Resoluciones Presentadas por Cuba en la 60 Comisión de Derechos Humanos

2004/5. Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación

2004/18. Consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda
externa para el pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales

2004/19. El derecho a la alimentación

2004/20. Promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de las distintas identidades culturales

2004/22. Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales

2004/31. Fortalecimiento de la participación popular, la equidad, la justicia social y la no discriminación como bases esenciales de la democracia

2004/57. Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

2004/58. Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos y Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

2004/64. Promoción de un orden internacional democrático y equitativo

2004/65. La promoción de la paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todos

2004/66. Los derechos humanos y la solidaridad internacional La Comisión de Derechos Humanos

2004/73. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 

2004/5. Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación

La Comisión de Derechos Humanos,

Tomando nota de la resolución 58/162 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 2003, y recordando su propia resolución 2003/2, de 14 de abril de 2003,

Recordando todas sus resoluciones pertinentes en las que, entre otras cosas, condena a todos los Estados que permiten o toleran el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento, la concentración, el tránsito y la utilización de mercenarios con el objeto de derrocar a los gobiernos de Estados Miembros de las Naciones Unidas, especialmente de países en desarrollo, o de luchar contra movimientos de liberación nacional, y recordando también las resoluciones e instrumentos internacionales pertinentes aprobados por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo

Económico y Social y la Organización de la Unidad Africana, entre otros la Convención de la Organización de la Unidad Africana sobre la eliminación del mercenarismo en África, así como por la Unión Africana,

Reafirmando los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas relativos a la estricta observancia de los principios de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados, la libre determinación de los pueblos, la no utilización de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la no injerencia en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados,

Reafirmando también que, en virtud del principio de la libre determinación, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente su condición política y de procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Reafirmando además la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

Alarmada y preocupada por el peligro que las actividades de mercenarios representan para la paz y la seguridad de los países en desarrollo, en particular en África y en los Estados pequeños,

Profundamente preocupada por la pérdida de vidas, los graves daños materiales y los efectos negativos en las políticas y la economía de los países afectados que provocan las actividades criminales internacionales de los mercenarios,

Sumamente alarmada y preocupada por las recientes actividades de mercenarios en África y la amenaza que entrañan para la integridad y el respeto del orden constitucional de esos países,
Convencida de que los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos, cualquiera que sea la forma en que sean utilizados o que adopten para tener una apariencia de legitimidad, son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para que los pueblos gocen de los derechos humanos,
1. Acoge con beneplácito el informe del Relator Especial sobre la cuestión del empleo de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (E/CN.4/2004/15) y alaba el valioso trabajo y la contribución de Enrique Bernales Ballesteros en los 16 años que ha desempeñado su mandato;
2. Decide prorrogar el mandato del Relator Especial por un período de tres años;
3. Reafirma que la utilización, el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios son motivo de profunda preocupación para todos los Estados y violan los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
4. Reconoce que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras Potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial;
5. Insta una vez más a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias y ejerzan el máximo de vigilancia contra la amenaza que entrañan las actividades de mercenarios y a que adopten las medidas legislativas necesarias para impedir que su territorio y los otros territorios bajo su control, así como sus nacionales, sean utilizados en el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios con el fin de planificar actividades encaminadas a obstaculizar el derecho a la libre determinación, derrocar el gobierno de un Estado o desmembrar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que actúan en consonancia con el derecho a la libre determinación de los pueblos;
6. Pide a todos los Estados que ejerzan el máximo de vigilancia contra todo tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofertan servicios internacionales de asesoría y seguridad militares, y que prohíban expresamente que tales empresas intervengan en conflictos o acciones armados para desestabilizar a los regímenes constitucionales;
7. Acoge con satisfacción nuevamente la entrada en vigor de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios;
8. Exhorta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que estudien la posibilidad de tomar las medidas necesarias para firmar o ratificar la Convención;
9. Celebra la cooperación de los países que ha visitado el Relator Especial sobre los mercenarios;
10. Celebra también que algunos Estados hayan aprobado una legislación nacional que limita el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios;
11. Invita a los Estados a investigar la posible participación de mercenarios en los actos criminales de índole terrorista cuando y dondequiera se produzcan;
12. Condena las recientes actividades de mercenarios en África y la amenaza que entrañan para la integridad y el respeto del orden constitucional de esos países y para el ejercicio del derecho a la libre determinación de sus pueblos;
13. Alaba a los gobiernos africanos que han contribuido a frustrar esa acción ilegal;
14. Pide a la comunidad internacional que, de conformidad con sus obligaciones dimanantes del derecho internacional, coopere y facilite ayuda para el enjuiciamiento de los acusados de realizar actividades mercenarias, en procesos transparentes, francos e imparciales;
15. Solicita al nuevo Relator Especial sobre los mercenarios que distribuya a los Estados la nueva propuesta de definición jurídica del mercenario que ha elaborado Enrique Bernales Ballesteros (véase E/CN.4/2004/15, párr. 47) y los consulte al respecto, y que le informe de sus conclusiones;
16. Solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que convoque a una tercera reunión de expertos en las formas tradicionales y modernas de las actividades de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, cuyos principales objetivos serán: a) seguir examinando la propuesta de nueva definición jurídica del mercenario contenida en el párrafo 47 del documento E/CN.4/2004/15; b) proponer posibles medios de reglamentar y someter a vigilancia internacional las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares, y c) estudiar y evaluar las actividades recientes de mercenarios en África;
17. Solicita asimismo a la Oficina del Alto Comisionado que, con carácter prioritario, dé a conocer los efectos negativos de las actividades de mercenarios en el derecho de los pueblos a la libre determinación y que, cuando se le solicite y sea necesario, preste servicios de asesoramiento a los Estados en que se realicen;
18. Solicita al Relator Especial que, al desempeñar su mandato, siga teniendo en cuenta que las actividades de mercenarios continúan existiendo en muchas partes del mundo y que asumen nuevas formas, manifestaciones y modalidades y, a este respecto, le solicita que preste especial atención a los efectos que tienen las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;
19. Insta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el Relator Especial en el cumplimiento de su mandato;
20. Solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preste al Relator Especial toda la asistencia y el apoyo necesarios para el cumplimiento de su mandato, en particular fomentando la cooperación entre el Relator Especial y los otros componentes del sistema de las Naciones Unidas que combaten las actividades relacionadas con los mercenarios;
21. Solicita al nuevo Relator Especial sobre los mercenarios que celebre consultas con los Estados y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para dar cumplimiento a la presente resolución y que en su 61º periodo de sesiones le presente sus conclusiones, con recomendaciones concretas, sobre la utilización de mercenarios para menoscabar el derecho a la libre determinación;
22. Decide examinar en su 61º periodo de sesiones, en relación con el mismo tema del programa, la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
23. Recomienda al Consejo Económico y Social que adopte el siguiente proyecto de decisión:
"El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 2004/5 de la Comisión de Derechos Humanos, de 8 de abril de 2004, aprueba la decisión de la Comisión de prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial sobre la cuestión del empleo de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
El Consejo también aprueba la solicitud hecha a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que convoque a una tercera reunión de expertos en las formas tradicionales y modernas de las actividades de mercenarios, cuyos principales objetivos serán: a) seguir examinando la propuesta de nueva definición jurídica del mercenario contenida en el párrafo 47 del documento E/CN.4/2004/15; b) proponer posibles medios de reglamentar y someter a vigilancia internacional las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares, y c) estudiar y evaluar las actividades recientes de mercenarios en África."

2004/18. Consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda
externa para el pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando sus resoluciones anteriores sobre esta cuestión, en particular la resolución 2003/21, de 22 de abril de 2003,

Recordando también que la Declaración Universal de Derechos Humanos está orientada a la cabal promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal se hagan plenamente efectivos, y que en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas todos los Estados resolvieron respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Subrayando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario,
Destacando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convino en exhortar a la comunidad internacional a que hiciera cuanto pudiera por aliviar la carga de la deuda externa de los países en desarrollo a fin de complementar los esfuerzos que despliegan los gobiernos de esos países para realizar plenamente los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos,
Subrayando la decisión expresada en la Declaración del Milenio de abordar de manera global y eficaz los problemas de la deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en los planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo,
Observando que la cuantía total de la deuda de los países en desarrollo aumentó de 1.421.000 millones de dólares en 1990 a 2.384.000 millones de dólares en 2002,
Observando también que en 2002, por sexto año consecutivo, los países en desarrollo en conjunto efectuaron transferencias netas de recursos al exterior,
Reconociendo que cada vez más está más aceptado que el aumento de la carga de la deuda de los países en desarrollo más endeudados, en particular los países menos adelantados, es insostenible y constituye uno de los principales obstáculos que impiden lograr tanto el desarrollo sostenible centrado en el ser humano como la erradicación de la pobreza, y que el excesivo costo del servicio de la deuda ha limitado muchísimo la capacidad de gran número de países en desarrollo y países con economías en transición para promover el desarrollo social y ofrecer servicios básicos para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales,
Expresando su preocupación porque, a pesar de los repetidos reescalonamientos de la deuda, todos los años los países en desarrollo siguen pagando más de lo que reciben en realidad en asistencia oficial para el desarrollo,
1. Toma nota de los informes del experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales (E/CN.4/2004/47 y Add.1 y 2), y destaca que los programas de reforma del ajuste estructural tienen graves repercusiones para la capacidad de los países en desarrollo para atenerse a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y para formular políticas nacionales de desarrollo que tengan por objeto mejorar los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos;
2. Considera que los programas de reforma del ajuste estructural limitan los gastos públicos, al imponer límites de gastos fijos, y no conceden la debida atención a la prestación de servicios sociales, y que tan solo unos pocos países han logrado un mayor crecimiento sostenible gracias a esos programas;
3. Expresa su preocupación por que las opciones de las políticas macroeconómicas de los países en desarrollo se vean limitadas por la exigencia de que se efectúen ajustes y por que muchos países, en particular en el África subsahariana, todavía soporten cargas muy altas de deuda externa en relación con su producto nacional bruto;
4. Expresa también su preocupación porque la mayoría de los países que llegaron a la fase intermedia de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados todavía no ha llegado a la etapa final, y porque incluso en el caso de los países que reúnen todos los requisitos, la Iniciativa tal vez no permita lograr que la carga de la deuda sea sostenible;
5. Considera que para que los países pobres muy endeudados alcancen la sostenibilidad de la deuda, los objetivos de reducción de la pobreza y el crecimiento a largo plazo, el alivio de la deuda que permitiera la Iniciativa no será suficiente, y que serían necesarias transferencias adicionales de recursos en forma de concesiones y préstamos en condiciones favorables, así como la eliminación de las barreras al comercio y el mejoramiento de los precios de las exportaciones de esos países para garantizar la sostenibilidad y la liberación permanente de la carga de la deuda;
6. Lamenta que hasta la fecha no se hayan hecho progresos en corregir las injusticias del actual sistema de solución del problema de la deuda, que sigue poniendo los intereses de los prestamistas por encima de los de los países endeudados y de los pobres que viven en ellos, y, por consiguiente, insta a que se intensifiquen los esfuerzos para concebir mecanismos eficaces y justos;
7. Reconoce que es mucho lo que queda por hacer para alcanzar una solución duradera de la deuda de los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados, y que en varios países de ingresos bajos y medios los insostenibles niveles de la deuda externa siguen constituyendo un obstáculo considerable para el desarrollo económico y social y aumentan el riesgo de que no se alcancen los objetivos del Milenio con respecto al desarrollo y la reducción de la pobreza;
8. Considera que el alivio de la deuda puede desempeñar un papel fundamental en la liberación de recursos que deberían encauzarse hacia actividades que promuevan un crecimiento y un desarrollo sostenibles, incluidas la reducción de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo enunciados en la Declaración del Milenio y, por lo tanto, que cuando corresponda, se deberían llevar a cabo activamente y sin tardanza medidas para el alivio de la deuda, procurando que no reemplacen a las fuentes alternativas de financiación y que vayan acompañadas de un aumento de la asistencia oficial para el desarrollo;
9. Recuerda el llamamiento a los países industrializados, expresado en la Declaración del Milenio, de aplicar sin más demora el programa ampliado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y de convenir en cancelar todas las deudas bilaterales de esos países a cambio de que éstos demuestren su firme determinación de reducir la pobreza;
10. Exhorta a la comunidad internacional, incluido el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, así como al sector privado, a realizar actividades y adoptar medidas apropiadas para la aplicación de los compromisos, acuerdos y decisiones convenidos en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en particular las relacionadas con la cuestión del problema de la deuda externa de los países en desarrollo y, a ese respecto, hace hincapié en la necesidad de que:
a) Se ponga en marcha rápida, eficaz, plenamente y con constante flexibilidad respecto de los criterios de concesión la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, que debería financiarse íntegramente con recursos adicionales, teniendo en consideración las medidas que sean necesarias para afrontar cualquier cambio fundamental de las circunstancias económicas de los países en desarrollo para los que resulta insoportable la carga de la deuda causada por catástrofes naturales, trastornos graves de la relación de intercambio o conflictos, teniendo en cuenta las iniciativas que se han tomado para reducir la deuda pendiente;
b) Se aliente el examen de mecanismos innovadores para encarar de manera amplia los problemas de la deuda de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados e incluidos los países de ingresos medios y los países con economías en transición;
11. Recuerda el compromiso enunciado en la Declaración política que figura en el anexo a la resolución S-24/2, aprobada el 1º de julio de 2000 por la Asamblea General en su vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, de buscar soluciones al problema de la deuda externa y a la carga del servicio de la deuda de los países en desarrollo que sean eficaces, equitativas, duraderas y estén orientadas al fomento del desarrollo;
12. Recuerda la conclusión de la declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 4 de mayo de 2001, de que algunos de los obstáculos estructurales con que tropiezan las estrategias de los Estados en desarrollo para combatir la pobreza son ajenos a su voluntad en el orden internacional contemporáneo y que es imperativo adoptar urgentemente medidas para eliminar esos obstáculos estructurales como, por ejemplo, la excesiva deuda externa, la distancia cada vez mayor entre ricos y pobres, y la ausencia de un sistema multilateral equitativo de comercio, inversiones y financiación, pues, de lo contrario, las estrategias de algunos Estados para combatir la pobreza tienen muy pocas posibilidades de éxito duradero;
13. Destaca la necesidad de que sean los países quienes impulsen los programas adoptados a causa de la deuda externa, con la participación de los órganos legislativos populares y la instituciones de derechos humanos, y que las cuestiones de política macroeconómica y financiera se integren, en pie de igualdad y de manera compatible, en la realización de los objetivos de desarrollo social más generales, teniendo en cuenta el contexto nacional, las necesidades y prioridades de los países deudores para asignar los recursos de forma que se logre un desarrollo equilibrado que propicie la realización general de los derechos humanos;
14. Destaca también que los programas económicos adoptados a causa de la deuda externa y su cancelación no deben reproducir políticas anteriores de ajuste estructural que no han funcionado, tales como las exigencias dogmáticas de que se realice la privatización y se reduzcan los servicios públicos;
15. Exhorta a los Estados, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a que sigan cooperando estrechamente para garantizar que los recursos adicionales disponibles gracias a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo y otras nuevas iniciativas se adopten en los países receptores sin que se vean afectados otros programas en curso;
16. Afirma que el ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores a alimentos, vivienda, vestido, empleo, educación, servicios de salud y un medio ambiente saludable no puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de crecimiento y reformas económicas adoptadas a causa de la deuda;
17. Pide al Experto independiente que en su informe anual analítico a la Comisión, estudie más detenidamente las interconexiones con el comercio y otras cuestiones, como el VIH/SIDA, cuando examine las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa, y también que contribuya, cuando proceda, al proceso al que se ha encomendado el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo con miras a señalar a su atención la cuestión de las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el pleno ejercicio de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales;
18. Pide también al Experto independiente que, en el desempeño de su mandato, prepare directrices generales para que las sigan los Estados y las instituciones financieras privadas y públicas, nacionales e internacionales, en la adopción de decisiones y la ejecución de programas de pago de la deuda y reforma estructural, incluidos los adoptados a causa de la deuda externa, para garantizar que el cumplimiento de los compromisos derivados de la deuda externa no socavan las obligaciones contraídas respecto de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, con arreglo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que presente un borrador preliminar sobre esta cuestión a la Comisión en su 61º período de sesiones y un borrador final en su 62º período de sesiones;
19. Pide al Secretario General que facilite al Experto independiente toda la asistencia que precise, en particular el personal y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones;
20. Insta a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a las instituciones financieras internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado a que cooperen plenamente con el Experto independiente en el desempeño de su mandato;
21. Insta a los Estados, a las instituciones financieras internacionales y al sector privado a que tomen urgentemente medidas para aliviar el problema de la deuda de los países en desarrollo especialmente afectados por el VIH/SIDA, de manera que puedan liberarse más recursos financieros y dedicarse a la atención de salud, la investigación y el tratamiento de la población en los países afectados;
22. Reitera su opinión de que, para encontrar una solución duradera al problema de la deuda, es necesario un diálogo político entre los países deudores y acreedores y las instituciones financieras multilaterales, en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, basado en el principio de intereses y responsabilidades compartidos;
23. Reitera su solicitud al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que preste especial atención al problema de la carga de la deuda de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y especialmente a las consecuencias sociales de las medidas adoptadas a causa de la deuda externa;
24. Decide seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

2004/19. El derecho a la alimentación

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,

Recordando también las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las que se reconoce el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre,

Recordando además la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, así como la Declaración del Milenio,

Teniendo presente la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma del 13 al 17 de noviembre de 1996, y teniendo presente también la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, celebrada en Roma del 10 al 13 de junio de 2002,

Recordando todas sus resoluciones anteriores a este respecto, en particular la resolución 2003/25, de 22 de abril de 2003,

Reconociendo que los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen carácter mundial, y que es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas regiones si no se lleva a cabo con urgencia una acción decidida y concertada, dado el incremento previsto de la población mundial y la presión a que se ven sometidos los recursos naturales,

Reafirmando que un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio, tanto en el plano nacional como en el internacional, constituye el fundamento básico que permitirá a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza,

Reafirmando también, como se hizo en la Declaración de Roma, así como en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política o económica, y reafirmando a este respecto la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de aplicar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas y que pongan en peligro la seguridad alimentaria,
Convencida de que cada Estado debe adoptar una estrategia acorde con sus recursos y capacidades para lograr sus objetivos individuales al aplicar las recomendaciones contenidas en la Declaración de Roma y el Plan de Acción de Roma de la Cumbre Mundial y, al mismo tiempo, cooperar a nivel regional e internacional en la estructuración de soluciones colectivas a los problemas mundiales de seguridad alimentaria en un mundo en que las instituciones, las sociedades y las economías están cada vez más relacionadas entre sí, por lo que es esencial que se coordinen los esfuerzos y se compartan las responsabilidades,
Destacando la importancia de corregir la constante tendencia a la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo dedicada a la agricultura y al desarrollo rural, en términos reales y como parte del total de la asistencia oficial para el desarrollo,
Reafirmando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí,
1. Reafirma que el hambre constituye un ultraje y una violación de la dignidad humana y que, por consiguiente, es preciso adoptar medidas urgentes a nivel nacional, regional e internacional para eliminarla;
2. Reafirma también el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, a fin de que pueda desarrollar y mantener plenamente su capacidad física y mental;
3. Considera intolerable que alrededor de 840 millones de personas en todo el mundo estén subalimentadas y que cada siete segundos muera un niño de menos de 10 años de edad, directa o indirectamente, como consecuencia del hambre en algún lugar del mundo cuando, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la producción mundial de alimentos es más que suficiente para alimentar a toda la población;
4. Subraya la necesidad de desplegar esfuerzos para movilizar y aprovechar al máximo la asignación y la utilización de los recursos técnicos y financieros de todas las fuentes, incluido el alivio de la deuda externa de los países en desarrollo, a fin de reforzar las actividades nacionales para aplicar políticas en pro de una seguridad alimentaria sostenible;
5. Reconoce que las promesas hechas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en 1996, de reducir a la mitad el número de personas subalimentadas no se han cumplido, e invita una vez más a todas las instituciones financieras y de desarrollo internacionales, así como a los organismos y fondos pertinentes de las Naciones Unidas, a que atribuyan prioridad y proporcionen los fondos necesarios para alcanzar, antes del año 2015, el objetivo de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre, así como a la realización del derecho a la alimentación;
6. Alienta a todos los Estados a que adopten medidas para lograr gradualmente la realización plena del derecho a la alimentación, incluso medidas encaminadas a promover condiciones que permitan que nadie padezca hambre y todos disfruten plenamente cuanto antes del derecho a la alimentación, y a que formulen y aprueben planes nacionales de lucha contra el hambre;
7. Pide a todos los Estados y entidades del sector privado, así como a las organizaciones internacionales dentro de sus respectivos mandatos, que tengan plenamente en cuenta la necesidad de promover la realización efectiva del derecho a la alimentación de todas las personas, en particular en el marco de las actuales negociaciones en las distintas esferas;
8. Toma nota con interés del informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (E/CN.4/2004/10 y Add.1 y 2), y encomia al Relator Especial por su valiosa labor de promoción del derecho a la alimentación en todo el mundo;
9. Expresa su reconocimiento al Relator Especial por haber contribuido eficazmente al proceso de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después;
10. Alienta al Relator Especial a que siga incorporando una perspectiva de género en las actividades relacionadas con el cumplimiento de su mandato;
11. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que proporcione al Relator Especial todos los recursos humanos y financieros necesarios para el desempeño eficaz de su mandato;
12. Acoge con beneplácito la labor ya realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la promoción del derecho a una alimentación adecuada, en particular su Observación general Nº 12 (1999) sobre el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), en la cual el Comité afirma, entre otras cosas, que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos;
13. Toma nota de la Observación general Nº 15 (2002) sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto) aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la que el Comité toma nota, entre otras cosas, de la importancia que tiene para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada garantizar recursos hídricos sostenibles para el consumo de las personas y para la agricultura;
14. Pide al Relator Especial que presente un informe a la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones y que informe a la Comisión en su 61º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;
15. Invita a los gobiernos, a los organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, a los órganos creados en virtud de tratados, a las entidades de la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, así como al sector privado, a que cooperen plenamente con el Relator Especial en el cumplimiento de su mandato, entre otras cosas, mediante la presentación de observaciones y sugerencias sobre los medios apropiados para la realización del derecho a la alimentación;
16. Decide seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

2004/20. Promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de las distintas identidades culturales

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros instrumentos de derechos humanos pertinentes,

Recordando también su resolución 2003/26, de 22 de abril de 2003,

Observando que en numerosas declaraciones del sistema de las Naciones Unidas se promueve el respeto de la diversidad cultural, así como la cooperación cultural internacional, en particular en la Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional y en la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la Diversidad Cultural, aprobadas por la

Conferencia General de esta organización en 1966 y 2001 respectivamente,

Destacando la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de desarrollar y estimular el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Subrayando la importancia de la promoción de los derechos culturales de todos y del respeto de las distintas identidades culturales,

Convencida de que la cooperación internacional en la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos debería basarse en un conocimiento profundo de los diversos problemas que existen en las distintas sociedades, en el pleno respeto de sus realidades económicas, sociales y culturales y en la plena realización y reconocimiento de la universalidad de todos los derechos humanos y los principios de la libertad, la justicia, la igualdad y la no discriminación,
Reafirmando que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son independientes y se refuerzan mutuamente,
Reafirmando también que la diversidad cultural es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general, y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como característica permanente que enriquece nuestras sociedades,
Recordando la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, aprobada el 14 de noviembre de 1970 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Convención sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, aprobada el 24 de junio de 1995 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado,
Consciente de la importancia que reviste para los países de origen la devolución de los bienes culturales que tengan para ellos un valor espiritual y cultural fundamental, a fin de que puedan crear colecciones representativas de su patrimonio cultural,
Expresando su preocupación por el tráfico ilícito del patrimonio cultural y los daños que causa al patrimonio cultural de las naciones,
Expresando su determinación de impedir y mitigar la homogeneización cultural en el contexto de la globalización aumentando los intercambios culturales a fin de promover y proteger la diversidad cultural,
1. Reafirma que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes;
2. Reitera que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten;
3. Reitera también que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora;
4. Afirma que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura;
5. Reconoce que incumbe principalmente a los Estados la promoción del pleno disfrute de los derechos culturales de todos y el aumento del respeto de las distintas identidades culturales;
6. Subraya que la cooperación cultural contribuirá a establecer entre los pueblos vínculos estables y duraderos, al abrigo de las tensiones que pudieran producirse en las relaciones internacionales;
7. Reconoce que la promoción y protección del pleno disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de las distintas identidades culturales es un elemento fundamental de la protección de la diversidad cultural en el contexto del actual proceso de globalización;
8. Reafirma que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural;
9. Subraya la importancia de la cooperación cultural para todos los pueblos y todas las naciones, los cuales deben compartir su saber y sus conocimientos, y que la cooperación internacional, al desarrollar su benéfica acción sobre las culturas, al propio tiempo que favorece el enriquecimiento mutuo, respetará en cada una de ellas su originalidad;
10. Destaca que la cooperación cultural concede particular importancia a la educación moral e intelectual de la juventud en un espíritu de amistad, de comprensión internacional y de paz y que debería fomentar entre los Estados la conciencia de la necesidad de suscitar vocaciones en los campos más diversos y de favorecer la formación profesional de las nuevas generaciones;
11. Reconoce que la promoción y protección de la diversidad cultural implican la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizados en el derecho internacional y promueven la realización y el disfrute de los derechos culturales de todos;
12. Reconoce también que la amplia difusión de las ideas y de los conocimientos basadas en el intercambio y la confrontación más libres, es esencial para la actividad creadora, la búsqueda de la verdad, el cabal desenvolvimiento de la persona humana y la identidad de todos los pueblos;
13. Reconoce además que la promoción de los derechos culturales de todos, del respeto de las distintas identidades culturales de los pueblos y de la protección de la diversidad cultural de la humanidad favorece la realización y disfrute de los derechos humanos de todos;
14. Destaca que ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de bienes y servicios culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales para que todos los países, especialmente los países en desarrollo y los países en transición, puedan crear industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional;
15. Subraya que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural, clave de un desarrollo humano sostenible, y desde este punto de vista, considera que se debe reafirmar la preeminencia de las políticas públicas, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil;
16. Insta a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que adopten las medidas y disposiciones adecuadas para la aplicación de la presente resolución;
17. Expresa su reconocimiento a los Estados y las organizaciones intergubernamentales que respondieron a las consultas celebradas en cumplimiento de sus resoluciones 2002/26, de 22 de abril de 2002 y 2003/26, de 22 de abril de 2003;
18. Reconoce la necesidad de recabar la opinión de un mayor número de Estados y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acerca de la posibilidad de establecer un procedimiento temático con un mandato basado en la aplicación amplia de la presente resolución;
19. Subraya que el objetivo de la propuesta de establecer un procedimiento temático para la promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de las distintas identidades culturales no es la creación de un nuevo mecanismo de supervisión, sino el nombramiento de un experto independiente que pueda elaborar orientaciones de aplicación voluntaria y propuestas y recomendaciones concretas sobre la aplicación de la presente resolución, teniendo en cuenta la labor ya realizada en este ámbito por otras entidades, órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
20. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que celebre consultas con los Estados y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acerca de la posibilidad de establecer un procedimiento temático cuyo mandato se base en la aplicación amplia de la presente resolución, y que informe a la Comisión, en su 61º período de sesiones, sobre los resultados de esas consultas;
21. Decide seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

2004/22. Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando su resolución 2003/17, de 22 de abril de 2003, y tomando nota de la resolución 58/171 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 2003,

Destacando que las medidas y las leyes coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, el derecho humanitario internacional, la

Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados,

Reconociendo y reiterando el carácter universal, indivisible, interdependiente e indisociable de todos los derechos humanos y, a este respecto, reafirmando el derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como parte integrante de todos los derechos humanos,

Expresando su preocupación por las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en los campos de los derechos humanos, el desarrollo, las relaciones internacionales, el comercio, las inversiones y la cooperación,
Recordando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidió a los Estados que se abstuvieran de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas que creasen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidiesen la realización plena de todos los derechos humanos, y que también amenazasen gravemente la libertad de comercio,
Lamentando que, pese a las recomendaciones adoptadas al respecto por la Asamblea General, por las conferencias de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y por las reuniones para sus exámenesquinquenales, y contrariamente al derecho internacional general y a la Carta de las Naciones Unidas, se siguen promulgando, aplicando e imponiendo medidas coercitivas unilaterales con todas sus consecuencias negativas sobre las actividades sociohumanitarias y el desarrollo económico y social de los países en desarrollo, en particular efectos extraterritoriales, con lo que se crean nuevos obstáculos al pleno disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos y las personas bajo la jurisdicción de otros Estados,

Reafirmando que las medidas coercitivas unilaterales son uno de los principales obstáculos a la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo,
Recordando el párrafo 2 del artículo 1 tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se dispone, entre otras cosas, que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia,
1. Insta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular medidas de carácter coercitivo con efectos extraterritoriales, que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan así la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el derecho de las personas y de los pueblos al desarrollo;
2. Objeta enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas, que, además, ponen en peligro la soberanía de los Estados, y, en ese contexto, exhorta a todos los Estados Miembros a que no reconozcan ni apliquen esas medidas, así como a que adopten medidas administrativas y legislativas eficaces, cuando proceda, para contrarrestar la aplicación extraterritorial o los efectos de las medidas coercitivas unilaterales;
3. Condena la continua aplicación e imposición unilateral por determinadas Potencias de esas medidas como instrumentos de presión política o económica contra cualquier país, en particular los países en desarrollo, con miras a impedir que ejerzan su derecho a decidir libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales;
4. Reitera su llamamiento a los Estados Miembros que hayan tomado medidas de esa índole para que cumplan los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, las declaraciones de las Naciones Unidas, las conferencias mundiales y las resoluciones pertinentes, y se comprometan a cumplir los deberes y obligaciones que les imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos en que sean Partes, poniendo fin a esas medidas de manera inmediata;
5. Reafirma, en este contexto, el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual determinan libremente su condición política y trazan libremente el curso de su desarrollo económico, social y cultural;
6. Recuerda que, con arreglo a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contenida en el anexo de la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, y de conformidad con los principios y las disposiciones pertinentes de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, proclamada por la Asamblea General en su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, en particular el artículo 32, ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden;
7. Reafirma que los artículos de primera necesidad, como alimentos y medicinas, no deben utilizarse como instrumentos de coacción política, y que en ninguna circunstancia podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia y desarrollo;
8. Destaca que las medidas coercitivas unilaterales constituyen uno de los principales obstáculos a la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo y, a este respecto, insta a todos los Estados a que eviten la imposición unilateral de medidas económicas coercitivas y la aplicación extraterritorial de leyes internas contrarias a los principios del libre comercio y que obstaculicen el desarrollo de los países en desarrollo, como se reconoce en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo acerca de su segundo período de sesiones (E/CN.4/1998/29);
9. Rechaza todos los intentos de introducir nuevas medidas coercitivas unilaterales así como la creciente tendencia en esta dirección, en particular mediante la promulgación de leyes de aplicación extraterritorial contrarias al derecho internacional;
10. Reconoce que la Declaración de Principios aprobada en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Ginebra en diciembre de 2003, insta enérgicamente a los Estados a que, al crear la sociedad de la información, adopten medidas para evitar y se abstengan de adoptar medidas unilaterales;
11. Pide una vez más al Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de supervisar y examinar los progresos realizados en la promoción y el ejercicio del derecho al desarrollo, que se reunirá después del 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que examine debidamente la cuestión de los derechos humanos y las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales;
12. Invita una vez más a todos los relatores especiales y a los mecanismos temáticos existentes de la Comisión en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales a que presten la debida atención, dentro del ámbito de sus mandatos respectivos, a las repercusiones y a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales;
13. Decide prestar la debida atención a las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en sus actividades encaminadas a lograr la realización del derecho al desarrollo;
14. Pide:
a) A la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en el desempeño de sus funciones relativas a la promoción, la realización y la protección del derecho al desarrollo, preste la debida atención a la presente resolución y la tome urgentemente en consideración;
b) Al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados Miembros y les pida que faciliten observaciones e información sobre las repercusiones y los efectos negativos que las medidas coercitivas unilaterales tienen para sus poblaciones, y le presente un informe al respecto en su 61º período de sesiones;
15. Decide examinar este tema con carácter prioritario en su 61º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

2004/31. Fortalecimiento de la participación popular, la equidad, la justicia social y la no discriminación como bases esenciales de la democracia

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando sus resoluciones anteriores sobre esta cuestión,

Recordando también la resolución 55/96 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 2000, y su propia resolución 2000/47, de 25 de abril de 2000, sobre la promoción y consolidación de la democracia,

Reafirmando su adhesión a los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando también el compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos de derechos humanos y el derecho internacional,

Destacando que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, en virtud del cual pueden determinar libremente su condición política y tratar libremente de alcanzar su desarrollo económico, social y cultural,

Estimando que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente,

Recordando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí, y que la comunidad internacional debe tratar todos los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y poniendo en todos ellos el mismo énfasis,

Reafirmando el compromiso contraído por los Estados Miembros de tratar de lograr la plena protección y promoción en todos los países de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todos,

Considerando los importantes cambios que están ocurriendo en el ámbito internacional y la aspiración de todos los pueblos a un orden internacional democrático, participativo y justo basado en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos y el respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, la paz, la democracia, la justicia, la igualdad, el estado de derecho, el pluralismo, el desarrollo, un nivel de vida mejor y la solidaridad,
Acogiendo con satisfacción el compromiso de todos los Estados miembros, expresado en la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General, de trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de todos los países,
Acogiendo también con satisfacción la promesa formulada por la comunidad internacional en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, de apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo entero,
Tomando nota del compromiso de los Estados, expresado en la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, de velar por que todos puedan aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que los ciudadanos de todos los países puedan participar activamente en la sociedad de la información y sacarle todo el provecho posible,
Estimando que la participación equitativa de todas las personas y pueblos en la formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes puede contribuir a un mundo libre de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia,
Destacando la importancia de la participación equitativa de todos, sin discriminación alguna, en los procesos de decisión nacionales y mundiales,
Considerando que en el actual contexto de mundialización en que las decisiones que afectan a la vida de los pueblos a menudo se toman fuera del contexto nacional, la aplicación de los principios democráticos en los planos regional e internacional ha adquirido una mayor importancia,
Estimando que el desarrollo sólo puede ser sostenible a largo plazo si las políticas de desarrollo responden a las necesidades de los pueblos y garantizan la participación de éstos tanto en su elaboración como en su aplicación, insistiendo al mismo tiempo en que la satisfacción de las necesidades humanas básicas, esenciales para la supervivencia, es condición indispensable para una democracia efectiva,
Destacando que la persistencia de la extrema pobreza inhibe el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y la participación de todos los ciudadanos en los procesos democráticos en cada sociedad, y que la plena participación de todos en las sociedades democráticas favorece y refuerza la lucha contra la pobreza,
Reafirmando la necesidad de crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza,
Recordando que una gestión responsable y transparente de los asuntos públicos a escala nacional e internacional es fundamental para crear las condiciones que faciliten el desarrollo de sociedades democráticas, prósperas y pacíficas,
Reafirmando que para que haya democracia tiene que haber un gobierno efectivo, honesto y transparente, de libre elección, que se responsabilice de la gestión de los asuntos públicos,
Reconociendo y respetando la riqueza y la diversidad de la comunidad de las democracias del mundo, que resultan de todas las creencias y tradiciones sociales, culturales y religiosas del mundo,
Teniendo presente que cada sociedad y cada contexto tiene sus propias tradiciones institucionales democráticas autóctonas e importantes, y que si bien ninguna institución determinada puede vanagloriarse de haber alcanzado la perfección democrática, la combinación de las estructuras democráticas nacionales con las normas democráticas universales es un instrumento fundamental para el fortalecimiento de las raíces y del alcance de la democracia y para promover un entendimiento universal de la democracia,
Estimando que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no hay que temer ni reprimir las diferencias entre sociedades democráticas, sino fomentarlas como un bien preciado de la humanidad,
Consciente de la importancia de alentar la diversidad de las contribuciones sociales al fortalecimiento de la participación popular, la equidad, la justicia social y la no discriminación, en particular de promover las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, las organizaciones sociales voluntarias, los sindicatos, el sector privado y otros agentes de la sociedad civil,
Consciente también de la importancia que reviste velar por el ejercicio de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de reunión y asociación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Recordando el compromiso contraído por todos los Estados en el marco de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de obrar por la promoción de la democracia y el estado de derecho,
1. Declara que la participación popular, la equidad, la justicia social y la no discriminación son bases esenciales de la democracia;
2. Reafirma que la democracia se basa en la voluntad libremente expresada de las personas de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y en su participación plena en todos los aspectos de su vida y que, en ese contexto, la promoción y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y deben llevarse a cabo de forma incondicional;
3. Reafirma también que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no existe un modelo único de democracia; por lo tanto, no debemos tratar de exportar un modelo particular de democracia;
4. Afirma que la consolidación de la democracia requiere la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales, en particular el derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y parte integrante de los derechos humanos fundamentales, según se establece en la Declaración sobre el derecho al desarrollo;
5. Afirma también que el derecho al desarrollo es en sí mismo una esfera esencial de los asuntos públicos en todos los países y requiere una participación popular libre, activa y significativa;
6. Reafirma que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente;
7. Destaca que la consolidación de la democracia requiere que el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de los países y las comunidades propicien la promoción y la consolidación de las democracias;
8. Declara que la plena participación popular sólo es factible si las sociedades tienen sistemas políticos y electorales democráticos que garanticen a todos sus ciudadanos la posibilidad de formar parte del gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y de tener igual acceso a los servicios públicos, sin discriminación de ningún tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra condición;
9. Reafirma que la voluntad del pueblo constituirá la base de la autoridad del poder público y que ella se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto;
10. Reafirma también que las elecciones libres y justas, la participación y el control populares, el debate colectivo y la equidad política son esenciales para la democracia y deben conseguirse mediante un marco de instituciones accesibles, representativas y responsables de su gestión sujetas a un cambio o renovación periódicos;
11. Considera que mejorar el acceso de cada persona a las tecnologías de la información y la comunicación y la formación para que las utilicen podría incrementar la participación popular en los asuntos públicos y la responsabilidad de las autoridades gubernamentales;
12. Considera asimismo que las condiciones políticas, económicas, culturales y sociales no equitativas pueden engendrar y fomentar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que a su vez exacerban las desigualdades;
13. Reafirma que una auténtica igualdad de oportunidades para todos, en todas las esferas, entre ellas la del desarrollo, es fundamental para la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
14. Insta a todos los Estados a fomentar una democracia que, inspirada en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, promueva el bienestar de los pueblos, rechazando todas las formas de discriminación y exclusión, facilite el desarrollo con equidad y justicia y aliente la participación más amplia y plena de sus ciudadanos en el proceso de decisión y en el debate sobre diversos problemas que afectan a la sociedad;
15. Pide a todos los Estados y a la comunidad internacional que sigan esforzándose por promover medidas eficaces para erradicar la pobreza y promover sociedades justas, equitativas e integradoras;
16. Invita a todos los mecanismos de la Comisión y a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a que sigan teniendo en cuenta, al cumplir sus mandatos respectivos, la cuestión del fortalecimiento de la participación popular, la equidad, la justicia social y la no discriminación como bases de la democracia;
17. Decide seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

2004/57. Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Considerando la resolución 1982/34 del Consejo Económico y Social, de 7 de mayo de 1982, en la que el Consejo autorizó a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos a establecer anualmente un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas con el mandato de examinar la situación relativa a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, prestando especial atención a la evolución de las normas sobre los derechos de las poblaciones indígenas,

Tomando nota de la resolución 2003/29, de 14 de abril de 2003, de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y del informe del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas acerca de su 21º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/2003/22), en particular de su programa de trabajo,

Teniendo en cuenta que, de conformidad con la decisión 2003/307 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 2003, el Consejo considerará en su período de sesiones sustantivo de 2004 el examen, encomendado en el párrafo 8 de la resolución 2000/22 del Consejo, de 28 de julio de 2000, de todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes en las Naciones Unidas relacionados con las cuestiones indígenas, incluido el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas,

Recordando su resolución 2003/55, de 24 de abril de 2003, en la que hizo suyas las recomendaciones hechas por la Subcomisión en sus resoluciones 2002/17 y 2002/21, de 14 de agosto de 2002,

Reafirmando la urgente necesidad de reconocer, promover y proteger más eficazmente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y la importante función que deben desempeñar a ese respecto todos los mecanismos existentes en el sistema de las Naciones Unidas que tienen el mandato de examinar cuestiones indígenas,

Alentada por el compromiso renovado y el interés creciente de la comunidad internacional en la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los indígenas,

Considerando que la continuidad del Grupo de Trabajo sigue siendo necesaria en razón de su actual mandato, que es distinto de los del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
Convencida de la necesidad de seguir examinando formas y medios de promover y aumentar más la cooperación que ya existe entre el Grupo de Trabajo, el Foro Permanente y el Relator Especial, dado que sus respectivos mandatos son complementarios y no dan lugar a duplicación de trabajo alguna,
1. Reitera la recomendación ya formulada al Consejo Económico y Social en la resolución 2003/55 de la Comisión, en la que se pide al Consejo que tenga debidamente en cuenta el contenido de dicha resolución al llevar a cabo el análisis de todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes en el marco de las Naciones Unidas relativos a los asuntos indígenas solicitado en el párrafo 8 de la resolución 2000/22 del Consejo, de 28 de julio de 2000;
2. Recomienda también que el Consejo tenga debidamente en cuenta el contenido de la presente resolución al llevar a cabo dicho análisis en su período de sesiones sustantivo de 2004, con arreglo a la decisión 2003/307 del Consejo.

2004/58. Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos y Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, proclamado en la Carta de las Naciones Unidas, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Recordando sus anteriores resoluciones relativas al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, en particular su resolución 1997/32 de 11 de abril de 1997,

Recordando también la resolución 1982/34 del Consejo Económico y Social, de 7 de mayo de 1982, por la que el Consejo autorizó a la Subcomisión a que estableciera anualmente un grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas, con el mandato de examinar los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, prestando especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de los indígenas,

Reafirmando su reconocimiento del valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de las poblaciones indígenas y su convencimiento de que el desarrollo de éstas en sus propios países contribuirá al adelanto socioeconómico, cultural y ambiental de todos los países del mundo,

Recordando que el objetivo del Decenio es fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los

indígenas en cuestiones tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud, y que el tema del Decenio es "Las poblaciones indígenas: la colaboración en acción",

Considerando la importancia de consultar a los indígenas y cooperar con ellos en la planificación y ejecución del programa de actividades para el Decenio, la necesidad de recibir apoyo financiero suficiente de la comunidad internacional, así como el apoyo de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y la necesidad de disponer de mecanismos adecuados de coordinación y comunicación,
Consciente también de que el Consejo Económico y Social, en su período de sesiones sustantivo de 2004, realizará el examen de que se trata en el párrafo 8 de la resolución 2000/22 del Consejo, de 28 de julio de 2000, acerca de todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes dentro de las Naciones Unidas relacionados con las cuestiones indígenas, incluido el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas,
Recordando a este respecto que en 2003 el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en su segundo período de sesiones, en su proyecto de decisión VII (E/2003/43-E/C.19/2003/22, cap. I, sec. A) el Grupo de Trabajo, en su 21º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/2003/22, párr. 117), y la Subcomisión en su resolución 2003/30, de 14 de agosto de 2003, recomendaron a la Asamblea General que proclamara un segundo decenio, y que el Consejo Económico y Social, en su decisión 2003/306 de 25 de julio de 2003, pidió a la Asamblea que iniciara la consideración de ese decenio, teniendo presente, entre potras cosas, el examen que debe llevar a cabo el Consejo en 2004,
Recordando también a este respecto las decisiones 2001/316, de 26 de julio de 2001 y 2002/286, de 25 de julio de 2002, tomando nota de la decisión 2003/307, de 25 de julio de 2003 del Consejo Económico y Social,
I. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
1. Toma nota del informe de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43) y del informe del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas acerca de su 21º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/2003/22);
2. Acoge con satisfacción el hecho de que el Grupo de Trabajo haya continuado llevando a cabo un examen amplio de los acontecimientos y de las diversas situaciones y aspiraciones de las poblaciones indígenas del mundo, y que en su 22º período de sesiones el Grupo de Trabajo se centrará en el tema "Los pueblos indígenas y la resolución de conflictos", e invita a los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales a que proporcionen información y datos sobre este tema al Grupo de Trabajo en su 22º período de sesiones;
3. Invita al Grupo de Trabajo a que, en sus deliberaciones sobre acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos de los indígenas, tenga en cuenta la labor que realizan, en el marco de sus respectivos mandatos, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, todos los relatores temáticos especiales, los representantes especiales, los expertos independientes, los grupos de trabajo y los seminarios de expertos, en lo que respecta a la situación de los indígenas;
4. Invita también a todos los relatores temáticos especiales, los representantes especiales, los expertos independientes, los grupos de trabajo y los seminarios de expertos, a que, dentro del marco de sus respectivos mandatos, tengan debidamente en cuenta en sus deliberaciones la situación especial de los indígenas, y a que aseguren que se refleje adecuadamente en los informes periódicos que presentan a sus órganos superiores, de manera de contribuir al cumplimiento efectivo de sus respectivos mandatos del Consejo Económico y Social, la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial y el Foro Permanente;
5. Recomienda al Consejo Económico y Social que autorice al Grupo de Trabajo a reunirse durante cinco días laborables con anterioridad al 56º período de sesiones de la Subcomisión;
6. Invita al Grupo de Trabajo a que continúe examinando la forma en que los conocimientos particulares de los indígenas pueden contribuir a la labor del Grupo de Trabajo, y alienta a los gobiernos, las organizaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales a que tomen iniciativas para garantizar la plena participación de los indígenas en las actividades relacionadas con las tareas del Grupo de Trabajo;
7. Recomienda al Consejo Económico y Social que autorice al Presidente-Relator del 21º período de sesiones del Grupo de Trabajo a que presente el informe sobre el 21º período de sesiones al Foro Permanente durante la segunda semana (17 a 21 de mayo) del tercer período de sesiones del Foro en 2004, tal como se solicitó en la resolución 2002/20 de la Subcomisión de 14 de agosto de 2002;
8. Pide al Secretario General que:
a) Facilite al Grupo de Trabajo los recursos y la asistencia adecuados para el desempeño de su labor, incluida la difusión de información suficiente acerca de las actividades del Grupo de Trabajo, a los gobiernos, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones indígenas, con el fin de fomentar la participación más amplia posible en su labor;
b) Transmita lo antes posible los informes del Grupo de Trabajo a los gobiernos, las organizaciones indígenas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que formulen observaciones y sugerencias concretas;
9. Recuerda la resolución 56/140 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001, en la que se amplió el mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas para ayudar a los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas a asistir a las reuniones del Foro Permanente, y hace un llamamiento a todos los gobiernos, organizaciones y particulares que estén en condiciones de hacerlo para que consideren la posibilidad de aportar contribuciones al Fondo, de ser posible sustancialmente más altas;
II. Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
10. Invita al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas a que continúe su examen de las actividades emprendidas durante el Decenio y alienta a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que faciliten información sobre el logro de los objetivos del Decenio, de conformidad con el párrafo 16 del anexo de la resolución 50/157 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995;
11. Subraya la afirmación de la Asamblea General de que uno de los principales objetivos del Decenio es la aprobación de una declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas y exhorta a que se concluya pronto la redacción de ese documento de la mayor importancia;
12. Acoge complacida los resultados del segundo período de sesiones del Fondo Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York, en mayo de 2003, espera con interés la convocación del tercer período de sesiones anual, que se celebrará del 10 al 21 de mayo de 2004, y alienta a todas las partes interesadas, incluidos todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes en las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, a que, sin exceder los recursos existentes, sigan velando por que el Foro Permanente esté adecuadamente financiado y que funcione bien con arreglo a su amplio mandato, incluso mediante la prestación del necesario apoyo de secretaría;
13. Pide a la Alta Comisionada que, en su calidad de Coordinadora del Decenio, presente a la Comisión de Derechos Humanos, en su 61º período de sesiones, un informe definitivo en el que se examinen las actividades del sistema de las Naciones Unidas en el marco del programa de actividades del Decenio y se evalúen sus resultados, en relación con el tema del programa titulado "Las cuestiones indígenas", de conformidad con la solicitud formulada por la Asamblea General al Secretario General;
14. Subraya el importante papel que desempeña la cooperación internacional en la promoción de los objetivos y actividades del Decenio y de los derechos, el bienestar y el desarrollo sostenible de los indígenas;
15. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, organizaciones y particulares que estén en condiciones de hacerlo para que presten apoyo al Decenio aportando contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; de ser posible con un considerable aumento del nivel de contribuciones;
16. Alienta a los gobiernos a que, según corresponda, reconociendo la importancia de adoptar medidas a nivel nacional para el logro de los objetivos y la realización de las actividades del Decenio, sigan prestando apoyo al Decenio, en su actual etapa final, en consulta con los indígenas, mediante:
a) La ejecución de los correspondientes programas, planes e informes relacionados con el Decenio con mecanismos eficaces en los que participen indígenas a fin de garantizar que los objetivos y actividades del Decenio se planifiquen y realicen en plena colaboración con los indígenas;
b) La búsqueda de medios de dar a los indígenas más responsabilidad en sus propios asuntos y una verdadera participación en la adopción de decisiones sobre las cuestiones que les atañen, de conformidad con las disposiciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena;
17. Alienta también a los gobiernos a que sigan prestando apoyo, según corresponda, al Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas de América Latina y el Caribe, a fin de apoyar el logro de los objetivos del Decenio;
18. Pide a la Alta Comisionada que adopte disposiciones para que la dependencia de las minorías y poblaciones indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tenga la dotación de personal y los recursos suficientes para facilitar la realización efectiva de las actividades del Decenio;
19. Recomienda a la Alta Comisionada que, al elaborar programas en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, preste la debida atención al desarrollo constante de la capacitación de los indígenas en la esfera de los derechos humanos;
20. Alienta a la Alta Comisionada a que siga cooperando con el Departamento de Información Pública en la preparación y difusión de información sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, cuidando de exponer fielmente la información relativa a los indígenas;
21. Invita a las instituciones financieras y de desarrollo, a los programas operacionales y a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que, de conformidad con los procedimientos vigentes de sus órganos rectores:
a) Sigan otorgando mayor prioridad y más recursos, en sus ámbitos de competencia, al mejoramiento de la situación de los indígenas, y presten especial atención a las necesidades de esas poblaciones en los países en desarrollo, en particular mediante la preparación de programas de acción específicos con miras al seguimiento de los objetivos del Decenio;
b) Pongan en marcha proyectos especiales, en su caso, por los conductos apropiados y en colaboración con los indígenas, para apoyar sus iniciativas a nivel comunitario y facilitar el intercambio de información y conocimientos técnicos entre los indígenas y los expertos competentes;
22. Recuerda la recomendación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de que el Secretario General efectúe una evaluación de los resultados del Decenio y formule recomendaciones respecto de la forma de celebrar su final, incluidas medidas de seguimiento apropiadas, y pide al Secretario General que ponga en marcha esa evaluación;
23. Decide examinar el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo en su 61º período de sesiones de 2005, en relación con el tema del programa titulado "Las cuestiones indígenas".

2004/64. Promoción de un orden internacional democrático y equitativo

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando todas las resoluciones anteriores de la Asamblea y de la Comisión de Derechos Humanos sobre esta cuestión,

Reafirmando el compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal y la observancia y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos de derechos humanos y el derecho internacional,

Afirmando que el incremento de la cooperación internacional en pro de la promoción y protección de todos los derechos humanos debe seguir efectuándose en plena conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta y el derecho internacional, como se establece en los Artículos 1 y 2 de la Carta y, entre otras cosas, respetando plenamente la soberanía, la integridad territorial, la independencia política, el principio de la no utilización de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la no injerencia en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de un Estado,

Recordando el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la determinación de reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

Reafirmando que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos puedan ejercerse plenamente,

Reafirmando también la determinación expresada en el Preámbulo de la Carta de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, practicar la tolerancia y convivir como buenos vecinos y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos,

Subrayando que la responsabilidad por la gestión del desarrollo económico y social en el mundo, así como de las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente, y que a este respecto las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central, por ser la organización más universal y más representativa del mundo,
Destacando que la ejecución eficaz de las conclusiones de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas y de otras importantes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas exigirán la voluntad política para llevar a la práctica los compromisos asumidos, especialmente facilitando los medios para su ejecución,
Teniendo en cuenta los grandes cambios que se están produciendo en el ámbito internacional y las aspiraciones de todos los pueblos a un orden internacional basado en los principios consagrados en la Carta, en particular la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y el respeto del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, la paz, la democracia, la justicia, la igualdad, el estado de derecho en los planos nacional e internacional, el pluralismo, el desarrollo, niveles de vida más elevados y la solidaridad,
Teniendo en cuenta también que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades que en ella se proclaman, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Reafirmando que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente y que la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, de determinar su propio régimen político, económico, social y cultural y en su plena participación en todos los aspectos de la vida,
Destacando que la democracia no es sólo un concepto político, sino que también tiene aspectos económicos y sociales,
Consciente de que la democracia, el respeto de todos los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo, la gestión y la administración de los asuntos públicos transparentes y responsables en todos los sectores de la sociedad y la participación efectiva de la sociedad civil son parte esencial de las bases necesarias para la consecución de un desarrollo sostenible centrado en la sociedad y en el ser humano,
Consciente también de que la comunidad internacional debe promover la cooperación internacional eficaz, así como las relaciones económicas equitativas y un medio económico propicio a nivel internacional, para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo,
Reafirmando la importancia de un buen gobierno en el ámbito internacional mediante la democratización y la transparencia y responsabilidad en materia de decisiones económicas y financieras en todos los foros y en todos los niveles, con la participación plena y eficaz de todos los países,
Observando con preocupación que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia pueden verse agravados, entre otras cosas, por una distribución desigual de la riqueza, por la marginación y la exclusión social,
Subrayando que es imprescindible que la comunidad internacional se asegure de que la globalización se convierta en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo y que la única forma de lograr que la globalización incluya a todos y sea equitativa consiste en llevar a cabo una acción amplia y basada en toda la diversidad de los seres humanos y en la solidaridad mundial,
Destacando que la acción para que la globalización esté abierta a todos y sea equitativa debe incluir políticas y medidas en el plano mundial que correspondan a las necesidades de los países en desarrollo y de las economías en transición y se formulen y apliquen con la participación efectiva de éstos,
Habiendo escuchado a los pueblos del mundo y teniendo presentes sus aspiraciones a la justicia, a la igualdad de oportunidades para todos, y al disfrute de sus derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, a vivir en paz y libertad y a la participación en condiciones de igualdad y sin discriminación en la vida económica, social, cultural, civil y política,
Resuelta a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para garantizar un orden internacional democrático y equitativo,
1. Afirma que toda persona tiene derecho a un orden internacional democrático y equitativo;
2. Afirma también que el orden internacional democrático y equitativo fomenta el pleno ejercicio por todos de todos los derechos humanos;
3. Exhorta a todos los Estados Miembros a que cumplan los compromisos expresados en septiembre de 2001 en Durban (Sudáfrica) durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de ampliar al máximo los beneficios de la globalización, entre otras cosas, fortaleciendo y mejorando la cooperación internacional a fin de promover la igualdad de oportunidades de comercio, crecimiento económico y desarrollo sostenible, las comunicaciones mundiales mediante la utilización de las nuevas tecnologías, y el incremento de los intercambios interculturales mediante la preservación y la promoción de la diversidad cultural, y reitera que sólo haciendo esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad y en toda su diversidad, se podrá lograr que la globalización incluya plenamente a todos y sea equitativa;
4. Afirma que para lograr el orden internacional democrático y equitativo es preciso, entre otras cosas, que se hagan realidad:
a) El derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual puedan establecer libremente su condición política y procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural;
b) El derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales;
c) El derecho de todo ser humano y de todos los pueblos al desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales;
d) El derecho de todos los pueblos a la paz;
e) El derecho a un orden económico internacional basado en la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones, la interdependencia, el interés común, la solidaridad y la cooperación entre todos los Estados;
f) La solidaridad, como valor fundamental con arreglo al cual debe hacerse frente a los problemas mundiales de manera que los costos y las cargas se distribuyan equitativamente de conformidad con los principios básicos de la equidad y la justicia social, velando por que quienes sufren o se benefician menos reciban ayuda de quienes se benefician más;
g) La promoción y consolidación de instituciones internacionales transparentes, democráticas, justas y responsables en todos los ámbitos de cooperación, en particular mediante la aplicación de los principios de la participación plena y en condiciones de igualdad en sus respectivos mecanismos de adopción de decisiones;
h) El derecho de todos a la participación en pie de igualdad, sin discriminación de ningún tipo, en la adopción de decisiones nacionales y mundiales;
i) El principio de una representación regional equitativa y equilibrada de hombres y mujeres en la composición del personal del sistema de las Naciones Unidas;
j) La promoción de un orden internacional de la comunicación y la información libre, justo, eficaz y equilibrado, basado en la cooperación internacional para el establecimiento de un nuevo equilibrio y una mayor reciprocidad en la corriente internacional de información, en particular corrigiendo las desigualdades en esa corriente hacia los países en desarrollo y desde esos países;
k) La promoción de una sociedad mundial de la información que incluya a todos, encaminada a la superación de la brecha digital, que promueva el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, creando oportunidades digitales y beneficiándose de las posibilidades que ofrecen dichas tecnologías;
l) El respeto de la diversidad cultural y de los derechos culturales de todos, puesto que ello aumenta el pluralismo cultural, contribuye a un intercambio más amplio de conocimientos y a la comprensión del acervo cultural, promueve la aplicación y el disfrute de los derechos humanos universalmente aceptados en todo el mundo y fomenta relaciones de amistad estables entre los pueblos y las naciones del mundo;
m) El derecho de todas las personas y todos los pueblos a un medio ambiente sano;
n) La promoción de un acceso equitativo a los beneficios de la distribución internacional de la riqueza mediante una mayor cooperación internacional, en particular en las relaciones económicas, comerciales y financieras internacionales;
o) El disfrute por todos del patrimonio común de la humanidad;
5. Destaca la importancia de conservar la riqueza y la diversidad de la comunidad internacional de naciones y pueblos, así como de respetar las particularidades nacionales y regionales y los distintos acervos históricos, culturales y religiosos para mejorar la cooperación internacional en el ámbito de los derechos humanos;
6. Destaca también que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí, y que la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma integral, justa y equitativa, en pie de igualdad y asignándoles la misma importancia, y reafirma que, sin dejar de tener presente la importancia de las particularidades nacionales y regionales y los distintos acervos históricos, culturales y religiosos, es obligación de los Estados, independientemente de su sistema político, económico y cultural, promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
7. Insta a todos los que actúan en el plano internacional a que establezcan un orden internacional basado en la inclusión, la justicia, la paz, la igualdad y la equidad, la dignidad humana, la comprensión mutua y la promoción y el respeto de la diversidad cultural y los derechos humanos universales, y rechacen todas las doctrinas de exclusión basadas en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
8. Expresa su rechazo del unilateralismo y subraya su adhesión al multilateralismo y a las soluciones convenidas multilateralmente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, como único medio aceptable de abordar los problemas internacionales;
9. Recuerda que la Asamblea General se manifestó resuelta a ocuparse urgentemente de establecer un orden económico internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, sea cual fuere su sistema económico y social, que corrija las desigualdades y repare las injusticias actuales, posibilite la eliminación de la disparidad cada vez mayor entre los países desarrollados y los países en desarrollo y asegure a las generaciones presentes y futuras la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a ritmo sostenido;
10. Reafirma que la comunidad internacional debe concebir los medios y mecanismos para eliminar los obstáculos actuales y hacer frente a los problemas que se oponen al pleno ejercicio de todos los derechos humanos, e impedir que persistan en todo el mundo las violaciones de los derechos humanos resultantes de ellos;
11. Insta a los Estados a que perseveren en sus esfuerzos, por medio de una mayor cooperación internacional, para promover un orden internacional democrático y equitativo;
12. Pide a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los mecanismos de la Comisión y de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que, en el marco de sus respectivos mandatos, presten la debida atención a la presente resolución y contribuyan a su aplicación;
13. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de los Estados Miembros, los órganos, organismos y otros componentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, en particular las instituciones de Bretton Woods, y las organizaciones no gubernamentales y que le dé la más amplia difusión posible;
14. Decide seguir examinando esta cuestión en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

2004/65. La promoción de la paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todos

L a Comisión de Derechos Humanos,

Recordando todas las resoluciones anteriores sobre esta cuestión,

Recordando también las resoluciones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 1996/16, de 29 de agosto de 1996, y 1997/36, de 28 de agosto de 1997, tituladas "La paz y la seguridad internacionales como condición esencial para el disfrute de los derechos humanos, ante todo del derecho a la vida",

Teniendo presente la resolución 39/11 de la Asamblea General, de 12 de noviembre de 1984, titulada "Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz", así como la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,

Decidida a fomentar el estricto respeto de los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,

Subrayando, de conformidad con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas, su apoyo pleno y activo a las Naciones Unidas y a la potenciación de su papel y eficacia en el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la justicia internacionales y en la promoción de la solución de los problemas internacionales, así como del desarrollo de las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados,

Reafirmando la obligación de todos los Estados de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia,

Destacando su objetivo de promover mejores relaciones entre todos los Estados y contribuir a establecer las condiciones para que sus pueblos puedan vivir en una paz genuina y duradera, libres de toda amenaza a su seguridad y de todo intento de menoscabarla,

Reafirmando la obligación de todos los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir al uso o a la amenaza de uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado, o de cualquier otra forma que sea incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas,

Reafirmando también su adhesión a la paz, la seguridad y la justicia y al continuo desarrollo de las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados,

Rechazando el uso de la violencia en la consecución de objetivos políticos y destacando que sólo las soluciones políticas pacíficas podrán garantizar un futuro estable y democrático a todos los pueblos del mundo,

Reafirmando la importancia de velar por el respeto de los principios de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados y de la no intervención en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional,

Reafirmando también que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo libremente a su desarrollo económico, social y cultural,
Reafirmando además la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Estimando que la paz y el desarrollo se refuerzan mutuamente, incluso en la prevención de los conflictos armados,
Subrayando que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación o explotación extranjera constituye una denegación de los derechos fundamentales, es contraria a la Carta y entorpece la promoción de la paz y de la cooperación mundiales,
Recordando que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se hagan plenamente efectivos,
Convencida del propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos,
Convencida también de que una vida sin guerras constituye el requisito internacional primordial para el bienestar material, el desarrollo y el progreso de los países, y para el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades humanas fundamentales proclamados por las Naciones Unidas,
1. Destaca que la paz es un requisito fundamental para la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos;
2. Destaca también que la profunda fractura que divide a la sociedad humana en ricos y pobres y la brecha cada vez mayor que existe entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo plantean una grave amenaza para la prosperidad, la seguridad y la estabilidad mundiales;
3. Declara solemnemente que preservar y promover la paz es una obligación fundamental de todo Estado;
4. Subraya que para preservar y promover la paz es preciso que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, sobre todo la guerra nuclear, a la renuncia al uso o la amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;
5. Afirma que todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y un sistema internacional basado en el respeto de los principios enunciados en la Carta y la promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo y el derecho de los pueblos a la libre determinación;
6. Insta a todos los Estados a respetar y poner en práctica los principios y propósitos de la Carta en sus relaciones con todos los demás Estados, cualesquiera sean sus sistemas políticos, económicos o sociales, así como su extensión, ubicación geográfica o nivel de desarrollo económico;
7. Reafirma el derecho de todos los Estados, de conformidad con los principios de la Carta, a emplear medios pacíficos para resolver toda controversia en la que sean partes y cuya continuación pueda probablemente poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales e insta a los Estados a que solucionen sus controversias lo antes posible, como requisito fundamental para la promoción y protección de todos los derechos humanos de todos los hombres y de todos los pueblos;
8. Decide seguir examinando la cuestión en su 61º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

2004/66. Los derechos humanos y la solidaridad internacional La Comisión de Derechos Humanos,

Subrayando que los procesos de promoción y protección de los derechos humanos deben desarrollarse de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional,

Reafirmando que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente,

Recordando que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en junio de 1993, los Estados se comprometieron a cooperar para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo, y subrayaron que la comunidad internacional debía propiciar una cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo,

Reafirmando que en el artículo 4 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo se dice que se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo y que, como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo, es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global,

Teniendo en cuenta que en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cada uno de los Estados Partes en el Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto,

Reafirmando que la creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y los países en desarrollo es inaceptable e insostenible y que ella obstaculiza la realización de los derechos humanos en la comunidad internacional, por lo que resulta aún más necesario que cada país, en particular los países más desarrollados, procure por todos los medios eliminar esa disparidad,

Expresando su preocupación porque los enormes beneficios resultantes del proceso de globalización e interdependencia económica no ha llegado a todos los países, comunidades y personas, y porque esos beneficios están cada vez más fuera del alcance de varios países, particularmente los menos adelantados y los países africanos,

Convencida de que es posible un mundo mejor para las generaciones actuales y futuras,

Consciente de la necesidad de contar con recursos nuevos y adicionales para financiar los programas de desarrollo de los países en desarrollo,
Reafirmando la importancia crucial que tiene el aumento de los recursos asignados a la asistencia oficial para el desarrollo y recordando que los países industrializados se han comprometido a asignar el 0,7% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo,
Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de colaboración y solidaridad entre las generaciones y de promover la solidaridad intrageneracional con miras a la perpetuación de la humanidad,
Considerando que no se ha prestado suficiente atención a la solidaridad internacional como componente fundamental de los esfuerzos que despliegan los países en desarrollo para que sus pueblos disfruten del derecho al desarrollo y para promover el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales de todos,
Convencida de que el desarrollo social puede promoverse mediante la coexistencia pacífica, las relaciones amistosas y la cooperación entre Estados con diferentes sistema sociales, económicos o políticos,
Resuelta a actuar para que las generaciones actuales tomen plena conciencia de sus responsabilidades para con las generaciones futuras,
1. Reafirma que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos interdependientes;
2. Celebra el reconocimiento expresado en la declaración adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio del valor fundamental de la solidaridad para las relaciones internacionales en el siglo XXI al afirmarse que los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social, y que los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados;
3. Expresa su determinación de contribuir a la solución de los problemas mundiales actuales mediante una cooperación internacional reforzada, a fin de crear las condiciones para que la carga del pasado no comprometa las necesidades ni los intereses de las generaciones futuras y legar a éstas un mundo mejor;
4. Insta a la comunidad internacional a que considere con urgencia medidas concretas para promover y consolidar la asistencia internacional a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr el desarrollo y promover las condiciones que hagan posible el pleno disfrute de todos los derechos humanos;
5. Estima que los llamados "derechos de la tercera generación" o el "derecho a la solidaridad" requieren un mayor desarrollo progresivo en el marco de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de poder responder a los crecientes desafíos de la cooperación internacional en esta esfera;
6. Decide seguir examinando esta cuestión en su 62º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

2004/73. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando que, en su informe a la Comisión Especial del Consejo Económico y Social (E/CN.4/1988/85 y Corr.1), la Comisión reafirmó que la consideración primordial que se tendría en cuenta al nombrar al personal de todas las categorías sería la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y que estaba convencida de que este objetivo era compatible con el principio de una distribución geográfica equitativa y tenía en cuenta las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando también que, en los párrafos 11 y 17 de la parte II de la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidió al Secretario General y a la Asamblea General que proporcionaran suficientes recursos humanos, económicos y de otra índole para que el Centro de Derechos Humanos pudiera realizar sus actividades en forma eficaz, eficiente y rápida, y reconoció la necesidad de reestructurar el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos para que respondiera a sus necesidades reales,

Reafirmando la importancia de las particularidades nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, así como de los diferentes sistemas políticos, económicos y jurídicos,
Consciente de que las Naciones Unidas propugnan el multilingüismo como medio de promover, proteger y preservar la diversidad de idiomas y culturas en todo el mundo y que un multilingüismo auténtico promueve la unidad en la diversidad y la concordia internacional,

Teniendo en cuenta la necesidad de prestar especial atención a la contratación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de personal procedente de Estados Miembros no representados o insuficientemente representados, en particular de países en desarrollo y países con economías en transición, cosa que mejorará la composición actual del personal, basada en una distribución geográfica más equitativa,

Reiterando su profunda inquietud por el hecho de que en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado en cumplimiento de la resolución 2003/74 de la Comisión, de 25 de abril de 2003, sobre la distribución geográfica y las funciones del personal de la Oficina (E/CN.4/2004/100), se constata claramente que una región está sin lugar a dudas excesivamente representada en la composición del personal y que persiste el desequilibrio (véanse los anexos de la presente resolución),

Expresando nuevamente su preocupación por la no representación o la insuficiente representación de varios Estados Miembros, especialmente países en desarrollo y países con economías en transición, en el personal de la Oficina del Alto Comisionado, muchos de los cuales tampoco están representados ni tienen suficiente representación a nivel de toda la Secretaría, teniendo presente en particular el criterio de la distribución geográfica equitativa,
Expresando también su preocupación porque la prevalencia del personal de proyectos, al igual que la distribución geográfica de los consultores, ha sesgado la distribución geográfica del personal de la Oficina en favor de Europa occidental y América del Norte,
Observando con grave preocupación que la dependencia de la Oficina de los recursos extrapresupuestarios es la razón fundamental del desequilibrio en la composición de su personal,
1. Toma nota del informe del Alto Comisionado sobre composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado y de las medidas aplicadas por la Oficina descritas en éste, aunque no han mejorado la situación;
2. Acoge con satisfacción el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre el examen de la gestión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (JIU/REP/2003/6) y su acento particular en las políticas de contratación y la composición del personal, presentado en cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 2002/80 de 25 de abril de 2002 y 2003/74 de 25 de abril de 2003;
3. Recuerda que la Asamblea General ha pedido al Secretario General que disponga que los jefes de los departamentos correspondientes rindan cuenta de la ejecución de los planes de acción en materia de recursos humanos y se asegure de que ellos a su vez tengan debidamente presente la representación geográfica equitativa cuando consideren a los candidatos incluidos en las listas aprobadas por los órganos centrales de examen, así como en las listas, y que le presente un informe anual sobre el progreso hecho por los departamentos en la ejecución de sus respectivos planes de acción en materia de recursos humanos;
4. Expresa su profunda preocupación por la conclusión del informe de la Dependencia Común de Inspección de que el desequilibrio en la distribución geográfica del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es un problema grave y endémico;
5. Lamenta que, a pesar de las reiteradas peticiones de la Comisión de que se rectifique el desequilibrio en la distribución geográfica del personal, la situación siga igual, que una región ostente más de la mitad de los puestos de la Oficina del Alto Comisionado y más puestos que los otros cuatro grupos regionales juntos, y que se hayan incrementado más los puestos no sujetos a distribución geográfica que aquellos sujetos a ésta, que corresponden a poco más de un tercio de la totalidad del personal;
6. Estima que el establecimiento del Grupo Consultivo en Cuestiones de Personal es una iniciativa razonable, pero también que la actual composición del Grupo es muy poco equitativa ya que un solo miembro de los seis procede de un país en desarrollo, y pide por tanto a la Alta Comisionada que reconsidere su composición y su mandato con el fin de lograr el equilibrio en la distribución geográfica de los miembros del Grupo y asegurar que contribuya a mejorar la composición del personal de la Oficina en General;
7. Toma nota de la recomendación del Alto Comisionado de que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos establezca un grupo profesional de derechos humanos con objeto de atraer al ámbito de los derechos humanos a jóvenes profesionales calificados de países no representados o insuficientemente representados, a la vez que subraya que sería más eficaz que la Oficina del Alto Comisionado proporcionara a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos una lista de los países no representados o insuficientemente representados en la Oficina, y pide por tanto que la Oficina del Alto Comisionado prepare anualmente dicha lista y que la Oficina de Recursos Humanos la tome en consideración al organizar los concursos;
8. Celebra que la Oficina haya establecido medidas para aplicar los principios de distribución geográfica de la Organización prestando especial atención a los países en desarrollo no representados e insuficientemente representados al asignar los puestos extrapresupuestarios y que en el último año haya aumentado la cantidad de personal no sujeto a distribución geográfica procedente de los grupos regionales de países en desarrollo y de los países con economías en transición, y pide a la Alta Comisionada que siga utilizando la política de nueva contratación para corregir el desequilibrio actual en la composición del personal de la Oficina;
9. Expresa su preocupación porque la mitad del personal recientemente contratado para puestos no sujetos a distribución geográfica procede de una sola región, y su número es levemente superior al de los funcionarios de nueva contratación de las otras cuatro regiones juntas, manteniéndose prácticamente igual la disparidad existente;
10. Expresa también su preocupación por la práctica difundida de asignar a asesores técnicos (titulares de contratos de la serie 200 del Reglamento del Personal de las Naciones Unidas) funciones operativas que deberían ser competencia de personal de la serie 100 y funciones de supervisión de personal de la serie 100 del Reglamento del Personal, práctica que es contraria a las normas establecidas y que debería abandonarse;
11. Subraya que la propuesta de la Oficina del Alto Comisionado a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de reducir el número de contratos de la serie 200 de personal que desempeña funciones esenciales convirtiendo sus contratos de la serie 200 en contratos de la serie 100, limitados al servicio en la Oficina del Alto Comisionado, es contraria a las políticas, normas y reglas de las Naciones Unidas en materia de recursos humanos y es, por tanto, inaceptable;
12. Pide a la Oficina del Alto Comisionado que observe plenamente las políticas, normas, reglas y prácticas de las Naciones Unidas en lo relativo a los recursos humanos y que en consecuencia ajuste sin más demora sus prácticas y procedimientos en la materia, en particular sus políticas de nombramiento y contratación, a las políticas, normas, reglamentos y prácticas de recursos humanos de la Secretaría; y que además compruebe y ajuste sus criterios de clasificación de puestos a los de la Secretaría antes de anunciar cualquier nuevo puesto y que deje de anunciar puestos extrapresupuestarios sin comprobar antes los criterios de clasificación con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra;
13. Reitera la necesidad de que la Alta Comisionada cumpla las disposiciones del párrafo 3 de la sección X de la resolución 55/258 de la Asamblea General, de 14 de junio de 2001 sobre la gestión de los recursos humanos, en que se pide nuevamente al Secretario General que siga incrementando sus esfuerzos por mejorar la composición de la Secretaría garantizando una distribución geográfica amplia y equitativa del personal en todos los departamentos;
14. Considera que es necesario adoptar medidas urgentes, concretas e inmediatas para modificar la actual distribución geográfica del personal de la Oficina del Alto Comisionado, favoreciendo una distribución más equitativa de los puestos, de conformidad con el Artículo 101 de la Carta, en particular mediante la contratación de personal de los países en desarrollo y países con economías en transición, incluso para puestos de categoría superior;
15. Pide una vez más al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que se preste especial atención a la contratación de personal de los Estados Miembros no representados e insuficientemente representados, en particular de países en desarrollo y países con economías en transición, para proveer las vacantes existentes, así como para nuevos puestos en la Oficina del Alto Comisionado, a fin de lograr una distribución geográfica equitativa y un mejor equilibrio entre hombres y mujeres, dando especial prioridad a la contratación para puestos de alto nivel y del cuadro orgánico;
16. Insta a los donantes a que en la medida de lo posible aporten sus contribuciones sin fines especificados, para dar flexibilidad a la Alta Comisionada en el nombramiento de personal y la asignación de recursos entre las diferentes actividades y proyectos;
17. Pide nuevamente al Secretario General que, al firmar con los países acuerdos para proporcionar a la Oficina del Alto Comisionado los servicios de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, inste a esos países a que procuren asignar recursos financieros adicionales para garantizar que personas de países en desarrollo puedan trabajar en calidad de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, con el fin de respetar el principio de la distribución geográfica equitativa; además, se debe establecer un mecanismo permanente en virtud del cual por cada funcionario subalterno del cuadro orgánico de un país donante que se incorpore a la Oficina del Alto Comisionado se incorpore otro funcionario subalterno del cuadro orgánico de un país en desarrollo;
18. Destaca la importancia de que todos los puestos, incluidos los correspondientes a nombramientos especiales para operaciones sobre el terreno, se anuncien públicamente, y de que se difundan descripciones pormenorizadas de las funciones en todos los Estados antes de llenarse;
19. Pide a la Alta Comisionada que vele por que no se encomienden a los funcionarios subalternos del cuadro orgánico tareas políticamente delicadas ni tareas esenciales en las que pueda ponerse en entredicho su imparcialidad;
20. Reitera la norma permanente de que los consultores no deberán desempeñar funciones que correspondan a los funcionarios de la Organización ni tener responsabilidad representativa o de supervisión alguna, y pide a la Alta Comisionada:
a) Que se abstenga de recurrir a consultores para la realización de funciones asignadas a puestos de plantilla;
b) Que se atenga estrictamente a las normas vigentes y a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General al contratar a consultores, y que en particular compruebe y certifique que la Organización no dispone del personal especializado correspondiente antes de decidir contratarlo;
c) Se empeñe más en lograr un equilibrio geográfico entre los consultores calificados y los contratistas particulares;
21. Reafirma la importancia de garantizar el carácter universal, objetivo y no selectivo del examen de las cuestiones de derechos humanos y pide a la Alta Comisionada que siga velando por que el desempeño de su mandato y el de la Oficina del Alto Comisionado se rijan por estos principios;
22. Recalca que el personal de la Oficina del Alto Comisionado debe mantener su neutralidad y respetar plenamente la independencia de la labor de todos los mecanismos de la Comisión y de los órganos creados en virtud de tratados, a la vez que apoya su funcionamiento;
23. Pide también a la Alta Comisionada:
a) Que prepare un plan de acción integral con el fin de reducir el desequilibrio actual del personal, fijando objetivos y plazos concretos;
b) Que evite la superposición y duplicación de funciones y persiga el objetivo de aumentar la eficiencia y mejorar la gestión, teniendo en cuenta las resoluciones y decisiones pertinentes, en particular la petición de la Asamblea General de que se racionalice la gestión y las recomendaciones hechas al respecto, al proponer nuevas estructuras, puestos o reclasificaciones de puestos, incluidos los del personal directivo superior, con miras a asegurar una capacidad directiva y una coherencia estructural óptimas;
c) Que presente un informe completo sobre la aplicación de la presente resolución a la Comisión en su 61º período de sesiones, que deberá incluir:
i) La composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado, dividida en los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas que ha establecido la Asamblea General (Estados de África, Estados de Asia, Estados de América Latina y el Caribe, Estados de Europa occidental y otros Estados, y Estados de Europa oriental), con una indicación, entre otras cosas, de la categoría, la nacionalidad y el sexo del personal permanente y del que no sea de plantilla;
ii) El plan de acción, así como las medidas adoptadas para aplicarlo, las realizaciones concretas y sus resultados;
iii) Las disposiciones tomadas para aplicar otras medidas solicitadas en la presente resolución y sus resultados;
iv) Cualquier otra recomendación para mejorar la situación actual;
24. Señala a la atención de la Asamblea General la presente resolución en el contexto del examen del tema de la gestión de los recursos humanos;
25. Invita a la Asamblea General y a sus órganos subsidiarios competentes, entre otros la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, el Comité del Programa y de la Coordinación y la Quinta Comisión de la Asamblea General, a tomar debidamente en consideración la presente resolución y el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre el examen de la gestión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (JIU/REP/2003/6), en particular otras cuestiones y recomendaciones sobre organización, gestión, dirección ejecutiva, estructura, administración, finanzas y otros asuntos más técnicos de gestión de los recursos humanos contenidas en el informe y no abordadas en la presente resolución;
26. Pide a la Dependencia Común de Inspección que ayude a la Comisión de Derechos Humanos a supervisar sistemáticamente la aplicación de la presente resolución y que presente un estudio de seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las decisiones de la Comisión y otros órganos intergubernamentales de la Organización relativas a la gestión, los programas y la administración de la Oficina del Alto Comisionado, en particular en lo que respecta a sus repercusiones en las políticas de contratación y la composición del personal, a la Comisión en su 63º período de sesiones y a la Asamblea General en su sexagésimo primer período de sesiones, con propuestas concretas de medidas correctivas, en su caso, para la aplicación de las resoluciones pertinentes de los órganos intergubernamentales, comprendida la presente resolución;
27. Decide examinar esta cuestión en su 61º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.
57ª sesión,
21 de abril de 2004.
[Aprobada en votación registrada por 35 votos
contra 14 y 4 abstenciones. Véase cap. XVIII.]