CAPÍTULO 2: LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DE LAS RELACIONES MIGRATORIAS BILATERALES LLEVADA A CABO POR SUCESIVAS ADMINISTRACIONES ESTADOUNIDENSES. EL PRESIDENTE BUSH LA EMPRENDE CONTRA LAS FAMILIAS CUBANAS E IMPIDE LA CONTINUACIÓN DE LOS ESCASOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS QUE TENÍAN LUGAR ENTRE LOS PUEBLOS ESTADOUNIDENSE Y CUBANO.
La Migración Cubana hacia Estados Unidos antes de 1959
El triunfo de la Revolución Cubana marcó la ruptura en la normalidad de los nexos migratorios entre Cuba y Estados Unidos, como consecuencia de la temprana decisión de las autoridades estadounidenses de manipular el tema migratorio como factor de desestabilización y agresión contra el proceso de transformaciones emprendido por el pueblo cubano.
Los flujos migratorios desde Cuba hacia Estados Unidos, no aparecen con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, datan de la época en que la isla era aún una colonia de España, en pleno Siglo XIX.
En 1870, los cubanos que habían emigrado a Estados Unidos alcanzaron la cifra de casi 12 000, de los cuales cerca de 4 mil 500 residían en New York, unos 3 mil en New Orleans y 2 mil en Cayo Hueso. Las causas de estos movimientos migratorios fueron tanto económicas como políticas. El flujo se incrementó a partir de 1860, cuando el factor político se convierte en la causa preponderante en las salidas de cubanos al exterior, como resultado de la agudización de las contradicciones con la metrópoli española.
El año 1869 marcó el inicio de uno de los períodos más trascendentales del movimiento poblacional desde Cuba hacia Estados Unidos, con centro en Cayo Hueso. Se produce el traslado de cientos de trabajadores y empresarios vinculados a la manufactura del tabaco. Las razones fueron diversas: el acceso a modernas técnicas de elaboración del tabaco; el fomento de la inversión en el principal mercado, Estados Unidos; y la inseguridad respecto al futuro de la isla, que venía sufriendo años de crisis económica, política y social que se agravaron con el inicio de la Guerra de los Diez Años contra el dominio español.
La manufactura del tabaco a partir de la fuerza de trabajo cubana, se convirtió en la más importante fuente de ingresos de los habitantes del Cayo entre 1869 y 1900. Tampa fue también utilizada como punto de destino por los emigrados cubanos, que pasaron de 720 en 1880, a 5 mil 532 en 1890.
El segundo lustro de los años noventa del siglo XIX, marcó el descenso de la población emigrada cubana, cuando una parte importante de esta regresó a la isla a combatir por la independencia. Con el fin de la guerra, se acentuó la integración de los inmigrantes cubanos a la sociedad norteamericana, cuya cifra no había aumentado significativamente: unas 12 mil personas.
El arribo del siglo XX profundizó en Cuba la tendencia migratoria, la que se convirtió en predominante a partir de inicios de la década del 30, con destino primordial en Estados Unidos. Durante los años 20 y 30, la emigración desde Cuba hacia territorio estadounidense la integraban básicamente trabajadores en busca de opciones laborales, que se establecieron en New York y New Jersey. Eran migrantes laborales que clasifican como trabajadores y se igualan al resto de los inmigrantes del área en esa época.
De esta forma emigran más de 40 mil en la década de los años veinte, alentados por las facilidades inmigratorias norteamericanas para la época; más de 43 mil lo hicieron en los próximos diez años. Entre 1930 y 1958, el flujo migratorio hacia Estados Unidos, Venezuela y México alcanzó la cifra de 135 mil personas.
Se producen alzas y bajas en las salidas de migrantes, en correspondencia tanto con la situación interna de los años 40 y 50 en Cuba, como con las políticas migratorias estadounidenses y el sentimiento anti-inmigrante que escalaba por etapas en ese país.
La migración cubana de estos años estaba integrada además de los sectores trabajadores, por un pequeño sector de la población que contaba con algún recurso para salir del país y vivir en el exterior. Estados Unidos constituía el destino predilecto de la burguesía cubana y los sectores medios de la sociedad, para enviar a sus hijos a estudiar, pasar vacaciones y poner parte de su capital para establecer pequeños y medianos negocios.
De esta forma, se construyó un amplio espectro de interrelaciones entre la sociedad norteamericana y la cubana. Las experiencias migratorias y las redes de parentesco existentes, se mezclan con otros procesos en el orden subjetivo, y con un intenso intercambio de pasajeros y diferentes estímulos planteados a la migración de cubanos. Era el flujo de migrantes de un país atrasado a uno de los más desarrollados en el mundo, que controlaba la vida económica, política y social de la isla.
La población cubana registrada oficialmente en Estados Unidos para 1958, rondaba la cifra de unas 125 mil personas, incluyendo a los descendientes de cubanos nacidos en aquel país. De la cifra total, más de 50 mil permanecieron en territorio norteamericano con posterioridad al triunfo de 1959.
Antes del 1° de enero de 1959, la emigración permanente y temporal de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, ya era relativamente alta en comparación con el resto de los países de Centroamérica y el Caribe. Entre 1950 y 1958, unos 65 200 cubanos fueron admitidos en Estados Unidos como inmigrantes permanentes (más que todos los países de Centroamérica juntos y el 53% del total del Caribe).
El número de visitantes temporales era también considerablemente alto en esos años. Durante 1958, viajaron con visa temporal a Estados Unidos más de 72 600 cubanos.
Estudios al respecto plantean que el flujo de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos se habría continuado incrementando aún sin el triunfo revolucionario, a partir del estancamiento en el desarrollo de la industria azucarera y de otras actividades económicas que generaban numerosas fuentes de empleo.
La manipulación de los vínculos migratorios como instrumento de agresión contra la Revolución Cubana
La manipulación de su relación migratoria con Cuba, ha constituido un importante instrumento en la política de hostilidad de sucesivas administraciones estadounidenses contra el pueblo cubano. La misma ha tenido como objetivos: desacreditar su sistema político, económico y social; drenar su capital humano; imponer condiciones de inestabilidad emocional y psíquica a las familias cubanas; brindar refugio y extender la impunidad en su territorio a elementos terroristas, anexionistas y mercenarios al servicio de su política anticubana; fabricar las condiciones que sirvan de estímulo a éxodos masivos que puedan ser utilizados para nutrir campañas de propaganda anticubana, y que en última instancia, podrían servir de pretexto para una agresión militar a Cuba.
Antes del triunfo de la Revolución, todo cubano al llegar a territorio norteamericano era tratado como un ciudadano de cualquier otro país, sin recibir absolutamente privilegio alguno. Cuando alguno arribaba ilegalmente a su territorio, violando las leyes de Estados Unidos, le esperaba irremediablemente la expulsión o la prisión.
A partir de 1959, las autoridades estadounidenses cambiaron drásticamente el tratamiento a los cubanos que arribaban a Estados Unidos por cualquier vía. Solo necesitaban declarar su posición contraria a la Revolución para ser aceptados allí.
En la propia madrugada del 1ro enero de 1959, se inició la estampida y el arribo al territorio de Estados Unidos – donde fueron acogidos y se les garantizó impunidad–, de personeros de la dictadura de Fulgencio Batista, que habían actuado con el apoyo y al servicio de Washington. Connotados asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones, toda la escoria humana que había lucrado con la sangre y el sufrimiento de la nación cubana, se establecieron principalmente en el sur de la Florida, donde pronto serían reclutados por los servicios especiales norteamericanos para lanzar la invasión mercenaria de Playa Girón y ejecutar cientos de acciones terroristas en la isla.
Ni un solo torturador, ni un solo responsable de las miles de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la dictadura batistiana, pudo ser extraditado a Cuba para su enjuiciamiento.
Fueron incentivados los éxodos masivos de profesionales cubanos para privar a la isla de personal calificado en el sector de la salud, la educación y en las diversas esferas económicas. Se pretendió la paralización del país al despojarlo de su capital humano. Más de la mitad de los 6 mil médicos con que Cuba contaba al triunfo de la Revolución, cientos de técnicos y personal calificado, emigraron a Estados Unidos como consecuencia de cínicas promesas y campañas de desinformación.
Todos los cubanos que arribaban al territorio de Estados Unidos recibían la condición de “refugiados”, creándose por la administración de Eisenhower el llamado Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos en Miami, en diciembre de 1960. El término “refugiado” fue utilizado indiscriminadamente y sin fundamento legal alguno, para desacreditar en el plano exterior la imagen de Cuba, sin tomarse en consideración los criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967.
A finales de 1962, el gobierno de Estados Unidos decidió suspender abruptamente los vuelos y las salidas legales desde Cuba hacia su territorio, lo que unido a la guerra económica desatada contra nuestro país desde el triunfo revolucionario, sirvió de fuerte estímulo a la emigración ilegal.
Ese mismo año, el presidente Kennedy firmó la Ley Pública 87-510, conocida como “Acta de Asistencia a la Migración y los Refugiados del Hemisferio Occidental”, con la cual se intentó hacer ver que todos los cubanos que emigraban lo hacían por estar perseguidos debido a sus “opiniones políticas contrarias al régimen”. Se convirtió la emigración de los cubanos hacia Estados Unidos en un problema de “seguridad nacional”. La citada ley estableció condiciones financieras especiales para apoyar a los emigrantes cubanos. El gobierno estadounidense destinó solo al Programa de Refugiados Cubanos más de 1000 millones de dólares.
A partir de febrero de 1963, las autoridades estadounidenses incrementaron su ofensiva para estimular las salidas ilegales desde Cuba, al restringir aún más las posibilidades de emigración legal. A los que llegaban a Estados Unidos directamente desde Cuba, incluyendo a los secuestradores de embarcaciones y aeronaves y a otros delincuentes, se les consideraba “refugiados” y se les garantizaba la entrada de inmediato. A los ciudadanos cubanos que intentaban entrar al territorio norteamericano desde terceros países, se les consideraba extranjeros y quedaban sujetos a las regulaciones de inmigración de Estados Unidos.
El diseño y manipulación de los vínculos migratorios por motivaciones y métodos tan mezquinos, determinó la aparición de una presión migratoria crítica, que se liberaba periódicamente a través de salidas ilegales del país en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad para los migrantes, y producía cada vez nuevos ciclos migratorios.
A muchos cubanos a los que el gobierno de Estados Unidos negaba rotundamente la visa para visitar temporalmente a sus familiares en ese país o para emigrar de modo permanente, los recibía luego con los brazos abiertos, en medio de una gran publicidad y politiquería, cuando arribaban a su territorio por medios ilegales.
El objetivo es imponer al mundo la falsa percepción que los cubanos “huyen” de su país por razones políticas, y de un sistema socio-económico que ha fracasado.
La distorsión y desproporción en el tratamiento propagandístico a la migración cubana hacia los Estados Unidos
A diferencia de los que abandonaron el país en los primeros años tras el triunfo de la Revolución, la emigración cubana actual tiene un carácter eminentemente económico. Esto se refleja en los crecientes vínculos que mantienen los cubanos residentes en el exterior con el país, sobre todo a través de sus familiares.
Se calcula en más de 1 millón 350 mil los cubanos nacidos en Cuba que hoy están radicados en el exterior. Si se suman sus descendientes --entre 300 000 y 400 000 hijos de cubanos nacidos en el exterior--, la cifra total asciende a 1 millón 700 mil aproximadamente.
Cuba no aparece entre los principales países emisores de emigrantes a Estados Unidos, pero tiene una comunidad importante viviendo en ese país. Allí residen aproximadamente 1 millón 300 mil cubanos emigrados o hijos de emigrados cubanos. De ellos, alrededor de un millón nacieron en Cuba y aproximadamente 300 mil lo hicieron en Estados Unidos a partir de padres cubanos.
Además de los cambios en la composición de la emigración cubana, se viene produciendo una diversificación en cuanto a los países donde hoy existen importantes núcleos de cubanos.
Se calcula que actualmente residen cubanos en 148 Estados de todo el mundo. El 98% de ellos se concentra en 20 países. Aunque el mayor número reside en Estados Unidos, el peso en términos relativos de dicha comunidad en el total de emigrantes ha disminuido en los últimos años.
A pesar de que son cientos de miles los latinoamericanos detenidos anualmente en Estados Unidos en el intento de ingresar ilegalmente en ese territorio, es la emigración cubana, muy pequeña en comparación con otras, la única que ocupa casi constantemente las primeras planas de los medios de prensa occidentales.
De la población de 35,2 millones de latinos o hispanos registrada en Estados Unidos en el Censo del año 2000, las personas de origen mexicano totalizaban 20,9 millones, los de origen puertorriqueño 3,4 millones, los de procedencia centroamericana casi 2 millones, los sudamericanos 1,4 millones y 800 000 los dominicanos.
Del resto de la migración latinoamericana apenas se habla y mucho menos de la pobreza, la miseria, el hambre, la desesperación, la corrupción y la desesperanza que la alimentan y las condiciones de explotación y abuso a que se le somete. Solo los emigrantes cubanos reciben la “atención política” del gobierno de Estados Unidos y son presentados por sus instrumentos mediáticos como “exiliados” y “refugiados” que buscan un futuro de “libertades”.
Ello ocurre, cuando de los más 35 millones de personas de origen latinoamericano o hispano que residen permanentemente en EEUU, solo 1,3 millones son de origen cubano. Es decir, el 3,5% del total de esta población.
Se omite hipócritamente que los cubanos emigran, como la abrumadora mayoría de los migrantes de los países subdesarrollados, por motivos de reunificación familiar y razones económicas, cuestión agravada por el prolongado y recrudecido bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La Operación Peter Pan
La obsesión por desestabilizar el país y destruir la Revolución tuvo en los años 60’ uno de sus capítulos más aborrecibles en la llamada “Operación Peter Pan”. A través de la misma, 14 mil niños cubanos fueron separados de sus hogares – utilizando el engaño como herramienta –, y trasladados a Estados Unidos.
Los servicios especiales estadounidenses fabricaron y difundieron profusamente el rumor de que el Gobierno Revolucionario retiraría la patria potestad a los padres con relación a la educación y cuidado de sus hijos. Fue montada y ejecutada con el apoyo del gobierno de Estados Unidos una criminal operación de traslado de niños cubanos hacia su territorio, los que eran forzados a viajar sin la compañía de sus padres.
La Operación Peter Pan constituyó la mayor maniobra de manipulación con fines políticos de niños que se recuerde en el hemisferio occidental y fue también uno de los más tristes episodios en la historia de la emigración cubana hacia Estados Unidos. Muchos de aquellos niños fueron enviados a casas de adopción, orfelinatos, e incluso, a establecimientos penitenciarios para delincuentes juveniles de 35 estados de la Unión.
Los organizadores del maquiavélico plan lograron mantener en secreto por mucho tiempo sus métodos, medios y propósitos, ocultando a la opinión pública toda información en relación con una actividad aparentemente “humanitaria”, en realidad una de las más siniestras operaciones encubiertas y de guerra psicológica ejecutadas por los servicios secretos estadounidenses.
Utilizando para la promoción y propaganda de la operación los servicios de transmisiones ilegales de Radio Swan, emisora del gobierno de Estados Unidos, comenzaron a difundir de manera fraudulenta desde el día 26 de octubre de 1960, fragmentos de una falsa y nunca concebida “ley de Patria Potestad”, supuestamente emitida por el gobierno de La Habana.
Durante varios días se mantuvo a través de la citada emisora y otros medios radiales e impresos al servicio de Estados Unidos, la propaganda dolosa acerca de una eventual expropiación de niños. Se repetían mensajes cuidadosamente fabricados para impactar en las familias cubanas, concitando en algunas el miedo infundado a perderlos.
Monseñor Bryan O. Walsh, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón, perteneciente entonces a la diócesis de Miami, muy vinculado a sectores recalcitrantes y agresivos de la emigración cubana en esa localidad, fue el organizador público de la Operación Peter Pan.
El padre Walsh, a través de la Catholic Welfare Bureau, creó un equipo de colaboradores y empleados, que se encargaban de visar, recibir en el aeropuerto y distribuir en diferentes establecimientos creados al efecto en la Florida y otras localidades del país, a las pequeñas víctimas de la cruel maniobra migratoria. En un hecho sin precedentes, el Departamento de Estado norteamericano transfirió a una autoridad religiosa la potestad de emitir visas waiver (visas volantes), a todos los niños cubanos entre 6 y 16 años.
Los primeros cinco niños que viajaron a través de la Operación Peter Pan, llegaron a Miami a las 4:30 de la tarde, del 26 de diciembre de 1960, en el vuelo 422 de la Pan American.
Fue dura la experiencia que les tocó enfrentar a esos niños, en muchos casos pequeños todavía, que tuvieron que abandonar su país y sus familias para vivir en condiciones muchas veces adversas. Se reportaron cientos de casos de abusos contra ellos de los tutores y maestros que les fueron asignados. Los testimonios de muchos de ellos, personas adultas hoy, expresan de modo elocuente el sentimiento de soledad y de abandono que sintieron. Muchos llegaron a pensar que sus padres no los querían.
La situación para todos se hizo más difícil después de la Crisis de Octubre en 1962, cuando los funcionarios del gobierno norteamericano decidieron cerrar la emigración para incrementar la presión sobre la isla. Más de la mitad de esos niños sacados del país a través de la Operación Peter Pan, tuvieron que sufrir duros años de separación. Y en algunos casos, sencillamente, fue imposible el reencuentro.
El robo de médicos y profesionales en la década del 60
Durante los años que sucedieron al triunfo revolucionario, las autoridades norteamericanas procuraron sacar del país, como fuese menester, a los médicos, enfermeras, profesores, maestros y otros profesionales universitarios o técnicos de nivel medio, con el objetivo de paralizar la actividad económica y los servicios sociales básicos del país. Prometieron pagar a esas personas al arribar a Estados Unidos, los salarios correspondientes a sus respectivas calificaciones, incomparablemente mayores allí que los equivalentes en una neocolonia recién independizada y a la vez subdesarrollada, pobre y rigurosamente bloqueada.
De los 6 mil médicos existentes en Cuba en 1959, 3 mil emigraron a Estados Unidos.
La Ley de Ajuste Cubano
Una de las más claras expresiones de la política migratoria criminal, inmoral y discriminatoria de Estados Unidos contra el pueblo cubano es la llamada Ley de Ajuste Cubano, engendro legislativo adoptado en 1966, con el deliberado propósito de incentivar las salidas ilegales de ciudadanos cubanos hacia ese país. Única de su tipo en el mundo, ofrece a los cubanos que arriben a Estados Unidos de modo irregular e ilegal, privilegios que no reciben ciudadanos de otra nacionalidad ni país.
El tratamiento “preferencial” otorgado a los ciudadanos cubanos, y que los ha distinguido hasta hoy del resto de los extranjeros que arriban a Estados Unidos, adquirió su basamento legal el 2 de noviembre de 1966, fecha en que el presidente Johnson firmó la “Ley de Ajuste Cubano” que establece que: “cualquier extranjero nativo (de Cuba) o ciudadano cubano, que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra en Estados Unidos después del primero de enero de 1959, y que haya estado presente físicamente al menos durante dos años, puede ser ajustado por el Fiscal General, a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir, a la de extranjero admitido legalmente para residir permanentemente”.
Es decir, la Ley de Ajuste Cubano establece que cualquier cubano que llegue a territorio norteamericano, sin reparar en formas y métodos empleados para ello, y que viva allí durante dos años (después se rebajó a un año, que es lo vigente hoy), puede recibir del Fiscal General (en la práctica las autoridades de inmigración del INS), la condición de Residente Permanente en Estados Unidos.
En virtud de ese malintencionado engendro jurídico y a diferencia de los inmigrantes de otras nacionalidades, cualquier cubano que arribe a suelo estadounidense por cualquier medio, en particular por vías ilegales, obtiene inmediatamente beneficios tales como el reconocimiento de su presencia legal en el territorio, facilidades para ser empleado y el acceso a distintas prestaciones sociales. A lo anterior se une la posibilidad de obtener la residencia legal de modo casi automático al año de su arribo al país.
Esta facultad que se ha dado al Fiscal General –que las autoridades de inmigración aplican–, ha sido empleada desde entonces para admitir en Estados Unidos a todo cubano que llegara a ese país, independientemente de sus antecedentes penales, y extendiendo impunidad a los responsables de graves delitos, muchos de ellos cometidos con el objetivo de alcanzar el territorio estadounidense.
A tenor de esta Ley, Estados Unidos manipula sistemáticamente el otorgamiento de la condición de refugiado, al concederla de modo automático a cada cubano que arriba a su territorio. Se califica como refugiado prima facie a personas cuya motivación para emigrar es totalmente económica.
La Ley de Ajuste Cubano, permite a los cubanos al llegar a Estados Unidos recibir de forma inmediata y automática permiso de trabajo, prescindir de la presentación de una declaración jurada de manutención (AFFIDAVIT OF SUPPORT) para recibir su residencia legal, obtener un número de seguridad social, beneficios públicos de alimentación y alojamiento, ajustar su situación migratoria sin necesidad de ir a su país de origen a recibirla –como ocurre con solicitantes de otras nacionalidades–, sin necesitar abogados, ni incurrir en gastos para obtener el beneficio de la residencia permanente.
El Gobierno de Estados Unidos no se limitó a extender los privilegios antes identificados a los cubanos tras el arribo a su territorio, promovió las salidas ilegales del país a través de una profusa propaganda de los “beneficios” que encontrarían los habitantes de la isla al emigrar irregularmente a Estados Unidos. Los propios servicios oficiales de radio y televisión, cuya programación anticubana es financiada y controlada por las autoridades estadounidenses, han servido de aliento a la emigración ilegal desde la Isla. Han presentado a brutales y asesinos secuestradores de embarcaciones y aeronaves como héroes y ocultan los peligros reales que acechan a aquellos que viajan a Estados Unidos en frágiles embarcaciones.
La aplicación oportunista y criminal de la llamada Ley de Ajuste Cubano, la falta de medidas eficaces para poner coto a la emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas, el estímulo y la impunidad que recibían en Estados Unidos los perpetradores de secuestros armados de embarcaciones y aeronaves, la casi nula ejecución del Acuerdo Migratorio bilateral de 1984 y el impacto brutal del recrudecimiento del genocida bloqueo contra Cuba, en un contexto de abrupta interrupción de las relaciones económicas con el desaparecido campo socialista, fueron los factores esenciales que generaron la denominada “crisis de los balseros” en agosto de 1994, como resultado de la cual emigraron ilegalmente hacia Estados Unidos más de 30 mil personas.
Ese propio año, fueron asumidos nuevos acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, la continuidad en la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos o pies mojados” –que se traduce en que aquellos que logran alcanzar el territorio estadounidense no son devueltos a la Isla–, en las condiciones de limitaciones económicas que impone el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, constituye un permanente estímulo a las salidas ilegales del país, para las personas interesadas en emigrar a la potencia del Norte y que no pueden hacerlo por vías legales.
La precariedad y fragilidad de los medios utilizados en las travesías marítimas y los riesgos asociados a operaciones de tráfico de migrantes que se llevan a cabo en embarcaciones procedentes de la Florida, han costado cientos de vidas humanas y ponen en peligro otras muchas en el futuro.
Estados Unidos no podrá establecer el control y la disciplina en sus propias costas mientras exista la “Ley de Ajuste Cubano” y mucho menos, mientras continúe financiando y perfeccionando las transmisiones radiales y televisivas contra la isla, que llevan a cabo un incesante aliento a las salidas ilegales, como parte de la guerra política y psicológica contra nuestro país.
Como consecuencia de la criminal política de manipulación a los vínculos migratorios y del aliento a las salidas ilegales del país, se produjo el lamentable caso de la desaparición en el mar de la madre, y el posterior secuestro en Miami del niño cubano Elián González.
Sobre las autoridades de Estados Unidos recae enteramente la responsabilidad de que a lo largo de más de tres décadas hayan perecido, o corran todavía el peligro de perder sus vidas numerosos seres humanos, incluso niños, que son incitados a cometer tales aventuras como consecuencia de una política asesina, carente de toda ética y sentido humano.
Cuba seguirá denunciando públicamente a esta “Ley de la Muerte” y continuará alertando sobre los graves riesgos y peligros que plantea como estímulo a la emigración ilegal de cubanos en condiciones de grave vulnerabilidad.
Las “Crisis Migratorias” y los Acuerdos Bilaterales
La incongruente y arbitraria política migratoria aplicada por sucesivas administraciones norteamericanas contra nuestro país, ha provocado desde 1965 tres grandes crisis migratorias: Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la denominada “crisis de los balseros” de 1994.
A raíz de la crisis migratoria generada en 1980, se produjeron varias reuniones entre representantes de Cuba y Estados Unidos, que permitieron alcanzar un Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias entre ambos países, que incluyó un Comunicado Conjunto y un Acta de Ejecución, firmado el 12 de diciembre de 1984. En virtud de dicho Acuerdo, Cuba aceptó la devolución de 2 746 personas declaradas “excluibles” por las autoridades de Estados Unidos, que se comprometió a su vez a permitir la entrada anual de hasta 20 mil ciudadanos cubanos que quisieran emigrar legalmente a ese país.
De las 160 mil visas que debieron ser concedidas en los 8 años en que el Acuerdo mantuvo vigencia, solo fueron concedidas 11 222, es decir el 7 por ciento del total esperado.
Estados Unidos incumplió además con lo acordado, en lo que se refiere a impedir las salidas riesgosas desde Cuba que ponen en peligro vidas humanas. En su lugar, continuó propiciando el estímulo a la emigración ilegal, al no descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional automática a todos los emigrantes cubanos que arribaran a su territorio por vías irregulares.
Tras la llamada “crisis de los balseros” en 1994, fueron alcanzados nuevos acuerdos migratorios bilaterales ese propio año, por los que Estados Unidos se comprometió a “descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional a todos los migrantes cubanos que lleguen al territorio de Estados Unidos por vías irregulares”.
La marcha del cumplimiento de los Acuerdos Migratorios ha sido revisada en 13 rondas de conversaciones migratorias efectuadas desde el 1ro de septiembre de 1994 hasta el 2003, momento en el que el gobierno de Estados Unidos decidió unilateralmente la suspensión de dichas conversaciones. En estas reuniones, Cuba ha llamado la atención sobre las irregularidades en el cumplimiento de los acuerdos que persisten por parte de Estados Unidos y que contradicen y violan su letra y espíritu.
El gobierno norteamericano ha venido aplicando la llamada política de “pies secos, pies mojados”. En virtud de esta práctica ilegal, contraria a la letra de los mencionados acuerdos, los migrantes cubanos que logran alcanzar el territorio de Estados Unidos son admitidos en ese país, independientemente de los medios utilizados y los hechos consumados para lograr tal propósito. Por otra parte, tampoco todos los migrantes que son interceptados en alta mar son devueltos a su país de origen.
Desde que se firmara la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995, las autoridades norteamericanas han repatriado a Cuba más de 9 mil emigrantes ilegales, incluyendo aquellos que son interceptados en alta mar por el Servicio de Guardacostas y a los ciudadanos que penetran ilegalmente en la Base Naval estadounidense en Guantánamo y son devueltos por la puerta terrestre de ese enclave. Una vez devueltas por las autoridades de Estados Unidos y sometidas a un chequeo médico, son entregados a sus familiares, con la excepción de aquellos que sean prófugos de la justicia o reclamados por los tribunales, por tener causa judicial pendiente por la comisión de algún otro delito. Cuba ha cumplido estrictamente con este compromiso y ha creado todas las facilidades para que esos ciudadanos sean reinsertados a la sociedad.
Cuba ha planteado de forma recurrente, tanto en los contactos oficiales en La Habana como en los celebrados en Washington, y en el curso de las rondas de conversaciones migratorias, su total rechazo a la política selectiva en el momento de repatriar a los emigrantes ilegales. Si realmente las autoridades de inmigración de Estados Unidos tuvieran la intención de devolver a estas personas –la mayoría de las cuales son admitidas bajo el pretexto de que deben recibir atención médica–, pudieran acogerlos bajo un parole provisional, facilitando la ulterior devolución de esas personas a Cuba. Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce ni un caso de este tipo que haya sido devuelto, tampoco se ha recibido respuesta a las interrogantes y preocupaciones en torno a la ejecución de tal irregularidad.
En franca violación del Acuerdo Migratorio de mayo de 1995, del total de emigrantes ilegales cubano interceptados por el Servicio de Guardacostas de EEUU en el año 2005, no fueron devueltos 420, para un 14,2% del total. Estas cifras revelan un incremento con relación al año 2004, en el que las autoridades estadounidenses no devolvieron a 139 emigrantes ilegales que representaron un 9,3% del total.
La práctica de no retornar a Cuba a todos los emigrantes que son rescatados en alta mar por los guardacostas estadounidenses y de trasladarlos a su Base Naval en el territorio que ocupa ilegalmente en Guantánamo, constituye un estímulo a nuevas salidas ilegales. En algunos casos, son repatriados por vía terrestre después de realizar una verificación más detallada, pero en varios otros, nunca han sido devueltos y esperan a ser aceptados en Estados Unidos como refugiados, o enviados a un tercer país. Las alegaciones de estas personas en el sentido que estarían siendo perseguidos por las autoridades cubanas, por razones políticas, religiosas o de otra índole, son completamente falsas y ajenas a la realidad y constituyen manidos pretextos para intentar legitimar un procedimiento a todas luces ilegal y arbitrario.
Un fenómeno que ha proliferado a la sombra del estímulo a la emigración ilegal es el tráfico o contrabando de emigrantes ilegales, utilizado de modo creciente como vía oportunista y método criminal de aprovechamiento a las oportunidades que plantea la llamada política de “pies secos y pies mojados”.
La débil respuesta y proceder de las autoridades norteamericanas frente a las operaciones de tráfico de cubanos que se organizan y originan en su territorio, facilita la actividad criminal de sujetos que lucran llevando a cabo esos peligrosos delitos, en franca violación de la ley internacional, de la propia legislación estadounidense y de los Acuerdos Migratorios suscritos con Cuba. Estos últimos, en el párrafo relativo al tráfico de inmigrantes, además de reafirmar su apoyo a la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el tema, establecieron el compromiso de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a cooperar para tomar acciones oportunas y efectivas, que impidan el transporte ilícito de personas con destino a Estados Unidos.
La permanente voluntad y empeño de Cuba en promover una migración legal y ordenada. Su compromiso en el combate contra el tráfico ilegal de personas.
Cuba ha dado innumerables e irrebatibles pruebas de su permanente y serio compromiso con el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, con el combate a la migración ilegal, así como en la lucha contra el tráfico de migrantes.
Cuba puso fin a los desvíos de aviones de Estados Unidos a su territorio sancionando severamente a sus autores. Por otra, endureció las condenas por tráfico de migrantes y sanciona, hasta con penas de privación perpetua de libertad, a los traficantes de personas. Desde el año 2000, el gobierno Cubano reiteró en varias oportunidades su propuesta de acuerdo bilateral para el combate a la migración ilegal y el tráfico de personas, sin que Estados Unidos haya aceptado ni siquiera discutirla. También ha neutralizado decenas de planes e intentos de secuestros de embarcaciones y aeronaves mediante el recurso a la violencia y frustró numerosas operaciones de tráfico de personas, en su mayoría coordinadas por traficantes que operaban desde Estados Unidos.
Los Acuerdos Migratorios del 9 de septiembre de 1994, que fueron complementados posteriormente con las medidas adoptadas como parte de su instrumentación, recogidas en la Declaración Conjunta de 2 de mayo de 1995, han sido cumplidos y honrados con todo rigor por las autoridades cubanas.
Cuba ha tomado medidas ejemplarizantes y eficaces contra los traficantes, sin recibir colaboración alguna del Gobierno de Estados Unidos. Nuestro país ha arrestado a más de 100 de estos delincuentes; resulta contradictorio que las autoridades norteamericanas no hayan podido hacerlo, a pesar de toda la información pública que existe sobre el modus operandi y los movimientos de estas personas. Cuba ha ofrecido al gobierno norteamericano la posibilidad de entregarles a estos traficantes arrestados en la isla para que sean juzgados en Estados Unidos y puedan ser investigadas y sancionadas todas las personas que han estado implicadas en dichas operaciones. Sin embargo, dicha oferta ha sido rechazada.
Cuba ha adoptado varias medidas y reforzado su marco legal sancionador al tráfico de emigrantes ilegales. Destaca el artículo 348 del Código Penal, que establece la sanción de cadena perpetua para los responsables de tráfico de personas, cuando se emplea la violencia y se produce la pérdida de vidas humanas o se pone ésta en peligro. Fue promulgado un Decreto Ley para permitir la confiscación de embarcaciones pertenecientes a personas involucradas en tráfico de migrantes, para facilitar el ejercicio del estricto control sobre barcos particulares y estatales y de los materiales utilizados para la comisión de tales delitos. Se han fortalecido las medidas de vigilancia por parte de las autoridades competentes.
Las familias cubanas, víctimas y rehenes de los designios imperiales de la administración Bush. Las medidas anunciadas el 6 de mayo de 2004 y su impacto en las relaciones afectivas y de ayuda mutua de las familias cubanas
Como parte de la nueva espiral de agresiones contra Cuba, el 5 de enero del 2004, tres días antes de la fecha prevista para las conversaciones migratorias bilaterales periódicas, el gobierno de Estados Unidos anunció su cancelación de modo unilateral y con carácter indefinido, acudiendo a pretextos intrascendentes. Los acuerdos migratorios bilaterales han permitido en los últimos 10 años, a unos 200 mil cubanos emigrar a Estados Unidos de manera legal, segura y ordenada.
El 6 de mayo de 2004, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas para recrudecer aún más su política agresiva y de hostilidad contra Cuba. En el Informe presentado al presidente Bush por la llamada Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, co-presidida por el entonces Secretario de Estado, Colin Powell, se incluyeron medidas dirigidas directamente contra los derechos de los migrantes y de la familia cubana, que se comenzaron a aplicar en julio de 2004. Entre ellas destaca la reducción de las visitas a nuestro país de cubanos residentes en Estados Unidos de un viaje anual permitido actualmente, a uno cada tres años, restringiéndolas a los familiares más inmediatos –definidos estos exclusivamente como abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos–, sin concebir excepciones humanitarias en los casos de enfermedad o muerte. Se estableció igualmente con carácter retroactivo, que los cubanos recién llegados a Estados Unidos o que hayan viajado a Cuba en los últimos años, solo podrán hacerlo tres años después de haber emigrado o de su última visita.
El 22 de junio de 2004, el Departamento de Comercio estadounidense anunció restricciones adicionales al envío de paquetes a Cuba, con la prohibición de enviar, entre otros, artículos de primera necesidad y de consumo personal como ropa y productos de higiene personal. Como puede apreciarse, estas medidas afectan directamente a las familias receptoras.
Esas medidas han impedido a muchos emigrados cubanos el poder volver a pisar su tierra de origen, al no contar con el tipo de familiares en Cuba “aceptados” por el presidente Bush.
Es muy difícil estimar el monto de las remesas de los emigrados cubanos en Estados Unidos, pero no cabe duda que representan varios cientos de millones de dólares. Un número considerable de familias cubanas fue privado súbita y arbitrariamente en su vida cotidiana de esta ayuda intrafamiliar. Por otra parte, al reducirse el ingreso de divisas al país, se afectará el monto de recursos disponibles para programas de bienestar social, en especial para la atención a los niños, los ancianos, los discapacitados, y los sectores que requieren mayor protección.
Mientras que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho cada vez más difícil la relación entre los migrantes cubanos y su país de origen, desde 1978 y en especial desde 1994, el Gobierno Cubano –a pesar de un contexto de agravamiento de la hostilidad norteamericana y del incremento de acciones terroristas y agresivas contra el pueblo cubano–, ha venido avanzando en un proceso continuo, irreversible y permanente, la aplicación de medidas para flexibilizar y normalizar sus relaciones con los emigrados cubanos que no participan en las acciones agresivas contra la isla promovidas por las autoridades de Washington.
En 1994 vinieron de visita a Cuba 37 mil cubanos residentes en el exterior. A partir del año 2000, el volumen de los viajes a Cuba de cubanos residentes en el exterior había tenido un crecimiento estable y alcanzó en el 2003 la cifra récord de 167 mil 710; de ellos, 115 mil 142 viajaron directamente desde EEUU.
Las medidas adoptadas por el Gobierno de Bush contra la familia cubana a partir del segundo semestre del 2004, tuvieron para ese mismo año un efecto muy negativo y las visitas de cubanos residentes en el exterior se redujeron a 125 mil 84, de ellas 57 mil 145 desde EEUU (para una disminución del 50,9% en comparación con el 2003).
Aunque en el 2005 se produjo una ligera recuperación y al finalizar el año la cifra de cubanos que viajaron al país fue de 146 mil 451 – de ellos 61 mil 920 directamente desde EEUU -, como puede observarse las medidas contra la familia cubana de la Administración Bush siguen teniendo un negativo impacto. Se ha limitado aún más a los cubanos residentes en Estados Unidos el derecho a encontrarse con sus familiares.
Las medidas antifamilia de Bush, recibieron el profundo rechazo de una parte significativa de la emigración cubana en Estados Unidos. Muchos de los cubanos que residen en ese país, se han visto compelidos a viajar a Cuba a través de terceros países para burlar las restricciones, cuestión que les ha impuesto una innecesaria erogación financiera.
En cuanto a los estadounidenses, igualmente afectados en sus derechos por la política anticubana de su Gobierno, también se han producido afectaciones serias en el número de visitantes. En el 2004 viajaron a Cuba 48 mil 591 ciudadanos de ese país, mientras que durante el 2005 sólo nos visitaron 35 mil, para una disminución del 28%.
En el año 2000, 38 mil cubanos realizaron visitas a familiares en Estados Unidos. El pasado año, esa cifra no superó los 8 mil, al ser restringido arbitrariamente por las autoridades norteamericanas el otorgamiento de las visas requeridas.
Fue eliminado en agosto de 1994, el requisito de un permiso de entrada para los residentes cubano temporales en el exterior, que suman ya más de 70 mil. Son cubanos que viven en el exterior de manera temporal y mantienen su residencia permanente en el país.
Desde 1995, se venía aplicando la Vigencia de Viaje para visitar el país, lo que durante casi 10 años constituyó un mecanismo que permitía entrar a la Isla sin realizar el trámite de permiso de entrada al poseedor de la Vigencia.
En la continuación de los esfuerzos del Gobierno cubano por normalizar sus relaciones con la emigración, en septiembre del 2003, en la ciudad de New York en una reunión con cubanos residentes en EEUU, el Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, anunció la medida de la eliminación del Permiso de Entrada a Cuba para los cubanos residentes en el exterior, con la puesta en práctica de un nuevo procedimiento conocido como Habilitación de Pasaportes. Esta medida comenzó a ser aplicada a partir del 1º de junio de 2004 y al finalizar el 2005, más de 162 mil cubanos residentes en el exterior ya tenían sus Pasaportes habilitados, lo que les permite visitar su país de origen cuando lo deseen.
En 1995 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Inversión Extranjera. Solo desde octubre del 2003 hasta enero del 2006, se han tramitado en Cuba 88 propuestas de negocios o inversiones de cubanos residentes en 22 países. De las 7 compañías que operan vuelos Charter a Cuba desde territorio norteamericano, 6 son propiedad de cubanos. Más de 100 agencias de viaje, también propiedad de cubanos, participan en la organización de viajes a nuestro país desde Estados Unidos.
En la III Conferencia “La Nación y La Emigración”, se anunciaron nuevas decisiones que facilitarán la atención y las relaciones con los cubanos residentes en el exterior. Estas son:
• La creación de una nueva oficina adscrita inicialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender a los cubanos residentes en el exterior, con funciones y atribuciones más amplias que las que hoy realiza la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX.
• La decisión de otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos. En 1994 se acordó que jóvenes cubanos residentes en el exterior pudieran realizar en Cuba estudios de postgrado. En 1995 se acordó que pudieran cursar estudios universitarios en Cuba pagando los mismos. En el 2004 el gobierno cubano decidió otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos, que podrán estudiar en nuestras universidades gratuitamente, como lo hacen los jóvenes cubanos que residen en el país.
• La creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y cultura cubana, especialmente diseñados para descendientes de cubanos residentes en el exterior. Estarán destinados ante todo a jóvenes que han nacido en otras tierras, hijos de padres cubanos y para los cuales, la búsqueda de la raíz familiar, el idioma, la cultura, la historia de su patria constituyen una prioridad.
• La adopción de nuevas medidas que harán más expeditos y seguros los procedimientos aduanales. Ello incluirá el sistema de valoración por peso del equipaje, que deberá resolver uno de los temas que provoca hoy mayor cantidad de quejas y molestias
En el tema de las relaciones entre la Nación Cubana y la Migración, es necesario subrayar algunos aspectos:
- No existen problemas de fondo hoy entre la Nación y sus emigrados. El proceso de normalización no terminó con las medidas anunciadas, es continuo, irreversible y permanente. En lo esencial, las decisiones tomadas en la última década han creado las condiciones para la normalización paulatina de las relaciones entre la Nación y la Emigración. Mienten los que presentan la permanente agresión del gobierno de Estados Unidos, en alianza con una elite corrupta, ambiciosa y antipatriótica de cubanos residentes en aquel país, como “un problema entre cubanos”.
- El problema real, tanto de los cubanos que viven en la patria como el de todos los que, independientemente del país donde viven, sienten amor por Cuba y la desean libre y soberana, es la pretensión de la administración Bush, heredera de una apetencia imperial por Cuba que data de dos siglos, de negarle al pueblo cubano su derecho a la libre determinación; de negarle el derecho, reconocido en la Carta de Naciones Unidas, a ser un país independiente y a escoger, sin injerencias externas, su modelo de desarrollo económico, político y social, elaborar sus leyes y establecer sus instituciones. Ese y no otro, es hoy el problema.
- El bloqueo económico y la política de agresión contra Cuba constituyen hoy el mayor obstáculo a la normalización plena de las relaciones entre la emigración cubana y su patria. Y no solo de las relaciones con los cubanos que residen en Estados Unidos, es también el bloqueo hoy el mayor obstáculo a las relaciones con los cubanos que viven en cualquier lugar del mundo, que afecta, en primer lugar, a sus familias en Cuba, pero que también restringe y coarta derechos de los cubanos que viven en Estados Unidos y en otros países. Hay que tener una cabal comprensión de esa realidad, cuando se afirma que la prioridad hoy para todo el que se sienta cubano, ha de ser el enfrentamiento a lo que constituye el mayor obstáculo a los esfuerzos que se realizan, para que la relación y los intercambios de esa comunidad con el país sean más amplios, diversos y normales.
- Cuba comprende y respeta que en la Comunidad Cubana en el exterior coexisten diversas ideas políticas sobre el presente y sobre el futuro de nuestro país, diferentes concepciones ideológicas y diferentes creencias religiosas.
- Un día dejarán de existir el bloqueo y la hostilidad, lo cual no es una quimera, sino algo perfectamente factible. Cuando ya no exista el bloqueo ni la hostilidad, ni los planes de la llamada “transición” para Cuba diseñados en Washington, ni los designios para anexar a Cuba a Estados Unidos, entonces, ese día, los cubanos podrán viajar entre ambos países legalmente sin ningún tipo de restricción, excepto el escaso número de personas que por bochornosas y lesivas conductas contra la Patria no sean dignas de tal prerrogativa. En ese momento, los que deseen jubilarse en Cuba y tengan medios para ello, lo harán.
- Entendemos que el derecho a llamarse cubano depende, más allá del lugar donde se viva, de la posición que se adopte ante la alternativa de hacerse cómplice de la Enmienda Platt, de la Ley Helms-Burton y del Informe de la Comisión de “Asistencia a una Cuba Libre” del presidente Bush, o tomar partido con la alternativa planteada por nuestro Héroe Nacional, José Martí: “con todos y para el bien de todos”.
La Administración Bush:
- obstaculiza el establecimiento de un flujo migratorio seguro, ordenado y legal;
- viola los derechos de sus ciudadanos, al incrementar los obstáculos a la libertad de viajes de sus ciudadanos;
- e impide la realización de la cooperación internacional y el intercambio educativo, cultural y académico entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
El 5 de enero de 2004, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado norteamericano, comunicaron al MINREX y a la Sección de Intereses de Cuba en Washington, respectivamente, que no consideraban posible una nueva ronda de conversaciones migratorias, “hasta que las autoridades cubanas no mostrasen un verdadero interés en abordar seriamente aspectos ‘muy importantes’ para el logro de un flujo migratorio ordenado, legal y seguro entre ambos países”.
En el lenguaje imperial de los funcionarios norteamericanos “abordar seriamente” el tema, significa que Cuba haga todas las concesiones unilaterales imaginables y acceda a todas las demandas y caprichos de las autoridades norteamericanas.
Con esta decisión, el gobierno norteamericano intenta desviar la atención de sus violaciones a los Acuerdos Migratorios, tales como: la reducción de visas para ciudadanos cubanos que desean visitar a familiares en Estados Unidos; la no devolución a Cuba de parte de los emigrantes ilegales interceptados en alta mar; el estímulo a la emigración ilegal y a la perpetración de actos violentos para emigrar que se realiza desde estaciones de radio radicadas en Estados Unidos; y la falta de una acción decisiva contra los traficantes de emigrantes ilegales, entre otros.
Los pretextos para cancelar la ronda de conversaciones migratorias son irreales y absurdos, y demuestran que el verdadero sentido de esta acción tiene más que ver con la politiquería miamense, que con los verdaderos intereses nacionales, de seguridad y migratorios norteamericanos.
Estados Unidos intenta manipular la realidad y encubrir que la asesina Ley de Ajuste Cubano y la irracional política de “pies secos-pies mojados” son los verdaderos obstáculos a la normalización del flujo migratorio entre ambos países, los verdaderos estímulos a la emigración ilegal y la más grande violación de los Acuerdos Migratorios.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la ampliación del ámbito de aplicación de sanciones a ciudadanos norteamericanos que viajen a Cuba sin permiso, o incumplan otras regulaciones. El objetivo esencial de las mismas es intimidar a los potenciales viajeros norteamericanos que de manera creciente burlan las regulaciones y amenazas del Tesoro. Cabe destacar que anteriormente a ese anuncio, no existía información pública sobre el monto concreto de las multas que se aplicaban por cada violación.
A continuación se resumen las principales adiciones y enmiendas realizadas a las regulaciones contra Cuba:
1- Transacciones vinculadas al turismo / monto de las multas:
Primer viaje: $7 500
Cada viaje adicional: $ 10 000
2- Transacciones vinculadas a los viajes de negocios:
Primer viaje: $15 000
Cada viaje adicional $ 25 000
3- Viajes vinculados a visitas sin licencia a familiares cercanos.
Primer viaje: carta de advertencia
Por cada viaje adicional:
Anterior a la comunicación del Tesoro: $1 000
Después de la comunicación: $ 4 000
4- Viajes sin licencia específica
Viajes cuyo propósito clasifica dentro de las categorías de actividades que podrían garantizar una licencia:
Por cada viaje anterior a recibir la comunicación del Departamento del Tesoro: $ 3 000
Por cada viaje posterior a recibir la comunicación del Departamento del Tesoro: $ 10 000
5- Exportaciones (o intento de exportaciones) sin autorización, donde exista un interés de Cuba o de un nacional cubano. La penalidad ascenderá al valor de los fondos no autorizados a exportar. Podrán considerarse otras penalidades si se incurre en otra violación después de ser multado.
6- Uso no autorizado de tarjetas de crédito en Cuba:
Primer viaje $ 1000
Cada viaje adicional $ 2000
7- Importaciones de productos de origen cubano vinculados a violaciones de viajes.
Cuando el valor agregado es de $500 o menos: $250
Cuando el valor agregado excede los $500: $250 más el valor que exceda los $500.
B. Cláusula de servicios de viajes, carga y remesas de personas no autorizadas como “Proveedor de Servicios”.
1- Servicios de remesas
Antes de la comunicación del Tesoro: $2 000
Después de la comunicación del Tesoro: $ 15 000
2- Servicios de viajes:
Antes de la comunicación del Tesoro: $2 000 más $500 por cada persona asistida.
Después de la comunicación del Tesoro: $15 000 más $500 por cada persona asistida.
3- Servicios de carga.
Antes de la comunicación del Tesoro: $5 000 más $500 por cada persona asistida.
Después de la comunicación del Tesoro: $25 000 más $500 por cada persona asistida.
Con las nuevas restricciones al envío de paquetes y remesas y a los viajes de ciudadanos norteamericanos y de cubanos residentes en Estados Unidos, que no se aplican a ningún otro grupo de emigrados en ese país, el gobierno norteamericano socava, una vez más, derechos humanos básicos consagrados tanto en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como en ambos Pactos Internacionales.
En lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en específico, estas medidas son una flagrante violación del Artículo 12, que establece las bases de la libertad de viajar a la que son acreedoras las personas que tienen legalizada su situación en cualquier Estado.
Cabe recordar, que dicho principio fue reafirmado por la Asamblea General de la ONU al adoptar en diciembre de 2004 la Resolución 59/203, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las familias”. A pesar de lo anterior:
- En enero de 2005 Condoleezza Rice, durante la audiencia de confirmación como Secretaria de Estado ante el Comité de RREE del Senado, aseguró que prestaría especial atención a la implementación de las recomendaciones de la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” y reiteró que la “prohibición de viajes de los norteamericanos a Cuba obedece a la necesidad de cortar los beneficios que estos generan al régimen cubano”.
- En ese mismo mes la OFAC reinterpretó las regulaciones vigentes sobre los viajes a Cuba, para impedir a los ciudadanos norteamericanos participar en reuniones en Cuba, patrocinadas y organizadas por agencias de la ONU con sede en EEUU, a no ser que obtengan una licencia específica para ello.
- En marzo de 2005 entraron en vigor nuevas regulaciones de la OFAC para el otorgamiento de licencias a organizaciones norteamericanas que realizan viajes con fines religiosos a Cuba, según las cuales, los grupos no podrán exceder de 25 personas, se permitirá sólo un viaje por trimestre y las licencias sólo serán válidas por un año. La OFAC se reserva la prerrogativa de autorizar licencias para grupos más numerosos y estadías más prolongadas, sobre la base de un análisis “caso a caso”.
El Gobierno de Estados Unidos viola también los compromisos asumidos públicamente por su presidente, en la Cumbre del G-8 efectuada en Sea Island, estado norteamericano de Georgia, tras el debate del tema de la pobreza. En dicha reunión, los Jefes de Estado de los países más industrializados y ricos del mundo, incluyendo Estados Unidos, coincidieron en que el envío de remesas a los familiares que permanecen en sus países de origen, puede ayudar a combatir la pobreza y acordaron, según anunció Jim Wilkinson, Consejero adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que el Grupo de los Ocho facilitará el envío de efectivo a los países pobres, y reducirá a la mitad el costo de las operaciones.
Las nuevas medidas que el Gobierno de Estados Unidos está aplicando son, además, ilegales, pues el Congreso de ese país aprobó en el año 2000 una ley que codificó todas las regulaciones relativas a las restricciones y las excepciones a los viajes a Cuba, privando al presidente de la capacidad de modificar tales regulaciones, las cuales solo pueden ser cambiadas mediante otra ley del propio órgano legislativo.
Son, asimismo, contrarias a las decisiones de la mayoría de los miembros del Congreso norteamericano de ambos partidos, que en los últimos años han aprobado en la Cámara de Representantes y en ocasiones también en el Senado, enmiendas a proyectos de ley dirigidas a levantar las restricciones a los viajes a Cuba de ciudadanos norteamericanos y residentes en ese país. Cabe recordar, por ejemplo, que en el año 2003, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron, por mayoría, una iniciativa para liberalizar los viajes a Cuba. Sin embargo, en una maniobra antidemocrática, el texto fue eliminado del proyecto de ley, ante la amenaza de veto del presidente Bush.
Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), preparó un formulario que deben completar los viajeros, documento que constituye otra flagrante violación de la privacidad de los ciudadanos, pues entre otros detalles, deben señalar el número del carné de identidad del familiar a visitar.
La suspensión indefinida por el gobierno de Estados Unidos de las rondas de conversaciones migratorias bilaterales y las nuevas restricciones puestas en vigor, buscan agravar aún más los obstáculos al desarrollo del pueblo cubano, elevar el potencial migratorio y fabricar incidentes que provoquen la anulación de los Acuerdos Migratorios bilaterales y con ello, en las condiciones de endurecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra el pueblo cubano, generar artificialmente una crisis migratoria que imponga una acción militar contra Cuba.
El texto de la Ley Helms-Burton establece, desde 1996, que el gobierno de Estados Unidos está obligado a actuar, en una próxima crisis migratoria, como si fuera un acto de guerra contra Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno norteamericano comunicó en el 2003 hipócritamente por canales oficiales a Cuba, que los secuestros de naves y aeronaves cubanas –alentados por varios factores de la política anticubana de ese gobierno–, constituían “una seria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Llegaron a declarar públicamente en tono amenazante, que ese país no toleraría éxodos masivos procedentes de Cuba.
Las medidas en vigor desde julio de 2004, han suscitado el rechazo en la mayoría de los emigrados cubanos y de sus organizaciones en Estados Unidos. Una encuesta realizada por el Canal 23 de la televisión de Miami, en fecha cercana a la entrada en vigor de las medidas, mostró que del 65 al 68% de los emigrados cubanos estaban opuestos a las medidas. Otras encuestas, entre ellas una del canal de TV Univisión, mostraban un 75% de oposición a las medidas. Todas las encuestas ubicaron la oposición en un nivel superior al 60%.
El 20 de mayo de 2004, fue creado en Miami, pese al clima de violencia e intolerancia que impera en esa ciudad, el Comité Pro Derechos de la Familia, coalición de agrupaciones opuestas al bloqueo a Cuba, que inició el 21 de junio la recolección de firmas para enviar al gobierno de Estados Unidos una señal de descontento. El 20 de junio de ese propio año, los emigrados cubanos organizaron en Miami dos caravanas de autos, con cientos de miembros de la comunidad cubana, en una manifestación de protesta.
Alcanzando ribetes fascistas, los anexionistas y protectores de terroristas Lincoln Díaz Balart y Ninoska Pérez Castellón –congresista republicano él y colaboradora ella del desaparecido capo de la mafia terrorista de origen cubano Jorge Más Canosa –, lanzaron amenazas a los cubanos residentes en Estados Unidos que se estaban manifestando contra las medidas anticubanas de mayo de 2004, en el sentido que podrían perder los beneficios de la residencia que se les otorgó bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Las draconianas medidas contra el pueblo cubano, han sido criticadas también por importantes medios de prensa y organizaciones profesionales y empresariales de Estados Unidos, entre otros, por: el diario The New York Times- que las calificó de ultrajantes-; la Asociación Nacional de Abogados (NLG); el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos (NCC); la Alianza de Estados Unidos en favor de los Viajes; ATRIP-USA Engage Alliance -formada por el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC)-; la Asociación de Profesionales de la Industria de Viajes de Estados Unidos (ATRIP); la Educación Médica en Cooperación con Cuba (MEDICC) -un programa académico que matricula estudiantes de 115 universidades norteamericanas para cursos en Cuba-; la Organización Americana por un Comercio Humanitario con la Isla; The United States Council for International Business; The Emergency Committee for American Trade (ECAT); y el foro de análisis y formulación de alternativas de política exterior para América Latina: Diálogo Interamericano.
Como expresión del sentir de la mayoría de la sociedad norteamericana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 22 de septiembre de 2004, por una mayoría de 225 a favor y 174 en contra, una enmienda bipartidista para suspender las restricciones de los viajes a Cuba impuestas recientemente a los emigrados cubanos y restablecer su derecho a viajar anualmente.
Durante el año 2005 en el Congreso norteamericano también se abordó esta temática. Algunos ejemplos son los siguientes:
- En abril el senador Michael Enzi (R-WY) presentó el proyecto de ley S.894 “Ley para la Libertad de viajes a Cuba de 2005”, para establecer que el Presidente no regulará ni prohibirá, directa o indirectamente, los viajes hacia o desde Cuba por parte de ciudadanos de EEUU o residentes legales, así como ninguna de las transacciones vinculadas a dichos viajes. A su vez, el representante Jeff Flake (R-AZ) presentó el proyecto de ley H.R.1814 “Ley para la Exportación de la Libertad a Cuba de 2005”, dirigido a eliminar la prohibición sobre los viajes a Cuba, cuyo texto coincidía con el S.894 introducido por el senador Enzi.
- En abril se celebró en el Congreso el “Día de Acción sobre Cuba” dirigido, fundamentalmente, a promover el levantamiento de las restricciones a los viajes. Participaron entre 600 y 800 personas que favorecen el cambio de política, entre ellos, representantes de ONG's, hombres de negocios y cubano- americanos, procedentes de 35 estados.
- En mayo el representante Jim Davis (D-FL), presentó el proyecto H.R.2617 “Para prohibir determinadas restricciones adicionales a los viajes y las remesas a Cuba”, para eliminar las regulaciones del 16 de junio de 2004 sobre los viajes de los cubano-americanos a Cuba y el envío de remesas familiares.
- En junio, en el pleno de la Cámara de Representantes fueron presentadas varias enmiendas sobre Cuba al proyecto H.R.3058 “Ley de Asignaciones para los Departamentos de Transporte, Tesoro y Vivienda, año 2006”: la enmienda de Charles Rangel (D-NY), para prohibir el uso de los fondos asignados para implementar, administrar o aplicar el bloqueo contra Cuba; la enmienda de Barbara Lee (D-CA), para prohibir el uso de los fondos que serían aprobados con el objetivo de aplicar la prohibición de los viajes académicos a Cuba; la enmienda de Jeff Flake (R-AZ), para prohibir el uso de los fondos asignados con el objetivo de impedir los viajes por motivos religiosos a Cuba; la enmienda de Jim Davis (D-FL), para prohibir el uso de los fondos con el objetivo de impedir los viajes familiares a Cuba; y la enmienda de Flake, para prohibir el uso de los fondos con el objetivo de impedir los viajes a Cuba de los miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU. Aunque estas enmiendas fueron derrotadas en votación o retiradas por objeciones de procedimiento, su presentación ratificó la oposición que existe dentro del Congreso a las nuevas restricciones del bloqueo impuestas por la Administración Bush.
- En julio, el representante Serrano (D-NY), presentó en la Cámara el proyecto de resolución H.Con.Res.206, titulado “Expresando el sentir del Congreso en cuanto a que el Presidente debe suspender temporalmente las restricciones sobre las remesas, los paquetes, y los viajes familiares de los cubanoamericanos a Cuba por los efectos del huracán Dennis”.
- En el 2005, los ciudadanos de EEUU sancionados por violar el bloqueo, específicamente las regulaciones sobre los viajes a Cuba, fueron 487. A los mismos le fueron impuestas multas por un total de 529 mil 743 USD.
Los únicos defensores a ultranza de esas criminales medidas, son los antiguos miembros de los cuerpos represivos del sanguinario exdictador cubano Fulgencio Batista, los antiguos politiqueros que lucraron con el sudor y la sangre de cubanas y cubanos, y los representantes de la burguesía antinacional que se enriqueció con la estructura de dominación neocolonial del país antes de 1959. También las aplauden los terroristas y mercenarios en Miami que tanto dolor, destrucción y muerte han ocasionado a las familias cubanas.
Cuba reafirma su voluntad de continuar trabajando por una normalización plena de sus relaciones con los emigrados cubanos y reitera su compromiso y empeño en seguir promoviendo una migración legal y ordenada de sus ciudadanos y de todas las personas que visiten o residan en el país. Cuba continuará el combate frente al tráfico ilegal de personas, sancionando severamente a los responsables de estas criminales prácticas. Cuba continuará respetando rigurosamente sus Acuerdos Migratorios bilaterales, incluidos aquellos firmados con las autoridades estadounidenses.
Cuba trabajará por mejorar sus relaciones bilaterales con Estados Unidos en materia migratoria. Mientras ello no resulte posible, cumple su obligación y deber de denunciar las acciones de hostilidad y manipulación de los vínculos migratorios que viene ejecutando la administración del presidente Bush.
