CAPÍTULO 2. ESTADOS UNIDOS: LA ADMINISTRACIÓN BUSH ARRECIA LAS PRÁCTICAS SISTEMÁTICAS Y MASIVAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS BAJO EL PRETEXTO DE SU LLAMADA GUERRA GLOBAL CONTRA EL TERRORISMO.
La Unión Europea: un patrón consolidado de hipocresía y complicidad que garantiza la impunidad al Imperio.
El caso de los vuelos operados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos a través de Europa, para el traslado de personas privadas arbitrariamente de su libertad hacia centros en los que fueron sometidos a tortura y otras graves violaciones de derechos humanos.
La aplicación de la doctrina de “Guerra global contra al terrorismo” de la Administración Bush, ha impuesto a los servicios secretos estadounidenses el desempeño de tareas y misiones tanto en el plano doméstico como en todo el mundo, comparables a aquellas cumplidas en el período del McCarthismo y los peores momentos de la Guerra Fría, incluidas las prácticas de asesinatos a Jefes de Estado y líderes políticos del Tercer Mundo y las intervenciones mercenarias y agresiones imperialistas.
El escándalo y conmoción generados en la opinión pública mundial tras la revelación del traslado secreto por la CIA a través de Europa de supuestos terroristas para ser torturados, hace recordar los terribles capítulos que caracterizaron la brutalidad de las dictaduras militares impuestas con la complicidad de Washington a América Latina en décadas pasadas, aquellas que aplicaron de modo tristemente descollante las métodos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas aprendidos en la tenebrosa Escuela de las Américas.
En este nuevo escándalo, se insertan también varias revelaciones sobre la existencia en Europa Oriental de centros secretos de detención y tortura a cargo de la CIA, en los que habrían ocurrido violaciones de derechos humanos tan graves como las perpetradas por las tropas norteamericanas en Guantánamo, Iraq y Afganistán. Tanto Estados Unidos como sus aliados europeos, se han apresurado a desmentir la existencia de estos centros. Al parecer, del mismo en que fueron establecidos, ha sido borrada toda traza acerca de su existencia. Las autoridades europeas y sus servicios de inteligencia, que han estado comprometidas hasta el tuétano en estos episodios, han colaborado en asegurar el silencio y borrar las pruebas necesarias.
Medios de prensa han señalado que el “Guantánamo europeo” habría sido parte de un sistema encubierto de prisiones que abarca varios países en el mundo y ha llegado a tener hasta cien presos. Según el diario Washington Post, la red de prisiones fue establecida por la CIA hace casi cuatro años, después de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York.
De acuerdo al rotativo, la red fue desarrollada a partir de un documento que Bush firmó el 17 de septiembre de 2001, tan sólo seis días después de los atentados, y que daba a la CIA amplios poderes para combatir el terrorismo, incluyendo la posibilidad de matar y capturar a miembros de Al Qaeda en cualquier país del mundo.
La práctica de los “traslados” en operaciones encubiertas de la CIA se ha realizado en estrecha cooperación con los servicios de inteligencia extranjeros europeos, cuyos gobiernos, como el de Estados Unidos, son partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Los centros donde se habrían mantenido detenidas de forma oculta esas personas, constituyen nichos que escapan de todo escrutinio judicial y en los se vulneran burdamente los derechos humanos inherentes a todo ser humano y los más elementales principios del Derecho Internacional y las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, que tienen fuerza vinculante para los Estados involucrados en este escándalo.
II.- Estados Unidos: un patrón sistemático de violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos.
A pesar del manto de secreto con que la Administración Bush ha pretendido encubrir estos hechos, se confirma una vez más que la situación en el centro de detención en Guantánamo no es un caso aislado y que, por el contrario, existe un patrón claro y sistemático de graves violaciones de derechos humanos en la conducta del Gobierno norteamericano.
Ese patrón aplica tanto a sus actos al interior de su propio territorio, como aquellos de sus representantes en diversas partes del mundo, ya sean bases militares como Guantánamo, prisiones en países ocupados como Abu Ghraib o centros secretos en el territorio de sus aliados, escapando en todos los casos al escrutinio civil y la revisión judicial.
Algunas violaciones de derechos humanos cometidas dentro del territorio norteamericano.
1. La violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos norteamericanos a partir de la entrada en vigor de la llamada Ley Patriótica. Algunos de los elementos que caracterizan a dicha ley son:
La extensa ambigüedad y las amplias posibilidades de arbitrariedad en la interpretación de la ley penal aplicable contra el terrorismo, que incluye la revisión de la definición de “Actividad Terrorista” y “Grupo Terrorista”. Se pido la elaboración de una “Lista de grupos y personas terroristas”.
La ausencia y limitación de las Garantías Judiciales o Procesales:
• Ampliación de la posibilidad de detener por tiempo indefinido a sospechosos de realizar actos terroristas.
• Audiencias investigativas cerradas y posibilidad de forzar a testificar a dicho sospechoso sin haber sido acusado.
• Privación del derecho a tener representación legal.
El otorgamiento de mayor autoridad al Gobierno y agencias de inteligencia para interceptar comunicaciones por cable, orales o electrónicas vinculadas al terrorismo.
La posibilidad de entregar a los funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de la ley, informaciones sobre las actividades de los servicios de inteligencia y contrainteligencia extranjeros, sin que se esclarezca el modo en que dicha información fue obtenida.
El incremento del poder de la policía y de agencias de inteligencia para detener, procesar y deportar a inmigrantes considerados sospechosos.
La ampliación de poderes del Ejecutivo para confiscar propiedades de organizaciones, de personas e incluso de Estados extranjeros a partir de la evidencia de estar “vinculados a ataques terroristas”.
Cabe recordar que en virtud de esta Ley y luego de una orden presidencial firmada por Bush en el año 2002, la Agencia de Inteligencia (NSA) —el organismo de espionaje encargado de interceptar comunicaciones—, ha supervisado sin la autorización judicial necesaria, las llamadas telefónicas internacionales y los mensajes de correo electrónico de cientos de personas en Estados Unidos. Ello fue reconocido por el presidente Bush en una conferencia de prensa el 17 de diciembre de 2005 (más adelante se abunda sobre este tema).
2. Las constantes vulneraciones de derechos en el sistema de justicia de Estados Unidos, de las que son víctimas no solamente los ciudadanos norteamericanos.
El secuestro de cinco cubanos luchadores antiterroristas que permanecen ilegalmente presos en cárceles de Estados Unidos desde 1998, es el caso más grave de violaciones de derechos humanos que se haya conocido jamás contra algún cubano en ese país (véase en la Primera Parte, el Capítulo 4, en el que se exponen las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco cubanos y sus familiares)
3. La aplicación de la pena de muerte a 1000 personas desde la reinstauración de esa sanción hace 28 años en Estados Unidos.
Cada diez días es ejecutado un preso en Estados Unidos. El ajusticiado número 1.000 fue John Hicks, de 49 años, ejecutado en el Correccional de Lucasville, Ohio.
Entre un 5 y 10 por ciento de la población reclusa condenada a muerte (alrededor de 3.400 personas) en Estados Unidos, son personas que sufren enfermedad mental.
En el año 2005, Estados Unidos siguió condenando a muerte y ejecutando a presos con un historial de enfermedad mental grave. Entre ellos:
- El 6 de enero de 2004 se ejecutó en Arkansas a Charles Singleton. En ocasiones, mientras estaba en espera de ser ejecutado, su enfermedad mental se había agravado tanto que había sido preciso suministrarle medicamentos por la fuerza.
- El 18 de mayo de 2004, se ejecutó en Texas a Kelsey Patterson, a quien se había diagnosticado esquizofrenia paranoide. El Gobernador de Texas rechazó una recomendación de indulto de la Junta de Indultos y Libertad Condicional.
- El 5 de agosto de 2004, se ejecutó en Alabama a James Hubbard. Tenía 74 años –la persona con más edad ejecutada en Estados Unidos desde 1977– y llevaba en espera de ser ejecutado hacía más de un cuarto de siglo. Se informó que padecía demencia, enfermedad que hacía que se olvidara en ocasiones de quién era y por qué lo habían condenado a muerte.
El 17 de enero de 2006, se reformaron las reglas del ejército estadounidense para la ejecución de prisioneros militares. Las nuevas reglas están detalladas en un documento del Ejército firmado por su Jefe de Estado Mayor, el general Peter J. Schoomaker, con fecha del 17 de enero. Calificadas como “revisión mayor” y aplicables a partir del 17 de febrero, estas medidas conciernen a las condenas a muerte impuestas por las cortes marciales o los tribunales militares. El Ejército norteamericano precisó al momento de conocerse la noticia, que la reforma de las normas jurídicas en este tema, permite aplicar la pena de muerte fuera de Fort Leavenworth (Kansas), que era hasta ahora el único sitio militar autorizado a ejecutar condenados. Respecto a este asunto, Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la pena de Muerte, argumentó a los medios de prensa que esta nueva reglamentación “está destinada a los tribunales militares en Guantánamo”, porque “ellos no quieren transferir a esta gente al territorio estadounidense”.
Cabe recordar que unos 500 individuos permanecen detenidos en Guantánamo como parte de la guerra contra el terrorismo, lanzada por Washington en el 2001.
4. La brutalidad de las fuerzas del orden.
El uso de la fuerza y la violencia extremas por parte de la policía y otras agencias el orden en Estados Unidos, ha sido una norma de conducta y una práctica tradicional en las mismas, aplicadas con especial ensañamiento contra las minorías afronorteamericana e hispana.
El 23 de septiembre de 2005, en Puerto Rico, fue asesinado el líder independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos por fuerzas del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en Puerto Rico. El asesinato de Ojeda forma parte de la práctica de asesinatos selectivos de líderes en la región de América Latina, que han sido planificados y financiados por sucesivas administraciones norteamericanas a través de los tentáculos de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos en el continente americano, con la complicidad de grupos terroristas y paramilitares, incluidas diversas organizaciones de la mafia terrorista de origen cubano cobijada en Miami.
En el año 2005, varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos denunciaron los malos tratos y muertes ocurridas bajo custodia oficial, como consecuencia del uso de pistolas Taser de “nueva generación”, armas muy potentes que disparan dardos transmisores de descargas eléctricas, utilizadas o ensayadas en más de 5.000 cuerpos policiales e instituciones penitenciarias de Estados Unidos.
En el año 2004, más de 40 personas murieron tras ser sometidas a descargas de pistolas Taser operadas por la policía estadounidense, con lo que se eleva a más de 70 el número total de muertes por estas armas dadas a conocer desde 2001. La mayoría de las personas muertas eran hombres desarmados, que no constituían una grave amenaza cuando se les aplicaron las descargas eléctricas. Muchos fueron sometidos a múltiples descargas y algunos a medios de fuerza adicionales, como aerosoles de pimienta o técnicas de inmovilización peligrosas, como el “amarre del cerdo” (colocación de una persona boca abajo, sujetándole los tobillos a las muñecas por la espalda).
5. El racismo, la discriminación y la xenofobia.
La herencia de una sociedad profundamente racista, que sometió a la esclavitud a una parte de su población - a la que mantuvo privada de derechos por otra centuria tras concederle su libertad formal -, se mantiene hasta el presente.
El 74% de las familias de raza blanca son propietarias de sus viviendas, mientras sólo el 47% de las familias afrodescendientes e hispanas son propietarias de sus hogares.
El número de afrodescendientes viviendo en la línea de pobreza es tres veces mayor que el de los blancos. Es cinco veces más probable que sea asesinado un negro que un blanco en Estados Unidos. La esperanza de vida de los afrodescendientes es 6 años menor que la de los blancos. Incluso, teniendo un mismo trabajo, un negro sólo recibe el 70% del salario que recibiría un blanco.
De acuerdo a un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, más del 70% de la población penal en ese país es de una raza distinta a la blanca. A pesar de que las personas de raza negra representan el 12.3% de la población en ese país, el 44% de los presos en cárceles norteamericanas son de raza negra. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 32 millones de personas han sido investigadas siguiendo prejuicios raciales.
6. La violación de los derechos de las mujeres y los niños.
De acuerdo a las estadísticas del FBI, sólo en el año 2003, 93,233 mujeres fueron violadas. De acuerdo a las estadísticas, cada dos minutos, una mujer es acosada sexualmente y cada seis minutos, una mujer es violada.
Las mujeres no reciben igual salario que los hombres en un mismo tipo de empleo.
Sólo en el año 2003, alrededor de 13 millones de niños vivían en la pobreza y 20 millones pertenecen a familias de muy bajo ingreso. Cada año, alrededor de 400,000 niños son forzados a prostituirse.
7. La adopción de normas anti-inmigrantes.
Las leyes estadounidenses mantienen en la ilegalidad a los trabajadores migratorios, para asegurar mano de obra con salarios miserables y sin protección social y derecho laboral alguno. El Departamento de Seguridad Interna anunció en noviembre de 2004 que 157,281 inmigrantes habían sido repatriados en un año, un 8% más que en el año 2003 y que el número de extranjeros detenidos sin identificación legal, aumentó un 112%.
Como consecuencia de ese tipo de medidas y el aliento creciente a la xenofobia – incentivada por la construcción de muros fronterizos y la constitución de patrullas fronterizas de civiles para la cacería de inmigrantes -, cada año es superior la cifra de mexicanos y centroamericanos que en la búsqueda desesperada de empleos, pierden su vida al intentar llegar a Estados Unidos de forma ilegal a través del llamado corredor de la muerte, en la frontera de México con Estados Unidos. Desde septiembre de 2004 hasta julio de 2005, ya la cifra superaba las 300 personas.
El 16 de diciembre de 2005, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley llamado “Acta de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal”, que convierte en criminales a 11 millones de indocumentados latinoamericanos, extiende el delito a personas y organizaciones que ayuden a los migrantes y estipula la construcción de un muro de más de mil kilómetros en la frontera con México.
8. La violencia a nivel de la sociedad norteamericana.
De acuerdo a un informe del Departamento de Justicia norteamericano del mes de noviembre de 2004, en el año 2003 se produjeron 1 millón 381 mil 259 muertes, robos, y crímenes violentos, para un promedio de 475 casos por 100,000 habitantes. Con relación a esos crímenes, tuvieron lugar 16,503 homicidios, un 1,7% más que en el año 2002. Uno de cada 44 ciudadanos norteamericanos por encima de los 12 años fue víctima de esos crímenes.
Estados Unidos es el país que más propietarios de armas de fuego tiene en el mundo y víctimas fallecidas por esa causa. Cada año cerca de 31,000 norteamericanos mueren y 75,000 son heridos por armas de fuego, lo que significa que cada día más del 80% de las personas que mueren es a causa de armas de fuego.
9. Las cárceles norteamericanas, un infierno que crece y genera ganancias.
El diario Los Ángeles Times informó el 15 de agosto de 2004, que más de 40 prisiones estatales habían sido demandadas por una orden judicial por brutalidad, mala alimentación y falta de atención y tratamiento médicos a los prisioneros. El New York Times, informó el 12 de octubre de 2004 que al menos el 13% de los prisioneros en ese país son agredidos sexualmente.
Las cárceles se han convertido en uno de los negocios más lucrativos en Estados Unidos, que emplea a más de 530,000 personas. En su momento, luego de la General Motors, el negocio de las cárceles era el que más personas empleaba. Estados Unidos tiene más de 100 cárceles privadas en 27 estados. En ellas prima el interés de obtener rentabilidad e incrementar las ganancias, en detrimento de la reeducación y el respeto a la dignidad de los prisioneros. En el colmo de la aberración deshumanizante, se planea colocar algunas de estas cárceles privadas en el mercado accionario especulativo.
10. La violación agravada al derecho de libertad de prensa.
Estados Unidos ha sido siempre el país en el que lo que se publica es determinado por las elites de poder que controlan los medios. La Administración Bush se ha encargado de exacerbar esa censura sistémica, llevándola a los niveles ridículos del acompañamiento oficialista brindado por los medios de prensa a la guerra de conquista en Irak.
El 27 de septiembre de 2004, la “Association of American University Presses”, la “Association of American Publishers” y otras organizaciones presentaron una denuncia a la Corte de Distrito de Manhattan, Nueva York, acusando a la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro del Gobierno de ese país, por prohibir la publicación de artículos de escritores cubanos, sudaneses e iraníes en revistas y otros medios norteamericanos e impedir así el libre flujo de información.
Es conocido el caso de los ocho periodistas norteamericanos que fueron declarados culpables en un juicio, por negarse a declarar la fuente de sus informaciones. En los años recientes, más de una docena de periodistas extranjeros han sido detenidos en los aeropuertos de Estados Unidos.
Otro caso que ha recibido amplia divulgación fue el escándalo asociado al tratamiento brindado a la periodista del diario norteamericano The New York Times, Judith Millar. En el año 2005, Miller se negó durante varios meses a comparecer ante un jurado que buscaba determinar quién en la actual administración estadounidense filtró la identidad de la agente secreto de la CIA, Valerie Plame. Esta periodista fue sancionada por desacato y enviada a prisión durante 85 días por negarse a revelar sus fuentes ante la justicia.
Varios medios de prensa indican que la periodista colaboraba directamente con el Despacho del Vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, y que escribió varios artículos sobre la supuesta presencia de armas de destrucción masiva en Irak y las actividades de Bin Laden, a partir de la información que le fuera entregada por los halcones de la Casa Blanca, en detrimento de la objetividad y la veracidad que debe caracterizar la labor periodística.
11. Negligencia y desprecio frente a las necesidades de los ciudadanos pobres y de bajos ingresos
La tardía y negligente respuesta del Gobierno a la devastación y el sufrimiento provocado a las víctimas del huracán Katrina, puso al desnudo el rostro de la pobreza norteamericana, así como la incapacidad y desinterés de las autoridades de ese país, el más rico del mundo, para responder al impacto de los desastres naturales sobre su población de bajos ingresos. Calificado en algunos medios de prensa como el “genocidio” de afrodescendientes y pobres en Nueva Orleáns, tras el paso del Katrina miles de personas fueron dejadas al abandono y no recibieron la atención y tratamientos médicos requeridos. Unas 3000 personas desaparecieron, una cantidad similar a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Esta vez no se proclamó, sin embargo, una guerra global contra la pobreza.
El mundo entero pudo observar a través de los medios de comunicación los testimonios dramáticos de las víctimas del Huracán y la indiferencia del Gobierno y de FEMA, la agencia federal que tiene bajo su responsabilidad la prevención y atención de desastres.
La Administración Bush no aceptó la ayuda humanitaria que Cuba propuso enviar, horas después de acaecida la mayor catástrofe natural en la historia de Estados Unidos. El Gobierno cubano estaba dispuesto a enviar más de 1000 médicos y profesionales de la salud listos para trabajar gratuitamente en las ciudades más afectadas y donar los medicamentos necesarios para las miles de víctimas del Katrina, sin importar diferencias de credo o de ideología. Los médicos se agruparon en el llamado “Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeve”, constituido oficialmente por el Presidente Fidel Castro el 19 de septiembre de 2005.
b) Violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades estadounidenses fuera de su territorio en el contexto de la llamada guerra global antiterrorista.
Fuera del territorio norteamericano, y a la sombra de la guerra antiterrorista, las tropas de Estados Unidos han perpetrado graves violaciones de derechos humanos contra un número desconocido de personas que se encuentran detenidas arbitrariamente en las cárceles militares de Afganistán, Iraq, la base naval de Guantánamo, y previsiblemente, en otros centros secretos de Europa u otras regiones en el mundo.
La detención sin cargos ni juicio por tiempo indefinido de los sospechosos terroristas y las torturas cometidas contra estas personas, constituyen a todas luces, una aberración y una afrenta a la dignidad humana.
La reclusión en pequeñas celdas hasta 24 horas al día, la obligación de permanecer esposado durante el poquísimo tiempo de ejercicio permitido, la crueldad con los familiares por la incertidumbre derivada de la difícil situación de sus seres queridos, los reiterados interrogatorios sin acceso a un abogado y la posibilidad de que se lleven a cabo ejecuciones tras juicios injustos y sin derecho de apelación, violan flagrantemente el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario e incluso la propia Constitución norteamericana.
Varias han sido las medidas adoptadas por la actual Administración Bush para asegurarse un “cheque en blanco” para cometer graves atrocidades contra los detenidos bajo la jurisdicción y control efectivo de las tropas norteamericanas basificadas en el mundo entero.
Cabe recordar que desde octubre del 2001, el Presidente Bush había promulgado la “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Require to Intercept and Obstruct Terrorisme Act of 2001” o la llamada Ley Patriótica, que estableció la posibilidad de detener por tiempo indefinido a supuestos terroristas.
El 13 de noviembre del 2001, el Presidente Bush, bajo las facultades que le son conferidas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, firmó la Orden Militar No. 1, a través de la cual estableció que el Gobierno de Estados Unidos podía detener, con carácter indefinido y sin recurso para oponerse a esta acción, a cualquiera que decidiera designar como supuesto terrorista internacional o asociado al terrorismo internacional.
Asimismo, Bush autorizó la creación de los llamados tribunales militares ad hoc, los cuales se encargarían de juzgar a no ciudadanos acusados de terrorismo, en el interior y en el exterior del territorio de Estados Unidos.
El 7 de febrero del 2002, Bush emitió una nueva Orden para el Tratamiento de los Detenidos, en la cual instruyó a todo el personal militar estadounidense, que todos los prisioneros capturados en la guerra contra el terrorismo eran “combatientes ilegales” y no calificaban bajo la definición de prisioneros de guerra.
Empeñados en negar a los detenidos el estatus de prisionero de guerra, los llamados “combatientes ilegales” donde quiera que se encuentren recluidos, están por la sola voluntad del Gobierno de Estados Unidos, sin amparo legal alguno o lo que se ha dado en llamar en un “limbo jurídico”.
Las graves consecuencias provocadas por estas medidas no se hicieron esperar. El 28 de abril del año 2004, recorrieron el mundo entero las fotografías que la CBS News difundió sobre las torturas y malos tratos de los detenidos iraquíes a manos de soldados estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib, en las afueras de Bagdad.
Tras el escándalo, el Presidente Bush y otros altos funcionarios del ejecutivo, afirmaron de inmediato que el problema sólo se limitaba a Abu Ghraib y a algunos militares descontrolados. Es así como, para tratar de limpiar su imagen, el 22 de junio de 2004, la Administración Bush decidió desclasificar algunos documentos.
En los documentos se analizaban, entre otras cosas, los medios que podían utilizar los agentes de Estados Unidos para evitar la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, argumentando incluso que el Presidente podía hacer caso omiso de las leyes nacionales e internacionales que prohibían esos tratos. Entre estas últimas podría mencionarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura.
Estos documentos indicaban también que la decisión del Presidente Bush de no aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos capturados en Afganistán se había basado en los consejos de su asesor jurídico, Alberto Gonzáles, según los cuales semejante medida dejaría las manos libres a los interrogadores estadounidenses en la “guerra contra el terror” y dificultaría el procesamiento de agentes de Estados Unidos por crímenes de guerra.
Uno de esos documentos era el memorando político fechado el 7 de febrero de 2002, en el que Bush había afirmado que aunque los valores de Estados Unidos “nos exigen tratar a los detenidos con humanidad”, había personas “que no tienen derecho legal a recibir ese trato”.
A los documentos desclasificados, se unieron otros que fueron filtrados a la prensa en el año 2004, los cuales permitieron confirmar a la opinión pública internacional que el Gobierno norteamericano había previsto la posibilidad de utilizar las torturas y malos tratos contra los detenidos, mucho antes del escándalo de Abu Ghraib.
Dos de esos documentos fueron el informe elaborado por el General estadounidense Antonio M. Taguba sobre la investigación que realizó en Iraq en el año 2004 y un informe confidencial preparado en febrero de ese mismo año por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El informe Taguba reveló “numerosos incidentes de abusos criminales de carácter sádico, flagrante y gratuito” a diversos detenidos en la prisión de Abu Ghraib, entre octubre y diciembre de 2003. Reveló también que agentes estadounidenses habían ocultado a varios detenidos en Abu Ghraib al Comité Internacional de la Cruz Roja, a quienes se denominaba “detenidos fantasma”. Después se supo también que uno de estos detenidos había muerto bajo custodia, una más de las varias muertes conocidas en las que se consideraba que las torturas o los malos tratos habían sido un factor coadyuvante.
En las conclusiones del informe se dice:
1. “Varios soldados del Ejército de Estados Unidos han cometido actos atroces y graves infracciones del derecho internacional en Abu Ghraib&BCCF y Camp Bucca, Irak. Además, varios mandos importantes de la 800ª brigada PM y la 205ª brigada IM no cumplieron con las normas, políticas y directrices establecidas para prevenir el maltrato a los detenidos en Abu Ghraib (BCCF) y Camp Bucca durante el periodo entre agosto de 2003 y febrero de 2004.
2. La aprobación y aplicación de las recomendaciones de esta Investigación AR 15-6 y las destacadas en otras investigaciones previas son fundamentales para establecer, las condiciones, los recursos y los efectivos necesarios para evitar casos futuros de malos tratos a detenidos.”
El informe confidencial del CICR destinado a los jefes de las fuerzas norteamericanas en Iraq, fue filtrado al Wall Street Journal en el mes de mayo de 2004.
En ese informe, el CICR revelaba casos sistemáticos de "coerción física y psicológica que en algunos casos era equivalente a tortura", cometidos contra "personas arrestadas en relación con supuestas infracciones de seguridad o que eran consideradas valiosas 'por razones de inteligencia". Estas conclusiones, según el informe, fueron presentadas ante la coalición "en varias ocasiones, oralmente y por escrito, durante todo el año 2003". Específicamente, el CICR informó a la coalición acerca de lo encontrado durante y después de la realización (entre marzo y noviembre de 2003) de 29 visitas a 14 prisiones de Irak y llevó algunas de sus conclusiones directamente ante autoridades de ocupación "del más alto nivel".
Otra de las fuentes de información acerca de las torturas han sido los propios testimonios de las víctimas que han sido puestas en libertad, las que han descrito las vejaciones a las que fueron sometidos por las fuerzas estadounidenses en declaraciones públicas.
Los alegatos de las víctimas se refieren a los métodos de interrogación que incluían períodos prolongados en posiciones dolorosamente "incómodas", exposición al frío extremo y música a todo volumen, y amenazas de tortura y muerte. Dijeron que los habían sometido a semanas e incluso meses de aislamiento, a veces en condiciones sofocantemente calurosas o frías por el exceso de aire acondicionado, como castigo por no cooperar durante los interrogatorios o violaciones de las reglas de la prisión.
Ante el impacto y la presión internacional que causaron estas noticias, las autoridades militares norteamericanas realizaron una serie de investigaciones.
El 9 de septiembre de 2004, el comandante Paul Kern, supervisor de una de las investigaciones militares que se llevaron a cabo, declaró ante el Comité del Senado sobre las Fuerzas Armadas que en Iraq, se habían registrado hasta 100 casos de “detenidos fantasma” bajo custodia de las fuerzas estadounidenses. En ese momento, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, reconoció que había autorizado a excluir de ser presentado, al menos a un detenido en cada registro penitenciario.
El tema de los “detenidos fantasmas”, los centros y traslados secretos de la CIA en Europa.
Las alegaciones sobre la posible existencia de los “prisioneros fantasmas” y su reclusión en locaciones no reveladas fuera del territorio de Estados Unidos, han circulado en los medios de comunicación y los despachos de prensa de varias ONGs internacionales. Sin embargo, fue sólo a finales del año 2005, que se desató con más fuerza este escándalo, en el que se encuentran bochornosamente implicados la Administración Bush y sus aliados europeos.
En los medios de prensa norteamericanos, la noticia se filtró en un artículo que publicó el diario The Washington Post, el 2 de noviembre de 2005. El Post anunció que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), había trasladado a presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda a esos centros para interrogarlos, fuera de cualquier marco legal y que varios países de Europa del Este eran los que acogían en su territorio este tipo de centros, los cuales han sido calificados como “agujeros negros”.
En el proceso de los traslados secretos, han participado empresas “pantallas” de la CIA que poseen aviones para trasladar a los supuestos terroristas, los cuales han hecho escala en diversos aeropuertos europeos.
En el mes de mayo de 2005, un artículo del diario norteamericano The New York Times, mencionó las siete empresas “pantallas” que son propiedad de esa agencia de inteligencia y han participado en las operaciones de traslados de personas a través de Europa. De acuerdo al artículo, la CIA tiene al menos 26 aviones, de los cuales al menos 10, han sido comprados después del 11 de septiembre de 2001.
El diario The Guardian, reveló el 1 de diciembre de 2005 que unos 26 aparatos de la CIA aterrizaron y despegaron en varios aeropuertos de Europa para facilitar el secuestro y traslado de tránsito de presuntos terroristas que fueron conducidos a prisiones clandestinas.
La fuente en que se basó el diario londinense, fueron los registros aéreos de la Administración de Aviación Federal y la industria aeronáutica. En total, se dice que la CIA ha realizado más de 800 vuelos secretos en Europa.
El escándalo ha incluido los aterrizajes y sobrevuelos de los aviones de la CIA en los aeropuertos británicos en Prestwick y Glasgow, Escocia, de Frankfurt, la base norteamericana en Ramstein y hasta Berlin-Schönefeld en Alemania, los aeropuertos comerciales y el militar de Le Bourget en París, una veintena de escalas en Palma de Mallorca y Canarias y Diyarbakir en Turquía y quién sabe cuántos más.
Según las noticias, las personas que han sido trasladadas y se encuentran secuestradas algunas de ellas desde hace más de tres años, son consideradas de alto valor para Washington, debido a su posible participación en acciones terroristas. La cifra que se ha manejado por los medios de prensa es de alrededor de cien personas.
Se desconocen quiénes son estos prisioneros que permanecen incomunicados, sin derechos legales ni acceso a un abogado, situación que podría calificarse como una “desaparición forzada”.
En un artículo publicado por el diario The Washington Post, de fecha 18 de noviembre de 2005, se aseveró que la CIA había construido una cadena de centros antiterroristas furtivos en dos docenas de países.
Según el Post, funcionarios de los servicios secretos norteamericanos aseguraron que estos lugares, conocidos como Centros de Inteligencia Antiterrorista (CTIC por sus siglas en inglés) son financiados por la CIA y cuentan con tecnologías muy sofisticadas.
El periódico explicó que los CTIC forman parte de un plan de modificación en las misiones de la Agencia, que comenzó después de los ataques terroristas contra Estados Unidos en septiembre de 2001. De acuerdo con la fuente, agentes estadounidenses, de Europa, Oriente Medio y Asia toman decisiones diariamente en tales instalaciones secretas sobre la captura de sospechosos y la ejecución de interrogatorios.
En esa ocasión, The Washington Post aclaró que los centros funcionan de forma independiente de las presuntas cárceles encubiertas, conocidas como agujeros negros, que la Agencia instaló en ocho naciones.
En relación con esta noticia, la periodista Dana Priest, del mismo diario, señaló en un artículo del 24 de noviembre, que la CIA dispone de un centro de coordinación multinacional en París, con delegados del Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Australia y que los llamados CTIC no sólo contemplan la creación de cárceles secretas en cualquier país aliado, sino también la cooperación bilateral con la mayoría de los servicios secretos del mundo.
Los medios de prensa han indicado que las cárceles secretas de la CIA se encuentran en bases militares de Estados Unidos en Europa. En los últimos años y a partir de una reorientación del sistema de presencia militar de Estados Unidos en el mundo, ha habido una reducción o redislocación de las grandes bases militares y su sustitución por estructuras menos estáticas y más contemporáneas para el aseguramiento de los despliegues periódicos de fuerzas en otros teatros de operaciones.
Esa tendencia contribuye a que el concepto tradicional de “base militar” se vaya transformando y a la vez, que las grandes bases desaparezcan o se transformen, mientras paralelamente se incrementa la presencia militar norteamericana en el exterior.
De ahí que se hable también de los llamados aviones-cárcel o las habitaciones que en la práctica constituyen las cárceles secretas de la CIA, los cuales pueden fácilmente establecerse y desmontarse.
Paralelamente a estas noticias, en el mes de noviembre de 2005, varios medios de prensa se refirieron a las declaraciones del presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Peter Hoeskstra, en cuanto a las filtraciones en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos durante el año 2005 y el “daño irreparable a la capacidad nacional de maniobrar efectivamente". Dicha Comisión decidió investigar una supuesta filtración de información secreta relacionada con las prisiones de la CIA el 11 de noviembre de 2005.
III.- La Unión Europea: un patrón sistemático de hipocresía y apoyo cómplice a la impunidad que disfruta el Imperio.
No sorprendió a ningún analista que varios de los países miembros de la Unión Europea, supuestos “convencidos” promotores de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, haya procedido a reconocer mediante acuerdos bilaterales, la inmunidad en cuanto al ámbito de aplicación del mandato de la Corte a las actuaciones de los agentes de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. La ilegal e impune actuación de la Agencia Central de Inteligencia en Europa en el contexto de la llamada guerra global de Washington contra el terrorismo, ha sacado a la luz la hipocresía y complicidad de los gobiernos de la Unión Europea con la cuestionada actuación de los personeros del Imperio.
Varios miembros de la Unión Europea se plegaron e incluso acompañaron la aventura de conquista de Estados Unidos en Iraq y se han abstenido de cuestionar la legitimidad y legalidad en virtud del Derecho Internacional vigente de la llamada doctrina del ataque preventivo. Algunos otros, si bien no se enrolaron en la campaña con sus contingentes militares, suministraron información de inteligencia a los agresores o se apresuraron a aceptar la ocupación tan pronto el hecho fue consumado.
Los países de Europa Central y del Este aludidos en el artículo del Washington Post antes referido, negaron haber conocido la existencia de cárceles secretas de la CIA en sus territorios o del traslado secreto de prisioneros acusados de mantener vínculos con el terrorismo.
A pesar de ello, uno de los países aludidos, la República Checa, ha reconocido expresamente que Estados Unidos intentó hace un mes que aceptara prisioneros en su territorio. “Se trataba de presos concentrados en la base de Guantánamo, contra los cuales no había pruebas de que estuvieran vinculados con Al Qaeda”, declaró el Ministro del Interior checo, Frantisek Bublan. “Nos preguntaron si podríamos acoger a algunas personas en régimen de asilo”, añadió.
A pesar de las declaraciones de los distintos países negando albergar o haber albergado centros clandestinos controlados por la CIA, organizaciones no gubernamentales, cuentan con evidencias de que algunos de los conocidos aviones de la agencia de inteligencia han transportado prisioneros sospechosos de ser miembros o dirigentes de Al Qaeda.
a) Gira de la Secretaria de Estado norteamericana, Srta. Condoleezza Rice por Europa.
Al conocer la noticia de los vuelos secretos de la CIA y la posible existencia de centros de detención clandestinos en el viejo continente, varios líderes europeos se mostraron “sorprendidos” e incluso solicitaron aclaraciones al Gobierno de Bush.
De cara a la opinión pública nacional, la mayoría de los gobiernos de los países involucrados rechazó tener conocimiento en tales actividades.
Las evidencias de la presunta existencia de cárceles clandestinas de la CIA en Europa, puso a la defensiva tanto a Estados Unidos como a sus cómplices europeos, conscientes de que ésta podría ser la gota que desbordaría la copa en la condena generalizada en el mundo con relación a las torturas perpetradas contra los detenidos utilizando como pretexto la llamada lucha antiterrorista.
Tan importante fue aplacar esas críticas, que el 5 de diciembre de 2005, la Secretaria de Estado estadounidense inició una gira de cinco días por Alemania, Ucrania, Bélgica y Rumania, con el mensaje público de que Estados Unidos ni usa ni tolera la práctica de la tortura.
Durante los días de su gira relámpago por Europa, la Rice no reconoció ni desmintió las denuncias sobre la presunta existencia de prisiones en países europeos en ningún momento. Llamó la atención que lejos de defenderse como se esperaba, de las críticas de los líderes de Europa, la Secretaria de Estado, advirtió a sus homólogos sobre la necesidad de la cooperación, recordándoles que ellos no eran ajenos a lo que Washington había venido haciendo.
Antes de iniciar su gira, la Secretaria de Estado declaró en Washington que "depende de los gobiernos y sus ciudadanos decidir si quieren trabajar con nosotros para prevenir los ataques terroristas contra sus propios países y otros, y decidir cuánta información sensible pueden hacer pública".
En declaraciones en la base aérea de Andrews, antes de comenzar el viaje que la llevaría a Alemania, Rumania, Ucrania y Bélgica, Rice censuró a los países que denunciaron la supuesta existencia de cárceles secretas de la CIA en el este de Europa para "sospechosos de terrorismo". Y afirmó que los interrogatorios a estos detenidos aportaron información que contribuyó a "salvar vidas europeas".
Por su parte, el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Hadley, en declaraciones al canal de televisión Fox News, destacó que Estados Unidos no transportaba a presuntos terroristas por el mundo para torturarlos. El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, llegó a asegurar cínicamente el viernes 2 de diciembre de 2005, que “cuando se trata de derechos humanos no hay nadie con un mayor liderazgo que Estados Unidos.”
Durante su visita en Alemania, la Rice señaló que su país actúa de acuerdo a la ley y no practica la tortura. Además ha considerado necesario buscar "un equilibrio" entre la defensa de los ciudadanos y la lucha contra "las amenazas globales" y el mantenimiento “de las reglas democráticas”.
La Secretaria de Estado de EEUU afirmó en Berlín, que Estados Unidos defendió el compromiso del Gobierno de Washington de "proteger a sus ciudadanos" frente a "las nuevas guerras" y el terrorismo.
"Tenemos la obligación de proteger a nuestros ciudadanos" de grupos que intentan asesinar a personas, como ha ocurrido ya en numerosas ciudades como Nueva York, Londres, Madrid o Casablanca, dijo Rice en esa ocasión.
Al arribar a Kiev, Ucrania, Rice fue recibida por el primer ministro Yuri Yejanurov y el presidente Víctor Yushenko, a quien Washington dio el espaldarazo financiero a fines de 2004, como socio confiable de Estados Unidos y de la Unión Europea.
La visita de la Rice tuvo lugar en el marco de los preparativos de Ucrania para su ingreso en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a pesar del rechazo de una parte importante de la población por el giro de la diplomacia ucraniana hacia Occidente.
En Rumania, la Secretaria de Estado no tuvo que dedicar mucho tiempo en dar explicaciones sobre el tema. Durante las tres escasas horas de permanencia en Bucarest, la jefa de la diplomacia estadounidense eludió los vuelos secretos de la CIA en territorio europeo y logró el silencio del Gobierno rumano sobre la existencia en su suelo de prisiones para torturar a presuntos terroristas.
La ocasión sirvió para rubricar un acuerdo de alianza con el presidente Traian Basescu para el emplazamiento de bases militares, como un primer paso para la creación de una Fuerza de Intervención de Europa del Este, con la ayuda del Pentágono.
Rumania ratificó a la Casa Blanca su disposición a mantener el contingente militar en Iraq y Afganistán, como parte de las tropas aliadas al Pentágono en los territorios invadidos.
Durante su estancia en Bruselas, la Rice participó en una cena el 7 de diciembre con los Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y la Unión Europea y en la que no está claro lo que dijo a sus colegas pero todos los medios de comunicación se refirieron a la “conformidad” y "satisfacción" que los jefes de las cancillerías más críticos y escépticos hasta ese momento mostraron luego de escuchar los “argumentos” de Rice.
La “satisfacción” de los europeos parece haber emergido de modo inmediato tras el recordatorio que les fuera realizado por la personera del Imperio, acerca de que cada uno de sus Gobiernos conocía perfectamente y tenía una responsabilidad compartida en lo ocurrido.
Por esos días el ex Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, aseveró que los europeos tenían conocimiento de los traslados secretos de la CIA. En una entrevista concedida al canal televisivo británico BBC´s World el 18 de diciembre de 2005, Powell acusó a Europa de ser “poco sincera” por negar tener conocimiento de la práctica de trasladar a sospechosos de terrorismo a otros países donde no estarían bajo las leyes estadounidenses.
Powell señaló que esa política no era "ni nueva ni desconocida" para los líderes europeos. Criticó a los aliados europeos de EEUU por fingir ignorar los traslados y rechazó las sugerencias de que los gobiernos estuvieran sorprendidos de que sus aeropuertos pudieran estar involucrados en el transporte de supuestos terroristas.
Powell declaró que “muchos de nuestros amigos europeos no pueden estar sorprendidos de que este tipo de cosas sucedan. La realidad es que hemos realizado, a través de los años, procedimientos para lidiar con las personas responsables de actividades terroristas, o sospechosas de actividades terroristas, y por eso lo que se llama traslado no es nuevo o desconocido para mis amigos europeos.”
El 6 de febrero de 2003, Polonia, Hungría y la República Checa, en el contexto del Club de los Ocho – junto a España, Italia, Portugal, Reino Unido y Dinamarca –, firmaron una Carta ofreciendo un apoyo incondicional a la postura de Washington en la guerra contra el terrorismo. Sólo una semana después, lo hacía el Grupo de Vilnius, compuesto por Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Bulgaria y Letonia y se declaraban dispuestos a participar en una coalición junto a Estados Unidos.
Estados Unidos logró así fracturar a Europa. En esa misma época, Bulgaria ofreció a Estados Unidos sus bases militares en desuso para asentar tropas que retiraba de bases alemanas. Estados Unidos, también concentró en aquel momento en Rumania las tropas para atacar Iraq, tras el rechazo de Turquía a que utilizara su territorio. Meses antes, Rumania se había comprometido a firmar con Estados Unidos un acuerdo garantizando inmunidad para las tropas estadounidenses asentadas en su territorio con relación a la competencia de la Corte Penal Internacional.
El 25 de junio de 2003, fue firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea un Acuerdo de ayuda mutua judicial para la lucha contra el terrorismo. El estatuto jurídico de este acuerdo no podría ser más misterioso. Fue suscrito sobre la base del artículo 24 del Tratado sobre la Unión Europea, en nombre de la propia Unión y no en el de sus Estados miembros.
La singularidad de este Acuerdo radica en el hecho de que su interpretación puede evolucionar en función de las modificaciones de la definición del terrorismo y de los procedimientos penales que realicen las partes contratantes. Se ha previsto, por consiguiente, un sistema de consulta para llevar a cabo estas adaptaciones (art. 11 del documento).
El Acuerdo de cierta forma ha conducido a legalizar la intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluido el caso de las misiones de infiltración, en el territorio de países europeos como parte de lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. El Secretario estadounidense de Justicia, tiene la única obligación de informar a su homólogo en el país europeo donde se desarrolle la operación.
Cabe recordarse que en el año 2003, en el marco de la lucha contra el terrorismo, el Secretario estadounidense de Justicia autorizó acciones de inteligencia y de infiltración en las mezquitas (con fichaje nominal de todos los ciudadanos estadounidenses que practican la religión musulmana), en las asociaciones que luchan contra la globalización y en los grupos políticos que se oponen a la guerra contra Irak (incluida la coalición No en nuestro Nombre).
Los europeos extendieron un cheque en blanco a la Administración Bush para proseguir su cruzada antiterrorista por el viejo continente.
Esta no es la primera vez que la Unión Europea ha extendido el bochornoso manto de impunidad al régimen neofascista de Washington, que transgrede normas del Derecho Internacional, lanza guerras de conquista alegando combatir el terrorismo, mientras protege al más peligroso terrorista del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles y mantiene secuestrados a cinco jóvenes cubanos luchadores antiterroristas en su territorio.
La Unión Europea impidió con su voto en contra en el año 2003, la celebración de una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos para debatir la situación humanitaria impuesta al pueblo iraquí, como consecuencia de la agresión militar de Estados Unidos.
En el 2005, los países de la Unión Europea miembros de la Comisión, también se opusieron a un proyecto de resolución presentado por Cuba al 61 período de sesiones del órgano, que sólo pedía que fuera investigada de modo imparcial e independiente la situación de los detenidos en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo.
Este nuevo escándalo, corroboró una vez más, la hipocresía y la doble moral de los gobernantes europeos y su incapacidad de adoptar una posición independiente frente al Imperio.
b) Algunas declaraciones de líderes europeos sobre el tema de las cárceles y vuelos secretos de la CIA.
NORUEGA
“Cuando Condoleezza dice que Estados Unidos no ha tenido ese tipo de campamentos de prisioneros, utilizado torturas o violado el espacio aéreo europeo, en contra de las leyes, entonces nosotros debemos confiar en lo que ella dice”, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Jonas Gahr Støre, luego de la reunión entre los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y la OTAN, el 7 de diciembre.
(FUENTE: DIARIO AFTENPOSTEN. FECHA: 09.12.05. SECCIÓN INTERNACIONAL. CORRESPONSAL EN BRUSELAS: ALF OLE ASK.)
DINAMARCA
“Dinamarca no puede prohibir a la CIA la utilización del espacio aéreo danés para transportar presos sospechosos de terrorismo”, declaró el Ministro de Asuntos Exteriores, Per Stig Møller.
“La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) tiene todo el derecho del mundo para usar el espacio aéreo danés para llevar a cabo sus vuelos fantasma con sospechosos de terror”, informó el Ministro de Asuntos Exteriores, Per Stig Møller, ayer miércoles.
(FUENTE: JYLLANDSPOSTEN, JUEVES, 09.06.05)
HUNGRIA
“Hungría no recibió ninguna petición de Estados Unidos con respecto a la construcción de cárceles secretas en Hungría”- declaró el Primer Ministro Ferenc Gyurcsány en declaraciones al programa Tények de TV2. “Nunca he recibido ese tipo de solicitud de los estadounidenses, si la hubiese recibido, la hubiera rechazado del modo más natural”.
András Tóth, Secretario de Estado político encargado de la dirección de los Servicios de Seguridad Nacional, en reacción a las informaciones entorno al caso comunicó: “Estados Unidos no se dirigió a Hungría para la construcción de colonias penitenciarias secretas destinadas a ubicar e interrogar a los terroristas de Al-Qaeda”. Añadió que “esa idea la consideraba absurda, así como la suposición de que Hungría recibiera en secreto a los prisioneros”.
El Ministro de Defensa, el jefe de la seguridad nacional, dijo a los periodistas que el gobierno húngaro no había recibido ninguna solicitud referente al traslado de terroristas a cárceles húngaras; y añadió: “resueltamente subrayo que el gobierno húngaro no recibió ese tipo de solicitud. En Hungría no existen ni existirán esas cárceles”- informó Ferenc Juhász, Ministro de Defensa de Hungría.
(FUENTE: HVG. 3 DE NOVIEMBRE DE 2005)
Con relación al avión estadounidense que estuvo en octubre de 2005 en Budapest y que se supone sea propiedad de una de las firmas encubiertas de la CIA y haya transportado desde Estados Unidos a Europa Oriental prisioneros bajo sospecha de terrorismo, el vocero del gobierno András Batiz declaró que no era la primera vez que ese avión aterrizaba en Hungría.
El vocero añadió: “Lo que sucedió fue que el avión procedente de Islandia se dirigía al Medio Oriente y solicitó permiso de aterrizaje en Hungría, tenía todos los papeles en regla. El personal de cinco miembros pasó una noche en Budapest y a la mañana del día siguiente continuaron viaje. Ya en otra ocasión había sucedido pero el destino era otro. No transportaban ningún prisionero.”
(FUENTE: NOVIEMBRE 4. MAGYAR RÁDIÓ. BUDAPEST.)
El Secretario de Estado, político responsable del servicio secreto, calificó de falsos rumores las noticias publicadas sobre la existencia de cárceles de la CIA secretas en Hungría.
András Tóth en la sesión de la comisión encargada de los asuntos europeos en el Parlamento, señaló que en el caso de Hungría no había ni envío de prisioneros ni cárceles.
(FUENTE: DICIEMBRE 7. MAGYAR RÁDIÓ BUDAPEST.)
POLONIA
El Presidente polaco, Aleksander Kwasniewski, afirmó el día 18 de diciembre que los vuelos de la CIA de EE.UU. podrían haber terminado en su país, pero negó que presos fueran retenidos secretamente en su territorio.
"¿El vuelo contra el terrorismo necesita solidaridad? Sí, la necesita. ¿Necesita cooperación por parte de los servicios especiales? Sí, la necesita. ¿Hubo vuelos secretos? Probablemente", declaró Kwasniewski en la televisión pública. Sin embargo, el mandatario añadió que "no existían prisiones o prisioneros (secretos)" en Polonia.
(FUENTE: Xinhua 19 DE DICIEMBRE DE 2005)
Zbigniew Siemiatkowskit, ex jefe de la Agencia de Inteligencia (AI) polaca, afirmó el 13 de diciembre de 2005 que había sido informado de varios vuelos de la CIA sobre Polonia, pero nunca ha escuchado de prisiones secretas de la agencia estadounidense en su país.
Siemiatkowskit dijo a la emisora Radio Zet, que casos de vuelos de la CIA también podrían tener lugar sin que los conociera, porque hay otras instituciones y funcionarios, como la Agencia de Seguridad del Interior y su personal, que observan las actividades.
En cuanto a la pregunta si hay posibilidad de que prisioneros de la CIA fueran torturados en el territorio polaco, Siemiatkowski contestó que "es difícil que yo sepa todo lo que pasa en la gran esfera que superviso, pero también es difícil que se crea que dichas actividades pueden ocurrir sin que la dirección de la AI las conozca".
El Primer Ministro polaco, Kazimierz Marcinkiewicz, expresó el lunes que su gobierno concluirá la próxima semana la investigación sobre las supuestas prisiones secretas de la CIA en su país.
(FUENTE: XINHUANET 13 DE DICIEMBRE DE 2005 – VARSOVIA)
El 8 de diciembre el Gobierno polaco anunció que había autorizado una investigación del Consejo de Europa sobre los supuestos centros de detención clandestinos establecidos por la CIA en su territorio, según declaraciones del Primer Ministro, Kazimierz Marcinkiewicz. "Estamos dispuestos a mover lo que haga falta en Polonia para garantizar que no hay prisiones ni lugares de este tipo en Polonia", declaró Marcinkiewicz en rueda de prensa.
(FUENTE: VARSOVIA, 8 DIC. (EP/AP)
El Viceprimer Ministro y Ministro del Interior de Polonia, Ludwik Dorn, declaró el propio jueves 8 de diciembre, que su país no invitará a inspectores internacionales para que lleven a cabo una investigación sobre las supuestas cárceles de la CIA y los sospechosos de terrorismo sometidos a torturas
En lo que concierne a los aviones de la CIA que sobrevolaron Polonia o aterrizaron en ella, dijo saber todo lo que hay que saber y reconoció que las informaciones publicadas por la prensa al respecto son bastante acertadas.
La prensa polaca informó sobre un solo aterrizaje de un avión de la CIA en el aeropuerto de Szymany, en las afueras de la ciudad de Olsztyn.
A la pregunta de si la CIA pudo operar en Polonia sin el conocimiento de las autoridades del país, Dorn respondió que “eso significaría la pérdida total del control por los servicios secretos polacos y significaría una crisis de consecuencias incalculables”. Dorn añadió que ese asunto será investigado minuciosamente, porque en el caso que se descubra que los servicios secretos ocultaron información al Presidente de la República y al Primer Ministro, habría que tomar medidas muy serias.
(FUENTE: EFE 8 DE DICIEMBRE DE 2005.)
La revista “Stern” afirmó que los presuntos terroristas fueron interrogados en un campo de la CIA en Stare Kiejkuty, cerca de Szymany. Refiriéndose a las informaciones proporcionadas por un oficial de la inteligencia polaca de Kiejkuty, el seminario indicó que el campo americano se encontraba en el recinto de la escuela de los agentes de inteligencia ubicado en dicha localidad. Estaba rodeada de arbustos y de un muro de tres metros de altura. Vimos vehículos con cristales oscuros, los mismos que estaban en la pista del aeropuerto de Szymany cuando aterrizaron los aviones de la CIA. Los americanos permanecieron en el campo durante los últimos 5 ó 6 años. Según “Stern” cada grupo estuvo ahí hasta seis meses.
(FUENTE: RZECZPOSPOLITA 15 DE DICIEMBRE DE 2005)
ESTONIA:
El Gobierno de Estonia declaró el 8 de noviembre que en territorio de ese país báltico no hay cárceles clandestinas donde la CIA estadounidense mantenga detenidos a prisioneros sospechosos de terrorismo.
El Ejecutivo confirmó que un avión estadounidense con el número N313P, aterrizó en enero de 2003 en la ciudad Estonia de Parnu y el mismo día abandonó el país, pero aseguró que ese vuelo no estaba relacionado con el asunto de las supuestas cárceles secretas.
"Aquel vuelo tenía que ver con la cooperación común y corriente entre Estonia y Estados Unidos en materia de seguridad y el avión no transportó ni recogió a ningún prisionero", señaló la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado.
(FUENTE: AGENCIA: EFE. VILNA, LITUANIA, 8 NOVIEMBRE DE 2005.)
ESPAÑA
El Ministro de Defensa, José Bono, ha dicho que el Gobierno español no tiene "ninguna prueba o indicio" de que Estados Unidos haya cometido "actividades ilícitas" en relación con el supuesto uso del aeropuerto de Palma de Mallorca por aviones de la CIA, como eventual escala para el traslado de prisioneros a cárceles secretas. "No estoy en disposición de poner en la picota ni al Gobierno ni al país que es aliado, por meras suposiciones de las que no tenemos ninguna prueba, ningún indicio y ningún fundamento", expresó Bono.
El Ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha reclamado por su parte prudencia hasta conocer las conclusiones de la investigación judicial que está en curso sobre esta cuestión. En una entrevista en Telecinco, Alonso ha dicho que serán los jueces los que tendrán que investigar la posible existencia de vuelos secretos de Estados Unidos con terroristas abordo y con destino a cárceles de otros países que hacían escala en España. En todo caso, ha dicho que de confirmarse, se trataría de "hechos gravísimos y no tolerables", porque romperían las normas de relaciones entre Estados y violarían el ordenamiento jurídico español. "España tiene que tener un pleno conocimiento de lo que contiene cualquier medio de transporte, pongamos por caso un avión, que pasa por su territorio, entre otras cuestiones para aplicar sus leyes", ha añadido.
(FUENTE EL PAIS. 15 DE NOVIEMBRE DE 2005)
Elementos de la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos Cuyaubé, en la Comisión de Asuntos Exteriores para dar cuenta de la información y de las actuaciones del gobierno español sobre la posible utilización de aeropuertos españoles para el traslado a presos o detenidos en vuelos internacionales (24.11.05):
Además de las escalas en los aeropuertos de Baleares, se han producido también escalas en los aeropuertos de las islas Canarias.
De enero a noviembre de 2005, se han producido 16 escalas de esta naturaleza, con duraciones superiores a las 24 horas, que recibieron las correspondientes autorizaciones y cuyo objeto y misión están claramente establecidos de acuerdo con el Convenio de cooperación.
El pasado 16 de noviembre, se celebraron sendas entrevistas del Director general de Política Exterior y el Director general de Política Exterior para Europa y América del Norte de mi Departamento, durante la mañana de ese día, y del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, durante la tarde, con el Secretario adjunto para Europa y Eurasia del Departamento de Estado norteamericano, señor Daniel Fried. En ambas reuniones, la parte española habría manifestado su preocupación por esta delicada cuestión, solicitado información al respecto y expuesto la posición española sobre esta cuestión. La parte norteamericana habría señalado que, en lo que a ellos constaba, en ningún caso se había infringido la ley española y que no había habido ningún preso a bordo de los aviones que habían hecho escala en territorio español.
El Gobierno español, con los datos que facilitó a la Cámara y obran en su poder, tiene la convicción, fundamentada en el resultado de la investigación realizada, de que todas aquellas escalas realizadas en el marco del Convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos, así como las escalas de aviones civiles que no han sido meras escalas técnicas de abastecimiento, se han realizado de acuerdo a la ley.
La Fiscalía habría abierto una investigación para disipar cualquier duda, incluso en relación con aquellas escalas técnicas que por su carácter de mero abastecimiento han sido de una duración menor de dos horas. El Gobierno español habría solicitado y obtenido la garantía de las autoridades de Estados Unidos, un país que calificó como amigo y aliado, de que en lo que a ellos constaba no ha habido violación de las leyes españolas en las escalas realizadas por aeronaves a su servicio.
Al referirse a la vigencia del Tratado bilateral de cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y España y del Protocolo del año 2002 expresó que no ha habido variación en los supuestos fundamentales y, como se ha dicho en algunas intervenciones, no se han aplicado más que en aquellos casos que por razones operativas, militares y de defensa han sido bien estudiadas y bien respondidas. En Gando habrían aterrizado 16 aviones, muchos de ellos no estarían en las listas porque han sido objeto de comunicaciones y autorizaciones dentro del marco normal del Comité permanente hispanoamericano, y no habrían supuesto ningún tipo de problemas en la relación entre Estados Unidos y España.
ITALIA
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aseguró que no tiene ninguna noticia de que aviones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, hubieren hecho escala de forma ilegal en el país, pero apoyó la solicitud de la Unión Europea (UE) a Washington para que aclare las supuestas operaciones irregulares de sus servicios secretos en las naciones europeas. Después de reunirse en Roma con el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el Jefe del Ejecutivo italiano insistió en que no tiene pruebas sobre la existencia de supuestas cárceles clandestinas de la CIA en el país.
(FUENTE: EFE. 2 DE DICIEMBRE DE 2005)
En declaraciones realizadas por el Sr. Silvio Berlusconi, Presidente del Gobierno italiano, el 21 de diciembre de 2005, el mismo defendió las acciones encubiertas de Estados Unidos. Dijo que “cuando se trata de salvar vidas humanas, los gobiernos tienen derecho a utilizar dichos instrumentos reservados, porque no se puede luchar contra el terrorismo respetando el Código al pie de la letra”.
(FUENTE: EL PAIS. 21 DE DICIEMBRE DE 2005)
REINO UNIDO
El ministro británico de exteriores, Jack Straw, solicitó a Estados Unidos en nombre de la Unión Europea, que “clarifique” las acusaciones de que su país violó las leyes internacionales con la detención y transporte a cárceles secretas de numerosos sospechosos de terrorismo.
La carta de Straw a Rice, fechada el 29 de noviembre de 2005, dice:
“Querida Secretaria, como Presidencia del Consejo de la Unión Europea, le escribo en nombre de la Unión Europea en relación con las informaciones de prensa que sugieren que ha habido violaciones de la ley internacional por parte de Estados Unidos en la supuesta detención y transporte de sospechosos de terrorismo en o a través de Estados miembros de la UE. Este asunto fue discutido por los Ministros de Exteriores de la UE en la reunión de su Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 21 de noviembre”.
“Las informaciones han suscitado considerable atención parlamentaria y mediática. En consecuencia, la UE le estaría agradecida por las clarificaciones que Estados Unidos pueda brindarnos respecto a esos informes, en la esperanza de que eso va a apaciguar las preocupaciones parlamentarias y públicas”.
(FUENTE: Ver Anexo a este capítulo)
En una conferencia de prensa, realizada el día 12 de diciembre de 2005, el vocero del Primer Ministro, al ser preguntado si podía confirmar que el Gobierno británico había ofrecido autorización para usar el país como escala para los vuelos que han transportado personas hacia lugares donde pudieran ser víctimas de las torturas, el vocero respondió que de ninguna forma el Gobierno ha permitido ni participado en ninguna acción relacionada con torturas.
(FUENTE: Sitio web de la Oficina del Primer Ministro)
El Primer Ministro británico, Tony Blair, intentó justificar los vuelos secretos de la CIA a través de Europa para el traslado de supuestos sospechosos de terrorismo.
De acuerdo con la versión digital del diario The Guardian, Blair defendió la posibilidad del traslado de esas personas a otros estados para ser interrogados, aunque consideró que bajo ninguna circunstancia se puede justificar la tortura.
"Respecto a las acusaciones referidas a los centros de tortura o de detención en Europa, realmente no se nada de ello", subrayó el político británico citado por The Guardian. El Primer Ministro subrayó que la Casa Blanca transfirió sospechosos de terrorismo a otras naciones "durante años".
El Jefe de Gobierno se vio obligado entonces a aclarar que en su país en ningún momento existieron centros de detención para torturar a sospechosos, muchas veces trasladados luego a la ilegal base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
Al respecto, Blair estimó que la retención de unas 500 personas en una cárcel improvisada de esa instalación militar constituye una "anomalía", a la cual se le debe poner fin.
Pero acto seguido, apuntó que esos sospechosos son personas "que necesitamos detener por razones de la lucha contra el terrorismo internacional", un argumento acorde a las iniciativas de su Gobierno de reforzar las medidas de seguridad en el Reino Unido.
FUENTE: Extractos de un reporte de la agencia PRENSA LATINA. (8.12.05).
Según un reporte del diario The Times de fecha 16 de diciembre, al menos tres vuelos clandestinos de la CIA con sospechosos de terrorismo a bordo reaprovisionaron en el aeropuerto escocés de Prestwick.
La publicación citó como fuente a Chris Yates, un reconocido experto en aviación y editor del Grupo de Información Janes, y precisó que esos vuelos ocurrieron semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El experto aseguró que a partir de evidencias fotográficas, registros de vuelos y datos aeroportuarios, él puede asegurar que la CIA usó los aeropuertos civiles de Prestwick y Luton (Londres), y los militares de Mildenhall, Brize Norteon y Northolt para los fines descritos.
Otros medios citados señalaron que los tres vuelos denunciados por Yates "estuvieron directamente relacionados con conocidos casos de torturas".
Según el experto, al menos dos de ellos tomaron tierra y despegaron de Prestwick con muy poca diferencia uno del otro, lo que aumenta la sospecha de que su carga tuvo lugar en suelo británico.
De acuerdo con su testimonio, esos jets ejecutivos y aviones Boeing 737 alquilados por la CIA, tuvieron autorización especial para hacer escalas en bases militares norteamericanas en todo el mundo.
Esta evidencia, afirmó The Times, plantea claras dudas sobre la reciente afirmación del Ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, acerca de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense jamás usó aeródromos británicos para esos fines.
FUENTE: Extractos de la agencia PRENSA LATINA. (16.12.05)
ALEMANIA
Rice dijo en rueda de prensa celebrada junto a la Canciller germana Angela Merkel, que "cuando se cometen errores, trabajamos muy duro para rectificarlos". En esa ocasión, la personera de Washington se refirió por primera vez de modo público al secuestro del ciudadano alemán de origen libanés Jaled al Masri, que asegura haber sido secuestrado en 2004 y trasladado a Macedonia y desde allí a una prisión estadounidense en Afganistán, donde fue torturado.
Merkel dijo que "el Gobierno de Estados Unidos ha aceptado, por supuesto, que (este secuestro) fue un error", y anunció que el actual Ministro de Exteriores, Frank-Walter Stein Meier, comparecería ante una Comisión parlamentaria sobre este asunto, según la radio alemana.
Rice no mencionó específicamente el caso de Al Masri, pero afirmó: "creo que esto será afrontado por los tribunales competentes, aquí en Alemania y si es necesario en los tribunales americanos también", añadió.
Merkel, por su parte, se dio por satisfecha con las garantías que le dio Rice y auguró una buena cooperación entre Berlín y Washington. "Era importante para mí que la Secretaria de Estado repitiera esto, que Estados Unidos respeta sus obligaciones internacionales", dijo la Canciller, avanzando que desea construir una "relación intensificada" con Estados Unidos durante su visita a Washington en enero de 2006.
(FUENTE: YAHOO NOTICIAS 6 DE DICIEMBRE DE 2005)
RUMANIA
El Presidente rumano Traian Basescu, acompañado de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Sra. Condoleezza Rice durante su visita a Rumania, dijo que "si alguien desea visitar algún lugar del que se sospeche haya sido destino para la detención y tortura, Rumania pone a disposición todo su territorio”.
(FUENTE: THE NEW YORK TIMES, 8 DICIEMBRE DE 2005)
La Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, firmó en Bucarest un acuerdo sobre el emplazamiento de bases militares de EEUU en Rumania. En su presencia, el presidente rumano, Traian Basescu, volvió a negar la existencia de cárceles ilegales en su país y reafirmó su plena colaboración con la CIA.
Condoleezza Rice y su homólogo rumano, Mihai Razvan Ungureanu, firmaron el acuerdo en el Palacio Cotroceni, sede de la Presidencia, en presencia del Jefe de Estado, Traian Basescu, y del Primer Ministro rumano, Calin Popescu Tariceanu.
"Es un acuerdo histórico", dijo Rice ante la prensa después de conversar con Basescu, y resaltó que 16 años tras la caída del comunismo, Rumania es miembro de la OTAN y colabora con los EEUU en las operaciones de Irak, Afganistán y los Balcanes Occidentales.
La Secretaria de Estado calificó a Rumania como "uno de los mejores amigos" de EEUU y precisó que esa relación se halla en la "parte buena de la historia", en la lucha por la libertad y la democracia.
Por su parte, el Presidente rumano señaló que con este acuerdo para establecer bases militares, "Rumania entra en el circuito de la seguridad global" y se constituye en un pilar sólido de la seguridad regional.
Las bases militares serán emplazadas en el aeropuerto militar Mihail Kogalniceanu y en los polígonos militares de Babadag, Cincu y Smardan, todos situados en la proximidad de la costa del Mar Negro.
(FUENTE: EFE. 7 DE DICIEMBRE DE 2005)
El presidente rumano, Traian Basescu, admitió hoy la existencia de vuelos de aviones al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero negó conocer el organismo al cual pertenecían esos aparatos.
Basescu declaró al canal de televisión Realitatea TV, que nunca conoció la agencia estadounidense a la cual se subordinaban esas naves aéreas al aterrizar en el aeropuerto Mihail Kogalniceanu.
El mandatario rumano reconoció que los aviones del gobierno norteamericano tocaron tierra en esa Terminal aérea, pero rechazó la violación de los derechos humanos en ese caso, con la cooperación de las autoridades locales.
La base aérea, de igual nombre que el referido aeropuerto civil, fue empleada por el Pentágono para transportar las tropas participantes en las operaciones militares contra Afganistán, en octubre de 2001, e Iraq, en marzo del 2003.
FUENTE: PRENSA LATINA. Bucarest (9.02.06).
FRANCIA
El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Philippe Douste-Blazy, dijo que carecería “de cualquier tipo de información que pueda permitirme confirmar” la hipótesis del traslado de prisioneros para ser torturados, en vuelos de la CIA a través de Francia, en declaraciones a la radio pública France Inter el 8 de diciembre de 2005.
Agregó que “Francia, Patria de los Derechos Humanos, no acepta la tortura” y pidió prudencia hasta que se prueben las acusaciones contra Estados Unidos por haber encarcelado en secreto a terroristas islamistas en cárceles europeas al margen de las convenciones internacionales.
Un avión, aterrizó el 20 de julio del 2005 en el Aeropuerto Militar de Le Bourget, en los alrededores de Paris, tras haber despegado de Noruega. Le Fígaro citó fuentes de la prensa noruega para ilustrar este caso.
Douste-Blazy también dijo que en el marco de la reunión Unión Europea – OTAN, se recibieron garantías de la Sra. Rice en cuanto al respeto de Washington a la soberanía de los países europeos y a sus obligaciones con los Tratados Internacionales contra la tortura y el trato degradante e inhumano.
(FUENTE: Europa Press, 8 de diciembre del 2005)
Philippe Douste-Blazy, Canciller francés, negó la posibilidad de que aviones fletados por la CIA sobrevolaran Francia entre el 2002 y el 2005. “No hay datos que nos confirmen que estos hechos son fundados”, expresó Douste-Blazy y más tarde indicó que “Estados Unidos es un verdadero socio. Somos amigos”.
(FUENTE RADIO PÚBLICA “FRANCE-INTER”.)
Extractos de la entrevista concedida por el Canciller francés, Douste-Blazy. (FUENTE: SITIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FRANCÉS. FECHA 2.12.05)
(Pregunta: ¿Ahora confirman que efectivamente hubo esos vuelos?)
Estamos verificando ese punto. Es totalmente posible que haya habido vuelos. Al parecer, se trata de vuelos privados. Como saben, para este tipo de vuelo, no existe ninguna autorización previa, simplemente se entrega un plan de vuelo. Cada día hay centenares de aviones que sobrevuelan Francia. Así es que es totalmente posible que esos dos vuelos se hayan efectuado. En lo que respecta a las conclusiones que habrá que sacar, eso es otra cosa.
(Pregunta: En todo caso, ¿piensa usted que las autoridades estadounidenses habrían tenido que informarles sobre esos vuelos?)
Como ya lo he dicho, existen procedimientos, los cuales son diferentes según el tipo de aeronave. Esto depende de la Convención de Chicago de 1944: para una aeronave privada, que no pertenece a ningún gobierno en particular, no existe ninguna autorización previa, simplemente se entrega un plan de vuelo. Así es que existe una libertad de tránsito, una libertad de escala, mientras se haya entregado un plan de vuelo.
Sin embargo, para las aeronaves que pertenecen a Estados, existe un procedimiento de autorización, ya sea autorizaciones que se dan a medida que se requieren, o autorizaciones de validez más permanente que se entregan para ciertos tipos de misión. Aparentemente, si nos referimos a las indicaciones ofrecidas por Le Fígaro, más bien nos encontramos en la primera categoría, la de un aparato que no pertenece a ningún Estado.
(Pregunta: Si entiendo bien, se trata de dos vuelos de aeronaves privadas, no tendrían ustedes nada que reprochar a las autoridades estadounidenses a este respecto?)
El hecho es que algunos aviones sobrevuelan Francia, que algunos aviones estadounidenses, siendo Estados Unidos un país aliado y amigo, sobrevuelen Francia, no tiene nada de sorprendente. No es ningún acontecimiento. Hay centenares de vuelos sobre el territorio francés todos los días, así que no es en sí mismo un motivo de reproche. Luego, se trata de saber qué transportan esos aviones y, para ello, intentaremos obtener las indicaciones correspondientes. Pero, la simple presentación de un plan de vuelo no permite saber lo que ocurre adentro del avión.
(Pregunta: No comprendo bien la diferencia entre vuelo privado y vuelo de Estado. La CIA es un organismo del Gobierno estadounidense o del Estado estadounidense.)
Sí, pero la distinción es válida en función del tipo de aeronave, es decir, según el propietario del avión, según quién sea el propietario, si es privado o es de un gobierno. Me refiero a la Convención de Chicago de 1944. Cuando se trata de un avión privado, se procede a entregar un plan de vuelo y cuando se trata de un avión gubernamental, que pertenece a un Estado, se procede a un sistema de autorización previo.
(Pregunta: ¿Y la CIA no solicitó nada?)
En este caso preciso, no conozco las demás indicaciones de las que disponemos. Estamos analizando todo eso.
(Pregunta: ¿Representa un problema que se transporte a prisioneros sin ningún mandato, del tipo de Guantánamo?)
En primer lugar, esa no es la situación. No sabemos qué había en esos aviones. Además, lo que usted menciona en estos momentos entra en el marco de la solicitud de explicación que presentó el señor Straw a las autoridades estadounidenses, en nombre de la Unión Europea. Ahora, esperamos que la señora Rice, que las autoridades estadounidenses nos ofrezcan explicaciones sobre este asunto de los sobrevuelos. La señora Rice indicó que así lo haría durante su visita a Europa de la semana entrante. Así es que estamos a la espera de sus explicaciones.
Por lo demás, es evidente, los países europeos lo dijeron en numerosas ocasiones, están apegados al derecho internacional. El derecho internacional comporta algunas disposiciones, en especial, en lo referente a la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
(Pregunta: ¿Podemos concluir que, oficialmente, Francia no estaba enterada de este ir y venir de personas sospechosas de terrorismo?)
La expresión ir y venir que usted está utilizando, aún si las informaciones del Fígaro se confirmaran, un vuelo en el 2002 y otro en el 2005, es un ir y venir muy lento. Pero, en efecto, les confirmo que tenemos conocimiento de esas informaciones de la prensa, que no estábamos enterados de ello y que verificaremos la validez de esas informaciones.
(Pregunta: Quizás ustedes no estaban enterados pero, ¿se puede excluir el hecho de que haya alguna relación muy cercana entre los servicios estadounidenses y los franceses desde septiembre del 2001? ¿Puede usted confirmarnos en estos momentos que los servicios franceses no estaban enterados de este traslado de prisioneros de la CIA?)
Les estoy hablando en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y, luego de haber tenido algunos contactos con el Ministerio de la Defensa y otras administraciones. Las informaciones de las que dispongo me hacen pensar que no estábamos enterados de ninguno de los dos vuelos en cuestión.
(Pregunta: Además del plan de vuelo, ¿qué informaciones deben dar esos aviones privados?)
Habría que preguntar a la aviación civil, creo que hay algunas indicaciones sobre la tripulación, pero no conozco con detalle las informaciones que deben entregarse. Diríjase más bien a la Dirección General de Aviación Civil.
AUSTRIA
La aeronave, un Hércules C-130 de la compañía Tepper Aviation, se identificó como un vuelo civil de Francfort (Alemania) a Bakú, pero pareció sospechoso a las autoridades austriacas, que lo hicieron escoltar por dos aviones caza, precisó el Comandante de la aviación austriaca, Eric Wolf a la radio nacional.
Dichos aviones lo fotografiaron, pero no tuvieron "ningún motivo" para interceptarlo, afirmó el General Wolf, al confirmar parcialmente informaciones publicadas el martes anterior en el periódico alemán Berliner Zeitung. Los hechos tuvieron lugar el 21 de enero de 2003.
(FUENTE: LA JORNADA. 25 de noviembre de 2005.)
IV.- Tratamiento del tema en varias instituciones europeas.
Al aumentar los reportes con relación a la existencia de cárceles secretas de la CIA en Europa y del traslado de prisioneros en vuelos operados por esa misma Agencia estadounidense a través del Viejo continente, varias instancias europeas se pronunciaron sobre el tema.
Consejo de Europa
El Consejo de Europa decidió el 7 de noviembre de 2005, crear un grupo investigador de esos presuntos centros de detención de la CIA en el continente, pocos días después de que trascendieran las primeras informaciones.
La comisión investigadora está presidida por el ex fiscal y senador suizo Dick Marty, el cual no sólo ha investigado la presunta existencia de cárceles secretas de la CIA en Europa, también el uso de aeropuertos y el espacio aéreo europeo para el traslado de sospechosos de terrorismo a países en los que se les sometió a torturas.
En virtud del artículo 52 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, el Secretario General del Consejo de Europa, Terry Davis, solicitó formalmente información a los parlamentos de los 46 países miembros sobre este tema. El objetivo de la investigación es determinar si los Estados miembros respetan la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Para desarrollar su investigación, Marty ha declarado a diversos medios de prensa que pretende contar con la ayuda de coordenadas geográficas tomadas en 2002 por el centro de satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA), mediante las cuales se puede determinar la existencia de dichas prisiones. Asimismo, ha comentado que pedirá a la EUROCONTROL, responsable militar y civil de la seguridad de las rutas áreas, informaciones sobre esas denuncias contra la CIA.
Dicho funcionario dio como plazo a los gobiernos europeos hasta el 21 de febrero de 2006 para entregar informaciones sobre la eventual implicación de sus funcionarios "en la privación de libertad no reconocida de un individuo o en el transporte de individuos privados de esta forma de su libertad, incluyendo si esa privación de la libertad fue cometida por instigación de una agencia de otro Estado".
Teniendo en cuenta las averiguaciones realizadas, el senador suizo entregó el 13 de diciembre de 2005, un informe preliminar con sus conclusiones a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. En declaraciones a la prensa, Marty expresó que "los procedimientos legales en progreso en algunos países parecen indicar que los individuos habían sido secuestrados y transferidos a otros países sin respeto a los estándares legales".
El senador suizo agregó que la información "reunida hasta la fecha refuerza la credibilidad de las alegaciones acerca de la transferencia y detención temporal de individuos, sin ninguna participación jurídica, en países europeos".
Subrayó asimismo, que Estados Unidos nunca ha negado formalmente tales acusaciones y aseguró que "deplora el hecho de que ninguna información ni explicación" haya sido proporcionada por parte de la Secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, durante su viaje por Europa, ante las numerosas preguntas sobre las presuntas cárceles de la CIA.
Para desarrollar su investigación, Marty pidió información precisa al Director general de Eurocontrol y mantuvo contactos directos con varias ONGs.
Aclaró que si bien "es todavía demasiado pronto para afirmar responsabilidad alguna o implicación de los Estados miembros en hechos ilegales", Marty consideró que "la gravedad de los hechos alegados, y la concordancia revelada con los datos recogidos hasta ahora, justifican una investigación en profundidad".
El investigador del Consejo de Europa recordó además, que los contactos entre los servicios secretos son normales, e incluso necesarios, en materia de lucha contra el terrorismo, pero indicó que es necesario que los Gobiernos ejerzan sobre ellos un control adecuado.
El 24 de enero del presente año, Marty presentó un informe intermedio a la Asamblea del Consejo de Europa celebrada en Estrasburgo sobre las pesquisas que realizadas. En su informe, consideró hoy que es muy poco probable que los Gobiernos europeos no estuvieran al tanto de estas prácticas de la agencia estadounidense.
El investigador suizo, que citó declaraciones hechas por responsables estadounidenses y europeos, reportes de prensa y trabajos de ONGs, afirmó que "existe una gran cantidad de pruebas convergentes que apuntan a la existencia de un sistema de 'reubicación' o 'subcontratación' ('outsourcing') de la tortura" a otros países. No obstante, no ha encontrado pruebas concluyentes de la existencia de cárceles secretas.
"Las 'restituciones' (traslado de detenidos a Estados Unidos o hacia terceros países) afectaron a más de cien personas en los últimos años. “Cientos de vuelos fletados por la CIA transitaron por muchos países europeos”, agregó.
El informe, muy crítico de la conducta de las autoridades de Estados Unidos, afirma que "la actual Administración estadounidense parece partir del principio de que los principios de legalidad y Derechos Humanos son incompatibles con una acción eficiente contra el terrorismo". El investigador reclamó a los Gobiernos europeos que no se conformen con garantizar que las prácticas ilegales no suceden en su territorio, o que en ellas no participan sus agentes de seguridad.
El documento menciona más de un centenar de personas trasladadas en secreto, y más de un centenar de vuelos -sólo en Alemania se produjeron más de 300 aterrizajes de dos aviones supuestamente fletados por la CIA. "Es altamente improbable que los Gobiernos europeos, o al menos sus servicios de inteligencia, no estuvieran al tanto" de estos hechos.
Afirmó que "ha quedado probado, y de hecho nunca ha sido denegado, que individuos han sido secuestrados, privados de su libertad y transportados (...) en Europa, para ser entregados a países en los que sufrieron (...) torturas". En este sentido, subraya que ni el Director de la CIA, Porter Goss, ni la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, negaron la existencia de centros de detención secretos. Rice defendió incluso ante sus homólogos europeos la necesidad de continuar con las "entregas extraordinarias".
El informe incluye numerosos testimonios -algunos anónimos, pero otros presentados por reconocidas personalidades estadounidenses-, que dejan en claro que las "entregas extraordinarias y los centros de detención secretos abren la puerta a tratos degradantes y a torturas".
Destacó las palabras de Michael Scheuer, uno de los arquitectos del sistema de entregas, que afirmó que la propia Casa Blanca está más dispuesta que la CIA a "mirar a otro lado cuando se trata de exquisiteces legales" y, en relación al traslado de prisioneros a otros países, calificó de "muy conveniente" contar con "alguien que te haga el trabajo sucio".
El investigador Marty incluyó en el informe preguntas como estas: "¿Esto quiere decir que es tan fácil usar la tortura en estos días? ¿Es suficiente con que los servicios secretos propios no estén presentes?"y recordó que otra Comisión del Consejo de Europa, la llamada Comisión de Venecia, deberá hacer público en marzo un informe "sobre las consecuencias legales de estas prácticas", incluida la responsabilidad de los Estados europeos a la luz de los tratados internacionales y del Derecho Internacional.
Marty profundiza en el caso de Abu Omar, refugiado en Italia y sospechoso de eventuales vínculos con el terrorismo islamista, que fue secuestrado en las calles de Milán en febrero de 2003.
Para Marty, el caso de Abu Omar "es un claro indicio de que el método (de secuestros de sospechosos en el extranjero) existe". Además, aunque duda de que el Gobierno o los servicios de inteligencia no estuvieran al tanto de la operación, arremete de nuevo contra Estados Unidos, porque sí está claro que la Policía y los Tribunales italianos quedaron al margen.
En su opinión, la "falta de cooperación y confianza con las autoridades oficialmente encargadas de combatir el crimen (por parte de Estados Unidos), tiene que tener consecuencias muy serias, desafiando el mismo funcionamiento del Estado de Derecho". Consideró además que "es difícil creer que un enfoque tal de las relaciones entre autoridades de diferentes países pueda ser una base válida para una cooperación genuina entre Estados".
Marty anunció haber recibido información "detallada" del organismo europeo de seguridad aérea (Eurocontrol) sobre los planes de vuelo de ciertos aviones, y del Centro Europeo de Satélites de Torrejón de Ardoz (Madrid), pero añadió que aún no se puede pronunciar "sobre la importancia y la amplitud" de esta información.
Hecho público por el dominical 'Sonntagsblick', el documento reveló que 23 ciudadanos iraquíes y afganos fueron interrogados en una base estadounidense en suelo rumano. Centros similares existirían en Ucrania, Kosovo, Macedonia y Bulgaria.
"Desde el punto de vista político, estos indicios concordantes son tan sólidos que hay materia para actuar. Pero solamente los gobiernos pueden esclarecer este caso", en opinión de Marty.
Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo creó una comisión temporal para investigar las presuntas actividades ilegales de la CIA en Europa, en el mes de diciembre de 2005.
La comisión temporal, como la que se creó en el pasado para analizar el caso del hundimiento del petrolero "Prestige", fue creada en virtud de una resolución que pidió al Consejo de Europa (CE) –que también investiga dichas denuncias-, que le proporcione informaciones al respecto. Igualmente, solicita a la Unión Europea que busque las aclaraciones pertinentes sobre los vuelos y las cárceles secretas de la CIA en Europa.
En 12 de enero de 2006, en la reunión plenaria del Parlamento Europeo, se fijaron los detalles de la comisión, tales como el período de mandato y su composición. La comisión está formada por 46 diputados y tiene un mandato inicial de 12 meses.
Dicha comisión, deberá presentar un informe interino en los venideros cuatro meses, en el que se determine si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) u otras entidades de inteligencia secuestraron, arrestaron, trasladaron, detuvieron en centros secretos, torturaron o violaron derechos humanos de presuntos terroristas en países europeos.
Además, debe investigar si la CIA empleó naciones de la Unión para efectuar vuelos con prisioneros, muchos de los cuales, al parecer, fueron trasladados a la ilegal base naval estadounidense, en la bahía de Guantánamo.
Deberá al final de sus trabajos, brindar la información necesaria para determinar si las acciones que han sido denunciadas violaron el artículo seis del tratado de la Unión Europea (UE), la Convención europea sobre Derechos Humanos, la Carta de los derechos fundamentales y/u otras regulaciones internacionales.
Entre sus tareas, la Comisión deberá indagar acerca de los posibles casos de detención de ciudadanos europeos o si los Estados miembros participaron en la ilegal privación de la libertad de esas personas.
La mayoría de las sesiones serán públicas, aunque en algún momento los parlamentarios podrían reunirse a puerta cerrada, por ejemplo, si tienen que analizar información confidencial.
La comisión del Parlamento Europeo inició sus trabajos con un llamamiento a los 25 gobiernos comunitarios a que cooperen en las averiguaciones del caso.
Los expertos, entre los que aparecen la eurodiputada española Elena Valenciano, del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), y José Ignacio Salafranca, del Partido Popular Europeo (PPE), pidieron a los gobiernos que garanticen total acceso a los documentos necesarios.
En su reunión constitutiva, la comisión temporal eligió además como vicepresidente segundo al griego del PPE Giorgos Dimitrakopoulos, y como vicepresidente tercero al alemán de los Verdes, Cem Ozdemir. El ponente del informe final será el socialista italiano Giovanni Claudio Fava. La mesa de la comisión tenía previstas nuevas reuniones el martes 31 de enero y la comisión temporal celebraría su segundo encuentro en Estrasburgo, durante la semana del 13 de febrero.
La eurodiputada liberal Sarah Ludford, vicepresidenta de la comisión temporal del Parlamento Europeo (PE) sobre las actividades de la CIA, propuso convocar al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld; al vicepresidente, Dick Cheney; a la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y al senador suizo Dick Marty, encargado de la investigación sobre las supuestas ilegalidades de la CIA en el Consejo de Europa.
Sin embargo, diversos medios de prensa han señalado que la comisión temporal de la Eurocámara –la cual eligió el 26 de enero a su nuevo presidente, el portugués Carlos Coelho, del Partido Popular Europeo-, no tiene capacidad legal para obligar a comparecer a las autoridades que se inviten.
V.- Violaciones al Derecho Internacional.
De conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
A partir de ese postulado, existe una obligación erga omnes para todos los Estados miembros de la ONU en virtud de la Carta fundacional de la Organización y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de promover el respeto, universal y efectivo y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos no tiene fuerza jurídica vinculante, la detención indefinida de cientos de supuestos terroristas en el mundo ha puesto a esas personas en una situación de indefensión, en la que el principio universal de la buena fe ya no se presume.
Las graves violaciones de derechos humanos que muchas ONGs y expertos de la Comisión de Derechos Humanos han denunciado desde que Estados Unidos y sus aliados cercanos dieran inicio a su llamada Guerra Global contra el Terrorismo, ponen al descubierto la tendencia neofascista que caracteriza la proyección de política exterior de la actual Administración estadounidense.
Existen obligaciones jurídicas contenidas en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que sí tienen fuerza vinculante para Estados Unidos y la inmensa mayoría de los países europeos - como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-, que han sido violadas descarnada e impúdicamente.
El silencio gubernamental europeo frente a engendros conceptuales tales como el de “combatientes enemigos”, genera profunda preocupación y ha alarmado a la opinión pública internacional, máxime, cuando como se conoce, todos los miembros de la Unión Europea son signatarios de los cuatro Convenios de Ginebra de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales.
Cabe recordar que al no haberse reconocido la condición de prisionero de guerra a los detenidos en Guantánamo y otras cárceles secretas en el mundo, se están violando varios derechos principios elementales del Derecho Internacional Humanitario. Un prisionero de guerra no puede ser transferido por la Potencia que lo detuvo; deberá ser tratado con respeto a su persona, su honor, estado de salud y edad; será internado en establecimientos con garantías de higiene y salubridad; tendrá plena libertad para el ejercicio de su religión; se informará a más tardar una semana tras su detención sobre su cautiverio, la dirección y el estado de salud y podrá emitir quejas a causa del régimen de cautiverio.
Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ha sido ratificado por casi todos los países europeos, establece entre los crímenes que serían competencia de la Corte, los tipificados como de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), se dice que entre los actos que podrían calificarse como tal estarían los siguientes:
- Tortura (inciso f)
- Desaparición forzadas de personas(inciso i)
- Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (inciso k)
En el artículo 8 que regula cuáles son los crímenes de guerra, se establece que a los efectos del Estatuto, se incluyen las infracciones graves de los Convenios de Ginebra, a saber:
- Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. (numeral ii)
- Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o mental (numeral iii)
- Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial (numeral vi)
- Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales (numeral vii)
Existen instrumentos jurídicos en el ámbito de los derechos humanos que regulan cuáles son los derechos que los Estados de la Unión Europea deben respetar. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1952, modificado el 20 de diciembre de 1971, consagra el derecho a un proceso equitativo y público en un plazo razonable, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, la prohibición de discriminación y del abuso de derecho y de la tortura. En este contexto, todas las Constituciones y Leyes nacionales de la Unión Europa, contemplan la obligatoriedad de no contravenir las Convenciones relacionadas con los derechos humanos y las normas elementales del Derecho internacional.
¿Cuáles son los derechos y libertades fundamentales refrendadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos que se desconocen al detener indefinidamente a una persona y someterla a malos tratos, penas crueles inhumanas o degradantes?:
• Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
• Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
• Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento a su personalidad jurídica.
• Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
• Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
• Artículo 10: Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
• Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Algunas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a partir de las medidas y acciones llevadas a cabo por Estados Unidos en su llamada Guerra Global contra el Terrorismo.
Violación del artículo 2
Al mantener recluidos de forma indefinida a supuestos terroristas en sus bases militares y otros centros de detención secretos en el mundo, sin acusación formal, el Gobierno estadounidense incumple con lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, en el que se establece que cada uno de los Estados partes deben garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Respecto al tema de la jurisdicción, es oportuno recordar que de acuerdo al fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 28 de junio de 2004, correspondiente a los casos Rasul vs. Bush, y al-Odah vs. United States, relativos a ciudadanos extranjeros capturados fuera de los EEUU y encarcelados en la Base Naval de Guantánamo como “combatientes enemigos”, se reconoció que los tribunales federales del distrito tienen competencia para conocer de los recursos de habeas corpus en sus respectivas jurisdicciones y que “esta competencia ha de extenderse a los extranjeros detenidos en un territorio sobre el cual EEUU ejerce plena y exclusiva jurisdicción”.
Esto significa que como cualquier Estado Parte en el Pacto, Estados Unidos debe respetar y garantizar los derechos enunciados en el instrumento a toda persona que esté bajo su autoridad o control efectivo, dentro o fuera de su territorio.
Como señala la Observación general No. 15, aprobada en el 27º período de sesiones (1986) del Comité de Derechos Humanos, el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto no está limitado a los ciudadanos de los Estados Parte, sino que también debe estar al alcance de todos los individuos, independientemente de su nacionalidad.
Ese principio se aplica independientemente de las circunstancias en que se haya adquirido esa autoridad o control efectivo, como en el caso de fuerzas que constituyan un contingente nacional de un Estado Parte que tenga asignada una operación internacional de mantenimiento o imposición de la paz.
En virtud de la Observación general Nº 31 aprobada por el Comité de Derechos Humanos el 29 de marzo de 2004, la obligación estipulada en el párrafo 1 del artículo 2, es de efecto inmediato para todos los Estados Partes, por lo que la Ley Patriótica y la propia orden presidencial que disponen la detención indefinida de supuestos terroristas, violan lo dispuesto en este artículo del Pacto, así como el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en virtud del cual, un Estado Parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Si bien el párrafo 2 del artículo 2, permite que los Estados Parte hagan efectivos los derechos reconocidos en el Pacto con arreglo a los procedimientos constitucionales internos, se desprende del mismo principio que los Estados Parte no pueden invocar las disposiciones de su derecho constitucional ni otros elementos del derecho interno, para justificar el incumplimiento o la inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud del tratado. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos indicó, en su Observación General No. 24, que será incompatible con el Pacto toda reserva al artículo 2 habida cuenta de sus objetos y fines.
El citado Comité indicó que la obligación jurídica que dimana del párrafo 1 del artículo 2, tiene un carácter a la vez negativo y positivo. Es decir, los Estados Parte deben abstenerse de violar los derechos reconocidos en el Pacto y la limitación de cualquiera de estos derechos, se permitirá con arreglo a las disposiciones aplicables del Pacto. En los casos en que se apliquen tales restricciones, los Estados deberán demostrar su necesidad y sólo podrán tomar las medidas que guarden proporción con el logro de objetivos legítimos a fin de garantizar una protección permanente y efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto. Lo que se traduce, en que en ningún caso podrán aplicarse o invocarse restricciones de manera que menoscaben el elemento esencial de un derecho reconocido en el Pacto.
En el párrafo 3 del artículo 2, se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte habrán de garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos.
En ese sentido, todas las personas a las que le han sido violados sus derechos durante la cruzada antiterrorista, deben tener el derecho a interponer recursos en los tribunales norteamericanos para reivindicar los mismos y recibir la debida reparación y una indemnización por el menoscabo de esos derechos y libertades fundamentales.
En este punto, es importante recordar que el Comité de Derechos Humanos, ha insistido en que los Estados Parte deben establecer en su derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos, en especial, mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales. El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación, puede ser de por sí una vulneración del Pacto. La cesación de esas violaciones constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo.
Violación del artículo 4
Las medidas aplicadas por el ejecutivo norteamericano, han violado derechos que en ninguna circunstancia pueden ser suspendidos, según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto, incluso en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de una nación. Tales son los casos del derecho inherente a la vida y el derecho a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales aparecen consagrados en los artículos 6 y 7 del Pacto, respectivamente.
Violación del artículo 7
Visitas realizadas a los centros de detención de la Base Naval en Guantánamo por instituciones tan diversas como el Comité Internacional de la Cruz Roja, los Servicios de Seguridad Británicos y el Buró Federal de Investigaciones de EEUU, han dejado constancia escrita y han manifestado ante los medios de prensa un claro cuestionamiento a los métodos de interrogación usados por el personal militar estadounidense y las condiciones en que están recluidos los detenidos, las cuales han provocado un visible deterioro de la salud de los mismos.
En ese sentido, cabe recordar que los Estados Parte tienen la obligación en virtud del Pacto de asegurar que los culpables de cometer las infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en la legislación nacional, entre ellos, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), las privaciones de vida sumarias y arbitrarias (art. 6) y las desapariciones forzosas (art. 7 y 9), comparezcan ante la justicia. El hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los autores de violaciones, puede ser de por sí una vulneración del Pacto.
De acuerdo a la Observación General No. 31 del Comité de Derechos Humanos, está también implícito en el artículo 7 del Pacto, que los Estados Parte tienen la obligación de tomar medidas para impedir que particulares o entidades inflijan torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas que estén en su poder.
La impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos ha sido un elemento que ha contribuido a través de la historia a la repetición de estas serias transgresiones de la letra del Pacto. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos en su opinión No. 31, cuando esas violaciones se cometen como parte de una agresión generalizada o sistemática contra la población civil, esas infracciones del Pacto podrían constituir crímenes de lesa humanidad (véase el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).
Por lo tanto, siguiendo los criterios de los expertos del Comité de Derechos Humanos, en los casos en que algún funcionario público o agente estatal haya cometido violaciones de los derechos consagrados en el Pacto, el Estado Parte de que se trate no podrá eximir a los autores de su responsabilidad jurídica personal, como ha ocurrido con ciertas amnistías y anteriores inmunidades.
Ningún cargo oficial justifica que se exima de responsabilidad jurídica a las personas a las que se atribuya la autoría de este tipo de violaciones. Los Estados Parte del Pacto deberán eliminar también otros impedimentos al establecimiento de la responsabilidad penal, entre ellos la defensa basada en la obediencia a órdenes superiores o los plazos de prescripción excesivamente breves, en los casos en que sean aplicables tales prescripciones.
Violación de los artículos 9, 10 y 14
El carácter atípico, extraordinario y de duración indefinida de la Guerra Global contra el Terrorismo iniciada por la Administración Bush impone enormes desafíos al respeto de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El propio concepto de “combatientes ilegales” y la aberración jurídica instituida con la creación de los llamados “tribunales militares ad hoc”, resultan contrarios al principio universal del debido proceso penal.
Las personas quedan sometidas a reglamentos castrenses arbitrarios, que contemplan la posibilidad de torturar al detenido durante los interrogatorios. Los detenidos no tienen la opción de solicitar la comparecencia de determinados testigos y si desea un defensor distinto al militar que le asignan, debe primero declararse culpable, con lo cual se viola el principio universal de la presunción de inocencia.
Las definiciones de “Actividad terrorista” y “Grupo terrorista” incluidas en la Ley Patriótica son tan ambiguas y amplias que pueden ser aplicadas a cualquier persona o grupo de personas, ciudadano o extranjero del país de que se trate.
La discrecionalidad con que el Ejecutivo decide sobre esta materia, no permite que los implicados objeten dicha selección. No existe un criterio homogéneo y jurídicamente fundamentado para la definición de quiénes clasifican para ser incluidos en la lista como personas o grupos terroristas.
La policía y otras fuerzas de seguridad han sido reconocidas como competentes para aplicar este complejo régimen legislativo y administrativo antiterrorista, con muy poca supervisión por parte del aparato judicial.
La posibilidad de que la policía detenga indefinidamente a un sospechoso de terrorismo, sin una orden de arresto, sin ser formalmente acusado, y sin celebrarse juicio, han convertido la detención arbitraria en práctica común de las autoridades estadounidenses en el contexto de su proclamada lucha contra el terror.
El derecho a la presunción de inocencia, las garantías a ser informado sin demora de la acusación, el derecho a ser juzgado sin dilaciones y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, están siendo gravemente vulnerados con la aplicación de esas medidas.
Los traslados secretos de supuestos terroristas en operaciones ilegales de la CIA a través de Europa, podrían quedar también cubiertos bajo el manto de cuestionada “legalidad” que brindan la Ley Patriótica estadounidense y ciertas legislaciones de países europeos para lucha contra el terrorismo. Los países europeos que son Estado Parte del Pacto y que han permitido de modo silente la consumación de los referidos vuelos operados por la CIA, no sólo violan las disposiciones de ese instrumento internacional en materia de derechos humanos, sino también la propia Convención Europea de Derechos Humanos.
Violación del artículo 26
Las detenciones de miles de personas en el mundo en el contexto de la llamada “guerra contra el terrorismo”, ha exacerbado la xenofobia, la discriminación y el racismo. El color de la piel, la apariencia física, la cultura, la fe religiosa que se profese e incluso la nacionalidad, se han convertido en factores de discriminación y sospecha sobre las personas.
En el fortalecimiento de estos criterios ha desempeñado un papel notable la difusión de estereotipos negativos a través de los medios masivos de comunicación occidentales, asociando las actividades terroristas a determinadas nacionalidades, grupos étnicos e incluso a grupos y movimientos de liberación nacional o de oposición a la globalización neoliberal.
De esa forma, con la promulgación de la Ley Patriótica y la aplicación de otras medidas por el Ejecutivo norteamericano, se vulnera el artículo 26 del Pacto, que dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección ante la ley.
VI.- Debate interno en Estados Unidos sobre el tema de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Al interior de la sociedad estadounidense el debate sobre el tema ha sido ambivalente. Si bien han crecido las voces y sectores de opinión que cuestionan abiertamente la política de violaciones de derechos humanos entronizada por la Administración Bush en su llamada Guerra Global contra el Terrorismo, existen aún importantes fuerzas políticas que justifican estas brutales prácticas acudiendo a la lucha antiterrorista como pretexto. El clima de temor e inseguridad azuzado por los halcones de la Casa Blanca, con el apoyo y complicidad de los monopolios mediáticos, ha calado hondo en una parte de los estadounidenses.
En el Congreso norteamericano, que un inicio brindó un total espaldarazo a la Guerra Global contra el Terrorismo de Bush, se han venido escuchando algunas voces disidentes, y produciendo el accionar de otros, que si bien apoyan la agresiva política exterior de la actual administración, comprenden la necesidad de “lavarle el rostro” a la misma, brindándole ciertos visos de “legitimidad y legalidad”.
Reconocidas asociaciones de derechos humanos han adoptado una postura más fuerte y han llegado a interponer recursos ante los tribunales de ese país, reclamando se respete la Constitución y los derechos humanos de las víctimas de la tortura.
Declaraciones públicas de los ex presidentes Carter y Clinton sobre el tema de Guantánamo.
El ex presidente de Estados Unidos, William Clinton, ha sido uno de los críticos de las violaciones cometidas en Guantánamo y ha llegado a afirmar que la cárcel de Guantánamo debe “cerrarse o limpiarse”. “Ya es hora de que dejen de aparecer noticias de allí sobre personas sometidas a abusos".
Según Clinton, el criterio para juzgar si se justifica un tratamiento tan duro de los sospechosos de terrorismo, es el de si pone en tela de juicio "la naturaleza fundamental" de la sociedad estadounidense.
Clinton considera que hay dos objeciones prácticas muy serias contra el abuso de prisioneros: la primera, es que "si ganamos fama de abusar de las personas, nuestros soldados correrán mayor peligro. La segunda objeción, es que si sometemos a alguien a malos tratos, terminará diciéndonos cualquier cosa que sabe que nos gustaría escuchar con tal de que no continuemos haciéndolo".
El ex presidente Jimmy Carter reclamó el cierre de la prisión en la Base Naval de Guantánamo. Carter manifestó en Atlanta que el Gobierno de Estados Unidos continúa generando un terrible bochorno y dando golpes a su reputación.
Acciones en el Congreso de Estados Unidos
• Enmienda McCain
Recientemente y con el apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso, fue incluida la enmienda del Senador republicano McCain al Proyecto de Ley de Asignaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2006.
La enmienda McCain estaría encaminada a prohibir el tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante a cualquier persona en custodia de Estados Unidos.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara el 19 de diciembre con votación de 308 a favor y 106 en contra. El Senado lo aprobó el 21 de diciembre con 93 votos a favor, ninguno en contra y 7 senadores que no votaron.
El Gobierno se había opuesto inicialmente a la enmienda, con el argumento de que restringiría su capacidad para combatir el terrorismo y había amenazado con vetar dicha ley. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que la misma no pretendía atar las manos de las autoridades ni cuestionar sus “métodos” de lucha al terrorismo. Fue sólo una operación cosmética. Como evaluaron varios analistas independientes, la enmienda de McCain apareció de modo concomitante - y fue incluida en la Ley -, junto con otra iniciativa que ofreció “protección” a los actos de los interrogadores. En la práctica, se facilitó asistencia legal y otras seguridades a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros civiles a sueldo de Washington, que sean llevados a los tribunales por abusos perpetrados contra los detenidos.
El Gobierno quedó obligado a proporcionarles un abogado y a asumir los costos legales de su representación, si son demandados por abusos. Los acusados podrán alegar como parte de su defensa, que seguían órdenes.
En ese sentido, el diario The New York Times, en un editorial en su edición del 16 de diciembre de 2005, lamentó que la enmienda de McCain estuviera ligada a otra, 'malévola', de los senadores Lindsey Graham de Carolina del Sur y Carl Levin de Michigan, que permite la admisión de testimonios obtenidos mediante la coacción y reduce los derechos de los sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval de Guantánamo y otros sitios.
De la misma manera se expresó el Washington Post, que consideró “increíble” que la enmienda Graham-Levin “permitiera que la evidencia obtenida mediante la tortura sea tomada en consideración por los tribunales militares que deciden si los prisioneros deben ser recluidos en Guantánamo por tratarse de combatientes enemigos''.
Suspensión temporal de la aplicación de la Ley Patriótica en Estados Unidos.
Teniendo en cuenta las disposiciones de renovación temporal de la vigencia de la “Ley para la unidad y fortalecimiento de los Estados Unidos al proveerlo de las herramientas apropiadas para interceptar y obstruir el terrorismo del 2001”, conocida por las siglas “USA PATRIOT ACT” - firmada por el Presidente Bush el 26 de octubre del 2001-, varias medidas dispuestas en esta ley debían ser reexaminadas y confirmadas en plazos establecidos.
El 22 de diciembre de 2005, el Senado norteamericano prorrogó por sólo 5 semanas esas medidas.
El 2 de febrero de 2006, el Senado prorrogó la Ley por segunda ocasión (cinco semanas más). El voto del Senado, 95 votos contra 1, confirmó el voto de la Cámara de representantes del 1 de febrero por la noche.
De esa forma, los parlamentarios cuentan con un tiempo suplementario para elaborar un texto definitivo.
En este tema, los demócratas y un pequeño grupo de republicanos han intentado añadir salvaguardas a la acción de las fuerzas policiales, a fin de respetar las libertades individuales.
"Debemos otorgar al Gobierno las herramientas que necesita para combatir a los terroristas, pero también los límites necesarios para impedir el abuso de sus poderes", expresó al respecto el líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid.
Esa decisión ha significado una derrota para el Presidente de Estados Unidos, George W.Bush, quien en varias ocasiones ha recalcado que no admitiría una extensión de corto plazo de la citada Ley.
Cabe recordar que si bien la Ley fue aprobada de forma expedita, la adopción de la misma fue objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, intelectuales, periodistas, asociaciones de abogados dentro y fuera de Estados Unidos.
Dicha legislación, al igual que otras similares adoptadas en países occidentales aliados de Estados Unidos, cuestiona la vigencia de muchas de las principales conquistas de las luchas por los derechos civiles en el mundo, y ha promovido un ambiente donde proliferan los sentimientos xenófobos y racistas. Asimismo, ha potenciado un sentimiento colectivo de histeria y temor a nuevos y más fuertes ataques terroristas, que ha contribuido al fortalecimiento de las posiciones de los sectores más conservadores, reaccionarios y guerreristas en las principales potencias industrializadas, en particular en Estados Unidos.
Desde su adopción, los críticos de esas leyes advirtieron sobre el peligroso precedente que se creaba, pues dejaban abierta una puerta a la violación de los derechos humanos, fundamentalmente de los derechos civiles y políticos. Esas leyes aumentaron los poderes del Ejecutivo frente al poder Judicial, instaurándose un estado de excepción permanente, mediante el cual se suprimen los más elementales derechos civiles y políticos.
El escándalo del espionaje de las comunicaciones a ciudadanos norteamericanos sin autorización judicial.
La extensión por sólo un mes de la Ley Patriota en el Congreso, coincidió con la revelación de que Bush había autorizado a la Agencia Nacional de Seguridad espiar e intervenir las comunicaciones de estadounidenses sin permiso judicial.
De acuerdo a revelaciones realizadas por el diario The New York Times, el viernes 16 de diciembre, el Presidente George W. Bush autorizó en el 2002 a una agencia de espionaje, intervenir las llamadas telefónicas y los correos electrónicos desde o hacia Estados Unidos, tanto de estadounidenses como de extranjeros, sin permiso judicial.
La información fue confirmada en una conferencia de prensa por el propio Presidente el 19 de diciembre del propio año. Defendió la legalidad del programa y la idea de que el Poder Ejecutivo debía actuar con rapidez, sin tiempo para acudir a los tribunales con el fin de solicitar autorización. Bush aseveró que como Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, estaba facultado constitucionalmente para solicitar órdenes de registro telefónico sin orden judicial, con el fin de proteger a los ciudadanos.
El presidente Bush declaró también, que la Casa Blanca había informado al Congreso más de una docena de veces sobre este asunto. Según fuentes de prensa, dichos informes fueron realizados a unos pocos legisladores que juraron mantener el secreto y a los que se les impidió discutir el asunto o buscar opiniones legales externas.
El demócrata John D. Rockefeller IV, del selecto Comité de Inteligencia del Senado, dijo haber escrito al Vicepresidente Cheney el día en que fue informado por primera vez sobre el programa, en julio de 2003, por sus preocupaciones en torno a las operaciones. La líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habría manifestado también su preocupación en una carta a Cheney, que no se hizo pública.
La posición del Presidente fue avalada por el Fiscal General Alberto Gonzáles -jefe de abogados de la Casa Blanca cuando se implementó el programa-, por el Vicepresidente Dick Cheney, por el Consejero de Seguridad Nacional, Richard Hadley, por la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice –quien era Consejera de Seguridad Nacional en esa época-- y por otros funcionarios del Gobierno.
El Sr. Alberto Gonzáles, el mismo que fabricó pretextos “legales” a la tortura como recurso de interrogación, ha elaborado otra teoría en la que afirma que cuando el Congreso, luego de los ataques del 11 de septiembre, autorizó al Presidente a emplear la fuerza que fuere “propia y necesaria”, estaba indirectamente autorizando el espionaje interno sin orden judicial. Nótese que con ese criterio todo sería posible, porque correspondería al Presidente decidir lo que es propio y necesario, y aunque sus acciones violen la legislación, si él lo decide debe ser correcto.
Este tipo de sustento argumental puede resultar absurdo a muchas personas, pero no es nuevo. Hace más de 30 años, el ex Presidente Richard Nixon, enfrentado a múltiples imputaciones, lanzó una frase que ahora parece hacer suya la Administración Bush: “When the President does it, that means that it is not ilegal”.
Sin embargo, varios expertos han advertido que la cuarta enmienda constitucional prohíbe las búsquedas y detenciones sin justificación. También señalaron que la ley que establece el tribunal a cargo de avalar esas órdenes, habría podido actuar rápidamente ante cualquier solicitud del Gobierno, pues permite al Presidente incluso actuar primero y solicitar la autorización judicial después. Se trata del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, establecido en los años 70 por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.
Dicho tribunal, que funciona en extrema reserva, está integrado por 11 miembros y sesiona en la sede del Departamento de Justicia. Sus integrantes son jueces federales. La Ley Patriótica de 2001 atribuye al Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera la autorización de órdenes de vigilancia en investigaciones sobre terrorismo. De las más de 5.000 solicitudes que recibió del Departamento de Justicia, se cree que se sólo denegó un pequeño grupo.
Como colofón de este escándalo, los medios de prensa internacionales conocieron de la renuncia del juez de distrito, James Robertson, miembro del Tribunal de Vigilancia, el cual notificó su decisión al presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, sin dar explicaciones.
El juez de distrito, James Robertson, renunció a su cargo después de considerar que la autorización presidencial para espiar las comunicaciones de estadounidenses sospechosos de estar vinculados al terrorismo, "es legalmente cuestionable".
Según dos compañeros del juez citados en medios de prensa, Robertson también expresó su temor de que el programa de espionaje ordenado por Bush sin la preceptiva autorización legal, podría haber sido usado para obtener órdenes judiciales bajo la Ley de Espionaje de Servicios de Información Extranjeros (FISA).
La renuncia de Robertson sobrevino luego que dos senadores republicanos, Chuck Hagel y Olympia J. Snowe, exigieran investigaciones por parte del Congreso. Ambos cuestionaron que el programa fuera realizado al supuesto amparo de la Ley Patriótica y la escasa información brindada por la Casa Blanca a los legisladores.
Hagel y Snowe se unieron a los demócratas Dianne Feinstein, Carl M. Levin y Ron Wyden, en el reclamo de una investigación conjunta por parte de los paneles judicial y de inteligencia del Senado sobre el programa.
La presidenta del Tribunal de Vigilancia, Colleen Kollar-Kotelly, que había sido informada sobre el programa de espionaje del Gobierno, ya había expresado la misma preocupación en el año 2004 e insistido en que el Departamento de Justicia certificara por escrito que no se realizaron registros telefónicos y de correo electrónico sin autorización judicial.
Si bien el debate sobre el irrespeto a la autorización judicial surje actualmente, ya desde el año 2001, tras la aprobación de la Ley Patriótica, varias organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos habían advertido sobre el peligro potencial que esa Ley traía aparejado.
Desde el momento en que las agencias de inteligencia y la policía recibieron “amplios poderes” para interceptar las comunicaciones en virtud de la referida Ley, nadie en Estados Unidos ni en otras partes del mundo está protegido frente a la posibilidad que sus comunicaciones estén siendo escuchadas e incluso grabadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados.
Denuncias de Organizaciones civiles norteamericanas
Pocos días antes de la noticia de las intervenciones de la Agencia Nacional de Seguridad para espiar las comunicaciones de estadounidenses sin permiso judicial, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), advirtió que investigadores antiterroristas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) controlaban a organizaciones estadounidenses de prédica antibélica, ambientalista y en favor de los derechos civiles, entre otras.
La organización denunció que "nuestro gobierno espía a los estadounidenses, sin pedir disculpas, innecesariamente y sin consideración por la Constitución". También urgió a sus miembros a "responsabilizar al Gobierno de Bush por autorizar secretamente las escuchas clandestinas de estadounidenses y de otros en Estados Unidos".
Los documentos de la ACLU, dados a conocer como parte de un juicio contra el trato brindado por el FBI a las organizaciones que planificaron manifestaciones en las convenciones políticas del año pasado, demuestran que la agencia abrió una investigación preliminar sobre terrorismo a la organización Persona por el Trato Ético a los Animales (PETA).
VII.- Posición del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre las cárceles secretas
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades estadounidenses a que le permitan visitar a las personas detenidas en los centros encubiertos.
Además de Bagram y la Bahía de Guantánamo, el CICR ha hecho pública su preocupación por la suerte de un número desconocido de personas retenidas en centros encubiertos. El CICR, ha declarado que obtener información sobre esos detenidos y poder acceder a ellos es una prioridad de índole humanitaria y una continuación lógica de su actual labor en el ámbito de la detención en Afganistán y en la Bahía de Guantánamo.
La vocera de la Cruz Roja, Antonella Notari, señaló que el organismo está preocupado por un número indefinido de personas que habrían sido capturadas como parte de la llamada "guerra contra el terror" iniciada por el Presidente de EEUU, George W. Bush.
La propia vocera, afirmó que les gustaría que se les “notificara sobre y se les diera acceso a personas detenidas en centros de captura no especificados”. Añadió que eso sería para ellos “una continuación coherente de lo que hacen en la actualidad, que incluye visitar a personas detenidas en centros estadounidenses en Afganistán, Irak y en la Bahía de Guantánamo". Agregó que la Cruz Roja desde hace tiempo sabía que EEUU mantiene bajo captura en lugares secretos a sospechosos de terrorismo, pero no tenía manera de confirmar la ubicación de estas cárceles ni de saber el número de personas de que se trata.
El no acceso del CICR a esos centros de detención fue admitido por el asesor legal del Departamento de Estado de EEUU, John Bellinger, quien dijo en Ginebra que el organismo tiene acceso a todos los detenidos en la base de Guantánamo, pero no a todos los detenidos similares en otros lugares.
El CICR ha visitado periódicamente a las personas detenidas por Estados Unidos en Guantánamo y expresado sus preocupaciones ante las autoridades de Washington en lo referente al limbo legal en que se encuentran esos detenidos.
En el resumen de sus actividades de fecha 30 de abril de 2005, el CICR expresó que existen importantes divergencias de opinión en lo que respecta a las normas jurídicas aplicables a la respuesta que el Gobierno de Estados Unidos da al terrorismo. Se agrega que el CICR está particularmente preocupado por la suerte de un número indeterminado de personas que permanecen retenidas e incomunicadas en centros encubiertos aparentemente fuera de todo marco jurídico.
VIII.-Pronunciamientos de los representantes de la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo.
• Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha expresado también su preocupación por las prácticas que se están aplicando en la denominada guerra contra el terrorismo.
Indicó que “el uso de lugares secretos de detención de prisioneros es para Naciones Unidas una forma de tortura, equivale a una desaparición y es una violación a la Convención contra la Tortura”.
Luego de reconocer que los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos, Arbour subrayó la necesidad de respetar la prohibición de la tortura y el trato inhumano o degradante a las personas.
• Pronunciamientos de los Relatores de la Comisión de Derechos Humanos.
El Sr. Manfred Nowak, Relator contra la Tortura, preocupado por la nueva ley antiterrorista del Reino Unido, solicitó a las autoridades británicas abstenerse de realizar deportaciones a países donde exista el riesgo de que las personas sean torturadas o maltratadas.
En un comunicado, el experto consideró que las garantías que el gobierno inglés propone negociar con otros países para que no se torture a los deportados, no son adecuadas ni suficientes, además de que evaden sus obligaciones con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Nowak apuntó: “el hecho de que se busquen dichas garantías, muestra que el país deportador percibe un alto riesgo de que la persona sea torturada o maltratada cuando llegue a su destino”.
Al referirse a las declaraciones del Primer Ministro británico del 5 de agosto de 2005, en el sentido que se deportaría a las personas referidas, el propio Nowak añadió que “las garantías diplomáticas no son un instrumento apropiado para erradicar este riesgo”.
Manfred Nowak también ha denunciado los métodos crueles para alimentar forzosamente a presos en huelga de hambre en la base de Guantánamo. Ha dicho que los abogados de los detenidos le han presentado acusaciones "bien fundamentadas", de que en algunos casos se insertan sondas nasales gruesas, que dejan a los prisioneros sangrando y vomitando.
Otros procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos, han expresado también su preocupación sobre el tema, entre los que destacan el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de los jueces y los abogados y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
Recientemente los Relatores de la CDH, Sr. Leandro Despouy, sobre la Independencia de jueces y abogados; Sr. Paul Hunt, sobre el Derecho a la salud física y mental; Sra. Asma Jahangir, sobre la Libertad de religión; Sr. Mandred Nowak, sobre la Tortura y trato degradante; y Leila Zerrougui, presidenta del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias anunciaron su decisión de no aceptar la invitación de Estados Unidos a visitar el centro de detención de la base naval de Guantánamo, debido a que las autoridades de dicho país rechazaron las condiciones que permitirían una visita “creíble, objetiva y justa” (sobre este tema véase capítulo 1 de la Quinta Parte).
El Grupo de Detenciones Arbitrarias, presentó recientemente un informe al 62 período de sesiones de la CDH (E/CN.4/2006/7), en que refleja sus preocupaciones sobre el tema de las cárceles secretas.
El Grupo de expertos de la CDH, indicó que ha recibido información de fuentes fiables y diferentes comunicaciones individuales sobre la existencia de los llamados "sitios negros", o prisiones secretas en todo el mundo, donde se mantiene clandestinamente a los detenidos en condiciones que no se conocen ni se supervisan.
El informe aclara que al parecer, se ha trasladado a detenidos de un país a otro, en vuelos de tres a ocho horas de duración, que han permanecido en los sitios por períodos de 18 meses a 2 años y que luego han sido nuevamente trasladados a un tercer país, siempre bajo la vigilancia de agentes de Estados Unidos.
El Grupo explica que la práctica del traslado, también conocido como "entrega" o "entrega extraordinaria" es supuestamente, una técnica de lucha contra el terrorismo, por la que las personas sospechosas de participar en actividades relacionadas con el terrorismo son trasladadas por un gobierno al territorio de otros.
Según las informaciones recibidas por el Grupo de Detención Arbitraria, las personas detenidas en esos lugares no han sido acusadas oficialmente de ningún delito, ni se los hizo comparecer ante autoridad alguna, administrativa ni judicial, que se hiciera responsable de su detención para que pudieran impugnar su legalidad. Se los retuvo en celdas subterráneas y sin ventanas, en régimen de incomunicación, sin acceso al mundo exterior ni a sus familias -que desconocían su paradero-, ni a un abogado defensor. No se les permitía hablar con nadie salvo con sus interrogadores, y se les obligaba a oír música a alto volumen noche y día.
Los expertos del Grupo han manifestado su preocupación porque los llamados traslados se efectúen sin recurrir a ningún procedimiento legalmente reconocido, como la deportación o la extradición, y sin que los detenidos puedan acceder a un asesor letrado ni a un órgano judicial ante el cual impugnar el traslado. Le preocupa también que existan esos sitios de detención secretos, en los que no se puede ejercer control jurídico ni velar por la protección de los derechos humanos, lo que facilita a los gobiernos que los tienen a su cargo la evasión de sus responsabilidades y obligaciones internacionales.
El Grupo ha reiterado su preocupación con relación a que en las detenciones secretas sin control jurídico, especialmente durante los interrogatorios, aumente la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los expertos del Grupo señalaron que ese tipo de privación arbitraria de la libertad, carente de todo fundamento jurídico, contraviene todo el ordenamiento internacional de los derechos humanos y acarrea violaciones graves de derechos a los detenidos tales como: desapariciones forzadas; imposibilidad de acceder a un abogado, a la familia, a la atención médica; falta de información a las familias sobre el lugar de la detención y encarcelamiento y violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Finalmente, el Grupo de Trabajo recalcó en su informe que la detención de sospechosos de actos terroristas en esas condiciones, sin la debida acusación ni la perspectiva de un juicio en que se establezca su culpabilidad o inocencia, es de por sí una grave negación de sus derechos humanos básicos, incompatible con el derecho internacional humanitario y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El pueblo y el Gobierno cubanos, se unen a las preocupaciones expresadas por la comunidad internacional por la suerte que están corriendo las personas arbitrariamente detenidas a la sombra de la llamada Guerra Global contra el Terrorismo en la Base Naval estadounidense en Guantánamo y en otros centros de detención que han sido identificados o permanecen aún secretos.
La comunidad internacional debe levantar su voz para poner fin a la impunidad de esos crímenes y exigir que sean acusados y puestos a disposición de la justicia los responsables de torturas, desapariciones forzadas y otros graves crímenes perpetrados a la sombra de la supuesta guerra contra el terrorismo.
ANEXO III. EL TEXTO DE LA ENMIENDA MCCAIN COMO QUEDÓ EN LA LEY DE ASIGNACIONES PARA LA DEFENSA EN EL AÑO FISCAL 2006-2007
SEC. 1003. PROHIBITION ON CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT OF PERSONS UNDER CUSTODY OR CONTROL OF THE UNITED STATES GOVERNMENT.
(a) In General.--No individual in the custody or under the physical control of the United States Government, regardless of nationality or physical location, shall be subject to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
(b) Construction.--Nothing in this section shall be construed to impose any geographical limitation on the applicability of the prohibition against cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment under this section.
(c) Limitation on Supersedure.--The provisions of this section shall not be superseded, except by a provision of law enacted after the date of the enactment of this Act which specifically repeals, modifies, or supersedes the provisions of this section.
(d) Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment Defined.--In this section, the term “cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment” means the cruel, unusual, and inhumane treatment or punishment prohibited by the Fifth, Eighth, and Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States, as defined in the United States Reservations, Declarations and Understandings to the United Nations Convention Against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment done at New York, December 10, 1984.
Texto de otra enmienda incluida en la citada ley que de cierta manera extiende garantías de impunidad a los interrogadores.
SEC.1004. PROTECTION OF UNITED STATES GOVERNMENT PERSONNEL ENGAGED IN AUTHORIZED INTERROGATIONS.
(a) Protection of United States Government Personnel.--In any civil action or criminal prosecution against an officer, employee, member of the Armed Forces, or other agent of the United States Government who is a United States person, arising out of the officer, employee, member of the Armed Forces, or other agent's engaging in specific operational practices, that involve detention and interrogation of aliens who the President or his designees have determined are believed to be engaged in or associated with international terrorist activity that poses a serious, continuing threat to the United States, its interests, or its allies, and that were officially authorized and determined to be lawful at the time that they were conducted, it shall be a defense that such officer, employee, member of the Armed Forces, or other agent did not know that the practices were unlawful and a person of ordinary sense and understanding would not know the practices were unlawful. Good faith reliance on advice of counsel should be an important factor, among others, to consider in assessing whether a person of ordinary sense and understanding would have known the practices to be unlawful. Nothing in this section shall be construed to limit or extinguish any defense or protection otherwise available to any person or entity from suit, civil or criminal liability, or damages or to provide immunity from prosecution for any criminal offense by the proper authorities.
(b) Counsel.--The United States Government may provide or employ counsel, and pay counsel fees, court costs, bail, and other expenses incident to the representation of an officer, employee, member of the Armed Forces, or other agent described in subsection (a), with respect to any civil action or criminal prosecution arising out of practices described in that subsection, under the same conditions, and to the same extent, to which such services and payments are authorized under section 1037 of title 10, United States Code.
ANEXO IV.- ALGUNAS FOTOS DE LAS TORTURAS EN LA CÁRCEL DE ABU GRHAIB EN IRAQ.
ANEXO V.- CARTA DEL SECRETARIO DE ESTADO BRITÁNICO, JACK STRAW, A CONDOLEEZA RICE DEL 29/11/05
