Nota Verbal
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza saluda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de hacer referencia a la nota de esa Oficina fechada el 3 de agosto del 2004, mediante la cual se invita a los Estados miembros a presentar opiniones u observaciones en virtud de la resolución 2004/26 de la CDH, titulada “Acceso a la Medicación en el contexto de pandemias como la del VIH/ SIDA”.
Cuba considera que el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental es un derecho humano fundamental y en consecuencia, concede una gran importancia a la lucha contra el VIH/SIDA a todos los niveles y en todas partes del mundo, y apoya con firmeza la necesidad de que se garantice el tratamiento y acceso a las medicinas y a las tecnologías médicas necesarias para enfrentar este flagelo a todas las personas afectadas y enfermas, sin discriminación de ningún tipo.
El VIH/SIDA constituye un problema mundial de primer orden. Se estima que en el 2003, el VIH infectó a otros 4,8 millones de personas. Esa cifra es superior a la de cualquier año precedente. En la actualidad, unos 37,8 millones de personas están viviendo con el VIH, que en el 2003 se cobró la vida de 2,9 millones de personas y acumuló un total de más de 20 millones de defunciones desde que en 1981 se identificaron los primeros casos de SIDA.
Esta pandemia se expande fundamentalmente entre la población más pobre, marginada, sin servicios de educación y de salud. Se concentra cada vez más en países con condiciones económicas y sociales adversas, y en particular en los grupos de alto riesgo de la población urbana que viven en la miseria y la marginalidad, entre los que prolifera la prostitución, la drogadicción y otros fenómenos destructivos.
La concentración de la enfermedad en las poblaciones jóvenes (entre 15 y 49 años), las más productivas y dinámicas, con la consecuente muerte masiva y prematura, constituye un hecho dramático para estos países. A esta realidad la acompaña el número extraordinario de niños huérfanos de uno de los dos padres, para los cuales las perspectivas de vida y futuro son aún más inciertas.
Más de dos tercios de las personas que sufren del VIH/SIDA en el mundo viven en África. La situación en este continente es verdaderamente dramática, sobre todo ante la difícil situación económica y social en que vive la población en estos países, que la hace más vulnerable frente a la enfermedad.
El Caribe, es la segunda región más afectada del mundo con estimaciones de prevalencia del VIH entre adultos del 2 % aproximadamente. Se calcula que en América Latina y el Caribe hay 1,9 millones de adultos y niños que viven con el VIH.
En general, y a pesar de que ningún país está exento de sufrir el VIH/SIDA, sólo unos pocos, básicamente los países ricos, han logrado reducir la mortalidad con medicamentos de alto e irracional precio. Otros muchos, en su inmensa mayoría los más pobres, asisten a una pavorosa reducción de la expectativa de vida de sus pueblos, y a un decrecimiento demográfico que los podría llevar a la extinción.
Cuba, aunque en otras condiciones, también ha sido afectada por esta enfermedad. A fines del 2003, en Cuba se habían detectado 4 979 infectados, de los cuales se han enfermado 2 221 y de estos han fallecido, a causa de la enfermedad, 1084. La epidemia está catalogada como de bajo nivel y la prevalencia de personas infectadas entre 15 y 49 años se estima en 0,05 %, la más baja de las Américas, y una de las más bajas del mundo.
Cuba, sujeta a un férreo bloqueo económico, comercial y financiero llevado a cabo por los Estados Unidos con lamentables consecuencias para la salud del pueblo cubano, y a pesar de tener limitado el acceso al 50 % de los nuevos medicamentos que se producen en el mundo porque los fabrican empresas norteamericanas o sus subsidiarias, ha logrado contener esta pandemia, a partir de:
• El establecimiento de un Programa de lucha contra el VIH/SIDA, que garantiza una atención integral a portadores y enfermos, tratamiento gratuito con antirretrovirales a todos los enfermos que lo necesiten, centros de atención médica especializada para los casos que lo requieren, y lucha sin descanso por la más plena integración social con todos los derechos y sin discriminaciones de las personas infectadas.
• Creación de un grupo de Gobierno para la coordinación de la respuesta nacional a la epidemia y desarrollo de estrategias tempranas para el combate y la prevención contra la enfermedad.
• Priorización de la lucha contra el VIH/SIDA dentro del Sistema de Salud, el cual es gratuito y asequible para el 100% de la población cubana y está enmarcado dentro del plan de desarrollo nacional general.
• Ofrecer tratamiento al 100% de los afectados cubanos por le VIH que lo requieran, para lo cual ha sido decisiva la experiencia de más de 4 décadas en la producción de medicamentos genéricos, donde se incluye el AZT desde 1989 y a partir del 2001 se amplió con otros 4 antirretrovirales.
• Existencia de una infraestructura que permite diferentes investigaciones donde participa el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunoensayo, el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, el Laboratorio Nacional de Referencia, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Salud Pública, la red de Centros Provinciales y Municipales de Higiene y Epidemiología y otras instituciones del Sistema Nacional de Salud. Dispone además de una red nacional de laboratorios (76) donde se hace el diagnóstico inicial de la infección por VIH y todos los positivos pasan al Laboratorio Nacional de Referencia para confirmar por Western Blot, y laboratorios para investigaciones clínicas en todos los Hospitales (241) y Policlínicas (469) de todo el país. Existe una amplia red de vigilancia epidemiológica que incluye las 469 áreas de salud, los 169 municipios y las 14 provincias del país. La recopilación, procesamiento y difusión de datos se hace mediante los departamentos de epidemiología y de estadísticas de la red de unidades del Sistema Nacional de Salud
En Cuba se garantiza el acceso de toda su población a sangre segura. Se certifica el 100 % de las más de 600 mil donaciones voluntarias anuales. Sólo 13 casos han adquirido la infección por esta vía.
Igualmente se implementó la prevención de la transmisión perinatal (madre a hijo), garantizando pruebas voluntarias al total de las embarazadas, y tratamiento antirretroviral y demás medidas recomendadas por ONUSIDA a las positivas. Solo 8 casos se han infectados por esta vía desde que empezó la pandemia, lográndose un índice de cero trasmisión madre-hijo desde 1997.
A través de un programa de atención integral para personas que viven con el VIH/SIDA, se logra la capacitación, seguridad social y laboral, asistencia médica especializada (que incluye el tratamiento antirretroviral y de enfermedades oportunistas) gratuita para el 100% de los enfermos. Igualmente se desarrolla un programa educativo cada vez más fuerte, que contempla la educación sexual en las escuelas, acciones educativas a grupos vulnerables, adolescentes y población general, incluida una estrategia de prevención.
Desde 1986, se ofrece atención integral a todos los seropositivos al VIH. Todos los casos reciben atención psicológica desde el primer momento del diagnóstico como seropositivos al VIH y además de la asistencia social a los que lo requieren, como parte del programa de atención integral.
Las leyes, reglamentos y otras medidas disponen la garantía para que las personas afectadas por el VIH no reciban ningún tipo de discriminación y puedan disfrutar los mismos derechos que cualquier otro ciudadano; es decir, a recibir atención médica gratuita (incluido el tratamiento antirretroviral), educación gratuita, seguridad social, trabajo, participación en todas las actividades que sus condiciones físicas e intelectuales le permitan.
Por otra parte, se han desarrollado y ampliado las capacidades de atención médica a los enfermos en los sanatorios especializados para la atención a pacientes que sufren de esta enfermedad en el país, y se ha incrementado de manera significativa el mercadeo de condones como parte de la educación hacia la prevención.
Cuba considera igualmente que la lucha contra el VIH/SIDA a nivel internacional requiere el compromiso y voluntad política no sólo de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, sino también de las grandes empresas transnacionales productoras de medicamentos y equipos médicos para la atención de esta enfermedad, para hacer dichos medicamentos accesibles a todos los enfermos, desarrollando al máximo la cooperación internacional y un profundo sentimiento de solidaridad humana, por encima de intereses de lucro.
Cuba reitera su convicción de que una estrategia efectiva a nivel internacional para la lucha contra el VIH/SIDA debería incluir necesariamente lo siguiente:
• Que los medicamentos contra el SIDA y otros también vitales y masivamente necesarios para el enfrentamiento a esta pandemia, no deben estar protegidos por patentes que limiten el acceso de los infectados a los mismos. No se debe lucrar con la vida de los seres humanos.
• Que la deuda externa de los países más pobres sea cancelada, sin condicionamientos; la misma ya ha sido pagada con creces por los países en desarrollo. Parte de los recursos liberados de esta enorme carga podrían ser destinados en estos países a la lucha contra el SIDA y a la atención del número creciente de enfermos.
• Que los países más ricos y desarrollados del planeta, deberían reducir sus presupuestos militares y destinar una parte de los recursos liberados como contribución al Fondo abierto por las Naciones Unidas para combatir el SIDA.
Cuba considera que la existencia de un orden internacional injusto, sobre todo en la esfera económica, condiciona y facilita la diseminación rápida y desigual de la pandemia del VIH/SIDA, la cual afecta de manera desproporcionada a los países más pobres y atrasados del planeta. Sin justicia social y la necesaria solidaridad internacional, el mundo no será capaz de sobrevivir este mal.
El Gobierno de la República de Cuba no sólo desarrolla una estrategia integral para la lucha contra el VIH/SIDA para la protección y atención a toda su población, sino que, como parte de programas de cooperación en la salud con otros países en desarrollo, ha propuesto y de hecho ha venido participando en el desarrollo de programas de asistencia médica para los países más pobres y con mayor presencia de esta enfermedad.
Como parte de su contribución al combate internacional contra el flagelo del VIH/SIDA, Cuba reitera su ofrecimiento de:
• Cuatro mil médicos y personal de la salud para crear la infraestructura que permita suministrar a la población los medicamentos con las prescripciones y el seguimiento indispensables. Ese mismo personal podría formar y entrenar a un gran número de especialistas, enfermeras y técnicos de la salud en los países donde trabajen.
• Los profesores necesarios para crear 20 Facultades de Medicina, muchos de los cuales podrían ser escogidos de entre los 2 mil 359 médicos cubanos que ya hoy prestan servicios en 17 países, como parte del Programa Integral de Salud. En esas escuelas, se formarían mil médicos cada año en los países que más los necesitan.
• Los médicos, pedagogos, psicólogos y otros especialistas que se requieran para asesorar y colaborar con las campañas de prevención del SIDA y otras enfermedades.
• Los equipos y kits diagnósticos necesarios para los programas básicos de prevención.
• El tratamiento antirretroviral para 30 mil pacientes.
Además, Cuba ha ofrecido su cooperación para aplicar un programa integral de lucha contra el VIH/SIDA en Haití, país altamente azotado por la epidemia y donde existe una amplia cooperación cubana en materia de salud, así como en algún país de África. Se trataría de un programa conjunto con ONUSIDA, como parte del cual se crearían dos facultades de Ciencias Medicas en estos países, para las cuales Cuba ofrecería el personal calificado, los profesores y especialistas, mientras que ONUSIDA aportaría los recursos necesarios para la bibliografía y el equipamiento en general.
Para poner en práctica este programa de cooperación sólo sería necesario que la comunidad internacional aporte los medicamentos, equipos y recursos necesarios. Cuba no obtendría ganancia alguna y aportaría los salarios en su moneda nacional, que es lo más costoso para los organismos mundiales de salud, y lo más difícil: el ser humano preparado y dispuesto a cumplir esa misión.
Cuba reitera la importancia crucial de la colaboración triangular como soporte de la cooperación entre Cuba y los países receptores, atendiendo a las limitaciones económicas, la falta de equipamiento, medicamentos e insumos para el sostenimiento de las brigadas médicas cubanas. La experiencia de más de 3 años de cooperación a partir de los programas integrales de salud con países de América Latina, el Caribe y África, es reconocida y apreciada, y muestra resultados positivos concretos a favor del mejoramiento de los índices de salud de los países receptores.
Estos programas han contado, en algunos casos, con la participación de países con mayores posibilidades económicas para apoyar este esfuerzo, tales como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Japón, Grecia, entre otros, lo que evidencia que la cooperación internacional es posible y puede ser efectiva. Esta cooperación debe extenderse al combate del VIH/SIDA en los países más afectados y en todo el mundo.
Cuba reitera su disposición para participar en un esfuerzo conjunto internacional para combatir el VIH/SIDA, esfuerzo que necesariamente conlleva el acceso a la medicación necesaria, como uno de los elementos fundamentales para alcanzar gradualmente la plena realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

Ginebra, 28 de septiembre del 2004

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PROMOCIÓN DE LAS IDENTIDADES CULTURALES DE TODOS Y DEL RESPETO POR LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES
Respuesta de Cuba a la solicitud de información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la resolución 2004/20

Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la resolución 2004/20 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “Promoción de los derechos culturales de todos y del respeto por las diversas identidades culturales”.

Cuba concede la mayor importancia al insustituible papel que debe desempeñar la comunidad internacional, mediante el sistema de las Naciones Unidas, en la promoción y protección de los derechos y las identidades culturales y en la cooperación cultural internacional, teniendo como premisa el pleno respeto a la diversidad política, económica, cultural, social y religiosa de cada una de las sociedades, en estricta conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El respeto a las identidades culturales es condición sine qua non para la preservación de la diversidad cultural. Esta última debe ser entendida como patrimonio común de la humanidad y un valioso elemento para su adelanto y bienestar en general y para la preservación de la paz. La cultura es una de las fuentes del desarrollo, entendida no solamente en términos de crecimiento económico de las sociedades, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más elevada.

Cuba desea reafirmar la necesidad de hacer efectivo el consenso de la comunidad internacional de que los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos, y por tanto, son universales, indivisibles e interdependientes.

El actual proceso de globalización neoliberal, el acceso asimétrico a las tecnologías de la información y la comunicación que lo acompañan, y las pretensiones de hegemonía cultural de los países desarrollados, en particular por parte de la única superpotencia, constituyen serias amenazas a la realización de los derechos culturales, a la preservación de las identidades culturales y por ende, a la diversidad cultural.

En el llamado mundo en desarrollo, pero también en los países industrializados, las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas, los pueblos indígenas y los afro-descendientes, están siendo objeto de un proceso de homogeneización y empobrecimiento cultural, a través de nuevas y sofisticadas formas de “colonialismo cultural” disfrazadas de un falso universalismo.

Es necesario reiterar que no puede haber democracia o libertad real en medio de las desigualdades, ignorancia, analfabetismo total o funcional, y una falta de cultura política, económica, científica y artística a las que sólo pueden acceder exiguas minorías, incluso dentro de los países desarrollados, en un mundo lleno de publicidad comercial y consumista, que conduce al despilfarro, la enajenación, y la destrucción implacable de las condiciones naturales de la vida humana.

La comunidad internacional debe reafirmar que incumbe principalmente a los Estados la promoción del pleno disfrute de los derechos culturales de todos y del respeto de las distintas identidades culturales y que corresponde a cada Estado definir y poner en práctica, a través de los medios que considere apropiados, su propia política cultural, teniendo debidamente en cuenta sus obligaciones internacionales.

Cuba desea subrayar, que ante los inmensos desafíos y los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales.

Los fines primordiales de las políticas culturales deben ser el logro de la distribución equitativa del saber y los conocimientos a escala global, la reivindicación el derecho público de acceso a la cultura, de conformidad con el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho de todos los países, en particular los países en desarrollo, a establecer industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional que posibiliten preservar las identidades y la diversidad cultural.

En ese contexto, los Estados deben prestar una atención particular, a nivel nacional e internacional, a la diversidad de la oferta creativa, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás.

Cuba afirma que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción de las identidades culturales, condición para el desarrollo humano sostenible. Desde este punto de vista, subraya que se debe reafirmar la preeminencia de las políticas públicas, respecto a los intereses del sector privado.

También defiende la necesidad de preservar el patrimonio cultural de la humanidad, de enfrentar al tráfico ilícito de bienes y servicios culturales y la devolución de esos bienes culturales robados a sus países de origen. En ese sentido, condena el saqueo y destrucción de que fuera objeto el Museo de Bagdad y su patrimonio, con la connivencia de los Estados Unidos, como potencia ocupante, en violación de sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y llama a la comunidad internacional a exigir la devolución de los bienes robados y la sanción de los culpables y cómplices de estos delitos internacionales.

Cuba reafirma que es urgente propiciar, mediante la educación y la implementación de políticas culturales, una verdadera revolución ética en el ser humano que haga efectivo el derecho de toda persona a una educación de calidad que respete plenamente su identidad cultural y que inculque valores y actitudes que susciten la tolerancia, el respeto mutuo y un conocimiento elemental de los demás.

En ese sentido, la Constitución de la República de Cuba establece que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones y particularmente preconiza la libertad de creación artística y la defensa de la identidad de la cultura cubana, la conservación del patrimonio cultural, la riqueza artística e histórica de la nación, así como la protección de los monumentos nacionales, teniendo también en cuenta las tradiciones y valores universales.

En Cuba hay un renovado auge de las más variadas expresiones artísticas e intelectuales que, unido a un colosal esfuerzo en el terreno de la cultura y la educación, con énfasis especial en la calidad de la misma, y al avance de las instituciones científicas, sustentan la absoluta seguridad de que la cultura y el arte conduzcan a nuestra especie hacia un mejor destino.

Se mantienen y perfeccionan los logros de los programas de desarrollo ulterior de la educación tales como la Universidad para Todos; el Programa Audiovisual para niños, adolescentes y jóvenes matriculados en las escuelas del país; el desarrollo de los centros de video y centros de computación comunitarios para alumnos y pueblo en general; la formación masiva de instructores de arte y trabajadores sociales, etc. Todos estos programas tienen por fin alcanzar una cultura general integral, sin la cual obtener un título profesional universitario no es suficiente para dejar de ser analfabeto funcional.

Cuba está trabajando también para que todos sus ciudadanos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de la información y de las comunicaciones en la gran revolución educacional y cultural que se está desarrollando, cuyos logros rebasan las fronteras de nuestro propio país.

A partir de esos programas y de los logros alcanzados por Cuba, los cuales han cumplido ya las metas trazadas por la UNESCO en el sector educativo hasta el 2015, nuestro país desarrolla varios proyectos de cooperación en el marco de esa Organización.

En contraste con la apertura y la vocación universalista cultural de Cuba, el pueblo cubano ha tenido que emprender como pocos, la lucha frente a los intentos de anexión y de asimilación de su identidad, por la potencia más poderosa del mundo, de la que lo separan sólo 90 millas.

Los pueblos cubano y estadounidense, han sido privados por más de 40 años, por espurias motivaciones políticas de dominación, de sus derechos al intercambio bilateral mutuamente beneficioso en las esferas académica, científica, cultural, turística y deportiva producto de la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

La imposibilidad de acceder al mercado de bienes de servicios de los Estados Unidos para adquirir los insumos necesarios en la cultura y la enseñanza; la prohibición a los artistas cubanos de firmar contratos comerciales de trabajo en los Estados Unidos y de recibir honorarios por sus actuaciones; el impedimento del disfrute de los derechos de propiedad intelectual de nuestros creadores; las restricciones a la libertad de viajes mediante las sanciones y las amenazas contra los ciudadanos estadounidenses que desean visitar a Cuba; y la negación de científicos, artistas, deportistas, educadores y otras personalidades cubanas de la cultura, son algunos de los obstáculos que violan los derechos y la identidad culturales del pueblo cubano.

Entre las afectaciones por la imposición del bloqueo a la esfera de la cultura podemos citar:

- Las más de 20 actuaciones no comerciales que se vio obligado a llevar a cabo el Ballet Nacional de Cuba entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre del 2003, por las que dejó de ingresar aproximadamente 200 mil dólares.

- La denegación de licencias por el Departamento del Tesoro norteamericano para desarrollar proyectos de asistencia y cooperación propuestos por instituciones de ese país para la conservación del patrimonio de la Isla.

- Los 53 representantes del sector de la cultura que entre mayo del 2003 y abril de 2004 quedaron a la espera de sus visas de entrada a los Estados Unidos y los 215 artistas que recibieron una negativa rotunda por respuesta.

Como si ello no fuera suficiente, el 6 de mayo del presente año el Presidente de George W. Bush anunció nuevas medidas que refuerzan aún más las medidas anti-cubanas que constituyen una violación de la independencia y la soberanía cubanas y una escalada sin precedentes de las violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos del pueblo cubano.

A pesar de esas medidas, Cuba reitera su compromiso de seguir apoyando de manera firme, cuanto esfuerzo se emprenda en el marco del sistema de las Naciones Unidas, y dentro de la UNESCO, consistente en preservar y promover las identidades y diversidad cultural de todos los pueblos y naciones.

En ese sentido, Cuba apoya los esfuerzos encaminados a adoptar una Convención sobre la protección de la Diversidad Cultural de la UNESCO que fortalezca el diálogo entre las diversas culturas y el disfrute de las diversas expresiones culturales con igualdad de oportunidades para todos.

Cuba espera que como resultado del proceso de negociación, se adopte un instrumento internacional que contribuya a promover y proteger la diversidad de todas las culturas en un mundo en el que se constatan grandes y graves amenazas para la cultura en general y existe un intercambio cultural desigual.

Cuba considera que entre los objetivos de la Convención, debería reconocerse la contribución de las expresiones y el diálogo culturales a la defensa y preservación de la paz y la seguridad mundiales, así como la protección de las expresiones artísticas durante conflictos armados u ocupación extranjera.

Dicho instrumento debería reafirmar que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual ellos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo, la educación artística para todos debe ser un aspecto priorizado por la Convención, ya que la falta de una cultura política, económica, científica y artística producto del subdesarrollo y a la que sólo pueden acceder exiguas minorías, incluso dentro de los países desarrollados, es un obstáculo para promover y proteger la diversidad cultural.

Por otra parte, la Convención debería contribuir a la solución del enfrentamiento a un mercado internacional donde predominan las posiciones de grandes grupos económicos dominantes. Por esta razón, dicho instrumento deberá proteger los derechos de propiedad intelectual, y salvaguardar la identidad cultural y sus expresiones especialmente aquellas que pueden resultar desfavorecidas en el intercambio comercial o que no son objeto del comercio y el lucro.

La Convención debería velar porque los efectos negativos de la globalización no influyan en el desarrollo de la cultura nacional y las expresiones artísticas de un país y prohibir a los Estados Parte adoptar medidas nacionales que imposibiliten el libre intercambio cultural entre los pueblos afectando el desarrollo cultural de los mismos.

Por último, destacando la responsabilidad de todos los Estados en la promoción de los derechos culturales de todos y de las identidades culturales y teniendo en cuenta los grandes desafíos y las graves amenazas que se ciernen sobre los derechos y las identidades culturales, expuestos anteriormente, Cuba reitera su apoyo a la idea de nombrar un experto independiente cuyo mandato se sustente en las resoluciones 2003/26 y 2004/20 de la CDH y que coloque la promoción y protección de los derechos culturales al mismo nivel que el resto de las categorías de derechos. Este experto contribuiría a la integración de una perspectiva de derechos humanos en todo el trabajo del sistema de Naciones Unidas en el ámbito de la cultura y sistematizaría en beneficio de la CDH, la información sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas a nivel nacional y los aportes y contribuciones de otros componentes del sistema, en particular la UNESCO, en el ámbito de la realización de los derechos culturales, el respeto a la diversidad cultural y la cooperación internacional cultural.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su consideración.

Ginebra, 29 de septiembre de 2004

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POSICIÓN DE CUBA SOBRE LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Respuesta de Cuba a la Nota G/SO 214 (69-14) de la Oficina del Ato Comisionado

Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de comunicarle la respuesta de Cuba a la Nota Nota G/SO 214 (69-14), mediante la cual se solicitó información en virtud de la resolución 2004/48 de la Comisión de Derechos Humanos.

Al respecto, Cuba tiene a bien trasladar las siguientes consideraciones generales:

La protección legal de infantes y adolescentes por el sistema de leyes cubanas, está estrechamente vinculada a los principios constitucionales que rigen las relaciones jurídicas en la familia, la comunidad, la sociedad civil y en el Estado cubano.

En Cuba la infancia es la principal prioridad. El Estado crea las condiciones para que la familia asuma el cuidado y la formación de sus hijos facilitando la educación escolar y la salud entre otros derechos de los niños. La infancia y la adolescencia disfrutan de una especial atención por parte de la familia, la comunidad, la sociedad civil y el Estado, que incluye además, la imprescindible protección jurídica y las condiciones para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo integral de la personalidad y capacidades de cada niño y joven.

El Estado promueve los derechos de la infancia y la adolescencia consagrados en la Constitución de la República, los diferentes Códigos, Leyes y Decretos Leyes, entre los que se encuentran: el Código de la Niñez y la Juventud, el Código de Familia, el Código Civil y el Código Penal.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes cubanos, también son protegidos mediante un sistema de políticas sociales, programas y proyectos en las áreas de salud, la educación, la seguridad social, el medio ambiente, etc. Entre los integrantes de este sistema y en el contexto abordado, cabe destacar el Programa de Educación Formal para una Conducta Sexual Responsable, los Proyectos para los adolescentes, Mi proyecto de Vida y el Proyecto de Programa de Atención Integral al Adolescente.

Cuba fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de los Derechos del Niño, y a pesar del bloqueo que el Gobierno de Estados Unidos le ha impuesto por más de cuatro décadas, el Gobierno cubano ha trabajado por desarrollar un sistema de garantías que articule de manera coherente y operativa las políticas, planes y programas, con una nueva concepción social, cultural y política hacia la niñez y la adolescencia.

En un mundo en el que aparecen y se desarrollan nuevas modalidades de delincuencia transnacional organizada, que tienen como caldo de cultivo los patrones de injusticia y desigualdad que guían la globalización neoliberal en curso, Cuba profundiza y garantiza la seguridad y estabilidad necesarias para el normal desarrollo de todos sus ciudadanos, desde las primeras edades.

Como parte de las acciones que se realizan para la prevención y atención social, se han incrementado los mecanismos de monitoreo y control de las conductas relativas al abuso y explotación sexual, conductas delictivas que han sufrido un incremento a partir de la década de los años 90, asociadas al desarrollo del turismo.

La Fiscalía General de la República cumple un papel de primera importancia en la protección legal a infantes y adolescentes. El Fiscal desempeña una actuación preponderante en la tutela penalógica de los menores, como miembro de los Secretariados Ejecutivos de las Comisiones de Prevención y Atención Social, que ante un hecho con matices delictivos en que pueda resultar como víctima un menor, llevan a cabo una investigación con el mayor cuidado. En todo caso, el Fiscal representa y defiende la integridad corporal, los derechos, los bienes e intereses de los niños y las niñas.

Cuba firmó en octubre del 2000 y ratificó en septiembre del 2001 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Figuró así entre los 10 primeros países que ratificaron este instrumento.

Más allá de las medidas descritas, el país cuenta con un Plan Nacional contra la explotación sexual de la niñez y la adolescencia que se desarrolla en todo el territorio, en el que participan Organismos de la Administración Central del Estado tales como: Educación, Salud, Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Fiscalía General de la República, Justicia y Ministerio del Interior, el Instituto Cubano de la Radio y Televisión, el Instituto Nacional de Deportes de Educación Física y Recreación, así como organizaciones tales como la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de la Defensa de la Revolución y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

A lo anterior se añade que nuestro Parlamento cuenta con una Comisión para la Atención de la Infancia y la Igualdad de Derechos de la Mujer, la que da seguimiento periódico al tema.

Las figuras enumeradas y conceptualizadas en el artículo 3 del Protocolo se encuentran sancionadas en la legislación penal y están prohibidas en la legislación laboral.

El Código Penal dedica el Título XI a los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud, e incluye entre sus artículos 298 al 317 una amplia descripción de conductas típicas entre las que figuran corrupción de menores, con toda su amplia gama de variantes, el proxenetismo y trata de personas y la venta y tráfico de menores, no sólo para fines de prostitución, sino también para comercio de órganos, trabajos forzados y las actividades vinculadas al narcotráfico o al consumo ilícito de drogas.

La política descrita, incluyendo las acciones y medidas de protección legal y los mecanismos de monitoreo y control de las conductas relativas al abuso y explotación sexual y las conductas delictivas asociadas, ha servido de sólido marco para el enfrentamiento de las manifestaciones de pornografía infantil en Internet en el país.

Si bien en estos momentos se está estudiando la posibilidad de codificar en un cuerpo jurídico único las distintas disposiciones normatiyas y administrativas que sirven de base al enfrentamiento de la pornografía infantil en Internet en el país, en Cuba se cuenta con una base jurídica y administrativa efectiva para impedir la ocurrencia de prácticas de esa naturaleza.

En Cuba, la gestión de redes en general y de Internet en particular, es realizada por entidades estatales o mixtas que tienen definidos de manera muy precisa los contenidos permisibles en correspondencia con las normas establecidas, lo que facilita su control y supervisión por las autoridades facultadas.

Existen normativas básicas que regulan por vía administrativa la información que se expone en Internet, en correspondencia con la política trazada por el Estado Cubano, por cuya aplicación responden los jefes de órganos, organismos y entidades.

A partir del año 2000, con la creación del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, la actividad de fiscalización y control del empleo de las redes de datos se fortaleció con la decisión de crear la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, adscripta a ese organismo. Esta Oficina tiene como objeto social la prevención, evaluación, aviso, investigación y respuesta a las acciones, tanto internas como externas, que afecten el normal funcionamiento de las Tecnologías de la Información del país y en su trabajo cotidiano enfrenta cualquier tipo de acción que pueda afectar a las redes de datos, incluyendo entre otras, las vinculadas con pornografía, prostitución, pedofilia, virus informáticos, mensajes de correo no deseados (spam) y en general, cualquier información contraria al interés social, la moral y la ética del proceso revolucionario cubano.

Las regulaciones jurídicas para la protección contra la pornografía infantil han tenido un mayor desarrollo en los últimos años, a medida que ha venido avanzando el proceso de implementación de Internet en Cuba. Por ejemplo, en noviembre del 2001, se puso en vigor la Resolución 188 del Ministerio de Informática y las Comunicaciones, que estableció una metodología para el acceso de las entidades cubanas a Internet, con el fin de regular este proceso en todas los órganos, organismos y entidades.

Existen otros factores que actúan contra las manifestaciones de pornografía infantil en Internet en Cuba. El modelo cubano de desarrollo, tiene como premisa esencial el acceso universal a los servicios sociales básicos y de satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos, entre ellos los servicios de información y comunicaciones. En Cuba las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen bienes al servicio de todo el pueblo. El entrenamiento y la capacitación en su uso son gratuitos. Su explotación y el acceso a sus servicios, se rigen por claras políticas y se benefician de programas dirigidos a potenciar su uso por todos los cubanos y cubanas.
Las prioridades en cuanto a la conexión a esos servicios, incluido Internet, están determinadas por la máxima de que los escasos recursos disponibles deben beneficiar al mayor número posible de individuos. Es por ello que se facilita y prioriza el acceso a través de puntos de servicio social y comunitario, tales como escuelas, universidades, centros hospitalarios y de salud, bibliotecas, centros de investigación, unidades de la administración local, provincial y nacional, centros culturales y de arte. En el orden individual, se privilegia en la distribución de las capacidades de conexión a médicos, intelectuales, investigadores y académicos, entre otros.
Se extiende el empleo masivo de equipos de computación para impartir conocimientos a adultos, adolescentes y niños desde la enseñanza pre-escolar. La totalidad de las escuelas del país, 93 de las cuales tienen un solo niño, han iniciado el presente curso escolar con 46 290 computadoras al servicio de todos sus estudiantes, lo que beneficia al 100% de la matrícula de las escuelas primarias, secundarias y el preescolar. Los Joven Club de Computación y Electrónica han capacitado en la explotación de estas tecnologías a más de medio millón de cubanos.
El país cuenta hoy con un estimado de 270 000 computadoras, el 65 por ciento de ellas conectadas en red; existen 1 100 dominios punto cu, más de 750 sitios en Internet y más de 480 000 cuentas de correo electrónico.
Cientos de miles de personas acceden en Cuba a Internet, y cada día serán más las que lo hagan, según las condiciones económicas del país lo permitan. Solo a través de INFOMED, el servicio de Internet de la Salud Pública, acceden personalmente cerca de 30 000 profesionales, médicos y paramédicos. En la Educación Superior prácticamente todos los profesores y la gran mayoría de los estudiantes se comunican con Internet, con restricciones vinculadas solo al tiempo de máquina disponible y a las velocidades que permiten nuestras redes.

A partir de todos los elementos citados, Cuba seguirá trabajando en el futuro para impedir que los usuarios de Internet en el país utilicen la red de redes para llevar a cabo actos delictivos de pornografía, prostitución o cualquier forma de explotación sexual a niños y jóvenes.

Cuba está convencida de que ninguna obra humana es perfecta. Esa concepción intrínsecamente revolucionaria y transformadora, nos impone desbrozar cada día nuevos caminos y seguir trabando en el perfeccionamiento de la normativa que garantice la más genuina realización de todos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, incluyendo su protección de males asociados al uso indebido de Internet.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organizaciones Internacionales con sede en Suiza aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su alta y distinguida consideración.

Ginebra, 30 de septiembre del 2004

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DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA

Respuesta de Cuba a la solicitud de información del Secretario General en virtud de la decisión 2004/117 de la CDH, sobre las responsabilidades humanas.

Nota:
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza saluda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la Nota DK/MR.S/MN, en la cual se solicita información a los Gobiernos, en virtud de la decisión 2004/117 del 2004, referida al “Anteproyecto de Declaración sobre las responsabilidades sociales de la persona", de la Comisión de Derechos Humanos.
Cuba desea, ante todo, expresar su agradecimiento al Relator Especial, Sr. Miguel Alfonso Martínez, por el informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 59 período de sesiones, en el año 2003 y por el “Anteproyecto de Declaración sobre las responsabilidades sociales de la persona”, el cual constituye un valioso e importante punto de partida para emprender pasos concretos con vista a la codificación internacional de las responsabilidades de la persona.
Cuba reafirma su total compromiso con el desarrollo progresivo de un tema, que ha estado asociado desde sus propios orígenes, al objetivo de la promoción de todos los derechos humanos para todos. Expresa por tanto su disposición, a contribuir activamente en el avance de un futuro proceso negociador en esta materia.
El anteproyecto retoma uno de los principios fundacionales del sistema internacional de derechos humanos, consagrado en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. El disfrute de derechos entraña el reconocimiento y respeto al ejercicio de deberes o responsabilidades con el resto de las personas y con la sociedad en general, la que en el contexto de un mundo globalizado abarca a toda la humanidad.
El anteproyecto tiene el mérito de integrar, a partir de un amplio estudio bibliográfico y visitas a varios países, el acervo constitucional, legal, ético y la práctica de países de las latitudes, religiones y sistemas económicos, políticos y sociales más diversos en materia de responsabilidades o deberes de las personas.
El mismo conjuga armoniosamente el respeto de la persona individual y la colectividad, de la persona natural y jurídica, incluyendo la dimensión de los Estados, que son en definitiva, los que tienen la responsabilidad primordial en promover y proteger los derechos humanos y cuyas acciones u omisiones tienen una incidencia sobre la realización de los derechos humanos, no solo de sus ciudadanos, sino también de los ciudadanos de otros Estados
La noción de derechos lleva implícita inexorablemente que otras personas, grupos y el Estado en su conjunto tienen responsabilidades o deberes en el reconocimiento y realización efectiva de tales derechos y en la creación de un entorno favorable a su disfrute.
El anteproyecto constituye una importante contribución para resolver la aguda dicotomía existente entre, de una parte, los vastos desarrollos conceptuales logrados sobre los derechos y la diversidad de acciones prácticas que han merecido ya esos derechos y las libertades fundamentales, y de otra, la falta de definiciones precisas acerca de cuales son los deberes de toda persona como resultado de lo establecido en el párrafo 29-1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el párrafo final (quinto párrafo) común de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
Una retórica de derechos humanos y libertades fundamentales fuera de la vida en sociedad resulta realmente impensable. Según el texto de la Declaración Universal y de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, está fuera de toda duda que cada persona tiene deberes (o responsabilidades) en relación con la comunidad/sociedad donde vive. Ella es el único medio capaz no sólo de propiciarle la posibilidad de desarrollar plenamente su personalidad, sino también para la materialización efectiva de los derechos y libertades consagrados en la propia Declaración.
Existen deberes o responsabilidades con relación a los derechos de los demás. El propio preámbulo de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos incluye una mención al hecho que el "individuo" tiene deberes "respecto de otros individuos", sin que su texto limite esos posibles deberes únicamente a las otras personas que conviven en la misma comunidad/sociedad
No obstante, a diferencia de lo que la Declaración Universal hace respecto a los derechos humanos reconocidos a cada persona, es decir, enunciarlos uno a uno, de manera ordenada y detallada, en su texto ni siquiera se enuncian cuáles son esos deberes (o responsabilidades) a que hace referencia su artículo 29-1, entre los cuales destaca en primer lugar, el deber de la solidaridad humana.
Cuba considera que dicha omisión puede y debe ser subsanada, para lo cual se hace especialmente importante trabajar para precisar cuáles son los deberes (o responsabilidades) de toda persona para con la comunidad en que vive, entendiéndose la palabra "comunidad" en su sentido más amplio, o sea, la comunidad familiar, la comunidad étnica, religiosa, cultural, de igual origen nacional, etc, a la que pudiera pertenecer dentro de una sociedad múltiple, y por supuesto, incluiría también a esa sociedad en su conjunto, y que como tal, forma parte de la comunidad internacional.
Cuba concede especial importancia a la identificación de aquellos deberes/ responsabilidades que pudieran considerarse como atribuibles a toda persona sin distinción alguna -como expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos- de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, e independientemente de si en la comunidad/sociedad en que habitan, desempeñen o no funciones públicas, o si actúan en ella individualmente o de manera conjunta, en unión de otros individuos.

En Cuba los deberes/responsabilidades de los ciudadanos tienen su origen en los propios fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado cubano, recogidos en la Constitución de la República.
El año 1959 marcó el inicio de un profundo proceso de transformaciones políticas y socio-económicas de amplia raíces, que entre otras cuestiones, instituyó con rango constitucional los derechos y deberes del individuo hacia las demás personas, la sociedad socialista y los pueblos del mundo.
El renovado marco jurídico y constitucional dimanante de la propia ética de la Revolución, recogió los deberes de los ciudadanos para con la comunidad internacional y elevó la dignidad de la patria y del ciudadano cubano.

En la Constitución de la República de Cuba aparece consignado en su Preámbulo el internacionalismo proletario, la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos del mundo, como deberes y responsabilidades históricos surgidos tras el triunfo revolucionario el 1º de enero del 1959.
Cuba concede una importancia prioritaria al tema y desea subrayar la clara correlación entre los derechos y libertades reconocidos en la legislación nacional, y los deberes/responsabilidades de los titulares de esos derechos/libertades hacia nuestra sociedad y los individuos que la conforman.
La sociedad cubana se identifica por su carácter de sociedad solidaria y humanista, y la Constitución de la República dedica el Capítulo VII a los "Derechos, deberes y garantías fundamentales" de cada ciudadano para con su patria, entre los que se citan: el deber de trabajar y cumplir cabalmente las tareas que se corresponden con el empleo (Art. 45); el deber de cuidar la propiedad pública y social, de acatar la disciplina de trabajo, de respetar los derechos de los demás, de observar las normas de convivencia socialista y de cumplir con los deberes cívicos y sociales(Art. 64); el deber de cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Constitución de manera inexcusable(Art. 66).

Entre los deberes establecidos en la Carta Magna, se encuentra además el deber supremo de defender la patria (Art. 65). Cuba opina que la paz es un derecho de todos los pueblos. Sin embargo, aunque la tolerancia es imprescindible en todo ámbito de relaciones humanas, su práctica no debe implicar la renuncia a los principios de justicia social, independencia y soberanía.
Todos los deberes y responsabilidades del individuo plasmados en la Constitución forman un conjunto de preceptos ético-jurídicos de la sociedad cubana, y no sólo se encuentran reconocidos formalmente en el citado capítulo de la Constitución de la República de Cuba. Aparecen igualmente evocados en otros párrafos de dicho texto: el deber de los ciudadanos de contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza(Art. 27); el respeto a la igualdad y a la dignidad de la persona (Art. 41).
Asimismo, aparece señalado el deber específico de los diputados a la Asamblea Nacional a desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, rendir cuenta del cumplimiento de sus funciones (Art. 84). Los delegados a las Asambleas Municipales y Provinciales, también deben coordinar sus funciones, trasmitir las necesidades de sus electores, rendir cuenta periódicamente, entre otras responsabilidades. (Arts. 113, 114, 115). Los electores tienen por su parte el derecho de revocar su mandato en cualquier momento.
En cuanto a los deberes/ responsabilidades en el seno familiar, en el Capítulo IV de la Constitución, se señala que a la familia se le atribuyen las responsabilidades y funciones esenciales en la educación de las nuevas generaciones(Art. 35); a los cónyuges, el deber del mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos(Art.36). A su vez, se destaca en el Art. 38 el deber de los padres de dar alimentos a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y contribuir en la educación de los mismos.

La Ley No. 1289 del Código de Familia, es fuente de deberes/responsabilidades, en tanto rigen con ese carácter las relaciones conyugales y en las relaciones paterno-filiales.
Los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la citada ley, establecen los deberes que deben respetar ambos cónyuges, entre los que se encuentran el respeto debido, la lealtad, la ayuda mutua, el cuidado de la familia, etc. Por otra parte, los artículos 65 y 84 regulan el deber de los hijos con respecto a sus padres en ayudarlos, considerarlos y respetarlos.
Cuba reconoce a su vez los deberes de los padres en lo que hace a sus responsabilidades para con sus hijos. El Código de Familia en su artículo 85, relacionado con la patria potestad proclama que: .. "los padres deben dirigir la formación de sus hijos para la vida social; inculcarles el amor a la patria, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia social y el respeto a los bienes patrimoniales de la sociedad y a los bienes y derechos personales de los demás; inspirarles con su actitud y con su trato el respeto que les deben y enseñarles a respetar a las autoridades, a sus maestros y a las demás personas...".
La ley No. 16 del Código de la Niñez y la Juventud, constituye, de la misma manera, fuente de deberes y responsabilidades, así por ejemplo aparecen en su articulado, el deber de la familia de formar física y espiritualmente a los más jóvenes(Art. 4). De la misma forma, aparece estipulado el deber de los niños y jóvenes de respetar la propiedad de todo tipo(Art. 6); de respetar las normas jurídicas y la legalidad (Art.7) y de rechazar las manifestaciones delictivas y antisociales(Art. 8).
Educar para la paz y para el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, a los hombres y mujeres de todas las edades, es un deber insoslayable del que ningún pueblo del mundo puede ser ajeno. La sociedad cubana es en principio portadora de sentimientos internacionalistas y en ellos se forman y educan las nuevas generaciones de cubanos desde sus primeros años de vida escolar. La solidaridad con otros pueblos hermanos bajo principios de respeto a su ideología y cultura ha estado en el quehacer práctico de la Revolución Cubana.

En opinión de Cuba, existe una amplia gama de deberes o responsabilidades que son ineludibles y que necesariamente, al igual que se hizo con los derechos humanos, que han sido detalladamente enunciados, no podrían ser excluidos de una futura codificación, que imprescindiblemente debería realizarse con relación a los deberes y responsabilidades de la persona.
Entre otros, Cuba considera de especial importancia los siguientes deberes: el respeto a la paz y la seguridad internacionales; abstenerse de toda propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso; acatar las normas del Derecho Internacional y todos los derechos humanos para todos; oponerse a las acciones que sean incompatibles con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; proteger el medio ambiente; respetar y promover el derecho de libre determinación de los pueblos, la diversidad cultural y religiosa; trabajar por promover el desarrollo económico, social y cultural de todos los pueblos del mundo; potenciar la solidaridad y el respeto entre todos los seres humanos y pueblos del mundo; promover el establecimiento de un orden internacional basado en los principios de humanidad, equidad, la solidaridad y la justicia social.
A juicio de Cuba, deben proseguir los esfuerzos nacionales dirigidos a incorporar en sus respectivas legislaciones los deberes/responsabilidades de la persona, sin perjuicio de una codificación internacional que enuncie detalladamente, al igual que en el caso de los derechos, los deberes de los individuos. Estos procesos pueden transcurrir paralelamente y reforzarse mutuamente. El desarrollo de la codificación internacional servirá para establecer pautas a ser seguidas por los distintos países.
La obligación de exigir responsabilidades es un factor clave para conseguir un sistema de justicia equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad tanto a escala nacional como internacional.
Es por todo lo anterior, que Cuba continuará apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional dirigidos a definir los deberes o responsabilidades de toda persona hacia la sociedad en que se desenvuelve, así como para con los restantes individuos y pueblos que componen la comunidad internacional. Cuba reitera su confianza en que podrán ser resueltas las lagunas u omisiones en torno a esta temática.
Cuba apoya toda decisión que pueda ser adoptada para garantizar el seguimiento que merece, en el marco de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y el resto de las instancias de la maquinaria de Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, el “Anteproyecto de Declaración sobre las responsabilidades sociales de la persona".
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

Ginebra, 30 de septiembre de 2004.

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DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD

Respuesta a la solicitud de información del Secretario General en virtud de la resolución 2004/72 de la CDH, sobre la Impunidad

Nota Verbal:

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la Nota G/SO 212/34 (60th) de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos, de fecha 3 de agosto, para remitir las observaciones de Cuba en virtud de la resolución 2004/72 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “Impunidad”.
Cuba ve con preocupación la cuestión de la creciente impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y concede especial importancia a la necesidad de fortalecer los esfuerzos nacionales e internacionales dirigidos a exigir responsabilidades por esas violaciones.
El combate efectivo a la impunidad debe ser presidido por los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, sin discriminación alguna. Sin embargo, el mundo es testigo de los dobles raseros que aplican algunos gobiernos, fundamentalmente de los países desarrollados, a las violaciones de los derechos humanos que comete el Gobierno de los Estados Unidos.
Durante el pasado 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos quedó en evidencia, una vez más, la incapacidad de ese órgano para hacer valer con carácter universal el Derecho Internacional, para actuar con imparcialidad y objetividad; para promover y proteger todos los derechos humanos para todos en cualquier parte del mundo y para poner fin a la impunidad.

Estados Unidos, con la complicidad de sus principales aliados y otros gobiernos que se le subordinan, impidió que la Comisión de Derechos Humanos pudiera siquiera discutir un proyecto de resolución sobre la cuestión de las detenciones arbitrarias en la Base Naval de los EE.UU. en el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, presentado por la delegación cubana.

El texto tan siquiera tenía un carácter condenatorio, aunque bien que lo merecía. Solo llamaba a EE.UU. a facilitar información y a que tres procedimientos especiales universales realizaran visitas para investigar las alegaciones que con creciente fuerza realizan organizaciones no gubernamentales, la prensa y ex reclusos liberados de los campos de detención instalados en la Base de Guantánamo. Incluso, reconocía, a instancias de una delegación que lo propuso, la liberación de algunos presos y alentaba los Estados Unidos a continuar haciéndolo.

Todo lo que sucede en ese verdadero campo de concentración, según han corroborado algunos de los pocos detenidos que han sido liberados recientemente, contradice los más elementales preceptos de las Convenciones de Ginebra. A los detenidos, de modo arbitrario, el gobierno estadounidense les negó el reconocimiento como "prisioneros de guerra", creando para ellos el calificativo de "combatientes ilegales”. También contradice lo que allí ocurre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Reglas Mínimas y Principios Básicos de las Naciones Unidas para el tratamiento de los prisioneros, así como las obligaciones jurídicas de los Estados Unidos en su condición de Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura.

Sin embargo, los autoproclamados paladines de los derechos humanos: Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, se aprestaban a recurrir, de manera hipócrita, a una moción procesal para evitar la discusión y votación del proyecto de resolución, secundados por algunos gobiernos serviles latinoamericanos, a pesar de que la Unión Europea, una y otra vez ha repetido estar en contra de las mociones de no acción en el ámbito de los derechos humanos.

Como reconocieron en privado los representantes de varios países desarrollados de Europa Occidental, el proyecto era impecable, tanto desde el punto de vista técnico-jurídico, como de la redacción. Cuba, tuvo el valor de poner el asunto a la luz pública, y la propuesta por sí sola, había tenido el mérito de resaltar aún más este asunto.

Cuba no insistió en que se pusiera a votación el proyecto, posponiendo su consideración y dejando abierta la posibilidad de presentarlo en otros foros pertinentes, responsabilizando por ello a los europeos y latinoamericanos y denunciando las presiones y manipulaciones, la hipocresía europea y la sumisión de varios gobiernos latinoamericanos.

El proyecto de resolución cubano, potenció la atención de la opinión pública internacional hacia las violaciones de los derechos humanos en la Base naval de Guantánamo y puso al desnudo la hipocresía, la demagogia y la doble moral de EE.UU. y los países que los secundan en su discurso demagógico sobre los derechos humanos.

En julio de 2004, en el marco del período sustantivo del Consejo Económico y Social que tuvo lugar en Nueva York, fue sometida a la adopción el proyecto de resolución L.17 Rev.1, titulado: “Cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo”, presentado por Cuba, como continuidad de los esfuerzos iniciados en el 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

En esta nueva oportunidad, Cuba presentó dicho proyecto con un título, un contenido y un enfoque novedoso, sin identificar la responsabilidad de país alguno y con una naturaleza claramente temática. De hecho, la mayoría de los párrafos contenidos en el proyecto estaban construidos a partir de lenguaje ya consensuado con anterioridad y en particular, tomaban como base los textos de los instrumentos internacionales vigentes en la materia.

Lamentablemente, para los países industrializados de Occidente, y para algunos otros que no pueden resistir dignamente – con apego a la verdad y a la justicia – las presiones de la superpotencia hegemónica, no importó que el contenido de la nueva iniciativa fuera incuestionable desde el punto de vista del derecho, de la necesidad y de la ética.

No incidió tampoco en la determinación de las posiciones de estos gobiernos, que el proyecto de resolución respondiera positivamente, a los reiterados y urgentes reclamos de acción frente a las aberrantes violaciones de derechos humanos – incluidas humillantes formas de tortura – que han tenido en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas bajo el supuesto argumento del combate al terrorismo, que han sido realizados por importantes personalidades mundiales, organizaciones no gubernamentales, mecanismos de la CDH, órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y la opinión pública mundial.

Las potencias industrializadas del Norte se dedicaron a fabricar un arsenal de pretextos y falsos argumentos, para mantener la vigencia de la inmunidad en la aplicación de las normas del derecho internacional y la impunidad de los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos, cometidas en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas en los territorios de Afganistán e Iraq por autoridades y personal de o al servicio de algunos gobiernos del Norte y muy especialmente, de la superpotencia hegemónica.

La delegación de Estados Unidos solicitó el voto al proyecto, que fue rechazado por 24 votos en contra, 12 a favor y 17 abstenciones. La responsabilidad de que la propuesta no haya podido ser adoptada, no debe ser sin embargo achacada sólo a las fuertes presiones realizadas por las embajadas estadounidenses en distintas capitales del mundo. Fue decisivo el apoyo cómplice y el activismo desplegado por otros países desarrollados, con el objetivo de mantener la impunidad sobre las brutales violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por su aliado estratégico.

Resistiendo las tremendas presiones norteamericanas, la inmensa mayoría de los países del Sur votaron a favor, o al menos se abstuvieron, en la adopción del proyecto L.17 Rev. 1. De hecho, 30 países, de los 54 miembros del Consejo, no acompañaron la solicitud expresa de Washington de votar en contra de la iniciativa cubana.

Cuba considera que el resultado obtenido, a pesar de no haberse podido adoptar el proyecto, constituye un paso importante en la lucha por rescatar a la maquinaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas, de la manipulación política y los dobles raseros a que ha quedado condenada, por el control que sobre ella ejercen las principales potencias occidentales.

Resulta inconcebible que prácticas de abuso y tortura, como las llevadas a cabo por las tropas de ocupación estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, o las que tienen lugar en el campo de concentración establecido en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, no hayan podido recibir la merecida respuesta de los órganos intergubernamentales de la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas.
En esas aberrantes violaciones de derechos humanos han participado directamente mercenarios, contratados por el ejército de los EE.UU., bajo el camuflaje de “contratistas militares”.
Entre los acusados de malos tratos a prisioneros en Irak, figuran dos individuos que no son miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, sino parte de un creciente cuerpo de “civiles” (unos 20 000 empleados que han sido reclutados por el Pentágono a través de compañías privadas).
Lo más preocupante es que cuando los integrantes de un ejército nacional cometen crímenes de guerra, es responsabilidad de su propio ejército o Estado juzgarlos, pero cuando son cometidos por personal de estas empresas privadas de seguridad, que muchas veces no son nacionales, ni residentes del país donde están registradas legalmente, ni del país donde realizan sus actividades, esos delitos quedan en un limbo legal o, cuando menos, se plantea una profunda ambigüedad en cuanto a la competencia judicial que favorece la impunidad.
Otro escandaloso ejemplo de promoción de la impunidad, llevado a cabo con el estímulo y bajo la presión del Gobierno de EE.UU., fue el indulto extendido el pasado 25 de agosto a los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, por la ex Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso.
Los cuatro terroristas de origen cubano fueron detenidos, enjuiciados y condenados en Panamá por planificar un atentado contra el Presidente Fidel Castro en un acto público, en noviembre del año 2000. De haberse ejecutado este atentado hubiera costado la vida a centenares de víctimas civiles panameñas en el paraninfo de la Universidad de Panamá.
Tres de los cuatro terroristas viajaron inmediatamente a Miami, sin ser molestados por las autoridades de los EE.UU., y el cuarto, Luis Posada Carriles, se presume que se encuentra en algún lugar de Centroamérica.
Esta última acción de la presidenta Moscoso, en contubernio con el Gobierno de los Estados Unidos y con la mafia terrorista de Miami, a tan solo una semana de concluir su mandato presidencial, fue la culminación del proceso de comprometimiento con el terrorismo contra Cuba y de protección de los citados terroristas de origen cubano que se inició en abril del año 2001, cuando la propia Presidenta de Panamá rechazó la justa solicitud de extradición presentada por el Gobierno cubano en enero de ese año, cumpliendo todos los requisitos que para tales actos exigen la legislación panameña y los instrumentos internacionales en vigor.
Vale recordar que, entre otras muchas acciones terroristas, Luis Posada Carriles es el responsable directo de la destrucción en pleno vuelo, en 1976, frente a las costas de Barbados, de un avión de Cubana de Aviación en que perdieron la vida 73 personas; de la campaña con bombas contra hoteles cubanos a finales de la década de 1990, que costara la vida al joven turista italiano Fabio di Celmo; y de múltiples planes de asesinato del Presidente cubano. Posada Carriles es, además, prófugo de la justicia venezolana.
Gaspar Jiménez Escobedo, entre numerosos crímenes, asesinó al técnico pesquero cubano Artañán Díaz Díaz en México, a la par que también participara en la preparación de los atentados con bombas contra hoteles cubanos y en el entrenamiento de los mercenarios que ejecutaban tales acciones terroristas. Jiménez Escobedo fue prófugo de la justicia mexicana, tras ser procesado por tráfico de explosivos y drogas.
Guillermo Novo Sampoll, además de ser culpable de la colocación de artefactos explosivos en embajadas de Cuba, en aeronaves y embarcaciones de países que realizan intercambios económicos con Cuba fue, al servicio de la DINA chilena del sanguinario dictador Augusto Pinochet, uno de los asesinos de Orlando Letelier, canciller del Gobierno de la Unidad Popular, en un atentado realizado en Washington, en el que perdió la vida también una ciudadana norteamericana. Además, Novo Sampoll está involucrado directamente en la preparación de terroristas procedentes del territorio de los Estados Unidos que fueran capturados en Cuba en el año 2001.
Pedro Remón Rodríguez, fue el asesino, en Nueva York, del diplomático cubano Félix García Rodríguez, el 11 de septiembre de 1980, y del emigrado cubano José Eulalio Negrín, a la par que colocó bombas en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU a fines de 1979, y atentó contra la vida del Embajador cubano ante las Naciones Unidas pocos meses después.
La entonces presidenta de Panamá, la señora Moscoso, no tuvo en cuenta siquiera, que el proceso judicial que se seguía contra ellos no había concluido. En violación de la legislación panameña y una flagrante falta de respeto al Poder Judicial de su propio país, no esperó siquiera a que los tribunales superiores panameños dictaminaran sobre la apelación realizada por los abogados que representan a las organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas panameñas, dado que las sanciones de 7 y 8 años de privación de libertad, no se correspondían con la gravedad del delito cometido y además, por las irregularidades del propio proceso, lo que constituye.
El indulto dictado por la presidenta Moscoso no solo es violatorio de la legislación panameña, sino también de los instrumentos internacionales contra el terrorismo suscritos por la República de Panamá. Constituye una afrenta a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, y convierte a la Presidenta de Panamá en cómplice del terrorismo y responsable de la impunidad de los cuatro asesinos.

En otro claro ejemplo de impunidad, el Gobierno de los EE.UU. acreditó como miembro de su delegación oficial al 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, al connotado terrorista de origen cubano radicado en Miami, Luis Zúñiga Rey, quien fue capturado, enjuiciado y cumplió sanción en Cuba, por infiltrarse clandestinamente con un cargamento de armas y explosivos para cometer actos terroristas en el país. El informe del Relator Especial sobre el uso de mercenarios al 55 período de sesiones de la Comisión, en 1999, dio cuenta sobre su participación más reciente en la planificación de actividades terroristas contra hoteles en Cuba en el año 1997, que costaron la vida a un turista extranjero y causaron varios heridos.
Como es conocido, en territorio norteamericano operan públicamente contra Cuba un sinnúmero de organizaciones terroristas con total impunidad, y por sus calles, han circulado y circulan libremente connotados y confesos criminales, responsables, junto con los sucesivos Gobiernos de EE.UU. que los alentaron, financiaron, entrenaron, toleraron y/o protegieron, de la pérdida de 3 478 vidas cubanas y de daños a la integridad física de 2099 cubanos.
La administración del expresidente William Clinton, presionada por las denuncias cubanas sobre las actividades contra Cuba de connotados terroristas de origen cubano radicados en Miami, pidió información y envió a Cuba una comisión del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a la que se le entregó un copioso expediente acerca de actividades terroristas contra bienes y personas en Cuba, en terceros países e incluso, en Estados Unidos, llevadas a cabo por elementos terroristas de origen cubano, radicados en Miami, incluyendo datos de localización que hubieran permitido tomar medidas contra todos estos criminales.

En 1998, el Gobierno de los Estados Unidos, en lugar de actuar contra los terroristas, utilizó la información entregada por Cuba para detener a Cinco Patriotas Cubanos que habían participado en la búsqueda de los datos suministrados. Estos Cinco Héroes en el Combate al Terrorismo, todavía hoy sufren injusta prisión en Estados Unidos, como consecuencia de un proceso judicial injusto, manipulado y carente del debido proceso, celebrado en el ambiente hostil y fraudulento de Miami.

Se les acusó de espionaje y a tres de ellos -Gerardo Hernández, Antonio Gerrero y Ramón Labañino- se les impusieron la sanción más severa prevista para condenar a verdaderos espías, ignorando que altos oficiales del ejército norteamericano testificaron que los Cinco Héroes Cubanos no tuvieron acceso a lugares, ni a información sensible y no podían poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y por tanto, no existían siquiera evidencias creíbles de acciones de espionaje. Esta es una prueba más del compromiso de las autoridades norteamericanas en extender la impunidad a la mafia terrorista anticubana.

Estos cinco jóvenes han sido víctimas de las más inhumanas presiones y torturas físicas y sicológicas, con el fracasado objetivo de empujarlos a la renuncia de sus ideales patrióticos y humanistas.
En el caso de dos de ellos, René González y Gerardo Hernández, las autoridades norteamericanas han impedido por años que sus esposas puedan visitarlos y en el caso de René, ciudadano norteamericano, no se ha permitido que su pequeña hija Ivette, también ciudadana norteamericana, pueda ver a su padre
Un elemento esencial en el combate a la impunidad, es la necesidad de asegurar la justicia para delitos que por su gravedad no prescriben.
Ejemplos ilustrativos de la práctica sistemática de impunidad para violadores de derechos humanos, es la tranquilidad que disfrutan los Jefes y Oficiales militares y otros responsables, directos e indirectos, de decenas de miles de desapariciones, asesinatos y torturas de las sangrientas dictaduras militares latinoamericanas impuestas durante la década de los años 70, y en algunos casos hasta los 80.
Estas dictaduras siguieron planes concebidos, dirigidos y apoyados material, técnica y financieramente, en sus distintos aspectos por el Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de neutralizar el avance de las ideas democráticas y progresistas, así como los movimientos populares en la región. Los responsables de estas brutales acciones fueron entrenados en su mayoría en escuelas militares estadounidenses, como la tristemente célebre Escuela de las Américas en el Canal de Panamá, que aún existe bajo otro nombre y ubicación. Allí recibieron entrenamiento e inspiración en las más aberrantes prácticas de violaciones a los derechos humanos.
El fin de las dictaduras militares en América Latina y los procesos de transición hacia las llamadas democracias representativas en la mayoría de ellos, vino acompañado en muchos casos por la adopción de leyes que favorecieron la impunidad, mediante el indulto o la amnistía a los responsables de esos gravísimos crímenes.
Las leyes y disposiciones adoptadas por los diferentes gobiernos latinoamericanos que se sucedieron en el poder tras el fin de las “Juntas Militares” y los gobiernos de facto, tales como las llamadas “Ley de obediencia debida”, la “Ley de Punto Final”, o los Decretos de Indulto Presidenciales aprobados en diversos países, contribuyeron a legitimar la impunidad en dichos países.
Cuba reafirma la importancia de que los responsables de esos crímenes no tengan el beneficio de la amnistía, la prescripción, la caducidad, el indulto o cualquier ley o medida semejante que pudiera tener por efecto eximirlos de procesamiento o sanción penal y acoge con satisfacción algunas modestas medidas que se han adoptado recientemente en algunos países, fundamentalmente por algunos jueces y tribunales, para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de tales crímenes.
Cuba reitera la importancia decisiva de juzgar y sancionar adecuadamente a los protagonistas de los crímenes que se cometieron en el pasado por las dictaduras latinoamericanas y de dar a conocer la verdad, prestar ayuda y protección a las víctimas, los testigos, y conceder reparación y facilitar recursos a los mismos.
Cuba está convencida de que la exigencia de responsabilidades por estas violaciones de derechos humanos es un componente esencial de toda reparación eficaz para las víctimas de dichas violaciones, y un factor clave no sólo para prevenir nuevos actos de esa naturaleza, sino también para conseguir un sistema de justicia equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad tanto a escala nacional, como internacional.
Asimismo, considera que la cuestión de la impunidad de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos al desarrollo, a la libre-determinación y a un medio ambiente sano continúa siendo una asignatura pendiente en la mayoría de los países y a nivel internacional. Este asunto requiere la más urgente atención de la comunidad internacional para hacer realmente efectiva la igualdad, interdependencia e interrelación entre todos los derechos humanos.
Los responsables de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos son frecuentemente entidades internacionales, como empresas transnacionales e instituciones financieras multilaterales, que imponen y aplican políticas que constituyen una verdadera fuente de graves violaciones a gran escala en los países subdesarrollados. Estos también deben responder por sus acciones.
Muestra de esas violaciones son los programas de reforma y ajuste estructural que bajo distintos nombres han sido impuestos y siguen siendo recetados hoy por las entidades internacionales y cuyas consecuencias son desastrosas para las economías de los países en desarrollo. Estos amplían la brecha entre ricos y pobres, dentro y entre las naciones; y tienden al saqueo de los recursos naturales, económicos y del patrimonio cultural de los pueblos y países del Tercer Mundo para beneficio del capital privado nacional y fundamentalmente, transnacional.
Cuba considera que el tema de la impunidad debe ser abordado tomando en cuenta todos los aspectos que le están asociados, mediante acciones y medidas que imposibiliten la comisión de estos crímenes horrendos en cualquier parte del mundo. Ello sólo será posible si se logra hacer prevalecer un enfoque que integre los aspectos de prevención y educación, la cuestión de la justiciabilidad y la aplicación firme de las sanciones.
En el plano nacional, la inquebrantable voluntad política que ha caracterizado al Gobierno cubano en su compromiso con la prevención y el combate a la impunidad, se ha venido evidenciando con acciones concretas a lo largo de las últimas cuatro décadas a favor del perfeccionamiento de nuestro Sistema Judicial, entre las que se destaca, la creación del sistema de Tribunales Populares en todo el país, encargados de combatir la impunidad y hacer cumplir las nuevas leyes que se fueron promulgando.
Para Cuba la obligación de promover y proteger los derechos humanos trae consigo la obligación de castigar y reparar la falta y el perjuicio derivados de sus violaciones. Por consiguiente, las víctimas de las violaciones de todos los derechos enunciados en la legislación vigente en el país pueden recurrir a los tribunales para obtener reparación o indemnización por los daños y perjuicios sufridos; los autores de las violaciones deben asumir su responsabilidad civil y penal y son sancionados según lo establece la Ley.

La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, deben romper el muro de silencio y de la cómplice inacción que garantiza la impunidad a las graves, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que comete EE.UU., con la complicidad de sus aliados más cercanos, tras el pretexto del combate al terrorismo.
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su consideración.

Ginebra, 6 de octubre del 2004

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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

Respuesta de Cuba en relación con la aplicación de la resolución 2004/52 de la CDH, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad

Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza saluda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a su nota de fecha 24 de septiembre del 2004, mediante la cual se solicita información a los Gobiernos, en virtud de la Resolución 2004/52 de la CDH, en relación con la aplicación de las recomendaciones del estudio de la Oficina de la Alta Comisionada sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad presentado a la Comisión en su 58 período de sesiones.

Cuba concede especial importancia y presta una atención priorizada a la cuestión del respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad sobre la base del principio de que todas las personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación, al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Cualquier discriminación directa o indirecta, o trato discriminatorio a una persona discapacitada constituye una violación de sus derechos.

En Cuba, a partir del 1959, comenzaron a adoptarse medidas concretas para la atención de los discapacitados. La política social del Gobierno cubano privilegia el acceso universal y gratuito a los servicios sociales básicos y la satisfacción de las necesidades elementales de todos los seres humanos en todo su ciclo vital.

A pesar del férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por los Estados Unidos, que ha tenido negativas consecuencias para la salud del pueblo cubano, nuestro país aplica una política social que beneficia a toda la población, con particular énfasis en aquellos sectores menos favorecidos, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

Cuba ha llevado adelante una estrategia de desarrollo fundada en los principios de libertad, equidad, justicia social e inclusión, que ha colocado en el centro de atención al ser humano, potenciando su desarrollo integral, autorrealización y plena integración. A las personas con discapacidad ha correspondido un lugar destacado como beneficiarios y protagonistas de esta estrategia.

Desde el año 1995 se estableció el Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad, con el propósito de proponer, ejecutar y controlar la política a seguir en el campo de la discapacidad e integrar las acciones de todos los ministerios e instituciones en este sentido. Este Plan, que funciona desde el nivel municipal hasta el nacional, ha cohesionado los esfuerzos de los organismos estatales, las Asociaciones de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones sociales y de masas, garantizando de este modo la coordinación estrecha en lo relativo al empleo, la accesibilidad, la salud, la educación, la capacitación y el disfrute de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las acciones que se enmarcan en este Plan hacen posible que los recursos de que dispone el país estén a disposición de toda la población y sean distribuidos equitativamente de conformidad con la política de desarrollo económico y social, privilegiando el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de vivir, en un plano de igualdad, de acuerdo con las pautas y condiciones en que se desenvuelve la vida de cualquier otra persona de su edad, y que los servicios que se le presten impliquen el mínimo grado posible de limitación de esas condiciones de vida.

Con el propósito de analizar la efectividad de las políticas y programas aplicados a favor de los discapacitados y determinar las necesidades emergentes de estas personas, periódicamente, tienen lugar reuniones presididas por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros, con la participación de la mayoría de los Ministros y de todas las organizaciones no gubernamentales que representan a las personas con distintas formas de discapacidad.

Como parte de los esfuerzos que se realizan a favor de la plena integración de las personas con discapacidad, el gobierno cubano realizó en todo el país, durante el año 2002, un estudio clínico, psicopedagógico y social a las personas con discapacidad que permitió conocer las condiciones de vida y salud de cada una de ellas, evaluar las políticas implementadas hasta la fecha, así cómo impulsar nuevos programas y estudios encaminados a elevar la calidad de vida y propiciar su plena integración social.

El sector de la educación realiza la labor preventiva en los centros de diagnóstico y orientación, los que suman 190 en todo el país, con lo cual se garantiza una correcta evaluación de las necesidades educativas especiales. La llamada educación especial en Cuba garantiza una cobertura nacional prácticamente total.

Todos los niños con discapacidad acceden al estudio e incluso aquellos que tienen necesidades más complejas, a los que se les garantiza un maestro que los enseña en su casa y hasta en los hospitales, de ser necesario. El desarrollo de la enseñanza con la utilización de medios audiovisuales y de otros medios especiales ha facilitado el aprendizaje y el conocimiento de estos niños, ampliando sus posibilidades de integración social.

Los programas de educación se han beneficiado con la introducción de la computación en todas las escuelas, desde los primeros años de la enseñanza, así como de otros programas audiovisuales a través de televisores y videos, que elevan el aprendizaje y el nivel cultural de los estudiantes y brindan opciones adicionales a los estudiantes con discapacidad.

Han sido desarrollados nuevos Servicios Sociales, como el Asistente Social a Domicilio, al tiempo que se incrementa la cobertura de otros, entre los cuales se prioriza el Servicio de Alimentación. A las madres de hijos con discapacidad severa que se ven obligadas a abandonar su empleo para dedicarse a su cuidado, se les concede el derecho de recibir una prestación equivalente a su último salario, considerándoseles este tiempo a los fines de la jubilación.

Con el propósito de diseñar una adecuada preparación y ubicación laboral de las personas con discapacidad, se implementa un programa para el empleo (PROEMDIS), el cual ha facilitado la incorporación de estas personas a la vida social. Esta capacitación profesional facilita la formación necesaria para la incorporación a las diferentes actividades laborales.

En ese contexto el Programa Especial de Empleo para las Personas con Discapacidad ha posibilitado la incorporación de todas las que lo han solicitado, poniéndose énfasis tanto en los talleres protegidos y en los centros de entrenamiento sociolaboral como en la incorporación en el empleo ordinario.

En la actividad laboral de las personas con discapacidad se asegura el principio de a igual trabajo, igual salario; si para la ubicación de una persona con discapacidad es necesario la creación de una nueva plaza, la voluntad política del gobierno ha sido establecerle a las entidades que procedan a hacerlo.

En el plano legislativo cabe destacar el Decreto Ley No. 234 sobre la Maternidad de la Trabajadora, promulgado en agosto del 2003, que amplía los derechos y beneficios de esta protección y extiende la licencia para la madre de un hijo con discapacidad hasta que el niño arribe a los tres años de edad, con derecho a reincorporarse a su plaza al vencimiento de esta.

Se mantiene un trabajo sostenido en la erradicación de las barreras de accesibilidad, a la vez que se realizan importantes esfuerzos para lograr una amplia cobertura con el programa de ayudas técnicas, donde se ha alcanzado garantizar las prótesis de miembros inferiores y superiores a todos los niños y lograr un resultado cada vez más favorable en las prótesis destinadas a los adultos, las sillas de ruedas, las prótesis auditivas y los implantes cloqueares. Con el propósito de facilitar la comunicación de las personas sordas e hipoacústicas se instaló el sistema de transcripción de los diálogos en los principales programas televisivos, se implementa el servicio de telefonía especializada para sordos y se incrementa la formación de intérpretes de lenguaje de señas, así como el dactilar para sordo-ciegos. En las bibliotecas funcionan salas especializadas en el sistema Braille y se han editado importantes obras de la literatura universal en este sistema.

El propósito fundamental ha sido continuar perfeccionando los programas de atención y llegar, con un enfoque personalizado, a cada individuo con discapacidad.

Cuba reitera su apoyo a la recomendación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, reiterada en las resoluciones 56/168, 57/229 y 58/160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de elaborar una Convención Internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque amplio y abarcador de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación, y que tenga en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

Ginebra, 8 de noviembre del 2004

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