CAPÍTULO 1: UN VERDADERO “AGUJERO NEGRO MORAL Y JURÍDICO” EN EL TERRITORIO ILEGALMENTE OCUPADO POR LA BASE NAVAL DE ESTADOS UNIDOS EN GUANTANAMO
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, sirvieron de pretexto al desencadenamiento de una activa ofensiva imperialista de dominación planetaria, previamente concebida, preparada y planificada por las fuerzas neoconservadoras y militaristas que detentan hoy el poder en los Estados Unidos. Al calor de dicha ofensiva, la administración del presidente Bush ha desatado una feroz ola represiva, limitando las libertades civiles y políticas en lo interno y, principalmente, restringiendo el disfrute del derecho a la libre determinación, el desarrollo y la paz de numerosos pueblos en terceros países.
En nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo, el Gobierno de la superpotencia ha lanzado guerras imperialistas de conquista para reafirmar su supremacía mundial y para controlar importantes recursos estratégicos, en las cuales se han pisoteado las más esenciales normas del Derecho Internacional y erosionado de modo grave y persistente el respeto y protección de todos los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la vida y a la libertad.
A la violación de los derechos humanos de miles de extranjeros detenidos arbitrariamente en el territorio de los Estados Unidos, se añade el limbo jurídico y existencial en que han sido mantenidas, por más de 4 años, más de 500 personas, incluidos menores de edad, recluidas de forma arbitraria en inhumanas condiciones en la Base Naval enclavada en Guantánamo, territorio que por más de 100 años mantiene ocupado ilegalmente en la Isla de Cuba, como perenne agresión contra la dignidad y la voluntad soberana del pueblo cubano.
Tras su guerra en Afganistán, el Gobierno de los Estados Unidos adoptó la decisión de alojar en los terrenos de su base militar en Guantánamo a prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”.
En aquel momento, mediante una Nota Oficial de fecha 11 de enero de 2002, el Gobierno cubano declaró que no crearía obstáculos al desarrollo de la operación, si bien calificó el hecho como un traslado de prisioneros de guerra extranjeros por parte del Gobierno de Estados Unidos a una instalación militar ubicada en un espacio del territorio cubano, sobre el cual Cuba ha sido privada del derecho a ejercer jurisdicción. Se añadió en esa nota, que tal decisión estadounidense no se ajustaba a las normas que dieron origen a esa instalación.
Mediante la Nota Oficial, el Gobierno de la República de Cuba valoró positivamente las declaraciones públicas de las autoridades norteamericanas en el sentido de que los prisioneros en la Base recibirían un tratamiento adecuado y humano, y manifestó que estaba en disposición de cooperar con los servicios de asistencia médica que fuesen requeridos.
Sin embargo, la realidad en esa Base estadounidense ha sido otra bien distinta. Allí se ha fraguado y ha persistido una de las más abominables prácticas en la era moderna de violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos de cientos de personas, desprovistos del sentido mismo de su esencia humana.
En ese territorio, cuya usurpación se mantiene en contra de la voluntad expresa del pueblo cubano, cientos de prisioneros extranjeros se mantienen arbitrariamente detenidos, sometidos a vejaciones indescriptibles, totalmente aislados, sin posibilidad de comunicarse con sus familias o disponer de una defensa adecuada. Las alegaciones de cargos contra la mayoría de ellos siguen siendo una incógnita - solo 9 de ellos han sido oficialmente acusados. Algunos de los pocos que han sido puestos en libertad, han narrado los horrores de ese campo de concentración, donde se practican repudiables formas de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos.
Para que se tenga una idea de hasta donde han llegado las aberraciones y crueles violaciones que se cometen en la Base militar estadounidense en Guantánamo, sólo comparables a lo acontecido en los campos de concentración nazi, baste decir que un informe confidencial filtrado a la prensa norteamericana, resultado de la inspección realizada en junio del 2004 por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al centro de detención de Guantánamo, denunció que en el lugar hay médicos y otros trabajadores de la salud que colaboran en la planificación de los interrogatorios, lo que supone una “violación flagrante de la ética médica".
Estos profesionales se dedican a reunir información sobre la salud mental de los detenidos y sus debilidades. La información se recibe o bien en contactos directos con los prisiones o a través del llamado Equipo de Consulta de la Ciencia del Comportamiento (BSCT, según sus siglas en inglés), integrado por psicólogos y personal especializado que asesora a los encargados de realizar los interrogatorios.
Los investigadores del CICR encontraron un sistema diseñado para quebrar la voluntad de los aproximadamente 550 detenidos mediante "actos humillantes, aislamiento, temperaturas extremas, ruidos altos y persistentes, música y la utilización de posiciones forzadas"; se señalaba, además, que los métodos utilizados son cada vez "más refinados y represivos".
Como indica el informe del CICR, "la construcción de tal sistema, cuyo objetivo declarado es la obtención de información de inteligencia, sólo puede considerarse un sistema intencionado de tratamiento cruel, inusual y degradante y una forma de tortura".
A modo de prueba de que esto no es una situación reciente, aislada o nueva el propio informe hace referencia a otro documento confidencial de enero del 2003- que nunca se hizo público- en el que ya se hablaba de “tortura psicológica”. Imágenes de video, difundidas recientemente, también han dado fe de las palizas y torturas sicológicas de las que son víctimas los detenidos.
Según dos ex detenidos británicos, Shafiq Rasul y Asif Iqbal, “los prisioneros musulmanes son obligados a desnudarse de la cintura para abajo, permanecer en esas condiciones durantes días, y ser “interrogados” y humillados por mujeres en una novedosa forma de “tortura sexual”•.
Creaciones conceptuales como la de “combatientes ilegales”, o la institución de aberraciones jurídicas como los llamados “tribunales militares ad hoc”, fabricados por Estados Unidos para justificar el deshumanizante trato brindado a los prisioneros de guerra, resultan a todas luces contrarias al Derecho Internacional y a los Convenios de Ginebra de 1949.
Los “tribunales” que se impondrían, estarían facultados para dictar sentencias de muerte y sus decisiones serían inapelables, carecerían de la más mínima independencia y restringirían el derecho de los acusados a elegir abogado y a una defensa eficaz. Podrían aceptarse pruebas extraídas bajo posible tortura o coacción.
La comunidad internacional levanta su voz de condena a lo que ocurre en la Base Naval que los Estados Unidos mantienen ilegalmente en el territorio cubano de Guantánamo, convertida en almacén de presos, sin juicios y sin causas, sin abogados y sin la más mínima señal del debido proceso, todo ello bajo el permanente ambiente de histeria y temor en que la extrema derecha fundamentalista que detenta el poder hace vivir al pueblo estadounidense, con sus continuos anuncios alarmistas y sus medidas arbitrarias.
La lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo mediante el terror que imponen la negación de derechos y el ejercicio de un llamado derecho unilateral de hacer la guerra.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, importantes juristas, académicos, organizaciones no gubernamentales; y algunos mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos; así como representantes de muchos gobiernos en el mundo, han exigido al Gobierno de los Estados Unidos que aclare inmediatamente la situación legal de los prisioneros recluidos desde hace más de 4 años en su Base Naval en lo que se refiere a las normas internacionales en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Personalidades políticas como los ex presidentes de Estados Unidos, William Clinton y James Carter, la Canciller alemana Angela Merkel, el Premio Nobel de Literatura Adolfo Pérez Esquivel, así como varias organizaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos reclaman el cierre inmediato de ese verdadero campo de concentración (un resumen de esta declaraciones aparecen en el Anexo I de este Capítulo).
La reivindicación del cierre de los centros de detención de “combatientes ilegales” en la base militar estadounidense de Guantánamo, redobló su notoriedad mediática luego que en junio del 2005, la revista norteamericana “Times” revelara detalles de un interrogatorio realizado a uno de los detenidos en ese enclave, revelando que se forzaba a los detenidos a ladrar como un perro y gruñir cuando le mostraban fotos de personas identificadas como terroristas.
Según el reporte de la revista Times, un diario de 84 páginas censurado y en poder del Pentágono, relata las entrevistas realizadas a Mohammed el Qahtani - ciudadano saudita considerado por los estadounidenses como potencial participante en los ataques terroristas del 11 de septiembre -, quien fue expulsado de Florida en agosto de 2001 y posteriormente arrestado en la región afgana de Tora Bora.
En el diario se indica que entre noviembre de 2002 y enero de 2003, Qahtani fue sometido a largas jornadas de tortura. Entre otras vejaciones, era despertado en las mañanas con agua fría arrojada sobre su cabeza o con un disco de la cantante Cristina Aguilera reproducido a todo volumen. El detenido refirió que lo obligaban a permanecer de pie para escuchar el himno nacional de Estados Unidos y le rasuraron la cabeza y la barba.
Al ser cuestionado en relación con dicho diario, el Sr. Cheney, Vicepresidente de los Estados Unidos expresó que lo importante es entender que las personas que están en Guantánamo son “malas personas”, que fueron capturadas en el campo de batalla en Afganistán o en redadas contra Al Qaeda, es decir, que son personas sin derechos.
Muchas personas, y una parte creciente de la elite de poder en Estados Unidos, han percibido claramente el daño de largo plazo a la imagen de la superpotencia que se deriva de las brutales prácticas impuestas por los halcones de la Administración Bush en su llamada lucha contra el terrorismo internacional. Por ejemplo, el senador Joseph R. Biden Jr., el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que Guantánamo “se ha convertido en la mayor herramienta de propaganda que existe para el reclutamiento de terroristas en todo el mundo”.
El senador republicano por Florida, Mel Martínez – representante de la mafia anticubana en la cámara alta del Congreso y miembro del gabinete del presidente Bush en su primer mandato –, señaló que Guantánamo se “transformó en un icono de historias negativas, y en cierto momento, te preguntas por su tasa de rentabilidad”.
Tom Friedman, un columnista del The New York Times que ha favorecido tradicionalmente la llamada guerra contra el terrorismo, dijo al presidente Bush en uno de sus trabajos: “si quiere darse cuenta de lo corrosiva que se ha vuelto Guantánamo para la situación de Estados Unidos en el extranjero, no lea la prensa árabe, ¡sólo lea la prensa británica! Vea lo que nuestros más estrechos aliados están diciendo sobre Guantánamo. Y cuando acabe con esto, lea la prensa australiana y la prensa canadiense y la prensa alemana”.
El 16 de febrero del 2006, fue publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe elaborado por 5 representantes de mecanismos independientes de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) sobre la situación de los detenidos en la ilegal Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo.
Estos expertos han venido trabajando en el tema desde junio del 2004. Cabe recordar que el 25 de junio de 2004, fue publicado un comunicado de prensa de cuatro de estos mecanismos de la CDH en el que solicitaban visitar las cárceles de Estados Unidos en Irak, Afganistán y en la Base Naval en Guantánamo.
En el marco del 61 período de sesiones de la CDH, en la primavera del 2005, varios representantes de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y del Departamento de Estado, se dirigieron a los diferentes Grupos Regionales para expresar su disposición a considerar las solicitudes de visitas de los relatores de la CDH al centro de detención en la Base Naval de Guantánamo. En aquel momento, la aparente voluntad de cooperación de Washington con los mecanismos de la CDH fue utilizado como cínico pretexto por los países europeos para votar en contra del proyecto de resolución presentado por Cuba sobre la situación de los detenidos en la ilegal base naval yanqui.
A pesar de no haberse aprobado el proyecto de resolución, los expertos decidieron llevar a cabo su investigación, en virtud de sus respectivos mandatos.
El 28 de octubre de 2005, el Gobierno estadounidense invitó a sólo tres de estos mecanismos, a saber: los Relatores sobre libertad de religión y credo; sobre la tortura y a la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, para que visitaran el centro de detención en Guantánamo.
El 31 de octubre del 2005, un despacho del servicio de noticias de Naciones Unidas divulgó, un Comunicado Conjunto en el que los cinco Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos, rechazaban las condiciones que impuso el Gobierno de Estados Unidos a la visita que habían solicitado realizar a la Base Naval de Guantánamo para investigar las graves denuncias de violaciones de derechos humanos a los prisioneros detenidos arbitraria e ilegalmente en ese territorio.
El Sr. Manfred Nowak, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, afirmó que los Relatores, “en un espíritu de compromiso”, ya habían aceptado anteriormente limitar la visita a un solo día -el 6 de diciembre-, pero “la prohibición de realizar entrevistas en privado contraviene los Términos de Referencia para Misiones de Investigación e imposibilita el objetivo de realizar una valoración objetiva y justa de la situación de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo”.
El Sr. Nowak calificó de “visita turística el tipo de recorrido que el Gobierno norteamericano ha venido permitiendo a congresistas y medios de prensa norteamericanos”.
Los expertos expresaron que bajo estas circunstancias no viajarían a la base naval de Guantánamo “porque, de hacerlo, degradaríamos los principios que sirven de base al trabajo de los procedimientos especiales y los mecanismos de investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”.
“Es particularmente decepcionante que el Gobierno de Estados Unidos no haya estado en posición de aceptar estos términos pese a haber declarado repetidamente su compromiso con los principios de independencia y objetividad de los mecanismos de investigación”, puntualizaron.
En varias ocasiones en los años 2002 y 2004 el Gobierno de Estados Unidos había negado a 6 mecanismos no contractuales de la Comisión de Derechos Humanos la posibilidad de visitar a los prisioneros en Irak, Afganistán y Guantánamo, en los lugares de detención.
Estados Unidos decidió invitar a estos tres Relatores sólo después que el tema de la violación de derechos humanos en la Base militar de Guantánamo, se convirtiera en un verdadero escándalo, que promovió un amplio debate internacional y motivó que incluso, algunas entidades de la siempre fiel aliada e hipócrita Unión Europea, en particular su Parlamento, adoptara una resolución condenando estas atrocidades en octubre del 2004.
El 4 de febrero del 2005, los Presidentes de los Grupos de Trabajo de la CDH sobre la detención arbitraria y las desapariciones forzadas y los Relatores Especiales sobre la tortura, la salud, la independencia de jueces y abogados y el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, emitieron una declaración en la que denunciaron las violaciones de derechos humanos que está cometiendo Estados Unidos en los campos de prisioneros en su base de Guantánamo.
Toda vez que los expertos de la ONU se negaron a acatar las humillantes condiciones impuestas por Estados Unidos para la visita al campo de detención de Guantánamo en octubre del 2005, las fuentes utilizadas para elaborar el informe presentado en febrero del 2006, han sido los testimonios de algunos de los detenidos que han sido liberados, de los abogados de algunos de ellos, de los medios de prensa y documentos desclasificados del Gobierno norteamericano.
El informe publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (http://www.ohchr.org/), bajo las siglas E/CN.4/2006/120, consta de 54 páginas y 6 secciones que se dividen en:
Sección I.- Análisis legal de los mandatos de los cinco expertos.
Sección II a la V.- Violaciones de derechos humanos relacionados con los mandatos de los 5 expertos.
Sección VI.- Conclusiones y recomendaciones.
El informe presenta 12 conclusiones y 10 recomendaciones. Entre sus conclusiones destacan las siguientes:
- La llamada “guerra contra el terrorismo” no constituye un conflicto armado de acuerdo a las leyes internacionales.
- La detención indefinida de las personas recluidas en la Base Naval de Guantánamo no tiene base legal alguna. Se viola el derecho establecido en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto a que nadie debe ser sometido a detención o prisión arbitraria.
- El ejecutivo norteamericano está operando como juez, fiscal y defensor de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo.
- La redefinición del concepto de “tortura” por el Gobierno norteamericano y las técnicas de interrogatorios aplicadas son uno de los motivos de mayor preocupación.
- La práctica de los traslados de los detenidos a otros países aumenta el riesgo de que sean víctimas de torturas.
- La ausencia de una investigación imparcial en cuanto a las violaciones de derechos humanos que se cometen en Guantánamo y las informaciones confiables que indican que sí han ocurrido esas violaciones, agravan las preocupaciones de los relatores.
- Los expertos manifiestan su grave preocupación por la falta de salud mental y física de los detenidos.
En las recomendaciones, se exige al Gobierno estadounidense el cierre inmediato de los centros de detención establecidos en su Base naval en Guantánamo, la presentación de los detenidos ante un tribunal competente e independiente o, su puesta en libertad.
Washington se apresuró a cuestionar la validez de dicho documento y presentó su queja por los procedimientos empleados para la investigación en una carta enviada por su Representante Permanente en Ginebra a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Otras reacciones
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 26 de abril del 2005, la resolución 1433 sobre la legalidad de las detenciones en la Base de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo.
En la tarde del 16 de febrero de 2006, el Parlamento Europeo aprobó por 80 votos a favor, uno en contra y una abstención, una nueva resolución solicitando el cierre del centro de detención en Guantánamo y exigiendo un trato justo a las personas allí detenidas (ver texto en el Anexo II de este capítulo).
A pesar de la opinión abrumadoramente mayoritaria de su opinión pública, varios gobiernos europeos continúan sin pronunciarse y todos sin tomar medidas con relación a lo que ocurre en los campos de detención en la base de Guantánamo. El ejemplo más claro quizás sea el del Primer Ministro británico, Anthony Blair, quien a pesar de tener un mandato de la Cámara de los Comunes para “decir en voz alta y a todo el público que objeta la existencia de dicha prisión", declaró el pasado 23 de febrero, refiriéndose a Guantánamo: “He dicho que es una anomalía. He dicho que debería acabar más bien antes que tarde. Creo que no tengo nada más de decir”.
Al tiempo que todas estas protestas y declaraciones se suscitan en distintas partes del mundo, la superpotencia publicó el 28 de marzo del 2005, el informe titulado: “Apoyando los Derechos Humanos y la Democracia: el record de los Estados Unidos 2004-2005”. En el mismo, el Departamento de Estado norteamericano no dedicó una sola palabra a lo que acontece en Guantánamo.
En una de las caricaturas de juicio llevadas a cabo contra unos pocos detenidos en la Base de Guantánamo, Alí Hamza Ahmad al-Bahlul, un yemenita acusado de ser propagandista de la red Al Qaeda, solicitó representarse a sí mismo y se ha negado incluso a entrevistarse con el Mayor Tom Fleener, el abogado militar comisionado de oficio para “defenderlo”.
Otro tanto se puso de manifiesto en el tribunal militar que analizará la acusación contra Omar Khadr, ciudadano canadiense de 19 años, acusado de matar a un médico militar al lanzar una granada durante un enfrentamiento en Afganistán hace 4 años. El abogado militar asignado para “defenderlo”, es un joven de 31 años que nunca ha defendido a persona alguna en cualquier juicio. La situación es tan patética, que algunas de las críticas más duras contra estos juicios vienen de los propios abogados defensores. De acuerdo con Fleener – el abogado rechazado por Bahlul –, los tribunales son una farsa, en tanto “las reglas simplemente están hechas para no poder ayudar al acusado”.
Varios grupos de derechos humanos también han criticado estas reglas porque, por ejemplo, permiten el uso de evidencia secreta que los prisioneros no pueden conocer y el uso de evidencias obtenidas mediante torturas.
En diciembre del 2005, el presidente Bush aprobó, como parte de la ley de gastos militares, la enmienda McCain- Graham-Levin, eliminando de esta forma el derecho de estos detenidos a presentar siquiera recursos de habeas corpus en las Cortes Federales de Estados Unidos. Más aún, el presidente Bush solicitó a la Corte Suprema que hiciera que esta ley tuviera efecto retroactivo, para anular los 220 casos en que prisioneros ya habían cuestionado la legalidad de su detención y de sus eventuales juicios militares.
Aunque los medios de comunicación difundieron que la enmienda prohíbe la tortura, en realidad la legaliza y sienta nuevos precedentes jurídicos totalmente nefastos.
¿Cuáles son los elementos que sustentarían la afirmación anterior?
Según varias organizaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos, estas serían:
1. El Gobierno norteamericano no presentó normas claras ni aceptables de qué es la tortura o el trato cruel, inhumano y degradante, sus funcionarios siguen rehusando especificar si el simulacro de ahogo es tortura. Dicho método de tortura simula una ejecución por ahogo y muy a menudo lleva a la muerte. Los torturadores cubren la cara de la víctima con celofán y le vierten agua por la boca, lo que estimula arqueadas muy dolorosas. Otros métodos, como la privación de estímulos sensoriales o de sueño, la tortura psicológica y la congelación, tienen el propósito de enloquecer, por no decir matar directamente.
El Secretario de Justicia, Alberto González, dejó en claro que el Gobierno definirá la tortura como se le antoje. El ex-analista de la CIA, Ray McGovern, señaló que Bush habría dicho a “la cadena televisiva CNN que torturar significa causar intencionalmente un severo dolor físico o mental y repitió dos veces la palabra 'severo'".
2. La Ley, tiene una nueva enmienda que quita a los más de 500 presos de Guantánamo la posibilidad de entablar demandas para detener la tortura y el trato cruel e inhumano. Autoriza implícitamente al Departamento de Defensa a considerar evidencias obtenidas mediante la tortura u otros métodos inhumanos cuando se evalúa el estado de los detenidos en Guantánamo. Esta sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Congreso de hecho ha permitido el uso de evidencia obtenida mediante tortura.
3. Antes de firmar la Ley, le fueron añadidas dos cláusulas más. Una permite a los militares acusados como responsables de torturas valerse de la defensa de que "estaban siguiendo órdenes superiores", y la otra, ofrece la misma defensa a agentes de la CIA.
Según Marty Lederman, profesor de derecho y ex-abogado del Departamento de Justicia se busca “asegurar que no acusen a los interrogadores de la CIA en tribunales penales ni civiles, por técnicas que ha aprobado el Secretario de Justicia, Alberto González".
4. La ley tiene otras lagunas jurídicas. Por ejemplo, dice que los interrogatorios deben seguir las pautas del Manual del Ejército. Según un artículo publicado por “The New York Times” en diciembre del 2005, el ejército había sacado una nueva edición de ese Manual, la primera en 13 años, con diez páginas secretas sobre métodos de tortura.
Es evidente que la Ley "contra la tortura", es en realidad una manera sutil de legitimar y legalizar la tortura, bajo el pretexto de hacer lo contrario.
Huelgas de hambre
Desde inicios de agosto del 2005, el mundo ha sido testigo de prolongadas huelgas de hambre y de intentos de suicidios de un grupo de detenidos en Guantánamo. Según abogados de los presos, la huelga de hambre comenzó en agosto para exigir un juicio justo y que las condiciones en la prisión se ajusten a la Convención de Ginebra.
Según datos del Departamento de Defensa estadounidense, el mayor número de detenidos en huelga de hambre –131–, se registró en torno al cuarto aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Aunque la cifra es variable, para finales del 2005 la cifra era de 84, y un mes después, había disminuido a 22, de los cuales 17 estaban siendo alimentados con suero a través de una sonda nasal. El Departamento de Defensa afirmó además, que los métodos de alimentación intravenosa y nasogástrica que se estaban empleando eran humanos y entraban dentro de las prácticas habituales de asistencia médica, y que sólo en situaciones excepcionales se colocaba la sonda a los detenidos contra su voluntad. Esas fuentes revelaron que "algunos, debido a su carácter y temperamento, no mostraban ninguna disposición a cooperar y precisaban de métodos de inmovilización."
Sin embargo, los abogados de varios detenidos han dado cifras muy superiores del número de participantes en las huelgas de hambre. La disparidad de informes podría estar relacionada con la definición de las autoridades estadounidenses de lo que constituye una huelga de hambre. En Guantánamo, sólo se considera oficialmente que un detenido está en huelga de hambre, si ha rechazado nueve comidas consecutivas. Estos letrados han indicado que algunos de los detenidos aceptan alguna de esas nueve comidas para no tener que ser alimentados a la fuerza o recibir tratamiento médico.
El Teniente Coronel Jeremy Martin, Vocero del Ejército estadounidense en Guantánamo, ha desestimado esas protestas, ya que en su opinión, han sido realizadas bajo “las instrucciones de Al Qaeda, y con ellas los detenidos no pretenden sino llamar la atención de los medios de comunicación y presionar al Gobierno de Estados Unidos."
Según un artículo publicado el 22 de febrero del 2006, por The New York Times, el General Bantz J. Craddock, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos y Comandante Militar encargado del centro de detención de Guantánamo, confirmó que los oficiales destacados allí, recurrieron el mes enero a métodos más agresivos para disuadir a los prisioneros que se encontraban en huelga de hambre desde hacía meses.
Aunque las autoridades de Guantánamo llevaban meses alimentando a la fuerza a los huelguistas, en el mes de enero comenzaron a mantenerlos atados a "sillas de fuerza" durante horas, para evitar que al volver a sus celdas se provocaran vómitos.
The New York Times agregó que más de dos docenas de reclusos abandonaron la huelga de hambre luego de "que les introdujeron sondas nasales de alimentación y se las quitaron en forma tan violenta, que algunos sangraron o se desmayaron".
Thomas B. Wilner, uno de los letrados del bufete Shearman & Sterling, con sede Washington, señaló que "es evidente que el Gobierno (estadounidense) terminó con la huelga de hambre mediante el uso de la fuerza y el trato más brutal e inhumano".
Otras medidas incluyen confinar a los prisioneros a celdas de aislamiento, sometidos a bajas temperaturas y privados de artículos personales como mantas y libros. De esta forma, se trata de impedir que el ejemplo de los huelguistas sea imitado por otros detenidos.
Tras un estudio de los documentos del Departamento de Defensa, los abogados defensores, Mark y Joshua Denbeaux, afirmaron en un informe publicado el pasado 8 de febrero, que el Pentágono cuenta con pruebas de algún acto hostil contra Estados Unidos o sus aliados, en el 45% de los prisioneros y sólo el 8% de los arrestados es reconocido como integrante de la organización Al Qaeda.
El Gobierno de la República de Cuba insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin al “agujero negro moral y jurídico” en que ha convertido al territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo por su Base Naval. El pueblo cubano tiene graves preocupaciones por la suerte que están corriendo las personas arbitrariamente detenidas en esa parte de su territorio.
Esa Base Naval fue parte del botín directo de guerra que se aseguró Estados Unidos, tras la intervención militar y ocupación de la Isla que imposibilitó al pueblo cubano acceder a la verdadera independencia.
La Base Naval en Guantánamo es una consecuencia del ilegal Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, firmado en 1903 entre el Gobierno de Estados Unidos y el gobierno impuesto a Cuba por la potencia neocolonial, en circunstancias en que nuestro pueblo no podía ejercer su soberanía. Este tipo de facilidades para bases navales, había sido exigido por Estados Unidos en el apéndice constitucional impuesto a Cuba como condición para la retirada de las tropas estadounidenses: la tristemente célebre Enmienda Platt.
El Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, establecía el derecho "a hacer todo cuanto fuere necesario para poner dichos lugares en condiciones de usarse exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro objeto".
Treinta y un años más tarde, el 29 de mayo de 1934, en el espíritu de la política norteamericana del "Buen Vecino", bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, fue firmado un nuevo Tratado de Relaciones entre la República de Cuba y Estados Unidos de América, que derogó el de 1903.
No obstante, en ese nuevo Tratado, Estados Unidos garantizó la permanencia de la Base Naval de Guantánamo y la plena vigencia de las normas que regían su “arrendamiento”.
Durante todo el período neocolonial, la Base Naval norteamericana en Guantánamo sirvió de sostén a los gobernantes corruptos y sanguinarios que la política imperialista de los Estados Unidos hacía mantener en Cuba a contrapelo de los intereses del pueblo cubano. Incluso, durante el año 1958, frecuentemente las aeronaves de guerra de la dictadura batistiana que se reaprovisionaron allí con bombas y combustible para continuar sus bombardeos contra la población civil de las provincias orientales de Cuba.
Al triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, año en que se alcanzó por primera vez la plena independencia --ya no la formal del 20 de mayo de 1902-- la Base Naval en Guantánamo se convirtió en foco permanente de amenaza, provocación y violación de la soberanía de la República, dentro del contexto de la política que Estados Unidos comenzó a aplicar contra Cuba, con su secuencia de agresiones, crímenes y sabotajes.
El Gobierno de Cuba denunció decenas de veces tales provocaciones, no sólo ante el Gobierno de los Estados Unidos, sino también ante las Naciones Unidas, argumentando que el enclave colonial estadounidense en Guantánamo no ha tenido jamás el uso declarado en el espurio Tratado plattista de 1903 de defender a Cuba, o el uso declarado también en el inválido Tratado de 1934, exponente de las relaciones “de amistad” entre ambos países.
Por el contrario, a lo largo de más de cuatro décadas, esta Base fue empleada para múltiples usos, ninguno de los cuales estaba comprendido en el texto del acuerdo con que se justificó su presencia en nuestro territorio.
La Base se convirtió en causa de numerosas fricciones entre Cuba y los Estados Unidos. La inmensa mayoría de los más de tres mil ciudadanos cubanos que allí laboraban fueron expulsados de su puesto de trabajo y sustituidos por personal de otros países.
Durante el período revolucionario, fueron frecuentes los disparos desde esa instalación hacia la parte del territorio libre de Cuba; soldados cubanos murieron como consecuencia de esos hechos; y mercenarios al servicio de la potencia extranjera encontraron en esa instalación apoyo y refugio. Incluso, se utilizó dicha Base como centro de un plan de autoagresión concebido por el Gobierno de los Estados Unidos en la década de 1960, conocido por los servicios especiales norteamericanos como “Plan Patty”, y que fuera frustrado por los órganos de la seguridad cubana. Conforme a dicho plan, grupos de agentes norteamericanos infiltrados en territorio cubano dispararían contra la Base haciendo creer que ésta estaba siendo atacada por las Fuerzas Armadas cubanas, los que les daría el pretexto de desencadenar una agresión.
En otra ocasión, y nuevamente por decisión unilateral de los gobernantes de Estados Unidos, decenas de miles de migrantes, haitianos y nacionales cubanos que trataban de viajar ilegalmente a Estados Unidos por sus propios medios, fueron concentrados en esa base militar.
A lo largo de casi medio siglo, nunca se produjeron las condiciones propicias para un análisis sereno, legal y diplomático con el propósito de alcanzar la única solución lógica y justa a esta larga, crónica y anómala situación: el reintegro a nuestro país de ese espacio de su territorio nacional ocupado contra la voluntad de nuestro pueblo.
Un principio básico de la política cubana ante este problema potencialmente peligroso entre Cuba y Estados Unidos, que ha perdurado decenas de años, ha sido evitar que nuestro justo reclamo se convirtiera en causa de nuevas tensiones. Cuba se ha esforzado en aplicar allí una política especialmente cuidadosa y ecuánime, reconociendo que en los últimos años, se ha podido respirar entre los militares de ambos países una atmósfera de mayor distensión y respeto mutuo.
La posición del Gobierno cubano en cuanto a la situación legal de la Base Naval norteamericana en Guantánamo es que, por constituirse en la figura jurídica del arrendamiento, no se otorgó un derecho perpetuo sino temporal sobre esa parte de nuestro territorio, por lo que a su debido tiempo, como un justo derecho de nuestro pueblo, el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo debe ser devuelto por medios pacíficos a Cuba.
Más allá del tema de la ilegal permanencia de la Base Naval en su territorio, cuestión que será resuelta cuando las condiciones lo permitan, hoy el pueblo cubano se une al justo clamor de la comunidad internacional para que se ponga fin a lo que está ocurriendo allí. La erradicación de esa flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no puede esperar. Debe evitarse que ese grave precedente se extienda.
La detención sin cargos ni juicio por tiempo indefinido, la reclusión en pequeñas celdas hasta 24 horas al día, la obligación de permanecer esposado durante el poquísimo tiempo de ejercicio permitido, la crueldad con los familiares por la incertidumbre derivada de la difícil situación de sus seres queridos, los reiterados interrogatorios sin acceso a un abogado y la posibilidad de que se lleven a cabo ejecuciones tras juicios injustos y sin derecho de apelación, constituyen una aberración y una afrenta a la justicia y la dignidad humana.
Las personas consideradas “combatientes ilegales”, están sometidas a reglamentos castrenses arbitrarios, que contemplan la posibilidad de torturar al detenido y los privan de recursos jurídicos como el habeas corpus. Pueden estar detenidos sin cargos concretos por tiempo indefinido y sus abogados sufren diversas restricciones. Tampoco tienen opción de pedir la comparecencia de determinados testigos. Todo detenido que desee un defensor distinto al militar que le asignan, debe primero declararse culpable, con lo cual se niega burdamente el principio de presunción de inocencia.
Pero no todos los presos sufren por igual. Se ha venido aplicando un claro patrón de arbitraria selectividad y dobles raseros. A quienes tienen ciudadanía de un país aliado en la “coalición de los dispuestos”, Bush les “concede” unas cuantas garantías. A estos “afortunados” se les permite hablar en privado con sus abogados, algo que se niega al resto.
¿Cómo la superpotencia puede sostener la tesis de un supuesto “compromiso” con los derechos humanos del pueblo cubano, si al propio tiempo utiliza la parte de su territorio que mantiene ocupada para construir un verdadero “agujero negro” de los derechos humanos?
Cuba reafirma su condena a las masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que sufren cientos de personas detenidas arbitrariamente por el Gobierno de los Estados Unidos, dentro y fuera de su territorio, y en particular, en la Base Naval que mantiene ilegalmente bajo su jurisdicción en Guantánamo. El pasado 19 de enero de 2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos en La Habana y en Washington una Nota Diplomática, en la que se denunció esa situación y se demandó el cese inmediato de esa inhumana y criminal conducta.
A Cuba le asiste toda la moral que nos da una trayectoria intachable en esta materia y el derecho que le confiere el ejercicio de la soberanía sobre todo el territorio cubano, para denunciar estos abusos y violaciones que comete el Gobierno de los Estados Unidos cada día contra los detenidos en la Base Naval de Guantánamo y para demandar la terminación de estas prácticas violatorias del Derecho Internacional.
El pueblo cubano apoya y hace suyo el llamado de la comunidad internacional para que se establezca un pronunciamiento claro y consecuente acerca de esta grave situación.
ANEXO I
Algunas declaraciones recientes para demandar el cierre del centro de detención en la Base Naval en Guantánamo, y de denuncia por las torturas y detención de prisioneros en este enclave.
5.01.2005: En un editorial publicado en su edición dominical, el diario norteamericano The New York Times, instó a la administración del Presidente George W. Bush a que cierre el centro de detenciones que mantiene en la base naval de Guantánamo.
20.06.2005: El ex Presidente de Estados Unidos, William Clinton, indicó que la base estadounidense de Guantánamo tiene que "cerrarse o limpiarse”. Indicó que “ya es hora de que dejen de aparecer noticias de allí sobre personas sometidas a abusos", en una entrevista publicada por el diario británico Financial Times. Clinton considera que hay dos objeciones prácticas muy serias contra el abuso de prisioneros: la primera es que "si ganamos fama de abusar de las personas, nuestros soldados correrán mayor peligro”. La segunda objeción “es que si sometemos a alguien a malos tratos, terminará diciéndonos cualquier cosa que sabe que nos gustaría escuchar con tal de que no continuemos", agregó.
18.11.2005: Durante una conferencia en Londres para denunciar las torturas y la detención arbitraria de personas en Guantánamo, el Director Legal de Indultos, Clive Stafford Smith, quien representa a unos 40 detenidos en Guantánamo, declaró lo siguiente: “la conferencia empieza en el día número 100 de la huelga de hambre de los prisioneros. Yo volví recientemente de Guantánamo y simplemente he recibido una declaración del prisionero británico, Shaker Aamer, padre de cuatro niños británicos, donde él escribe que ha recibido abusos y humillaciones, por lo que demanda que el ejército norteamericano deje de alimentar por la fuerza a los prisioneros y les permita trazar su propio destino. El Gobierno británico debe estar avergonzado de sí mismo, negándose a alzar una mano para ayudar a los diez detenidos británicos que se mantienen allí por la fuerza”.
2.12.2005: El ex Presidente estadounidense, James Carter publicó el artículo: "Ya me cuesta reconocer a estos Estados Unidos". En el mismo escribió lo siguiente: “De mayor preocupación es el hecho de que los Estados Unidos repudiaron los acuerdos de Ginebra y abrazaron el uso de la tortura en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. Resulta molesto ver cómo el Presidente y el Vicepresidente insisten en que la CIA debería tener libertad para perpetrar un trato o castigo cruel, inhumano o degradante contra personas que se encuentran bajo la custodia de Estados Unidos.”
23.12.2005: Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz, motivado por el artículo del ex presidente James Carter, envió una Carta al Presidente George W. Bush en total concordancia y apoyo a lo expresado por Carter. En su carta a Bush, Pérez Esquivel planteó lo siguiente: “¿Hacia dónde va, señor Presidente Bush? Usted está arrastrando a su país y al mundo a situaciones límites; está cruzando las fronteras de lo posible y transformándose en un peligro para la humanidad, en ese afán por identificar a todos los que se oponen a sus deseos como terroristas, cuando es su política la que aplica el terrorismo de Estado, con los mismos mecanismos que utilizara durante las dictaduras militares en el Cono Sur. Recordemos el Plan Cóndor, y los métodos aberrantes como el secuestro y la desaparición de personas. Hoy muchos países europeos reclaman explicaciones al Departamento de Estado, por utilizar sus territorios y aeropuertos para los traslados clandestinos de secuestrados por la CIA y llevados para someterlos a las torturas en otros países.”
31.12.2005: El Relator Especial de la ONU para la tortura, Sr. Manfred Nowak, acusó a Washington de utilizar métodos crueles para alimentar por la fuerza a prisioneros en Guantánamo que se encuentran en huelga de hambre. Nowak destacó, citando a los abogados, que "la alimentación forzosa de los detenidos se hace en sus celdas, no en hospitales. A veces no es efectuada por médicos entrenados para ello, sino por enfermeras e incluso por los guardias de seguridad. Afirman que se insertan sondas gruesas por la nariz hasta el estómago, que se colocan y retiran de forma brusca provocando sangrados y vómitos. Si estas acusaciones son verdaderas se trata definitivamente de un trato cruel. No podremos verificar las condiciones de los detenidos si no interactuamos con ellos. Si sólo podemos preguntar a los guardias de seguridad ¿Usted tortura?, no estamos hablando de una misión de verificación objetiva. Nos dijeron claramente que podíamos mirar en todas partes, incluso en las celdas, pero no interactuar, o sea, no tener contacto con los prisioneros".
31.12.2005: El Secretario General de la Asociación para la Prevención de la Tortura - ONG con sede en Ginebra-, Mark Thompson, aseguró a la BBC que la alimentación forzosa de detenidos es considerada una forma de tortura. Dijo que: "es un caso de trato cruel, inhumano y degradante. Lo que las autoridades estadounidenses deben hacer es traer negociadores para dialogar con los prisioneros".
7.01.2006: La Canciller alemana, Angela Merkel, expresó: "una institución como Guantánamo, a la larga, no debe ni puede seguir existiendo (…) Es necesario buscar nuevos caminos y medios para el tratamiento de los presos".
12.01.2006: El Ministro holandés de Defensa, Henk Kamp, en una entrevista con EO-Radio, indicó que cree que el centro de detenidos en la Base Naval estadounidense de Guantánamo, debería ser clausurado cuanto antes.
14.02.2006: Dos importantes periódicos de la Costa Este de Estados Unidos, San Francisco Chronicle y Los Angeles Times, se pronunciaron en sendos Editoriales del modo siguiente: “El Cierre de Guantánamo ¡Ahora!” y “La desgracia de Guantánamo”.
Este último, incluyó la siguiente aseveración: "esa prisión es un motivo de vergüenza de cara a todo el mundo y hace más mal que bien a Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo”.
16.02.2006: El sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un informe elaborado por cinco expertos independientes de la CDH sobre la situación de los detenidos en la ilegal Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo. El Informe exige al Gobierno norteamericano el cierre inmediato del centro de detención en Guantánamo, la presentación de los detenidos ante un tribunal competente e independiente o, su puesta en libertad.
19.02.2006: Consejo Mundial de Iglesias -agrupación que representa a 342 iglesias, denominaciones y comunidades de templos de más de 100 países –, a nombre de 400 millones de cristianos del mundo, hizo publico un documento en su IX Asamblea en Porto Alegre, Brasil, en el que exhorta a Estados Unidos a cerrar la cárcel que mantiene en la ilegal base naval de Guantánamo.
20.02.2006: El diario The New York Times publicó un editorial titulado “La vergüenza de las prisiones”, recordando que Estados Unidos “necesita una política de prisiones que se apegue a la ley y a los principios democráticos” y afirma que debería cerrar su centro de detención en la Bahía de Guantánamo.
En Bruselas, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, René van der Linden, expresó su pleno respaldo al informe de cinco expertos de Naciones Unidas que condenaron las prácticas de Estados Unidos en Guantánamo.
El Ministro británico para Irlanda del Norte, Peter Hain, se sumó a quienes piden el cierre de la cárcel en la base estadounidense en territorio cubano.
El arzobispo John Sentamu, la segunda autoridad de la Iglesia Anglicana, pidió el cierre inmediato de ese centro de detención, y acusó a Estados Unidos de "quebrantar la ley internacional", en una entrevista al diario londinense The Independent.
23.02.2006: En entrevista a la cadena de radio y televisión árabe Al Jazira, el Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, admitió los argumentos de personalidades internacionales que piden el cierre de la cárcel estadounidense en la base naval de Guantánamo, y afirmó: "sí, hablé de esto con muchos colegas míos, y yo también pienso que se debe proceder con la máxima celeridad al cierre de estos centros donde se verificaron episodios que todo el mundo condenó".
23.02.2006: Según un informe de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, la prisión de Guantánamo "desestima la autoridad moral de Estados Unidos", y por ello "el Gobierno británico debe decir a voz alta y a todo el público que objeta la existencia de dicha prisión". El informe pidió a los ministros de Blair que expresen su oposición a esa prisión "de forma más abierta".
24.02.2006: Según un reporte de la agencia italiana ANSA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos acatará una decisión judicial que lo obliga a proporcionar los nombres de los prisioneros confinados en el campo de detención de Guantánamo, mientras la Corte Suprema rechazó los intentos del Gobierno de George W. Bush de bloquear el camino judicial.
ANEXO II
Resolución del parlamento Europeo, adoptada el 16 de febrero del 2006
PARLAMENTO EUROPEO
2004 |
|
2009 |
El Parlamento Europeo
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un proceso justo y, en particular, su Resolución de 7 de febrero de 2002 sobre la situación de los prisioneros de la Bahía de Guantánamo(1) , y su Recomendación al Consejo de 10 de marzo de 2004 sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un juicio justo(2) ,
– Vista su Resolución de 28 de abril de 2005(3) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2004,
– Vista su Resolución de 18 de enero de 2006 sobre Afganistán(4)
– Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984,
– Vistas las orientaciones de la Unión Europea en materia de lucha contra la tortura y la pena de muerte, así como las orientaciones sobre el diálogo con terceros países en materia de derechos humanos, adoptadas en 2001,
– Vista la Ley sobre la autorización de la defensa, firmada por el Presidente Bush el 30 de diciembre de 2005, en la que se incluyen tanto la enmienda McCain, por la que se prohíbe el uso de la tortura, como la enmienda Graham-Levin, que establece, de conformidad con la interpretación ("declaración firmada") de la Casa Blanca, que los extranjeros detenidos en Guantánamo no tienen derecho a que sus casos de habeas corpus sean tratados por los tribunales civiles de los Estados Unidos,
– Vista el nuevo reglamento del ejército de los Estados Unidos 190-55, que entrará en vigor el 17 de febrero de 2006, que permite que los prisioneros condenados a muerte por tribunales militares puedan ser ejecutados en todos los centros de detención, incluido el de la Bahía de Guantánamo,
– Visto el informe elaborado por cinco expertos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el centro de detención de la Bahía de Guantánamo,
– Visto el llamamiento efectuado recientemente por la Canciller alemana en favor del cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo,
– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,
1. Pide al Gobierno de los Estados Unidos que proceda al cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo e insiste en que todos los prisioneros deben recibir un trato conforme a la legislación humanitaria internacional y ser juzgados en el plazo más breve posible tras una vista justa y pública a cargo de un tribunal competente, independiente e imparcial;
2. Condena todas las formas de tortura y de malos tratos y reitera la necesidad de respetar el Derecho internacional;
3. Subraya que el terrorismo contemporáneo, en particular el terrorismo global contra las democracias y sus habitantes, supone una amenaza a los derechos humanos básicos y fundamentales de los que disfrutan nuestras sociedades;
4. Reitera que la lucha contra el terrorismo, que es una de las prioridades de la Unión y un aspecto fundamental de su acción exterior, sólo puede llevarse a cabo con éxito si se respetan plenamente los derechos humanos y civiles;
5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante de la PESC, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, y al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América.
