CAPÍTULO 3. EL APOYO Y/O LA IMPUNIDAD EXTENDIDA POR SUCESIVAS ADMINISTACIONES ESTADOUNIDENSES A LOS PERPETRADORES DE ACTOS TERRORISTAS CONTRA CUBA.
Desde los inicios mismos de la Revolución, los actos de sabotaje y terrorismo contra Cuba, han formados parte de la cruel política fríamente diseñada en Washington y Miami para poner fin a la Revolución Cubana.
Desde entonces, y durante más de cuatro décadas, el pueblo cubano ha sido víctima de innumerables actos y ataques terroristas concebidos, financiados y apoyados desde el exterior – en la abrumadora mayoría de los casos desde Estados Unidos –, que han ocasionado cuantiosas pérdidas humanas y materiales y un irreparable daño psicológico y afectivo a miles de familias cubanas. Muy graves han sido también las afectaciones económicas sufridas por la nación cubana como consecuencia de sucesivos sabotajes, e incluso, agresiones biológicas contra su patrimonio y salud.
Estos actos terroristas han tenido como objetivo destruir mediante el terror, la inestabilidad y la incertidumbre, la opción política, económica y social que el pueblo cubano libremente ha adoptado en pleno ejercicio de su derecho a la libre determinación. El territorio de Estados Unidos ha sido utilizado de forma sistemática y permanente para planear, financiar, reclutar, entrenar y apoyar la realización de actos terroristas contra el pueblo cubano.
Las modalidades de terrorismo empleadas contra Cuba han sido muy variadas, e incluyen: sabotajes o destrucción de objetivos económicos y civiles dentro del país; ataques contra instalaciones costeras, naves mercantes y embarcaciones pesqueras; atentados contra instalaciones, medios y personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas; intentos de asesinato a sus principales dirigentes; introducción de gérmenes y plagas contra la agricultura y la producción pecuaria; e introducción de cepas de enfermedades contra las personas, entre otros.
Como resultado de al menos 681 acciones de terrorismo y agresiones contra el pueblo cubano que han sido probadas y documentadas, se ha producido la pérdida irreparable de la vida de 3 478 mujeres, hombres y niños, mientras otros 2 099 cubanos han quedado físicamente discapacitados por el resto de sus vidas. Cabe destacar que estas acciones no han cesado a lo largo de los años: 68 tuvieron lugar en la década de los años 90 y otras 39 en el curso de los últimos cinco años.
Las víctimas de las acciones terroristas contra Cuba no han sido sólo nuestros ciudadanos. Se han realizado 190 atentados terroristas contra personas o bienes de terceros países radicados en territorio norteamericano. Además, se organizaron y ejecutaron docenas de acciones contra bienes de compañías extranjeras que mantenían relaciones económicas con Cuba, o contra representaciones de países que mantenían vínculos con el país.
Las actividades terroristas se incrementaron significativamente y formaron parte sistemática de la política de hostilidad y agresiones contra la Revolución Cubana a partir del año 1961, como consecuencia del “Programa de Acción Encubierta Contra el Régimen de Castro”, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el entonces Presidente D. Eisenhower y proseguido por el Presidente J. F. Kennedy. En ese plan, conocido como “Operación Mangosta”, se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y de acción para operar dentro de Cuba, asignando para ello los fondos necesarios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El 18 de enero de 1962, se adoptó el conocido como “Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los departamentos y agencias participantes en la “Operación Mangosta”.
Además de los centenares de acciones concebidas y realizadas directamente por los Servicios Especiales del gobierno de Estados Unidos, se produjo un amplio espectro de otras acciones terroristas, algunas de ellas consumadas y otras neutralizadas en su fase preparatoria. La responsabilidad de estas acciones terroristas que supuestamente no tenían el patrocinio directo de las autoridades de Washington, recayó en organizaciones radicadas en el territorio estadounidense, que reunían a terroristas de origen cubano – muchos de ellos entrenados por la CIA y por unidades del ejército estadounidense –, que, cuando menos, actuaban inspirados en la política oficial de destruir a la Revolución Cubana por cualquier medio y que se han beneficiado siempre de la más abierta impunidad que le han garantizado sucesivas administraciones norteamericanas. Muchos de estos terroristas, aun sin operar oficialmente al servicio del gobierno de Estados Unidos, fueron incluso protegidos por los servicios especiales de Estados Unidos y se les brindó asilo bien en el territorio norteamericano, o en bases militares de dicho país en el territorio de otras naciones.
En 1960 se realizaron numerosos actos de terrorismo contra instalaciones públicas como cines, teatros, escuelas y comercios, con el objetivo de sembrar el pánico y el terror entre la población. La más criminal y sangrienta de las acciones emprendidas durante ese año fue la voladura, el 4 de marzo de ese año, del barco francés “La Coubre”, en el puerto de La Habana, en los momentos en que se descargaban las municiones compradas en Bélgica para el Ejército Rebelde. Este criminal atentado ocasionó 101 muertos, entre ellos varios franceses, más de 200 heridos y numerosos desaparecidos.
Entre los ataques a objetivos económicos llevados a vías de hecho en 1960, podría destacarse el ocurrido el 18 de febrero. Ese día, el avión que bombardeaba el Central España, fue destruido en el aire por una de sus propias bombas. Piloteaba la nave el norteamericano Robert Ellis Frost, acompañado por Onelio Santana Roque, ex miembro de los cuerpos represivos de la dictadura batistiana. La carta de vuelo registraba la salida del avión del aeropuerto de Miami, Florida. Por otros documentos hallados junto al cadáver del estadounidense, se descubrió que en tres ocasiones anteriores había participado en ataques aéreos contra Cuba y que iba a cobrar por el bombardeo de ese día 1 500 dólares.
Resulta significativo que la mayoría de los más connotados cabecillas del cínicamente auto-calificado “exilio cubano”, participaron directamente y ejecutaron actos terroristas contra Cuba desde la década del 60. De hecho, muchos de ellos continúan haciéndolo de manera conceptual.
El 30 de diciembre de 1960, se ocupó una fábrica de bombas y se detuvo a 17 terroristas que siguiendo instrucciones de la embajada de Estados Unidos en La Habana, se habían dedicado a poner petacas con explosivos plásticos en tiendas comerciales. Entre los terroristas mencionados, aparecen dos renombrados personeros de la mafia terrorista-anexionista de origen cubano, beneficiados por el doloso eufemismo de la prensa occidental con el epíteto de “pacíficos opositores políticos anticastristas”. Uno de ellos era nada menos que el “periodista” y “publicista” Carlos Alberto Montaner – cabecilla de la mafia anticubana en Madrid –, que no fue condenado entonces porque era menor de edad; y salió posteriormente del país tras solicitar asilo en una embajada latinoamericana.
El otro terrorista, que devendría “personaje célebre” de la campaña anticubana de Washington, era el “Embajador” de Estados Unidos para los “Derechos Humanos”, el “Excelentísimo Señor” Armando Valladares, el falso escritor y falso paralítico, desenmascarado ante la opinión pública al levantarse de su silla de ruedas y andar casi 400 metros para tomar el avión en el que salió del país.
Además, el gobierno de Estados Unidos y las organizaciones terroristas con sede en Estados Unidos y algunos países de la América Latina, contaron con una hornada de asesinos y torturadores de la tiranía batistiana que habían huido en enero de 1959 hacia tierras norteñas en busca de impunidad para sus crímenes contra el pueblo cubano.
Entre ellos se destacan Jesús Blanco Hernández, Conrado Carratalá Ugalde, Sotero Delgado Méndez, Martín Díaz Tamayo, Mariano Faget Díaz, Armentino Feria Pérez, Irenaldo García Báez, Pilar García García, Rafael Gutiérrez Martínez, Julio Estelio Laurent Rodríguez, Agustín Lavastida Álvarez, Lutgardo Martín Pérez Molina, Rolando Masferrer Rojas, José Eleuterio Pedraza Cabrera, Orlando Eleno Piedra Negueruela, José María Salas Cañizares, Ángel Sánchez Mosquera, Merob Sosa García, Manuel Antonio Ugalde Carrillo y Esteban Ventura Novo.
En la mayoría de los casos, el naciente Gobierno Revolucionario de Cuba solicitó oficialmente su detención provisional con fines de extradición, pedido al que las autoridades norteamericanas hicieron caso omiso.
En 1961 se intensificaron los atentados terroristas, que incluyeron la quema de cañaverales durante la zafra azucarera, el sabotaje a fábricas y los ataques contra fincas, actos en los que fueron asesinados 281 ciudadanos, en su mayoría campesinos, mujeres y niños civiles, así como milicianos y jóvenes voluntarios que participaban en la Campaña de Alfabetización iniciada el propio año.
En el mes de abril de ese propio año, se produjo la invasión militar por Playa Girón (Bahía de Cochinos), perpetrada por un ejército de aproximadamente mil quinientos mercenarios, organizado, entrenado, equipado, financiado y transportado por el gobierno de Estados Unidos. El frustrado plan preveía el ulterior desembarco de tropas norteamericanas, que contemplaron desde sus barcos la derrota de los mercenarios.
Muchos de los mercenarios que participaron en aquella invasión y en otras acciones terroristas de la guerra sucia contra Cuba, se mantienen activos en las filas de las organizaciones terroristas que siguen operando actualmente contra nuestro país. Muchos otros se enrolaron como agentes a sueldo de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en América Latina y otras regiones del mundo en misiones de asesinato político, tráfico de armas y narcóticos, sabotajes y guerras sucias como la llevada a cabo contra la Revolución Sandinista en Nicaragua. A otra parte importante de ellos, se les instruyó disfrazarse de “exilio político pacífico” contra la Revolución Cubana, agrupándose muchos de ellos en la llamada Fundación Nacional Cubano Americana. Este grupo públicamente “redimido” de la violencia terrorista, sin embargo, nunca renunció a lo que realmente sabe y disfruta hacer. Se ha mantenido organizando y financiando acciones terroristas como las llevadas a cabo por mercenarios centroamericanos contra instalaciones turísticas cubanas en la década de los 90.
Otra forma de terrorismo empleada contra Cuba fue el bandidismo, bautizado así por el pueblo por las felonías y los asesinatos cometidos por las 299 bandas terroristas que, entre 1959 y 1965, actuaron a lo largo y ancho del territorio cubano, armadas, sostenidas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos. El bandidismo tuvo su enclave principal en las montañas del Escambray, en el centro del país. Dichas bandas asesinaron más de 500 personas, principalmente campesinos y obreros agrícolas inocentes.
Documentos oficiales estadounidenses hoy desclasificados, demuestran el vínculo directo, patrocinio y apoyo del gobierno de Estados Unidos a las bandas que operaban dentro de nuestro país. En octubre de 1961, el Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, presentó un informe secreto que refería una acción encubierta, conocida como “Operación Silencio”, en la que por orden del gobierno norteamericano la CIA realizó 12 operaciones para el abastecimiento de armas, municiones y explosivos a las bandas armadas que operaban en nuestro país.
En el mismo documento, al hacer referencia al enorme centro establecido por la CIA en la Florida para llevar a cabo actividades encubiertas contra Cuba, Kirkpatrick reconoció que “de enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los servicios clandestinos”.
El secuestro de aeronaves fue otro tipo de acciones terroristas concebidas por la CIA en su programa para derrocar a la Revolución Cubana. Con estos actos, la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos dio origen a una nueva modalidad terrorista que no tenía precedentes hasta ese momento. Entre 1959 y el 2001, fueron secuestrados 51 aviones cubanos. Casi sin excepción, todos fueron dirigidos hacia Estados Unidos y la inmensa mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Pilotos, custodios y pasajeros fueron asesinados o heridos por los secuestradores. Varios aviones fueron destruidos o seriamente dañados en los intentos frustrados.
Al inicio de la década de los años 70 se crearon nuevas organizaciones terroristas integradas por torturadores y esbirros de la dictadura batistiana, y otros delincuentes y criminales que abandonaron el país a partir de 1959. El terrorismo siguió siendo un negocio lucrativo para la mafia anticubana, amparada por la complicidad y la tolerancia de las autoridades de Estados Unidos.
Organizaciones como Alpha 66 y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), asentadas en los estados de la Florida y Nueva Jersey, fueron responsables de gran parte de las acciones terroristas contra el pueblo cubano ocurridas en la décadas del 70 y los 80 y contra intereses de otros países que mantenían relaciones comerciales y económicas con Cuba.
Por esos años, el terrorismo anticubano incorporó acciones paramilitares contra embarcaciones mercantes y pesqueras de Cuba. El 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos Cayo Largo 17 y Cayo Largo 34 fueron atacados por dos cañoneras tripuladas por terroristas, que asesinaron al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonaron al resto de los tripulantes, en balsas de goma, sin agua ni comida.
El 6 de octubre de 1976, ocurrió el más monstruoso y brutal acto terrorista cometido en ese período: el estallido en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanos, 11 jóvenes guyaneses (6 de ellos seleccionados para estudiar medicina en Cuba) y 5 ciudadanos de la RPD de Corea. Todos perecieron.
El atentado contra el avión civil cubano fue cometido por dos mercenarios de nacionalidad venezolana, contratados por dos de los más connotados terroristas de origen cubano: Orlando Bosch Ávila – autor de 321 acciones terroristas y que pese a la opinión contraria del Departamento de Justicia, recibió una autorización especial del presidente Bush (padre) para residir en Estados Unidos y vive en Miami desde 1990 –, y Luis Posada Carriles – vergonzosamente indultado por la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso – sobre cuyo amplio historial terrorista se abundará más adelante.
Estos dos terroristas de origen cubano habían sido reclutados por la CIA desde 1960 y se les había especializado en sofisticadas técnicas de sabotaje con todo tipo de medios. Ambos integraban entonces la organización CORU, fundada en junio de 1976 por el propio Orlando Bosch, unificando varias organizaciones terroristas. CORU incrementó considerablemente las acciones terroristas no solo contra Cuba, sino también contra otros 24 países de Europa, América Latina y Caribe.
Al tiempo que se continuaron realizando actos terroristas en el territorio cubano, el escenario de algunas de esas actividades se desplazó hacia Estados Unidos, siendo dirigidas contra intereses asentados allí de países que mantenían relaciones y comercio con nuestra nación, contra funcionarios diplomáticos cubanos en la Misión ante las Naciones Unidas, contra instituciones privadas de ese país, contra emigrados cubanos que estaban en desacuerdo con la política terrorista de la mafia anticubana e incluso contra altos funcionarios de gobiernos extranjeros, como fue el asesinato del Canciller del gobierno chileno del presidente Salvador Allende, Orlando Letelier, perpetrado en Washington por terroristas de origen cubano actuando al servicio de los órganos represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet.
El pueblo norteamericano experimentó con horror en su propia casa el terror que sus gobernantes habían desatado contra un pequeño país vecino a partir de 1959.
Las autoridades de Washington –entonces sí–, reaccionaron deteniendo a algunos terroristas o intentando desmantelar ciertos grupos que actuaban de forma independiente y por cuenta propia. Para evadir la acción de las autoridades, muchos grupos utilizaron como ardid la disolución pública, el cambio en sus nombres, la interrupción temporal de sus acciones e incluso, cambiaron la base de sus operaciones hacia otros estados de la Unión.
Las bandas terroristas que respetaron las normas de conducta pública impuestas por las autoridades norteamericanas y mantuvieron su accionar terrorista exclusivamente contra el territorio cubano, han sido toleradas.
Entre algunas de las acciones terroristas llevadas a cabo contra Cuba en el propio territorio de Estados Unidos podrían mencionarse:
• 5 de junio de 1976, la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos, que ocasionó importantes daños materiales;
• año 1977, se produce el asesinato de los emigrados cubanos Carlos Muñiz Varela y José Eulalio Negrín, por sus posiciones favorables al diálogo con Cuba;
• marzo de 1980, se colocó una potente bomba en el auto del Representante Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York;
• 11 de septiembre de 1980, fue asesinado el diplomático Félix García, integrante de la representación cubana ante las Naciones Unidas.
Los sectores más reaccionarios y agresivos de la emigración cubana en Estados Unidos, y particularmente en la Florida, alentaron nuevamente la vía del terrorismo en su guerra contra Cuba en el período final de la administración Bush (padre). Ello motivó la realización – con renovada virulencia y asumiendo nuevas modalidades –, de numerosas acciones terroristas durante los dos mandatos de la administración del Presidente William Clinton.
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) – que contribuye “generosamente” a las campañas políticas de varios legisladores e incluso de presidentes estadounidenses –, asumió la organización y financiamiento de las acciones terroristas contra Cuba a partir de 1992. Al servicio, bajo las órdenes y con el dinero aportado por la FNCA, fueron reclutados en países de Centroamérica varios terroristas, que colocaron bombas en instalaciones turísticas cubanas por el cobro de una recompensa. En 1997, hicieron estallar siete bombas en hoteles e instalaciones turísticas del país. En uno de esos atentados, falleció el joven turista italiano Fabio Di Celmo. El objetivo era claro: arruinar la industria turística cubana, la cual ya se perfilaba como principal rubro económico del país.
Las acciones terroristas contra Cuba no han cesado durante la Administración de George W. Bush. Baste señalar que entre el 6 de agosto del 2002 y el 10 de abril de 2003, ocurrieron otros 11 actos terroristas, en su mayoría secuestros de aeronaves y embarcaciones para dirigirlas a Estados Unidos. En dichas acciones violentas, fueron utilizadas armas blancas, objetos punzantes e incluso armas de fuego, para amenazar y someter a la tripulación y los pasajeros.
Los terroristas juzgados en Cuba han sido sancionados con severas penas, lo cual salvo en contados casos, no ha ocurrido con aquellos de origen cubano que han sido procesados en Estados Unidos.
3.1 El caso Posada Carriles: Crónica de una impunidad anunciada.
A principios de enero de 2006, medios de prensa comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que el más peligroso terrorista del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles, pudiera quedar en libertad por decisión del Gobierno de Estados Unidos. Tales rumores cobraron fuerza a partir de la decisión de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, comunicada a los abogados del terrorista, de que su estatus legal sería revisado el 24 de enero.
Según medios norteamericanos, la comunicación a los abogados señalaba que la valoración del estatus tomaría en cuenta si Posada puede representar un peligro para la comunidad y si en el futuro estaría dispuesto a comparecer periódicamente ante las autoridades.
Unos meses antes, el 26 de septiembre de 2005, el juez de inmigración William L. Abbott había emitido su decisión expedita de deportar a Posada a cualquier país menos a Cuba o a Venezuela, argumentando peligro de tortura para el detenido en ambas naciones, a partir de la manipulación de las exenciones previstas en el Convenio Internacional contra la Tortura. Esto, obviando el hecho de que en ninguno de los dos países existe la práctica de la tortura y que, por el contrario, fue el propio Posada quien se “destacó” como torturador cuando era oficial de la DISIP en la Venezuela de principios de los años setenta.
La ley norteamericana, a la vez que exige que toda orden de deportación contra un indocumentado deba ser ejecutada dentro de un plazo de 90 días, también prohíbe la detención indefinida de aquellos a quienes el gobierno no ha podido deportar. En este caso, los 90 días comenzaron a contarse un mes después de emitida la orden judicial del Juez Abbott, que no fue apelada por el gobierno. Es decir, el 26 de octubre de 2005.
Ya cumplido el plazo de su prisión, en la cual tuvo grandes facilidades y privilegios, la liberación del criminal parecería inminente. Recientemente, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas norteamericana comunicó que se estudia la posibilidad de enviar al terrorista a un tercer país y agregó que mientras se considera esa eventualidad, el proceso al que está sujeto el reo continúa en revisión.
La impunidad se veía venir desde el montaje de El Paso, Texas, cuando se detuvo a Posada como un indocumentado común y no como el criminal terrorista que realmente es.
Como escribiera el reconocido abogado cubano-americano José Pertierra, representante legal del gobierno de Venezuela para la extradición de Luis Posada Carriles, “todo ha seguido un guión previsible para dar visos de legalidad a una acción que intenta todo lo contrario”.
Continúa configurándose así lo que hemos dado en llamar “Crónica de una impunidad anunciada”.
Como se recordará, bajo la creciente presión internacional que generó la denuncia formulada por Cuba, y tras dos meses de silencio cómplice sobre la presencia del terrorista en territorio norteamericano, las autoridades de inmigración estadounidenses detuvieron a Posada Carriles, el 17 de mayo de 2005. Desde entonces, y a pesar de ser un peligroso terrorista perseguido internacionalmente, se ha seguido en su contra un proceso migratorio por entrada ilegal al país, sin que el Gobierno del Presidente Bush se haya planteado seriamente la posibilidad de cumplir con la obligación jurídica de enjuiciarlo por los crímenes cometidos, o extraditarlo a un país en capacidad de hacerlo.
Entre otros numerosos crímenes, Posada Carriles organizó y dirigió la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana de Aviación en el que perecieron 73 personas; ha organizado y coordinado innumerables actos de sabotaje y terrorismo contra Cuba y otros países de la región; y es el autor intelectual de la serie de atentados contra instalaciones turísticas cubanas en 1997, que costara la vida al joven turista italiano Fabio di Celmo. Adiestrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvo siempre estrechos vínculos con los órganos de inteligencia de Estados Unidos y fue financiado por agentes de ese gobierno. Fue además utilizado por la llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, a lo largo de más de cuatro décadas, para tratar de asesinar al Jefe del Estado cubano.
En noviembre del año 2000, Luis Posada Carriles fue detenido en Panamá mientras planificaba un atentado contra el Presidente de la República de Cuba, en ocasión de su presencia en la X Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en el país istmeño. Los planes de Posada y sus cómplices, consistían en colocar una potente carga de explosivo C-4 en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, en el momento en que el Presidente Fidel Castro se reunía con centenares de estudiantes y profesores panameños.
Sin concluir el proceso penal que contra él se seguía, y a pesar de que había sido condenado por un tribunal panameño, fue puesto en libertad por gestiones del actual Presidente de Estados Unidos, mediante indulto suscrito por la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, el 26 de agosto del 2004, junto a sus cómplices -- los también terroristas de origen cubano Pedro Remón Rodríguez, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo --, quienes tras su liberación viajaron a Estados Unidos. Allí fueron recibidos como héroes, y desde entonces se pasean libremente sin que las autoridades hayan hecho algo por impedirlo, aún cuando conocen perfectamente su largo historial delictivo.
Según fuera reportado por el diario “La Estrella de Panamá”, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell y Otto Reich, entonces a cargo de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno del Presidente George W. Bush, le solicitaron a la Presidenta Mireya Moscoso la liberación de los terroristas durante visitas que realizaron a Panamá.
Fue el ex Embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro -- quien mantiene vínculos de larga data con la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana --, el encargado de coordinar con el Gobierno panameño la liberación de estos sujetos. Lo anterior fue corroborado por la llamada telefónica de la ex Presidenta Moscoso a Ferro, inmediatamente después de conceder el indulto a los cuatro encartados en Panamá. En dicha llamada, la Presidenta informó al ex Embajador que había cumplido con la tarea.
Con posterioridad al indulto, y tras haberse movido con documentación falsa por Honduras y otros países de Centroamérica, Posada fue autorizado a ingresar clandestinamente al territorio de Estados Unidos, lo que hizo entre el 18 y el 20 de marzo del 2005, en el yate “Santrina”, conducido por el connotado terrorista Santiago Álvarez, actualmente en prisión por trasiego de armas y gravísimas violaciones de las leyes de seguridad de Estados Unidos.
Desde el principio, la Administración de George W. Bush ha querido amparar y no enjuiciar al terrorista. La actitud protectora del Gobierno norteamericano en cada momento por el que ha transitado el caso Posada Carriles desde su detención en Panamá hasta la actualidad, contrasta con el ensañamiento con que han sido tratados los Cinco cubanos Héroes de la lucha contra el terrorismo que permanecen secuestrados en prisiones norteamericanas. La impunidad extendida al terrorista Posada Carriles, parecería ser el pago de las autoridades norteamericanas a su larga hoja de servicios al Imperio, no sólo en sus agresiones contra Cuba, sino también en la ejecución de otros proyectos de guerra sucia en Centroamérica y otros países latinoamericanos.
El Presidente Bush ha estado más interesado en no enfurecer a la extrema derecha de Miami y mantener en silencio los secretos de Posada Carriles, que en hacer justicia y evitar la impunidad.
A. Un evidente caso de ilegalidad y doble moral.
La impunidad que el Gobierno de Estados Unidos ha estado extendiendo a favor del terrorista Luis Posada Carriles, no es sólo inmoral y políticamente cuestionable; es también, y por sobre todo, ilegal.
Liberar a Posada Carriles constituiría una violación tanto del derecho norteamericano como del derecho internacional. Estados Unidos está obligado a enjuiciarlo o extraditarlo hacia Venezuela, país que ha solicitado su extradición y en el que el terrorista tiene deudas con la justicia .
Entre otras disposiciones legales del derecho norteamericano que podrían mencionarse, la llamada “Ley Patriota” autoriza la detención de un preso que aún no ha sido deportado, si éste representa un peligro para la seguridad nacional del país o ha estado involucrado en actividades terroristas.
En el caso de Posada Carriles, no hay que investigar mucho para concluir que se trata del más peligroso y violento terrorista del hemisferio occidental. Él mismo lo ha reconocido en su libro “Los caminos del Guerrero”, así como en varias entrevistas en las que ha abogado públicamente por la violencia como método para poner fin al sistema económico, social y político escogido libremente por los cubanos. Él ha admitido su participación en varios actos de sabotaje y terrorismo contra Cuba, incluida la voladura del avión de Barbados.
De tal forma, liberar a Posada Carriles en Estados Unidos sería ilegal a los efectos del derecho en ese país.
Por otro lado, el derecho internacional es claro en cuanto a la obligación de Estados Unidos de enjuiciar o extraditar a Posada Carriles. Entre otros instrumentos, es de señalar que resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados sin distinción, consagran la obligación de enjuiciar o extraditar, aplicable en este caso.
Actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad decidió en su resolución 1373 (2001), entre otras cosas, lo siguiente:
- Que todos los Estados “aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos”, (…).
- Exhortar a los Estados a asegurar, de conformidad con el derecho internacional, (…) que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas.
Tres años después, y también bajo el Capítulo VII de la Carta, el Consejo adoptó su resolución 1566 (2004) en la que, entre otras cosas:
- “Instó a todos los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional, cooperen plenamente en la lucha contra el terrorismo, especialmente con aquellos en cuyo territorio o contra cuyos ciudadanos se cometan actos de terrorismo, a fin de encontrar, negar refugio seguro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamiento o la extradición, a quien apoye o facilite la financiación, la planificación, la preparación o la comisión de actos de terrorismo o la provisión de refugio seguro o participe o intente participar en esos actos”.
Asimismo, el Convenio de Montreal para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, en su artículo 7, establece que “El Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio".
No se mencionan aquí otros instrumentos en los que también se acuña el principio internacionalmente reconocido de “enjuiciar o extraditar”, como lo son las varias resoluciones adoptadas por la Asamblea General a lo largo de los años sobre el tema “Medidas para eliminar el terrorismo internacional”.
De tal forma, no enjuiciar a Posada Carriles por sus acciones terroristas, y no extraditarlo hacia Venezuela, constituye una violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno del Presidente Bush.
A pesar de que el derecho norteamericano y el derecho internacional son claros en cuanto a las obligaciones de Estados Unidos en este caso, el Gobierno de ese país carece de la voluntad política necesaria para asumirlas.
Ante esto, la comunidad internacional deberá permanecer alerta y vigilante para evitar que con Posada Carriles suceda lo mismo que con Orlando Bosch Ávila y otros terroristas confesos de origen cubano, responsables del luto de decenas de familias cubanas. Esos terroristas viven libremente en Estados Unidos y se pasean por las calles de Miami.
En el caso de Orlando Bosch, cabe recordar que fue el padre del actual presidente, el Ex Presidente George Herbert Walker Bush, quien le otorgó un perdón presidencial el 19 de julio de 1990, aún en contra de las recomendaciones del FBI y de una decisión anterior del Departamento de Justicia, que conocían su historial terrorista.
Sería muy grave, tanto para las acciones que se realizan en las Naciones Unidas contra el terrorismo, como para la credibilidad del gobierno de Estados Unidos en su autoproclamada "guerra contra el terrorismo", que Washington decidiese acoger a Posada Carriles o que esgrimiera argucias jurídicas para permitir su estancia en Estados Unidos.
Es evidente el doble rasero y la hipocresía cómplice del Gobierno que se autotitula líder de la campaña antiterrorista. En nombre de la "guerra contra el terrorismo" el gobierno de Estados Unidos ha desatado guerras de agresión unilaterales, en violación de la Carta y de los principios del Derecho Internacional, en las que han muerto y siguen muriendo miles de personas, incluidos más de 2000 jóvenes norteamericanos.
El Presidente de Estados Unidos declaró el 26 de agosto de 2003 que "si alguien protege a un terrorista, si alguien apoya a un terrorista, si alguien alimenta a un terrorista, es tan culpable como los terroristas". Evidentemente, esta máxima no se aplica cuando se trata del terrorismo que cercena vidas cubanas.
Premiar a Posada Carriles con la impunidad, mientras se somete a largas e injustas condenas a Cinco Jóvenes cubanos luchadores contra el terrorismo, constituye un acto inmoral y una gran irresponsabilidad. Constituye una afrenta a todas las víctimas del terrorismo en el mundo entero y sus familiares.
Cuba, que ha indicado en varias ocasiones su disposición de cooperar con la aplicación de la justicia mediante el envío de toda la información que posee sobre este terrorista, exhorta a la comunidad internacional a exigir al Gobierno de Estados Unidos el cumplimiento de su obligación de asegurar el enjuiciamiento de este terrorista, en este caso, mediante su extradición hacia Venezuela, país en el cual es prófugo de la justicia desde el año 1985, cuando escapó mientras estaba sometido a juicio por la voladura del avión cubano en Barbados.
El Presidente de la República de Cuba ha hecho serias advertencias sobre las responsabilidades jurídicas en que incurriría el Presidente de Estados Unidos, quien, por su investidura, está obligado a actuar ante casos como éste y a mantener informada a la población norteamericana.
Póngase fin a la impunidad. Cese la ilegalidad y la hipocresía terrorista.
Breve resumen del historial terrorista del criminal de origen cubano Luis Faustino Clemente Posada Carriles
Entre los principales alias empleados para sus actividades aparecen:
Ramón Medina, Ignacio Medina, Juan Ramón Medina, Ramón Medina Rodríguez, José Ramón Medina, Rivas López, Juan José Rivas, Juan José Rivas López, Julio César Dumas, Franco Rodríguez Mena.
Abandonó Cuba el 25 de febrero de 1961, tras introducirse en 1960 en la embajada de Argentina.
Integró el ejército de Estados Unidos, donde recibió entrenamiento militar.
En 1963 ya era sindicado como agente de la CIA, impartiendo entrenamiento en misiones marítimas.
En 1964 se le ubica cerca de Tampa, al frente de un campamento de la denominada Junta Revolucionaria (JURE), donde eran entrenados terroristas de origen cubano. En este lugar recibe preparación, que le brindan especialistas de la CIA, en explosivos y demolición. Por esa fecha, dirigió un team de infiltración de la CIA que realizó diversas acciones contra Cuba.
En el curso de la década de los 60, se vinculó a miembros de organizaciones terroristas como Alpha 66, Comandos L y Movimiento 30 de Noviembre.
A fines de la propia década, se radicó en Venezuela y en 1967 integró la Dirección del Servicio de Inteligencia y Prevención (DISIP) de ese país, donde ocupó el cargo de Jefe de Operaciones y cumplió tareas como enlace con la CIA. Creó más tarde la Agencia de Detectives, Investigaciones Comerciales e Industriales, clausurada cuando se comprobó su participación como coautor en el sabotaje al avión de Cubana de Aviación en Barbados, en 1976, que costó la vida a 73 personas, por lo cual fue acusado y encarcelado.
Permaneció detenido en varios penales venezolanos desde 1976 hasta el 18 de agosto de 1985, cuando se fugó con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y la complicidad de autoridades corruptas.
Se trasladó entonces a El Salvador, donde prestó servicio por un período de alrededor de dos años, en la base militar de llopango, como asesor de la contra nicaragüense.
En febrero de 1990 es herido gravemente en Guatemala. En ese país se desempeñaba como asesor de seguridad de Teléfonos de Guatemala (GUATEL). A raíz del atentado, es apoyado económicamente por el director de la FNCA, Alberto Hernández, quien sufraga algunos de los gastos de hospitalización.
Después de su recuperación, es trasladado a la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, donde es hospedado en un hotel por su amigo, el empresario de origen cubano Rafael Hernández Nodarse.
En la década de los años 90, mantuvo frecuentes contactos con Gaspar Jiménez Escobedo, conocido por "Gasparito", y con otros terroristas, empeñándose en la organización de varios atentados contra el presidente Fidel Castro. Apoyó a organizaciones de Miami en la adquisición de armas en Centroamérica para la ejecución de acciones terroristas contra Cuba.
En esa época, hizo frecuentes viajes por países centroamericanos y en especial, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. En estos países posee estrechas relaciones con militares y empresarios que le brindan apoyo. También ha viajado a Miami, España, República Dominicana, Venezuela y Aruba.
En enero de 1994, participó en la organización de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, financiado por la FNCA, que ejecutarían en Honduras, en ocasión de una eventual visita del jefe de Estado cubano a la toma de posesión del presidente Carlos Roberto Reina. En junio, con similares propósitos, viajó junto a Gaspar Jiménez Escobedo a Colombia.
En junio de 1995, viajó a Costa Rica para perpetrar una acción dinamitera contra un buque cubano; y en diciembre, con Ramón Orozco Crespo, preparó una acción dinamitera contra un objetivo cubano.
En 1995 Posada Carriles, en complicidad con algunos militares hondureños, colocó 41 bombas en Honduras, según denunció en 1997 el doctor Ramón Custodio, dirigente del Comité Hondureño de Derechos Humanos.
En 1997 organizó con el apoyo de la cúpula de la FNCA, la estructura terrorista creada en Centroamérica con el objetivo de ejecutar acciones de esa naturaleza contra Cuba, reclutando mercenarios de la región, lo cual reconoció públicamente a mediados de 1998.
Estuvo también involucrado en 1997, junto al directivo de la FNCA Arnaldo Monzón Plasencia, en los preparativos de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, que sería realizado durante la celebración de la VII Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela. Hizo partícipes de sus proyectos a los contrarrevolucionarios Nelly Rojas, Pedro Morales y Francisco Pimentel, entre otros elementos, quienes aparentemente le brindaron apoyo.
Fue el organizador directo de varios atentados terroristas con el uso de bombas en Cuba. El primero de ellos ocurrió en abril del 97, recurriendo a los servicios de mercenarios reclutados por él, como Chávez Abarca y Otto René Rodríguez Llerena. Se prepararon 14 bombas, de las cuales 8 explotaron, 4 fueron desactivadas sin explotar y 2 fueron ocupadas en el momento de introducirlas en el aeropuerto. Estas bombas ocasionaron un muerto, varios heridos y cuantiosos daños materiales. Fueron atacadas además con explosivos, las oficinas de las empresas cubanas Havanatur en Bahamas y Cubanacán en México.
Participó directamente en la organización de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, durante su visita a República Dominicana en agosto de 1998, en el cual estaban involucrados otros terroristas radicados en Miami.
Ese mismo año planeó hacer estallar un avión de Cubana de Aviación, en ruta de La Habana a Centroamérica.
Posada Carriles continuó en 1999 y el 2000 los preparativos de diversos planes terroristas con similar perfil, dirigidos a afectar la economía cubana y medios e intereses cubanos en el exterior, para lo cual hizo compras de explosivos y otros pertrechos.
En cuanto al atentado preparado para la X Cumbre Iberoamericana, éste fue orientado directamente por Francisco "Pepe" Hernández y Alberto Hernández, en reuniones con Posada Carriles en países centroamericanos.
Para la organización de este plan sostuvo diversas reuniones, entre otras, con los terroristas Gaspar Jiménez y Antonio Iglesias, quienes entregaron dinero procedente de la FNCA para la compra de armas y explosivos.
Entre agosto y octubre del año anterior, Posada Carriles realizó varios viajes por Honduras, Costa Rica y Panamá en función de los preparativos. En Costa Rica, recibió apoyo financiero y facilidades para introducir clandestinamente por tierra hacia Panamá el armamento adquirido.
En Panamá, realizó las exploraciones necesarias para ejecutar el plan.
Durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2000, en la República de Panamá, fue detenido por las autoridades de ese país, junto con Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, por estar involucrado en un plan de atentado contra el presidente de la República de Cuba.
