CAPÍTULO 7: EL PLENO EMPLEO Y LA GARANTÍA DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS LOS CUBANOS Y CUBANAS
Las transformaciones socio-económicas emprendidas por la Revolución a partir de 1959, permitieron diseñar y aplicar una estrategia de desarrollo que armoniza el crecimiento económico con las políticas sociales. En materia de empleo, ha estado dirigida desde el primer momento a procurar un empleo remunerado a cada ciudadano apto para trabajar sin distinciones de edad, raza, sexo, nacionalidad creencia religiosa o ideología política y a eliminar los altos índices de desempleo y subempleo heredados del régimen de dominación neocolonial que sufrió la Isla por más de medio siglo.
La política laboral, la asistencia y la seguridad social ocupan un lugar cimero entre las conquistas de la Revolución, pues contrastan notoriamente con el panorama del país antes de 1959. Al concluir la década de los años cincuenta del siglo XX, existían 600 mil cubanos sin trabajo; 500 mil obreros del campo que trabajaban 4 meses al año y pasaban hambre el resto; 400 mil obreros industriales y braceros cuyos retiros habían sido desfalcados por los gobernantes de turnos y administradores corruptos, y 10 mil profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, entre otros, que se graduaban sin esperanza de encontrar empleo.
La política de empleo desarrollada a partir del triunfo revolucionario se propuso revertir radicalmente tal situación, incorporando a las grandes masas al desarrollo económico y social de la nación, mediante la creación de puestos de trabajo con ingresos decorosos. Desde sus inicios, la Revolución erradicó el tiempo muerto para los trabajadores azucareros; el trabajo doméstico esclavizado; la tragedia de 10 mil aulas sin maestros; el desamparo sanitario de las zonas rurales; las cajas de seguro social desfalcadas; y en general, la desprotección social de los trabajadores y sus familias.
Con el arribo del pueblo al poder, se produjo una sustancial reducción de la desocupación dado el fomento de programas agropecuarios, industriales, constructivos, de salud, educación, deporte, entre otros, que iniciaron la transformación de toda la geografía cubana. La década de los años ochenta, en particular, representó un período de extraordinario auge en la creación de capacidades de empleo, como resultado del amplio proceso inversionista llevado a cabo en el país.
En la etapa conocida como Período Especial, signada por la pérdida de los principales socios comerciales de Cuba, la caída del 34,8% del PIB entre 1989 y 1993, el abrupto declive en un 78 % de la capacidad exportadora y el brutal recrudecimiento del bloqueo, incluyendo la adopción de las leyes Torricelli y Helms-Burton, se agravó en modo significativo el desequilibrio financiero interno, el desestímulo al trabajo y la disminución de la eficiencia, llegando a registrarse en 1995 un índice de 8,3% de desempleo.
Aún en esas difíciles condiciones, la Revolución mantuvo su inalterable principio de que ningún trabajador quedara desamparado, ni ningún jubilado o asistido dejara de percibir su pensión mensual, ni nadie fuera abandonado a su suerte.
A partir de la recuperación económica que se inicia en la segunda mitad de los años noventa –no existen precedentes de que en tan breve plazo de tiempo un país alguno haya sido capaz de superar una crisis económica tan profunda en condiciones tan adversas y hostiles–, la política de empleo se orientó a: disminuir la desocupación, incrementar la estimulación laboral y contribuir al logro de una mayor eficiencia, mediante la aplicación de programas territoriales; la redistribución de la fuerza de trabajo excedente; la protección de los ingresos de los trabajadores y de los grupos vulnerables; la garantía de empleo a los egresados de la enseñanza superior; la priorización de la creación de empleos para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y graduados de la enseñanza técnico profesional; así como la ampliación de la actividad económica por cuenta propia y del sector cooperativo.
El Estado continuó generando miles de nuevos puestos de trabajo en sectores productivos y de servicios vitales, como la educación, la salud, la cultura, el turismo, la construcción, la industria sidero-mecánica y la agricultura, entre tantos otros.
Cuba alcanzó la condición de país con pleno empleo según los conceptos e indicadores de los organismos internacionales, al registrar una tasa del 2.3% en el 2004. Dicha condición se mantuvo durante todo el año 2005, registrándose al cierre del mismo una tasa de 1.9%, lo cual sitúa a Cuba entre los países con más bajas niveles de desempleo a nivel mundial.
Haciendo un breve bosquejo del comportamiento de éste indicador a nivel mundial podemos observar que países con gran desarrollo económico como Estados Unidos (5%), Reino Unidos (4.9%), España, (8.4%) mantienen niveles de desempleo muy superiores a nuestro país.
Sin embargo, ese extraordinario éxito en términos de guarismos, es motivo aún de profunda insatisfacción, pues refleja la persistencia de personas desocupadas.
La piedra angular de la política laboral cubana lo constituye el principio de que en el Socialismo el hombre no puede sobrar y que la categoría de desempleado tiene que desaparecer. Un hombre no puede sobrar y la sociedad donde el hombre sobre no es justa, no resiste un análisis ético y, por tanto, está condenada desde el punto de vista del respeto y realización plena de los derechos y valores humanos.
Esta estrategia se concibe, más que para reducir una tasa, para propiciar la participación de todas las personas que quieran y estén aptas para emplearse.
En Cuba, el empleo, y en particular el empleo juvenil, constituyen una prioridad estratégica. A partir de la recuperación económica y, especialmente, como parte de la batalla en el terreno de las ideas que libra nuestro pueblo, se ha fortalecido la política de empleo, con un impacto muy positivo en el aumento de la calidad de vida de los cubanos.
En este contexto, surgieron los nuevos Programas Sociales, que ya suman 200 , algunos de los cuales consagran la revolucionaria concepción del estudio como forma de empleo, entre ellos, el Curso de Superación Integral para Jóvenes (CSIJ), al cual se han incorporado más de 194 200 jóvenes, de los cuales más de 47 mil han ingresado a las aulas universitarias.
Como resultado de éstos programas sociales, se han incorporado a la vida laboral en sus nuevos empleos: alrededor de 28 326 trabajadores sociales; más de 13,000 profesores de computación; más de 8,000 maestros primarios; 1,053 profesores de educación física; 4570 enfermeros; 3191 tecnólogos de la salud; 2408 operadores de las nuevas salas de televisión y video creadas en barrios y comunidades, así como decenas de miles de servicios de alta sensibilidad social y humana.
Asimismo se han incorporado a la actividad laboral a miles de personas con discapacidad, a través de un programa de empleo dirigido a ellos. Se han creado decenas de Centros de Formación Sociolaboral en el país, para el desarrollo de conocimientos y habilidades de trabajo de estas personas, en particular, de aquellos afectados por retraso mental ligero y moderado.
Con respecto al empleo femenino, Cuba ejecuta un Plan de Acción Nacional como parte del seguimiento a los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), que traduce en medidas y actividades concretas la voluntad política de potenciar la incorporación de la mujer al empleo, al estudio y a las tareas de la sociedad.
La activa participación de la mujer en la vida de la sociedad constituye un componente esencial de la política de empleo de la Revolución. Si en 1953, sólo el 17,6% de los ocupados eran mujeres –el 30% de ellas vinculadas a labores domésticas mal pagadas–, en el 2005 representaban más del 45% de la fuerza de laboral en el sector estatal-civil y el 66% de la fuerza profesional y técnica del país. De la fuerza laboral del sector de Educación el 72% son mujeres, en el sector de la Salud constituyen el 70%, en el sector de la ciencia el 44.6% y son el 51.6% de los investigadores del país.
En Cuba, el carácter del empleo no es forzoso, se respeta plenamente la libertad de elección de cada persona. No existe trabajo infantil, siendo la edad mínima para trabajar los 17 años. La enseñanza es obligatoria hasta el nivel medio.
La aplicación de la revolucionaria concepción de promover cuando sea necesario, el estudio y la capacitación como formas de empleo remunerado, ha permitido que muchos jóvenes que se encontraban desvinculados del estudio y el trabajo, abandonaran la condición de desempleados y mejoraran su preparación para acceder en condiciones más favorables a puestos de trabajo o simplemente continuaran sus estudios de nivel superior. Esta inversión en la formación de capital humano, beneficia en la actualidad a 107 mil 923 jóvenes, de los cuales ya más de 30 mil han ingresado a las aulas universitarias.
El estudio como forma de empleo también ha beneficiado a decenas de miles de trabajadores del sector azucarero, dada la impostergable e ineludible reestructuración en curso de esa actividad económica en el país a partir de las condiciones actuales del mercado mundial, de los bajos precios del azúcar y del incremento en el comercio de edulcorantes.
A lo anterior se suma el desarrollo de la agricultura urbana a partir de 1996, que además de asegurarle a la población anualmente más de tres millones de toneladas métricas de hortalizas y condimentos frescos, ha tenido un notable impacto social, al generar alrededor de 354 mil nuevos empleos.
Como resultado de los esfuerzos desplegados, Cuba registra indicadores en materia de empleo superiores a los de muchos países industrializados y desarrollados. La tasa de actividad, que indica la proporción de la población económicamente activa con respecto a la población en edad laboral, ascendió en el 2004 a un 71% La cifra de personas ocupadas en relación con aquellas en edad laboral, o lo que es lo mismo, la tasa de empleo, se incrementó ese mismo año al 69.4%. Baste señalar que la tasa de empleo en algunos países de la Unión Europea como España e Italia fue de 49.8% y 57.2 respectivamente.
Los niveles de empleo alcanzados por Cuba han repercutido favorablemente en la vida económica, política y social de la nación. A partir de la segunda mitad de la década de los años noventa han sido creados en el país un millón 288 mil 973 nuevos empleos.
Evolución de los nuevos empleos generados y de las tasas de desempleo en los años de recuperación económica.
AÑO |
Cantidad de
empleos generados |
Tasa de
Desempleo |
1996 |
186 203 |
7,6 |
1997 |
139 986 |
7,1 |
1998 |
131 410 |
6,2 |
1999 |
113 331 |
6,3 |
2000 |
140 852 |
5,4 |
2001 |
195 625 |
4,1 |
2002 |
158 339 |
3,3 |
2003 |
123 227 |
2,3 |
2004 |
100,000 |
1,9 |
2005 |
99 906 |
1.9 |
Total |
138 8879 |
|
Tal volumen de nuevos empleos productivos, permanentes y de calidad han ayudado a incrementar la producción de bienes materiales y espirituales para el pueblo cubano, aumentar cuantitativa y cualitativamente los servicios básicos y fortalecer el desarrollo de su capital humano. Del total de empleos generados durante el 2005 el 45% fueron ocupados por mujeres y el 73% por jóvenes.
Ilustra esta contribución el hecho de que las provincias orientales, la región más afectada desde el punto de vista del desempleo, disminuyó este indicador de 10,4% en 1995, a 2,7% al concluir el pasado año.
Para seguir reduciendo la brecha del desempleo, el Gobierno de Cuba se ha trazado como objetivos prioritarios de la política de empleo para los próximos años el priorizar el empleo de los licenciados del Servicio Militar, desvinculados del estudio y el trabajo, egresados de los centros penitenciarios y sancionados con medidas subsidiarias, graduados de las diferentes enseñanzas, mujeres y personas con discapacidad.
Al cierre del 2005 fueron ubicados en las categorías anteriores 218 693 personas de ellas, 160 780 al empleo y 57 913 al estudio.
Este gigantesco empeño se traduce en más y mejores servicios de salud para el pueblo; mayores y cualitativamente superiores capacidades para el acceso a la educación, al conocimiento, a la práctica de actividades deportivas y culturales; más oportunidades de formación y autorrealización para nuestros jóvenes; más beneficios para la mujer cubana en términos de participación, independencia económica y emancipación; mayor prevención social de las causas que generan el delito y las conductas antisociales; más seguridad ciudadana. En resumen, un incremento apreciable en la calidad de vida de todos los cubanos y cubanas.
La eliminación de la categoría de desempleado califica como el principal reto de la política de empleo en Cuba, lo que implica, junto a la continua generación de nuevos puestos de trabajo, cambiar y revolucionar conceptos (verbigracia, el estudio como empleo), ampliar las posibilidades de ocupación útil, fortalecer el trabajo social a un nivel superior y desarrollar una cultura general integral en el pueblo.
Además de las acciones llevadas a cabo para reducir al número de personas desempleadas, el Estado cubano continúa desarrollando su política de beneficio social. Es un principio fundamental de la Revolución elevar el ingreso de los trabajadores, comenzando por los que perciben los más bajos salarios, y reducir así, progresivamente, las diferencias sociales acrecentadas durante el período especial por las inevitables medidas que nos vimos obligados a aplicar ante la desaparición del campo socialista y posteriormente el derrumbe y desintegración de la URSS.
A partir del 1ro de mayo se incrementó el salario mínimo a 225 pesos mensuales a todos los trabajadores que percibían, como salario del cargo, una cuantía inferior. Hasta esa fecha el salario mínimo era de 100 pesos mensuales. Fueron beneficiados 1 millón 657 mil 191 trabajadores, que constituyen el 53 % del total, con un costo anual de mil 65 millones 947 mil 414 pesos. El incremento medio por trabajador fue de 54 pesos mensuales y el salario medio, de 282 pesos se elevó a 312 pesos mensuales.
Igualmente se adoptaron incrementos salariales en los sectores de Educación y Salud Pública. El incremento salarial aprobado benefició a partir del 1 de Julio a 857 434 trabajadores, el 96 % de la actividad presupuestada de los sectores Salud Pública, Educación General y Media y Educación Superior con un incremento promedio mensual de 49 pesos y el costo anual es de 523,3 millones.
A partir del mes de diciembre se comenzó a aplicar un nuevo proceso de incrementos salariales que abarca a 2 millones 214 mil 213 trabajadores, con un costo anual de 1 259,4 millones de pesos y un incremento promedio mensual de 43 pesos. Esta medida contempla la aplicación de una nueva escala salarial, el perfeccionamiento de los calificadores de cargos y ocupaciones y la instrumentación de pagos adicionales como reconocimiento a la calificación y calidad en el trabajo y mejora los ingresos de muchos trabajadores de la actividad presupuestada, entre los que se encuentran los trabajadores de la Administración Central del Estado y los Poderes Populares. Además, 1 millón 58 mil 963 trabajadores que se beneficiaron con la elevación del salario mínimo en mayo, reciben nuevos incrementos.
La aplicación de este conjunto de medidas elevó durante el presente año el salario medio de $ 282.00 a $ 312.00 y se estima que para el 2006 el salario medio debe estar alrededor de los de los $ 385.00.
La Seguridad y la Asistencia Social
El pleno empleo es la principal garantía de la seguridad social que disfrutan los cubanos sin distinción de raza, sexo, creencia o ideología política. Concebida como un sistema integral y armónico, la seguridad social cubana nace en mayo de 1963, la misma incluye la seguridad en el puesto de trabajo, en los ingresos, en las condiciones laborales, en la formación y capacitación, así como en la atención priorizada y diferenciada de la maternidad, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las víctimas de desastres naturales, y de todas las personas que lo requieran, lo cual ha nos ha permitido garantizar una vida digna para todos los ciudadanos.
La seguridad social en Cuba no queda limitada a la concesión de pensiones y prestaciones, sino experimenta cambios profundos en correspondencia con el perfeccionamiento del trabajo social y la lucha por alcanzar la plena justicia. El programa de seguridad social cubano se lleva a cabo en tres niveles básicos: comunitario, institucional y hospitalario.
Para garantizar una adecuada y efectiva respuesta a la población beneficiaria de la seguridad social y la correcta planificación y control de los recursos financieros y humanos dedicados a éste propósito, por acuerdo del Consejo de Estado se creó en el año 2001, el Instituto Nacional de Seguridad Social que cuenta con filiales en todas las provincias y municipios del país.
Asimismo, la seguridad social cubana se implementa sobre la base de un conjunto de leyes, decretos-leyes, resoluciones, que regulan el marco jurídico de ésta actividad. La Constitución de la República de Cuba, como ley suprema del país, consagra varios de sus artículos a éste tema y responsabiliza al estado cubano de garantizar la Seguridad Social para todos los ciudadanos.
En los últimos años la Seguridad Social cubana ha redimensionado su enfoque, siendo sus objetivos principales la atención personalizada a los jubilados y pensionados, el cumplimiento del plan de empleo, el perfeccionamiento del sistema de atención y orientación a los ancianos con énfasis a los ancianos que viven solos, el perfeccionamiento de la atención al discapacitado y su inserción laboral y el incremento de los servicios sociales.
Como vía para atender de manera puntual a todas aquellas persona que lo requieran se acrecienta y fortalece el trabajo de los trabajadores sociales que ya alcanzan la cifra de 28 000 , quienes laboran en las comunidades atendiendo de manera directa a las familias, jóvenes y otros ciudadanos necesitados de consejo, asistencia solidaria y respuesta efectiva a sus problemas. De igual modo, se prioriza la atención al adulto mayor, mediante acciones dirigidas a promover su salud y el mejoramiento de su bienestar físico, psicológico y social, mediante intervenciones tales como la ampliación de los servicios sociales a nivel institucional, comunitario y domiciliario.
Las prestaciones sociales
Hoy día cuando se reconoce por los organismos internacionales que más de la mitad de la población en el mundo no tiene garantía de seguridad social, en Cuba el 100% de la población goza de protección social.
El régimen se seguridad social ofrece 3 tipo de beneficios o prestaciones establecidas por la Ley, a las cuales tienen derecho el trabajador y su familia. Las mismas se clasifican en: prestaciones en servicios; prestaciones en especie; y prestaciones monetarias.
Más de 1 millón 800 mil ciudadanos reciben prestaciones monetarias, en especie y servicios del sistema de seguridad social, de los cuales 1 millón 464 mil 049 son jubilados y pensionados y 395 mil 821 beneficiarios de la asistencia social.
Además de las prestaciones en servicios que de manera regular y continua se han venido brindando a la población a lo largo de éstos 47 años de revolución, como la asistencia médica y estomatológica, la preventiva y curativa, la hospitalaria general y especializada y la rehabilitación física, psíquica y laboral, en los últimos años han venido implementándose un grupo de servicios sociales entre los cuales podemos señalar:
• Asistencia Social a Domicilio
• Pago de Domicilio a beneficiarios de la seguridad social
• Centros de Entrenamiento Socio Laboral
• Servicio de Teleasistencia
• Servicio de Alimentación
`Además de ello, se aplican políticas activas de Seguridad Social que benefician a toda la población que representan un tratamiento personalizado atendiendo a las necesidades concretas.
Las prestaciones en especie en Cuba incluye: la merienda escolar, que se entrega gratuitamente a cientos de miles de estudiantes y trabajadores de la Educación, las cuotas especiales de alimentos a 1 millón 363 mil 297 niños hasta 15 años de edad y mayores de 60 años en las provincias orientales; 444 mil 019 cuotas para embarazadas, madres lactantes, ancianos y discapacitados; suplemento alimentario para 71 mil niños con bajo peso y talla; entrega de alimentos adicionales a municipios de Pinar del Río, La Habana y a la Isla de la Juventud azotados por huracanes, y a las provincias de Holguín, Las Tunas y cinco municipios de Camagüey que sufren una aguda sequía.
La Revolución, como justo y merecido reconocimiento social a millones de miles de hombres y mujeres que dedicaron gran parte de su vida al trabajo creador a lo largo de más de cuatro décadas de construcción de la nueva sociedad, decidió, a partir del 1ro. de mayo del 2005 el incremento de las pensiones a 1 millón 468 mil 641 beneficiarios de la seguridad social, el 97,3% del total, con un costo anual de más de mil 035 millones 513 mil pesos. La pensión mínima se incrementó de 55 a 150 pesos, y la pensión media de 120 a 180 pesos.
A los 257 mil 038 núcleos familiares atendidos por la asistencia social se les incrementó la prestación en 50 pesos, lo que benefició a 476 mil 512 personas, con un costo anual de más de 154 millones 222 mil pesos, elevándose la asistencia social mínima de 62 a 112 pesos y la media de 92 a 129 pesos.
Esta medida, con un costo anual de mil 189 millones 735 mil pesos, estuvo encaminada a elevar los ingresos de las personas con las jubilaciones y pensiones más bajas, y las modestas prestaciones sociales que venían asignándose y que los avances actuales del desarrollo económico y social del país posibilitan.
A finales del 2005 tal y como anunciado, el Gobierno cubano adoptó la decisión de realizar otros nuevos incrementos de las pensiones de los jubilados y pensionados con las cuantías más bajas.
En esta ocasión, a 762 mil 433 jubilados y pensionados de la seguridad social que recibían la pensión mínima de 150 pesos, se les incrementó a 164 pesos.
A los 443 mil 837 jubilados y pensionados que recibían 190 pesos, se les incrementó a 202 pesos.
Estos incrementos beneficiaron a 1 millón 206 mil 270 jubilados y pensionados de más bajos ingresos, con un costo anual de 192 millones 1 mil 272 pesos.
Asimismo, a todos los núcleos familiares atendidos por la asistencia social, se les incrementó su pensión actual en 10 pesos, lo que benefició a 476 mil 512 personas, con un costo anual de 30 millones 844 mil 560 pesos, lo cual eleva la asistencia mínima a 122 pesos.
Estas nuevas medidas beneficiaron a 1 millón 682 mil 782 personas con un costo anual de 222 millones 845 mil 832 pesos.
Los incrementos aplicados, representan un costo anual de mil 412 millones 581 mil 788 pesos.
El incremento de las jubilaciones, pensiones, prestaciones, junto con el incremento salarial también otorgado durante el 2005 benefició a 5 millones 111 mil 267 ciudadanos que laboran o laboraron toda su vida en beneficio del país.
Estos incrementos se producen en medio del genocida bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, de severas afectaciones provocadas por huracanes y sequía, y del encarecimiento de los precios del petróleo.
Todas éstas acciones redundarán si lugar en dudas en el pleno desarrollo del individuo, la elevación de su calidad de vida, lograr mayores niveles de equidad y justicia social y una asistencia más eficaz para aquellas personas que lo precisen.
Ello evidencia asimismo, el carácter humanista de la revolución cubana, la cual sitúa al hombre como centro de sus acciones.
Atención a la madre trabajadora
La legislación vigente en materia de protección a la maternidad es de las más avanzadas del mundo. El Decreto Ley No. 234 de la Maternidad de la Trabajadora, amplió los derechos a la mujer trabajadora y la protección a la maternidad, asegurando atención médica durante el embarazo, el descanso pre y postnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos e hijas menores de edad, así como el tratamiento diferenciado en el caso de discapacidad de éstos.
Promulgado el 13 de agosto del año 2003, dicho Decreto Ley fue complementado con la Resolución 22, del 23 de octubre del propio año, que reconoce la responsabilidad compartida de la madre y el padre en el cuidado y atención de los hijos y la del padre en caso de fallecimiento de la madre.
Para hacer efectiva la citada protección, el Estado cubano estableció determinadas acciones, específicamente prestaciones económicas por 18 semanas y la prestación social hasta que el menor arribe a su primer año de edad. Además, fueron establecidas licencias complementarias retribuidas, que disponen el pago de determinados días para la atención médica de la trabajadora y su menor, para la lactancia del pequeño durante el primer año de vida, así como la concesión de licencia no retribuida para el cuidado de los hijos menores de 16 años.
El Decreto Ley 234 protege sobretodo a la mujer trabajadora. Para las madres no trabajadoras, se prevé la protección a sus hijos a través de la asistencia social cuando así lo requieran.
Las licencias retribuidas complementarias para la atención médica y estomatológica se conceden 6 días o 12 medios días hasta las 34 semanas de embarazo y si éstos no le son suficientes, la administración los asumirá como ausencia justificada. Hasta el primer año de vida, se concede un día de licencia retribuida cada mes para concurrir al centro pediátrico. A la madre trabajadora que se incorpora a su labor al vencimiento de la licencia postnatal, se le concede una hora diaria para la lactancia de su hijo, hasta que éste arribe a su primer año de vida.
Cuándo el hijo asiste al Círculo Infantil y recibe allí la atención médica establecida, a la madre trabajadora le pertenece disfrutar del día de licencia mensual para llevarlo a la consulta de puericultura. La asistencia médica en ambas situaciones tiene fines diferentes, es decir, una no reemplaza a la otra.
La trabajadora tiene que recesar en el desempeño de su labor a las 34 semanas de embarazo y a las 32 si el mismo es múltiple. La prestación económica consiste en el pago de su salario durante el término de 18 semanas, 6 antes del parto y 12 después de éste.
Igualmente, corresponde conceder prestación económica cuando el nacimiento no se produzca dentro del período establecido para la licencia prenatal y esta podrá extenderse hasta la fecha en que el parto ocurra. Este nuevo plazo será retribuido hasta el término de dos semanas.
Cuando el parto se adelanta o atrasa, el ajuste que se efectúa en el pago de la prestación económica se realiza por semanas completas a favor de la trabajadora y siempre en la licencia postnatal, que se comienza a pagar a partir del día del parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el padre o pariente trabajador en quien éste delegue para que se acoja a la prestación social, recibirá una cuantía ascendente al 60% del salario promedio mensual en los 12 meses anteriores.
Si la trabajadora se enferma después de vencerse el pago de la licencia postnatal, podrá acogerse a la prestación social que establece el Decreto Ley de referencia hasta que el niño arribe a su primer año de vida. Si después de vencerse ese período la trabajadora continúa enferma tiene derecho al pago del subsidio.
Una vez concluido el disfrute de la licencia postnatal por la trabajadora y dentro del término de 60 días naturales posteriores, ambos padres podrán decidir cuál de ellos cuidará a su hijo hasta el primer año de vida.
Si la trabajadora se enferma antes de 34 ó 32 semanas y tiene que guardar reposo, le corresponde el pago del subsidio por enfermedad hasta arribar a las 32 ó 34 semanas, en que comienza el pago de la prestación económica.
Cuando la trabajadora se encuentra recibiendo la prestación económica o la social por maternidad se consignarán los días como si estuviese trabajando y como salario el que pudo haber percibido de estar laborando. El período en que recibe la prestación social se reconoce como si estuviese laborando y se consigna el salario que sirvió de base para efectuar el cálculo de la prestación.
La atención a personas de la Tercera Edad, jubilados y pensionados
Cuba es uno de los países latinoamericanos más envejecidos. La magnitud alcanzada en este orden y la rapidez con que se ha transformado nuestra pirámide poblacional constituyen una preocupación en los años futuros.
Alrededor del 14% de la población cubana tiene más de 60 años y estudios plantean que para el año 2025, uno de cada cuatro cubanos estará en la tercera edad.
Este es un acontecimiento característico de los países desarrollados, relativamente nuevo para Cuba. Europa, por ejemplo, viene envejeciendo desde el siglo XIX. En el caso cubano, el fenómeno se ha acelerado con el propio desarrollo que ha alcanzado la Revolución, por la incidencia concomitante del aumento de la esperanza de vida de la población y la reducción de la natalidad, esto último consecuencia del aumento del nivel escolar y de la incorporación de la mujer al trabajo.
La tendencia decreciente en la renovación y reemplazo de la fuerza de trabajo constituye otro desafío. Si el aumento de la productividad del trabajo constituye una respuesta efectiva a este fenómeno, también se estudian variantes que estimulen la permanencia en el empleo de aquellas personas en edad de jubilación y flexibilicen su aporte social en dependencia de sus condiciones físicas, intelectuales y psicológicas.
Para atender las cuestiones asociadas al envejecimiento, se creó en 1974 el Programa del Adulto Mayor, con un especial énfasis en la atención a personas que no pueden enfrentar la vida sin ayuda. Este programa ha venido perfeccionándose para poder dar una respuesta integral a las demandas y necesidades del adulto mayor e involucra no sólo a las instituciones hospitalarias y de seguridad social, si no que también asegura la participación activa de la familia, la comunidad, las organizaciones políticas y no gubernamentales en un trabajo colectivo donde el protagonista principal fuera el adulto mayor.
Es por eso que en 1995 fue concebido el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor como uno de los priorizados del Ministerio de Salud Pública. Este programa, además de ofrecer aglutinación en favor del adulto mayor será aplicable en todos los niveles de atención, que incluyen no sólo salud, sino seguridad social, deportes, cultura, legislación otros.
El Programa consta de tres subprogramas que se describen a continuación:
• Atención institucional
• Atención comunitaria
• Atención hospitalaria
•
El área institucional, está dirigida a la cobertura de:
• Adultos mayores frágiles y vulnerables.
• Adultos mayores con discapacidades físicas o mentales.
• Adultos mayores con graves problemas sociales.
Hoy funcionan 432 equipos multidisciplinarios de atención gerontológica, uno en cada policlínico del país, con la misión de velar, fundamentalmente, por los ancianos que tienen una salud frágil u otros que por factores biomédicos, psicológicos, sociales, económicos o de abandono familiar, necesitan cuidados a largo plazo.
Estos equipos no sustituyen la labor de los médicos de familia en la comunidad, sino que la apoyan y brindan al adulto mayor una atención más directa y especializada. En el desempeño de sus funciones suman además a la familia del adulto mayor y le enseñan aspectos que deben tener en cuenta al cuidarlo.
En el aspecto institucional, los 127 hogares de ancianos que existen a nivel nacional atienden a alrededor de 9,000 adultos mayores. Allí se les brinda, atención médica, alimentación, vestuario y los servicios que requieren.
El área comunitaria donde se propone una evaluación multidisciplinaria y multidimensional de todos los adultos mayores residentes en la comunidad, que permite establecer un diagnóstico de la situación de salud y el establecimiento de estrategias dirigidas a dar respuesta a las necesidades biosociales del adulto mayor.
El programa comunitario incluye también los círculos de abuelos, las casas de abuelos (donde asisten aquellos que no son capaces de bañarse, socializar e incluso hablar por teléfono) y una asistencia domiciliaria, la cual reciben 59 mil ancianos que viven solos.
Los Círculos de Abuelos agrupan actualmente a 500 mil miembros, en 11 mil grupos de afiliados, ocupados en actividades de promoción y prevención de salud.
Hoy funcionan también los llamados Grupos de Orientación y Recreación, formados por adultos mayores, afiliados o no a los Círculos de Abuelos, con propósitos recreativos, de vinculación a la cultura, a la educación o de reinserción a la vida laboral, de forma voluntaria o remunerada. Se promueve la participación de los adultos mayores en la vida cultural, deportiva y recreativa.
Cuba cuenta con 636 Cátedras y Filiales Universitarias del Adulto Mayor a lo largo de todo nuestro país, donde más de 30 000 cursante mayores han egresado de éste programa. En dichas cátedras se promueven cursos de superación cultural, actualización científico técnica y continuidad social. Se trabaja para lograr una vejez activa, saludable y feliz de todos los cubanos, promoviendo la plena integración y participación social de los adultos mayores.
El área hospitalaria, tiene como actividad principal la de ofrecer una atención diferenciada, en equipo y dirigida a los adultos mayores frágiles en el medio hospitalario, tratándose de garantizar las diferentes especialidades involucradas en la atención al adulto mayor hospitalizado. Fueron creadas las cátedras del Adulto Mayor y promovido cursos de computación especialmente diseñados para su beneficio. Se trabaja para lograr una vejez activa, saludable y feliz de todos los cubanos, promoviendo la plena integración y participación social de los adultos mayores.
Para ello, en todos los 34 centros clínico-quirúrgicos del país existen salas de geriatría.
Reconocidos geriatras a nivel internacional, como Robert Butler, presidente del Centro Internacional de Longevidad de Estados Unidos, han reconocido públicamente la prioridad conferida por el gobierno cubano a la tercera edad. El destacado geriatra estadounidense manifestó sentirse impresionado favorablemente al conocer que el pueblo cubano tiene una actitud positiva hacia la familia, considerada por él muy importante para el adulto mayor. Subrayó la importancia de la creación en la Isla de grupos o sociedades integrados por ancianos, a fin de garantizar su socialización y la realización de actividades útiles.
La atención a las personas discapacitadas
Durante las últimas cuatro décadas, el Estado cubano se ha dado a la tarea de atender integralmente las distintas causas que pueden generar la discapacidad, y a garantizar a las personas afectadas por alguna forma de discapacidad una amplia protección y amplias posibilidades para el desarrollo de sus potencialidades en materia de salud, educación, empleo e integración social plena.
El objetivo cumplido ha sido la elevación permanente de la calidad de vida del discapacitado, lo cual ha sido posible gracias al sostenido perfeccionamiento de servicios de salud especializados totalmente gratuitos; al diseño y la organización de programas de rehabilitación diferenciados; a una atención materno-infantil de primera calidad; a la promoción de una educación general integral – incluida en materia sexual y reproductiva –; a la prevención y rehabilitación de consumidores de estupefacientes y alcohólicos; al desarrollo de un completo sistema de escuelas especializadas en la atención de las distintas formas de discapacidad; a la extensión de los planes de rehabilitación y la incorporación laboral de los discapacitados residentes en cualquier región del país; al fomento de medidas de control epidemiológico y al desarrollo de investigaciones especializadas; a las facilidades y apoyo concedidos a las asociaciones de discapacitados; entre otros factores.
Para este fin se estableció en el año 1995 el Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad, con el propósito de proponer, ejecutar y controlar la política a seguir en el campo de la discapacidad e integrar las acciones de todos los ministerios e instituciones en este sentido. Este Plan, que funciona desde el nivel municipal hasta el nacional, ha cohesionado los esfuerzos de los organismos estatales, las Asociaciones de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones sociales y de masas, garantizando de este modo la coordinación estrecha en lo relativo al empleo, la accesibilidad, la salud, la educación, la capacitación y el disfrute de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Los logros obtenidos en este campo de la política social han estado sustentados en:
• La prestación de asistencia médica, hospitalaria y estomatológica gratuita con una cobertura universal.
• El desarrollo de servicios médicos especializados para la atención al discapacitado.
• La labor de más de 27 000 médicos y enfermeras de la familia, 281 hospitales, 11 institutos de investigación de salud, 440 policlínicos, 168 clínicas estomatológicas, 208 hogares maternos.
• La creación de 26 hogares para la atención a impedidos físicos y mentales.
• La aplicación de medidas preventivas de enfermedades mediante el desarrollo de planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud.
Se desarrollan diversos programas de atención y orientación a las personas con discapacidad. Se garantiza la inserción laboral de las personas discapacitadas que muestren interés y tengan alguna habilidad para el empleo –identificadas mediante el amplio y profundo Estudio Psico-Pedagógico, Social y Clínico-Genético realizado en todo el país y que por su magnitud y repercusión social resulta único en todo el mundo–, facilitando la incorporación a formas ordinarias de empleo, a talleres especiales o a los centros de formación sociolaborales.
Se garantiza el disfrute del derecho al trabajo remunerado de los discapacitados, mediante un programa especial de empleo (denominado PROENDIS), diseñado con el objetivo de lograr una adecuada calificación y ubicación laboral de las personas con discapacidades. Este programa incluye:
• 134 talleres especiales para la ubicación de personas discapacitadas, en los que laboran 4 600 discapacitados.
• El apoyo al empleo en centros laborales ordinarios, que beneficia actualmente a 10 292 discapacitados.
• Facilidades para el empleo en sus propios domicilios, modalidad que permite la actividad laboral de 1 800 discapacitados.
Se garantiza igualmente la protección a los trabajadores discapacitados que no pueden seguir laborando a causa de enfermedad, maternidad, invalidez parcial o total y edad. En caso de muerte se aplica la protección a los familiares.
Desde hace varios años, un grupo de programas en las especialidades de genética, inmunoquímica, neonatología y terapia intensiva, entre otros, han permitido obtener resultados favorables en la disminución de algunas enfermedades congénitas y otros trastornos perinatales que generan discapacidad. Entre ellos cabe mencionar: (reubicado)
• La determinación de las Alfa-feto proteínas en gestantes, concebido para el diagnóstico prenatal de defectos del tubo neural. En los últimos años se ha revelado como un instrumento útil para diagnosticar algunos tipos de malformaciones del sistema nervioso, con el apoyo de la ultrasonografía.
• El programa de hipotiroidismo permite el diagnóstico precoz y el tratamiento para la reducción de niños con cretinismo.
• El diagnóstico prenatal congénito ha permitido detectar un alto por ciento de pacientes con Síndrome de Down.
• La detección de la fenilcetonuria se realiza en más del 90 % de los recién nacidos.
• La detección precoz de la retinosis pigmentaria.
• La detección precoz de casos de sordos e hipoacúsicos.
• Un programa de atención y estimulación temprana a sordos e hipoacústicos, ciegos y débiles visuales y de personas con trastornos neuromusculares congénitos y/o adquiridos.
• Un programa de atención al retraso mental profundo en 26 Instituciones creadas para ese fin y el desarrollo del Programa Comunitario en 60 policlínicos.
Además, se han creado y están en marcha varios programas de rehabilitación comunitaria, que cuentan con: (reubicado)
• Miles de especialistas vinculados con la rehabilitación (fisiatras, ortopédicos, oftalmólogos y otros).
• Más de 4 000 técnicos en disciplinas relacionadas con el trabajo de rehabilitación.
• 260 áreas terapéuticas donde se aplican programas de rehabilitación física.
• Un centro de rehabilitación para ciegos y débiles visuales.
• Servicios de rehabilitación física en hospitales provinciales y en 120 municipios del país.
• La ampliación de las capacidades de rehabilitación, tanto hospitalaria como en la atención primaria, en hogares de ancianos y de impedidos físicos y mentales, institutos y balnearios
La enseñanza especial abarca un amplio sistema de escuelas, seminternados, internados y becas especializadas para dar atención a los diferentes tipos de discapacidad.
Al inicio del curso 2005-2006 existían un total de 418 Centros de Enseñanza Especial con una matricula de 45 620 estudiantes con discapacidades o trastornos de conductas y 14 642 docentes, alcanzándose una tasa de 3.1 estudiantes por profesor, lo cual permite atender las necesidades particulares de cada estudiante.
Del total de docentes de la enseñanza especial, 841 dan clases en hogares o en aulas hospitales.
A la labor de los docentes se adiciona el trabajo de 17 mil psicólogos, logopedas y psico-pedagogos
La enseñanza especial comprende:
263 Escuelas para estudiantes con Retraso mental
16 Escuelas para estudiantes Sordos e hipoacústicos
20 Escuelas para estudiantes con deficiencias visuales (ciegos, débiles visuales, estrábicos y amblíopes).
43 Escuelas para estudiantes con Trastornos de conducta
9 Escuelas para estudiantes con trastornos de la comunicación
64 Escuelas para estudiantes con Retardo en el desarrollo psíquico
1 Escuela para niños con autismo.
1 Centro de rehabilitación de asmáticos y diabéticos.
Se garantiza la protección a las personas discapacitadas que requieren de una prestación en especie o servicios.
Los discapacitados cuentan con la posibilidad de acceder a la práctica activa de deportes, teniendo a su disposición entrenadores especializados que atienden de modo diferenciado los requerimientos de los distintos tipos de discapacidad. Atletas cubanos han participado con resultados destacados en las distintas Olimpiadas Mundiales para discapacitados.
La realización del derecho al deporte y a la recreación de los discapacitados se potencia mediante:
• Eventos deportivos provinciales y nacionales.
• Encuentros zonales en diferentes disciplinas deportivas.
• Práctica masiva del deporte para discapacitados en la comunidad.
• Actividades de la Federación Cubana de Deportes y Recreación para Discapacitados.
Los discapacitados han establecido diferentes asociaciones con el objetivo de hacer más efectiva su participación en el diseño y aplicación de políticas y programas en el país, para canalizar sus iniciativas, preocupaciones y mejor incidir en la solución de sus necesidades, para fortalecer sus vínculos con organizaciones de discapacitados en otros países y para atender cualquier otro asunto de su interés.
Entre las principales organizaciones no gubernamentales de discapacitados destacan:
La Asociación Nacional del Ciego (ANCI), con 19 mil asociados
La Asociación Cubana de Limitados Físico Motores (ACLIFIM), con 42 mil asociados
La Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), con 14 mil asociados
Las asociaciones de discapacitados cubanas mantienen relaciones con organizaciones homólogas en la región y a nivel mundial. Algunos de sus directivos desempeñan responsabilidades en asociaciones internacionales y asisten regularmente a sus reuniones.
La eliminación gradual de las barreras arquitectónicas, ha sido otro objetivo planteado en los programas de promoción y protección de los derechos de las personas discapacitadas. Para ello, se elaboró la Norma Cubana 53-199:90. Todos los proyectos constructivos son revisados por inspectores estatales, conjuntamente con inspectores de las Asociaciones de Discapacitados. Se aplican programas integradores en áreas de la comunidad para la eliminación de barreras.
Se lleva a cabo un amplio trabajo de divulgación y sensibilización de la sociedad acerca de las necesidades específicas de los discapacitados, a través de acciones tales como:
• Programas radiales y televisivos
• Noticieros de televisión para sordos.
• Información en la prensa escrita
• Divulgación de eventos, conferencias, seminarios y otros sobre temas relacionados con la discapacidad.
• Celebración del Día Internacional del Discapacitado (3 de diciembre).
Entre los programas e intervenciones gubernamentales que se vienen aplicando y que tienen un especial impacto positivo para los discapacitados vale la pena mencionar: capacitación de Asistentes Sociales a Domicilio para la atención en sus hogares a personas con discapacidad; asistencia a madres de hijos con discapacidad severa, incluido el pago íntegro de sus salarios a aquellas que requieran permanecer en sus casas atendiendo a niños pequeños con discapacidad severa; ampliación y perfeccionamiento de los servicios especializados y complementarios que se les prestan en materia de lavandería, peluquería y otros; reforzamiento de la dieta y entrega de subsidios para la alimentación de personas discapacitadas que lo necesiten, atendiendo a sus requerimientos específicos; creación de facilidades para el consumo en establecimientos gastronómicos cercanos, entre otros.
En resumen, a pesar de las graves afectaciones que impone a Cuba el brutal bloqueo que contra su pueblo han aplicado sucesivas administraciones estadounidenses por más de cuatro décadas y de su condición de país subdesarrollados con recursos escasos, la Revolución ha convertido en una realidad para todos los cubanos y cubanas objetivos que permanecen como verdaderas quimeras para la mayoría de los pueblos del mundo: el pleno empleo y el disfrute de un sistema de seguridad y asistencia social efectivo, que garantiza a todo persona la seguridad de no quedar jamás abandona a su mala suerte.
Tratamiento laboral a las personas con VIH/SIDA
Nueve de cada diez personas en el mundo que viven con el VIH/SIDA están en edad laboral. Muchos de ellos sufren de discriminación, intolerancia y miedo al no contar con una legislación laboral que los proteja.
Además de la experiencia cubana en materia de atención médica a los pacientes aquejados con esta enfermedad, Cuba puede mostrar al mundo su experiencia en el tratamiento laboral a éstos pacientes.
En nuestro país existe el Programa Nacional de Control y Prevención del VIH/SIDA, que incluye no sólo el tratamiento médico a las personas infectadas, sino también las consideraciones éticas y laborales.
El hecho que un trabajador esté enfermo con VIH/SIDA no significa que tenga que dejar de trabajar. Si está en condiciones físicas y de salud, puede seguir dando su aporte a la sociedad.
Para dar protección legal y dar apoyo a los pacientes de VIH/SIDA, en el año 1997 el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitieron la Resolución No. 13/97 .
En dicha resolución se regula que son las autoridades facultativas del MINSAP las que deciden si el trabajador puede o no llevar a cabo determinada actividad laboral.
La resolución establece además que:
Los trabajadores detectados como portadores del virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o enfermos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) incorporados al Sistema de Atención Ambulatoria, en lo adelante el SAA, mantienen el derecho a reintegrarse a sus respectivas plazas y centros de trabajo.
Cuando la autoridad facultativa pertinente del Sistema Nacional de Salud lo considere necesario, o cuando por las características de la actividad laboral que desarrolla el trabajador, se presuman indicios racionales sobre que la admisión a su puesto conllevaría riesgos para terceras personas, remitirá al paciente a la Comisión de Peritaje Médico correspondiente a su centro de trabajo para que dictamine sobre su capacidad laboral para reincorporarse a su plaza y, de acuerdo con el resultado, se procederá a su reincorporación o se le aplicarán las disposiciones vigentes en materia de invalidez parcial o total, según proceda.
Si se trata de pacientes que no tienen vínculo laboral y manifiestan su deseo de incorporarse al trabajo, la autoridad consignada en el párrafo anterior, de considerarlo necesario, los remitirán a la Comisión de Peritaje Médico correspondiente al territorio donde residen, para que determine de acuerdo a la aptitud para el trabajo y la naturaleza de la enfermedad, los factores de riesgo a los que no pueden estar sometidos en su posible ubicación laboral.
Las Direcciones de Trabajo Municipales gestionaran el empleo, dentro de las posibilidades existentes en cada territorio, para aquellos pacientes que se acojan al SAA que no tengan vínculo laboral y manifiesten su deseo de incorporarse al trabajo.
Durante el período en que los trabajadores portadores del virus de Inmunodeficiencia Humana y enfermos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida se encuentren sujetos a evaluación para determinar su incorporación o no al SAA, recibirán el subsidio por enfermedad establecido para los trabajadores hospitalizados.
El día en que el trabajador portador del virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o enfermo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) asista a la consulta médica mensual o semanal, respectivamente, conforme al Programa Nacional de Atención al SIDA, se considera como de licencia retribuida y por tanto se le abonará el importe del salario correspondiente a ese día.
Los trabajadores y demás personas que actualmente están hospitalizados y que a partir de la fecha de entrar en vigor la presente Resolución permanezcan en el Sistema Senatorial, mantienen el tratamiento salarial y de seguridad social a que se encontraban sujetos. Igual tratamiento se aplicará a los que ingresen después de dicha fecha y a los acogidos al SAA, si son ingresados nuevamente en el Sanatorio o en otras instituciones hospitalarias seleccionadas para esos fines y también a los que excepcionalmente, por las particularidades de sus casos relacionados con la enfermedad (SIDA), reciban el tratamiento encontrándose en sus domicilios.
Para todo lo no regulado expresamente en la Resolución se aplicarán las disposiciones laborales y de seguridad social y asistencia social vigentes para los trabajadores y el resto de la población.
