CAPÍTULO 1: EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESTABLECIDO POR EL PUEBLO CUBANO EN EJERCICIO DE SU SOBERANÍA
El sistema político y electoral cubano
El cuestionamiento al sistema político y electoral cubano constituye uno de los pilares fundamentales de la guerra contra Cuba promovida por Estados Unidos en materia de democracia y derechos humanos.
Para conseguir sus fines, Estados Unidos cuenta con el apoyo de algunos aliados, en su mayoría antiguas metrópolis coloniales también interesadas en imponer a los países subdesarrollados un modelo de organización política que les permita continuar controlándolos y sometiéndolos a su dominación.
Los personeros de Washington pretenden negar legitimidad al ordenamiento sociopolítico establecido por la Constitución de la República de Cuba, fabricando la falsa percepción de un sistema intolerante e inmovilista, que no permite la pluralidad y la participación política.
La manipulación del concepto de democracia por las principales potencias occidentales ha alcanzado magnitudes muy peligrosas. Aquellos que se aparten del modelo único que preconizan, de los patrones y valores que promueven, no sólo son sometidos al cuestionamiento y a la deslegitimación a través de la propaganda y de las instituciones internacionales que controlan, sino que se convierten además en potenciales “blancos” en la aplicación de la agresiva doctrina imperialista de la guerra preventiva.
Desde los grandes centros de poder en el Norte, cuyos recursos e instrumentos de fuerza crecen cada día, merced al injusto orden capitalista y neoliberal vigente, se intenta imponer una visión sesgada, desequilibrada y egoísta de los derechos humanos, minimizando y desconociendo sus aristas económicas, sociales y culturales y negando la existencia misma y la naturaleza colectiva del disfrute de atributos de los pueblos, como la libre determinación, el desarrollo y la paz.
Pretenden establecer como requerimiento de la cooperación internacional la garantía del disfrute individual de determinados derechos civiles y políticos a los que califican como sustantivos (inalienables), en detrimento de una amplia gama de derechos que consideran adjetivos (de desarrollo progresivo, prescindibles, simples aspiraciones de futuro), sin tomar en cuenta que de la realización plena de los últimos depende la erradicación de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, las enfermedades curables y la supervivencia misma de cientos de millones de personas en el mundo.
El motivo para el establecimiento de esta injusta, selectiva y cínica jerarquización de derechos es obvio: si todas las categorías y generaciones de derechos humanos fuesen evaluados con el mismo rigor y en su intrínseca interdependencia, la mayoría de los gobiernos que hoy se arrogan la condición de adalides de su promoción y protección serían inexorablemente identificados como sus peores y más crueles violadores. Los principales centros de poder mundial no sólo han desmontado progresivamente los limitados beneficios sociales que algún día disfrutaron sus sociedades –derivados de los llamados estados de bienestar establecidos para enfrentar el empuje del socialismo durante la llamada Guerra Fría –, sus corporaciones transnacionales son también las principales responsables de la perpetuación de las condiciones de pobreza y subdesarrollo de los pueblos del Sur; sus agresiones imperialistas y bombas “inteligentes” son la causa de decenas de miles de muertes y discapacidad permanente cada año; sus empresas farmacéuticas, amparadas en egoístas títulos de propiedad intelectual, impiden el acceso a vitales medicamentos que requieren cientos de millones de personas de escaso poder adquisitivo.
Desde las propias fuentes del origen y concepción de la llamada democracia liberal burguesa, sustentada en la representación, se le realizaron severas críticas a la misma, a partir del convencimiento de que no era posible un sistema de representación en sociedades basadas en la desigualdad. Se llegó a señalar que solamente sociedades más equitativas podrían tener sistemas de gobierno en que las personas confiaran a otros la representación de sus intereses. Se llegó a afirmar con razón, que donde prevaleciera la desigualdad, todo sistema de gobierno y toda legislación beneficiarían al que tuviera todo, en desmedro del bienestar y el progreso del que nada poseyera.
Uno de los rasgos que han caracterizado la cooperación internacional en los últimos años, ha sido la manipulación con fines políticos de dominación de los conceptos de democracia y derechos humanos por parte de las principales potencias del Norte, para lo que han contado con la complicidad de algunos gobiernos subordinados que les sirven de clientes en sus esquemas de influencia geoestratégica.
Esta realidad contrasta con la letra y el espíritu de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y con el consenso alcanzado en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Viena, en el año 1993.
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en su artículo 1, que es común a ambos, reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural”.
Por su parte, la Declaración y Programa de Acción adoptados en Viena, estableció que: “la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”.
El sistema político cubano es expresión de la voluntad de su pueblo. Es genuinamente auténtico y autóctono, está fundado en las experiencias heredadas de su rica historia de lucha por la igualdad y solidaridad entre los hombres y mujeres, la independencia, la soberanía, la no discriminación, la unidad, la participación, el poder popular y la justicia social.
El pueblo cubano ya conoció en carne propia las nefastas consecuencias del modelo político que le intenta reimponer Estados Unidos. Ya vivió la triste experiencia del sistema “pluripartidista” y “representativo” que le recetó Estados Unidos, y que trajo como consecuencia la dependencia externa, la corrupción, el fraude político y administrativo, el analfabetismo y la pobreza de amplios sectores de la población, la discriminación y el racismo, en resumen, la completa negación de los más elementales derechos individuales y colectivos, incluido el derecho a unas elecciones verdaderamente libres y democráticas. Dicho tipo de sistema en Cuba no sólo procreó gobernantes ladrones y corruptos, sino que gestó tiranías brutales, promovidas y apoyadas directamente por el gobierno de los Estados Unidos.
El país tuvo que enfrascarse en el diseño de un modelo que le permitiera erradicar los males heredados, para lo cual hurgó en sus propias raíces y acudió al pensamiento social, humanista y patriótico de los más preclaros próceres de la nación cubana.
Lo primero que debe subrayarse para explicar el sistema político cubano, es que nuestro modelo no es importado, nunca fue copia del modelo soviético ni del existente en los entonces países socialistas de Europa Oriental, como quieren hacer ver los enemigos de la Revolución.
Con la aprobación en referéndum popular en 1976 de la Constitución socialista – con el voto afirmativo de más del 95% de todos los electores –, se avanzó un importante proceso de institucionalización del país, creándose entre otros, los Órganos del Poder Popular, tales como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado.
En 1992 se llevó a cabo una importante reforma constitucional y del sistema electoral cubano que amplió y profundizó los fundamentos democráticos de nuestro sistema, para posibilitar - entre otras cuestiones- la elección mediante el voto directo y secreto de los Diputados a la Asamblea Nacional y de los delegados a las Asambleas Provinciales, como ya se hacía en el caso de los delegados a las Asambleas Municipales. Las elecciones en Cuba son una confirmación del respaldo de la inmensa mayoría del pueblo cubano a su sistema político.
Características del sistema electoral cubano:
1- Organización periódica, por sufragio universal e igual y por voto secreto de las elecciones.
2- Inscripción universal, de oficio y gratuita en el registro de electores de todos los ciudadanos con derecho al voto, a partir de los 16 años de edad. Previamente a las elecciones se hacen públicas las listas de electores en cada circunscripción electoral.
3- Postulación directa de los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales por los propios electores en asambleas públicas, en las que deben nominarse no menos de 2 y no más de 8 candidatos (en muchos países son las cúpulas de los partidos políticos las que nominan a los candidatos).
4- Las asambleas municipales postulan los candidatos a delegados a las 14 Asambleas Provinciales y a diputados a la Asamblea Nacional, aprobando o rechazando las propuestas de las Comisiones de Candidatura, integradas por los representantes de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, campesinas, de mujeres y otras. Al final, la última palabra la tiene el pueblo, mediante su voto directo y secreto en las urnas.
Para las últimas elecciones generales de enero del 2003, se desarrollaron 860 plenos de esas organizaciones, con una asistencia promedio superior al 87%. Estos realizaron 57.340 propuestas para delegados a las Asambleas provinciales y para diputados a la Asamblea Nacional, que fueron consideradas por las Comisiones de Candidatura.
Se realizaron consultas para las candidaturas a delegados a las Asambleas Provinciales y diputados a la Asamblea Nacional, sobre las propuestas a presidentes y vicepresidentes a las Asambleas Municipales y Provinciales, así como para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y para el resto de los integrantes del Consejo de Estado. En estas consultas en centros de trabajo, de estudio, en el sector cooperativo y campesino, en unidades militares y comunidades, entre otros, participaron 3.068.878 personas.
Se efectuaron también 11.102 encuentros de presentación de los candidatos en centros de trabajo y estudio, unidades militares, comunidades urbanas y rurales, con la participación de 2.161.159 personas.
Como parte del ejercicio democrático, en el proceso de postulaciones de candidatos en las elecciones generales de 2003, fue necesario que las Comisiones de Candidatura en dos municipios del país hicieran nuevas propuestas de sendos candidatos a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Provincial, al no ser aprobadas sus propuestas iniciales por las Asambleas Municipales correspondientes.
5- Inexistencia de campañas electorales, con costos millonarios y con el recurso a la ofensa, la difamación y la manipulación. Todos los candidatos reciben igual tratamiento. La única propaganda aceptada es la publicación oficial de la biografía con los méritos y condiciones de todos los candidatos.
En Cuba no es el dinero, sino el mérito, el prestigio y la capacidad de cada candidato los factores que deciden el voto. En los Estados Unidos, país que se presenta como campeón de la democracia, la elección para un cargo de Senador cuesta no menos de 3 millones de dólares.
6- Total limpieza y transparencia en las elecciones. Las urnas son custodiadas por niños y jóvenes pioneros, se sellan en presencia de la población, y el conteo de los votos se hace de manera pública, pudiendo participar todos los interesados, incluida la prensa nacional y extranjera, diplomáticos, turistas y aquel que así lo desee.
7- Obligación de que todos los elegidos lo sean por mayoría. El candidato sólo es electo si obtiene más del 50% de los votos válidos emitidos. En el caso de los delegados a las Asambleas Municipales, si este resultado no es alcanzado en la primera vuelta, van a la segunda los dos que más votos obtuvieron. En el caso de los delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional, si un candidato no es electo, se debe nominar un nuevo candidato para una segunda vuelta electoral.
8- El voto es libre, directo, y secreto. Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Como no hay lista de partidos, se vota directamente por el candidato que se desee. En los casos de la elección de los delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional se puede votar por uno, por varios, por todos, o por ninguno de los candidatos.
9- Todos los órganos representativos del Poder del Estado son elegidos y renovables.
10- No es requisito ser militante del Partido Comunista de Cuba –que no es un partido electoral– para ser elegido a cargo alguno. De hecho, el 22% de los más de 30 mil candidatos nominados en las últimas elecciones parciales para elegir a los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular no militaban en el Partido Comunista de Cuba. El Partido no postula ni elige candidatos.
En las elecciones para Diputados de enero de 2003, se renovó el 62% de los miembros de la Asamblea Nacional. De los 31 miembros del Consejo de Estado que tienen que ser elegidos por la Asamblea Nacional, 21 fueron reelectos y 10 renovados.
En el caso de las 14 Asambleas Provinciales, en 2003 fueron reelegidos 8 Presidentes y 6 Vicepresidentes y elegidos 6 nuevos Presidentes y 8 Vicepresidentes.
En las 169 Asambleas Municipales, fueron reelegidos en abril de 2005, 132 Presidentes y 86 Vicepresidentes, para un 21,9% y un 49,2% de renovación, respectivamente.
11- Todos los elegidos tienen que rendir cuenta de su actuación a sus electores, quienes ejercen control ciudadano sobre la gestión de sus representantes.
12- Todos los elegidos pueden ser revocados por sus electores en cualquier momento de su mandato. Ningún representante está por encima de la ley ni de sus electores.
13- Los diputados y delegados no son profesionales, por tanto no perciben remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. Sus cargos no entrañan privilegios, sino deberes y responsabilidades.
14- Alta participación del pueblo en las elecciones. En todos los procesos electorales que se han celebrado desde el año 1976, ha participado más del 95% de los electores.
En las elecciones de enero de 2003 para delegados a las Asambleas Provinciales y para Diputados a la Asamblea Nacional, votó un 97,64% de los electores. De los votos emitidos para la elección de Diputados resultó válido el 96,14%, fue anulado el 3% y depositado en blanco solo el 0,86%.
Las elecciones se celebran siempre un domingo –día no laborable–y se instala la cantidad suficiente de Colegios Electorales para facilitar la concurrencia de los electores. El voto no es obligatorio sino un derecho y deber cívico, un acto de conciencia política y ciudadana que demuestra fuerza y unidad de acción política.
15- La integración del Parlamento es representativa de los más disímiles sectores de la sociedad cubana.
De 609 Diputados a la Asamblea Nacional, 219 son mujeres, lo que representa el 35,96%, ocho puntos porcentuales más que en la anterior legislatura; el 99 % son graduados universitarios o de la enseñanza media superior; solo 5 tienen nivel de secundaria básica y uno posee estudios primarios; el 32,84%, es decir 4 puntos porcentuales más que en la anterior Asamblea Nacional, son negros y mestizos y casi una cuarta parte son trabajadores directos de la producción y de los servicios.
16- Se elige un diputado por cada 20 mil habitantes, o fracción mayor de 10 mil. Todos los territorios municipales están representados en la Asamblea Nacional. Cada municipio elige como mínimo a dos diputados, y a partir de esa cifra, se elegirán proporcionalmente tantos diputados como habitantes existan. Hasta el 50 % de los diputados tienen que haber sido elegidos como delegados de las circunscripciones electorales, asegurando por tanto, el haber sido nominado directamente por los propios electores y vivir en el territorio por el que se le postula. Esta circunstancia incorpora a la Asamblea Nacional un profundo componente popular que se expresa directamente en sus debates y en el contenido de sus acuerdos.
17- La Asamblea Nacional elige de entre sus Diputados, al Consejo de Estado y al Presidente del mismo, por voto libre, directo y secreto. El Presidente del Consejo de Estado es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El Jefe de Estado y Gobierno cubano tiene que someterse a dos procesos electorales: primero tiene que ser elegido por más de la mitad de los electores como Diputado de su circunscripción electoral, por el voto libre, directo y secreto, y después, los diputados de la Asamblea Nacional lo eligen también por el voto libre, directo y secreto.
18- Al ser la Asamblea Nacional el Órgano Supremo del Poder del Estado y estarle subordinada a ella las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, el Jefe de Estado y de Gobierno no puede disolverla.
19- La iniciativa legislativa es patrimonio de múltiples actores de la sociedad, no sólo de los diputados, del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, sino también de las organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, sociales y de los propios ciudadanos, requiriéndose en este caso que ejerciten la iniciativa legislativa como mínimo 10.000 ciudadanos que tengan la condición de electores.
20- Las leyes se someten al voto mayoritario de los Diputados. Lo específico del método cubano es que una ley no se lleva a la discusión del plenario de la Asamblea Nacional hasta tanto, mediante consultas reiteradas a los diputados y teniendo en cuenta las propuestas que hayan hecho, quede claramente demostrado que existe el consentimiento mayoritario para su discusión y aprobación.
Cabe destacar que las leyes de mayor trascendencia, aquellas que pueden afectar o les incumben a la población en su conjunto o a los trabajadores y su familia, se consultan y discuten con ellos en fábricas, cooperativas campesinas, escuelas, en los barrios, entidades e instituciones de todo el país, antes de ser analizadas, debatidas y aprobadas en el Parlamento.
En estos procesos los diputados cubanos suelen emplear muchas más horas que las utilizadas por sus colegas en cualquier región del planeta. Cabe explicar, a modo de ejemplo, que cuando la Asamblea Nacional fue a debatir las medidas que necesitaban adoptarse para enfrentar la grave crisis económica generada por la ruptura de los nexos económicos y comerciales con la desaparecida Unión Soviética y otros países ex socialistas de Europa y por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano tras la adopción de la Ley Torricelli, se llevó a cabo previamente un proceso de discusión en fábricas, cooperativas de campesinos y centros estudiantiles que se extendió por cuatro meses y en el que participaron más de tres millones de trabajadores.
¿Pueden ser citadas prácticas como estas en Estados Unidos y otros países que le sirven de cómplices en su política anticubana? Es conocido que muchas de las decisiones que afectan el futuro de los países en el orden económico y social, o la vida personal de las familias, ni siquiera se discuten en los Parlamentos, a veces ni siquiera en reuniones públicas del propio Ejecutivo.
¿Por qué existe un único partido político en Cuba?
La Constitución de la República de Cuba, por elección y decisión soberana de su pueblo, reconoce la existencia de un solo partido político en el país, el Partido Comunista de Cuba (PCC). Este no es un partido político a la usanza tradicional de la llamada democracia liberal burguesa. No es un partido electoral. Por las disposiciones que establece la Ley, y por el hecho mismo de que el PCC no es un Partido electoral, no propone ni elige a ningún candidato, ni participa en los procesos de elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Órgano Supremo de Poder del Estado cubano), de los miembros del Tribunal Supremo Popular, ni del Presidente del Consejo de Estado.
Corresponde al Partido Comunista de Cuba un papel de orientación, supervisión y garante de la democracia participativa y de un desarrollo sostenible con equidad y justicia social en la sociedad socialista cubana.
El Partido – basado en su autoridad moral y la ejemplaridad de sus militantes – desarrolla su labor mediante la persuasión, el convencimiento y en estrecha y permanente vinculación con los ciudadanos. Sus filas las integran destacados obreros, campesinos, intelectuales, artistas, científicos, elegidos por sus méritos personales y compromiso con el bienestar común. Las decisiones que adopta son de obligatorio cumplimiento únicamente para sus militantes. Esta concepción y práctica garantizan que en un sistema donde existe un solo partido, se potencie y prevalezca la más amplia pluralidad de opiniones. El Partido tiene 905 325 militantes.
El Partido Comunista de Cuba es el partido de la unidad e independencia de todo el pueblo cubano. Es el heredero y la continuidad histórica del Partido Revolucionario Cubano, fundado por nuestro Héroe Nacional, José Martí, también como partido único de todos los cubanos para llevar adelante su Revolución.
Aquellos objetivos que dieron origen a dicho Partido: liberar a Cuba, impedir su anexión a Estados Unidos y unir a todos los sectores y fuerzas independentistas en una sola organización política, teniendo en cuenta que la división fue causa fundamental del fracaso en las guerras precedentes por la independencia, son los mismos objetivos que están presentes hoy, cuando el pueblo cubano enfrenta un férreo bloqueo económico, comercial y financiero y otras acciones agresivas de EEUU que tienen como objetivo dividirlo, deponer al gobierno y destruir el sistema instaurado en el país por decisión soberana de todos los cubanos.
El Partido es fruto de la integración y la unión voluntaria de los revolucionarios cubanos de distintas organizaciones que enfrentaron la dictadura y el sistema neocolonial impuesto al pueblo cubano por los Estados Unidos. Distintas fuerzas revolucionarias se agruparon seis años después del triunfo revolucionario de 1959 en el Partido Comunista de Cuba bajo una meta común: la unidad, para hacer posible un proyecto de democracia, solidaridad, independencia y desarrollo de la nación cubana, cuyo objetivo es la construcción del socialismo en Cuba.
El pueblo cubano conoce perfectamente las características del sistema pluripartidista que tanto promueve Estados Unidos; experimentó sus “bondades” durante media centuria. Lo paradójico es que la superpotencia trata de imponer a los demás lo que ella misma no ha realizado. En Estados Unidos existe en la práctica un sistema de partido único, el partido del capital y las transnacionales, que cambiando periódicamente su apariencia, se las ha arreglado para mantenerse en el poder por más de 200 años.
Estados Unidos empujó el aniquilamiento del Partido Revolucionario Cubano e impuso al pueblo cubano en 1902, como herramienta de división y control neocolonial, un sistema político de varios partidos, que sólo sirvió para profundizar la pobreza, la corrupción y la entrega de las riquezas nacionales a los capitales estadounidenses. Esos partidos políticos, fomentados por la metrópoli neocolonial, demostraron su incapacidad y falta de voluntad para enfrentar la sangrienta dictadura batistiana; por el contrario, muchos de ellos recibieron y lucraron con las migajas que les entregaba el brutal dictador.
Al triunfar la Revolución Cubana, una de las primeras demandas populares fue la de poner fin a la politiquería y a la corruptela de los partidos políticos tradicionales. El clamor unánime fue el de Unidad. Los partidos tradicionales existentes se auto disolvieron y sus cúpulas dirigentes abandonaron por decisión propia el país con destino a Miami.
Multipartidismo no es sinónimo de democracia ni la democracia impone como requisito la existencia del multipartidismo. No son pocos los casos donde abundan los partidos políticos y no existe democracia ni participación popular real, donde la abstención es el principal elector. No existe en el Derecho Internacional ni en los principales instrumentos jurídicos y resoluciones consensuadas de la Asamblea General absolutamente ningún postulado que establezca el multipartidismo como requisito para la democracia. Por el contrario, los Pactos de Derechos Humanos prescriben que los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. De igual forma, en la Declaración y Programa de Acción de Viena se precisa que la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural.
El sistema político cubano reconoce, respeta y promueve la más profunda pluralidad de ideas y puntos de vista, garantizando las vías e instancias para el debate. La adopción de decisiones de importancia se realiza sólo cuando se ha alcanzado el más amplio consenso social.
No existen en Cuba cúpulas políticas para designar o nominar a los candidatos. Este proceso tiene en el país una naturaleza profundamente popular y participativa.
En el mundo industrializado y muy especialmente en los países del Sur, son muchos los ciudadanos que cuestionan el modelo de democracia liberal burguesa que se intenta imponer a Cuba. El mismo evidencia signos de una crisis crónica y en varios de ellos, se ha producido un colapso del sistema de partidos políticos tradicionales.
Un estudio realizado en 18 países de América Latina, reveló que el 40 % de los habitantes de la región considera viable la democracia sin partidos políticos. También indicó que el 64,6% de los electores tenía la percepción de que el incumplimiento de las promesas electorales por los gobernantes se debía, a que ellos mentían para ganar las elecciones. Como factor extraterritorial más relevante en el ejercicio real del poder en los países del área, fue mencionado Estados Unidos o la Embajada norteamericana.
Aunque el sistema cubano también tiene un carácter representativo, no se agota en la representación formal, propicia la participación directa de los ciudadanos en las instancias representativas.
Democracia es participación real y cotidiana en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad y no puede existir sin libertad, sin educación y cultura, sin participación popular, sin justicia social, sin bienestar individual y colectivo, sin solidaridad humana.
La sociedad civil cubana
El proceso de profundas transformaciones emprendido por el pueblo cubano desde el triunfo de la Revolución en el año 1959, potenció una sólida, amplia, representativa y pujante participación ciudadana.
La sociedad civil cubana participa plenamente en el proceso de toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés de la nación cubana: su vida política, su desarrollo económico y social, su defensa, la preservación y enriquecimiento de su identidad y desarrollo cultural, sus relaciones exteriores, la distribución de la riqueza y la protección de su patrimonio material e inmaterial, entre otras cuestiones.
A la sociedad civil cubana se han integrado las numerosas organizaciones y asociaciones que han surgido en las últimas cuatro décadas. Las mismas se agregan a las organizaciones que existían antes de 1959 y que no participaron o apoyaron los desmanes y crímenes del régimen dictatorial de Fulgencio Batista, a las que les fueron respetados todos sus derechos y la mayoría de las cuales continúa operando activamente en el país.
La sociedad civil en Cuba está conformada por más de dos mil organizaciones, entre las que destacan las organizaciones sociales y de masas, las organizaciones y asociaciones científicas, técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas y fraternales, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que funcionan en virtud de la Ley de Asociaciones (Ley 54).
Las organizaciones de masas y sociales agrupan a cientos de miles y algunas a millones de miembros y por su importancia, son reconocidas incluso en el texto de la Constitución cubana, en particular, en su Artículo 7. Por su amplia membresía, representatividad y capacidad de movilización, el sistema político cubano garantiza a estas Organizaciones No Gubernamentales amplios poderes y capacidad propositiva, de consulta y opinión, e incluso de decisión, en el ejercicio de la democracia participativa instituida por el orden constitucional vigente. Estas organizaciones son:
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fundados en 1960 y que tienen más de 8 millones de miembros. Integran voluntariamente esta organización los vecinos mayores de 14 años. Dentro de sus tareas sociales, además de asegurar la cooperación contra el terrorismo y el delito, la organización promueve la atención a los jóvenes, las donaciones de sangre, la recuperación de desechos reciclables, etc.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), creada en 1961 e integrada por 327.132 campesinos independientes o asociados en cooperativas, propietarios de sus tierras en virtud de la Ley de Reforma Agraria, organiza y orienta al campesinado cubano para su participación en la transformación social y económica del medio rural; en la ejecución del programa agrario; en el impulso a la producción agropecuaria, y en el incremento sostenido de su aporte a la alimentación de la población y la agroindustria nacional.
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización creada en 1960 tras la fusión de un grupo de organizaciones femeninas, agrupa a 4.037.155 afiliadas mayores de 14 años y desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, entre otros aspectos.
La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), organización de masas que representa los intereses y hace valer los derechos ya ganados del estudiantado, agrupa a más de 196.000 estudiantes universitarios.
La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) es la organización nacional de los estudiantes adolescentes cubanos, que tiene entre sus principales objetivos velar por los derechos y deberes de los estudiantes. Además, los representa y canaliza sus inquietudes ante las instituciones docentes, organismos del Estado, gobierno y hacia el exterior. Fue fundada el 6 de diciembre de 1970 y agrupa a más de 628.000 afiliados.
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que agrupa alrededor de 3 millones de trabajadores, es hereda de las mejores tradiciones de lucha y combate de los trabajadores cubanos desde la fundación de la nación cubana.
En su Artículo 103, la Carta Magna cubana establece que los órganos de gobierno territorial actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales. Estas tienen reconocida constitucionalmente su capacidad de iniciativa legislativa.
Más allá de lo antes expuesto, debe señalarse que la última reforma constitucional, que tuvo lugar en el año 2002, declaró el carácter irrevocable del sistema político y social socialista y prohibió negociar acuerdos bajo agresión, amenaza, o coerción de una potencia extranjera. La misma fue promovida por una solicitud conjunta de varias organizaciones sociales y de masas y fue respaldada por la firma voluntaria de más de 8 millones de ciudadanos registrados como electores, es decir, más del 98% del electorado cubano.
En virtud de la Ley Electoral, las comisiones que proponen los candidatos a integrar las Asambleas Municipales, Provinciales y la Asamblea Nacional del Poder Popular se integran por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria y de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, designados —según el caso—, por las direcciones municipales, provinciales y nacionales de esas organizaciones.
Entre las organizaciones sociales y de masas aparecen algunas de larga trayectoria, como la Central de Trabajadores de Cuba (creada en 1939 y que agrupa a 19 sindicatos) y la Federación Estudiantil Universitaria (fundada en 1922). Otras surgieron al calor del triunfo revolucionario y por la necesidad de brindar a amplios sectores de la población la posibilidad de convertirse en actores directos del proceso de cambios. Ese fue el caso de la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba.
Como se expresara, existe otro tipo de asociaciones u Organizaciones No Gubernamentales en Cuba, con una membresía por lo general más pequeña y cuyos integrantes se agrupan por intereses en distintos campos de la vida social. Entre ellas tenemos las culinarias, médicas, de técnicos azucareros, de arquitectos e ingenieros, de técnicos agrícolas y forestales, medio ambientalistas, de filósofos, historiadores y profesionales de las ciencias sociales y políticas, de protección de la naturaleza, de miembros o descendientes de diferentes nacionalidades, etc.
Actualmente existen en Cuba 2.222 asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales de este tipo, de ellas 1.106 fraternales, 181 científicas, 135 de amistad, 68 culturales, 397 deportivas y 335 de interés social.
Estas organizaciones o asociaciones operan en virtud de la Ley No. 54 de 1985, Ley de Asociaciones y su Reglamento, que establece los requisitos para su creación, registro y funcionamiento.
Las obligaciones planteadas por la Ley de Asociaciones para el registro de Organizaciones No Gubernamentales en Cuba son las mismas que existen en la mayoría de los países del mundo: deben tener un fin no lucrativo; sus finanzas deben ser transparentes y estar disponibles a la auditoría de la entidad gubernamental de vínculo; deben tener un número mínimo de 30 miembros; sus actividades no deben resultar lesivas al bienestar público o al de otros individuos y entidades privadas; deben respetar el orden constitucional y la legalidad y no deben oponerse a los principios de humanismo, independencia, solidaridad, no discriminación, equidad y justicia social que rigen a la sociedad cubana.
Uno de los requisitos esenciales para la integración de todas las organizaciones de la sociedad civil cubana, incluidas las sociales y de masas, es la afiliación voluntaria de sus miembros.
Otra de sus características distintivas es su estructura y normas de funcionamiento democráticas. Todos sus dirigentes en las distintas instancias están sujetos a elección. Celebran reuniones de afiliados periódicamente, que permiten debatir y tomar decisiones sobre cualquier cuestión de interés para la organización. La mayoría tienen previsto en sus actas constitutivas o estatutos la celebración periódica de Asambleas de sus miembros en los niveles de base, municipal y provincial, así como Congresos, a nivel nacional.
Estos tienen por fines la elección democrática por voto directo y secreto de sus dirigentes, la rendición de cuenta de estos y la evaluación del trabajo de la organización en el período de mandato precedente, así como la discusión, formulación y aprobación de sus programas, tareas y planes de acción para el período siguiente.
Las falsas alegaciones de Washington acerca de la inexistencia de una sociedad civil independiente en Cuba no resisten el debate. El propio Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), ha conferido la entidad consultiva a más de una decena de Organizaciones No Gubernamentales cubanas, las cuales contribuyen regularmente a los trabajos de sus órganos subsidiarios.
Los requisitos y la información para el registro legal y el escrutinio de las Organizaciones No Gubernamentales cubanas son coherentes con los que exige el Comité de Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC, en virtud de la Resolución 1996/31 del Consejo, para el otorgamiento de la entidad consultiva y el seguimiento de las actividades de las ONGs.
Entre las Organizaciones No Gubernamentales cubanas con categoría consultiva pueden ser citadas: Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Centro de Estudios Europeos (CEE), Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), Sociedad Cultural José Martí, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (MOPAZ), Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Centro Félix Varela y Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía (CEAO).
Existen otras organizaciones internacionales con sede en La Habana que también han recibido la entidad consultiva del Consejo, entre ellas: Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), Asociación Médica del Caribe (AMECA) y la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE).
La independencia en el funcionamiento de las ONGs cubanas está garantizada por Ley. El gobierno cubano no interfiere en modo alguno su funcionamiento; tampoco financia sus gastos administrativos. El gobierno solo apoya financieramente determinados proyectos que éstas ejecutan de interés social y comunitario. Ellas también participan en la canalización y ejecución de una parte importante de la ayuda financiera que recibe el país como asistencia extranjera al desarrollo.
Por otra parte, Cuba tiene relaciones y contactos sistemáticos de cooperación con más de 286 ONGs de 22 países, de ellas 84 de América del Norte y 202 de Europa. Al menos 168 ONGs de varios países ejecutan acciones de cooperación y decenas de cooperantes extranjeros residen de forma temporal en nuestro país en el marco de proyectos de cooperación.
Todas las Organizaciones No Gubernamentales en Cuba tienen personalidad jurídica, así como patrimonio propio. La legislación establece que su patrimonio se integra a partir de las cuotas de contribución de los asociados, donativos y otros ingresos económicos autorizados, como la venta de publicaciones, la organización de eventos, etc.
El gobierno recibe de las organizaciones de la sociedad civil cubana apoyo, pero también opiniones, propuestas y críticas, que no siempre son favorables a los proyectos, medidas y acciones diseñadas y concebidas por las entidades gubernamentales.
Sin embargo, esas organizaciones no necesitan recurrir a la confrontación para alcanzar sus objetivos; el gobierno, en todos los niveles, las consulta permanentemente y respeta sus amplias potestades como partícipes en la formulación y decisión de políticas y programas. Esta divisa ha sido aplicada incluso, en momentos y sobre asuntos tan complejos, como la adopción y aplicación de las medidas de reestructuración económica que el país se vio obligado a asumir para enfrentar la crisis económica de los 90’ derivada de la pérdida de las relaciones económicas que existían con el desaparecido campo socialista en Europa.
La sociedad civil en Cuba existe como complemento y no en contraposición al Estado; este último institucionaliza y representa el poder de las amplias mayorías del pueblo cubano: de los obreros, campesinos, y todos los trabajadores, intelectuales, artistas e investigadores en los ámbitos de la educación, la salud, la ciencia y los servicios, entre otros.
Esta relación de armonía y respeto mutuo no favorece los intereses de Estados Unidos, que necesita para alcanzar los objetivos de su política imperialista promover la división y desintegración de la sociedad cubana. Sin embargo, ¿dónde está escrito o se ha consensuado el criterio de que las organizaciones de la sociedad civil para ser independientes deben confrontar u oponerse al gobierno de su país? Ello puede resultar imprescindible, eso sí, en el caso de sociedades plutocráticas como la estadounidense, pero no en el marco de una democracia genuinamente popular y participativa como la cubana.
El ejercicio de derecho de sindicación
En Cuba, la legislación vigente y la práctica cotidiana en todos los centros de actividad laboral en el país, garantizan el pleno ejercicio de la actividad sindical y el más amplio disfrute del derecho de sindicación. Lo anterior queda corroborado en la existencia de 19 sindicatos nacionales sectoriales con sus estructuras municipales y provinciales en 169 municipios y 14 provincias del país, que reúnen a 79.119 secciones sindicales o sindicatos de base, en los que han sido electos por votación secreta y directa 583.771 dirigentes.
La existencia en Cuba de una central sindical unitaria, que reúne a los 19 sindicatos nacionales, no ha sido una imposición del gobierno, ni responde a disposición alguna que no sea la voluntad soberana de los trabajadores cubanos. La lucha por la unidad del movimiento sindical en Cuba tiene una profunda y larga tradición. Fue en 1938 -mucho antes del triunfo de la Revolución Cubana–, que se constituyó, por libre y propia decisión de los trabajadores cubanos de la época, la Confederación de Trabajadores de Cuba, que se convirtió al año siguiente en Central de Trabajadores de Cuba.
La unidad del movimiento obrero en Cuba ha sido decisiva en el éxito de su lucha y reivindicaciones y en la defensa de su actual ejercicio del poder.
La dictadura sangrienta de Fulgencio Batista (1952-1958), estableció como una de las prioridades de su régimen tiránico, la destrucción de la unidad del movimiento sindical alcanzada con la Central de Trabajadores de Cuba. Sin embargo, nunca tuvo éxito. A pesar de la creación artificial de sindicatos amarillos dirigidos por delincuentes pagados por el tirano y las empresas de la metrópoli neocolonial, los trabajadores cubanos nunca se dejaron engañar y permanecieron unidos en su central única.
Ni el Código de Trabajo vigente en Cuba, ni la legislación complementaria, establecen restricciones para la creación de sindicatos. Todos los trabajadores cubanos tienen el derecho de afiliarse libremente y de constituir organizaciones sindicales, sin necesidad de autorización previa.
En nuestro país todos los sindicatos y la Central de Trabajadores de Cuba llevan adelante sus actividades y programas con total independencia. Los sindicatos redactan y aprueban sus estatutos y reglamentos, adoptan la estructura de sus organizaciones, sus métodos y estilos de trabajo propios.
Los trabajadores afiliados a cada sindicato, proponen y eligen a sus dirigentes en los distintos niveles, desde las asambleas de trabajadores en la base, hasta los respectivos congresos que celebran periódicamente, con absoluto respeto a la más estricta democracia sindical. Los representantes sindicales democráticamente elegidos por los trabajadores, participan con amplias potestades en los Consejos de Dirección donde se toman las decisiones que los afectan, tanto en los niveles básicos empresariales, como en los propios organismos e instituciones de la Administración Central del Estado.
El Código de Trabajo establece las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la actividad sindical en todos los centros de trabajo del país y para la más amplia participación de los trabajadores y sus representantes en el proceso de adopción de todas las decisiones que atañen a sus más variados intereses.
Un objetivo prioritario de los trabajadores de todo el mundo, como el del pleno empleo, se ha hecho realidad para los cubanos desde 2004 (menos de 2% en la tasa de desempleo, una de las más bajas del mundo).
Los medios de difusión y la prensa
Cuba concede la mayor importancia no sólo a la protección sino a la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que tienen rango constitucional y han sido desarrollados en su ordenamiento jurídico.
La Revolución cubana desde sus primeros días, incorporó como una de las prioridades en el desarrollo de sus políticas y programas, la superación de los obstáculos estructurales e institucionales al pleno disfrute de este derecho en el país. Una de las primeras acciones revolucionarias fue la erradicación del analfabetismo. Por otra parte, se propició y estimuló el desarrollo de numerosas organizaciones populares y sociales, que han demostrado su eficacia en el libre flujo e intercambio de ideas.
Las transformaciones revolucionarias permitieron al pueblo cubano tomar en sus manos el control de los medios de información y comunicaciones, al llevarse a cabo la nacionalización de los mismos. Todos los cubanos tienen garantizado un acceso amplio a la información más diversa. A pesar de las limitaciones de recursos y oportunidades de acceso que impone el bloqueo de Estados Unidos, son numerosos los medios de difusión masiva y de prensa al servicio del pueblo cubano, los que tienen una clara función pública en el país.
Están prohibidos por ley los monopolios privados, nacionales o transnacionales, de la información y las comunicaciones. No se permite el uso de estos medios para la propaganda comercial o la incitación al odio racial, la pornografía, la incitación a la violencia y otros tantos males que aquejan a estos medios en el mundo actual.
Los cubanos tienen la posibilidad tanto de recibir, como de ser sujetos en la elaboración de la programación y el contenido que se transmite por los medios de difusión masiva y la prensa, lo que garantiza la más amplia pluralidad. Estos medios son utilizados para propiciar el debate y la crítica ciudadana, para diseminar información y para educar a los niños y jóvenes en un espíritu de justicia social, libertad, igualdad y solidaridad humana.
Sin embargo, no puede obviarse una realidad que afecta a Cuba, país sometido a una política de hostilidad y guerra no declarada por una potencia extranjera. Bajo estas condiciones, la desinformación y la manipulación de noticias se convierten en herramientas de agresión. El escrutinio de la legitimidad de la fuente y la veracidad de la información se transforma en una necesidad de seguridad nacional. La sanción a los responsables de acciones de propaganda enemiga deviene perentorio recurso de legítima defensa.
En el modelo de sociedades neoliberales que se pretende imponer a todos los pueblos del mundo, el acceso a los medios de información y comunicaciones, y la divulgación de opiniones, quedan supeditados a los recursos económicos del particular o grupo de particulares interesados en ejercer ese derecho.
El modelo cubano de desarrollo tiene como premisa esencial el acceso universal a los servicios sociales básicos y de satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos, entre ellos los servicios de información y comunicaciones. En Cuba las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen bienes al servicio de todo el pueblo. El entrenamiento y la capacitación en su uso son gratuitos. Su explotación y el acceso a sus servicios, se rigen por claras políticas y se benefician de programas dirigidos a potenciar su uso por todos los cubanos y cubanas.
Las prioridades en cuanto a la conexión a esos servicios, incluido Internet, están determinadas por la máxima de que los escasos recursos disponibles deben beneficiar al mayor número posible de individuos. Es por ello que se facilita y prioriza el acceso a través de puntos de interés social y comunitario, tales como escuelas, universidades, centros hospitalarios y de salud, bibliotecas, centros de investigación, unidades de la administración local, provincial y nacional, centros culturales y de arte. En el orden individual, se privilegia en la distribución de las capacidades de conexión a médicos, intelectuales, investigadores y académicos, entre otros.
Se extiende el empleo masivo de equipos de computación para impartir conocimientos a adultos, adolescentes y niños desde la enseñanza pre-escolar. Una experiencia importante en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones son los Joven Club de Computación y Electrónica que en sus 18 años de trabajo han preparado a más de 770.000 cubanos, fundamentalmente niños y jóvenes.
El país contaba al cierre del primer semestre de 2005 con 335.000 computadoras, que equivalen a 2,98 PC por cada 100 habitantes, dos terceras partes de las cuales están conectadas en red. Se pronostica un incremento en 100.000 nuevas computadoras cada año. Existen 1.315 dominios - solo en la extensión .cu -, 1.500 sitios en Internet, más de 790.000 cuentas de correo electrónico y 150.000 usuarios de Internet.
Cientos de miles de personas acceden en Cuba a Internet, y cada día serán más las que lo hagan, según las condiciones económicas del país lo permitan. Solo a través de INFOMED, el servicio de Internet de la Salud Pública, acceden personalmente cerca de 30.000 profesionales, médicos y paramédicos. En la Educación Superior prácticamente todos los profesores y la gran mayoría de los estudiantes se comunican con Internet (por cada 12 estudiantes está instalada como promedio una computadora), con restricciones vinculadas solo al tiempo de máquina disponible y a las velocidades que permiten nuestras redes.
De igual forma, toda la prensa, nacional y local, está disponible en Internet. Varias estaciones de radio transmiten en Internet en tiempo real, y Cubavisión Internacional ha establecido también sus transmisiones a través de la red. El país cuenta con 136 medios de comunicación en Internet.
En las condiciones de un país en desarrollo bloqueado, y ante la imposibilidad de destinar mayores recursos al desarrollo de la televisión, la radiodifusión sigue desempeñando un papel vital en la participación ciudadana en el país. En 2005 existían 86 emisoras radiales que transmiten básicamente en onda media y frecuencia modulada. De ellas 6 son de cobertura nacional, 17 provinciales y 63 municipales y comunitarias, a las que se añadía 1 con transmisiones internacionales en onda corta.
Son 4 los canales nacionales de televisión. Existen 15 centros de televisión provinciales, entre ellos uno en el Municipio Especial de la Isla de la Juventud y un telecentro para la población que vive en las montañas y serranías.
La programación televisiva incluye documentales, telenovelas, seriados, filmes y materiales educativos, científicos e informativos de factura extranjera. Aproximadamente el 20% de la programación que se televisa no es producida en Cuba.
Tuvo especial impacto en el incremento de las vías para el libre flujo de información y opiniones la puesta en funcionamiento de dos canales televisivos dedicados esencialmente a la educación, que logran una cobertura de más del 85% de la población y que transmiten entre 15 y 20 horas diarias como promedio. Estas transmisiones representan el 62,7% del total de las realizadas por la Televisión Nacional. Cuba emite hacia el mundo las señales de Cubavisión Internacional.
En cuanto a los diarios y publicaciones seriadas, en 2005 existía un total de 598 publicaciones en el país. Destacan entre ellas 27 periódicos, de los cuales 3 son de alcance nacional (entre ellos el periódico de los sindicatos “Trabajadores” y el de los jóvenes “Juventud Rebelde”), 14 provinciales y 9 territoriales, así como uno internacional.
Entre el resto de las publicaciones seriadas, principalmente revistas, 80 se agrupan bajo la temática de la Cultura Artística y Literaria –Artes y Letras, Artes Escénicas, Música, Artes Visuales, Cine, Promoción e Información Cultural, Humorismo e Historietas, y para Jóvenes y Niños-; 29 se refieren a la Medicina y Salud Pública; 63 a las Ciencias Aplicadas y la Tecnología –Agroindustria Azucarera, Ciencias Agrícola y Animal, Industria y Transporte, Arquitectura, Construcción y Urbanismo, Tecnologías en General, Normalización, Marcas y Patentes, Multidisciplinarias de Ciencia y Técnica-; 21 a las Ciencias Naturales y Exactas –Biología y Biotecnología, Matemática, Física y Química, Ciencias de la Tierra y del Espacio-; 73 a las Ciencias Sociales –Multidisciplinarias de Ciencias Sociales, Ciencias de la Información, Derecho y Leyes, Economía, Finanzas y Negocios, Educación y Pedagogía, Países y Regiones.
Otras publicaciones seriadas incluyen 23 pertenecientes a instituciones religiosas y 7 a instituciones fraternales, 11 a entidades privadas, 9 a organizaciones sociales y de masas y 63 a otras organizaciones no gubernamentales, así como 17 a las organizaciones políticas.
Destacan 98 publicaciones seriadas que, además de aparecer en formato plano, lo hacen en versión digital, mientras 141 lo hacen sólo en formato digital.
Con tanta variedad de editores, productores, periodistas y reporteros, con tantas posibilidades y garantías para la participación directa de los ciudadanos en la programación y transmisiones de los medios públicos de difusión, con un número tan significativo para un pequeño país de emisoras radiales, sitios de Internet, revistas y periódicos, ¿quién podría sostener seria y objetivamente el criterio de que en Cuba no existe pluralidad en los medios de difusión y prensa? Y por cierto, si no existen más, es básicamente por las limitaciones de papel y en la capacidad de emisiones radiales y televisivas a consecuencia del subdesarrollo y el bloqueo estadounidense.
El derecho de petición y la defensa de los derechos humanos frente a eventuales actos violatorios
En virtud del artículo 63 de la Ley Fundamental de la República, todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, a recibir atención o respuesta pertinentes en un plazo adecuado, conforme a la ley.
Estos enunciados tienen su corolario en la legislación de la Administración Central del Estado que recoge y desarrolla este derecho, estableciendo las formas y procedimientos que los organismos que la integran deben seguir para responder los planteamientos que reciban de la población directamente, o los que esta les haga llegar por intermedio de sus representantes elegidos.
Cada cubano o cubana o sus representantes pueden presentar quejas o denuncias de violaciones a sus derechos y exigir respuesta de instancias tales como:
• Fiscalía General de la República y en particular, su Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos. La Fiscalía, mediante el artículo 8, inciso c), de la Ley No. 83 de 1997, recibió la encomienda de atender las reclamaciones que presentaran los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y se le atribuyó por el artículo 24 de la propia Ley, en su inciso 2), la de disponer mediante resolución emitida por el fiscal, que se restableciera la legalidad.
• Organizaciones Sociales y de Masas.
• Policía Nacional Revolucionaria y en particular, sus mecanismos de atención a la población.
• Entidades de atención a la población en la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado.
• Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y Consejos de la Administración Municipales y Provinciales, así como las propias estructuras permanentes de la Asamblea Nacional.
• Consejo de Estado
• Comités Municipales, Provinciales y Central del Partido Comunista de Cuba.
En Cuba existen las garantías jurídicas para que cualquier persona - sea ciudadano cubano o sea extranjero - pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales o las autoridades facultadas, para exigir la defensa ante actos violatorios de estos derechos.
El acceso a la justicia en Cuba es gratuito y en aquellos casos en que se requiere la representación o asistencia de un abogado puede accederse a cualquier jurista, por muy renombrado que sea, por una cuota previa oficialmente establecida, que se encuentra al alcance de cualquier ciudadano promedio del país. La justicia se imparte con celeridad, en contraste con otros países en los cuales cualquier proceso, ya sea civil, penal o de otra materia, demora largos años. El sistema cubano ofrece un veredicto de primera instancia normalmente en cuestión de meses.
La igualdad de los ciudadanos ante la Ley y la aplicación uniforme de esta por los jueces impiden prácticas que son comunes en otras latitudes del mundo, y en particular en Estados Unidos de América, donde las fuerzas económicas provocan desbalances que conducen al soborno y a la desigualdad en el momento de impartir justicia.
El profundo respeto a la dignidad humana, el sentido humanista y solidario de la sociedad, y el principio de igualdad, guían la administración de justicia en Cuba.
Los jueces cubanos son independientes en su función de impartir justicia y no deben obediencia más que a la Ley. Mienten quienes alegan que los tribunales cubanos carecen de independencia al momento de dictar sus decisiones. Los jueces profesionales son elegidos por tiempo indefinido y solo pueden ser revocados por aquellas causales previstas en la Ley, lo cual coadyuva a la autonomía e independencia del ejercicio de sus funciones.
En Cuba se ha hecho realidad la premisa de que un pueblo culto, preparado e instruido jamás podrá ser sometido a la opresión y hará valer su plena y absoluta independencia y libertad.
El pueblo cubano sigue adelante con un proceso revolucionario de permanentes transformaciones para la profundización de la democracia y la participación popular. Los cambios han sido y seguirán siendo muchos; todos sin embargo, en el marco del orden constitucional socialista cuya irrevocabilidad ha decidido una abrumadora mayoría del pueblo cubano. No se pretende demostrar unanimidad; por el contrario, existe una amplia y variada diversidad de opiniones y vías para canalizarlas.
Sólo con un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con una democracia permanente, verdadera y participativa, ha podido la nación cubana resistir los desafíos, amenazas y agresiones llevadas a cabo por sucesivas administraciones de Estados Unidos contra Cuba, incluido un genocida bloqueo que se ha prolongado por más de cuatro décadas.
