue cometido por dos mercenarios de nacionalidad venezolana, contratados por dos de los más connotados terroristas de origen cubano: Orlando Bosch Ávila – autor de 321 acciones terroristas y que pese a la opinión contraria del Departamento de Justicia, recibió una autorización especial del presidente Bush (padre) para residir en Estados Unidos y vive en Miami desde 1990 –, y Luis Posada Carriles – vergonzosamente indultado por la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso – sobre cuyo amplio historial terrorista se abundará más adelante.

Estos dos terroristas de origen cubano habían sido reclutados por la CIA desde 1960 y se les había especializado en sofisticadas técnicas de sabotaje con todo tipo de medios. Ambos integraban entonces la organización CORU, fundada en junio de 1976 por el propio Orlando Bosch, unificando varias organizaciones terroristas. CORU incrementó considerablemente las acciones terroristas no solo contra Cuba, sino también contra otros 24 países de Europa, América Latina y Caribe.

Al tiempo que se continuaron realizando actos terroristas en el territorio cubano, el escenario de algunas de esas actividades se desplazó hacia Estados Unidos, siendo dirigidas contra intereses asentados allí de países que mantenían relaciones y comercio con nuestra nación, contra funcionarios diplomáticos cubanos en la Misión ante las Naciones Unidas, contra instituciones privadas de ese país, contra emigrados cubanos que estaban en desacuerdo con la política terrorista de la mafia anticubana e incluso contra altos funcionarios de gobiernos extranjeros, como fue el asesinato del Canciller del gobierno chileno del Presidente Salvador Allende, Orlando Letelier, perpetrado en Washington por terroristas de origen cubano actuando al servicio de los órganos represivos de la dictadura del General Augusto Pinochet.

El pueblo norteamericano experimentó con horror en su propia casa el terror que sus gobernantes habían desatado contra un pequeño país vecino a partir de 1959.

Las autoridades de Washington – entonces sí –, reaccionaron deteniendo a algunos terroristas o intentando desmantelar ciertos grupos que actuaban de forma independiente y por cuenta propia. Para evadir la acción de las autoridades, muchos grupos utilizaron como ardid la disolución pública, el cambio en sus nombres, la interrupción temporal de sus acciones e incluso, cambiaron la base de sus operaciones hacia otros estados de la Unión.

Las bandas terroristas que respetaron las normas de conducta pública impuestas por las autoridades norteamericanas y mantuvieron su accionar terrorista exclusivamente contra el territorio cubano, han sido toleradas.
Entre algunas de las acciones terroristas llevadas a cabo contra Cuba en el propio territorio de Estados Unidos podrían mencionarse:

- 5 de junio de 1976, la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos, que ocasionó importantes daños materiales;

- año 1977, se produce el asesinato de los emigrados cubanos Carlos Muñiz Varela y José Eulalio Negrín, por sus posiciones favorables al diálogo con Cuba;

- marzo de 1980, se colocó una potente bomba en el auto del Representante Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York;

- 11 de septiembre de 1980, fue asesinado el diplomático Félix García, integrante de la representación cubana ante las Naciones Unidas.

Los sectores más reaccionarios y agresivos de la emigración cubana en Estados Unidos, y particularmente en la Florida, alentaron nuevamente la vía del terrorismo en su guerra contra Cuba en el período final de la administración Bush (padre). Ello motivó la realización – con renovada virulencia y asumiendo nuevas modalidades –, de numerosas acciones terroristas durante los dos mandatos de la administración del Presidente William Clinton.

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) – que contribuye “generosamente” a las campañas políticas de varios legisladores e incluso de presidentes estadounidenses –, asumió la organización y financiamiento de las acciones terroristas contra Cuba a partir de 1992. Al servicio, bajo las órdenes y con el dinero aportado por la FNCA, fueron reclutados en países de Centroamérica varios terroristas, que colocaron bombas en instalaciones turísticas cubanas por el cobro de una recompensa. En 1997, hicieron estallar siete bombas en hoteles e instalaciones turísticas del país. En uno de esos atentados, falleció el joven turista italiano Fabio Di Celmo. El objetivo era claro: arruinar la industria turística cubana, la cual ya se perfilaba como principal rubro económico del país.

Las acciones terroristas contra Cuba no han cesado durante la Administración de George W. Bush. Baste señalar que entre el 6 de agosto del 2002 y el 10 de abril de 2003, ocurrieron otros 11 actos terroristas, en su mayoría secuestros de aeronaves y embarcaciones para dirigirlas a Estados Unidos. En dichas acciones violentas, fueron utilizadas armas blancas, objetos punzantes e incluso armas de fuego, para amenazar y someter a la tripulación y los pasajeros.

Los terroristas juzgados en Cuba han sido sancionados con severas penas, lo cual salvo en contados casos, no ha ocurrido con aquellos de origen cubano que han sido procesados en Estados Unidos.

Historia de una infamia reciente.

El 25 de agosto de 2004, cinco días antes de concluir su mandato como presidenta de Panamá, Mireya Moscoso indultó a cuatro connotados terroristas internacionales de origen cubano, cuyo proceso de apelación a la condena que les había ido impuesta aún estaba inconcluso. Son ellos: Luis Faustino Clemente Posada Carriles, Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez (al final de este capítulo se presentan breves resúmenes del historial terrorista de los individuos indultados por la señora Mireya Moscoso).

Los cuatro terroristas fueron adiestrados por la CIA y utilizados directa o indirectamente para la ejecución de acciones terroristas contra Cuba y otros países, a lo largo de las cuatro últimas décadas.

Horas después de firmado el indulto y bajo protección oficial, los cuatro criminales fueron conducidos al aeropuerto internacional de la Ciudad de Panamá, donde eran esperados para facilitarles la salida del país.

Luis Faustino Clemente Posada Carriles, autor confeso de uno de los más atroces sabotajes perpetrados contra un avión comercial cubano en pleno vuelo, viajó a otro país centroamericano, donde permanece bajo falsa identidad.

Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez viajaron a Miami, Estados Unidos, sin ser siquiera molestados a su arribo por los complicados sistemas de seguridad y control que la Casa Blanca aplica a las personas que entran en su territorio, con la declarada intención de detectar presuntos terroristas.

Una vez más, el país que se autoproclama paladín en una supuesta y cacareada cruzada contra el terrorismo, acoge y protege en su territorio a connotados terroristas internacionales de origen cubano. Estos criminales terroristas se pasean libremente por las calles del Imperio e incluso, son homenajeados como “idealistas luchadores anticastristas”.
Todo indica que para la Administración del Presidente George W. Bush estos brutales malhechores calificarían en una categoría de terroristas “buenos”, que si bien resulta contraria al Derecho Internacional y a las decisiones adoptadas en el tema por las Naciones Unidas, resulta muy útil y conveniente a sus planes de dominación hegemónica.

Como se recordará, los citados terroristas habían sido arrestados en Panamá, en noviembre del año 2000, y la justicia de ese país había dictado sentencia en su contra por planificar un atentado contra la vida del presidente cubano Fidel Castro, mediante el empleo de decenas de kilogramos de explosivos de alto poder, durante un encuentro que la delegación cubana a la X Cumbre Iberoamericana sostendría con estudiantes, trabajadores e indígenas panameños, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.

La historia de la impunidad que hoy disfrutan estos cuatro terroristas se venía gestando desde el 10 de abril del año 2001, cuando la ex presidenta Moscoso, mediante las Resoluciones Ejecutivas 58, 59, 60 y 61, rechazó la justa y bien fundamentada solicitud de extradición presentada por las autoridades cubanas. La solicitud de extradición de los cuatro terroristas había sido oficializada por el gobierno cubano el 12 de enero de 2001, cumpliendo todos los requisitos exigidos para tales actos, tanto por la legislación panameña como por los instrumentos internacionales en vigor.

Con su decisión de indultarlos, la señora Moscoso puso en el descrédito y el ridículo las declaraciones formuladas el 15 de julio de 2004 por su Ministro de Relaciones Exteriores quien, según el comunicado No. 100 de la Cancillería panameña, había reiterado que “Posada Carriles y sus cómplices fueron juzgados, sentenciados y deberán cumplir la condena impuesta”.

Como se recordará, Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo fueron condenados a 8 años de privación de libertad, y Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll a 7 años. Estas sentencias fueron apeladas por los abogados querellantes, en representación de organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas panameñas, debido a irregularidades en el proceso, y a que las penas impuestas no se correspondían con la gravedad de los delitos que les habían sido probados en el juicio.

Aún cuando la ex presidenta Moscoso se ha empeñado en aducir que tomó su decisión atendiendo a cuestiones de índole humanitaria, es ampliamente conocido que no es esa la explicación real para tan vergonzosa acción.

La excarcelación de los cuatro terroristas había sido insistentemente exigida a la ex presidenta Moscoso por personeros de Washington y de la mafia anexionista de Miami, incluidos los cabecillas de las bandas terroristas que desde allí operan impunemente contra el pueblo cubano. Medios de prensa hablan de una generosa recompensa monetaria otorgada a la señora Moscoso en premio por su siniestra e inmoral decisión.

El propio Colin Powell, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, durante su visita a Panamá con motivo del Centenario de la República, solicitó a la señora Moscoso la liberación de los cuatro terroristas en cuanto concluyera el juicio.

Al alinearse en favor del terrorismo contra Cuba protegiendo a criminales convictos y confesos, la ex presidenta Moscoso no solo ha actuado de manera indigna, sino que también lo ha hecho en flagrante violación de la propia legislación panameña, que impide proceder al indulto mientras no se haya concluido el proceso judicial y exista una sentencia firme.

Interrumpir el proceso judicial contra connotados terroristas, que en ese momento se encontraba en fase de apelación, e impedir que en un caso tan delicado la justicia se pronunciara de manera definitiva, constituye una afrenta al pueblo cubano, a las víctimas de los crímenes perpetrados por estos individuos, al pueblo panameño y a todos los que en el mundo luchan dignamente contra este flagelo.

Asimismo, liberar a estos terroristas en momentos en que la comunidad internacional se afana en combatir el terrorismo, es un acto inmoral y, además, una gran irresponsabilidad.

Cuba ha dejado bien claro que sobre la ex presidenta Moscoso caerá la responsabilidad histórica y las consecuencias que se deriven del indulto, incompatible tanto con los esfuerzos que se deben realizar a nivel internacional para prevenir eficazmente los actos de terrorismo, incluida la aplicación de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como con las obligaciones asumidas por el Estado panameño como Parte en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, que incluyen, entre otros, el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

El 21 de septiembre del 2004, en Carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el Canciller cubano, Felipe Pérez Roque recordaba que en el primer informe presentado al Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad (S//2002/15), en cumplimiento de la Resolución 1373 (2001) de ese órgano, Cuba brindó amplia información sobre las actividades terroristas que se cometen en su contra y acerca de sus perpetradores.

Dicha información incluyó, entre otros elementos, un listado de las organizaciones terroristas que han actuado o actúan contra Cuba desde el extranjero y una relación de los autores materiales o intelectuales de los actos terroristas, entre los que se incluyeron los cuatro individuos indultados por la señora Moscoso.

Hasta la fecha y a pesar de nuestra solicitud de conocer qué medidas ha considerado llevar a cabo el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad con la voluminosa información proporcionada por Cuba, no se ha recibido respuesta.

Cuba espera que el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1373 (2001) acometa una evaluación de los hechos protagonizados por la señora Moscoso, a la luz de las disposiciones de la propia Resolución 1373 (2001), con la esperanza de que pueda conducir al término de la impunidad de estos terroristas.

El pueblo y el Gobierno cubanos, que por varias décadas han luchado ejemplarmente contra el terrorismo internacional, tienen la firme voluntad de continuar enfrentando y combatiendo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sobre la base de la convicción de que todo acto terrorista es repudiable y debe ser combatido.

En tal sentido se manifestaron los Jefes de Estado y de Gobiernos participantes en la XIV Cumbre Iberoamericana celebrada en noviembre de 2004 en San José, Costa Rica. Los mandatarios se comprometieron, además, “a no prestar ayuda ni albergue a los autores, promotores o participantes en actividades terroristas”.

Cuba considera que todos los actos y acciones terroristas afectan la vida, la salud, los bienes y la seguridad de personas inocentes, violan la soberanía y la integridad territorial de los Estados, ponen en peligro el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones nacionales, causan graves daños a la infraestructura productiva y a la actividad económica de los Estados y acentúan la desestabilización de la situación internacional, creando nuevos focos de tensión y provocando, en ocasiones, conflictos internacionales.

En consecuencia, Cuba aboga por una cooperación internacional verdaderamente eficaz, que permita prevenir y combatir todos los actos de terrorismo, eliminar sus causas, asegurar la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los autores, organizadores y patrocinadores de actos y acciones terroristas, así como de todos aquellos que las apoyan o financian. Sin embargo, esta cooperación debe tener legitimidad internacional y basarse en el respeto irrestricto del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo mediante el terror que imponen la negación de derechos y el ejercicio de una supuesta potestad unilateral de ser los primeros en desencadenar guerras.

Cuba, como muestra de su compromiso internacional en la lucha contra el terrorismo, ha ratificado o se ha adherido a los 12 Convenios y Protocolos internacionales existentes en materia de terrorismo. En diciembre de 2001, promulgó la Ley No. 93 Contra Actos de Terrorismo, que es un código integral, moderno y severo para el enfrentamiento de este flagelo.

No existe un terrorismo “bueno” y otro “malo”, en dependencia de quien lo lleve a cabo, cuales sean sus motivaciones declaradas o contra quien se ejecuten estos actos criminales.

Todas las víctimas de terrorismo, independientemente de las modalidades en que éste se manifieste, de donde tengan lugar estos actos, contra quienes sean cometidos y de quienes sean los responsables o sus auspiciadores , tienen el derecho y el deber de exigir justicia.

El pueblo cubano, por tanto, demanda que se haga justicia en su caso y se ponga fin a la impunidad que disfrutan los grupos terroristas que actúan contra sus mujeres, hombres y niños desde el territorio de los Estados Unidos de América.

Breves resúmenes del historial de los cuatro terroristas de origen cubano indultados por la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, tres de los cuales han sido acogidos por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Luis Faustino Clemente Posada Carriles

Entre los principales alias empleados para sus actividades aparecen:

Ramón Medina, Ignacio Medina, Juan Ramón Medina, Ramón Medina Rodríguez, José Ramón Medina, Rivas López, Juan José Rivas, Juan José Rivas López, Julio César Dumas, Franco Rodríguez Mena.

Abandonó Cuba el 25 de febrero de 1961, tras introducirse en 1960 en la Embajada de Argentina.

Integró el Ejército de Estados Unidos, donde recibió entrenamiento militar.

En 1963 ya era sindicado como agente de la CIA, impartiendo entrenamiento en misiones marítimas.

En 1964 se le ubica cerca de Tampa, al frente de un campamento de la denominada Junta Revolucionaria (JURE), donde eran entrenados terroristas de origen cubano. En este lugar recibe preparación, que le brindan especialistas de la CIA, en explosivos y demolición. Por esa fecha, dirigió un team de infiltración de la CIA que realizó diversas acciones contra Cuba.

En el curso de la década de los 60, se vinculó a miembros de organizaciones terroristas como Alpha 66, Comandos L y Movimiento 30 de Noviembre.

A fines de la propia década, se radicó en Venezuela y en 1967 integró la Dirección del Servicio de Inteligencia y Prevención (DISIP) de ese país, donde ocupó el cargo de Jefe de Operaciones y cumplió tareas como enlace con la CIA. Creó más tarde la Agencia de Detectives, Investigaciones Comerciales e Industriales, clausurada cuando se comprobó su participación como coautor en el sabotaje al avión de Cubana de Aviación en Barbados, en 1976, que costó la vida a 73 personas, por lo cual fue acusado y encarcelado.

Permaneció detenido en varios penales venezolanos desde 1976 hasta el 18 de agosto de 1985, cuando se fugó con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana y la complicidad de autoridades corruptas (FNCA).

Se trasladó entonces a El Salvador, donde prestó servicio por un período de alrededor de dos años, en la base militar de llopango, como asesor de la contra nicaragüense.

En febrero de 1990 es herido gravemente en Guatemala. En ese país se desempeñaba como asesor de seguridad de Teléfonos de Guatemala (GUATEL). A raíz del atentado, es apoyado económicamente por el director de la FNCA, Alberto Hernández, quien sufraga algunos de los gastos de hospitalización.

Después de su recuperación, es trasladado a la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, donde es hospedado en un hotel por su amigo, el empresario de origen cubano Rafael Hernández Nodarse.

En la década de los años 90, mantuvo frecuentes contactos con Gaspar Jiménez Escobedo, conocido por "Gasparito", y con otros terroristas, empeñándose en la organización de varios atentados contra el presidente Fidel Castro. Apoyó a organizaciones de Miami en la adquisición de armas en Centroamérica para la ejecución de acciones terroristas contra Cuba.

En esa época, hizo frecuentes viajes por países centroamericanos y en especial, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. En estos países posee estrechas relaciones con militares y empresarios que le brindan apoyo. También ha viajado a Miami, España, República Dominicana, Venezuela y Aruba.

En enero de 1994, participó en la organización de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, financiado por la FNCA, que ejecutarían en Honduras, en ocasión de una eventual visita del jefe de Estado cubano a la toma de posesión del presidente Carlos Roberto Reina. En junio, con similares propósitos, viajó junto a Gaspar Jiménez Escobedo a Colombia.

En junio de 1995, viajó a Costa Rica para perpetrar una acción dinamitera contra un buque cubano; y en diciembre, con Ramón Orozco Crespo, preparó una acción dinamitera contra un objetivo cubano.
En 1995 Posada Carriles, en complicidad con algunos militares hondureños, colocó 41 bombas en Honduras, según denunció en 1997 el doctor Ramón Custodio, dirigente del Comité Hondureño de Derechos Humanos.

En 1997 organizó con el apoyo de la cúpula de la FNCA, la estructura terrorista creada en Centroamérica con el objetivo de ejecutar acciones de esa naturaleza contra Cuba, reclutando mercenarios de la región, lo cual reconoció públicamente a mediados de 1998.

Estuvo también involucrado en 1997, junto al directivo de la FNCA Arnaldo Monzón Plasencia, en los preparativos de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, que sería realizado durante la celebración de la VII Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela. Hizo partícipes de sus proyectos a los contrarrevolucionarios Nelly Rojas, Pedro Morales y Francisco Pimentel, entre otros elementos, quienes aparentemente le brindaron apoyo.

Fue el organizador directo de varios atentados terroristas con el uso de bombas en Cuba. El primero de ellos ocurrió en abril del 97, recurriendo a los servicios de mercenarios reclutados por él, como Chávez Abarca y Otto René Rodríguez Llerena. Se prepararon 14 bombas, de las cuales 8 explotaron, 4 fueron desactivadas sin explotar y 2 fueron ocupadas en el momento de introducirlas en el aeropuerto. Estas bombas ocasionaron un muerto, varios heridos y cuantiosos daños materiales. Fueron atacadas además con explosivos, las oficinas de las empresas cubanas Havanatur en Bahamas y Cubanchan en México.

Participó directamente en la organización de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, durante su visita a República Dominicana en agosto de 1998, en el cual estaban involucrados otros terroristas radicados en Miami.

Ese mismo año planeó hacer estallar un avión de Cubana de Aviación, en ruta de La Habana a Centroamérica.

Posada Carriles continuó en 1999 y el 2000 los preparativos de diversos planes terroristas con similar perfil, dirigidos a afectar la economía cubana y medios e intereses cubanos en el exterior, para lo cual hizo compras de explosivos y otros pertrechos.

En cuanto al atentado preparado para la X Cumbre Iberoamericana, éste fue orientado directamente por Francisco "Pepe" Hernández y Alberto Hernández, en reuniones con Posada Carriles en países centroamericanos.

Para la organización de este plan sostuvo diversas reuniones, entre otras, con los terroristas Gaspar Jiménez y Antonio Iglesias, quienes entregaron dinero procedente de la FNCA para la compra de armas y explosivos.

Entre agosto y octubre del año anterior, Posada Carriles realizó varios viajes por Honduras, Costa Rica y Panamá en función de los preparativos. En Costa Rica, recibió apoyo financiero y facilidades para introducir clandestinamente por tierra hacia Panamá el armamento adquirido.

En Panamá, realizó las exploraciones necesarias para ejecutar el plan.

Durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2000, en la República de Panamá, fue detenido por las autoridades de ese país, junto con Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, por estar involucrado en un plan de atentado contra el presidente de la República de Cuba.

Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo

Entrenado por la CIA desde 1961, particularmente en el manejo de explosivos.

Fue miembro de las organizaciones terroristas Abdala, Cuba Independiente y Democrática y sustituyó al terrorista Orlando Bosch al frente del CORU, por encontrarse este último detenido en Venezuela después del atentado al avión de Cubana en Barbados.

Autor y ejecutor de varios atentados contra funcionarios cubanos en representaciones en el exterior.

Junto con los terroristas Gustavo Castillo y Orestes Ruiz Fernández, el 23 de julio de 1976, participó en la ejecución del intento de secuestro del cónsul cubano en la ciudad de Mérida, Estados Unidos Mexicanos, Daniel Ferrer Fernández, donde resultó asesinado el técnico cubano de la Flota Camaronera del Caribe, Artaignan Díaz Díaz. Luego de varios meses bajo arresto, logró evadirse del penal en que se encontraba en México.
En 1977, fue detenido por las autoridades norteamericanas acusado de violar la Ley de Neutralidad del gobierno de Estados Unidos, siendo puesto en libertad posteriormente.

En 1986, junto con Silas Cuervo, viajó a El Salvador y se entrevistó con el terrorista Luis Posada Carriles, para organizar un plan de atentado contra Fidel Castro. En esa fecha, Posada Carriles estaba al frente de un campamento donde se almacenaba gran cantidad de armamentos, que había solicitado a los norteamericanos para realizar acciones conjuntas contra la Revolución Sandinista.

Desde junio de 1993 se vinculó al grupo paramilitar de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), fungiendo desde entonces como uno de sus principales activistas.

Se desempeñó como "guardaespaldas" del ex directivo de esa organización Alberto Hernández.

Ese mismo año participó en los preparativos de un atentado contra el presidente Fidel Castro, que sería llevado a cabo durante la toma de posesión del presidente hondureño Carlos Alberto Reina. Al no efectuarse la visita, el plan quedó postergado para Colombia en 1994, durante la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con resultados infructuosos.

Fue uno de los principales enlaces de la FNCA con Posada Carriles en los preparativos del plan de atentado frustrado en Panamá, en función del cual viajó a Centroamérica para reunirse con Posada Carriles y entregarle dinero.

Durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana celebrada en noviembre de 2000, en la República de Panamá, resultó detenido por las autoridades de ese país junto con Posada Carriles, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, por estar involucrado en un plan de atentado contra el presidente cubano.

Guillermo Novo Sampoll

Connotado terrorista, responsable del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, junto con su hermano Ignacio Novo Sampoll y José Dionisio Suárez.

En 1961, se incorporó a los preparativos de la invasión mercenaria a Cuba por Playa Girón, pero su grupo no llegó a desembarcar, al producirse rápidamente la derrota de los invasores. Como parte del grupo terrorista de Julio Pérez Pérez, reconoció públicamente haber puesto bombas a nombre de "Comando Cero".

En diciembre de 1964, ejecutó un atentado con una bazooka contra el edificio de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, mientras realizaba una intervención en el plenario el Comandante Ernesto Ché Guevara, representando a la República de Cuba. Por este hecho, resultó arrestado por el FBI de EE.UU., quedando en libertad bajo fianza de quince mil dólares.

Fue arrestado en junio de 1967 por el Departamento de Policía de Nueva Jersey, junto a su hermano Ignacio, por tenencia ilegal de explosivos y sancionado en 1968 a una multa de 250 dólares y 2 años de libertad bajo palabra.

En 1973 fue puesto a disposición de la Corte del Distrito de Nueva Jersey por violación de la Ley de Neutralidad de esa nación, al ser partícipe de acciones contra el Consulado de Cuba en Montreal, Canadá, y contra un buque cubano. Fue condenado a una pena de 6 meses de privación de libertad y 5 años de libertad bajo palabra.

A finales de la década de los años 80, se incorporó al grupo paramilitar de la organización terrorista con sede en Miami, FNCA.

Durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2000 en la República de Panamá, resultó detenido por las autoridades de ese país junto con Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo y Pedro Remón Rodríguez, por estar involucrado en un plan de atentado contra el presidente cubano.

Pedro Crispín Remón Rodríguez

Nació en Cuba en 1945 y abandonó el país para establecer su residencia en Estados Unidos.

Es uno de los miembros de la organización terrorista Omega-7.

Designado en un informe confidencial del FBI como el asesino del diplomático cubano Félix García Rodríguez y del ciudadano cubano americano Eulalio José Negrín.
Fue entrenado por la CIA, en la víspera de la invasión de Playa Girón.

Según un informe desclasificado por el FBI, fechado en octubre de 1993, Pedro Remón fue detectado por las autoridades estadounidenses asociado a actividades terroristas, cuando fue detenido en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en diciembre de 1980, horas después de la explosión de una bomba en el Consulado de Cuba en Montreal.

Estuvo involucrado desde el inicio en el plan de atentado contra el presidente Fidel Castro que sería llevado a vías de hecho en el paraninfo de la Universidad de Panamá en el año 2000, siendo uno de sus principales organizadores.

Durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2000, en la República de Panamá, resultó detenido por las autoridades de ese país junto con Posada Carriles, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, por estar involucrado en un plan de atentado contra el presidente cubano.

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CAPÍTULO 4: LOS DERECHOS HUMANOS DE CINCO JÓVENES LUCHADORES ANTITERRORISTAS CUBANOS INJUSTAMENTE ENCARCELADOS EN ESTADOS UNIDOS, Y LOS DE SUS FAMILIARES, SON VIOLADOS BURDAMENTE POR ESPURIAS MOTIVACIONES POLÍTICAS.

René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Gerardo Hernández Nordelo, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez, son cinco jóvenes luchadores contra el terrorismo y defensores de los derechos humanos del pueblo cubano, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses.

El gobierno de los Estados Unidos aplica contra esos cinco jóvenes, detenidos de manera arbitraria desde hace seis años en ese país, prácticas sostenidas y sistemáticas de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, las cuales forman parte de una bochornosa confabulación encaminada a doblegar la integridad física y moral de estos cinco defensores de los derechos humanos del pueblo cubano.

Estos valientes jóvenes, al riesgo de sus propias vidas, se mantuvieron alertando y previniendo la realización de numerosas acciones terroristas contra Cuba, planeadas y organizadas por varios grupos que operan con impunidad en el territorio de los Estados Unidos.

Los cinco son intelectuales, hombres sencillos, y tres de ellos son padres de familia. Ninguno cometió acción violenta alguna. Los hechos por los que se les acusan están relacionados con el ejercicio pacífico del derecho de legítima defensa del pueblo cubano frente al terrorismo. Trabajaban en defensa del derecho a la vida, al bienestar y al desarrollo de su pueblo. Actuaron sólo respetando su conciencia y principios, e inspirados en un profundo amor a su pueblo.

El único instrumento de lucha de cada uno de ellos fue su propia inteligencia y su sacrificio, convencidos de que la información que obtuvieran para neutralizar las acciones terroristas de los grupos anti-cubanos asentados en Estados Unidos sería decisiva para proteger las vidas y los bienes de hombres, mujeres y niños en Cuba.

Miles de cubanos han sido asesinados o mutilados permanentemente durante más de 40 años a consecuencia de la actividad de estos grupos, cuyos campos de entrenamiento y campañas de reclutamiento y recaudación de fondos tienen amplia cobertura publicitaria en ciudades como Miami.
Las actividades criminales de esos grupos terroristas contra Cuba constan en documentos oficiales desclasificados del propio gobierno norteamericano y han sido expuestas en este documento.

Resumen del caso:

El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos y trasladados al Cuartel General del FBI en Miami, donde fueron interrogados por 6 horas ininterrumpidamente, sin la presencia de abogado alguno.

El 14 de septiembre fueron presentados a una Corte de Miami donde le fueron asignados los abogados de la defensa y el calendario de las audiencias de fianzas, las que fueron negadas en la vista del 29 de septiembre del propio año.

A partir del 5 de enero de 2000, los abogados de la defensa comienzan a presentar las Mociones solicitando el cambio de sede, al considerar que la ciudad de Miami no constituía una sede adecuada para la realización de un juicio imparcial a los acusados, amparados en la V y VI Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.

El 20 de marzo de 2000, los Cinco, representados por sus abogados, presentaron una Moción solicitando que el juicio fuera trasladado a Fort Lauderdale, argumentando que en Miami estaba el núcleo básico de los terroristas contra los que los Cinco se estaban enfrentando. También ampararon su pedido en una encuesta, que arrojó la existencia de prejuicios contra los acusados en esa ciudad.

Resulta imposible en Miami lograr un veredicto justo en cualquier caso relacionado con Cuba. En esa ciudad se pasean por las calles terroristas confesos que se jactan de sus fechorías, las anuncian y preparan públicamente, sin que las autoridades hayan hecho jamás absolutamente nada para impedir sus acciones o sancionarlas.

El 27 de julio de 2000, la jueza Joan Lenard vetó la Moción en la que se solicitó el cambio de jurisdicción, hecho que sentó las bases para que el 27 de noviembre del propio año comenzara un juicio plagado de irregularidades, que lo convertiría en ilegal e inconstitucional, habiéndose transgredido la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Fueron juzgados en una comunidad que les resultaba completamente hostil, lo que impidió la posibilidad de un jurado imparcial con las garantías del debido proceso.

Las sentencias impuestas fueron irracionalmente desmesuradas y vengativas, no aceptándose ninguna de las atenuantes sugeridas por los defensores.

Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad; Ramón Labañino a cadena perpetua más 18 años; Antonio Guerrero a cadena perpetua más 10 años; Fernando González a 19 años; y René González a 15 años, sin haberse probado los cargos fundamentales que les fueron impuestos y a pesar de las declaraciones a su favor realizadas por los testigos durante el juicio.

El 12 de noviembre de 2002, el Sr. Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero, respaldado por los otros defensores, solicitó al tribunal de Miami la celebración de un nuevo juicio mediante Moción presentada ante la corte del Distrito de la Florida.

Las razones principales que fundamentaron dicha Moción fueron la conducta dolosa de la Fiscalía y de la jueza en el manejo de la pretensión original de la defensa, que en varias oportunidades desde enero del 2000 interesó y razonó que el juicio se realizase fuera de Miami. Asimismo, se anexaron documentos y declaraciones juradas que probaron ampliamente la justeza de esa petición y la necesidad de restituir la legalidad quebrantada, todo ello a la luz de nuevas evidencias en el interés de la justicia.

El 10 de febrero de 2003, la jueza Lenard de la Corte federal del Distrito Sur de la Florida, desestimó esta Moción, sin siquiera conceder una audiencia donde los abogados ilustraran los motivos en que sustentaban su pretensión.

El 10 de marzo de 2004, tuvo lugar la vista oral ante el 11no circuito de Atlanta, donde nuevamente se solicitó la realización de un nuevo juicio, fuera de la Ciudad de Miami, pretendiendo asegurar las garantías del debido proceso que ha estado ausente en este caso desde su inicio.
Actualmente los familiares de los Cinco se encuentran a la espera de la decisión de la Corte.

Elementos que manifiestan el carácter amañado y políticamente manipulado del proceso seguido contra los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas y defensores de los derechos humanos de su pueblo.

1. Miami: un lugar completamente hostil e imposible para la justicia.

La garantía de un jurado imparcial fue totalmente ignorada al insistirse en realizar una farsa de juicio contra los Cinco jóvenes en Miami, lugar completamente hostil y parcializado contra los acusados. Se violaron groseramente la V y VI enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.

Miami es la ciudad de los Estados Unidos donde grupos terroristas han hecho estallar bombas y han agredido violentamente a quienes sólo han querido escuchar una orquesta cubana y donde se mantuvo secuestrado, a despecho de las decisiones de tribunales competentes, durante cuatro meses, al niño cubano Elián González.

2. Violación del Principio del Debido Proceso Legal

Se impusieron sanciones por supuestos delitos sin haberse presentado una sola evidencia concreta y exacta, violándose el principio de que la Fiscalía debe probar los hechos delictivos imputados, más allá de toda duda razonable.

La defensa se vio constantemente constreñida en su derecho a disponer libremente de la documentación considerada como evidencias, para su estudio y examen, dado que fue clasificada bajo la CIPA (Ley de Procedimiento de Información Clasificada). Su desclasificación se produjo de manera arbitraria, dificultando muchas veces el acceso a la misma de los abogados de la defensa con la suficiente antelación para una adecuada valoración. Al propio tiempo, no se accedió a varias solicitudes de la defensa para que algunos documentos que resultaban relevantes en el esclarecimiento de los hechos, fuesen considerados como documentos oficiales e incorporados como pruebas.

Se permitió a la Fiscalía la manipulación constante de los testigos y se potenció una campaña de prensa dirigida a atemorizarlos, dificultando unas veces, e impidiendo otras, que se pusieran de manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos e informaciones que constituyen evidencias favorables a la defensa de los acusados.

3. Crueles condiciones de reclusión dirigidas a obstaculizar gravemente la defensa, y que ha ocasionado a los Cinco y a sus familiares torturas y sufrimientos que califican como flagrantes violaciones a sus derechos humanos.

En violación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, el artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso la VIII Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se les mantuvo tras su detención en confinamiento solitario en celdas de castigo, sin haber cometido indisciplina alguna, en dos períodos –el primero de 17 meses y el segundo de 48 días.

En el mes de abril de 2003, los Cinco fueron sometidos nuevamente a los horrores de “El Hueco”. En esta ocasión, el objetivo perseguido por las autoridades gubernamentales estadounidenses fue el de obstaculizar la preparación de los documentos apelatorios que fueron presentados en el XI Circuito de la Corte de Atlanta y la demanda de un juicio justo e imparcial fuera de Miami.

4. Malos tratos y tortura emotiva y sicológica contra los familiares de los Cinco jóvenes.

Por la persistente negativa de visas de las autoridades estadounidenses, Adriana Pérez y Olga Salanueva no han podido ver a sus respectivos esposos, Gerardo Hernández y René González, desde que fueron detenidos hace cinco años. La decisión afecta también a la pequeña Ivette, hija de René, que no conoce a su padre, pues tenía cuatro meses al momento de su detención.
En franca violación de las obligaciones y deberes asumidos en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Departamento de Estado ha obstaculizado el cumplimiento del deber de los funcionarios consulares cubanos de brindar asistencia consular a los Cinco y el derecho de estos últimos a recibirla.

5. ¿Defensores de los derechos humanos de su pueblo?, ¡sí!; ¿espías?: ¡no!.

En una acción sin precedentes, los Cinco fueron condenados por supuesto espionaje contra Estados Unidos, sin que se presentaran pruebas o testimonios que sustentaran daños, perjuicios o violaciones a la seguridad de los Estados Unidos o a los intereses de su pueblo. Hubo testigos que específicamente negaron que ellos hubiesen realizado espionaje, entre ellos el general Clapper, ex-jefe de la CIA, quien concurrió al juicio como experto de la Fiscalía y ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tales como los Generales Wilhelm y Atkeson, el Almirante Carroll y el Coronel Buckner.

6. No se cometieron actos de violencia o perjuicio alguno contra las personas o sus bienes.

Resulta alarmantemente escandalosa la injusticia de condenar a Gerardo Hernández por asesinato premeditado, sin haberse presentado en su contra pruebas o testigos, ni siquiera evidencias circunstanciales, que lo vincularan personalmente con incidente alguno de tal naturaleza. Se le atribuyó, sin evidencias o testigos, responsabilidad en los sucesos del 24 de febrero de 1996, día en que las autoridades cubanas derribaron 2 avionetas que realizaron invasiones reiteradas a su territorio nacional.

Al juzgar la decisión ejecutada ese día en legítima defensa por la República de Cuba, el Tribunal violó la Doctrina del Acto de Estado que ha sido clara y reiteradamente reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos. Al juzgar la conducta del Estado cubano, el Tribunal de Miami violó el Derecho Internacional y el norteamericano y al personalizar esa conducta en Gerardo Hernández, quien no representaba a ese Estado, no desempeñaba ninguna función en la fuerza aérea cubana, ni tuvo participación alguna en el incidente ocurrido ese día, el Tribunal violó groseramente las nociones básicas del derecho penal.

Se puede decir que Gerardo Hernández es la única persona en el mundo que está condenado a dos cadenas perpetuas y una de ellas, por algo de lo que no era acusado por la Fiscalía al momento de determinarse la condena. En el desarrollo del juicio el propio acusador se vio obligado a reconocer por escrito, el 25 de mayo del 2001, que no podía probar el cargo por el que se le impuso una de las cadenas perpetuas y solicitó que esa acusación fuera modificada. Diría el Fiscal:
“A la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo, ya que impone una barrera insuperable a esta Fiscalía.”

7. Ocultamiento por el Gobierno estadounidense de las evidencias y pruebas de las acciones terroristas contra el pueblo cubano en el proceso contra los Cinco.

El Gobierno estadounidense presentó varias mociones para excluir de las deliberaciones del juicio la consideración de las actividades de grupos terroristas contrarrevolucionarios asentados en Miami, que lógicamente eran la motivación del accionar de los Cinco.

Con este objetivo, la Fiscalía preparó y presentó una moción para que connotados terroristas se acogiesen a la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana. Impidió así los testimonios de esos individuos y la declaración acerca de sus acciones terroristas contra el pueblo cubano, elementos claves en la argumentación de las motivaciones de los Cinco.

8. Irregularidades en la selección del jurado.

En ninguna otra jurisdicción, los acusados se verían obligados a utilizar 9 de sus 15 vetos perentorios, sólo para eliminar como miembros del jurado a personas vinculadas con los grupos anti-cubanos que operan en el sur de la Florida.

La Fiscalía recusó 6 candidatos a integrar el jurado, sin causa distinta a la de ser afronorteamericanos.

9. Comportamiento sospechosamente inusual del jurado

A pesar de escuchar las declaraciones de 74 testigos (43 de la fiscalía y 31 de la defensa), en un período de casi siete meses, el jurado de Miami sólo deliberó por breves períodos de tiempo y anunció con gran antelación el día y la hora exactos en que pronunciaría su veredicto. No solicitó ninguna aclaración, no expresó duda alguna, a pesar de la complejidad que suponía su tarea –decidir sobre una documentación de decenas de miles de páginas y decenas de cargos contra cinco acusados. Se emitió de forma expedita un veredicto de culpabilidad para los Cinco en todos los cargos imputados.

10. Carácter politizado e irracionalmente desmesurado de las sentencias.

La jueza no aceptó ninguna de las circunstancias atenuantes probadas en el proceso y acogió las agravaciones solicitadas por la Fiscalía. Como se ha dicho, Gerardo, fue condenado a dos cadenas perpetuas, más 15 años; Ramón, a una cadena perpetua, más 18 años; Antonio, a una cadena perpetua, más 10 años; Fernando, a 19 años; y René, a 15 años.

Los Cinco son prisioneros políticos a los cuales se les niega su condición y se les mantiene sujetos al mismo régimen y en promiscuidad con delincuentes comunes, violándose el artículo 8 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

11. Los Cinco fueron dispersados en cinco cárceles, en 5 distintos Estados, en los puntos más distantes de la geografía estadounidense.

Los Cinco se encuentran a una gran distancia de las oficinas de sus respectivos abogados en el territorio de Estados Unidos, lo cual hace sumamente difíciles sus contactos con ellos, así como con familiares y amigos. Se intenta dificultar el trabajo de sus representantes legales.

12. El verdadero problema: Terroristas con impunidad

Los Cinco demostraron en el juicio que sus únicas acciones de búsqueda de información en los Estados Unidos estaban relacionadas con la vigilancia al terrorista de origen cubano José Basulto y a la organización que creó bajo el apelativo de "Hermanos al Rescate", así como las actividades de otros connotados terroristas de origen cubano que actúan con impunidad contra Cuba desde los Estados Unidos, como Orlando Bosch, responsable de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano donde murieron 73 personas, incluido todo el equipo olímpico de esgrima. Otro terrorista cuyas actividades contra el pueblo cubano fueron objeto de seguimiento por los Cinco, fue Luis Posada Carriles, también responsable del atentado terrorista contra un avión civil cubano en 1976, que provocó la muerte a las 73 personas a bordo y uno de los implicados en el plan de asesinato contra el Jefe de Estado cubano, Fidel Castro, que sería llevado a cabo colocando varias bombas en el paraninfo de la Universidad de Panamá, que serían detonadas en el momento en que el líder cubano se estuviera reuniendo allí con miles de estudiantes y profesores panameños. Posada Carriles, con el dinero y el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana – que también tiene su sede en Miami –, orquestó los atentados terroristas contra hoteles cubanos en 1997, que tuvieron como resultado la muerte de un turista italiano y varias personas heridas .

13. La jueza Joan Lenard cometió varias violaciones que contribuyeron a privar a los acusados de sus más elementales derechos y obstaculizó el trabajo de la defensa.

En la Corte Federal de Miami, la Jueza Lenard, primero rechazó la solicitud de los abogados de la Defensa para tener acceso a la documentación que fue clasificada – en la cual estaría la inmensa mayoría de las supuestas evidencias utilizadas para acusar y sancionar a los Cinco –, y luego otra Moción presentada por el Sr. Weinglass, defensor de Antonio Guerrero (y a la que se sumaron el resto de los abogados de la Defensa), solicitando un nuevo juicio y su celebración en una sede distinta a Miami.

Para esta Moción, la Defensa presentó una nueva evidencia, basada en el caso Ramírez vs. Ashcroft, del año 2002, en el que concurrió una actitud dolosa y mal intencionada de un gobierno. En el litigio Ramírez vs. Ashcroft, la Fiscalía terminó siendo la acusada, y cuando tuvo que concurrir al juicio, el gobierno alegó que en Miami no podía juzgarse con ecuanimidad e imparcialidad, puesto que el hecho tenía que ver con Cuba. ¿Cómo interpretar ese doble rasero? Estamos frente a un delito de prevaricación, por el uso premeditadamente doloso del poder que ejerce una autoridad.

14. Lamentable y extraño rechazo de la Corte de Atlanta al Informe sobre los Cinco Cubanos Prisioneros en EE.UU. (junio del 2003).

El rechazo por parte de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta del informe presentado ante ella por el jurista Erick Luna, reconocido profesor de la Universidad del Estado de Utah, a nombre la Sociedad Cubana de Ciencias Penales (recurso que se conoce comúnmente como “Informe de amigos de la Corte”), es un hecho que no ocurre casi nunca en el sistema jurídico estadounidense, pues sólo tiene como objetivo ampliar la visión de la Corte sobre los casos que juzga.

En el informe se abundaba en la información de las actividades de terrorismo contra el pueblo cubano y otros datos de particular interés que permitirían probar la Defensa por necesidad, principio bajo el cual actuaron los Cinco y que está reconocido por el sistema legal de EE.UU.

15. Silencio cómplice de los medios de comunicación norteamericanos con relación al injusto proceso.

Por sus características, el caso de los cinco debería haber sido una noticia de interés nacional en los Estados Unidos. Hubo ex generales y ex almirantes testificando, 72 testigos, notas diplomáticas, Memorandums de la Casa Blanca, incluso, testificó un asesor del ex Presidente Clinton. Por otra parte, en el año en que tuvo lugar el juicio, fue el caso más largo en EE.UU. y, al mismo tiempo, fue el único juicio que involucró cuestiones de relaciones exteriores de Estados Unidos.
Sin embargo, y siguiendo claras instrucciones de su Gobierno, el injusto e ilegal proceso contra los Cinco no ha recibido la más mínima atención de los numerosos medios de comunicación estadounidenses, con la excepción de los medios controlados por la mafia terrorista cubano americana, los que por supuesto, alentaron la venganza y el odio contra los héroes cubanos, una verdadera cacería de brujas contra los Cinco luchadores antiterroristas.

16. Apoyo de la comunidad jurídica estadounidense y solidaridad internacional

Algunas de las asociaciones de abogados y juristas más prestigiosos de los Estados Unidos y del mundo, se han sumado a la batalla por la liberación de los Cinco. El Proyecto Nacional de Jurados, que está integrado por expertos destacados en el sistema de jurados de los Estados Unidos, ha presentado un alegato al Tribunal de Juicios instando a una nueva vista.

Además, el National Lawyers Guild (Asociación Nacional de Abogados), que representa a cerca de 5000 letrados en los Estados Unidos, también ha presentado una solicitud formal al Tribunal pronunciándose por un nuevo juicio en una sede imparcial. Esa solicitud recibió el apoyo de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que cuenta con miembros en 90 países y tiene entidad consultiva en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Existen ya 208 Comités de Solidaridad con los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas injustamente en prisión en los Estados Unidos, creados en 79 países del mundo. Cada día crecen las voces solidarias en el mundo y dentro de Estados unidos en un esfuerzo por reparar la injusticia y lograr el regreso de los Cinco a su país y al seno de sus familias.

El pueblo cubano reitera su demanda de justicia y solidaridad con estos Cinco defensores de sus derechos a la vida, a la libre determinación, al más alto grado de bienestar y al desarrollo, los cuales han sido violados y siguen siendo amenazados por las acciones de los grupos terroristas de origen cubano que actúan bajo el estímulo o la impunidad que les confiere el Gobierno de los Estados Unidos.

17. Malos Tratos y Tortura emotiva y psicológica contra los familiares de los Cinco Jóvenes:

• Obstáculos interpuestos a las visitas consulares
• Limitación al acompañamiento de funcionarios consulares a los familiares que han podido visitar a los Cinco.
• Negativas de Visas.
• Dilación al otorgamiento de las visas.

Los Cinco han sido blanco preferido de la escalada de hostilidad y agresividad de la administración Bush contra nuestro pueblo.

Desde el año 2003, el gobierno norteamericano con abiertas intenciones provocativas y motivaciones de venganza, incrementó las medidas encaminadas a aislar y a castigar aún más a esos jóvenes defensores de los derechos humanos del pueblo cubano, saboteando el proceso de apelación, y tratando de doblegar el espíritu y la firmeza de los cinco y sus familiares.

A partir del 2003 se incrementaron los obstáculos a las visitas consulares y a los contactos de los Cinco con sus familiares. Las dilaciones al otorgamiento de visas y la negativa de visas a Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández Nordelo y René González respectivamente, representan una de las acciones más crueles, inhumanas y violatorias del Derecho Internacional, y en particular de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y de la propia legislación norteamericana.

En marzo de 2003, coincidiendo con la imposición de nuevas restricciones de movimiento a nuestros funcionarios en Washington, el Departamento de Estado canceló las visitas consulares planificadas a Gerardo y a Fernando.

A partir de junio de 2003, el Departamento de Estado norteamericano comenzó a tomar las primeras decisiones, que conllevaron ulteriormente a la eliminación total de la posibilidad de que los funcionarios consulares cubanos acreditados en Washington acompañen a los familiares de los Cinco durante sus visitas a las prisiones.

Durante las visitas familiares en junio, julio y agosto del pasado año, impusieron la condición adicional que los funcionarios consulares no podían permanecer durante los fines de semana con los familiares en los pueblos aledaños a las prisiones y que tenían que regresar a Washington.

Los familiares quedaban sin atención consular y con la carga emotiva que significa el contacto con sus seres queridos después de una muy larga espera.

En diciembre de 2003, el Departamento de Estado negó el primer permiso para el acompañamiento consular a familiares de Gerardo en el curso de su visita, usando como pretexto que se trataba de un viaje de índole personal y no consular.

Debe recordarse que las familias de los Cinco cubanos defensores de derechos humanos, tienen que viajar a los Estados Unidos transitando los enormes obstáculos y complejidades que impone el bloqueo a Cuba, a lo que se adiciona el hecho que los Cinco heroicos jóvenes fueron recluidos en distantes parajes. Ellos se ven obligados a realizar numerosos cambios de aviones, recorrer cientos de kilómetros por carretera, hospedarse en lugares que le son desconocidos, moverse a las prisiones ubicadas en lugares inhóspitos, sin el más mínimo apoyo.

A estas crueldades y a más se han enfrentado de forma valiente y firme las madres, esposas y otros familiares de los Cinco.

En el caso de Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández Nordelo y René González respectivamente, las violaciones de derechos humanos son aún más crueles.

El 7 de enero de 2004, se publicó una Declaración del MINREX en la que se denunció la absurda y revanchista conducta de las autoridades norteamericanas, las que a través de la Nota 845 de su Sección de Intereses en La Habana, de fecha 23 de diciembre de 2003, devolvieron una vez más los trámites de solicitud de visas a favor de Olga Salanueva y Adriana Pérez, informando que los trámites a favor de estas personas no serían recibidos en lo adelante a través del MINREX, y que debían ser presentados de forma personal y directa.

A partir del 2 de febrero de 2004, la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana comenzó a aplicar estas medidas al resto de los familiares de los Cinco, o sea, a partir de esa fecha sus solicitudes de visas no son admitidas a través del MINREX, sino deben hacerse de forma personal por los familiares de nuestros compañeros.
El 27 de febrero de 2004, mediante Nota Diplomática, el Departamento de Estado – en una abierta violación de sus responsabilidades en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961 –, comunicó a la Sección de Intereses de Cuba en Washington, que a partir de ese momento las visitas consulares de nuestros funcionarios en Washington, sólo serían autorizadas una vez por trimestre.

Esa acción de hostilidad recibió la respuesta de Cuba a través de la Declaración del MINREX del 4 de marzo de 2004, publicada bajo el título: “Una nueva infamia contra nuestros 5 Héroes”. En la misma fueron denunciadas las nuevas restricciones a la actividad consular de nuestros funcionarios en Washington.

La negativa de visas en los casos de Adriana Pérez y Olga Salanueva, no es la única violación flagrante de los derechos de los Cinco y sus familiares a mantener comunicación mediante visitas periódicas. También se producen prolongadas dilaciones al otorgamiento de las visas a otros familiares.

Ha sido angustioso el camino que han tenido que recorrer el resto de los familiares en el proceso de obtener sus visas. Sólo por citar un caso, las visas de Carmen Nordelo, Magalys Llort, Irma Sehwerert y Colmes Labañino, cuyas solicitudes fueron presentadas unas el 7 de agosto de 2003 y el resto el 23 de septiembre de 2003, sólo fueron otorgadas en el mes de abril del 2004, siete meses después de las últimas solicitudes.

En su inhumano proceder, las autoridades estadounidenses obvian incluso la avanzada edad de varios de los familiares de los Cinco Héroes.

Negativa de visas a Olga Salanueva y a Adriana Pérez, esposas de René González y Gerardo Hernández, respectivamente.

A Olga y Adriana les han sido negadas las visas en reiteradas ocasiones y de esta forma se les ha impedido ver a sus esposos.

La última solicitud de visas para ambas se realizó en el mes de febrero de 2004 y fueron denegadas en abril de 2004.

Caso de Adriana Pérez

Nunca ha visitado los Estados Unidos. Nunca ha podido ver a su esposo luego de su detención el 12 de septiembre de 1998.

• En la práctica, el Gobierno de Estados Unidos no dispone ni podrá disponer de prueba o indicio alguno para sostener que la presencia de Adriana en territorio norteamericano pueda dañar los intereses o la seguridad nacional de ese país.

• El nombre de Adriana no aparece en el acta acusatoria vinculado a los cargos que se le imputaron de forma dolosa a Gerardo, ni ninguno de sus cuatro compañeros.

• Su único interés al solicitar visa de entrada a los Estados Unidos es visitar a su esposo, Gerardo Hernández Nordelo, quien cumple sentencia de dos cadenas perpetuas más 15 años en la prisión de Victorville, California.

• El 29 de marzo del 2002, el Gobierno de Estados Unidos le concedió visa después de un proceso de consulta inter-agencias, que es lo usual en el caso de un ciudadano cubano. En julio del 2002 viajó a los Estados Unidos para visitar a su esposo, pero al arribar al aeropuerto de Houston, Texas, fue detenida y sometida durante 11 horas a un humillante interrogatorio y finalmente no se le permitió entrar al territorio norteamericano, teniendo que retornar a Cuba.

• De haber tenido alguna evidencia concreta en su contra, podrían haber procedido a arrestarla en el momento que se le impidió su entrada al territorio de Estados Unidos.

• En abril del 2003, el gobierno de Estados Unidos le negó la visa nuevamente, invocando la sección 212-3 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, que niega la entrada al país a personas que se consideren quieran hacerlo para realizar actividades de espionaje o sabotaje.

• En junio del 2003, solicitó una vez más la visa al Gobierno de Estados Unidos, la cual se le volvió a negar.

Caso de Olga Salanueva

La última vez que ella vio a su esposo fue en la víspera de su juicio en noviembre del 2000. En este caso la situación es aún más inhumana, porque existe una niña víctima de esta tragedia.

• Al momento de la detención de su esposo, René González, Olga residía legalmente en Estados Unidos y permaneció durante 2 años y dos meses en territorio norteamericano.

• En ese período de tiempo – hasta su deportación a Cuba en noviembre del 2000 –, asistió a la presentación del acta de detención y acusación de René, sostuvo contactos con oficiales del FBI y con su abogado defensor. En ningún momento se le indicó vinculación alguna con los cargos de los que posteriormente fue acusado su esposo.

• De haberla considerado el gobierno de Estados Unidos una agente infiltrada, dos años y dos meses fue tiempo suficiente para presentar los cargos en su contra y encausarla. Sin embargo, no fue acusada ni encausada por ningún cargo federal.

• En agosto del 2000, fue detenida por las autoridades migratorias para ser sometida a un proceso de deportación. Un mes antes – julio 2000 –, la Fiscalía le propuso a su esposo un arreglo para que reconociera los dos cargos de los que estaba acusado (conspiración y agente extranjero no registrado) en cuyo caso, su esposa, Olga Salanueva, no sería deportada.

• Ante la digna negativa de René González, Olga fue deportada a Cuba.

• El 29 de marzo del 2002, el gobierno de Estados Unidos le concedió visa para entrar a territorio norteamericano a fin de visitar a su esposo.

• El 23 de abril del 2002, el gobierno de Estados Unidos le revocó esa visa alegando que habían descubierto información según la cual, Olga Salanueva podía ser inadmisible en virtud de la Sección 212 (a) (3) (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que niega la entrada a territorio norteamericano a personas vinculadas a actividades terroristas. En la práctica, René González, su esposo, no fue acusado de vinculación alguna con el terrorismo, sino específicamente de todo lo contrario, de haber actuado contra grupos terroristas. Por tanto, es absurdo que en contra de Olga se esgrima una calumnia semejante.

• En dos ocasiones posteriores, octubre 2002 y abril 2003, el gobierno de Estados Unidos le negó la visa nuevamente.

• En la última de esas ocasiones, el Departamento de Estado alegó que se le negaba la visa acorde a la sección 212-3 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que niega la entrada a Estados Unidos a personas que se considere quieran hacerlo para realizar actividades de espionaje o sabotaje. Nuevamente un argumento absurdo, máxime cuando su esposo no fue acusado de espionaje, sino de ser un agente extranjero no registrado y de conspiración.

• En junio del 2003, solicitó una vez más la visa de entrada al Gobierno de Estados Unidos, la cual no le fue otorgada.

• En octubre 2003 y abril del 2004, el gobierno de Estados Unidos le negó nuevamente la visa a Olga y en estas dos ocasiones volvió a modificar el argumento para la negación de la visa.

Caso de Ivette González

• Al negarse la visa a Olga Salanueva, se impide que una de sus hijas, Ivette González, una niña de tan solo 6 años de edad y ciudadana norteamericana, vea a su padre.

• Ivette González Salanueva, nació el 24 de abril de 1998, en Miami, Florida. Sus primeros cuatro meses de vida transcurrieron sin muchas dificultades junto a sus padres y su hermana Irma González.

• El 12 de septiembre de 1998, la vida de Ivette y su familia cambiarían de forma cruel y dramática. En esa fecha, el FBI procedió al arresto de René González Sehwerert, el cual no tuvo oportunidad de despedirse de su familia.

• El 3 de agosto del año 2000, René recibió una carta de la Fiscalía donde se le ofreció una rebaja de condena si colaboraba inculpando a las restantes personas, también acusadas en su caso criminal. En ese documento le advertían que el estatus migratorio de Olga podría verse afectado si él se negaba a colaborar, al ella no ser ciudadana norteamericana. René rechazó el intento de chantaje y en breve tiempo el INS arrestó a Olga.
• Olga debió haber sido remitida a un centro de internamiento, al imputársele la violación de la Ley migratoria, pero permaneció encarcelada en Fort Lauderdale en una cárcel para reclusos de mala conducta, por un período de tres meses, a partir del 16 de agosto del 2000. Ivette quedó al cuidado de su bisabuela paterna. A Olga no se le permitirían visitas de contacto con sus hijas, solo pudo verlas una vez a través de un cristal. Por tanto, prefirió que no le llevaran a la pequeña Ivette. El 22 de noviembre del 2000, fue deportada e Ivette viajó en compañía de su abuela paterna, Irma Sehwerert. Desde entonces, Olga vive en Cuba con sus dos hijas. Hace más de cuatro años que Ivette no ve a su padre.

• Si Ivette es ciudadana de Estados Unidos, ¿qué ha impedido que haya podido reunirse con su padre en los últimos cuatro años?

• La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado reconocimiento a los lazos familiares íntimos cobijándolos bajo la primera enmienda de la Constitución de ese país y el derecho de asociación por ella reconocido. Ya tan temprano como en 1923, en el famoso caso Pierce vs. Society of Sisters, la Corte se refirió a las relaciones familiares como centrales al Derecho Civil y merecedoras de la mayor protección ante la intrusión del Estado. Se trata de un aspecto del derecho de asociación, de naturaleza no tanto expresiva como intrínseca, que juega un papel fundamental, particularmente en el desarrollo emocional y psicológico de los niños, como bien reafirmó la Corte Suprema en el caso Roberts vs. United States Jaycees, en 1984.

• El 16 de junio de 2003, la Corte volvió a manifestarse sobre el tema, indicando en el caso Overton vs. Bazzetta que la Constitución, si alguna cosa protege, son las relaciones personales íntimas que se desarrollan en el marco de la unidad familiar. En el dictamen del caso Overton vs. Bazzeta, se planteó: “Es razonable asegurar que los niños que visiten (un prisionero), estén acompañados y supervisados por aquellos adultos encargados de la protección de los mejores intereses del niño”.

• Ivette González, ha experimentado un sinnúmero de cambios bruscos, separaciones importantes y situaciones emocionalmente traumáticas en su corta vida, causadas precisamente por el gobierno de Estados Unidos. Olga Salanueva ha logrado darle a Ivette un hogar estable y un ambiente familiar afectuoso en Cuba. Lo esencial ha sido la disponibilidad permanente de la madre como figura principal de apego. Exponerla nuevamente a una situación de cambio, de viaje a otro país y de una visita a una cárcel federal sin la compañía de la madre, sería jugar irresponsablemente con factores que podrían afectarla psicológicamente de forma negativa y permanente.

• De acuerdo a lo recomendando por experimentados especialistas en Sicología Infantil, la niña debe viajar acompañada de su madre para ver a su padre, ya que la no se puede exponer a una separación de la figura de apego principal en tanto podría provocarle reacciones emocionales de ansiedad y otros efectos psicológicos negativos.

• La negativa de conceder una visa para que Olga Salanueva e Ivette visiten juntas a René González, no es solo arbitraria y caprichosa, sino que viola el derecho de Ivette, bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, a relacionarse con su padre. Se está produciendo una obstaculización arbitraria e impropia del derecho a la libre asociación entre René, su hija y su esposa.

• La Convención sobre los Derechos del Niño guía directamente el debate del caso de Ivette. Según el texto de la Convención, en su articulo 10: “El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contacto directo con ambos padres.”

• La única circunstancia excepcional que se interpone entre Ivette y su padre es la arbitrariedad y la soberbia de la administración Bush, su desprecio al clamor de una niña de seis años.

• La niña, de seis años, acaba de aprender sus primeras letras en la escuela y, justamente, la palabra que aprendió a leer fue: solidaridad.

Condiciones de reclusión impuestas recientemente a Gerardo Hernández Nordelo.

• El penal de Victorville en el estado de California, donde está encarcelado Gerardo Hernández Nordelo, uno de los luchadores antiterroristas cubanos detenido injustamente en cárceles de Estados Unidos, está confinado desde el 1 de noviembre de 2004 hasta la actualidad, en lock down (régimen de cierre temporal), por disturbios ocurrido entre la población penal.

• Cuando una prisión está bajo este régimen, los reclusos no pueden recibir visitas ni llamadas telefónicas, se les suministran comidas frías y sólo se les da acceso a un breve tiempo para el aseo.
• Según se conoció, el estado de salud de Gerardo es bueno, mantiene además un alto espíritu moral y de lucha.

• “No podemos hablar, porque sigo en lock down. No sé cuánto dure, pero el tiempo que sea, no te preocupes”, escribió recientemente en una carta a Adriana Pérez, su esposa. Con tan injusta disposición, le cortan toda vía de contacto, aumentando el sufrimiento de esta pareja y la tortura psicológica a que son sometidos.

ENTREVISTAS DE ALGUNOS FAMILIARES DE LOS CINCO EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Con el objetivo de denunciar las flagrantes violaciones de derechos humanos de que son víctimas los Cinco y sus familiares, varios familiares se han entrevistado con diversos procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos y con funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante el 59 y el 60 período de sesiones de la Comisión.

En el 59 período de sesiones de la Comisión, participaron Olga Salanueva, Ivette González y Adriana Pérez. En el 60 período de sesiones del Órgano, participaron nuevamente Adriana, Olga y la pequeña Ivette, así como Magalys Llort, madre de Fernando González.

A continuación un listado de los representantes de los mecanismos temáticos y funcionarios de la OACNUDH que contactaron los familiares de los Cinco:

59 período de sesiones (2003):

• Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos, Sr. Bertrand Ramcharan.
• Presidente del Grupo sobre la Detención Arbitraria, Sr. Louis Joinet.
• Relator Especial contra la Tortura, Sr. Theo C. van Boven.
• Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y abogados, Sra. Param Cumaraswamy.
• Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Radhika Coomaraswamy.

A todos ellos les hicieron entrega de un informe denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas en los casos de los Cinco jóvenes cubanos defensores de derechos humanos. Asimismo, los familiares entregaron un documento en nombre de las ONGs cubanas con estatus consultivo ante el ECOSOC, denunciando las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses contra los Cinco Héroes y sus familiares.

Durante todo el año 2003, no se recibió ninguna respuesta de estos mecanismos.

60 período de sesiones (2004):

• Coordinador para América Latina y el Caribe de la OACNUDH, Sr. Dougan-Beaca.
• Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y abogados, Sr. Leandro Despouy.
• Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sra. Yakin Erturk.
• Relator Especial sobre la Tortura, Sr. Theo Van Boven.
• Presidenta del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias, Sra. Leila Zerrougui.

A todos ellos, los familiares entregaron documentos denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas contra sus esposos e hijos.

En junio del 2003, Olga Salanueva y Adriana Pérez enviaron cartas denunciando el tratamiento cruel, inhumano y degradante que estaban recibiendo de las autoridades estadounidenses y solicitando apoyo en virtud de sus respectivos mandatos, a los siguientes funcionarios de la OACNUDH y de otras áreas de la Secretaría de las Naciones Unidas, presidentes de órganos intergubernamentales, así como relatores especiales, expertos independientes y presidentes de grupos de trabajo de la CDH:

Nombre	Función
Bertrand Ramcharan	Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Raadi Azarakheki	División de Procedimientos Especiales, Comisión de derechos Humanos
Louis Joinet	Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Comisión de Derechos Humanos.
Param Cumaraswamy	Relatora Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados, Comisión de Derechos Humanos.
Theo van Boven	Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura, Comisión de Derechos Humanos.
Enrique Bernales Ballesteros	Relator Especial sobre el Uso de Mercenarios, Comisión de Derechos Humanos.
Radhika Coomaraswamy	Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, Comisión de Derechos Humanos.
Carola Hannah	Directora Departamento de Asuntos Sociales y Económicos. Division for the Advancement of Women (DAW)
Ángela King	Subsecretaria ONU para Asuntos de Género y el Adelanto de la Mujer. DAW
Gert Rosenthal	Presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Feride Acar	Presidenta de la División para el Adelanto de la Mujer (CEDAW)
Paulo Sergio Pinheiro	Experto Independiente para el estudio sobre la violencia contra los niños, Comisión de Derechos Humanos
Renate Bloem	Presidenta de la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales (CONGO)
Carol Bellamy	Secretaria General UNICEF

 

En el año 2004 ha continuado la correspondencia de los familiares de los Cinco con diversos procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos

FECHA	NOTA O DOCUMENTO	DIRIGIDO A:	ASUNTO	RESPUESTA MECANISMO
16/07/04	Nota Verbal de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra. Nro. 309	Alto Comisionado Adjunto, Coordinador América del Norte OACNUDH, Coordinador América Latina OACNUDH, Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, Relator Especial contra la Tortura	Adjunta una carta de Adriana Pérez y una de Olga Salanueva sobre la negativa de visas el 27 de abril de 2004
23/08/04	Nota Verbal de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra. Nro. 379	Sra. Leila Zerrougui, Presidenta Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.	Adjunta Comentarios y observaciones remitidos por los familiares de los 5 Héroes que permanecen como prisioneros políticos en cárceles de Estados Unidos acerca de la respuesta del gobierno norteamericano contenida en carta de referencia G/SO 218/2 de fecha 8 de junio de 2004. Se adjunta Carta personal a la Relatora de Adriana Pérez y Olga Salanueva y otros documentos	Carta de la relatora G/SO 218/2 de fecha 11/10/04 solicitando información adicional.
23/08/04	Nota Verbal de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra. Nro. 381	Sr. Leandro Despouy, relator Especial de la CDH sobre Independencia de Jueces y abogados	Ajunta carta del Sr. Roberto González Sehwerert, abogado y hermano de René González mediante la cual expresa su disposición a intercambiar con el Relator sobre las violaciones de derechos humanos en el caso de los Cinco presos políticos.	Responde, solicita más información.
23/08/04	Nota Verbal de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra. Nro. 382	Sr. Theo Van Boven, Relator Especial de la CDH sobre la Tortura	Adjunta carta que dirige al Relator la abogada, Sra. Nuris Piñeiro Sierra, mediante la cual se adjuntan varios documentos presentados como Mociones sobre el caso de los Cinco.
09/04	Nota Verbal de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra. Nro. 403	Sr. Theo Van Boven, Relator Especial de la CDH sobre la Tortura	Adjunta carta de la esposa de Fernando, Rosa Aurora
28/10/04	Nota Verbal de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra. Nro. 475	Sra. Leila Zerrougui, Presidenta Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.	Adjunta respuesta a su solicitud de información adicional. Se adjunta copia de un Memorando del abogado Leonard Weinglass y copia del recurso presentado al Onceno Circuito de Atlanta por el abogado de la defensa Joaquín Méndez que aborda este tema en páginas 18 a la 42.

Como se ha probado, la administración Bush ha saciado su sed de venganza y odio contra nuestros Cinco Héroes, mediante numerosas arbitrariedades, abusos y nuevas violaciones de sus más elementales derechos humanos.

Ellos han demostrado fehacientemente a Bush y sus protegidos de la mafia terrorista miamense que ninguna de estas medidas podrán amedrentarlos, ni debilitar la firmeza con la que hasta el momento han defendido el derecho de todos a disfrutar de sus derechos, en primer lugar, de su propia existencia.

Al igual que sus familiares, todo el pueblo cubano no descansará hasta lograr que la justicia se imponga y los Cinco Héroes puedan regresar dignamente a su Patria. Para lograrlo, se recaba el apoyo de hombres y mujeres honestas de todo el mundo. Ellos merecen comprensión y ayuda, ellos son acreedores de la justicia y reclaman que su verdad se conozca y se abra paso.

ANEXO
Información acerca de los Cinco Jóvenes luchadores antiterroristas y defensores de derechos humanos encarcelados injustamente en los Estados Unidos.

Gerardo Hernández Nordelo

Tenía 33 años cuando fue detenido en 1998. Es graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.
SENTENCIA: 2 cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad
PRISIÓN: Dirección Postal USP VICTORVILLE
NO. 58739-004
PO BOX 5500
13777 Air Expressway Road
Adelanto, CA 92301
Telf. 760-530-5000

Ramón Labañino Salazar

Tenía 35 años cuando fue detenido en 1998. Es graduado de Economía de la Universidad de La Habana.
SENTENCIA: Una cadena perpetua
PRISIÓN: BEAUMONT, TEXAS
No. 58734-004
Postal address USP BEAUMONT
PO BOX 26035 Beaumont, TX. 77720
Telef: 409-727-8188 Fax: 409-626-3700

Antonio Guerrero Rodríguez

Tenía 40 años cuando fue detenido en 1998. Es ingeniero graduado en el Instituto de Kiev, en Ucrania. Es también poeta.
SENTENCIA: Una cadena perpetua
PRISIÓN: FLORENCE, COLORADO
No. 58741-004
Postal Address USP FLORENCE
5880 State HWY 67
South Florence, CO. 81226
Telef: 719-784-9454 Fax: 719-784-5157

Fernando González Llort

Tenía 35 años cuando lo arrestaron. Es graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.
SENTENCIA: 19 años de privación de libertad
PRISIÓN: OXFORD, WISCONSIN
No. 58733-004
Postal Address FCI Oxford
PO BOX 500 Oxford, WI 53952-0500
Telef: 608-585-5411 Fax: 608-585-6371

René González Sehwerert

Tenía 42 años cuando fue arrestado.
SENTENCIA: 15 años de privación de libertad.
PRISIÓN:
No. 58738-004
Dirección Postal FCI Edgefield
PO BOX 723 Edgefield
501 Gary Hill Road, SC 29824
Telf. 803-637-1500
Fax. 803-637-9840

Algunos de los familiares de los Cinco luchadores antiterroristas cubanos, cuyos más elementales derechos humanos están siendo violados por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Ivette González Salanueva (Niña) y Olga Salanueva

Ivette González, niña de 6 años. No ha podido conocer a su padre, René González Sehwerert. Lo impide el gobierno de los Estados Unidos. Junto a ella, Olga Salanueva, esposa de René y madre de Ivette. No ha podido visitar a su esposo. Lo impide el gobierno de los Estados Unidos.

Adriana Pérez O´Connor

Esposa de Gerardo Hernández Nordelo. No ha podido visitar a su esposo. Lo impide el gobierno de los Estados Unidos.

Sitios Web relacionados:

http://www.freethefive.org/
http://www.radiohc.cu/heroes/heroesing.htm
http://www.jrebelde.cubaweb.cu/inocentes/index.html
http://www.antiterroristas.cu/
http://www.escambray.islagrande.cu/Patriotas1/html

Mapa de localización de los estados donde se encuentran los Cinco Héroes injustamente encarcelados.

ANEXO

Declaración de los familiares de los Cinco Héroes. Abril de 2004

Nosotros, familiares de los Cinco Cubanos que están presos en cárceles de Estados Unidos, queremos dejar constancia de los innumerables obstáculos que el Gobierno de los Estados Unidos nos ha impuesto para visitarlos los que podemos resumir en:

- no permitir la entrada a territorio norteamericano a Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas de René González y Gerardo Hernández respectivamente, impidiendo por consiguiente la visita de la pequeña Ivette a su padre René;

- demorar reiteradamente y sin justificación alguna las visas del resto de los familiares por períodos de hasta 7 meses;

- dificultar la visita conjunta de otros hijos adolescentes;

- impedir el apoyo por parte de diplomáticos cubanos a las visitas de los familiares.

En los casos de Olga Salanueva y Adriana Pérez, la prohibición por parte del Gobierno de Estados Unidos de permitirles su entrada a territorio norteamericano se les ha aplicado sobre la base de decisiones arbitrarias y sin fundamentación.

El 29 de marzo de 2002, Olga recibió una visa para entrar a territorio norteamericano a fin de visitar a René.

El 23 de abril del 2002, el Gobierno de Estados Unidos le revocó esa visa declarándola inadmisible en virtud de la Sección 212 (a) (3) (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, alegando por consiguiente que OIga era una terrorista.

En octubre 2002 el Gobierno de Estados Unidos le volvió a negar la visa sin dar explicación alguna. En abril 2003 una vez más se la negó invocando esta vez la Sección 212 (f), según la cual el Presidente puede suspender la admisión a territorio norteamericano de cualquier extranjero si considera que es contraria a los intereses de seguridad nacional.

En octubre 2003 y abril del 2004, el Gobierno de Estados Unidos le negó nuevamente la visa a Olga y en estas dos ocasiones volvió a modificar el argumento para la negación de la visa.

Olga dejó de ser inadmisible por “terrorista” para pasar a serlo por supuesta “agente de inteligencia, saboteadora, o alguien que pudiera provocar el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos por la fuerza, violencia u otros medios ilegales”, según se infiere de la letra de la Sección 212 (a) (3) (A) invocada por sustentar la negación de su visa.

Olga permaneció residiendo legalmente durante dos años y dos meses en territorio norteamericano, después del arresto de René, el cual se produjo en su casa y en su presencia. En ese período de tiempo, no se le indicó vinculación alguna con los cargos de los que posteriormente fue acusado René, ni tampoco fue acusada ni encausada por ningún cargo federal.

De haberlo considerado necesario, dos años y dos meses fue tiempo suficiente para que el Gobierno de Estados Unidos presentara cargos en su contra y la encausara.

Negarle la visa alegando una presunta actividad de inteligencia constituye, además, un argumento absurdo, máxime cuando René no fue acusado de espionaje.

En cuanto a Ivette González, la pequeña hija de Olga y René, de 6 años de edad y a quien se le ha impedido ver a su padre desde que era una bebé, es ampliamente conocido que especialistas en sicología infantil, no recomiendan que cuando un menor ha sufrido una situación de privación paterna de manera traumática, como es su caso, se exponga a una separación de la figura de apego principal en tanto podría provocarle reacciones emocionales de ansiedad y otros efectos psicológicos negativos.

La necesidad de que Ivette viaje en compañía de su madre, no sólo está avalada por estos criterios científicos, sino, incluso por decisiones de la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en su dictamen del caso Overton, VS Bazzetta, de fecha 16 de junio de 2003, en el en el que se plantea que: “Es razonable asegurar que los niños que visiten (un prisionero) estén acompañados y supervisados por aquellos adultos encargados de la protección de los mejores intereses del niño”.
En el caso de Adriana Pérez, el 25 de julio del 2002, el Gobierno de Estados unidos le impidió su entrada al territorio norteamericano después de haberle concedido la visa correspondiente. A su llegada al aeropuerto de Houston, Texas, Adriana fue aislada, detenida arbitrariamente, privada de su pasaporte, fotografiada, fichada y sometida a ilegales interrogatorios por el FBI durante once horas hasta finalmente tener que regresar a Cuba sin cumplir su propósito de visitar a Gerardo en la prisión.

El FBI no ofreció a Adriana explicación alguna que sustentara su decisión de impedir su entrada a territorio norteamericano.

En abril 2003 el Gobierno de Estados Unidos le volvió a negar la visa invocando la Sección 212 (f), según la cual el Presidente puede suspender la admisión a territorio norteamericano de cualquier extranjero si considera que es contraria a los intereses de seguridad nacional.

En octubre 2003 y abril del 2004, el Gobierno de Estados Unidos le denegó la visa nuevamente a Adriana, invocando la Sección 212 (a) (3) (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996. ¿Es que acaso el Gobierno de Estados Unidos considera a Adriana Pérez como una presunta “agente de inteligencia, saboteadora, o alguien que pudiera provocar el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos por la fuerza, violencia u otros medios ilegales” lo que podría inferirse de la letra de la Sección utilizada para sustentar tal decisión?

Las autoridades norteamericanas no pueden alegar que Adriana haya actuado en contra de los Estados Unidos ni provocado daños a su seguridad nacional.

El Gobierno de Estados Unidos no dispone ni podría disponer de prueba o indicio alguno para estimar que la presencia de Adriana en territorio norteamericano pueda dañar los intereses de ese país. Su nombre no aparece en el acta acusatoria vinculado a los cargos de que fue acusado Gerardo, ni ninguno de sus cuatro compañeros.

De haber tenido alguna evidencia concreta en su contra, el Gobierno de Estados Unidos podría haber procedido a arrestar a Adriana en el momento en que le impidió su entrada a territorio norteamericano.

Resulta inconcebible tratar de justificar la negativa de las visas a Olga y Adriana cuando son numerosos los preceptos y principios del derecho internacional y de la propia legislación estadounidense que obligan al gobierno de los Estados Unidos a facilitar sus visitas a sus esposos encarcelados en prisiones norteamericanas.

Continuar negando las visas a Adriana y Olga, además de constituir una violación de sus derechos humanos, -tanto los de ellas como los de Gerardo y René y de sus respectivas familias-, significa seguir ignorando numerosos instrumentos del derecho internacional que expresan muy claramente los derechos de los prisioneros a recibir visitas de sus familiares y la obligación de los gobiernos a facilitarlas.

En cuanto a las visas concedidas al resto de los familiares, en los últimos tres años sólo hemos podido viajar a los Estados Unidos a visitarlos dos veces al año como promedio, aun cuando, de acuerdo al régimen de visitas de sus respectivas prisiones, podíamos haberlo hecho con una frecuencia mayor, de no existir el impedimento de la visa.

Sólo a modo de ejemplo podemos expresar que tres de las madres fueron obligadas por el Gobierno de Estados Unidos a esperar desde agosto del 2003 hasta marzo del 2004, -7 largos meses- para que les fueran concedidas las visas y poder visitar a sus hijos.

O el caso de las hijas de Ramón, Ailí, Laura y Lisbeth, particularmente estas últimas, quienes a pesar de su corta edad -11 y 7 años-, sólo han tenido la oportunidad de ver a su papá en 4 ocasiones durante los últimos 6 años, al igual que Tonito, el hijo de Antonio, también como resultado de la dilación en el otorgamiento de las visas.

A nuestra larga lista de dificultades recientemente se adicionó una más. En febrero del 2004 el Gobierno de Estados Unidos comunicó su decisión de no continuar permitiendo que nuestras visas se solicitaran oficialmente como visas humanitarias, lo cual obviamente agilizaba el trámite de solicitud. A partir de ese momento, estamos obligados a solicitar la visa como cualquier ciudadano común interesado en visitar Estados Unidos, lo que de hecho ya ha significado una demora de hasta 4 meses sólo para presentar la solicitud.

Atendiendo al carácter humanitario de estas visitas y su obligación moral y legal de facilitarlas, el Gobierno de Estados Unidos debe otorgar las visas que hasta ahora ha estado negando reiteradamente y garantizar que las visitas puedan realizarse con mayor frecuencia.

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CAPÍTULO 5: ESTADOS UNIDOS INTENSIFICA EL RECLUTAMIENTO, FINANCIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS EN SUS PRETENSIONES DE SOCAVAR LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO CUBANO.

La guerra no declarada de los círculos de poder en Estados Unidos contra la nación cubana – que ha sido convertida en verdadera política de Estado –, ha incluido las más diversas formas de agresión.

El reclutamiento, dirección, y apoyo logístico y financiero a mercenarios al servicio de su política dentro de la Isla, ha desempeñado un papel clave en el diseño y ejecución de la estrategia anticubana. Washington siempre ha pretendido fabricar – manipulando a los traidores y anexionistas que conforman su nómina de asalariados –, la falsa percepción de que en Cuba se dirime una supuesta lucha “entre cubanos”.

Los mercenarios al servicio de la política imperialista contra el pueblo cubano – siempre cumpliendo instrucciones expresas de los servicios especiales norteamericanos –, han mutado sus “métodos de lucha” en función de los requerimientos de cada etapa en la estrategia de agresión contra la Isla. Han transitado de invasores a terroristas y de terroristas a supuestos “defensores” de derechos humanos.

Las operaciones encubiertas de los servicios especiales estadounidenses contra Cuba, se iniciaron en fecha tan temprana como el verano del propio año 1959. Así ha quedado demostrado en informes desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Una prueba contundente al respecto aparece en el documento elaborado en octubre de 1961 por el Inspector General de la Agencia, Lyman Kirkpatrick, con el objetivo de evaluar las razones del fracaso de la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos).

El 17 de marzo de 1960, en una reunión en la que participaron entre otros, los entonces vicepresidente (Richard Nixon), secretario de Estado (Christian Herter) y director de la CIA (Allen Dulles), el presidente Eisenhower aprobó el llamado "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", sugerido por la CIA, en el que se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba y para ello se asignaban los fondos necesarios.

En un memorando desclasificado acerca del desarrollo de esa reunión, el general Goodpaster anotó: "El Presidente dijo que él no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran problema es la filtración y la falla de seguridad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él [Eisenhower] no sabe nada de esto. [...] Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga."

Lo cierto es que Eisenhower, al percatarse que día a día Estados Unidos perdía el control en Cuba, ordenó que se aumentara el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios dentro de la Isla y dio luz verde para preparar la invasión a Playa Girón, un asalto militar a gran escala que fue ratificado por su sucesor, John F. Kennedy.

El 17 de abril de 1961, Washington lanzó unos 1 500 mercenarios contra el pueblo cubano, al frente de los cuales situó mayoritariamente a ex militares de la tiranía pronorteamericana de Fulgencio Batista, derrocada dos años antes por el Ejército Rebelde.

El reclutamiento de mercenarios de origen cubano constituía una tarea sencilla en el territorio norteamericano, donde habían recibido cobija y garantía de impunidad tras el triunfo de la Revolución Cubana: personeros de la burguesía antinacional criolla, cliente y beneficiaria de los esquemas de dominación neocolonial a la Isla; asesinos y torturadores que sostuvieron la dictadura de Fulgencio Batista, impuesta y apuntalada por Washington para el enfrentamiento a la insurrección popular; políticos fraudulentos y corruptos, que lucraban con el sudor y la sangre del pueblo; individuos lumpen y antisociales, que vieron interrumpidas sus fuentes de ingreso ilícito con las medidas revolucionarias dirigidas a promover la seguridad ciudadana, la equidad y la justicia social; y otras personas que simplemente no estaban dispuestos a realizar el más mínimo esfuerzo personal para lograr la compatibilidad de sus intereses y aspiraciones individuales con los objetivos del bienestar general de la sociedad.

La invasión a Playa Girón fue derrotada en menos de 72 horas por el Ejército y el pueblo cubanos. El error del gobierno norteamericano, fue subestimar la voluntad de lucha y el arrojo en el combate de un pueblo que defendía su derecho a existir de modo digno e independiente.

Más del 90% de la fuerza invasora fue hecha prisionera. A pesar de la gravedad de los actos cometidos – más de un centenar de patriotas cubanos fueron asesinados por los mercenarios –, todos los invasores detenidos recibieron un trato ejemplar de nuestro pueblo. Ningún invasor fue vejado, ni maltratado. A todos se les respetó rigurosamente su integridad física y su dignidad humana. Cada uno de los mercenarios heridos recibió esmerada atención médica. Una vez más, quedó demostrado el decoro, la bondad, la generosidad y el humanismo de los revolucionarios cubanos, principios que habían glorificado ya la conducta del Ejército Rebelde durante los difíciles años de la guerra de liberación.

El Tribunal que juzgó a los prisioneros fue extraordinariamente magnánimo. No se impusieron sanciones extremas, no hubo venganza. Se les exigió el pago de una indemnización que el Gobierno estadounidense no honró siquiera en su totalidad. En diciembre de 1962, Cuba accedió al intercambio de mil ciento trece mercenarios por el valor de 53 millones de dólares en medicinas y compotas para sus niños.

Luego del estruendoso fracaso de las fuerzas mercenarias en Playa Girón, el Presidente Kennedy creó un Comité Especial en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, que se encargaría de aprobar diversas operaciones –como la “Operación Mangosta” –, encaminadas a “utilizar los medios disponibles para ayudar al pueblo de Cuba a derrocar al régimen comunista, desde dentro del país, e instaurar un nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pueda vivir en paz” .

A partir de ese momento, Estados Unidos priorizó en la ejecución de su política anticubana, las operaciones encubiertas de sus servicios especiales, dirigidas a recrear la falsa imagen de una activa oposición contrarrevolucionaria dentro del territorio cubano. Al no contar con una base social de apoyo en el pueblo cubano para hacer avanzar sus planes anexionistas, sucesivas administraciones norteamericanas siguieron reclutando y financiando mercenarios.

A lo largo de los años, han persistido en un grado extremo de continuidad las motivaciones, métodos de reclutamiento, formas de pago y vías de orientación de tareas a los mercenarios de la política anticubana de Washington. Sólo han sido modificados el ropaje y los instrumentos de agresión suministrados a los mercenarios anti-cubanos.

El ascenso de la administración Reagan al poder en los Estados Unidos, en la década de 1980 del siglo pasado, impuso significativos cambios tácticos en la estrategia estadounidense para el derrocamiento de la Revolución Cubana.

De la noche a la mañana, connotados terroristas y agentes de la CIA de origen cubano aparecieron avituallados con disfraces - y oficinas, “organizaciones” y conexiones a ONGs internacionales -, de defensores de derechos humanos y de “opositores pacíficos anticastristas”.

Para la labor de influencia y “sensibilización” de la opinión pública norteamericana, se exigió a varios grupos de cubano americanos que operaban bajo las órdenes y el financiamiento de la CIA y que hasta entonces habían cumplido tareas básicamente de sabotaje y terrorismo desde el territorio de los Estados Unidos contra Cuba o contra sus propiedades y representantes en el exterior, cambiar su fachada y modos de lucha.

Fue en ese período que se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), con el objetivo declarado de "promover una transición pacífica hacia la democracia en Cuba". La realidad ha demostrado que la FNCA no abandonó nunca el método de actividades terroristas contra la Revolución Cubana, como lo demuestra la responsabilidad directa de varios de sus principales personeros en planes de atentado contra el Jefe de Estado cubano y la organización y financiamiento de actividades terroristas contra instalaciones turísticas en Cuba a fines de la década pasada.

En el interior de la Isla, involucrando directamente en sus planes subversivos a funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos, fueron creados pequeños grupos de supuestos "disidentes pacíficos” y “defensores de los derechos humanos", reclutando para ello a individuos que habían estado implicados en actividades violentas, e incluso a antiguos funcionarios y agentes de la policía, ex sargentos políticos y otros elementos de baja condición humana, que estuvieron estrechamente vinculados con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista.

Entre esos supuestos “defensores de derechos humanos” descolló Armando Valladares, exmiembro de la policía batistiana sancionado por acciones terroristas en los primeros años de la Revolución, un falso inválido y profesional de la simulación, convertido en “poeta” gracias a los poderosos mecanismos de propaganda del gobierno de los Estados Unidos. El caso del señor Valladares pone de manifiesto claramente la baja catadura moral y el descrédito de las figuras que han sido utilizadas a través de los años para orquestar el circo anticubano en la Comisión de Derechos Humanos. La histeria anticubana ha alcanzado tales niveles, que el terrorista Valladares llegó a ser nombrado Embajador de los Estados Unidos ante la Comisión que funciona en Ginebra.

Así aparecieron, como por arte de magia, con el dinero y la orientación del gobierno de los Estados Unidos, los llamados activistas y grupos de derechos humanos en Cuba. Estas personas, reclutadas y financiadas como cualquier otro mercenario, llevan a cabo misiones instruidas por Estados Unidos con el objetivo de destruir el orden constitucional elegido por los cubanos y de hacer cumplir las disposiciones de la Ley Helms-Burton.

La agresividad de estos grupos y la gravedad de su accionar como quinta columna contra el proyecto social y de libre determinación emprendido por el pueblo cubano, se ha incrementado con la presencia decisiva de grupos ultraconservadores y militaristas de la extrema derecha estadounidense en las administraciones republicanas de los presidentes Reagan, Bush (padre) y George W. Bush.

En el caso del actual presidente George W. Bush, a las apetencias imperialistas de los círculos que integran su régimen, se sumaron las cuotas de poder alcanzadas con su administración por los sectores más agresivos y reaccionarios de la mafia terrorista de origen cubano.

En el curso de los últimos años, el régimen impuesto por la administración de George W. Bush a los Estados Unidos ha llevado a cabo un recrudecimiento sin precedentes de las medidas de bloqueo y hostilidad contra Cuba, de las acciones de injerencia públicas y encubiertas, de las declaraciones de amenaza de funcionarios de alto nivel, y en particular, un creciente involucramiento directo de sus funcionarios diplomáticos en La Habana en el fomento a la subversión del orden constitucional cubano y un incremento exponencial de los fondos oficiales destinados a estas operaciones.

Cuba reconoce que los mercenarios reclutados en la Isla por Estados Unidos para llevar a cabo su política de dominación contra el pueblo cubano, carecen de potencial – por el rechazo popular que generan y por carecer de una base social autóctona y de un proyecto independiente – para convertirse por sí mismos en un desafío al proceso revolucionario cubano. Sin embargo, su peligrosidad estriba en la posibilidad de que sus actividades sean utilizadas, aprovechando la demostrada capacidad de manipulación mediática del gobierno estadounidense, como pretexto para llevar adelante o para brindar apoyo, a una eventual agresión militar estadounidense contra Cuba, eventualidad que se ha hecho real y cercana en la actual coyuntura.

El incremento abrumador de los fondos y medios asignados al reclutamiento y financiamiento de sus mercenarios anti-cubanos y la decisión de escalar a niveles sin precedentes el involucramiento de las agencias estadounidenses en la desestabilización, desgaste y estrechamiento del cerco a Cuba, corroboran la gravedad de las amenazas que enfrenta la nación cubana en la defensa de su existencia misma (ver al respecto el análisis que se realiza en el capítulo 2, Parte I de este documento, acerca del informe presentado por la llamada “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”).

No sorprende entonces la magnitud y agresividad de las campañas de desinformación y mentiras orquestadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en los últimos meses, a partir de la justa sanción a un grupo de mercenarios reclutados, pagados, instruidos y dirigidos por el gobierno de la superpotencia.

Ellos cumplían actividades dirigidas al derrocamiento del orden político, económico y social decidido con rango constitucional por los cubanos, en una votación abrumadora de apoyo popular, facilitada por un referéndum universal realizado en 1976, dos siglos después que fuera adopta la Constitución estadounidense. Por cierto, la constitución de la superpotencia se mantiene vigente, aún cuando en la elaboración de su texto no fue consultada una parte significativa de ese pueblo, en particular, los afronorteamericanos, las mujeres y las personas de bajos ingresos económicos.

La campaña – que persiste hasta el presente y a la que se han sumado de manera cínica, cómplice y activa varios gobiernos clientes del Imperio, ha recurrido a las sofisticadas técnicas de desinformación desarrolladas por los servicios del nazi-fascismo, atribuyendo de contrabando y reiteradamente a los mercenarios justamente sancionados, falsos calificativos como “disidentes”, “opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o “periodistas, bibliotecarios y sindicalistas independientes”. Se intenta hacer creer que los mercenarios habrían sido sancionados “arbitraria e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de expresión, opinión y asociación”.

Tanto la Carta de las Naciones Unidas, como los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” y que todos los Estados promoverán y respetarán este derecho de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con y en virtud del ejercicio de este derecho, el pueblo cubano ha establecido su Constitución y sus leyes.

Nadie tiene el derecho de cuestionar el orden constitucional que decida darse un pueblo en ejercicio de su soberanía. Nadie tiene tampoco el derecho de juzgar los actos del pueblo cubano, desconociendo las circunstancias de permanente y grave amenaza externa que plantea la hostilidad de Estados Unidos contra su propia existencia independiente como nación.

Al pueblo cubano le asiste en estas circunstancias, como a cualquier otro pueblo, el derecho a defenderse de la agresión política, diplomática, económica, comercial, financiera, radial y televisiva que libra el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 4 décadas.

¿Acaso los propios países europeos no establecieron y aplicaron legislaciones y decretos especiales frente a la amenaza planteada por el fascismo en la región en los años 30 y 40 del siglo pasado? ¿Por qué nadie cuestionó las demenciales y archirrepresivas medidas y disposiciones jurídicas adoptadas en el período de la llamada “Guerra Fría” en Estados Unidos y varios países de Europa Occidental contra el supuesto peligro “comunista”, muchas de las cuales se mantienen aún vigentes?

¿Por qué nadie condena las disposiciones de la Ley Logan, incluida en el capítulo 45, título 18, parte 1, de la codificación de Crímenes y Procedimientos Criminales de los Estados Unidos de América? En esa norma jurídica se plantea que cualquier ciudadano estadounidense, dondequiera que se encuentre, y que sin la autorización del Gobierno de Estados Unidos, directa o indirectamente, comience o mantenga cualquier correspondencia con cualquier gobierno extranjero, oficial o agente del mismo, en relación con cualquier disputa o controversia con los Estados Unidos, será multado de acuerdo con dicho título o encarcelado hasta tres años o ambas cosas.

Estados Unidos impide que sus ciudadanos mantengan correspondencia con cualquier gobierno extranjero en relación con cualquier disputa o simple controversia que los afecte. Pretende sin embargo que Cuba permita el reclutamiento y las actividades de mercenarios que no sólo mantienen correspondencia con el gobierno de una potencia imperialista, sino que cumplen instrucciones y misiones dirigidas a la aplicación contra su pueblo de una política extranjera de hostilidad y agresiones, que persigue el derrocamiento de autoridades legítimamente elegidas y la destrucción de un sistema constitucional refrendado por la voluntad popular.

Los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como establece su artículo 29, no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana, la independencia y la integridad territorial de cualquier país.

Solicitar al Gobierno de Cuba que libere o reduzca las condenas a mercenarios juzgados y sancionados por tribunales competentes e independientes, con apego a leyes adoptadas por su parlamento, equivale a pedirle que interfiera en el funcionamiento de su sistema judicial y abra el camino a la impunidad. Esto no solo violaría la Constitución y las leyes cubanas, sino todos los principios y normas vigentes del Derecho Internacional.

El caso de los mercenarios juzgados y sancionados por actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado cubano.

A partir de la decisión y las orientaciones emitidas al respecto por el gobierno de la superpotencia, en el año 2003 se multiplicaron las acciones de los mercenarios al servicio de la política anticubana de Estados Unidos.

Desde su arribo a Cuba, en septiembre del 2002, el actual Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, incrementó la frecuencia de las reuniones con sus agentes mercenarios reclutados en la Isla. Crecieron también sus declaraciones y acciones injerencistas y provocadoras, violatorias de las normas elementales para el comportamiento de los diplomáticos.

Mediante los canales diplomáticos se advirtió a la representación estadounidense y a su Jefe de las violaciones de las leyes cubanas e internacionales en que estaba incurriendo, tratando de persuadirlos para que cesaran su provocadoras e ilegales conductas. Por el contrario, el Jefe de la Sección norteamericana continuó con ese proceder, estimulando nuevas y más graves acciones subversivas.

Cuba fue paciente y tolerante, pero las cosas habían llegado a un punto insostenible para la seguridad del país, ante la intención deliberada de continuar con el estímulo a la confrontación y a la subversión. Cuba no podía admitir la impunidad y el abierto desacato a las leyes cubanas e internacionales. Cuba debía proteger el orden constitucional establecido por su pueblo y hacer respetar la autoridad de su Gobierno legítimamente elegido. No quedaron abiertas otras alternativas. Hubo que actuar soberana y firmemente en virtud de las leyes, como lo habría hecho cualquier país del mundo.

Teniendo en cuenta la escalada y la gravedad de los hechos cometidos por esas personas, al atentar con sus actos contra la independencia, la integridad territorial y la economía del Estado cubano, fueron detenidas varias decenas de mercenarios los días 18 y 19 de marzo de 2003 y enjuiciados los días 4, 5 y 7 de abril de ese propio año.

En total se celebraron 29 juicios en distintas provincias del país, en los que cada uno fue acusado y enjuiciado en vista pública. Se impusieron por los tribunales sanciones de privación de libertad de entre 6 y 28 años. A pesar de los graves delitos cometidos y los peligros que estos entrañaron para la seguridad nacional del país, en ningún caso se impuso la sanción de pena de muerte, ni cadena perpetua, como se ha difundido fraudulentamente por la propaganda anticubana.

No se utilizó violencia o fuerza alguna – ni siquiera mínima –, por los agentes de la policía que detuvieron a los mercenarios. Conociendo perfectamente la entidad de los delitos cometidos y sin una razón moral o principio de justicia que alentara sus actos, los mercenarios no se resistieron a los arrestos.

En la actualidad, la mayoría de esos mercenarios permanecen en prisión cumpliendo las sanciones correspondientes, mientras catorce de ellos fueron beneficiados con Licencia Extrapenal, a partir de razones estrictamente humanitarias.

Todos los sancionados realizaban actividades para el derrocamiento del orden político, económico y social decidido por el pueblo cubano, y consagrado en la Constitución de su República. A todos le fue probada su responsabilidad en acciones que se tipifican como delitos directamente dirigidos a lesionar la soberanía de la nación. Todos actuaron financiados y bajo instrucciones de una potencia imperialista.

Ninguno fue enjuiciado o sancionado por el ejercicio o la defensa de la libertad de opinión o de expresión. El único denominador común que los une, es la ambición desmedida por el dinero y el desprecio a su patria y a su pueblo. Todos fueron responsables de graves delitos al servicio de la superpotencia que intenta rendir por hambre y enfermedades a su pueblo. Todos servían a las pretensiones imperiales de una administración que ha recrudecido brutalmente el bloqueo genocida que se prolonga por más de cuatro décadas y que ha agravado a niveles sin precedentes la hostilidad y agresiones contra la Isla.

Todos actuaron contra los derechos humanos del pueblo cubano, en particular, contra el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y a la paz, con la circunstancia agravante de haberlos transgredidos bajo instrucciones y con el financiamiento de aquellos que en Estados Unidos de América pretenden crear una crisis artificial que sirva de pretexto a una invasión militar a la Isla.

Todos participaron en la fabricación de falsos pretextos para la profundización y el recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

¿Cuáles fueron los hechos concretos que determinaron la sanción a los 75 mercenarios?

- La participación sistemática en reuniones organizadas por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana con congresistas y empresarios norteamericanos que visitaron la Isla, cumpliendo la misión de obstaculizar los esfuerzos de aquellos que dentro de Estados Unidos trabajan por el alivio o el levantamiento de la genocida política de bloqueo contra Cuba. Los mercenarios sancionados han estado trabajando arduamente a favor del bloqueo contra su pueblo y en contra de la aplicación de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han exigido – la última de ellas apoyada por 179 Estados Miembros - el fin de esa política unilateral e ilegal. Es decir, no sólo han violado la legislación cubana, sino las normas consuetudinarias del derecho internacional.

- La fabricación de falsas estadísticas, rumores o la tergiversación de información acerca de la economía y la sociedad cubanas, con el objetivo de promover la estampida de Cuba de actuales inversionistas extranjeros y ahuyentar potenciales inversiones, y de esa manera, reforzar el impacto negativo del bloqueo estadounidense sobre el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. Estos mercenarios han llegado a amenazar a inversionistas extranjeros, advirtiéndoles que tras la destrucción del actual orden constitucional cubano, sus inversiones no serían respetadas.

- Las actividades conspirativas y los planes ejecutados por instrucciones del gobierno de Estados Unidos y la mafia terrorista y anticubana de Miami, con el objetivo de desestabilizar el país y provocar el derrocamiento del orden constitucional que se diera soberanamente el pueblo cubano. Han promovido, organizado y ejecutado acciones dirigidas a promover revueltas, alteraciones del orden y descontento en la población, con la pretensión de provocar una situación insurreccional que de al traste con el orden jurídico e institucional del país, o al menos, fabricar una imagen de ingobernabilidad en el país, que sirva de pretexto a una intervención externa.

- El haber aceptado como pago a sus criminales servicios anti-cubanos, dinero y obsequios del gobierno de los Estados Unidos de América y de la mafia terrorista y anticubana de Miami.

- El periódico suministro de información a y los encuentros conspirativos con oficiales y agentes de los servicios especiales de Estados Unidos y connotados personeros y mensajeros de la mafia terrorista y anticubana de Miami. Cumpliendo instrucciones precisas, buscaban y entregaban a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, informaciones de valor operativo y estratégico acerca de la economía y la seguridad nacional del país.

- La fabricación de falsas alegaciones con el objetivo de dañar la imagen del país. Esas mentiras, remitidas a los servicios estadounidenses a cambio de dinero, eran utilizadas profusamente en las campañas de agresión mediática orquestadas por las agencias del gobierno estadounidense. Las mismas han tenido un impacto negativo en el desarrollo de actividades vitales para el país, como su industria turística.

- La tergiversación del papel de Cuba en la cooperación internacional en materias tales como la lucha contra el terrorismo, contra el problema de las drogas, contra el tráfico y la trata de personas o para la promoción y protección de los derechos humanos, así como la repetición de falsos mensajes elaborados por los servicios especiales norteamericanos, con el objetivo de mantener permanentemente incluida a la Isla en cuanta lista de descertificación unilateral por mala conducta publiquen las autoridades de Washington.

- La fabricación de falsas noticias y rumores que dañan la dignidad de millones de cubanos y de sus representantes elegidos.

- El haber ejecutado acciones que impusieron un peligro a la integridad física y el propio derecho a la vida de millones de cubanos y cubanas, así como a la independencia conquistada al precio de la sangre, dolor y sacrificio de millones de sus mejores hijos.

Varios de los mercenarios sancionados contaban con “Pases de Libre Acceso” a las instalaciones de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, facilidad reservada por las embajadas y cualquier entidad del mundo a sus funcionarios y empleados.

En los juicios fueron presentados y confirmados recibos y nóminas de las entregas de dinero en efectivo o donaciones en especie del gobierno de Estados Unidos a sus mercenarios. Las vías de entrega eran diversas: se realizaban envíos utilizando los servicios de empresas comerciales; se canalizaban fondos y equipos a través de organizaciones de la mafia terrorista y anticubana de Miami; se recurría a mensajeros o “mulas” que ingresaban a la Isla como “turistas”; o simplemente se producía la entrega directa a través de funcionarios de su Sección de Intereses en La Habana.

El mercenario Oscar Espinosa Chepe, por ejemplo, según los recibos y facturas ocupados, recibió del gobierno de los Estados Unidos y sus agentes, desde enero del 2002 hasta enero del 2003, al menos 7 mil 154 dólares. En su casa, le fueron ocupados 13 mil 660 dólares, sin que pudiera justificar una fuente lícita para tales ingresos.

Al mercenario Héctor Palacios se le ocuparon en su casa casi 5 000 dólares, obtenidos como retribución a sus actividades anti-cubanas al servicio del gobierno de los Estados Unidos.

Todos los mercenarios fueron sancionados en virtud del artículo 91 del Código Penal (Ley 62 de 1987) y la Ley No. 88 de 1999 “Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” – ley concebida como antídoto a la política de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba y muy especialmente a la aplicación de la Ley Helms-Burton.

Valdría la pena recordar que Cuba no fue el único Estado que tipificó como delito la colaboración con la aplicación extraterritorial de la Ley Helms-Burton. La Unión Europea, por ejemplo, adoptó un reglamento al respecto, y otro grupo de países como Canadá, México y Argentina, adoptaron leyes que castigan como delito el colaborar con la Ley Helms-Burton o el plegarse a ella.

El delito por el que fueron sancionados los mercenarios – “Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado” –, se encuentra tipificado en el Artículo 91 del Código Penal cubano , y que establece lo siguiente:

Artículo 91: El que en interés de un Estado extranjero ejecute un hecho con el objetivo de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano, o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de 10 años a 20, o muerte."
Las conductas y graves hechos cometidos por los mercenarios sancionados, los habrían hecho acreedores de sanciones aún más severas que las que recibieron, como se prevé también en muchas legislaciones del mundo entero.

Los procesos penales se instruyeron con carácter sumario, en virtud de la Ley No. 5 de 1977, Ley de Procedimiento Penal. El carácter sumario de los juicios se aplicó en estos casos, con total apego a la legalidad y, a partir de la gravedad de los delitos cometidos.

El procedimiento sumario se establece bajo la potestad del Presidente del Tribunal Supremo para acortar los plazos de ejecución del juicio; lo cual, en ningún caso, entraña limitación alguna a las garantías del debido proceso. Este tipo de procedimiento, existe en las legislaciones de más de 100 países en el mundo, incluido Estados Unidos. En Cuba, data de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1888, que estuvo vigente como ley de procedimiento hasta el año 1973, en que fueron adoptadas nuevas regulaciones que tomaban mucho de ella.

Los mercenarios no fueron condenados por el Gobierno; fueron juzgados y sancionados por tribunales competentes e independientes, cumpliéndose todas las garantías del debido proceso.

Todos ejercieron el derecho de contar con una representación letrada, con abogado defensor que, según la legislación cubana, puede ser designado por el acusado o, en su defecto, el tribunal lo sitúa de oficio. Más del 80 % de los abogados que ejercieron en los juicios, fueron designados por los propios acusados. Todos los abogados defensores tuvieron acceso previo al expediente de la acusación.

Las incautaciones y confiscaciones de bienes fueron siempre llevadas a vías de hecho mediando una orden judicial y tras probarse el origen ilícito de los mismos.

No existe la más mínima evidencia de que se hubiere empleado coacción, presión, amenaza, o chantaje, para obtener las declaraciones y confesiones de los acusados.

Todos y cada uno de los acusados ejercieron su derecho de ser escuchados en juicio por tribunales previamente constituidos. No se creó ningún tribunal especial – ad hoc – para juzgarlos. Sus juicios tuvieron lugar en los tribunales provinciales correspondientes, según establece la Ley cubana.
Fueron enjuiciados por jueces que habían sido nombrados con anterioridad a las acusaciones; jueces que ya existían y trabajaban en esos tribunales. No hubo un solo nombramiento de jueces de urgencia, ni tribunal alguno fue creado específicamente para considerar una causa.

Cada uno de los mercenarios sancionados tuvo una vista oral, en la que pudo ser escuchado por tribunales y jueces competentes, ejercer sus derechos a disfrutar de una defensa letrada y presentar testigos y peritos que pudieron ser interrogados por los abogados de la defensa.

Las vistas, además de orales, fueron públicas. Participaron un promedio de 100 personas en cada juicio, es decir casi 3 000 personas en total, básicamente familiares, además de testigos, peritos y otros ciudadanos cubanos interesados.

Todos los acusados y sus defensores ejercieron el derecho de aportar las pruebas y testigos a su favor que consideraron pertinentes, además de las que fueron aportadas por los instructores policiales y la Fiscalía. Los abogados de la Defensa presentaron 28 testigos distintos de los llamados por la Fiscalía, de los cuales 22, la inmensa mayoría, fueron autorizados por los tribunales a actuar como testigos. Todos los abogados de la defensa tuvieron acceso previo al expediente de la acusación.

Todos los acusados tuvieron el derecho – y así lo ejercieron la mayoría – según establece la legislación cubana y les fuera notificado en el juicio, de recurrir las sentencias ante un tribunal superior al que fueron condenados, en este caso, ante el Tribunal Supremo.

Ninguno fue enjuiciado por el disfrute de alguno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No fueron sancionados por el ejercicio o la defensa de las libertades de opinión, expresión o asociación.

No son ni sindicalistas, ni periodistas y mucho menos bibliotecarios independientes, como se ha repetido hasta la saciedad por los enemigos de la Revolución Cubana.

Ninguno de ellos era periodista y muchos menos independiente. Ninguno reportaba lo que ocurría en la realidad, fabricaban falsedades o simplemente tergiversaban fraudulentamente y con premeditación los hechos, siguiendo los dictados y con el dinero de Washington. Varios de los “periodistas independientes” escasamente podrían escribir más de una línea sin cometer errores ortográficos o gramaticales. No eran independientes, porque cumplían instrucciones y trabajaban como asalariados de un gobierno extranjero que cumplía las funciones de censor, editor y dueño único y con carácter monopólico tanto de los medios que difundían sus “trabajos”, como de sus propias mentes.

Ninguno de ellos era dirigente sindical y ninguno podría serlo, porque los sancionados, a partir de su propia decisión, no mantenían vínculo laboral alguno desde hace varios años. Vivían del dinero que recibían por las misiones mercenarias que cumplían al servicio del gobierno estadounidense y de la mafia terrorista y anticubana de Miami. Ninguno de ellos mantenía relaciones con colectivo laboral o agrupación alguna de trabajadores cubanos; por tanto, resulta imposible que pudieran ejercer funciones sindicales. Jamás colectivo alguno de trabajadores los eligió como representantes de sus intereses.

La supuesta existencia de “bibliotecarios independientes” en Cuba constituye una burla y un despropósito. Pocos países en el mundo, como Cuba, han creado tantas bibliotecas públicas y con catálogos tan amplios de libros a ser utilizados libremente por cualquier interesado. Pocos países han publicado tantos títulos, de autores de las más diversas regiones del mundo y los han comercializado a tan bajos precios.

Sin contar las bibliotecas que funcionan hoy en prácticamente todas las escuelas y universidades, prestan servicios gratuitos en Cuba casi 400 bibliotecas públicas. Sólo en la edición de la Feria Internacional del Libro del año 2004, se vendieron a precios incomparablemente más bajos que en cualquier lugar del mundo 5 millones de ejemplares, en 34 ciudades del país, con más de 1000 títulos de lo mejor de la literatura universal.

Organizaciones profesionales internacionales y de Estados Unidos, después de realizar investigaciones in situ en Cuba sobre el tema de los supuestos “bibliotecarios independientes”, corroboraron la falsedad de las alegaciones que se mueven en las campañas anti-cubanas. Ninguno de los mercenarios es bibliotecario, y mucho menos, independiente.

En la Asamblea General de la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, celebrada en Boston, EE.UU., en el año 2001, en una resolución aprobada por más del 86 % de los votos de los delegados, a propuesta de bibliotecarios de los EE.UU. y de Cuba, se decidió: "exhortar al gobierno norteamericano a compartir ampliamente los materiales de información con Cuba, en especial con las bibliotecas cubanas y no solamente con ‘individuos y organizaciones no gubernamentales independientes’ que representen los intereses políticos de los Estados Unidos." (Ver sitio web de la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”: http://www.bnjm.cu/bnjm/espanol/index_e.asp y el sitio web de “Librínsula”, Publicación digital de la Biblioteca Nacional José Martí: http://www.bnjm.cu/librinsula/2004/febrero/08/index.htm.)

Dicha resolución describió claramente a los supuestos “bibliotecarios independientes” como representantes de los intereses políticos de los Estados Unidos en Cuba. Más aún, exhortó al Gobierno estadounidense a poner fin a su dañina práctica de bloquear el acceso de la inmensa mayoría de los ciudadanos cubanos a la literatura norteamericana de su interés, en particular, a las publicaciones de interés científico y académico, en sectores tan sensibles como el de la medicina.

La resolución tuvo como soporte los informes especiales que el Comité por el libre acceso a la información y la libertad de expresión (FAIFE) de IFLA, presentó en 1999 y en 2001, así como una visita a Cuba del FAIFE y de ALA (American Librarian Association), la cual recorrió libremente la nación y sus bibliotecas.

En la presentación titulada “Fondo Estadounidense para la Disensión y el ‘Proyecto de Bibliotecas Independientes’ de Cuba”, ante el Panel “Cuba Hoy”, del Consejo de la Costa del Pacífico sobre Estudios Latinoamericanos, celebrado entre el 8 y el 9 de noviembre del 2002, en la Universidad del Este de Los Ángeles, la señora Rhonda L. Neugebauer, bibliógrafa de la Universidad de California, en Riverside, testimonió la experiencia de su visita a Cuba en el año 2000 a más de una docena de las llamadas “bibliotecas independientes” y a las bibliotecas públicas del país, en compañía del señor Larry Oberg, bibliotecario de la Universidad de Willamette.

A continuación aparece un fragmento de esa presentación:

(…) “Por medio de entrevistas a sus dueños, descubrimos que esas “bibliotecas independientes” eran puntos de entrega de material y de contacto, cuidadosamente escogidos, por el personal de la Sección de Intereses (de los Estados Unidos en Cuba) y otros, que las visitaban de forma regular para entregar documentos y dinero. Por aceptar material contra el gobierno e incrementar el número de “bibliotecas”, los “bibliotecarios” calificaban para obtener un estipendio mensual, “por servicios prestados”, como uno de ellos los denominó.

Nuestras entrevistas con ellos contradijeron en gran medida la campaña emprendida por los financistas estadounidenses y estableció el hecho que los comunicados circulados en los Estados Unidos sobre estos “locales” eran distorsionados intencionalmente y motivados políticamente.” (…)

Entre algunos de los rasgos comunes para identificar a los mercenarios calificados como “bibliotecarios independientes”, la autora describió los siguientes:

(…) “No habían cumplido condena de cárcel por actividades como bibliotecarios; sino por actividades ilegales y por su trabajo de organizar operaciones políticas dirigidas desde el exterior”.

Están conscientes de las conexiones políticas, financieras y diplomáticas de su trabajo con el gobierno de los Estados Unidos” (…)

En Cuba la libertad de opinión y expresión tiene su realización más plena. No existen analfabetos. A todos los ciudadanos se les facilita el acceso a la información más amplia, para que cada persona pueda decidir acerca de la verdad por sí misma. Están prohibidos por ley los monopolios privados nacionales o transnacionales de la información y las comunicaciones, que imponen en otros países las ideas y puntos de vista de elites de poder.

En el país se trabaja intensamente en programas para una educación y una cultura general e integral del pueblo, que le permita enfrentar con éxito la penetración del imperialismo ideológico y cultural, que está apoyado en el trabajo de las transnacionales estadounidenses de la información y el entretenimiento.

En Cuba, toda persona tiene acceso a los medios de información y comunicaciones y los mismos, son utilizados en función de las elevadas necesidades de la sociedad y la educación de los niños y jóvenes, en un espíritu de justicia social, libertad, igualdad y solidaridad humana.

Atención médica recibida por los mercenarios durante su permanencia en prisión. La verdad sobre algunos de los casos utilizados en las campañas mediáticas contra Cuba.

La dignidad humana y la integridad física y psíquica de los mercenarios sancionados a privación de libertad han sido respetadas rigurosamente. Ellos han recibido en prisión los amplios beneficios que disfruta la totalidad de la población penal cubana (ver al respecto el capítulo 17, Parte III del presente documento)

Son totalmente falsas las alegaciones de supuestas violaciones de derechos humanos que se habrían producido contra cualquiera de ellos.

Ninguno ha sido sometido a castigos corporales, a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a humillación o vejación alguna. A ninguno se le ha reducido la alimentación o el consumo de agua potable y tampoco se le ha privado o limitado el disfrute de los excelentes servicios de asistencia médica, que con carácter gratuito, son asegurados a todos los detenidos y prisioneros cubanos.

A partir de los delitos por los que fueron justamente juzgados y las sanciones que les fueron impuestas por el tribunal, no existe discriminación alguna en el tratamiento de los mercenarios con relación al resto de los reclusos. Cuando ha sido necesario, todos han recibido la atención y el tratamiento médico adecuado y gozan de los beneficios y derechos establecidos en la legislación y reglamentos que rigen el sistema penitenciario.

El derecho a recibir visitas de sus familiares, a mantener comunicación telefónica y a intercambiar correspondencia también es respetado. Todos disponen cada día del tiempo adecuado para realizar ejercicios físicos al aire libre.

A todos se les respeta el derecho a recibir asistencia religiosa y varios que así lo han solicitado, lo han ejercido efectivamente.

A todos los mercenarios se les ha respetado el derecho al uso de pabellones para visitas conyugales. También se les permite el disfrute de los medios masivos de difusión, especialmente la televisión, que pueden atenderla hasta el horario de cierre de sus transmisiones.

Todos gozan de una atención y tratamiento médicos de calidad, incluidos servicios médicos de urgencia de carácter permanente, atención estomatológica y consultas especializadas.

Médicos y enfermeros de alta calificación ha atendido a los mercenarios en cada oportunidad en que han expresado molestias o síntomas de estar enfermos, o en cada ocasión en que la atención médica a los mismos ha sido requerida o sugerida por parte sus familiares, por los vigilantes y funcionarios de las distintas áreas de las prisiones o por otros reclusos.

Los que así lo han requerido, han sido ingresados en salas de penados de los hospitales de la red asistencial nacional, donde se les ha garantizado también el acceso a todas las nuevas tecnologías y medicamentos desarrollados por nuestro país en la esfera de la salud.

A cada mercenario recluido que por indicación médica ha requerido una dieta alimentaria especial, se le ha suministrado la misma. La mayoría de las enfermedades que padecen algunos de los sancionados, fueron desarrolladas con anterioridad a su internamiento.

En todos los casos en que se han manifestado enfermedades, los familiares han sido informados regularmente por el personal médico tanto de la evolución del paciente, como del tratamiento que están recibiendo y los medicamentos que se le están suministrando. Se han respondido y atendido todas y cada una de las inquietudes manifestadas por los interesados.

Las características del sistema penitenciario cubano y de su subsistema de atención de salud, así como los beneficios y derechos que disfrutan los reclusos, pudieron ser constatados por varios representantes del Cuerpo Diplomático residente en Cuba, durante las visitas que efectuaron a diversos centros penitenciarios, en el mes de octubre de 2004. En esas visitas se ofreció una amplia información y los diplomáticos sostuvieron contactos directos con reclusos y reclusas.

Cada día resulta más difícil a los personeros de Washington mantener a flote su campaña de desinformación y mentiras con relación a sus mercenarios en Cuba.

La reciente excarcelación de 14 de esos mercenarios, beneficiados por Licencias Extrapenales a partir de sus requerimientos de salud, asestó un duro golpe a las campañas mediáticas anti-cubanas. Ninguno de los 14 mercenarios excarcelados ha podido presentar una evidencia creíble de haber recibido maltrato alguno, de haber sido humillado o vejado. Ninguno ha sufrido un deterioro en su estado de salud como consecuencia de las condiciones de reclusión o el tratamiento recibido en prisión. Ninguno ha podido referir una sola ocasión en que le fuera negada o restringida la atención médica.

Debe puntualizarse que la determinación de las excarcelaciones por Licencia Extrapenal de esos 14 mercenarios, no estuvo determinada por razón o criterio alguno que no fuera de una naturaleza estrictamente humanitaria. A todos los mercenarios se les ha brindado la oportunidad de someterse voluntariamente a los chequeos médicos necesarios para determinar aquellos que requieren el beneficio de la Licencia Extrapenal.

Uno de los casos más utilizados en la campaña anticubana, alegando deficiencias en su atención médica fue el de Martha Beatriz Roque Cabello.

Al igual que el resto de los mercenarios, fue procesada por sus actividades mercenarias al servicio de la política de hostilidad y agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Mantuvo estrechos vínculos conspirativos con funcionarios de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Cumplió acciones dirigidas a la destrucción del orden constitucional refrendado por la abrumadora mayoría del pueblo cubano. Fue probado en juicio público, que recibía dinero e instrucciones del gobierno de Estados Unidos y de organizaciones de la mafia terrorista y anticubana de Miami.

Ha sido una de las personas escogidos por la SINA para sostener encuentros con funcionarios, congresistas y empresarios norteamericanos de tránsito en Cuba, con el objetivo de desalentar cualquier cambio en la política anticubana del gobierno de ese país. En su expediente constan los documentos probatorios de las entregas de dinero del gobierno de los Estados Unidos a Roque Cabello.

Participó frecuentemente en encuentros conspirativos con los sucesivos Jefes de la SINA, Vicky Huddleston y James Cason. Entre ellos podrían ser mencionados los desarrollados en las fechas siguientes:

- El 04/07/2002 y el 30/08/2002, en la residencia del Jefe de la SINA, que ocupaba entonces Vicky Huddleston; los días 16/09/2002 y 30/10/2002, teniendo la propia residencia como inquilino a James Cason.
- El 19/12/2002, en la SINA, con la participación de su Jefe, James Cason,
- El 22/01/2003, en la residencia del funcionario de la SINA Gonzalo Gallegos.

Recibió sistemáticamente la visita de funcionarios de la SINA en su propio domicilio, entre ellas:

- El 24/09/2002, del Segundo Secretario político-económico, Ricardo Zúñiga.
- El 21/11/2002, del Jefe de la SINA, James Cason y del Segundo Secretario político-económico, Ricardo Zúñiga.
- El 10/12/2002, del funcionario Gonzalo Gallegos.
- El 24/02/2003, de los funcionarios James Cason, Ricardo Zúñiga y Gonzalo Gallegos.

Al ingresar Roque Cabello en la instalación penitenciaria, el gobierno de Estados Unidos orquestó una gigantesca farsa mediática, utilizando como soporte su estado de salud y denunciando a las autoridades cubanas por no estarle brindando la atención médica requerida.

Son falsas cada una de las alegaciones fabricadas en este caso. Al momento de su ingreso, se le realizó un Examen Médico inicial, un Chequeo Estomatológico, estudios complementarios de Hemograma, Serología VDRL y VIH-SIDA, con resultados negativos. Se comenzó un seguimiento nutricional y se actualizó su estado de vacunación.

Como resultado de esos exámenes se diagnosticó que con anterioridad a su ingreso, Roque Cabello padecía de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitas tipo II compensada, Cardiopatía Hipertensiva con Bloqueo completo de Rama derecha, y Osteoartrosis en columna cervical y rodilla derecha.

A partir de ese diagnóstico, y mientras permaneció en prisión, Roque Cabello fue examinada cada quince días por un especialista de medicina interna y cada semana por el médico del centro penitenciario. Recibió Interconsultas de diversas especialidades como Cirugía, Ortopedia, Urología, Ginecología, Fisiatría, Cardiología, Endocrinología, entre otros.

Mantuvo contactos periódicos con sus familiares, a quienes el médico de la prisión brindaba una explicación precisa y detallada sobre su estado de salud y el tratamiento médico que recibía.

Debe recordarse que según las propias informaciones de las autoridades penitenciarias cubanas, en julio de 2003 Roque Cabello comenzó a rechazar la atención médica, los medicamentos y los alimentos que se le suministraban en la prisión, aceptando sólo los entregados o enviados por sus familiares.

Desde el 22 de julio del 2003 fue trasladada a la sala de penados del Hospital Militar “Carlos J. Finlay”, donde recibió visitas familiares semanalmente. El 8 y el 10 de julio de 2003 rechazó los alimentos nuevamente, al cuestionar la ubicación de una reclusa de piel negra en su celda.

El 27 de julio se le realizó una tomografía axial computarizada del tórax y un electrocardiograma, al declarar dolor en el pecho. Ambos dieron resultados negativos, es decir, no revelaron alteración alguna que indicara un peligro para su vida, como ha difundido la propaganda anticubana. Los médicos le prescribieron dieta y los medicamentos correspondientes.

El propio 27 de julio, durante la visita de su sobrina Maria de los Ángeles Falcón Cabello, el Jefe de Sala del citado Hospital le explicó el estado de la reclusa, el tratamiento indicado, el resultado de los análisis, los estudios realizados y los nuevos exámenes que se le practicarían.

El 28 de julio, se le realizó un nuevo examen médico apreciándose que sus signos vitales eran estables y detectándose que sus índices de glicemia se mantenían altos, por lo que los médicos decidieron que permaneciera en terapia intermedia e indicaron que consumiera dieta para diabéticos.

En los meses siguientes hasta el momento de serle otorgada la Licencia Extrapenal, se le realizaron análisis complementarios de Glicemia, Ultrasonido, Urocultivos y Exudados, entre otros.

Durante su permanencia en la prisión disfrutó de amplios derechos y beneficios, como el resto de los reclusos. Recibió 30 visitas familiares, numerosas llamadas telefónicas y asistencia religiosa. Semanalmente su familia le pudo abastecer de productos alimenticios, sin restricción de peso, ni variedad. Desde el 15 de marzo del 2004 se le autorizó la tenencia de un televisor en la celda en la sala de penados del Hospital Militar “Carlos J. Finlay”.

El diagnóstico de Roque Cabello al momento de determinar su Licencia Extrapenal fue Hipertensión arterial esencial ligera con repercusión cardiovascular, Cardiopatía Hipertensiva compensada, dolor toráxico no cardiovascular, Diabetes Mellitas tipo II, Fibromialgia y Displasia mamaria.

El tratamiento médico indicado para su diagnóstico es dieta de diabético 1800 Kcal más fórmula basal de carne, Atenolol, Ranitidina, Glibenclamida, Vitamina C, Frental, Voltaren, Benadrilina, Vitamina A y Vitamina E.

Fue beneficiada con Licencia Extrapenal el 23 de julio de 2004. Antes de salir del centro hospitalario fue consultada por los médicos, quienes le indicaron el tratamiento a seguir desde el punto de vista clínico, para mantener el control de sus padecimientos. En el momento de recibir la Licencia Extrapenal se encontraba estable, con signos vitales dentro de los valores normales y con buen estado general de salud.

Otro caso socorrido ha sido el de Raúl Ramón Rivero Castañeda.

Fue también procesado por sus actividades mercenarias al servicio de la política de hostilidad y agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Cumplió acciones dirigidas a la destrucción del orden constitucional cubano. Pudo comprobarse en juicio público, que recibía dinero e instrucciones del gobierno de Estados Unidos y de organizaciones de la mafia terrorista y anticubana de Miami. Mantuvo estrechos vínculos conspirativos con funcionarios de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana

Entre los “méritos” periodísticos e intelectuales de Raúl Ramón Rivero Castañeda, descuella el haber sido uno de los promotores y firmantes en el año 1995 de una carta en apoyo a la adopción de la Ley Helms-Burton, que recrudeció el genocida bloqueo a Cuba y avanzó los planes, vías y medios para la destrucción del orden constitucional cubano.

Constan en su expediente pruebas del financiamiento recibido desde el exterior, principalmente del gobierno de los Estados Unidos, así como de sus vínculos con la SINA y con el ex agente CIA, Frank Calzón.
Como ejemplo de sus reuniones conspirativas con funcionarios de la SINA podrían ser citadas:

- Encuentro convocado en la residencia de Vicky Huddleston, entonces Jefa de la SINA, con David Mustelier, responsable de los asuntos cubanos en la USAID.
- Encuentro en la residencia de Gonzalo Gallegos, funcionario de la SINA, el 15 de mayo del 2002.
- Almuerzo de trabajo en la residencia de Vicky Huddleston.
- Reunión convocada por James Cason – actual Jefe de la SINA -, en su residencia, el 16 de septiembre del 2002. Participaron otros 5 funcionarios de esa sede diplomática.
- Actividad convocada por James Cason el 19 de diciembre del 2002, en la SINA, en la que participaron otros 12 funcionarios de esa sede diplomática.

Al ingresar en prisión, se le realizó un Examen Médico Inicial, un Chequeo Estomatológico, estudios complementarios de Hemograma, Serología VDRL y VIH-SIDA, con resultados negativos. Se comenzó un seguimiento nutricional y se actualizó su estado de vacunación.

Como resultado del examen realizado, las autoridades médicas del penal certificaron que Rivero padecía de Insuficiencia arterial periférica, Obesidad Exógena, Riñón Izquierdo Multiquístico y Linfangitis en Miembro Inferior con anterioridad a su reclusión.

A partir de este diagnóstico se realizaron consultas semanales programadas y por demandas del paciente. Recibió interconsultas de Medicina Interna, Cirugía General, Angiología y Nefrología.

Desde el 22 de febrero de 2004 al 1 de marzo de 2004, estuvo ingresado en la sala de penados del Hospital Provincial de Ciego de Ávila y posteriormente se le ubicó en la prisión de Canaleta de esa provincia.

En el Hospital Provincial de Ciego de Ávila se le realizaron otros exámenes médicos. Fue valorado nuevamente por especialistas de Angiología y Nefrología, que confirmaron sus patologías de base estable y recomendaron seguimiento con Ultrasonido y pruebas funcionales renales cada 6 meses y una consulta en el Hospital Nacional de Reclusos en noviembre del 2004, para la actualización de los estudios. Durante su estancia en dicho hospital recibió la visita de su esposa.
Entre los exámenes complementarios que se le realizaron durante su reclusión se pueden citar: Hemoglobina, Creatinina, AC Urico, Leucograma, TGP, Rayos X de Tórax, EKG, US Abdominal, Esputo BAAR, Eritro, Hematocrito, TGO, Fosfatasa ALC, Colesterol, Triglicéridos, P. Orina, entre otros.

También se le efectuaron pruebas de Electrocardiograma y Ecocardiograma que dieron resultados normales.

Durante su permanencia en prisión, disfrutó de amplios derechos y beneficios, como el resto de la población penal. Entre ellos podrían ser mencionados: ocho visitas familiares, el acceso en cinco ocasiones a pabellones conyugales, la realización de numerosas llamadas telefónicas (100 minutos mensuales y tres llamadas extra) y la asistencia religiosa en tres ocasiones. En todas las visitas se le permitió compartir la comida con sus familiares y recibir de estos una canasta alimenticia con un peso de 40 libras en cada ocasión.

Su diagnóstico de salud al momento de determinarse su Licencia Extrapenal era Obesidad Exógena, Bronquitis Crónica Simple y Riñón izquierdo con múltiples quistes. Se le indicó como tratamiento Dieta de 1800 Kcal, Ejercicio físico tres veces a la semana, consistente en caminar de 30 a 40 minutos, y el consumo dosificado de Daflon, Multivitaminas y Aspirina.

Rivero fue beneficiado con la Licencia Extrapenal el 1º de diciembre de 2004, avalado por su estado de salud. En el momento de recibir la Licencia Extrapenal se encontraba estable, con signos vitales normales y con buen estado general de salud.

Todas las Licencias Extrapenales extendidas a mercenarios estuvieron avaladas en rigurosos criterios médicos.

Con el otorgamiento de Licencias Extrapenales a dichas personas, se corrobora una vez más la naturaleza magnánima, el profundo humanismo y la ausencia de rencor y odio que inspira la actuación de la Revolución Cubana, que como ya se expusiera, ha brindado a través de la historia pruebas irrefutables al respecto. El Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, compartía sus escasas medicinas y alimentos, para atender por igual a revolucionarios y soldados de la tiranía hechos prisioneros que hubieren sido heridos o que fueran víctimas de enfermedades. ¿Existe acaso ejemplo más claro de trato humanitario que el recibido por los mercenarios hechos prisioneros tras la derrota de la invasión de Playa Girón?
La Licencia Extrapenal es un permiso que puede ser otorgado por el tiempo que sea pertinente y por razones justificadas. El artículo 31 del Código Penal cubano se refiere al otorgamiento de la Licencia Extrapenal. Específicamente, el apartado 3 inciso b) y el apartado 4 de dicho artículo, establecen lo siguiente:

(…)3. En los casos de sancionados a privación temporal de libertad:
(…) b) El tribunal sancionador puede concederles, por causas justificadas y previa solicitud, Licencia Extrapenal durante el tiempo que se considere necesario. También puede concederla el Ministro del Interior, por motivos extraordinarios, comunicándolo al Presidente del Tribunal Supremo Popular.
4. El tiempo de las Licencias Extrapenales y de los permisos de salida del establecimiento penitenciario a los que se refiere el apartado anterior, se abonan al término de duración de la sanción privativa de libertad, siempre que el sancionado, en el disfrute de la licencia o del permiso, haya observado buena conducta. Asimismo se abonan a dicho término las rebajas de sanción que se le hayan concedido al sancionado durante el cumplimiento de aquélla.

Al estar regulada en la legislación penal cubana y haber sido aplicada efectivamente en los casos que así lo requirieron, queda ratificado una vez más el carácter profundamente humano del sistema penitenciario cubano. El respeto a la Legalidad forma parte de la cultura y guía la conducta de las autoridades cubanas.

¡Cuán distinta la situación del sistema penitenciario cubano de lo que ocurre en las cárceles estadounidenses o en los verdaderos campos de concentración establecidos dentro del perímetro de la Base Naval estadounidense en Guantánamo!

¡Cuán diferente el tratamiento humano y respetuoso a los reclusos en los centros penitenciarios cubanos de las prácticas de torturas y humillaciones sistemáticas que llevan a cabo las tropas estadounidenses contra los prisioneros en Irak!

¡Qué enormes son las diferencias entre el trato que han recibido en las prisiones cubanas estos mercenarios y el que reciben los cinco compatriotas presos injustamente en cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo!

Con estricto apego a la razón y a la Ley, y respetando rigurosamente la dignidad y la integridad física y psíquica de todo ser humano, Cuba seguirá adoptando las medidas que sean necesarias para defender a su pueblo frente a la política de hostilidad, bloqueo y agresiones del gobierno de Estados Unidos.

Los mercenarios de la política de una potencia extranjera que persigue destruir el orden constitucional establecido por el pueblo cubano, no disfrutarán jamás de impunidad en Cuba, como tampoco la tendrían en ningún Estado soberano que proteja el respeto a la voluntad de sus ciudadanos.

Las leyes cubanas establecen el marco sancionador para castigar a aquellos que las transgreden. El gobierno cubano hará cumplir las disposiciones que establece la legislación aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en representación y tras amplias consultas con el pueblo. La Constitución y las leyes cubanas expresan la voluntad soberana de todo el pueblo cubano y nadie puede colocarse por encima de ellas.

Cuba sabe que la razón y la justicia están de su lado.

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CAPÍTULO 6: LA AGRESION RADIOELECTRÓNICA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA

Antecedentes de una guerra silenciosa

Desde los primeros años del siglo XX, el entonces emergente imperialismo estadounidense recurrió a los principales adelantos tecnológicos en materia de medios de difusión, como instrumentos de su labor de propaganda, injerencia e intervención. La radio alcanzó en esta primera etapa de penetración y dominación imperial un papel de primer orden. Bastaría remontarse al comienzo de las transmisiones norte¬americanas hacia América Latina, el 25 de mayo de 1924, bajo la cobertura de la Unión Panamericana.

Las interferencias incompatibles en la radiodifu¬sión por ondas medias entre Cuba y Estados Unidos tienen sus antecedentes mucho antes de enero de 1959. En la década de los años 30 del siglo pasado, las emisoras cubanas –con sistemas de ante¬nas de poca eficiencia y de reducida potencia –, eran afectadas por la interferencia en sus áreas de servicio de emisoras radiales de Estados Unidos, que contaban con transmisores de mayor potencia y sistemas de antenas muy eficientes.

En 1937 se celebra en La Habana la Conferen¬cia Regional de Radiodifusión, donde los 16 Estados americanos allí representados crearon la Oficina Interamericana de Radio y distribuyeron frecuencias en tres distintas zonas de América. Dicha Conferencia fue convocada por el interés de Estados Unidos, que negoció desde posiciones de fuerza para imponer a los participantes las bases técnicas concebidas para garantizar la continuidad de los privilegios que ya disfrutaban las estaciones norteamericanas, tanto dentro de su terri¬torio, como hacia el exterior.

Los instrumentos firmados en La Habana, el 13 de diciembre de 1937, comprendían la Convención Interamericana sobre Radiocomunicaciones, el Arreglo Interamericano sobre Radiocomunicaciones y el Con¬venio Regional Norteamericano de Radiodifusión (NARBA).

El último de los instrumentos antes mencionados regulaba las cuestiones de la radiodifusión por ondas medias en la región definida como norteamericana, que comprendía a los siguientes territorios: Canadá, Cuba, Estados Unidos, Haití, México, Terranova y República Dominicana.
El Convenio definió 105 canales de radiodifusión que clasificó en canales despeja¬dos, canales regionales y canales locales. Fueron distribuidos de la forma siguiente: Canadá 14; Cuba 9; Estados Unidos 63; Haití 1; México 15; Terranova 2 y República Dominicana 1.

Al tener más desarrollados sus medios de radiodifusión, Estados Unidos obtuvo en virtud del Convenio más del 50% de toda la banda, casi siempre con estaciones en "canales des¬pejados", lo que permite ofrecer un servicio libre de interferencias a grandes zonas, tanto del país emisor, como de vecinos más cercanos.

La distribución antes detallada obligó a los demás países firmantes a proporcionar protección a las extensas zonas de servicios delimitadas por los técnicos de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.

Para Cuba en particular, el ulterior desarrollo de su radiodifusión nacional quedaría lastrado por la carga económica que impone la necesidad de instalar complejas y costosas redes de antenas direccionales, para asegurar la disminución de las señales ra¬diadas hacia Estados Unidos, y así proporcionar la protección estipulada en el Acuerdo Regional. Sólo muy pequeñas emisoras locales de baja potencia y por lo tanto de muy reducida área de servicio pudieron ser instaladas, con antenas simples de bajo costo.

Luego de varios aplazamientos, el 13 de septiembre de 1949 se reunió en Montreal, Canadá, la III Conferencia Regional Norteamericana de Radiodifusión. La Conferencia sesionó ininterrumpidamente hasta el 8 de diciembre del propio año, fecha en que fue de¬clarada en receso ante la imposibilidad de lograrse un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos.

En agosto de 1950 se reanudó la Conferencia para analizar las asignaciones de frecuencias, potencias y ubicación de las estaciones, con la participación en ella de Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Haití, Jamaica, Bahamas y República Dominicana. El resultado final de la reunión fue la adopción del Acuerdo NARBA, con la asig¬nación de un total de 3 085 estaciones.

Estados Unidos recibió 2 402 asignaciones, para un 80% del total. A Cuba, con 116 estaciones, le correspondió sólo el 3%. Las asignaciones de Estados Unidos se distribuyeron entre los 106 canales disponibles. Cuba tuvo acceso a 81 canales.

El aspecto más significativo de este nuevo acuer¬do fue la muy desigual distribución de las prioridades, es decir, los derechos de protección a las áreas de servicios de las emisoras.

Mediante el acuerdo NARBA de 1950, Estados Unidos se aseguró el virtual dominio de las ondas medias en el área y el derecho a agredir con sus on¬das de radio a Cuba y otros países de la región.

El caso de la Voz de América y Radio Swan

Como ha denunciado el gobierno cubano en los más diversos foros internacionales, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959, las sucesivas administraciones nor¬teamericanas han recurrido a todo su poderío económico y tecnológico en apoyo a la agresión radioelectrónica contra Cuba. Mediante ilegales transmisiones radiales primero, y luego también televisivas, se ha venido agrediendo de modo permanente el espacio radioeléctrico cubano, difundiendo programaciones especialmente diseñadas para la incitación al derrocamiento del orden constitucional establecido por el pueblo cubano. Hacia ningún otro pueblo del mundo ha sido transmitida por una potencia extranjera, durante tanto tiempo, tanta mentira y estímulo a la destrucción y al odio.

Concebida, instrumentada y financiada por los grupos de poder norteamericanos que no renuncian a la pretensión de reimponer su control neocolonial sobre la Isla, en contubernio y complicidad con la mafia terrorista de origen cubano radicada en el territorio de la superpotencia, la agresión radioelectrónica constituye una pieza clave en la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

Estas transmisiones ilegales de radio y televisión buscan, mediante falsas alegaciones, la tergiversación y la propaganda dolosa, promover el desencanto y el cuestionamiento del pueblo cubano a su Revolución, el desacato al orden constitucional del país y el enfrentamiento a sus autoridades, y la emigración ilegal de cubanos poniendo en riesgo sus vidas. En resumen, fomentar el desencadenamiento de una crisis artificial que sirva de pretexto a una eventual intervención mili¬tar y una guerra de conquista contra Cuba.

El uso de la radio como instrumento de guerra y subversión se convirtió en norma del Departamento de Es¬tado norteamericano desde fines de la década del 50, en particular, al ser colocada la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA), bajo la dirección de Leonard Marks y Frank Shakespeare, connotados ideólogos anticomunistas.

EI 21 de marzo de 1960 se inicia oficialmente la agresión radial contra la Revolución Cubana, al salir al aire una nueva emisión de La Voz de América (VOA) en idioma español. La VOA es uno de los órganos centrales de manipulación propagandística y guerra psicológica e ideológica de la USIA.

La nueva programación estaba dirigida contra Cuba, aunque cínicamente se alegaba la supuesta transmisión "a todo el Continente". Sus contenidos reflejaban la creciente agresividad de las administraciones estadounidenses de turno frente al proceso de transformaciones revolucionarias que avanzaba en Cuba.

Como emisora oficial del gobierno de los Estados Unidos, La Voz de América tenía determinadas limitaciones para cumplir todas las expectativas y necesidades de propaganda en la aplicación de la política de guerra no declarada decidida contra la Revolución Cubana. No resultaba recomendable – en tanto brindaría pruebas de cargos contra las autoridades norteamericanas –, que la VOA transmitiera determinado tipo de conteni¬dos hacia Cuba, tales como la incitación directa a la rebelión o las instrucciones para ejecutar actividades terroristas.

Es por ello que el 17 de mayo de 1960, se puso en el aire una estación de radio subversiva con cobertura comer¬cial, nombrada Radio Swan, para realizar transmisio¬nes que sirvieran para alentar y orientar a los terroristas que operaban en territorio cubano.

Radio Swan comenzó a operar en una frecuencia cuidadosamente escogida para penetrar en toda Cuba y causar la menor interferencia nociva posible a las emisoras de los Estados Unidos. Era una operación clandestina, y como tal, jamás fue inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias de la Unión Internacional de Telecomu¬nicaciones (UIT) .

Según do¬cumentos hechos públicos en 1980, la emisora Radio Swan imponía a la CIA una erogación mensual de entre 400 a 500 mil dólares, sosteniendo una programación que llegó a contar con tres horarios: matutino, vespertino y nocturno, con una duración promedio de entre 8 a 12 horas diarias.

Poco antes de la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos, Radio Swan fue dotada de un transmisor adi¬cional en la banda internacional de onda corta de 49 metros, el cual funcionaba en la frecuencia de 6 000 khz y también estaba dirigido hacia Cuba.

Los contenidos de las emisiones de Radio Swan se hicieron cada vez más abiertamente agresivos, incitando a diversas formas de terrorismo, entre ellas el sabotaje económico, la destrucción de instalaciones administrativas y de servicios, el asesinato de los principales dirigentes revolucionarios. etc.

EI 17 de abril de 1961, al iniciarse la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos organizada, financiada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, Radio Swan pasó a brindar un apoyo y orientación directa en sus transmisiones a la contrarrevolución y los agresores.

Tras la rotunda derrota propinada a los invasores mercenarios de Bahía de Cochinos por el pueblo cubano, la CIA decidió cambiar el nombre de Radio Swan – a partir de su total des¬crédito –, rebautizándola como Radio América, "La Voz de la Verdad para todo el Continente", la cual continuó s