CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

LIBRO BLANCO DEL 2007

• CAPÍTULO 2: UN NUEVO PROGRAMA IMPERIALISTA PARA LA DOMINACIÓN DE LA NACIÓN CUBANA Y LA RECOLONIZACIÓN DEL PAÍS.

Uno de los ejemplos más contundentes del recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de la administración de George W. Bush contra el pueblo cubano y el disfrute de su derecho a la libre determinación, lo constituye el endoso presidencial y la acelerada aplicación, de las disposiciones contenidas en el Informe presentado el 6 de mayo de 2004 por la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba libre”.

Dicho documento articula un amplio y agresivo programa dirigido a la destrucción del orden constitucional construido y refrendado por el pueblo cubano, con el objetivo de restablecer el esquema de dominación que sufrió la nación cubana por más de media centuria, como consecuencia de la ocupación militar de la Isla por las tropas estadounidenses y la imposición de un régimen de control neo-colonial al país, tras la primera guerra imperialista de la historia.

Dando continuidad a ese engendro diabólico, el 10 de julio de 2006 fue presentado oficialmente por la Administración Bush, una actualización de lo que en esencia constituye su Plan para la Anexión de Cuba. La actualización realizada permitió consolidar y profundizar el negativo impacto de las acciones que han venido siendo cumplidas a partir de 2004, mediante la adopción de medidas adicionales.

La “Comisión para la Asistencia a una Cuba libre” fue establecida por decisión del actual inquilino de la Casa Blanca, con el declarado propósito de acelerar lo que han dado en llamar “cambio de régimen” en la Isla. Los sucesivos documentos preparados por la Comisión tienen una profunda inspiración anexionista y propugnan métodos y acciones coherentes con la brutalidad imperial que ha caracterizado el desempeño de la actual administración republicana en materia de política exterior.

El mandato conferido a la Comisión desde el primer momento, no deja margen a la duda en cuanto a sus finalidades. Se le solicitó acelerar o precipitar —con un plazo temporal de urgencia— la “transición a la democracia” en Cuba, entendida como la destrucción del actual sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano, y su reemplazo por otro, predeterminado en Washington hasta el más mínimo detalle. Es decir, tiene por fin conculcar la libertad y la independencia de los cubanos y convertir su patrimonio en una posesión norteamericana.

La Comisión identificó como tareas estratégicas para el logro del derrocamiento del Gobierno cubano: el incremento del apoyo al reclutamiento, organización y financiamiento de la contrarrevolución interna; la promoción de campañas político-diplomáticas contra Cuba en los distintos foros internacionales; el recrudecimiento de la guerra de desinformación contra nuestro país; el financiamiento y comprometimiento del apoyo de actores internacionales –gobiernos aliados y subordinados, algunas supuestas “organizaciones no gubernamentales”, “tanques pensantes” e instituciones “académicas” ideológicamente afines o que son financiadas con dinero de las nóminas de Washington, “intelectuales” que alquilan su talento y venden sus “principios”, y otros varios de igual “pedigree”– a su política de hostilidad anti-cubana; la adopción de nuevas medidas para escalar las acciones de bloqueo y guerra económica contra Cuba; y lo que han dado en llamar "socavar los planes de sucesión del régimen", diseñando las modalidades y etapas del “cambio” y describiendo minuciosamente los requisitos que deberá cumplir el régimen títere que se imponga a la Isla.

La ejecución de las tareas mencionadas – que presuponen el recrudecimiento del bloqueo, más subversión y campañas mediáticas y político-diplomáticas contra Cuba – tuvo como resultado:

• La disminución en un 54%, entre el 2004 y el 2006, de los viajes de cubanoamericanos para visitar a sus familias en Cuba, a lo que se sumaron férreas restricciones al envío de paquetes y remesas, en franca trasgresión de derechos tan elementales como el respeto a los vínculos afectivos y de ayuda mutua entre familiares.
  
  
• Mayores restricciones a los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Se cancelaron licencias previamente autorizadas por el Gobierno de los EE.UU. y no se otorgaron otras solicitadas. La reducción de los viajes de norteamericanos a Cuba fue de un 45% en el último bienio.
  
  
• La reducción a la mínima expresión de los ya limitados vínculos de intercambio académico, cultural, científico y deportivo que existían entre los pueblos estadounidense y cubano. Más de 300 universidades de EE.UU. perdieron sus licencias para enviar estudiantes a universidades cubanas.
  
  
• El incremento de sanciones a compañías y ciudadanos estadounidenses que violan las regulaciones del bloqueo.
  
  
• La intensificación de la persecución contra las transacciones comerciales y financieras de Cuba en el exterior. Se estableció un Grupo de Identificación de Activos Cubanos para investigar las vías de entrada y salida de divisas a Cuba. Solamente en el año 2005, las afectaciones al comercio exterior cubano superaron los 945 millones de dólares, un 15% más que en el 2004.
  
  
• El recrudecimiento de la aplicación extraterritorial del bloqueo. Quince empresas en terceros países fueron declaradas con intereses cubanos y sancionadas.
  
  
• El incremento del financiamiento para la subversión y la propaganda anticubana. Entre el 2004 y el 2006, se destinaron 59 millones de dólares adicionales a ese fin. De este monto, 10 millones de dólares fueron utilizados para la operación de un avión destinado a las trasmisiones ilegales de señales televisivas anticubanas.
  
  
• El nombramiento en el “puesto de Coordinador de la Transición en Cuba” – el pretendido procónsul del plan de anexión anticubano – de Caleb Mccarry, conocido aliado de la mafia terrorista y anticubana de Miami.

Nunca antes había sido tan evidente la brutalidad y la falta de escrúpulos de la política anticubana de un gobierno estadounidense. En el cumplimiento de los objetivos planteados, el plan de anexión no tuvo reparo siquiera en evitar las más graves trasgresiones a derechos tan elementales como los del respeto a los vínculos afectivos entre familiares.

Desde su primera versión, el plan anticubano de la Administración Bush ha promovido las antes mencionadas tareas estratégicas. En la versión de julio del 2006 del plan anticubano, se hizo aún más evidente su intencionalidad conspirativa y agresiva, al clasificarse como secretas muchas de las medidas adoptadas, alegándose “razones de seguridad nacional” y la necesidad de garantizar “su efectiva aplicación”.

Con este proceder, el Gobierno de los EE.UU. no sólo se asegura un cheque en blanco para modificar el contenido de sus acciones anticubanas, garantiza que partes esenciales de su Plan para la Anexión de Cuba queden fuera de cualquier escrutinio o denuncia. Han dejado libres sus manos para la ejecución de todo tipo de acciones y la aplicación de las más sucias medidas contra el pueblo cubano. La historia ha sido elocuente testigo de la naturaleza y el alcance de este tipo de acciones encubiertas de Estados unidos contra Cuba, que han incluido desde una agresión militar directa, hasta ataques terroristas e intentos de magnicidio.

A la escalada agresiva de presiones económicas y financieras contra Cuba diseñadas desde un primer momento en el Plan para la Anexión de Cuba, se suma ahora el establecimiento de nuevos mecanismos que incluyen varias agencias federales para perfeccionar la aplicación de las regulaciones del bloqueo y maximizar su efecto extraterritorial. Estos mecanismos están dirigidos a profundizar la negativa de acceso a los productos cubanos no sólo en el mercado estadounidense, sino también en el de otros países. Un ejemplo claro lo constituye la creación de una Fuerza de Tarea Interagencias para la persecución del níquel cubano, que se establece para incrementar el control sobre las importaciones de productos que contengan ese mineral y desalentar el comercio internacional de níquel y cobalto cubanos, acciones que irán acompañadas de la adopción de severas sanciones contra las personas o empresas que violen estas regulaciones. Debe recordarse que el níquel se ha convertido en uno de los principales bienes de exportación de la economía cubana.

En el primer capítulo de la versión del 2006 del Plan para la Anexión de Cuba, se reitera la recomendación de aplicar rigurosamente las sanciones contenidas en el título IV de la Ley Helms-Burton, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos a inversionistas extranjeros en Cuba. El documento anuncia la aplicación con especial ensañamiento de las referidas medidas a empresarios que inviertan o hayan invertido en sectores estratégicos para nuestro país, como son la perforación y extracción de petróleo, el turismo, el níquel y la producción y comercialización del ron y el tabaco.

La irracional escalada en la aplicación extraterritorial de la política de bloqueo que este segundo informe asegura, incluye la recomendación de aplicar el título III de la Ley Helms Burton a los empresarios de aquellos terceros países que se considere que con sus actividades económicas o vínculos con Cuba, estarían apoyando la continuidad del gobierno revolucionario.

La aplicación de este título - que insta a la celebración de juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros países que realicen negocios con Cuba - se había venido posponiendo durante años, como consecuencia de la presión internacional. El planteamiento artero y selectivo de la aplicación caso a caso y país por país de la referida medida, busca imponer el terror mediante la amenaza directa contra empresarios y autoridades de gobierno, cuya política bilateral y multilateral con relación a Cuba sería analizada a la hora de decidir el inicio de pleitos en tribunales norteamericanos, que podrían perseguirlos por el resto de sus días. Con esta acción, se pretende además dividir a la comunidad internacional en su rechazo a la puesta en práctica de la extraterritorial Ley Helms-Burton, sustento legislativo y antecedente directo del Plan para la Anexión de Cuba.

La actualización del plan anticubano arremete contra el derecho que tiene el pueblo cubano a seguir ejerciendo su derecho a la libre determinación, en virtud del cual, y de la propia Carta de las Naciones Unidas, puede establecer libremente su sistema político y alcanzar sin injerencias externas su desarrollo económico, social y cultural. Apoya y consolida el diseño de la inmoral y agresiva campaña de diplomacia pública anticubana definida desde el primer informe de la mal llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba libre, dirigida a comprometer y subordinar al cumplimiento de los fines de su proyecto de anexión contra la nación cubana a sus aliados, a algún que otro gobierno lacayo y a las propias organizaciones internacionales.

Con relación a los viajes y al envío de remesas familiares a Cuba, incluyen varias medidas adicionales para recrudecer las restricciones ya impuestas a ciudadanos norteamericanos y a cubanos residentes en territorio estadounidense. Dichas regulaciones tienen un marcado carácter inhumano, al acrecentar las limitaciones en las relaciones intrafamiliares y en la capacidad de apoyo y ayuda mutua que realizan en cualquier cultura los miembros de una familia.

Con estas medidas, el Gobierno de Estados Unidos continúa violando el artículo 12 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, en lo que respecta a la libertad de viajar a la que son acreedoras las personas que tienen legalizada su situación en cualquier Estado, siendo este un principio que fue reafirmado por la Asamblea General mediante su resolución 59/203, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las familias.” Los actuales inquilinos de la Casa Blanca ignoran igualmente que en su resolución 60/206 titulada “Medidas para facilitar y reducir el costo de las remesas de fondos de los migrantes”, la Asamblea General reconoció la importancia de reducir el costo de las remesas de fondos de los migrantes y que los gobiernos faciliten esas corrientes a los países receptores, entre otros, mediante la simplificación de los procedimientos y facilitando el acceso a los medios formales de remesas de fondos.

Entre las medidas que se adicionaron en julio del 2006 al Plan para la Anexión de Cuba aparecen:

• Emitir una directiva a las agencias encargadas de aplicar las leyes del bloqueo, para desarrollar investigaciones penales, incluidos enjuiciamientos, contra quienes violen las Regulaciones de OFAC y en particular, contra quienes han organizado o facilitado transacciones de viajes hacia Cuba sin licencia.
  
  
• Eliminar el uso de tarjetas de efectivo para los viajes con licencias a Cuba.
  
  
• Prohibir el envío directo de remesas a través de instituciones de terceros países, exigiendo en cambio que todas las remesas sean enviadas a través de agencias de remesas norteamericanas que posean licencias.
  
  
• Aplicar nuevos criterios para la obtención de licencias y requerimientos informativos por parte de los proveedores de servicios de viajes y de transporte, incluyendo el requisito de que ambos cuenten con una auditoria financiera independiente anual.
  
  
• Incluir también en la Lista de Nacionales Especialmente Designados a aquellas compañías que participan en esfuerzos para promover la venta de bienes cubanos o transacciones de viajes, remesas u otras sin licencia desde los Estados Unidos hacia Cuba.

Con la intención de impedir la labor solidaria y las acciones de cooperación que ha protagonizado el pueblo cubano en ayuda a otros pueblos del mundo, incluidos aquellos que han sido afectados por catástrofes y desastres naturales, la Administración Bush decidió prohibir la exportación de equipos médicos a Cuba que puedan ser utilizados en misiones humanitarias a gran escala. Para Cuba, país en desarrollo y bloqueado al que no sobran los recursos, la solidaridad y la cooperación internacional significan compartir aquello de que disponemos con los más necesitados, sin pretender recompensa ni retribución alguna. La nueva medida anticubana de Estados Unidos resulta incompatible con los más elementales principios de humanidad y solidaridad. En su ceguera anexionista contra el pueblo cubano, Estados Unidos no repara incluso en el negativo impacto de su decisión sobre la salud y la vida misma de millones de personas de todas las regiones del planeta y, en particular, del Sur.

Las medidas agregadas al Plan para la Anexión de Cuba incluyen disposiciones para el reforzamiento de las restricciones establecidas a las limitadas ventas que el sector de negocios estadounidense realiza a Cuba. También disponen destinar 80 millones de dólares adicionales en dos años, y no menos de 20 millones cada año en lo sucesivo, para el financiamiento de las campañas internacionales contra Cuba y para el reclutamiento y pago a los mercenarios de su política anticubana. La cifra ahora recomendada, supera en 39 millones el monto de dinero adicional movilizado en virtud del plan anticubano entre el 2004 y el 2006.

También se ha establecido el incremento de los fondos y medios para la ilegal y sucia guerra radioelectrónica contra Cuba, expandiendo las transmisiones hacia nuestro país desde terceros países.

Resulta evidente que la actualización del Plan para la Anexión de Cuba constituye un paso adicional de la Administración Bush para la consecución de su perverso objetivo de imponer un “cambio de régimen” en la Isla contra la voluntad del pueblo cubano, que pondría en peligro la existencia misma de la nación cubana. Ratifica entre sus prioridades las de arrebatar a los cubanos la propiedad sobre las viviendas, las tierras, privatizar las industrias y la educación, eliminar la seguridad social y derogar la Constitución. Sus preceptos resultan coherentes con el objetivo histórico que han perseguido en las últimas cuatro décadas sucesivas administraciones estadounidenses: derrocar el proceso revolucionario y restablecer su dominio sobre nuestro país.

En la más reciente versión del Plan se reitera la mentirosa e hipócrita acusación de que Cuba estaría incumpliendo sus obligaciones bajo los Acuerdos Migratorios y recomienda esfuerzos diplomáticos contra el Gobierno cubano en esta esfera. Tratan de ocultar las criminales consecuencias de su asesina Ley de Ajuste Cubano y de su reiterada negativa a las propuestas de cooperación bilateral que Cuba les ha presentado en numerosas oportunidades, tanto en materia migratoria, como en el combate al narcotráfico y en el enfrentamiento al terrorismo. El Gobierno cubano ha ratificado en todo momento su plena disposición para suscribir acuerdos en esas y otras materias con el Gobierno de los Estados Unidos y discutir bilateralmente cualquier tema sobre la base del más estricto respeto y apego a los principios de igualdad jurídica y soberanía de los Estados.
Las nuevas regulaciones del Plan para la Anexión de Cuba atentan contra los más elementales derechos humanos del pueblo cubano y los más básicos principios del Derecho Internacional. Debe recordarse que ya la primera versión del Plan facultó al Gobierno estadounidense para usurpar la función de suspender la vigencia de la Constitución de la República de Cuba, que fuera apoyada en referéndum por más del 95% de los cubanos.

El gobierno de ocupación modificaría y reestructuraría el sistema legal, los procedimientos civiles y criminales, las leyes y los programas de estudio de las facultades de Derecho.

Impulsaría también la creación de partidos políticos a la usanza tradicional, sindicatos amarillos comprometidos con los intereses de las corporaciones transnacionales estadounidenses y de los negocios turbios de la mafia anti-cubana de Miami, y una institucionalidad que serviría de soporte a una caricatura de República al estilo de la que fuera dejada atrás por el pueblo cubano tras un profundo proceso de transformaciones revolucionarias.

Se devolverían las propiedades nacionalizadas por la Revolución a corporaciones transnacionales norteamericanas y a los representantes de la antigua oligarquía criolla de profundos sentimientos antinacionales, la mayoría de los cuales han adquirido la ciudadanía estadounidense. Vale la pena recordar que parte importante de los principales propietarios pertenecientes a la oligarquía criolla estaba conformada por esbirros y torturadores de la tiranía batistiana, por corruptos politiqueros de sucesivos gobiernos entreguistas, por ladrones y estafadores del erario público y el patrimonio nacional y por personas inescrupulosas que lucraban con el sufrimiento, el hambre y la ignorancia del pueblo cubano.

El Plan para la Anexión de Cuba prescribe la creación de una Comisión del Gobierno de los Estados Unidos para asegurar la Devolución de Propiedades. La misma adoptaría las decisiones e impondría las medidas de fuerza necesarias para garantizar su ejecución. Sin dudas, sería necesaria mucha violencia para desalojar de sus tierras a los campesinos convertidos en propietarios por la Revolución o para reimponer el pago de elevados alquileres al 85% de las familias cubanas que gracias también a medidas revolucionarias hoy son dueños de la viviendas que ocupan.
Aquellos que pretenden desde Washington y Miami retrotraer al pueblo cubano a un pasado de sistemáticos desalojos, desahucios y despojos, se engañan si piensan que ello sería posible sin enfrentar una lucha de resistencia de millones de cubanos hasta la última gota de sangre.

Las recetas neoliberales que estos procónsules aplicarían en Cuba determinarían: el desmantelamiento de la actual política fiscal y monetaria que persigue una redistribución equitativa de los ingresos y el estímulo al desarrollo económico del país; la eliminación del control de precios y de los subsidios a los productos de consumo de primera necesidad, incluidos los servicios de suministro de electricidad y agua; la eliminación de las cooperativas y la expropiación de sus patrimonios; el replanteo de prioridades en la definición de gastos del presupuesto nacional; y la revisión y eventual eliminación de los numerosos programas sociales que han colocado a Cuba a la vanguardia del Tercer Mundo por su desempeño y resultados en esta esfera.

La escalada de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones que propugna el Plan para la Anexión de Cuba del Presidente Bush se encuentra en marcha aceleradamente. Nuevas y peligrosas medidas vienen siendo aplicadas. Persisten las graves amenazas y desafíos al disfrute por el pueblo cubano de sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y la paz que se derivan de la política anticubana y de las pretensiones de dominación hegemónica imperial de la actual Administración republicana.

 

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