CAPÍTULO 1: NUEVAS ACCIONES QUE RECRUDECEN EL GENOCIDA BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO CONTRA EL PUEBLO CUBANO.
El pueblo cubano ha sufrido por más de cuatro décadas un bloqueo económico, comercial y financiero que busca doblegar su resistencia y hacerle renunciar a su derecho a la soberanía y la independencia. La administración del presidente George W. Bush ha recrudecido esa política genocida contra la nación cubana a extremos sin precedentes.
La exigencia de que se ponga fin a esa política, expresada en los más importantes foros multilaterales en los últimos tiempos, entre ellos la Segunda Cumbre de los Países del Sur del Grupo de los 77, la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de la Sociedad de la Información, cada año por una abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas a través de sendas resoluciones de su Asamblea General, se enfrenta a la conducta de abierto desprecio de las autoridades estadounidenses al Derecho Internacional.
Tal política no sólo pretende asfixiar al pueblo cubano y afectar sus relaciones con terceros países, también prohíbe y restringe libertades esenciales para el pueblo estadounidense, incluso algunas de rango constitucional.
El pasado año trascenderá en la historia como uno de los de mayor agresividad, cinismo e irracionalidad en la aplicación del criminal bloqueo contra Cuba. Las nuevas medidas diseñadas por el gobierno estadounidense en mayo de 2004 y aplicadas casi en un 80% hasta la fecha, se añadieron y articularon al entramado de leyes y regulaciones que han conformado y escalado el bloqueo contra Cuba por más de cuarenta años.
Si bien siempre ha estado claro que las sucesivas administraciones de los Estados Unidos con la aplicación de la política criminal del bloqueo han perseguido el objetivo de destruir a la Revolución Cubana, esta vez, de forma pública y desvergonzada, el Imperio se ha comprometido con un plan dirigido a restaurar el capitalismo y reimponer su dominación sobre la nación cubana, proceso que conllevaría a la pérdida de los derechos que hoy disfruta el pueblo cubano como resultado de sus luchas y de las conquistas de su Revolución.
No existe norma alguna del Derecho Internacional que justifique el bloqueo en tiempos de paz. Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, quedó definido como principio del derecho internacional que el “bloqueo es un acto de guerra” y sobre esta base, su empleo es posible únicamente entre los beligerantes. La Ley norteamericana de Comercio con el Enemigo, permite al Presidente imponer medidas de emergencia económica, pero sólo durante tiempo de guerra o ante la existencia de una amenaza flagrante a los intereses de seguridad nacional.
Varios instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos por ser contrarios a la paz y a la seguridad internacional. Conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, el bloqueo contra Cuba califica como un acto de Genocidio.
La absoluta falsedad de las muy diversas excusas que por más de cuatro décadas han empleado sucesivas administraciones de los Estados Unidos como pretextos a su guerra económica contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos oficiales estadounidenses desclasificados en 1991. En los mismos aparecen testimonios y pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959.
Los representantes de la dictadura batistiana huyeron a los Estados Unidos con 424 millones de dólares robados de los fondos de la República, que fueron depositados en bancos estadounidenses y que nunca fueron devueltos al pueblo cubano. Más aún, en 1959, a sólo cinco semanas del triunfo popular, le fue negado a las nuevas autoridades un modesto crédito solicitado a los Estados Unidos para mantener la estabilidad de la moneda nacional.
El Gobierno Revolucionario cubano, adoptó una serie de legítimas medidas destinadas a recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio del pueblo. La reacción de los Estados Unidos fue rápida y agresiva. El 8 de julio de 1959, para hacer expedita la venganza tras la adopción de la Ley de Reforma Agraria cubana, el Congreso norteamericano otorgó al Presidente mayores facultades para suspender la ayuda extranjera a todo país que confiscara propiedades norteamericanas.
Una tras otra, se fueron sucediendo las sanciones unilaterales de los Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de generar un descalabro en su economía. A la eliminación de la cuota azucarera cubana (julio/1960), le siguieron la prohibición de la asistencia a Cuba y el establecimiento del embargo al comercio (Sección 620/a de la Ley de Asistencia al Exterior de 1961) y la negativa de las empresas norteamericanas, por instrucciones de su Gobierno, a refinar el petróleo soviético que Cuba se vio obligado a comprar, tras la prohibición que se impusiera a las empresas norteamericanas de vender combustibles a la Isla.
El 3 de febrero de 1962, el Presidente Kennedy emitió la Proclama Nº 3447, decretando un embargo total al comercio con Cuba y orientó al Secretario del Tesoro llevar adelante las prohibiciones de exportación a nuestro país. Esta Proclama marca históricamente la institucionalización pública del bloqueo a Cuba, que, como se ha visto, había comenzado mucho antes.
Desde fecha tan temprana como el 6 de abril de 1960, un informe del funcionario del Departamento de Estado, I. D. Mallory, desclasificado en 1991, destacaba la finalidad perseguida con las presiones económicas que se gestaban, al expresar:
(…) “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro” (…) “no existe una oposición política efectiva. El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba (…) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios, reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
No pretende este documento realizar un análisis histórico abarcador de las distintas etapas transitadas por la política genocida de bloqueo estadounidense contra Cuba. Para comprender la naturaleza criminal, mezquinas motivaciones y nefastas consecuencias del bloqueo sobre el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano, resultaría suficiente presentar algunos apuntes acerca de su ejecución durante los últimos meses.
El 30 de junio de 2004, entraron en vigor las medidas incluidas en el Informe de la llamada “Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre”, aprobado por el presidente George W. Bush el 6 de mayo del propio año. Los cientos de nuevas acciones incluidas en dicho Informe de más de 450 páginas, van dirigidas a recrudecer el bloqueo y propiciar las condiciones que faciliten una intervención estadounidense en la Isla que les permita imponer un “cambio de régimen”, como fuera proclamado por el propio presidente de los Estados Unidos el 20 de mayo de 2004.
Entre los hechos más relevantes en la escalada de guerra económica contra Cuba, entre el verano del año 2004 y febrero del año 2005, podrían mencionarse:
• El 8 de julio de 2004, en cumplimiento de la Proclama 7757 del presidente George W. Bush, el Servicio de Guardacostas promulgó nuevas regulaciones que establecen restricciones para la salida de embarcaciones de recreo que tengan la intención de entrar en aguas cubanas, como vía para privar a Cuba de recursos financieros y recrudecer el bloqueo. Se prevén sanciones de 25 mil dólares, o cinco años de prisión, o ambas, así como la confiscación de las embarcaciones de los infractores. El 18 de febrero de 2005, el propio presidente Bush ratifica los objetivos de esta Proclama.
• El 30 de septiembre del 2004, el Departamento de Estado norteamericano anunció que “los ciudadanos o residentes permanentes en EEUU no pueden comprar legalmente productos de origen cubano, incluyendo tabaco y alcohol, ni siquiera en un tercer país o para su uso personal en el exterior”. Las sanciones penales por la violación de estas Regulaciones pueden alcanzar el millón de dólares en multas para corporaciones y los 250 mil dólares y hasta diez años de cárcel para personas naturales.
• El 9 de octubre de 2004, el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Dan W. Fisk, anunció el establecimiento de “un Grupo de Persecución de Activos Cubanos” para investigar nuevas vías para los movimientos de divisas hacia y desde Cuba y detenerlos, mencionando en particular al “turismo, que ha sustituido a las exportaciones de azúcar como principal fuente de divisas”.
• El 22 de febrero de 2005, la OFAC reinterpretó el concepto de “pago al contado y por adelantado” a las compras por parte de Cuba de productos agrícolas y médicos en Estados Unidos, estableciendo que por ello se entiende que el pago se realice antes de que las mercancías sean cargadas en puerto estadounidense para su envío a Cuba. La medida entró en vigor en marzo del propio año y constituye un obstáculo más a las restricciones existentes para las importaciones que Cuba hace de los EEUU.
• El 24 de febrero de 2005, una Corte de Apelaciones revocó la decisión de un juez de Nueva York de fecha 29 de marzo de 2004, que había determinado que Estados Unidos, en cumplimiento de tratados internacionales, está obligado a reconocer los derechos de la empresa cubana CUBATABACO sobre la marca Cohíba en el territorio de Estados Unidos, bajo la doctrina de las marcas de renombre. El 1ro de junio de 2005, la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, rechazó la solicitud presentaba por CUBATABACO de revisar la decisión negativa adoptada por esa Corte.
• El 31 de marzo de 2005, entraron en vigor nuevas regulaciones de la OFAC para el otorgamiento de licencias a organizaciones religiosas norteamericanas que realizan viajes con fines religiosos a Cuba, según las cuales, los grupos no podrán exceder de 25 personas, se permitirá sólo un viaje por trimestre y las licencias sólo serán válidas por un año. OFAC mantiene la prerrogativa de autorizar licencias para grupos más numerosos y estadías más prolongadas, sobre la base de un análisis “caso a caso”.
• El 19 de abril de 2005, el representante Tom Feeney (R-FL) introdujo en la Cámara de Representantes el proyecto de ley H.R.1689 “Para modificar la prohibición de reconocimiento por parte de las Cortes de EE.UU. de ciertos derechos relativos a determinadas marcas y nombres comerciales”. Este proyecto está relacionado con otro, introducido el 4 de abril de ese año por el senador Pete Domenici (R-NM). Ambos proyectos están dirigidos a lograr cambios cosméticos a la Sección 211 para despojar a Cuba de la marca de ron Havana Club.
• El 2 de junio de 2005, el jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Kevin Whitaker, expresó satisfacción por el trabajo de la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”, señalando que se han logrado avances muy importantes en las tareas definidas y se programan más en el futuro. Precisó que desde agosto de 2004 se han realizado vuelos semanales para las transmisiones de televisión, han disminuido los viajes de los norteamericanos a Cuba y han mermado los ingresos del país en casi un 60%. Planteó que trabajaban en el nombramiento de un coordinador para respaldar las seis tareas contenidas en el Capítulo I del Informe de esta Comisión.
• El 27 de julio de 2005, el Secretario Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, destacó el otorgamiento de 8.9 millones de dólares para el 2005 y 15 millones de dólares para el año 2006, para la implementación de las recomendaciones de la “Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre”. Aseguró que esta “ayuda” está dirigida a garantizar la transición hacia la democracia y no una sucesión en los términos que planea el “régimen” cubano.
• El 11 de agosto de 2005, el Departamento de Justicia dio a conocer que la Comisión de Reclamaciones de Propiedades Extranjeras estableció un segundo programa sobre Cuba para las corporaciones y ciudadanos norteamericanos que tienen nuevas reclamaciones contra el Gobierno cubano por propiedades nacionalizadas después del cierre del programa anterior, el 1ro de mayo de 1967, y que no pudieron presentar su caso entonces. Se estableció la fecha del 13 de febrero de 2006 como plazo para la presentación de las reclamaciones.
• El 31 de octubre de 2005, el diario The Financial Times reflejó declaraciones del llamado Coordinador para la Transición en Cuba, Caleb McCarry, quien expresó que el “reforzamiento del embargo económico provocó pérdidas al régimen de Castro por un monto de 500 millones de dólares”.
El Gobierno de Estados Unidos también ha continuado durante este período desconociendo la oposición al bloqueo por parte de la opinión pública de su país, que se ha manifestado, entre otras, en numerosas expresiones y acciones en el Congreso y en gobiernos estaduales y por personalidades políticas e intelectuales, organizaciones no gubernamentales y sectores empresariales. Entre ellas destacan:
• El 7 de julio de 2004, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda del Representante Jeff Flake (R-AZ), que prohíbe el uso de fondos para aplicar las nuevas regulaciones sobre el envío de paquetes y la limitación del equipaje personal de los viajeros a Cuba.
• El 21 de septiembre de 2004, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda del Representante Jim Davis (D-FL) que prohíbe el uso de los fondos asignados a la OFAC para aplicar las restricciones a los viajes de los emigrados cubanos a la Isla vigentes desde el 30 de junio de 2004.
• El 22 de septiembre de 2004, la Cámara de Representantes aprobó dos enmiendas sobre Cuba a la “Ley de Asignaciones a los Departamentos del Tesoro y Transporte para el año fiscal 2005”. La primera, propuesta por los Representantes Bárbara Lee (D-CA) y Charles Rangel (D-NY), prohíbe la utilización de los fondos asignados a la OFAC para aplicar las regulaciones promulgadas el 30 de junio que obstaculizan los programas estudiantiles estadounidenses en Cuba. La segunda, presentada por la Representante Maxime Waters (D-CA), impide el uso de los fondos aprobados para aplicar las restricciones a las exportaciones de alimentos y medicinas hacia Cuba, incluidas las relativas al acceso a créditos privados.
Todas estas enmiendas fueron desestimadas del texto final de las leyes, usando diversas argucias procesales.
• El 4 de enero de 2005, el representante José Serrano (D-NY) introdujo 2 proyectos de leyes, el H.R.208 “Ley de Reconciliación con Cuba”, encaminado entre otros aspecto a eliminar el bloqueo; y el H.R.209 “Ley de la Diplomacia del Béisbol”, que busca eliminar las restricciones al otorgamiento de visas a los deportistas cubanos para que jueguen en el béisbol profesional en EEUU y para el retorno de sus ingresos a Cuba.
• El 26 de abril de 2005, se anunció oficialmente la formación de la Asociación Comercial Cuba-EEUU, compuesta por más de 30 compañías, agencias estaduales y organizaciones de 19 estados norteamericanos, con el fin de trabajar por la eliminación de las restricciones al comercio con Cuba. Entre los miembros se encuentran las grandes empresas ADM, Caterpillar y Cargill. La Junta de Directores está integrada por varios ex secretarios de Comercio, de Defensa, una ex Representante Comercial y un ex Director de la CIA, y personalidades como David Rockefeller.
• El 27 de abril de 2005, se celebra en el Congreso el “Día de Acción sobre Cuba” dirigido, fundamentalmente, a promover el levantamiento de las restricciones de los viajes. Participaron entre 600 y 800 personas que favorecen el cambio de política, entre ellos: representantes de ONG`s, hombres de negocios y c/a, procedentes de 35 Estados.
• El 8 de julio de 2005, la Asociación Comercial EEUU-Cuba envió una misiva a más de 20 senadores, incluyendo los miembros del Comité de Asignaciones, exhortándolos a actuar para flexibilizar el proceso de ventas a Cuba. Esta fue firmada por 62 asociaciones nacionales, organizaciones y compañías agrícolas, radicadas en 20 estados.
• El 21 de julio de 2005, el representante Jeff Flake (R-AZ) introdujo en la Cámara el proyecto de ley dirigido a eliminar la Sección 211 y restablecer la autoridad de las cortes para reconocer, cumplir y validar cualquier afirmación de derechos sobre una marca o nombre comercial.
• En noviembre de 2005, 360 empresarios de 30 estados de Estados Unidos participaron en la Feria Internacional de La Habana, representando a 169 compañías. Asistieron también varias autoridades estaduales, entre ellas, el Gobernador de Nebraska, David Heineman; el Secretario de Agricultura de Dakota del Norte, Roger Jonson; el Secretario de Agricultura de Alabama, Ron Sparks, quien vino acompañado de tres senadores y cuatro representantes estaduales; el Director de Agricultura de Michigan, Robert Green; y el Presidente Emérito de la Cámara de Georgia, Ferry Coleman.
Durante el año 2005, Representantes y Senadores estadounidenses, republicanos y demócratas, presentaron numerosos proyectos de leyes y enmiendas para eliminar diferentes prohibiciones del bloqueo -violatorias de derechos individuales y colectivos sin distingos de naturaleza alguna. Buena parte de ellos se tuvieron que retirar o no prosperaron por el fuerte trabajo anticubano de la mafia terrorista de Miami y la ultraderecha norteamericana.
El bloqueo económico, financiero y comercial que diez administraciones estadounidenses han venido aplicando y fortaleciendo contra Cuba, forma parte de toda una política de hostilidad y agresiones contra la existencia misma de la nación cubana, entendida ésta como un proyecto de construcción soberano e independiente de los cubanos y para los cubanos.
Uno de los momentos más significativos en el reforzamiento y ampliación del ámbito de aplicación del bloqueo, lo constituyó la aprobación en 1992 de la llamada Ley Torricelli, concebida con el cínico y criminal propósito de dar la estocada final y arruinar la economía nacional.
Esta legislación interrumpió abruptamente el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, en un período en que se produjo la pérdida brusca del 85 % del comercio exterior de Cuba, como consecuencia de la desintegración del campo socialista en Europa Central y Oriental y de la propia Unión Soviética. El criminal propósito de afectar severamente los derechos a la salud y a la alimentación del pueblo cubano era evidente. Las importaciones cubanas procedentes de subsidiarias norteamericanas ascendían en 1991 a más de 700 millones de dólares, de los cuales, el 91 % lo constituían importaciones de alimentos y medicinas.
También esta ley estableció severas prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, entre ellas que un buque de un tercer país que toque puerto cubano, no podrá entrar a puerto de los Estados Unidos hasta que no transcurran seis meses y obtenga un nuevo permiso, institucionalizando así con fuerza de ley, claras disposiciones extraterritoriales. Tales acciones, además de transgredir abiertamente el derecho de otros actores internacionales, demuestran que el bloqueo no es un asunto bilateral como las sucesivas administraciones estadounidenses han pretendido hacer ver.
En 1996 se adoptó la Ley Helms-Burton que, entre otras cuestiones: perfeccionó hasta el nivel de detalles los mecanismos de represión al más mínimo vínculo económico, comercial y financiero de empresas norteamericanas con la Isla; incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial con el objetivo de perseguir cualquier transacción o negocio que beneficie a la economía cubana; impuso la persecución y sanción a los inversionistas extranjeros en Cuba; autorizó el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, promoviendo un programa dirigido a destruir el orden constitucional que se ha dado el pueblo cubano y a restaurar un sistema que garantice la realización de los objetivos de dominación de los círculos imperialistas de los Estados Unidos sobre la nación cubana.
A partir de entonces, se fueron sumando una tras otra, en una larga lista, nuevas acciones y medidas de hostilidad y agresión, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco de sanciones creadas para el bloqueo a Cuba.
Según cifras actualizadas en el 2005 por la Oficina Nacional de Estadísticas de la República de Cuba, más del 70% de los cubanos han tenido que vivir bajo el régimen de sanciones coercitivas unilaterales que establece la política de bloqueo estadounidense, por su decisión soberana de defender su derecho a la libre determinación y no claudicar en su determinación de independencia, justicia social y equidad.
El daño económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo genocida durante más de cuatro décadas, a partir de cálculos conservadores preliminares, superó los 82 mil millones de dólares, con un promedio de 1 782 millones de dólares anuales.
Esa cifra total no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos, ni el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.
De haber podido acceder en los niveles y condiciones promedio al financiamiento otorgado a otros países de similar nivel de desarrollo económico en la región, la economía del país mostraría un grado muy superior de desarrollo y el nivel de vida de la población – expresión directa de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo – habría alcanzado niveles mucho más elevados.
Si el país hubiera podido disponer de los recursos que pierde cada año con motivo del bloqueo norteamericano, los mismos habrían tenido un efecto multiplicador en el bienestar y realización de los derechos de su población. Por ejemplo:
- Con sólo 127,6 millones de dólares anuales se podría garantizar un litro de leche diario a 1,2 millones de niños entre 7 y 15 años de edad. Hoy sólo se puede asegurar un litro diario a precios subsidiados para los niños hasta los 7 años de edad.
- Con 51,8 millones de dólares adicionales se duplicaría la cuota de pollo que hoy se distribuye mensualmente por la libreta de racionamiento a todos los cubanos.
- Con 3 millones y medio de dólares se podrían haber adquirido más de 5 mil toneladas de pescado para el consumo de la población, mejorando así una importante fuente de alimentación.
- Con mil millones de dólares anuales se habrían construido 100 mil nuevas viviendas por año en todo el país. En 5 años habrían recibido una vivienda adecuada 2,5 millones de cubanos, casi la cuarta parte de la población de la Isla.
- Con 60 millones de dólares anuales se hubieran erradicado las principales carencias confrontadas en la educación que se brinda gratuitamente al pueblo.
- Con poco más de 3 millones de dólares anuales, se habrían podido resolver todas las necesidades materiales que hoy aquejan al Programa de Escuelas para Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales que se ofrece sin costo alguno a los menores involucrados.
Resultaría imposible para la Administración Bush sostener su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba en una supuesta necesidad de promover y proteger los derechos humanos en la Isla.
¿Cómo podría pretender arrogarse el título de defensor de los derechos humanos del pueblo cubano, el gobierno que es responsable de las más atroces y premeditadas agresiones contra las políticas y programas dirigidos a promover el desarrollo económico y social, el bienestar, la seguridad y el derecho a la vida de los cubanos y cubanas?
La Administración de Bush ha hecho mucho más férrea la aplicación del bloqueo a Cuba. A finales del 2003, senadores y congresistas estadounidenses denunciaron públicamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) empleaba cinco veces más agentes para perseguir e investigar las violaciones a las leyes del bloqueo contra Cuba, que los que dedicaba a rastrear las finanzas de Al-Qaeda.
Entre 1990 y el 2003, la OFAC inició solamente 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional, mientras desató 10 mil 683 pesquisas para impedir que los norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba. Luego de las 93 investigaciones sobre terrorismo, la OFAC multó con un total de 9 mil 425 dólares a los inculpados. En cambio, penalizó con un total de 8 millones de dólares a los ciudadanos norteamericanos que habían visitado la Isla sin las licencias del Departamento del Tesoro.
En un informe de fecha 9 de febrero de 2004, la OFAC se felicitaba porque su División de Penalidades Civiles tenía en ese momento una lista de 200 acciones relacionadas con violaciones del bloqueo a Cuba y por el hecho de que la mayoría de ellas habían resultado en sanciones monetarias. Además, anunciaba que entre el 10 de octubre y el 30 de noviembre de 2003, habían notificado 348 nuevas acciones penales por actividades de esa naturaleza.
En los tiempos más recientes, la administración Bush ha continuado intensificado el acoso, la intimidación y las sanciones a personas, instituciones y hasta organizaciones no gubernamentales por sus vínculos con Cuba, en franca violación de sus derechos. Veamos sólo unos pocos ejemplos para ilustrar tal acierto y demostrar las pérfidas intenciones que se persiguen:
- El 6 de julio de 2004, la OFAC advirtió a los participantes de la Caravana solidaria de la organización norteamericana “Pastores por la Paz”, que quienes viajen a Cuba sin la correspondiente licencia del Departamento del Tesoro, deberán atenerse a las sanciones previstas en las regulaciones. Tradicionalmente, la Caravana ha viajado a Cuba para llevar donativos de medicamentos, computadoras de uso, juguetes y libros, entre otros artículos.
Se conoció que un año después, el 21 de julio de 2005, funcionarios del Departamento de Aduana y de Protección de las Fronteras confiscaron 43 cajas con equipos de computación en el límite fronterizo en Hidalgo, Texas, Estado por donde cruzaron la mayoría de los caravanistas de Pastores por la Paz.
- El 12 de noviembre de 2004, el presidente de la Alianza Cubanoamericana para Fondos Educacionales (CAAEF), recibió carta de OFAC solicitando la lista de todas las personas e instituciones a las que ha beneficiado su licencia de viajes en los últimos cinco años.
- El 18 y 19 de enero de 2005, Condoleezza Rice durante su audiencia de confirmación como Secretaria de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que prestaría especial atención a la implementación de las recomendaciones de la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” y reiteró que la “prohibición de viajes de los norteamericanos a Cuba obedece a la necesidad de cortar los beneficios que estos generan al régimen cubano”.
- El 7 de febrero de 2005, un juez dictaminó el pago de una multa de 9 mil 750 dólares a un matrimonio de Michigan que visitó Cuba en abril de 2001, por el hecho de que en esa ocasión donaron medicinas a una congregación religiosa.
- El 30 de marzo de 2005, la OFAC envió carta a la organización U.S-Cuba Labor Exchange, instándola a que “cese y desista” de promover y organizar el viaje a Cuba de una delegación que asistiría al IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA y a las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores. La OFAC exigió, además, que en un plazo de 20 días laborables, se le remitiera una lista detallada con los datos de los miembros de la citada delegación.
- En abril de 2005, la OFAC envió una carta circular a las organizaciones que poseen licencias para viajes con fines religiosos a Cuba, informándoles que se están investigando supuestos “abusos de licencias religiosas”, lo que podría conllevar la suspensión o revocación de las licencias y la imposición de multas administrativas o sanciones penales. La misiva insistió en que las donaciones de organizaciones religiosas o individuos o grupos a Cuba, requerían la autorización del Departamento del Comercio.
- El 29 de julio de 2005 se conoció que el ciudadano n/a Stefan E. Brodie, ex presidente de la compañía “Purelite”, fue declarado culpable de realizar transacciones comerciales ilegales con Cuba a mediados de los años 90. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, Brodie fue multado por 10 mil dólares y sentenciado a un año de libertad condicional.
- El 12 de octubre de 2005, la OFAC informó que seis ciudadanos norteamericanos fueron multados por 8 mil 875 dólares por viajar a Cuba, violando las regulaciones del bloqueo. Cuatro de los ciudadanos fueron multados por hospedarse, transportarse y comprar alimentos y bebidas en nuestro país. Los otros dos fueron sancionados por importar a EEUU mercancías cubanas.
- Durante la primera quincena de noviembre de 2005, se conoce que la OFAC envió cartas a alrededor de 200 miembros de la Brigada Venceremos y Pastores por la Paz, solicitando información sobre sus últimos viajes a Cuba. Estas cartas son un primer paso en un proceso que podría conducir a una multa por un monto total de 1.5 millones de dólares.
- En el 2004, un total de 77 compañías, instituciones bancarias y ONGS de diversas partes del mundo fueron multadas por acciones consideradas violatorias de las regulaciones del bloqueo.
De ellas, 11 son empresas extranjeras o subsidiarias de compañías norteamericanas radicadas en terceros países como México, Canadá, Panamá, Italia, Reino Unido, Uruguay, Bahamas e Indias Occidentales Británicas. Otras siete, como Iberia, Alitalia, Air Jamaica, Daewoo y el Banco de China, fueron sancionadas alegándose que sus filiales en Estados Unidos violaron determinadas disposiciones del bloqueo contra Cuba. Ocho de ellas, pagaron multas superiores a 50 mil dólares.
Entre las multas más significativas impuestas en el 2004 se incluyen:
• Alpha Pharmaceutical, Inc.; ICN Farmacéutica S.A. de C.V.; Laboratorios Grossman, S.A., radicadas en Panamá y México D.F. – 198 mil 711 dólares por la importación y exportación de mercancías desde y hacia Cuba entre 1998 y 2003;
• Chiron Corporation Ltd., en nombre de Chiron S.p.A. y Chiron Behring GmbH, sita en Emerville, California, EEUU – 168 mil 500 dólares por la exportación de vacunas a Cuba en el período 1999-2002;
- Durante el año 2005, 8 compañías e instituciones bancarias fueron multadas por la OFAC por violar distintas regulaciones del bloqueo, por un monto total de 44 mil 225 dólares. Los ciudadanos de Estados Unidos sancionados por violar el bloqueo, específicamente las regulaciones sobre los viajes a Cuba, fueron 487 (171 más que el año 2004), quienes pagaron multas por un total que superó el medio millón de dólares. El monto total de las multas pagadas por entidades e individuos en el 2005 fue de 573 mil 969 dólares.
La disminución de las multas de la OFAC a instituciones en ese período de 2005, en comparación con aquellas sancionadas civilmente en la misma etapa del año 2004, no es el resultado de una flexibilización en la aplicación de las medidas del bloqueo, por el contrario, se deriva del terror y por tanto, del desestímulo provocado en las actividades del sector empresarial con relación a Cuba.
Con acciones de esta naturaleza, ¿qué derechos humanos pretenden promover y proteger las autoridades estadounidenses? Examinemos a continuación otras adversas consecuencias de la aplicación de esta política unilateral de bloqueo.
Más acoso extraterritorial
Las autoridades estadounidenses utilizan como pretexto para sostener sus políticas unilaterales de coerción económica, que cada país tiene derecho a seleccionar a sus contrapartes comerciales. Sin embargo, en el caso del bloqueo a Cuba, resulta evidente que la aplicación de esa política rebasa con creces el simple rechazo de un socio comercial.
El Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, recomendó “aplicar firmemente” las sanciones contenidas en el Título IV de la Ley Helms-Burton, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a los Estados Unidos a inversionistas extranjeros en Cuba. En virtud de tal medida, en abril de 2005 se negó el ingreso a los Estados Unidos a los nuevos directivos de la compañía canadiense Sherritt y sus familiares.
El Informe instó a las autoridades norteamericanas a realizar un estudio riguroso para evaluar si la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton podría acelerar la caída de la Revolución Cubana. En la práctica, evocó la posibilidad de celebrar juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros países que realicen negocios con Cuba, algo que hasta ahora, y gracias a la presión internacional, se ha venido posponiendo periódicamente cada 6 meses.
El Informe también insiste en “neutralizar a las empresas ficticias que son en realidad propiedad del Gobierno cubano” y con este fin, propuso crear un Grupo de Evaluación de Bienes, dedicado a investigar las nuevas maneras en que se introducen y sacan divisas de Cuba.
Como resultado de esta acción, por citar sólo un ejemplo, en el segundo semestre de 2004, la OFAC declaró “nacionales especialmente designados” a las compañías Melfi Marine Corporation S.A. y Tour Marketing Ltd., y “nacional cubana” a la empresa SERCUBA, lo que conllevó la aplicación inmediata de las regulaciones del bloqueo a estas empresas.
Antes de que se anunciaran las medidas anticubanas en mayo de 2004, la administración de Bush había venido dando pasos para entorpecer las relaciones de nuestro país con diferentes instituciones bancarias en el mundo y así bloquear los ingresos que, por concepto de turismo, recaudación de dólares a través de las ventas en las tiendas en divisas, y otros servicios, Cuba obtiene y deposita en bancos extranjeros. Dichos fondos, cuyos orígenes son absolutamente legítimos, se utilizan directamente, entre otros fines, a la compra de combustibles, alimentos, equipos médicos y medicinas.
Se ha continuado la aplicación de acciones extraterritoriales violatorias de todo tipo de derecho:
• En el 2005, la compañía canadiense Paymentech Canadá, siguiendo instrucciones de su casa matriz en los Estados Unidos, Paymentech L.P., decidió cancelar sorpresiva y unilateralmente los servicios de procesamiento de pagos de las tarjetas de crédito VISA a las sociedades canadienses Hola Sun Holidays Limited y Canadá Inc. (Caribe Sol), en virtud de las disposiciones del bloqueo contra Cuba. Las compañías afectadas, que facilitan el turismo canadiense a Cuba, han tenido que contratar abogados para recuperar los fondos que les fueron retenidos por Paymentech Canadá, así como para reparar los daños y perjuicios causados por esta decisión, que ocasionó entre otras dificultades, que ambas hayan tenido que enrutar nuevamente todo su sistema de cobro a los miles de clientes que adquieren los paquetes turísticos que ofrecen.
Además, fue necesario eliminar la tarjeta VISA como medio de pago, al no contar con otro centro de procesamiento. Los gastos en abogados y derechos judiciales ya han superado los 100 mil dólares canadienses (80 mil 400 dólares norteamericanos) y aún los procesos judiciales por daños y perjuicios y por violación de las leyes canadienses, están en su fase inicial.
• El 6 de abril de 2005, la empresa SEISA recibió una comunicación del Banco Sabadell Atlántico de España, informándole la congelación de la transferencia bancaria emitida el 10 de noviembre de 2004 por dicho Banco a nombre de SEISA, para pagar operaciones comerciales a uno de sus proveedores llamado SUR CONTINENTE, entidad de nacionalidad chilena que opera en el BBVA de Santiago de Chile. El importe de la transferencia asciende a la cantidad de 32 mil 918 dólares, cuantía que fue bloqueada por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos.
• El 4 de marzo de 2005, la sociedad Octubre Holdings S.A. instruyó al Banco COOP de Ginebra, Suiza, girar a la cuenta de Galax Inc., en el “Banco Nacional de Canadá”, el equivalente de 400 mil dólares americanos en dólares canadienses. Por error del Banco COOP, este pago se realizó en dólares norteamericanos al Bank of New York y, por consiguiente, fueron estos fondos bloqueados el 10 de marzo de 2005.
Las afectaciones de estas medidas, debido a su extraterritorialidad, han causado graves perjuicios y se han hecho sentir en todas las esferas de la vida económica del país. Existen suficientes ejemplos que así lo demuestran. Se exponen a continuación algunos de los más recientes:
- Afectación a compras de carne para enfermos del SIDA. A través del Proyecto Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se adquirió carne en conserva para los enfermos del SIDA por un monto de 50 mil 400 dólares, a una empresa brasileña que al ser adquirida por una firma norteamericana, recibió la orientación de cancelar los negocios con Cuba. Obviamente, no se consideró el perjuicio de esta acción.
- Daños al desarrollo energético del país. En el primer trimestre del 2005, con vista a aliviar los problemas energéticos del país, debió haberse recibido un donativo a través de la cooperación internacional, consistente en tres plantas eléctricas. Tan necesario donativo no pudo materializarse, por presentarse dificultades con la autorización de su envío a Cuba. Se adujo que incluían componentes de procedencia norteamericana, además de no asegurarse el servicio de mantenimiento.
- Obstáculos en la adquisición de tecnologías. Una parte de la tecnología, equipos e insumos de los centros de investigación científica en biotecnología cubanos, que desarrollan y producen medios diagnósticos y terapéuticos como vacunas contra el cáncer, provenía de la empresa sueca Pharmacia, comprada por la Amersham y posteriormente por la norteamericana General Electric. Esta última, una vez propietaria, dio un plazo de una semana para cerrar la Oficina de Amersham en Cuba y suspender todos sus contactos con la Isla.
- Cierre en La Habana de empresa danesa de equipos médicos para cuidados intensivos. La Compañía RADIOMETER, productora danesa de Gasómetros – equipos que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales para el análisis de gas en sangre –, con vínculos directos con la empresa importadora MEDICUBA por más de 35 años, fue forzada en 2004 a cerrar su representación en La Habana, al ser adquirida por la compañía estadounidense “DONAHER”, imponiendo gastos adicionales al sistema de salud cubano en el orden de 200 mil dólares al año y peor aún afectando a los necesitados.
- Afectación del programa social de distribución de yogurt de soya a todos los niños cubanos de 7 a 13 años de edad. En agosto de 2004, se contrató a la Empresa brasileña MEBRAFE, equipos para la remodelación de todas las instalaciones frigoríficas de la UNIÓN LÁCTEA. Dentro del equipamiento contratado, se incluían 14 compresores de refrigeración de la marca de Dinamarca SABROE, que al ser adquirida por la York norteamericana, prohibió a su representante en Brasil la venta de los compresores.
- Afectación de la producción de refrescos instantáneos desde el pasado mes de mayo. En marzo de 2005, la representación en Canadá de la compañía norteamericana International Flavors and Fragances, comunicó a la empresa canadiense Reuven International su decisión de no venderle más aromas para la fabricación de alimentos instantáneos con destino a la empresa mixta canadiense-cubana Coracan S.A. Esta operación se hacía con la compañía canadiense Reuven Internacional, dada la imposibilidad de contratación directa, lo que ya encarecía la transacción en un 8%.
- Restricciones para la adquisición de vacunas contra enfermedades aviares. Durante el 2004 y hasta el presente, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido la prohibición al laboratorio europeo Intervet Holanda para la venta a Cuba de vacunas destinadas a la prevención de enfermedades aviares, alegando que contienen un 10% o más de antígenos producidos en EEUU. Cuba tiene que adquirir las referidas vacunas a través de terceros países a precios superiores. Al afectar la masa avícola en la Isla, se pretende cortar una importante fuente de proteínas en la alimentación del pueblo cubano.
- Afectación al plan de fabricación o importación de 3 millones de ollas de presión e igual número de ollas eléctricas arroceras, para distribuir una a cada núcleo familiar a precios subsidiados, con vista a mejorar las condiciones de vida de la población. En el caso de las ollas de presión, fracasaron los intentos de adquirir a compañías mexicanas materias primas necesarias para la fabricación de uno de sus componentes (cabo de las ollas) o el producto terminado en su conjunto, debido a que el material era de procedencia norteamericana.
- Se ha imposibilitado al Instituto de Farmacia y Alimentos, la Facultad de Química y la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana, adquirir recientemente espectrofotómetros o sus piezas de repuesto para la realización de prácticas de laboratorio. El Instituto había comprado equipos por valor de 13 mil dólares la unidad a la firma europea LKB-Pharmacia. Al ser adquirida la firma por los Estados Unidos, una subsidiaria de dicha empresa en España se negó a suministrar las piezas de repuesto.
El colmo de la ridiculez fue que se prohibiera comprar nuevas lámparas en la sucursal de la mencionada empresa en España – cuyo valor no excede los 12 USD la unidad—, cuando se supo que la Profesora que intentaba hacerlo era de nacionalidad cubana.
- Negativas a permitir la conexión de Cuba a supercomputadores, lo que dificulta las fuentes de información para estudios e investigaciones en materias como la informática. Entre febrero y abril de 2005, a Cuba le fue negada la conexión con el supercomputador de la Universidad de Minas Gerais, Brasil, aduciendo que la contratación de tal servicio excluye de forma explícita aquellos países bloqueados por Estados Unidos.
La extraterritorialidad del bloqueo ha causado tal nivel de impacto negativo sobre el país que, numerosas empresas de diversas partes del mundo, aún sin tener inversiones de capital accionario de, o en los Estados Unidos, ni presencia significativa en el mercado de ese país, se abstienen de realizar negocios con Cuba o interrumpen sus relaciones con la Isla, con el fin de no poner en peligro cualquier eventual vínculo futuro con capitales de la superpotencia:
• El First Caribbean International Bank de Bahamas, envió una carta a la empresa HAVANATUR, comunicándole que a partir del 7 de febrero de 2005 terminaban sus relaciones bancarias, porque “no querían tener problemas con los norteamericanos”.
• El banco británico “Barclays” manifestó recientemente a los ejecutivos de la Empresa CUBANIQUEL en Londres, que estaba valorando la posibilidad de no establecer negocios con dicha empresa, ya que su gerente era de origen norteamericano y las leyes del Gobierno de Estados Unidos no sólo se aplicaban a compañías, sino también a individuos.
Otras afectaciones que restringen el derecho a la alimentación del pueblo cubano.
En su evidente afán de rendir por hambre al pueblo cubano, en el período de julio de 2004 hasta abril de 2005 el bloqueo ha tenido un costo estimado para la Industria Alimenticia que asciende a 55 millones 863 mil 957 dólares, cifra con la que se podría garantizar el mejoramiento tecnológico de aproximadamente un tercio de esta industria.
La población cubana ha visto limitado su acceso a una fuente importante de proteínas, al estimarse que el bloqueo impidió a la industria avícola nacional un incremento productivo equivalente a 30 millones de dólares, sólo en el 2004, con los que podrían producirse 750 millones de huevos adicionales.
El no acceso a tecnologías de punta en la producción de carne de ave, mayoritariamente de producción norteamericana, ocasionó que se mantuviera paralizado este tipo de producción durante ese año, imponiendo la reubicación en otros empleos a más de 4 mil trabajadores del sector y privando a la industria del desarrollo de una producción equivalente a 8 mil 800 toneladas de carne de ave.
Perjuicios a la salud del pueblo cubano.
Desde el triunfo revolucionario en Cuba, el Sistema Nacional de Salud ha sido un objetivo priorizado de la política de bloqueo de los Estados Unidos contra la Isla.
Las consecuencias de las prohibiciones del bloqueo en muchos casos han resultado dramáticas, no sólo por el sufrimiento humano de los pacientes y sus familiares, sino porque el personal médico se ha visto imposibilitado en ocasiones de salvar una vida o aliviar una dolencia (Ver Informe de Cuba al Secretario General de las Naciones Unidas, el documento A/60/213 de la Asamblea General de la ONU).
En el sector de la salud, el bloqueo provocó afectaciones valoradas en 75,7 millones de dólares durante el período de abril del 2004 a mayo de 2005. Esa cifra no incluye el incalculable daño ocasionado al pueblo cubano por las carencias de medicamentos, equipos y material gastable, en todas las instalaciones de la red nacional de salud.
Programas de Tecnología de Avanzada tales como transplantes, cirugía cardiovascular, nefrología y genética, son afectados por inestabilidad de los suministros. Muchos de sus componentes son de producción norteamericana y en varias ocasiones las autoridades de ese país no otorgan el permiso para adquirirlos, o simplemente prolongan indefinidamente los trámites necesarios.
Algunos de los casos más recientes que ilustran las consecuencias de esta genocida e inhumana política en el sector de la salud pública son los siguientes:
- La atención a los niños que necesitan transplante hepático es una de las áreas más sensiblemente afectadas por las medidas del bloqueo. Un ejemplo es la ausencia de respuesta de los Laboratorios Abbot, a la solicitud de adquisición del equipo dosificador del inmunosupresor Tracolimus (FK506), producido únicamente por ese laboratorio norteamericano y que es imprescindible para vigilar los niveles sanguíneos, cuyas variaciones pueden traer complicaciones por infecciones y tumores secundarios.
- Los Servicios de Nefrología que tiene el país, en los que reciben tratamiento mediante programa de hemodiálisis 1839 pacientes -- de ellos 30 niños --, se han visto perjudicados por la imposibilidad de acceder a las tecnologías y accesorios de diálisis (máquinas de riñón artificial y sus componentes) en el mercado norteamericano, que por su cercanía, desarrollo tecnológico y competitividad de precios, sería la vía lógica y natural.
- Ha sido afectado el Programa de Cardiología, al no poderse adquirir directamente de los fabricantes materiales gastables empleados en cardiología intervencionista. Ello ha representado un gasto adicional en el año de 66 mil dólares.
- Superan los 136 mil dólares los gastos anuales en que se incurren por no poder comprar directamente a la compañía norteamericana GIBCO el Amniomax, que es un medio de cultivo para la detección de malformaciones congénitas en mujeres embarazadas mayores de 38 años y es el único producto que se conoce internacionalmente para realizar dicha prueba.
- Los niños cubanos tampoco pueden beneficiarse con los nuevos inhaladores para las crisis de asma, pues el gobierno norteamericano les niega ese derecho.
El pueblo norteamericano se ve también perjudicado por acciones tales como el impedimento a que instituciones cubanas participen en los ensayos clínicos de medicamentos fabricados en los Estados Unidos. Por ejemplo, los diseñadores norteamericanos de los ensayos de un medicamento contra la sicklemia, estimaron que la participación cubana habría permitido llevar el nuevo medicamento al mercado al menos un año antes, ya que las pruebas se habrían beneficiado de la existencia en Cuba de un registro nacional de pacientes de esa enfermedad, inexistente en el caso de EEUU.
Los efectos negativos del bloqueo en la biotecnología cubana, tienen de igual forma consecuencias perjudiciales indirectas para la salud en los países subdesarrollados. Cuba es el país del mundo que tiene más proyectos de vacunas preventivas y terapéuticas contra las principales enfermedades del Tercer Mundo, con un total de 29 proyectos.
La organización “Pediatric Dengue Vaccine Initiative (PDVI-EEUU) y el National Vaccine Institute (IVD) de la República de Corea, seleccionaron entre más de 100 proyectos internacionales uno del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, por su gran importancia en la obtención perspectiva de una vacuna contra el dengue, enfermedad que azota a numerosos países subdesarrollados. Se otorgó financiamiento a los restantes 12 proyectos seleccionados, mientras que el de Cuba tuvo que ser desestimado como consecuencia del bloqueo.
En el año 2002, las afecciones del corazón causaron en los Estados Unidos 240.8 muertes por cada 100 mil habitantes, constituyendo la primera causa de muerte en ese país. Las afecciones cerebro-vasculares, con 56.2 muertes por 100 mil habitantes, representan la tercera causa de muerte.
De acuerdo con los Editores del Harvard International Review, Ryan Bradley and Edy Rim, una evaluación independiente de la Universidad de Ginebra endosó el novedoso medicamento cubano PPG (Ateromixol o policosanol), creado en 1991, como la mejor droga anticolesterol disponible. Un artículo científico titulado “Meta-Analysis of Natural Therapies for Hyperlipidemia: Plant Sterols and Stanols Versus Policosanol”, publicado en Pharmacotherapy en el 2005, señaló que los estanoles y esteroeles de plantas, disponibles en Estados Unidos, son bien tolerados y seguros, pero el policosanol (PPG) es más efectivo que los anteriores en el nivel de reducción del LDL (colesterol malo) y es mucho mejor para el paciente por tener que tomar una sola tableta al día, ser mucho más barato y con más potencialidad en los beneficios cardiovasculares.
Si no existiera el bloqueo, miles y quizás cientos de miles de ciudadanos norteamericanos habrían salvado sus vidas o no padecerían secuelas físicas u otras limitaciones como consecuencia de no ser tratados, por absurdas razones políticas, con el PPG, el medicamento anticolesterol más eficaz y barato disponible, patentado en Cuba.
En cuanto al cáncer, desde 1970 la tasa de mortalidad de cáncer de pulmón en los Estados Unidos ha sido más alta que la de otros tipos de esta enfermedad. El número de muertos por cáncer en ese país supera anualmente las 560 mil personas; cada año aparecen un millón 250 mil nuevos enfermos; sólo por cáncer de pulmón mueren aproximadamente 166 mil personas cada año y una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres de los norteamericanos que viven hoy sufrirán algún tipo de cáncer a lo largo de sus vidas.
Después de más de 30 años de programas y más de 230 mil millones de dólares gastados, es mínimo el resultado en la lucha contra el cáncer en Estados Unidos. Si no existiera el bloqueo, las instituciones de la biotecnología cubana que trabajan en numerosos proyectos de investigación de avanzada como vacunas terapeúticas contra diferentes tipos de cáncer -10 proyectos -, o monoclonales patentados para el diagnóstico precoz del cáncer, entre otros, podrían contribuir a enfrentar esta grave enfermedad.
Perjuicios ocasionados a la educación del pueblo cubano.
Las afectaciones al sector educacional han sido cuantiosas en estos cuarenta y seis años de bloqueo. La intensificación de esta política ha privado a los pueblos cubano y norteamericano de sostener un fluido intercambio en estos ámbitos.
En el sector educacional, a la par de las restricciones y obstáculos a la adquisición de medios didácticos, se continúan agudizando las afectaciones ocasionadas por el bloqueo en la atención de niños y niñas con necesidades educativas especiales, que requieren equipos de mayor complejidad, y que en algunos casos permiten eliminar el defecto.
Persisten dificultades en la adquisición y/o reparación de máquinas Braille para niños ciegos y débiles visuales (se compran a precios hasta de 1000 dólares cuando podían adquirirse a 700 dólares en el mercado norteamericano), papel braillón, equipamiento de las escuelas especiales para estrábicos y ambliopes, entre otros medios, cuya carencia hace más difícil mantener y desarrollar el principio de “Educación para Todos a lo largo de Toda la Vida”.
Alrededor del 80% de las cámaras de mantenimiento y congelación de alimentos de los 786 centros internos de nivel medio educacional se encuentran inactivas o en muy mal estado. Para su reparación capital se necesitan cerca de 9 millones 420 mil dólares, equivalentes a un gasto anual de 1 millón 884 mil dólares durante un período de cinco años, que no ha podido ser asumido a partir de la limitación de recursos impuesta por el bloqueo. Una situación similar prevalece en la construcción, mantenimiento y reparación de los centros e instituciones escolares y en la disponibilidad de mobiliario escolar, con afectaciones más sensibles en el caso de los círculos infantiles.
Daños al desenvolvimiento externo de la economía cubana.
El comercio exterior cubano ha tenido cuantiosas pérdidas debido a las arbitrarias regulaciones y legislaciones que articulan dicha política.
Se estima que en el año 2004 las afectaciones al comercio exterior cubano provocadas por el bloqueo alcanzaron 822,6 millones de dólares, cifra que supera la suma del año anterior en 57,2 millones de dólares.
El monto mayor de las afectaciones identificadas estuvo asociado a la aplicación de regulaciones extraterritoriales, calculadas en 380 millones de dólares, aunque continúa teniendo una gran incidencia la imposibilidad de acceder al mercado estadounidense, potencialmente natural para Cuba.
Este último elemento – con una afectación estimada en 305,2 millones de dólares –, ha provocado la necesidad de reubicar en terceros países las importaciones y exportaciones, con los consiguientes incrementos de seguros y fletes.
Incluso, en las limitadas compras de alimentos que Cuba hace en los Estados Unidos, se produjeron afectaciones económicas por 23,7 millones de dólares, como resultado de las restricciones bajo las cuales se han ejecutado, que imponen gastos adicionales por: cambio de monedas, al efectuarse las transacciones a través de bancos intermediarios; demoras en la descarga de los buques, debido a dilaciones en el cobro de los pagos; y fletes, al tener que regresar los buques a los EEUU en lastre.
Limitando el acceso del pueblo cubano a la información, el conocimiento y el comercio de bienes y servicios, el gobierno norteamericano viola acuerdos alcanzados por la comunidad internacional, particularmente, el espíritu y la letra de la Declaración de Principios de la Cumbre de la Sociedad de la Información, que en su párrafo 46 “insta enérgicamente a los Estados a que al crear la sociedad de la información, adopten medidas para evitar, y se abstengan de adoptar medidas unilaterales no conformes con la legislación internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países interesados y sean contrarias al bienestar de sus ciudadanos”.
De igual forma, en el Plan de Acción aprobado en dicha Cumbre, se incluyen varias formulaciones de rechazo a las medidas unilaterales. Y reconociendo que todo el mundo debería beneficiarse del potencial que ofrece la Sociedad de la Información, en uno de sus párrafos invita a los gobiernos a que “presten asistencia a los países afectados por cualquier medida unilateral no conforme con el derecho internacional o con la Carta de las Naciones Unidas que impida la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países afectados, y que menoscabe el bienestar de sus ciudadanos”.
Las exportaciones cubanas de materiales informativos, que por excepción podrían realizarse a los Estados Unidos, requieren ser efectuadas a través de terceros países, por lo que estas transacciones se encarecen en un 40%. Por esta causa, algunas entidades estadounidenses dejaron de adquirir publicaciones cubanas, lo que ocasionó una pérdida de ingresos al país.
Desde el punto de vista financiero, el bloqueo ha tenido una incidencia decisiva en el alto Riesgo País adjudicado a Cuba, clasificación que de por sí entraña una discriminación a los derechos de un sujeto internacional soberano, como es un Estado. Por este concepto, se cuantificaron daños económicos por 72,2 millones de dólares, a partir de las difíciles condiciones para acceder a financiamientos externos.
Se mantienen en vigor las severas restricciones a las ventas de alimentos y medicinas a Cuba.
Desde fines del 2001, y en virtud de una legislación aprobada por el Congreso norteamericano en el año 2000 como resultado de las exigencias del sector agroexportador y de la sociedad norteamericana en general, Cuba inició sus compras de alimentos en EEUU que alcanzaron en el año 2004 un valor de 474,1 millones de dólares.
Las ventas de alimentos al país están sujetas a severas restricciones y complicados procedimientos. Cuba debe efectuar los pagos al contado y por adelantado, sin posibilidad de obtener créditos financieros, ni siquiera privados. La venta y el transporte de las mercancías requieren la obtención de licencias para cada operación. Cuba no puede utilizar en la transportación su flota mercante; debe recurrir a buques de terceros países y, fundamentalmente, de los EEUU. Los pagos se realizan a través de bancos de terceros países, por estar prohibidas las relaciones bancarias directas. Los elementos señalados produjeron afectaciones económicas en el 2004 por 23,7 millones de dólares.
Las restricciones a la importación de productos médicos son de tal magnitud que es inviable. Incluyen la verificación por el exportador estadounidense del uso del producto o equipo en el destino final y la prohibición de vender a Cuba productos y equipos de tecnología avanzada.
Esta situación se tornó más compleja, a partir del anuncio del Departamento del Tesoro de los EEUU, de que los pagos cubanos deberán recibirse antes que las mercancías se carguen en buques atracados en puertos estadounidenses para su envío a Cuba. Ello se aparta de la práctica vigente de los pagos contra la presentación de documentos y el traspaso de propiedad al comprador cubano, luego de la recepción del pago en efectivo por parte del exportador estadounidense.
La disposición constituye una escalada dirigida a entorpecer las ventas de alimentos, sujetas de por sí a numerosas restricciones. Este procedimiento, aparentemente, podría exponer las mercancías destinadas a la población cubana a ser embargadas en territorio norteamericano, para ejecutar fallos judiciales, legalmente infundados, que han sido emitidos por tribunales de los EEUU contra la República de Cuba. Dicha medida ignora, además, la voluntad del Congreso cuando autorizó las ventas a Cuba.
A pesar de la reconocida calidad de los productos y la eficiencia de los proveedores norteamericanos, la medida antes mencionada hace totalmente insegura las compras a los EEUU, al poner en peligro la alimentación directa de la población cubana, incluida la infantil, y la adquisición de materias primas que se utilizan para la elaboración de otros alimentos.
La empresa cubana encargada de la compra de alimentos, ALIMPORT, ha confirmado que honrará sus compromisos contractuales vigentes y que está dispuesta a continuar desarrollando sus compras al empresariado norteamericano, siempre que las condiciones sean aceptables dentro de la lógica de las prácticas comerciales internacionales. De igual forma, ha ratificado su confianza en los agricultores, hombres de negocios, transportistas, portuarios, legisladores y otras personalidades que, a lo largo de estos cuatro años, han demostrado la voluntad de desarrollar unas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.
A toda esta situación se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingresos que permitirían ampliar las operaciones.
La compra de alimentos ha sido resultado de ingentes esfuerzos de las empresas de ambos países para lograr la negociación, contratación y ejecución de las operaciones y no de la voluntad del gobierno norteamericano. El propio presidente de los Estados Unidos se ha encargado de aclarar que independientemente de dichas ventas, el bloqueo sigue en pie y que, por el contrario, se están reforzando las medidas de coerción económica y las sanciones vigentes.
Las medidas de recrudecimiento en vigor desde el 2004 y su impacto en el disfrute de los derechos humanos.
Una de las más graves consecuencias de la política de bloqueo contra Cuba y de las últimas medidas de recrudecimiento, está en el peligro que estas plantean al disfrute del pueblo cubano de su derecho a la libre determinación.
Para adelantar sus objetivos de dominación a la Isla, la administración Bush no repara incluso en violar de manera flagrante el derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses de viajar libremente a un país con el cual los Estados Unidos no está en guerra – al menos no la ha declarado públicamente –, consagrado también en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que constituye una obligación jurídica para los Estados Unidos, en calidad de Estado parte de ese instrumento internacional. Peor aún, se pisotea groseramente el derecho de los cubanos que residen en la potencia del Norte, a visitar a sus familiares en su país de origen.
Profundizando al respecto, la Asamblea General de la ONU, mediante su Resolución 59/203, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las familias”, aprobada en diciembre de 2004, exhortó “a todos los Estados a que garanticen la libertad universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros países que residan legalmente en su territorio”.
En enero de 2005, trascendió que la OFAC ha venido interpretando las regulaciones sobre los viajes a Cuba de modo tal, que a los propios ciudadanos norteamericanos no se les permite participar en reuniones en Cuba que sean patrocinadas y organizadas por agencias de la ONU, salvo que obtengan previamente una licencia.
A partir del año 2000 el volumen de los viajes a Cuba de cubanos residentes en el exterior había tenido un crecimiento estable y alcanzó en el 2003 la cifra record de 167 710; de ellos, 115 142 viajaron directamente desde EEUU.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Bush contra la familia cubana, a partir del segundo semestre del 2004, tuvieron ese año un efecto muy negativo y las visitas de cubanos residentes en Estados Unidos se redujeron a 57 145, para una disminución del 50,9 % en comparación con el 2003. Aunque en el 2005 se produjo una ligera recuperación y al finalizar el año habían viajado a Cuba, directamente desde EEUU, 62 269 cubanos residentes en ese país, las medidas contra la familia cubana de la Administración Bush siguen teniendo un impacto desfavorable, negándole a los cubanos, el derecho a encontrarse con sus familiares. Por sólo apuntar una de las más crueles restricciones impuestas, los viajes que cubanos residentes en Estados Unidos antes podían hacer cada año para visitar a sus familiares en la Isla, ahora sólo pueden hacerlo cada tres años.
Los estadounidenses igualmente han visto afectados sus derechos por la política anticubana de la administración Bush. En el 2004, viajaron a Cuba 48 591 ciudadanos de ese país, mientras que durante el 2005 sólo nos visitaron 35 003, lo que significó una disminución del 28 %.
Esa misma resolución pidió a todos los Estados que permitan “el movimiento sin restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de otros países que residen en su territorio envíen a sus familiares en el país de origen”.
La Asamblea General también resolvió mediante ese mismo texto, exhortar a todos los Estados a que se abstengan de promulgar disposiciones, o deroguen las que estén vigentes, concebidas como “medidas coercitivas que establezcan un trato discriminatorio contra migrantes legales, se trate de individuos o grupos, al redundar en detrimento de la reunificación de las familias y del derecho a enviar remesas financieras a sus familiares en el país de origen”.
Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos ha adoptado todas las medidas para privar a Cuba de ingresos absolutamente legítimos, obstaculizando todo envío de remesas, apelando incluso al inhumano procedimiento de prohibir o dificultar al máximo a residentes de ese origen en Estados Unidos las visitas a familiares cubanos.
Numerosos ejemplos recientes, algunos de los cuales se exponen a continuación, revelan el propósito de la administración Bush de poner freno al intercambio académico, científico, cultural y deportivo entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, lacerando así sus derechos.
Se viene obstaculizando sistemáticamente la participación de científicos cubanos en reuniones y eventos científicos internacionales, algunos de ellos multilaterales, al no otorgárseles el visado de entrada a los Estados Unidos. Entre las decenas de eventos a los que no se pudo asistir se encuentran los siguientes:
- XXIX Congreso Internacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. San Juan, Puerto Rico, 22 al 26 de Agosto de 2004.
- 110 Reunión Anual de la Asociación Americana de Urología. Texas, del 21 al 26 de Mayo de 2005.
- Reunión Anual de la Asociación Americana de Oncología. Orlando, Florida, del 13 al 17 de Mayo de 2005.
- XX Congreso de la Latin American Studies Association (LASA), celebrado en octubre del 2004, en las Vegas. A todos los académicos cubanos invitados a participar – 64 en total –, se les negó la visa, hecho sin precedente alguno.
Los viajes de estudiantes norteamericanos al país se han reducido al mínimo desde la promulgación en 2004 de las medidas adicionales de prohibición de viajes a Cuba. A la ONG norteamericana MEDICC, se le retiró la licencia de viajes que otorga el Departamento del Tesoro. Dicha organización ofrecía anualmente cursos en Cuba para 200 estudiantes y profesores en medicina, enfermería y salud pública.
El Gobierno de Estados Unidos impidió la participación de científicos y académicos norteamericanos en varios encuentros científicos y eventos celebrados en Cuba, entre ellos:
• Conferencia Internacional de Cirugía Maxilo-Facial, en junio de 2004. A los 50 norteamericanos que pretendían asistir se les negó el permiso para viajar a Cuba.
• Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto-juvenil, La Habana, 30 de marzo al 1ro de abril de 2004. Unos días antes de la fecha de inicio, los 160 norteamericanos que habían confirmado su participación recibieron una carta de la OFAC, amenazándoles con fuertes sanciones y negándoles la participación. Este evento era auspiciado por la Asociación de Psiquiatría de América Latina y la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente (AACAP).
La negativa a conceder licencias y/o al levantamiento de barreras y obstáculos administrativo-burocráticos a programas de intercambio de universidades de Estados Unidos con la Universidad de La Habana, así como la prohibición de viajes a Cuba de estudiantes y profesores de EEUU., si bien ha sido una práctica permanente de diversas administraciones estadounidenses durante más de 40 años, ha alcanzado niveles de irracionalidad con las autoridades actuales.
En el período se cancelaron 6 programas de semestre para estudiantes norteamericanos en la Universidad de La Habana, que eran coordinados por entidades tales como: Center for Cross Cultural Studies; Council for International Educational Exchange; Institute for Study Abroad-Butler University; School for International Training; Lexia International y Crucero Semestre en el Mar. Comparando el curso académico 2004-2005 con el curso anterior, se constata que la matrícula para los programas coordinados por los cinco centros listados anteriormente descendió en 253 estudiantes, o lo que es igual, el número decreció en más de 15 veces.
En el caso específico del Crucero Semestre en el Mar, en el curso académico 2003-2004 este programa trabajó con la Universidad de la Habana en dos ocasiones. En ellas se involucraron 1,322 estudiantes y profesores. Dado que fue cancelado el programa, en el actual curso académico ningún estudiante o profesor asociado a este programa pudo viajar a Cuba.
De mayor impacto resultaron las afectaciones para la Universidad de La Habana por concepto de Proyectos de Investigación cancelados o no iniciados, a pesar del interés manifestado por la contraparte estadounidense. Algunos ejemplos se relacionan a continuación:
• Un joven científico cubano de la Facultad de Biología, ganó por concurso la aprobación por la Universidad de Harvard de un proyecto en biología molecular sobre el desarrollo de adyuvantes vacunales, por un monto estimado de 20 mil dólares. El inicio de este proyecto ha sufrido un atraso de 3 años y aún se encuentra en litigio su tramitación. De realizarse, resultaría de utilidad para la producción de diversas vacunas, con las que por supuesto, no sólo se beneficiaría Cuba.
• El Centro de Estudios de Migraciones Internacionales ha visto interrumpidos 6 Proyectos de Investigación y de intercambio académicos con la CUNY University de Nueva York, y con las Universidades del Sur de la Florida y de Gaisnville, entre otras, sobre diversos temas de identidad y migración.
• La Facultad de Derecho vio cancelado su Proyecto de Intercambio Académico con el Cuba-USA Legal Forum, sobre los sistemas legales de Cuba y EEUU
• Han sido cancelados proyectos de investigación conjunta sobre Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penal con el Nacional Lawyer Gild, la Yale University, la California University y el Cuba-USA Legal Forum.
En relación con los intercambios deportivos, en las afectaciones se incluye la eliminación de la Licencia General para la participación de deportistas norteamericanos en las competencias amateur y semiprofesionales que se celebren en Cuba, aún cuando sean auspiciadas por una Federación Internacional.
Fue notable la reducción en la participación de deportistas de ese país en eventos realizados en Cuba. En el 2004, la cifra fue de sólo 128 atletas, en relación con 603 atletas en el 2003. En el primer trimestre del 2005, habían participado en eventos deportivos celebrados en Cuba sólo un total de 34 atletas estadounidenses.
Durante el año 2004 y hasta octubre de 2005, diez delegaciones integradas por 49 personas y funcionarios del deporte cubano no recibieron las visas para viajar a los EEUU, aún cuando iban a participar en importantes congresos y cursos de Solidaridad Olímpica.
En noviembre de 2004, se confrontaron dificultades para la participación en el maratón Marabana de los atletas discapacitados del World Team Sport, porque su licencia de viaje fue retirada en el 2003. Unos 90 corredores norteamericanos que habitualmente participan en esta competencia, no pudieron hacerlo.
Las recientes restricciones a los viajes educacionales, científicos, deportivos y de intercambio académico de ciudadanos e instituciones norteamericanas con homólogas cubanas, violan un número significativo de derechos de los pueblos cubano y estadounidense, reconocidos todos en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Entre los derechos que han sido transgredidos podría citarse la libertad de opinión y expresión (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), en virtud de la cual todo individuo tiene el derecho, sin limitaciones de fronteras, a buscar, investigar y recibir informaciones y opiniones y “los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales” (Párrafo 4 del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
La administración Bush con sus medidas del 6 de mayo de 2004 actuó claramente en contra del Artículo V de la Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional, adoptada por la UNESCO el 4 de noviembre de 1996, que reconoce que “la cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los pueblos y todas las naciones, los cuales deben compartir su saber y sus conocimientos”.
Las nuevas medidas de bloqueo y de verdadera guerra económica total, no sólo agravan los obstáculos que la política anticubana de sucesivos gobiernos estadounidenses ha planteado a la plena realización por el pueblo cubano de su derecho al desarrollo, consagrado en la Declaración de igual nombre adoptada por la Asamblea General mediante su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986 y reafirmado por consenso en la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, sino que constituyen una criminal violación de la disposición establecida en el párrafo 2, del Artículo 1, común a ambos Pactos Internacionales de Derechos humanos, que establece que “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Aunque por el momento, entre las medidas anticubanas aplicadas por Washington desde el 30 de junio, no están incluidas nuevas reducciones a las ya limitadas cantidades de dinero que un cubano residente en los Estados Unidos puede enviar a sus familiares en Cuba – discriminación que sólo afecta a los cubanos, entre todas las nacionalidades de migrantes legales que existen en ese país –, sí ha quedado claro que se reducirán significativamente las categorías de familiares que podrán recibir remesas.
El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocieron que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague, Dinamarca, en 1995, reafirmó en el párrafo 80 de su Programa de Acción ese precepto y más aún, reconoció que “en diferentes sistemas culturales, políticos y sociales, la familia reviste diversas formas”.
Los personeros de la administración Bush, en el agravamiento de su agresión a la nación cubana, pretenden negar a las familias cubanas su identidad, rechazando la inclusión en las mismas de categorías de parentesco que han sido tradicionalmente parte intrínseca e inalienable de esa unidad básica del pueblo cubano.
En franca violación de varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos –en particular el 19, 20 y 21, que consagran las libertades de opinión y asociación y el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país–, se prohibió a los cubanos residentes en los Estados Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares en Cuba, si estos son “funcionarios del gobierno o miembros del Partido Comunista”. En el colmo de la irracionalidad, se podrían presentar casos de ancianas de avanzada edad que viven en la Isla, y que tendrían que renunciar a sus derechos políticos para poder aspirar a continuar recibiendo remesas de un hijo que resida en los Estados Unidos.
La escalada en la guerra económica contra Cuba servirá a los objetivos de aquellos que quieren fabricar una crisis – real o artificial – que pueda servir de pretexto a la agresión militar de los Estados Unidos a la Isla.
Los Estados Unidos, al profundizar su amenaza de agresión militar al pueblo cubano –opción que no han rechazado y a la que por el contrario han aludido en varias ocasiones como una posible eventualidad en sus declaraciones públicas, algunos personeros de la administración Bush y los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana en el Congreso estadounidense–, viola el Derecho sagrado de los Pueblos, tanto el de los Estados Unidos como el de Cuba, a la Paz.
Mediante su Resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, titulada “Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz”, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado”.
La administración estadounidense del presidente Bush, la misma que fabrica cínicamente e impone mediante el chantaje y las presiones un espurio texto con el falso propósito de “promover el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano” en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, se ha desenmascarado nítidamente y de modo irrefutable, con el anuncio de sus medidas anticubanas el pasado 6 de mayo, como el único, histórico y premeditado responsable de violaciones a los derechos humanos de los cubanos y cubanas.
La entrada en vigor de las nuevas medidas anticubanas, el 30 de junio de 2004, marcó una nueva etapa cualitativa en la política de hostilidad, bloqueo, agresiones y violaciones masivas, flagrantes, sistemáticas y premeditadas de los derechos humanos del pueblo cubano por las autoridades de los Estados Unidos, agravando significativamente la entidad de actos que califican como Delitos de Genocidio, en virtud del inciso b), del Artículo II, de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En ese inciso del Artículo II de la Convención, se definen como delitos de Genocidio los actos de “lesión grave a la integridad física o mental” perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Como digna expresión de la vocación humanista del pueblo cubano, mientras el gobierno de Washington insiste en dañar el bienestar y la salud del pueblo cubano, el 21 de junio de 2004, el presidente cubano Fidel Castro ofreció públicamente al gobierno norteamericano la posibilidad de atender gratuitamente en la Isla, en cinco años, a 3000 ciudadanos estadounidenses pobres, la misma cantidad de personas que murieron en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001.
Asimismo, el 30 de agosto de 2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió un mensaje de nuestro gobierno informando la disposición de Cuba a enviar personal de salud y 3 hospitales de campaña a las zonas afectadas por el huracán Katrina en los Estados Unidos. En enero pasado, también se comunicó la disposición de recibir a 150 mil estadounidenses para ofrecerle tratamiento en salud.
Cuba confía en que una abrumadora mayoría de gobiernos de todo el mundo, como lo hacen los pueblos y las personas dignas y honestas de las más diversas latitudes, siga reconociendo la importancia vital de oponerse a la continuidad de una ilegal política de hostilidad y agresiones unilaterales, que socava los cimientos mismos del multilateralismo.
El pueblo cubano también espera que la mayoría de los gobiernos del mundo actúen de modo coherente y se opongan a la espuria maniobra que fabrica el gobierno de los Estados Unidos, año tras año, en la Comisión de Derechos Humanos. No tiene sentido oponerse al bloqueo en el marco de la Asamblea General, y luego apoyar en Ginebra el engendro que sirve de pretexto a los Estados Unidos para mantener y recrudecer su política de bloqueo y agresiones contra Cuba.
