CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

LIBRO BLANCO DEL 2007

• CAPÍTULO 6: EL EJERCICIO ANTICUBANO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: LA FABRICACIÓN DE UN ESPURIO PRETEXTO A LA CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA DE HOSTILIDAD, BLOQUEO Y AGRESIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA EL PUEBLO CUBANO.

En los años 80 del pasado siglo, se produjo en Estados Unidos el ascenso de las fuerzas de la ultraderecha conservadora al poder. El Documento de Santa Fé, que sirvió de plataforma electoral y política a las fuerzas que acompañaron al entonces presidente Ronald Reagan, anunciaba con relación a Cuba: “Un programa de derechos humanos vigoroso y equitativamente aplicado, es el arma milagrosa de los Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos. Curiosamente, la Administración actual (...), no ha intentado seriamente aplicar su doctrina de derechos humanos contra la Cuba de Castro (...)"

En el marco de la nueva estrategia anticubana, la administración Reagan instruyó a connotados terroristas cubanoamericanos, dirigidos y financiados por la CIA, cambiar su fachada y “convertirse” en supuestos grupos de oposición política pacífica y de defensa de los derechos humanos. En el interior de Cuba, con fondos oficiales estadounidenses, se crearon varios pequeños grupos subversivos de este tipo, reclutando a personas antes implicadas en actividades violentas de carácter contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos funcionarios y agentes de la policía del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, oportunistas, resentidos, y a los anexionistas de siempre.

En los años 1985 y 1986, se llevaron a cabo las primeras tentativas fallidas de imponer una condena a Cuba en materia de derechos humanos, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer intento de lograr algo similar en la Comisión de Derechos Humanos tuvo lugar en 1987, cuando los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que no fructificó, al resultar aprobada una moción de no acción.

Estados Unidos presentó en 1988 un nuevo proyecto de resolución dirigido a singularizar de modo condenatorio a Cuba, que también fracasó, a partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa cubana de invitar una misión integrada por el Presidente de la Comisión y otros cinco representantes de Estados miembros, a realizar una visita al país.

Estados Unidos tampoco pudo cumplir en 1989 su objetivo de imponer una condena a Cuba en la Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas presentadas por los diplomáticos estadounidenses al proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión. El texto adoptado se limitó a tomar nota del Informe elaborado por la Misión que visitara Cuba e invitar al Gobierno cubano a trabajar en la aplicación de sus recomendaciones.

Al emerger como única superpotencia, tras la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa Oriental, Estados Unidos logró en 1990 por primera vez la adopción en la Comisión de Derechos Humanos de un proyecto de resolución contra Cuba.

Cuba rechazó cualquier forma de cooperación con un engendro de tal naturaleza, viciado desde su propio origen, motivado por ilegítimos intereses y resultado de brutales presiones y chantajes.

La posición de principios del pueblo cubano, su digna resistencia frente a la infamia y la mentira, fue ganando poco a poco el reconocimiento y apoyo de los miembros de la Comisión, hasta llegar a 1998, año en que el proyecto anticubano presentado por Estados Unidos fue derrotado de manera incuestionable, en votación de 16 a favor y 19 en contra.

Tras la inesperada derrota, el gobierno estadounidense se dio a la tarea de crear una nueva imagen a su maniobra anticubana en la CDH. Utilizando sus tradicionales métodos, "convenció" al gobierno de turno en la República Checa, país que necesitaba entonces el apoyo de Washington en su objetivo de ingresar a la OTAN, para que asumiera la cara pública del proyecto contra Cuba en la Comisión. No resultó difícil al equipo de oportunistas encabezados por el ex presidente Havel - que durante años aprendió obedientemente a cumplir las instrucciones y a disfrutar el dinero de Washington -, asumir tan denigrante tarea.

Con este nuevo diseño y empeñándose siempre a fondo en sus habituales presiones y chantajes, Estados Unidos logró hacer adoptar –siempre por un muy escaso margen de entre uno y tres votos - el proyecto anticubano desde 1999 al 2001.

Ya para finales del año 2001, resultaba evidente que dicho esquema había entrado en una profunda crisis. La superpotencia comprendió que necesitaba “refrescar” la imagen de su ejercicio anticubano, cuestión que se convirtió en estratégica tras su bochornosa exclusión de la membresía de la Comisión, como resultado de elecciones mediante el voto secreto llevadas a cabo en el Consejo Económico y Social.

58º período de sesiones de la CDH (2002)

En las semanas previas al inicio del 58 período de sesiones de la Comisión, se recrudecieron las gestiones de altos funcionarios de la administración Bush para imponer a uno o a varios países de América Latina la presentación del proyecto anticubano.

La intensidad de las presiones ejercidas por altos personeros de Estados Unidos y la profundización de la vulnerabilidad y dependencia hacia la política hegemónica norteamericana de varios gobiernos latinoamericanos de entonces, con muy bajos niveles de aceptación de sus pueblos, facilitó la cristalización de su objetivo. Fue Jorge Batlle, presidente del Uruguay en aquel período, el que asumiera el papel de marioneta de guiñol en la presentación pública del guión anticubano, redactado hasta el detalle de sus comas y puntos en Washington, acomodando únicamente el parecer de la mafia terrorista de Miami.

En contraste con la posición sumisa de unos pocos gobiernos latinoamericanos, de modo unánime los pueblos de la región condenaron la maniobra anticubana. No sólo se lanzaron a las calles a protestar en varias capitales, sino también en países como Argentina, Perú, México y Guatemala, los parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no acompañaran tal acción y mantuvieran una posición de independencia y decoro en Ginebra.

El texto anticubano impuesto en el 58º período de sesiones de la Comisión en el año 2002, que sus mercachifles por encargo intentaron sin éxito presentar como un producto novedoso y con un enfoque “constructivo”, no hacía otra cosa que restablecer un mecanismo injusto de monitoreo a una inexistente situación de derechos humanos en Cuba. Lo peor en este caso, es que concurría como factor agravante en la manipulación anticubana, concebida por y para satisfacer los intereses de dominación de Washington, la decisión de involucrar en el sucio procedimiento nada menos que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana, cumplieron en este proceso un importante papel en apoyo a las acciones anticubanas del gobierno de Estados Unidos. Aprovechando la presencia de sus representantes en el Congreso estadounidense, se involucraron directamente en las acciones de presión y chantaje contra varios gobiernos. Por otra parte, cumplieron misiones de propaganda con el objetivo de vender la imagen de que tras las acciones de la administración Bush contra Cuba, estaba el “reclamo” de un llamado “exilio cubano”.

59º período de sesiones de la CDH (2003)

Desde fecha temprana se iniciarían las gestiones de los personeros de Washington y de la mafia anticubana de Miami, con el objetivo de imponer una nueva resolución anticubana en el 59 período de sesiones de la CDH.

Para el 18 de septiembre de 2002, once congresistas al servicio de la mafia terrorista de Miami, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, enviaron una carta al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas, urgiéndolo a involucrarse personalmente en las acciones contra Cuba.

El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen envió una nueva carta al Alto Comisionado, conminándolo a que solicitara a Cuba la liberación de varios mercenarios que habían sido justamente sancionados en la Isla, por delitos cometidos al servicio del gobierno de Estados Unidos.

A principios de enero del 2003, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, envió un mensaje al Alto Comisionado para recordarle que no había nominado aún a su Representante Personal para Cuba y confirmarle que Estados Unidos consideraba importante que esto se produjera en el más breve plazo.

Ante la reticencia del entonces gobierno de Uruguay a desempeñar nuevamente en el 2003 el papel de “primer actor” en el libreto anticubano preparado por Washington – a partir del alto costo político que tuvo que pagar ante su pueblo –, la superpotencia tuvo que realizar nuevas presiones sobre gobiernos latinoamericanos vulnerables a ello, con el objetivo de encontrar un nuevo “protagonista”.

La señora Poblete – asistente de la congresista anticubana Ileana Ross-Lehtinen - viajó a Ginebra a principios de enero del 2003 y se reunió por separado con algunos representantes diplomáticos latinoamericanos con el objetivo de explorar sus respectivas percepciones con relación al ejercicio anticubano que promueve Estados Unidos, calibrar las áreas y temas específicos de mayor vulnerabilidad de cada uno de esos gobiernos latinoamericanos y preparar recomendaciones concretas para incrementar el impacto del chantaje y los condicionamientos que serían instrumentados ulteriormente, tanto por el congreso como por la administración norteamericanos.

A fines de ese propio mes, la subsecretaria de Estado para Asuntos Globales, Paula Dobrianski, viajó a varios países latinoamericanos, reuniéndose con presidentes y cancilleres con el objetivo de forzar un comprometimiento en la presentación del proyecto anticubano en la 59 CDH.

Los embajadores de Estados Unidos en diversas capitales del mundo, como ha sido tradicional, cumplieron paralelamente importantes tareas de apoyo al ejercicio anticubano. Redoblaron sus actividades de desinformación y manipulación propagandística contra Cuba, distribuyendo panfletos fabricados por el Departamento de Estado con mentiras y tergiversaciones “actualizadas”. Por otra parte, con mayor o menor sutileza y claridad – de acuerdo al grado de dependencia del gobierno en cuestión a Estados Unidos –, se exigió apoyo a lo que la superpotencia califica como su prioridad en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y se “recordaron” las bondades de una buena relación bilateral con la potencia hegemónica.

Con el cinismo y oportunismo que la caracterizan, la administración del Presidente George W. Bush intentó infructuosamente aprovechar la coordinación de turno que ejercía Perú en el Grupo de Río, para imponer a este mecanismo de concertación política de los países latinoamericanos la presentación del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH.

Tras el fracaso en sus pretensiones de “latinoamericanizar” el patrocinio público del proyecto anticubano, Washington tuvo que conformarse con el compromiso del Gobierno peruano de entonces que asumió la responsabilidad de presentar en la 59 CDH el proyecto de resolución anticubano concebido y posteriormente cabildeado por Estados Unidos. El Perú -- un país que no se ha caracterizado en los trabajos de la CDH por asumir un liderazgo contra otros países de América Latina al servicio de una potencia extrarregional --, se involucró en el empeño anticubano con el acompañamiento del obediente gobierno de turno de Costa Rica y del ex presidente Batlle de Uruguay, a quien su propio pueblo le recuerda como una de sus peores pesadillas.

A medida que se fue acercando el inicio de la Comisión, se recrudecieron las presiones de Estados Unidos, que contaron en sus gestiones anticubanas con la complicidad incondicional de gobiernos que actuaban como aliados-clientes de Washington, en particular, del entonces presidente José María Aznar, personero fascista defenestrado por el pueblo español por su servilismo a Bush y su permanente manipulación y tergiversación de la verdad.

Para garantizar los votos necesarios a la imposición del proyecto anticubano, la administración Bush no reparó en límites éticos o legales. Desde Washington fueron anunciadas promesas de “ayuda” financiera y otros beneficios para los que entregaran su voto. Sin embargo, la práctica más común no fue la de nuevas ofertas; prevalecieron las amenazas directas o veladas de bloqueos de préstamos y asignaciones en las instituciones financieras internacionales que controla – como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –, el retiro de facilidades concedidas bilateralmente en materia comercial y migratoria, e incluso, el condicionamiento de la conducta de Estados Unidos en el tratamiento de temas políticos de importancia vital para los países objetos del chantaje.

Días antes de la votación, se reforzaron las gestiones de Estados Unidos para incluir en el texto del proyecto anticubano una condena explícita a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba a mercenarios al servicio de su política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones.

El 18 de marzo de 2003, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, realizó una declaración llamando a la Comisión a condenar la detención de sus mercenarios en la Isla, en los términos más enérgicos.

Nuevamente la superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en esta ocasión, debió enfrentar obstáculos más complejos. Algunos gobiernos latinoamericanos ya comprometidos con la presentación o el apoyo al proyecto anticubano, acorralados por el rechazo de sus opiniones públicas a la agresión imperialista contra Iraq y el temor de explosiones populares si se hacían cómplices de una nueva escalada propagandística que podría servir de pretexto a una agresión militar de la superpotencia contra el pueblo cubano, optaron por no apoyar la nueva pretensión norteamericana contra Cuba.

Fue al Gobierno de Costa Rica a quien correspondió la indigna misión de presentar la enmienda concebida por Estados Unidos para fabricar las condiciones que le facilitasen la agresión militar contra el pueblo cubano y así intentar poner fin a su Revolución. Fue el de Costa Rica el único gobierno latinoamericano - y del Tercer Mundo - que votó a favor de esa enmienda. ¿Resulta necesario algún comentario adicional?

Cuba radicó oficialmente el 16 de abril dos enmiendas al proyecto anticubano, bajo las siglas E/CN.4/L.77, las cuales exigían el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal a Cuba y pedían al Alto Comisionado que realizara una evaluación de los efectos para el pueblo cubano de los actos terroristas llevados a cabo contra la Isla desde el territorio de Estados Unidos.

La consideración de estas enmiendas suscitó un largo debate procesal y, como consecuencia de ello, se postergó por 24 horas la consideración y adopción del proyecto anticubano. En ese debate, totalmente descolocado y desenmascarada la autoría estadounidense de la enmienda presentada por Costa Rica, al Embajador de la superpotencia en Ginebra no le quedó otra alternativa que declarar que su delegación “apoyaba cualquier cosa contra Cuba”.

A pesar de las enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la enmienda que intentaba condenar a Cuba fue derrotada en la Comisión, al ser rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15 países apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble, la votaron en contra.

Con ese resultado, se asestó un duro golpe a Washington y a la mafia anexionista y terrorista de origen cubano, que al iniciarse la agresión unilateral del Imperio estadounidense contra Iraq, en la única manifestación pública de apoyo a esa guerra ilegal en una ciudad del mundo – no podría ser otra que Miami –, vociferó una verdadera proclama de aliento a la agresión: “Iraq ahora, Cuba después”.

La enmienda cubana condenando el bloqueo norteamericano como grave violación de los derechos humanos no fue aprobada. El mismo grupo de gobiernos europeos y latinoamericanos que con cinismo e hipocresía alegan una supuesta preocupación sobre una inexistente situación de derechos humanos en Cuba – votando a favor y copatrocinando el texto anticubano en Ginebra –, demostraron no contar con la dignidad y el apego a la justicia suficiente para condenar el bloqueo genocida que impone Estados Unidos al pueblo cubano, en violación de sus derechos más elementales, incluyendo el propio derecho a la vida.

Los gobiernos cómplices y subordinados al Imperio en su maniobra anticubana en la CDH, quedaron al desnudo en su doble moral, hipocresía y sumisión a Washington y a sus pretensiones de dominación a la nación cubana.

Tras el rechazo de las enmiendas, fue votado el proyecto de resolución anticubano, con las siglas E/CN.4/L.2, resultando aprobado por un escaso margen de 4 votos de diferencia (24 a favor, 20 en contra y 9 abstenciones), esto a pesar de que Estados Unidos contó con 24 horas adicionales para que sus brutales presiones surtieran efecto.

La resolución anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió todas sus expectativas, garantizó al Gobierno de los Estados Unidos la continuidad de su ejercicio anticubano en los trabajos de la Comisión. Además de mantener el tema en la agenda del órgano, logró consolidar el mecanismo de la llamada Representante Personal del Alto Comisionado, garantizando a su cruzada anticubana los servicios de un funcionario que compilaría y reproduciría las mentiras elaboradas en Washington y Miami y por qué no, también aquellas fabricadas con el dinero del Tío Sam en otras plazas como Praga y Varsovia.

60º período de sesiones de la CDH (2004)

Con vista al 60 período de sesiones de la Comisión, efectuado en el 2004, Estados Unidos aprovechó cada oportunidad desde fecha temprana para presionar a los gobiernos en función del ejercicio anticubano, lo que incluyó, entre otras acciones, visitas de varios subsecretarios de Estado a capitales latinoamericanas y de Europa Oriental, en particular, la subsecretaria para Asuntos Globales del Departamento de Estado, Paula Dobrianski.

Fueron despachadas también a aquellas latitudes con igual fin, dos delegaciones de congresistas, en una de las cuales se incluyó la mafiosa de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida. Las acciones anteriores fueron complementadas con varias giras y visitas a países latinoamericanos del ex Embajador Especial de la Casa Blanca para América Latina, el protector de terroristas y anticubano Otto Reich y del ex colaborador de Jesse Helms y también anticubano Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Cumplida esta primera fase de presiones político-diplomáticas, los personeros de Washington se convencieron de que sólo podrían imponer la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH a uno o varios países centroamericanos o de Europa Central y Oriental. Aunque ambas opciones les resultaban poco atractivas en cuanto a imagen – varios gobiernos centroamericanos y de Europa Central y Oriental son percibidos por gran parte de la opinión pública mundial como clientes del Imperio – optaron por la variante centroamericana.

Con todo lo que pudiera alegarse, los gobiernos centroamericanos tienen la ventaja comparativa de pertenecer al concierto latinoamericano. El protagonismo público de uno o varios gobiernos centroamericanos contra Cuba en Ginebra, permitiría a la poderosa maquinaria de desinformación estadounidense presentar la maniobra anticubana como una preocupación surgida en el seno de su “propia región”.

Estados Unidos se empeñó entonces en la tarea de imponer a los gobiernos centroamericanos como grupo, la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH. Sin embargo, además de la resistencia desde un principio de uno que otro gobierno - sabiendo que tal escalada anticubana concitaría el más profundo repudio popular y afectaría gravemente las relaciones bilaterales con Cuba -, Washington encontró un escollo que no pudo superar, a pesar de sus presiones y chantajes.

El Gobierno estadounidense, tras la derrota de la enmienda asumida por encargo por Costa Rica en la 59 CDH, necesitaba asegurar la inclusión desde la primera versión del texto anticubano en la 60 CDH, de una referencia crítica a Cuba por la justa sanción impuesta a varias decenas de mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Algunos gobiernos centroamericanos objetaron sumarse a la presentación pública de un texto anticubano si tenía ese añadido.

Frente a ese estado de cosas, Washington desechó la estrategia del involucramiento colectivo de la subregión en la presentación del proyecto anticubano y concentró sus presiones sobre los gobiernos centroamericanos más vulnerables y dependientes. La estrategia sería sacrificar inicialmente el prestigio y la credibilidad pública de un gobierno – sometido a interpretar el papel de “autor principal” – al que luego se le sumarían como copatrocinadores aquellos que sucumbieran bajo la amenaza del garrote de la superpotencia.

Más adelante será identificado el Gobierno que cumplió el triste papel de presentador principal del proyecto anticubano en la 60 CDH (2004). Como resultaría lógico pensar, la tarea recayó en un gobierno – despedido después sin glorias y con muchas penas por su propio pueblo - que contaba con uno de los peores historiales en el hemisferio en materia de derechos humanos. Sólo un adelanto, se trata de un gobierno que ni siquiera fue capaz de poner fin a la impunidad de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales de decenas de sus niños.

Como apoyo a las acciones de presión de la Casa Blanca y del Departamento del Estado, se efectuó en el mes de marzo de 2004 una reunión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, convocada por la representante de origen cubano en el poder legislativo estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen. Al evento fueron invitados diplomáticos de varios países latinoamericanos, que debieron escuchar allí en la voz de Ros-Lehtinen los objetivos que tendría que cumplir el proyecto contra Cuba en Ginebra. La mafiosa convertida en congresista, dictaminó claramente que habría que agregar al texto adoptado el año anterior, uno o dos párrafos con una condena más explícita a Cuba.

El régimen-cliente del Imperio establecido en Praga, cumplió nuevamente su papel de buhonero en el lucrativo negocio de la contrarrevolución cubana. Personeros políticos y de la diplomacia por encargo de la República Checa recorrieron diversas capitales del mundo – aprovechando las bondades de las finanzas de la superpotencia –, repitiendo cual pésimos actores de reparto el libreto anticubano escrito en Washington, en lo que contaron con la complicidad de algunos en Miami. Debe tenerse presente que el ex presidente Havel tuvo el alto “honor” de haber sido “homenajeado” en esa ciudad de la Florida por los más altos representantes de la mafia terrorista anticubana. El Vicecanciller Vosalik, uno de los empleados subcontratados para la tarea, cumplió en los meses de febrero y marzo gestiones contra la Revolución Cubana, en visitas a países latinoamericanos, e incluso, a algunos africanos.

Conociendo la exactitud y efectividad de la labor de denuncia cubana, Estados Unidos afinó sus acciones y exigió a sus cómplices el mayor hermetismo y secreto en los preparativos del ejercicio anticubano en Ginebra. Pretendía un imposible: fabricar la percepción de que el proyecto anticubano en la Comisión de Derechos Humanos era el resultado de una preocupación genuina de la comunidad internacional.

La realidad fue nuevamente dura para Washington en el 60 período de sesiones de la Comisión. Nunca antes se hizo tan evidente la factura estadounidense del proyecto anticubano, a cuyo texto no permitieron que se le cambiara siquiera una coma. Nunca había sido tan público el involucramiento de los diplomáticos estadounidenses ejerciendo presiones para conseguir los votos necesarios a su adopción y las firmas cómplices de países arrastrados al copatrocinio.

Con el fin de garantizar la compartimentación total de la información sobre el proceso de gestación del engendro anticubano y para facilitar la efectividad de la torcedura de brazos – no se admitió la más mínima opinión discordante acerca del producto final –, la redacción del texto del proyecto de resolución anticubano se realizó bajo el más estricto secreto en Washington.

La tarea de designar al presentador público del proyecto anticubano en la 60 CDH, fue facilitada al Imperio por uno de sus más incondicionales servidores: José María Aznar. El Sr. Aznar cumplió una vez más el papel de celestina de los intereses de Washington en su maniobra anticubana. El 5 de marzo de 2004, pidió directamente en Madrid al entonces presidente de Honduras, Ricardo Maduro – en el marco de la Cumbre de Jefes de Estados centroamericanos y España -, que fuera su país el presentador del proyecto anticubano en Ginebra, como un gesto especial que el presidente Bush le agradecería.

El 9 de marzo de 2004 el Secretario de Estado, Colin Powell, exigió directamente en Washington al ex Presidente hondureño que asumiera la responsabilidad de registrar oficialmente el proyecto contra Cuba en la 60 CDH. A cambio, Powell prometió en esa ocasión que Estados Unidos consideraría a Honduras entre los países a ser incluidos en las migajas de asistencia financiera que ha prometido distribuir en el marco de su cacareada Iniciativa del Milenio.

El ex presidente Maduro a su regreso a Honduras, anunció la mencionada promesa de asistencia estadounidense, pero ocultó la condición que le habían impuesto: renunciar a la determinación soberana de las acciones que emprende el Estado hondureño en Naciones Unidas, y peor aún, asumir el indigno papel de cómplice principal de la agresión en Ginebra a la verdad y la justicia que reivindica el pueblo cubano.

El 24 de marzo tuvo lugar en Washington una reunión convocada en la sede del Departamento de Estado, en la que Marc Grossman, Subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, anunció a los diplomáticos de un grupo de países invitados que sería Honduras el “patrocinador principal” del proyecto anticubano en la 60 CDH. Los asistentes de Grossman procedieron seguidamente a distribuir el texto en inglés. Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Embajador hondureño en Washington, que con timidez se limitó a confirmar el anuncio que había sido realizado. El Embajador hondureño, visiblemente nervioso y colocado frente a una situación de humillación y embarazo, balbuceó algunas palabras incoherentes y pidió apoyo al proyecto.

Mientras todo lo anterior ocurría tras bambalinas, había sido ya distribuido oficialmente el informe de la llamada Representante Personal para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La señora Christine Chanet, quien ha desempeñado sin escrúpulo alguno hasta el presente el espurio e injusto mandato creado en virtud de la resolución anticubana impuesta al 58 período de sesiones de la CDH bajo las siglas E/CN.4/RES/2002/18, presentó a la 60 CDH su primer informe escrito.

El documento resultó – y no podía ser de otra manera a partir de las fuentes de información utilizadas, de las presiones ejercidas por Estados Unidos y los cómplices de su política hostil contra el pueblo cubano y de las injustas motivaciones que sustentan su elaboración -, un nuevo libelo anticubano, carente de objetividad y que en lo fundamental, se limita a dar crédito a las falsas alegaciones fabricadas por los expertos de la mentira en la plantilla de la CIA, el Departamento de Estado y la mafia terrorista anticubana de Miami.

La llamada Representante Personal terminó interpretando el triste libreto anticubano concebido para su mandato por Estados Unidos y sus cómplices. En un sistema internacional de derechos humanos sometido a una profunda manipulación política con fines de dominación mundial, un experto que valore su crediblidad e imparcialidad debe evaluar cuidadosamente la naturaleza y las circunstancias de la responsabilidad que se le propone antes de asumirla o ejercitarla – aunque nunca es tarde para recapacitar y actuar honestamente.

Y es que quien acepte desempeñar el mandato anticubano impuesto por la resolución 2002/18 de la Comisión -- mecanismo ideado por la superpotencia para fabricar pretextos a la continuidad de su política de hostilidad, bloqueo genocida y agresiones contra el pueblo cubano--, no debe esperar jamás de los cubanos y cubanas otro sentimiento que el más profundo desprecio.

Las conclusiones y recomendaciones del informe de la llamada Representante Personal, son calcos y reproducciones miméticas de las exigencias planteadas por la superpotencia hegemónica al pueblo cubano con el objetivo de destruir su proceso de transformaciones revolucionarias y retrotraerlo a la abyecta condición de vasallaje neocolonial que le fuera impuesto por más de cinco décadas, tras la ocupación militar de la Isla por las fuerzas del entonces naciente imperialismo estadounidense.

La llamada Representante Personal coincidió con los personeros de la administración Bush y la mafia de Miami al solicitar a Cuba: que su gobierno interfiera y suspenda justas decisiones adoptadas por tribunales respetando el debido proceso y en virtud de leyes existentes antes de la perpetración de actos tipificados como delitos graves; que libere y extienda impunidad de facto a un grupo de mercenarios que actuaron bajo el pago y en cumplimiento de misiones asignadas por la superpotencia que agrede a su pueblo; que modifique leyes y preceptos constitucionales refrendados por la abrumadora mayoría del pueblo en ejercicio de su derechos de soberanía y libre determinación; que facilite la entrada al país a elementos internacionales al servicio de la política de hostilidad anticubana de los círculos de poder imperial estadounidense y de la mafia terrorista y anexionista de Miami, que cumplen misiones financiadas - entre otras partidas -, por los 59 millones destinados por Washington en el Plan de Anexión de mayo de 2004 al fomento de acciones dirigidas al aniquilamiento del sistema constitucional cubano.

La Administración Bush, cumplida la tarea del sucio comprometimiento de un presentador público del texto anticubano en la 60 CDH, no abandonó ni por un segundo la conducción de la maniobra. Sus representantes desplegaron un fuerte activismo anticubano desde el inicio mismo de la Comisión en Ginebra.

Estados Unidos negó toda posibilidad de negociación al texto anticubano elaborado en Washington y obligó a los representantes hondureños a registrarlo oficialmente con premura ante la Secretaría de la 60 CDH. Se impidió incluso a los países que actúan de modo cómplice con su apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano, la más mínima posibilidad de proponer siquiera un cambio de puntuación al proyecto anticubano.

A pesar de no haberlos consultado ni tomado en cuenta, la superpotencia hegemónica fue arrastrando, uno a uno, a los miembros de su cohorte al copatrocinio del proyecto contra Cuba. A la lista se fueron sumando los mismos de siempre: antiguas potencias coloniales venidas a menos y colocadas hoy en un triste plano de obedientes “socios” de segunda clase; “aliados” serviles y subimperialismos que sustentan sus apetencias de dominación cumpliendo funciones de cancerberos subregionales de la política agresiva de Washington; algunos regímenes clientes que aún subsisten contra la voluntad de sus pueblos en lo que la superpotencia considera como su traspatio; y otros que simplemente no tuvieron el coraje de resistir las presiones de Washington.

El 2 de abril de 2004, a las 6:00 pm hora de Ginebra, se radicó el proyecto de resolución anticubano. Los representantes estadounidenses dirigieron cada detalle de la operación. Para “compartir” y hacer más llevadera la humillación pública que le había impuesto al gobierno hondureño de entonces – país que nunca había demostrado interés en presentar proyecto de resolución alguno a la consideración de la CDH –, Washington garantizó a las autoridades de Tegucigalpa las firmas de acompañamiento de gobiernos tan “independientes” y “comprometidos” con la causa de los derechos humanos como los de El Salvador, República Checa y Australia.

Haciendo gala de su larga experiencia en la materia, y a pesar de su activismo en la búsqueda de copatrocinios y apoyos, el protagonista decidió mantenerse trabajando desde la sombra. En el colmo del cinismo y la desfachatez, Washington optó por no aparecer identificado en la lista de autores iniciales del proyecto anticubano.

Su texto – si no fuera por la enorme amenaza derivada del avance de la motivación que lo inspira –, merecería convertirse en un caso de estudio para políticos y diplomáticos interesados en desarrollar la retórica fútil y en expresar tan poco con tantas palabras.

Sin embargo, es importante comprender el peligro que plantea una trampa tan sutil. El ejercicio anticubano en la Comisión de Derechos Humanos es ilegítimo e inaceptable para nuestro pueblo y para todos aquellos en el mundo apegados a la verdad y la razón, no sólo por el contenido del proyecto que se impone para institucionalizarlo; sino especialmente por sus motivaciones. El mismo contribuye a fabricar un pretexto para dar continuidad a la política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones que por más de cuarenta años han impuesto sucesivas administraciones estadounidenses contra la Isla, que ahora asume proporciones más peligrosas, cuando el llamado “cambio de régimen” en todos aquellos países que no se someten al imperialismo norteamericano se ha convertido en política oficial de Washington.

El texto impuesto contra Cuba en la 60 CDH, no incluyó siquiera la más mínima o solapada referencia a la política de bloqueo, hostilidad y agresiones de Estados Unidos contra su pueblo, que es la única, masiva, sistemática, grave y sostenida fuente de violaciones de derechos humanos a cubanos y cubanas. ¿Cómo podría esperarse entonces que reconociera el derecho del pueblo cubano a adoptar medidas establecidas por la Ley para proteger su independencia, su libre determinación y garantizar la defensa del sistema político, económico y social soberanamente decidido para edificar un futuro de bienestar, justicia social y solidaridad para todos?

El proyecto anticubano fue adoptado por el ridículo margen de un voto de diferencia, en votación de 22 a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. Dicho resultado constituyó una victoria pírrica para la superpotencia, cuyos personeros se empeñaron en las más colosales y brutales presiones contra los gobiernos de países en desarrollo. Corroborando el creciente desgaste y desprestigio del ejercicio anticubano en Ginebra, la resolución recibió más votos de rechazo que nunca antes y contó con 2 votos de apoyo menos que en el año 2003.

Para asegurar la adopción del proyecto anticubano en Ginebra, la delegación gubernamental de Estados Unidos a la 60 CDH fue reforzada con personal de larga experiencia en la ejecución de la política de hostilidad anticubana y en el uso del garrote contra gobiernos del Sur, entre ellos Frank Almaguer, tenebroso personaje de origen cubano.

Almaguer sirvió como Embajador de Washington en Tegucigalpa desde 1999 al año 2002. Anteriormente, había cumplido otras tareas de injerencia e intervencionismo en Centroamérica y otros países de América Latina, desarrollando sus misiones tras la fachada “humanitaria” de los llamados Cuerpos de Paz y de la USAID.

Nunca antes había sido tan claro el compromiso de una administración norteamericana con los elementos más reaccionarios y agresivos de la mafia terrorista anticubana de Miami. En el colmo de la desvergüenza y del desprecio a la credibilidad de la Comisión, Washington acreditó como miembro de su delegación al 60 período de sesiones del Órgano a un connotado terrorista de origen cubano, Luis Zúñiga Rey.

Zúñiga Rey fue detenido en agosto de 1974 y sancionado por los tribunales al ingresar ilegalmente en Cuba procedente de Estados Unidos, cargado de explosivos y armas, como parte de un operativo de la CIA que llevaría a cabo varias acciones terroristas. A su liberación y retorno a Estados Unidos, como responsable del aparato de acciones paramilitares de la Fundación Nacional Cubano Americana, se involucró en la organización y el financiamiento de atentados con bombas en los años noventa contra hoteles de La Habana y en otras acciones terroristas contra hospitales cubanos.

El informe del Relator Especial sobre el uso de mercenarios al 56 período de sesiones de la CDH, reveló que Zúñiga Rey reclutó al ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, para realizar estudios sobre puntos vulnerables y susceptibles de atentados terroristas en Cuba, tales como hoteles, termoeléctricas y refinerías de petróleo.

El terrorista Zúñiga Rey intervino en los debates del 60 período de sesiones de la CDH, nada menos que utilizando el escaño del país que se dice comprometido y promotor del combate al terrorismo.

La mafia terrorista de origen cubano asentada en Estados Unidos, en contubernio con la administración Bush que los cobija y aúpa, movió las cuerdas de su telaraña de influencias para sumar al espectáculo de la farsa anticubana en Ginebra a congresistas norteamericanos beneficiados por sus “generosas” contribuciones financieras.

Por los pasillos y salas de Ginebra anduvo cabildeando apoyo al proyecto anticubano y amenazando con represalias a los que no lo hicieran, Chris Smith, congresista republicano por Nueva Jersey, estado que junto a Florida sirven de guarida a grupos de terroristas de origen cubano como Alpha 66 y Comandos L. El señor Smith contó con el apoyo de la señora Poblete, asistente de la congresista de origen cubano Ileana Ross-Lehtinen, notoria por su complicidad en el secuestro del niño cubano Elián González y su activismo para recrudecer el bloqueo genocida contra el pueblo cubano.

En su pretensión de imponer el proyecto de resolución contra Cuba a cualquier costo, los personeros del poder imperial acudieron a las amenazas más mezquinas.

A varios centroamericanos les recordaron que podrían hacer regresar a cientos de miles de sus emigrados que trabajan en Estados Unidos y poner fin al envío de remesas familiares a sus países de origen.

A algunos países africanos se les amenazó con privarlos de los beneficios de la Ley para el Crecimiento y las Oportunidades de Africa (AGOA), norma estadounidense que establece facilidades para el acceso de algunas exportaciones africanas al mercado norteamericano.

A otros países de varias regiones se les pretendió intimidar, sometiéndolos a un típico cuadro de chantaje. Se les dijo que su rechazo al proyecto anticubano, podría hacer realidad la posibilidad que fueran ellos mismos objeto de un proyecto condenatorio. El gobierno imperial llegó a prometer para aquellos que se plegaran a su demanda anticubana, el ejercicio de “buenos oficios” desestimulando cualquier iniciativa dirigida a condenar al país en cuestión, conociendo que estas maniobras condenatorias siempre son iniciadas en la Comisión en virtud de intereses de potencias industrializadas.

A varios países de diferentes regiones se les solicitó el voto anticubano o al menos la abstención, a cambio de no bloquear algún préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene de facto el derecho de veto.

El 14 de abril de 2004, el Subsecretario de Estado, Roger Noriega, confirmó que la Casa Blanca había mantenido contactos con países de América Latina y Europa solicitando el apoyo al proyecto anticubano. Dijo que incluso el propio presidente Bush estaría encargándose en forma personal del tema, a través de llamadas telefónicas y señaló como ejemplo la conversación sostenida con el presidente Fox.

El Secretario asistente para organismos internacionales en el Departamento de Estado, Kim Holmes, dijo públicamente que Estados Unidos estaba batallando arduamente, realizando gestiones con varios países para que apoyaran el proyecto anticubano.

El vocero del Departamento de Estado confirmó por su parte, que el presidente, el Secretario de Estado y otros funcionarios del Departamento de Estado habían estado realizando llamadas telefónicas a los países miembros de la Comisión, identificando los intereses prioritarios de Estados Unidos con relación a las situaciones de derechos humanos e instando a que se votara en esa dirección.

Algunas de las presiones fueron realizadas de modo tan escandaloso que trascendieron a la opinión pública. Uno de estos casos fue el de la República Dominicana bajo el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. Dicho presidente había comunicado a las autoridades cubanas que se abstendría en la votación del proyecto anticubano. Ese compromiso se mantuvo hasta el día 14 de abril en la tarde, cuando faltaban menos de 12 horas para el voto en Ginebra, en que sorpresivamente el Gobierno cubano se enteró de que República Dominicana se sumaría al voto contra Cuba.

Hipólito Mejía expresó públicamente en Miami que había estado recibiendo llamadas de presión sobre el voto del proyecto anticubano en Ginebra del Subsecretario de Estado norteamericano, Roger Noriega y del entonces Enviado Especial del presidente Bush para las Américas, el también anticubano Otto Reich.

En América Latina en particular, existe una clara correspondencia entre el grado de soberanía, dignidad y popularidad de un gobierno y las posibilidades de éxito de las presiones y chantajes de Washington para comprometer el apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano.

Son los gobiernos de la región afectados por escándalos de corrupción, fraude y bajo nivel de apoyo social, son aquellos que asumen una dependencia extrema de Washington en materia de asistencia financiera y de convalidación a la represión de sus sectores populares descontentos y que representan los intereses egoístas de las oligarquías-clientes del capital transnacional, los más propensos a plegarse a los dictados anticubanos de la superpotencia, en desprecio de la voluntad de sus respectivos pueblos.

La lista de “estadistas” serviles en la región, incluiría a personajes de la “talla política” de los ex presidentes Menem (convertido en multimillonario gracias al “honesto” desempeño de su alta investidura) y Batlle (el ex presidente uruguayo que concluyó su período de gobierno con el más bajo nivel de aceptación en la historia de su país y que extendió la impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas).

Si Estados Unidos actuara en Ginebra realmente inspirado en la promoción de los derechos humanos en América Latina, no impondría al Órgano la adopción de su espurio e injustificado proyecto de resolución contra Cuba. Por el contrario, sometería a la consideración de la Comisión sendos proyectos de resolución precisamente contra aquellos gobiernos latinoamericanos que han sumado su copatrocinio y apoyo al proyecto anticubano.

Y lo anterior no es mera retórica. Dicha tesis se sustenta en el propio contenido de los informes que anualmente prepara el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, con la excepción, por supuesto, del propio Estados Unidos. Sobre los gobiernos que actúan como cómplices de la maniobra anticubana en materia de derechos humanos, se incluyen en el documento de referencia datos concretos y juicios de valor que superan con creces la gravedad de las falsas alegaciones que se expresan con relación a Cuba.

Mientras las sucesivas versiones del Informe en cuestión no incluyen un solo ejemplo de violación grave y flagrante de derechos humanos en Cuba, documentan decenas y hasta cientos y miles de casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales – incluso de niños –, asesinatos políticos de periodistas y abogados, desalojos forzosos, corrupción y fraude en las instancias de gobierno y los tribunales, desnutrición y analfabetismo, y un cuadro de total impunidad y desesperanza que victimiza a los pueblos gobernados por los que acompañan la agresión contra la dignidad de cubanas y cubanos en Ginebra.

La presentación pública del proyecto anticubano en la 60 CDH (2004), fue asumida por el gobierno hondureño de entonces siguiendo las órdenes de la administración Bush, en franca afrenta a la voluntad de su pueblo.

Numerosas e importantes personalidades políticas, artísticas, intelectuales y parlamentarias hondureñas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de amistad de diferentes regiones del país e incluso, algunos de los más importantes medios de prensa, como los diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo, publicaron numerosos comunicados, declaraciones, artículos y cartas condenando la decisión anticubana adoptada por el presidente Maduro y denunciando su actuación al servicio de Estados Unidos.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, alzó su voz en nombre del pueblo hondureño en el curso de los debates del propio 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, para condenar la actitud de su gobierno y desasociar al pueblo de su país de tan infame maniobra anticubana.

Sólo unos días después de concluido el 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, concretamente el 6 de mayo de 2004, el presidente Bush anunció la puesta en práctica de nuevas medidas dirigidas al recrudecimiento del bloqueo y a la destrucción del orden constitucional refrendado por el pueblo cubano en ejercicio de su soberanía.

Desde la llegada al poder de la administración Bush, con el apoyo entusiasta de los sectores más extremistas de Miami, Estados Unidos ha venido llevando a cabo nuevas agresiones y redoblando la aplicación de medidas dirigidas a fabricar artificialmente una situación de crisis en Cuba.

En el primer capítulo del Informe elaborado por la comisión creada por el presidente Bush para acelerar el llamado “cambio de régimen” en Cuba, hecho público el 6 de mayo de 2004 y que fuera actualizado y complementado con medidas adicionales en el año 2006, se identifican dos tareas directamente vinculadas con la Comisión de Derechos Humanos: la organización de una amplia campaña de desinformación en el exterior; y el fomento del aislamiento internacional de la Revolución mediante esfuerzos en los que se involucre a otros actores y se manipulen los espacios que brindan las organizaciones multilaterales.

En el resumen ejecutivo del mismo capítulo del documento que hiciera suyo el presidente Bush, se expresa sin ambages que la promoción de maniobras anticubanas en las organizaciones internacionales, constituye una herramienta de especial importancia como soporte a la “política de acelerar el fin del régimen de Castro”. Se recomienda específicamente “intensificar el apoyo para el monitoreo de los derechos humanos”.

Con vista a su reelección en noviembre del 2004, Bush continuó cultivando con entusiasmo el apoyo de todos aquellos que durante décadas han participado en los más brutales planes y acciones para destruir la Revolución Cubana, incluidos los representantes de grupos terroristas radicados en suelo norteamericano.

Bush visitó nuevamente la Florida unos días antes de las elecciones. El domingo 31 de octubre, en un acto celebrado en ese Estado de la Unión, en el que participaron numerosos terroristas y declarados enemigos de la Revolución Cubana, Bush declaró: “los próximos cuatro años mantendremos la presión para que el regalo de la libertad finalmente llegue a los hombres y mujeres de Cuba”. Y añadió: “no descansaremos, mantendremos la presión hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades en La Habana que reciben aquí en Estados Unidos”.

Unos meses después, el pueblo cubano enfrentaría nuevamente en el 61º período de sesiones de la Comisión, un nuevo capítulo del ignominioso ejercicio de manipulación política que el Gobierno de Estados Unidos promueve cada año en Ginebra, con el fracasado objetivo de deslegitimar el proceso de transformaciones revolucionarias emprendido en la Isla a partir de enero de 1959. La Administración Bush no repararía en criterio ético o de derecho alguno para alcanzar su indigno objetivo anticubano. Las presiones y chantajes serían en esta ocasión aún más descarnados.

61º período de sesiones de la CDH (2005)

En el mes de noviembre de 2004 y transcurridas apenas 48 horas de la reelección de Bush, la camarilla agresiva y militarista cuyo poder recibió un sorpresivo espaldarazo en las elecciones imperiales, se apresuró en confirmar que su política de bloqueo y hostilidad contra Cuba permanecería inalterable.

El 4 de noviembre de ese año, el Departamento de Estado emitió una Nota de Prensa titulada "Cuba: Situación de los Derechos Humanos", en la que se repitieron varias de las mentiras, calumnias y falsas acusaciones que han sido la base de la campaña anticubana que promueve Estados Unidos en materia de derechos humanos.

En dicha nota, se recurrió nuevamente a la tergiversación de los hechos de marzo del 2003, fecha en la que el Gobierno y los tribunales cubanos se vieron obligados a actuar y hacer cumplir la Ley para neutralizar la peligrosa actividad de mercenarios que financiados y dirigidos por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, pretendían destruir el orden constitucional decidido por el pueblo cubano. El fin de la impunidad para los transgresores de la Ley fue descrito en el edicto anticubano de Washington como "una redada total contra los activistas independientes de la sociedad civil".

El Departamento de Estado mintió descaradamente una vez más. Los tribunales civiles cubanos ordinarios sancionaron, en virtud de leyes existentes antes de la comisión de los delitos, no a activistas, y mucho menos independientes, sino a mercenarios anexionistas que recibían del gobierno estadounidense órdenes y dinero abundante para realizar acciones ilegales dentro de Cuba al servicio de su política de bloqueo y agresiones contra nuestra Patria. En cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos, conspirar con una potencia extranjera constituye también un delito.

El reforzamiento de la hostilidad de Washington contra Cuba y la manipulación del tema de los derechos humanos con ese fin, se hizo evidente una vez más, en la carta enviada por Bush a los organizadores del seminario anticubano que se celebró en noviembre de 2004 en Miami, auspiciado por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y por la Embajada de la República Checa en Estados Unidos. En la misma reafirmó una vez más su compromiso de apoyar cuanta acción sirviera al objetivo de lograr finalmente la destrucción de la Revolución Cubana.

No fue casual que esta misiva fuera hecha pública en el período inmediato a la reelección del presidente, en unas elecciones en las que se vio favorecido por la cultura del miedo que ha sido impuesta al pueblo norteamericano. Bush quiso reafirmar su apoyo a la siempre fiel mafia terrorista y anticubana de Miami.

Los personeros de la mafia en Miami y los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos en la Isla, rápidamente hicieron pública su satisfacción por la reelección de la Administración republicana. Lincoln Díaz Balart, congresista de probado historial anticubano declaró: “La verdad es que estas elecciones le cerraron todos los caminos a Castro”.

Por su parte, la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) declaró en la voz de Camila Ruiz, una de sus directoras: “estamos muy contentos de poder seguir trabajando con la Administración del Presidente Bush para lograr un cambio democrático en Cuba”. Los métodos “democráticos” de la Fundación, privilegian entre otras prácticas, la colocación de bombas en hoteles, los planes para el asesinato del Presidente Fidel Castro y el sabotaje contra objetivos económicos en Cuba.

En el año 2005, Estados Unidos intentó repetir el esquema de años anteriores, encargando a un tercer país o grupo de países la presentación pública del proyecto anticubano. Contaba para imponer un nuevo presentador de turno, con la subordinación y la profunda dependencia hacia su política hegemónica de algunos gobiernos centroamericanos y de Europa Oriental.

Los personeros de Washington ejercieron fuertes presiones sobre los países centroamericanos para imponerles la presentación del proyecto anticubano como una “iniciativa conjunta” de la subregión. Sus gestiones, sin embargo, no culminaron de modo exitoso. El gobierno de entonces en Honduras se negó a repetir el triste papel desempañado el año anterior y otros gobiernos de la región rechazaron también asumir esa tarea.

Estados Unidos, como consecuencia, decidió hacerse cargo directamente de la presentación de un proyecto que siempre fue suyo. Por otra parte, Washington evaluó que al aparecer públicamente como patrocinador del proyecto, podría detener el grado progresivo de deterioro que se había venido produciendo en el patrón de votación.

La Administración Bush utilizó a su favor el elevado grado de subordinación frente a su política anticubana de varios países miembros de la Unión Europea interesados en restañar el daño ocasionado a sus relaciones con la superpotencia tras su tímido cuestionamiento a la invasión estadounidense a Iraq. La Unión Europea sirvió de cola a Washington con su acompañamiento incondicional al ejercicio anticubano en la 61 CDH, papel en el que descollaron varios gobiernos de Europa Central y Oriental que actúan como peones de la política de Estados Unidos dentro de la Unión.

Como el año anterior, Estados Unidos condujo de modo discreto sus presiones a favor de la adopción del proyecto anticubano, concentrando sus gestiones en Washington y en las capitales de los países miembros de la CDH.

En su cabildeo anticubano, Estados Unidos trabajó no sólo para comprometer el voto en apoyo a su proyecto; pidió también el rechazo de los miembros a cualquier iniciativa de carácter procesal que pudiera ser presentada por la delegación cubana.

La cacería anticubana desatada por Estados Unidos, incluyó gestiones y presiones que involucraron al propio Presidente Bush y a la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice.

En septiembre del 2004, el representante de Estados Unidos ante el ECOSOC, el Embajador Sichan Siv, realizó un recorrido por la región del Golfo Arábico Pérsico con el objetivo de comprometer el apoyo a las iniciativas que promovería el Gobierno norteamericano en la venidera CDH. En la Conferencia de Prensa ofrecida durante esa gira, Sichan Siv criticó la presencia en la CDH de países como Cuba, Sudán y Zimbabwe.

El 15 de septiembre del 2004, un despacho de prensa de Europa Press, reveló bajo el título “Por la libertad de los presos de conciencia en Cuba”, que la Fundación FAES que preside el fascista español José María Aznar, había celebrado un encuentro en defensa de los mercenarios de la política anticubana del Gobierno de Estados Unidos sancionados en Cuba. Participaron en el evento el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular español, Jorge Moragas; el Presidente de la Asociación Española Cuba en Transición, Rafael Rubio; y el terrorista de origen cubano Carlos Alberto Montaner.

En la República Checa también tuvieron lugar eventos de propaganda anticubana convocados con el dinero y el patrocinio de Washington. Del 17 al 19 de septiembre del 2004, el denominado Comité Internacional por la Democracia en Cuba (CIDC) y la entidad gubernamental checa “Gente en Apuro” (People in Need), celebraron en la sede del Senado en Praga, la reunión titulada “Hacia la Democracia en Cuba”. Al show mediático asistieron financiados por el Gobierno de Estados Unidos el ex presidente de la República Checa, Václav Havel; el ex presidente del Gobierno de España, el defenestrado José María Aznar y; la ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU en plena Guerra Fría, Jeane Kirkpatrick.

En América Latina las presiones anticubanas también fueron ejercidas con toda la fuerza imperial. Varios embajadores latinoamericanos acreditados en Washington fueron convocados a una mesa redonda que sobre la 61 CDH tuvo lugar en la sede del Congreso de Estados Unidos en el mes de marzo. La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, aseguró con sus tradicionales métodos de chantaje la presencia de varios representantes diplomáticos de la región.

Trascendieron especialmente las presiones ejercidas sobre los gobiernos de México y Guatemala.

En el caso de Guatemala, los medios de prensa reportaron que durante la visita del Secretario de Defensa yanqui, Donald Rumsfeld, en marzo del 2005, dicho funcionario exigió el voto positivo de Guatemala frente al proyecto anticubano, como prerrequisito para levantar el embargo militar de Washington a ese país y facilitar los 3,2 millones de dólares en ayuda prometidos al Gobierno guatemalteco para la fuerza aérea, el mantenimiento de bases navales y la capacitación y equipamiento de los efectivos que participarían en misiones internacionales de paz.

En la semana del 4 al 6 de abril, el Sub-Administrador para América Latina y el Caribe de la USAID, Adolfo Franco, visitó Argentina con el objetivo de obtener el voto de ese país a favor del proyecto anticubano. Franco pidió adicionalmente a la Cancillería argentina que abriese las puertas de su Embajada en La Habana a los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos.

En México, las presiones estuvieron dirigidas directamente sobre el Canciller Derbez, interesado en obtener el visto bueno de Washington para poder colocarse al frente de su otrora llamado Ministerio de Colonias – la Organización de Estados Americanos. En su ambición y afán protagónico, Derbez comprometió el voto anticubano a cambio del apoyo estadounidense a su aspiración a la Secretaría General de la OEA. Un año antes, Derbez había conseguido el beneplácito de la Administración Bush a un eventual voto de México en apoyo a la resolución sobre Guantánamo, con tal de que mantuviera inalterable el voto contra Cuba. Su voto era decisivo en el caso de la maniobra anticubana; en el caso de Guantánamo, al asegurarse la complicidad de la Unión Europea, Washington podía prescindir del voto mexicano sin mayor costo.

El día 7 de abril de 2005, en una entrevista del entonces Sub Secretario de Estados para América Latina, Roger Noriega, al canal CNN en español, este indicó que lo importante era mantener el tema de Cuba en la agenda de la Comisión y que Estados Unidos se emplearía a fondo para lograrlo.

Estados Unidos hizo extensivas sus presiones a países no miembros de la Comisión, con el objetivo de ampliar el número de copatrocinadores del proyecto.

Washington recurrió nuevamente en el cumplimiento de sus objetivos anticubanos, a los servicios de la Representante Personal para Cuba de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Christine Chanet.

La Sra. Chanet presentó a la 61 CDH su segundo informe. Dicho documento repitió en sus líneas básicas el que presentara en el 2004. Por supuesto, ni una letra se dedica en el texto a honrar la memoria de las víctimas cubanas del terrorismo promovido y permitido por el Gobierno de Estados Unidos. Ni una palabra de aliento a los familiares de los Cinco Héroes de la lucha antiterrorista que permanecen secuestrados en cárceles estadounidenses.

En su libelo anticubano, la Sra. Chanet se hizo eco de las mentiras fabricadas por las autoridades estadounidenses y la mafia terrorista y anticubana de Miami con el objetivo de imponer un “cambio de régimen” a la Isla y privar al pueblo cubano del ejercicio de su sagrado derecho a la libre determinación.

Las premisas de las que parte la Sra. Chanet, se corresponden con las pretensiones de la superpotencia y las exmetrópolis coloniales europeas de imponer preceptos y patrones que favorezcan sus esquemas de dominación, a la cooperación internacional en materia de promoción de la democracia y los derechos humanos.

La señora Chanet ha venido cumpliendo el despreciable papel asociado al desempeño de un espurio mandato, concebido e impuesto por Estados Unidos para facilitar un pretexto a la profundización de su política de agresiones y anexión contra la nación cubana.

La Sra. Chanet debería renunciar a seguir desempeñando un mandato diseñado en apoyo a claras pretensiones de conquista y dominación imperial. Mientras siga en esas funciones, no espere otra cosa del pueblo cubano que el trato que reciben aquellos que colaboran con la potencia agresora.

Iniciada la Comisión, Estados Unidos se negó nuevamente a cambiar una sola coma del proyecto de resolución anticubano elaborado en Washington. La Unión Europea y otros, fueron obligados a firmar un documento sobre el que no fueron consultados de modo alguno.

El 12 de abril, poco antes de la hora límite para registrarlo (3:00 pm hora de Ginebra), la delegación de Estados Unidos radicó oficialmente en la Secretaría el proyecto de resolución con 37 coautores (los 25 miembros de la Unión Europea, Nicaragua, El Salvador, Mónaco, Albania, Israel, Croacia, Japón, Rumania, Australia y Canadá, además de los propios EEUU). A los presentadores iniciales, se fueron sumando otros países básicamente del Norte. La superpotencia en su desenfreno por elevar el número de copatrocinadores del engendro anticubano, llegó al ridículo de conseguir la firma en Washington de 2 pequeños Estados del Pacífico que tienen su política exterior comprometida a Estados Unidos – Palau e Islas Marshall –, remitiendo las mismas a Ginebra. El número total de copatrocinadores fue de 44 países.

El texto de la resolución anticubana cumplió los objetivos básicos que se planteó Estados Unidos: dar continuidad al ejercicio anticubano; facilitar titulares de condena a Cuba en sus monopolios transnacionales mediáticos y; mantener vigente el pretexto que utiliza para el recrudecimiento de su política anticubana.

El texto que fuera impuesto en votación, cuenta con tres párrafos preambulares y dos dispositivos. No incluye una condena explícita a Cuba, a los efectos de alcanzar el número mínimo de votos necesarios a su adopción y un copatrocinio lo más amplio posible.

Como era previsible, la resolución no hace la más leve referencia al bloqueo y otras aristas de la política de hostilidad de Estados Unidos contra el pueblo cubano; tampoco reconoce el recrudecimiento de las medidas contra Cuba decidida por el Presidente Bush en mayo de 2004.

La resolución fue adoptada el 14 de abril de 2005, en votación de 21 a favor, 17 en contra y 10 abstenciones. El patrón de votos reflejó una clara polarización Norte-Sur, con la excepción de unos pocos países latinoamericanos que a partir de su subordinación y vulnerabilidad frente a Washington, se sumaron de modo cómplice a su política anticubana.

Las presiones de Estados Unidos fueron especialmente brutales en las 24-48 horas que antecedieron a la votación. Sólo dos días antes del voto, según las intenciones de voto informadas a nuestros representantes, la resolución habría sido derrotada o adoptada por un margen mucho más estrecho.

El 19 de abril de 2005, el Sr. Christopher Smith, Presidente del Subcomité de África, Derechos Humanos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, reconoció en una audiencia del Comité que presidía que la aprobación de las resoluciones contra Cuba y Belarús en la CDH requirió un despliegue a fondo por parte de la delegación de Estados Unidos, además de peticiones personales del presidente Bush a los presidentes de Ucrania y México.

Para lograr su objetivo, Estados Unidos amenazó con bloquear las negociaciones de resoluciones en el ámbito de Naciones Unidas, con restringir las importaciones de determinados productos al territorio norteamericano y/o eliminar los beneficios de la Ley norteamericana de oportunidades para el crecimiento de África (AGOA, por sus siglas en inglés).

El régimen de Washington amenazó y condicionó su ayuda a varios gobiernos en temas estratégicos que tenían un significado fundamental para la seguridad nacional de sus interlocutores, como la posibilidad de adquirir armamentos modernos de factura norteamericana, el apoyo a los gobiernos en el control de la oposición durante las elecciones e incluso, en temas que se relacionaban con conflictos fronterizos. Las amenazas también se dirigieron a eliminar la ayuda financiera del Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales.

Para reforzar el cabildeo anticubano en Ginebra, nuevamente la delegación de Estados Unidos constituyó un Grupo de Tarea, que incluyó al propio Jefe de la delegación, Sr. Rudy Boschwitz, al Embajador estadounidense en Ginebra, Kevin Moley y al Embajador norteamericano ante el ECOSOC, Sr. Sichav Siv.

Participaron además en las gestiones anticubanas el Congresista Republicano por Nueva Jersey Chris Smith y Michael Kozak, ex Jefe del Buró Cuba del Departamento de Estado y de la SINA en La Habana.

Como en los años anteriores, los personeros de la mafia anticubana de Miami arribaron a la ciudad suiza uno o dos días antes de la votación de la resolución anticubana, para externar todo su odio contra el pueblo cubano.

Por haberse ido cerrando los espacios para la acreditación a las sesiones de la Comisión a estos elementos, varios de ellos se vieron obligados a recurrir a credenciales de prensa para poder ingresar a la Sala donde estaba sesionando el órgano.

A diferencia de los últimos años, el terrorista Luís Zúñiga no participó en la CDH. Al parecer, Estados Unidos asimiló la lección del desgaste político sufrido tras haber facilitado credencial y tribuna al connotado terrorista el año anterior.

El tratamiento manipulado y selectivo del tema de los derechos humanos en Cuba en la Comisión de Ginebra, fue denunciado mediante el llamamiento “Detengamos una nueva maniobra contra Cuba” firmado por miles de importantes personalidades, entre ellos Premios Nobel de la Paz, reconocidos periodistas, escritores, artistas, y profesores.

El Gobierno de Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral para acusar a Cuba. La actual administración norteamericana ha actuado como uno de los más groseros y despiadados responsables de graves y masivas violaciones de derechos humanos en toda la historia de la humanidad, cuestión agravada por el hecho de haber pisoteado y convertido en letra muerta una parte significativa de los más importantes avances de la comunidad internacional en materia de Derecho Internacional, en particular de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

Cientos de seres humanos permanecen detenidos arbitrariamente en el territorio ilegalmente ocupado por la base naval estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, en condiciones infrahumanas, sin cargos ni juicios y por un período que ya excede los cinco años.

El Gobierno de Estados Unidos es también el responsable de haber realizado vuelos secretos a través de Europa, para el traslado ilegal de prisioneros en su llamada guerra contra el terrorismo, que serían luego conducidos a centros secretos de detención y torturas.

Es Estados Unidos el que a través de un cruel, inhumano y genocida bloqueo ha violado durante más de cuatro décadas los derechos humanos de todo el pueblo cubano.

Es la administración norteamericana la que, en flagrante violación de los principios del Derecho Internacional fabrica, instruye y financia a grupúsculos de mercenarios sin escrúpulos y con vocación anexionista, para que conducidos por su Sección de Intereses en La Habana, realicen actividades dirigidas a destruir el orden constitucional de la República de Cuba.

Es la Administración estadounidense la que viola los derechos de millones de ciudadanos norteamericanos, al prohibirles que viajen a Cuba.

Al presidente Bush y a sus más íntimos asociados de la mafia anticubana les molesta el ejemplo que Cuba representa en términos de justicia social, verdadera democracia y respeto a los derechos humanos. El pueblo cubano ha edificado con su sacrifico, talento y resistencia una alternativa política, económica y social viable y contrapuesta totalmente a los ideales de dominación mundial y hegemonismo unilateral que tratan de imponer los actuales dirigentes del gobierno estadounidense. Temen a la obra de la Revolución y por eso sólo les queda el recurso de mentir.

Último período de sesiones de la CDH (2006)

A partir de la compleja dinámica mostrada por el proceso de negociación para el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, desde principios del año 2006 se apreció en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York un importante nivel de incertidumbre respecto al formato que tendría el 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), cuyo comienzo estaba previsto para el 13 de marzo.

Estados Unidos y sus principales aliados abogaban por una Comisión corta y de carácter procesal, que sirviese de rápida transición para la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos. Con ello, pretendieron, alejar el debate sustantivo en materia de derechos humanos, eludiendo así la consideración de temas como Guantánamo, que motivaron titulares en la prensa mundial.

A principios de marzo todavía reinaba en Ginebra la confusión, la incertidumbre y las indefiniciones, como consecuencia de la vinculación que se estableció entre la celebración de la 62ª CDH y los resultados de la negociación para el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. Ninguno de los grupos regionales había llegado a acuerdos sólidos sobre sus posiciones. Los preparativos para la 62ª CDH estaban paralizados.

Las indefiniciones prevalecientes dieron lugar a todo tipo de especulaciones y se llegaron a manejar diversas variantes de formato que oscilaron desde la cancelación definitiva de la 62 CDH hasta la celebración de un período de sesiones normal (sustantivo) comenzando el 13 de marzo.

El lunes 13 de marzo se inauguró el 62 período de sesiones pero fue rápidamente suspendido por una semana a iniciativa del propio Presidente de la Comisión, el Embajador del Perú, en espera de los resultados finales de las negociaciones en la Asamblea General para la creación del nuevo Consejo.

El 15 de marzo se adoptó finalmente en Nueva York la resolución (A/60/251) que permitió el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos como órgano subsidiario de la Asamblea General.

El lunes 20 de marzo volvió a reunirse formalmente la Comisión y se decidió una nueva suspensión de la sesión en virtud de artículo 41 de las reglas de procedimiento del ECOSOC.

El miércoles 23 de marzo fue adoptada sin votación por el ECOSOC la decisión de disolver la CDH el 16 de junio.

En horas de la tarde del lunes 27 de marzo, se reanudó el último período de sesiones de la CDH. La sesión duró poco más de dos horas y se adoptaron sin votación sólo tres documentos, a saber: la agenda de la 62 CDH (L.1), el proyecto de resolución de conclusión de los trabajos de la CDH (L.2), así como el informe de la CDH (L.10).

El proyecto de resolución titulado “Cese de la labor de la Comisión” (L.2) remitió todos los informes de los procedimientos especiales de la CDH al Consejo.

Si bien en esta última sesión de la CDH no se presentaron proyectos de resolución específicos sobre países, para Cuba quedó claro que en cualquier escenario futuro, el Gobierno de Estados Unidos persistirá en la continuidad de su maniobra anticubana y se prepara para enfrentarla, defendiendo la verdad y la razón y exigiendo la justicia que su pueblo merece, frente a las apetencias anexionistas del Imperio.

Aquellos gobiernos que se sumen al copatrocinio y apoyo a la resolución contra Cuba en materia de derechos humanos, serán cómplices del plan imperialista que viene aplicando la administración Bush con el objetivo de destruir por cualquier medio – sin descartar la intervención militar directa –, el sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano. Esos gobiernos deben saber que asumen la responsabilidad de estar contribuyendo a la fabricación del pretexto que utiliza Washington para el recrudecimiento de la política de bloqueo, hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano.

Las labores de la extinta Comisión de Derechos Humanos fueron lastradas por la manipulación política y la aplicación de dobles raseros.

Casi seis décadas después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y transcurridos casi catorce años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la maquinaria de las Naciones Unidas en la materia ha demostrado una y otra vez su incapacidad para promover y proteger la realización de todos los derechos humanos para todos, sobre la base del respeto y apego a los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad.

La CDH se convirtió en una suerte de tribunal inquisidor contra los países del Sur y contra todos aquellos que se oponen a la estrategia de dominación política e ideológica del Imperio. En dicha instancia se intentó —de forma permanente— la imposición dogmática de patrones y modelos que se pretenden universales, se trató de minimizar la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y se pretendió negar el reconocimiento y protección al disfrute colectivo del derecho de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la libre determinación.

Todas las resoluciones relativas a países adoptadas en la CDH desde 1990 hasta el año 2005, apuntaron con el dedo acusador hacia los países subdesarrollados, como si fueran ellos realmente los violadores de los derechos humanos; todas fueron propuestas por países desarrollados.

Todas las resoluciones adoptadas en el plazo de un decenio bajo el tema 9 del programa de la Comisión, establecido para considerar las graves violaciones de derechos humanos en “cualquier parte del mundo”, singularizaron únicamente a Estados en desarrollo.

En la Comisión se aprobaba el doble de resoluciones con relación a derechos civiles y políticos que sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Se dedicaban tres veces más páginas de documentos oficiales a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales.

Nadie en su sano juicio podría afirmar que en los países desarrollados no existen violaciones de los derechos humanos; lo que sí resultó imposible, fue analizar en la Comisión esas violaciones.

Un proceso que puso nítidamente al desnudo la hipocresía y los dobles raseros que aplican Estados Unidos y sus aliados en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, se desarrolló en el marco de su 61° período de sesiones, en abril del 2005, cuando Cuba introdujo la iniciativa titulada “Cuestión de los detenidos en el área de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo”.

El jueves 14 de abril, en horas de la tarde, la delegación de Cuba registró el proyecto de resolución, bajo el símbolo E/CN.4/2005/ L.94.

No se trataba de un ejercicio de revanchismo o represalia contra Estados Unidos, ni de una resolución dirigida a condenar a país alguno, como habían dicho algunos. El texto abordaba una situación legítima de derechos humanos, sobre la cual numerosas ONGs y gobiernos, la prensa internacional, varios Relatores Especiales de la propia Comisión y hasta el Parlamento Europeo habían expresado preocupación y críticas que la Comisión no podía desconocer. El texto no era confrontacional, ni tiene carácter condenatorio.

La magnitud de las presiones de Estados Unidos determinó el patrón de votación: el proyecto fue rechazado en votación registrada, solicitada por EEUU, por 8 votos a favor, 22 en contra y 23 abstenciones.

Los votos en contra del proyecto fueron básicamente los de los nueve países miembros de la Comisión por Europa Occidental, tres países de Europa Oriental (Armenia, Hungría y Rumania) y cuatro latinoamericanos. La Unión Europea votó en bloque en contra del proyecto.

Los países del Norte, dieron la estocada de muerte a la Comisión. Nunca antes fue tan evidente la doble moral que ellos venían imponiendo a los trabajos del órgano.

Los que impidieron que la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas diera seguimiento y brindara una respuesta efectiva a casos de violaciones de derechos humanos profusamente documentados, son los mismos que presentaron, copatrocinaron y apoyaron cada año, injustos proyectos condenatorios contra varios países del Sur en la Comisión de Derechos Humanos, entre ellos, la inútil y espuria farsa anticubana que promueve Estados Unidos.

La defunción de la Comisión de Derechos Humanos y el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, generó la sincera esperanza en muchos de que se abría una nueva etapa de cooperación y diálogo genuino en la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas. Lamentablemente la realidad viene siendo otra.

Si bien es cierto que en el período de construcción institucional por el que ha transitado el Consejo en su primer año de existencia, se ha detenido la tradicional avalancha de resoluciones contra los países del Sur en Ginebra, no existen garantías ni fundamentos para prever que esto seguirá siendo así.

Por otra parte, podría estarse trasladando el escenario de confrontación en materia de derechos humanos para Nueva York. En la recién concluida sesión de otoño del 61 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se produjo un significativo incremento del número de resoluciones impuestas contra países en desarrollo, aprovechando la consideración del tema relativo a los derechos humanos en su Tercera Comisión.

Todo parece indicar que la batalla estratégica contra la manipulación política de la cooperación internacional en materia de derechos humanos aún no ha sido ganada.

Creación del Consejo de Derechos Humanos. Cuba es elegida entre sus miembros fundadores.

El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por 170 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, la resolución 60/251 relativa al mandato, la composición, las funciones y los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos.

Dicha resolución acomodó adecuadamente muchos de los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aliados industrializados. El Consejo fue creado, sacrificando importantes reivindicaciones de los países del Sur, que habían sido defendidas y contaban con un apoyo mayoritario durante todo el proceso de negociaciones.

Fueron eliminadas del texto adoptado, tanto la determinación de brindar una atención prioritaria en el nuevo órgano a la realización del derecho al desarrollo para todos los pueblos del mundo, como el reclamo de establecer criterios claros y no discriminatorios que permitieran poner fin a la selectividad y a los dobles raseros en la presentación de resoluciones sobre países. Elevando la magnitud y el espectro de eventuales sanciones contra países del Sur en el funcionamiento del Consejo, y también con el objetivo de saciar los reclamos del Imperio, se incluyó una llamada cláusula de suspensión, que permite privar en cualquier momento de sus derechos a países elegidos como miembros del Consejo de Derechos Humanos.

El voto de Cuba a favor del proyecto de resolución estuvo acompañado de una declaración expresando sus puntos de vista críticos con relación a todos estos elementos. Cuba señaló también que trabajaría en el Consejo de Derechos Humanos porque se abran paso la justicia, el respeto al derecho internacional, el diálogo genuino y la tan necesaria cooperación internacional a favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los pueblos y todas las personas.

Estados Unidos votó en contra de la resolución porque no pudo asegurarse una presencia permanente en su membresía y porque, a pesar de todos los esfuerzos tras bambalinas de sus aliados para atender positivamente sus intereses, fracasó en sus pretensiones de asegurarse la capacidad de vetar el ingreso al nuevo Órgano de países que, como Cuba, levantan su voz de denuncia y resisten los intentos de someter política e ideológicamente a los pueblos del Tercer Mundo.

Tan pronto fue creado el Consejo, Cuba oficializó su candidatura a integrar el nuevo Órgano. Cuba siempre estuvo convencida de la necesidad de integrar el Consejo y trabajar desde su escaño para enrumbar sus labores hacia una cooperación internacional genuina en materia de derechos humanos.

Ante el temor de recibir un voto de castigo de la comunidad internacional como respuesta a su conducta violatoria de los más elementales derechos humanos y de desprecio al multilateralismo y al derecho internacional que lo sustenta, Estados Unidos ni siquiera se atrevió a presentar su candidatura a integrar el Consejo.

Al momento de anunciar su decisión de no aspirar “en esta ocasión” a la condición de miembro en el Consejo, Estados Unidos indicó claramente que trabajaría contra el ingreso al Órgano de varios países que ocupan la primera línea de resistencia frente al proyecto de dominación hegemónica y global del imperialismo. Cuba, por supuesto, quedó desde el primer instante identificada entre las prioridades de países cuyas candidaturas serían saboteadas y tendrían que ser derrotadas. En Washington, Nueva York, Ginebra y en numerosas capitales de todas las regiones del mundo, los representantes de la administración Bush ejercieron diversas formas de presión contra la legítima aspiración de Cuba.

En sus acciones contra la candidatura cubana, Estados Unidos contó nuevamente con la subordinación y el apoyo cómplice de muchos en la Unión Europea y la inmensa mayoría del resto de los países que comparten el reparto de los privilegios que se derivan del injusto orden internacional vigente. Aterrorizados por las consecuencias que podría acarrearles la osadía de haber impedido una fórmula que garantizara la elección sin riesgos del tutor de sus mezquinos intereses y adalid de su excluyente ideología, la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea cerraron filas intentando bloquear el ingreso al Consejo de los países identificados en la lista “negra” preparada por el Departamento de Estado estadounidense, en la cual Cuba ocupaba una honrosa posición de vanguardia.

No faltaron incluso los aliados cercanos y peones del Imperio que dentro de la Unión Europea trabajaron con vehemencia por lograr que sus miembros asumieran públicamente como suya, la lista “negra” de candidatos elaborada en Washington.

En esta humillante conducta de sumisión, descolló nuevamente la República Checa, cuyas autoridades no desaprovechan oportunidad alguna para añadir un raro colorido a su condición de marionetas asalariadas de los círculos imperialistas de poder en Estados Unidos y de su ahijada y protegida, la mafia terrorista anticubana de Miami.

El 9 de mayo de 2006, Cuba fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos, al recibir la candidatura cubana el apoyo de 135 de los 191 países miembros de la ONU, cifra que superó incluso los dos tercios de la membresía de la Organización. Estados Unidos fracasó en su objetivo de impedir que Cuba ocupara un escaño en el más importante órgano especializado en materia de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas.
Quedó corroborado una vez más el amplio apoyo internacional a Cuba, tanto en su denuncia y resistencia frente a las pretensiones de dominación imperial de la superpotencia, como en la lucha que cada día libra junto a los países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y todos aquellos que han hecho suya la reivindicación de paz, justicia, desarrollo, equidad y solidaridad. Fueron esos países, en su inmensa mayoría del Sur, y que aprecian la activa labor de nuestro país en defensa de las causas que comparten nuestros pueblos, los que hicieron posible la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos como miembro fundador.

El resultado de dichas elecciones confirmó el rechazo de la comunidad internacional a la pretensión del Imperio de negar al pueblo cubano el disfrute de su legítimo derecho a la independencia y la autodeterminación. La elección de Cuba al nuevo órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas corroboró además, el descrédito generalizado del ejercicio anticubano que promovió Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos en las últimas dos décadas.

Dicho resultado demostró, igualmente, que el Gobierno de Washington no puede excluir o condenar a Cuba en foro internacional alguno cuando existen las condiciones para que los países ejerzan sin presiones y eventuales represalias - sometidos únicamente al dictado de sus conciencias y expresando su voluntad soberana – su voto, lo que en el mundo actual sólo es posible mediante votaciones secretas.

En junio de 2006, en el segmento de alto nivel del primer período de sesiones del Consejo, el Excmo. Sr. Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, expresó la esperanza del pueblo cubano de que el nuevo órgano marcara el inicio de una etapa cualitativamente diferente en la lucha por crear un verdadero sistema de promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los habitantes del planeta, y no sólo para los ricos y privilegiados. Añadió que se necesitaría para ello un cambio radical, una verdadera revolución en las concepciones y métodos que lastraron a la defenestrada Comisión.

Manifestó además que Cuba no se hacía ilusiones con la real disposición de los países desarrollados, aliados de Estados Unidos, a dar ese paso trascendente e histórico.

El Canciller cubano fue enfático al afirmar que si se trabaja para hacer realidad las promesas que han sido proclamadas a todos los vientos, se podrá contar con Cuba. Aseveró que para convertir el Consejo en tribunal exclusivo contra los países subdesarrollados y asegurar impunidad a los del Norte, no se podría contar con Cuba

Perspectivas de evolución del ejercicio anticubano en materia de de derechos humanos que promueve Estados Unidos en el nuevo Consejo.

La fabricación de una inmerecida condena a Cuba en los escenarios de derechos humanos que facilitan las Naciones Unidas, ha constituido un componente esencial de la política anticubana de sucesivos gobiernos estadounidenses. Nada hace pensar que esto vaya a cambiar en el futuro inmediato.

En las tres sesiones ordinarias que tuvo el Consejo en el período junio-diciembre del 2006 no se registró el tradicional proyecto de resolución anticubano.

Sin embargo, un hecho inédito se produjo en el plenario de la Asamblea General el 8 de noviembre de 2006. Por vez primera desde que en 1992 la Asamblea adoptara la primera de sus resoluciones que anualmente han exigido el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba, la Administración Bush se empeñó en una iniciativa dirigida a desnaturalizar la esencia misma del proyecto que fuera adoptado con el apoyo de 183 Estados.

Los personeros del régimen establecido en Washington, convencidos de su impotencia frente al casi unánime rechazo a su política de bloqueo al pueblo cubano, optaron por promover una enmienda “asesina” a la resolución, buscando aprovechar los beneficios de la confusión que muchas veces se crea en escenarios procesales complejos.

La Administración Bush decretó que la delegación de Australia presentaría el proyecto de enmienda elaborado en Washington, cuyo texto no hacía otra cosa que intentar legitimar la ilegal política de bloqueo a partir de la pretensión imperialista de imponer un “cambio de régimen” al pueblo cubano.

Estados Unidos distribuyó el lunes 6 de noviembre “Talking Points” pidiendo apoyo a la enmienda que Australia registraría el martes 7 en la tarde. Estados Unidos trató de que algún país de la Unión Europea la presentara y no lo logró; buscó apoyo en otros países y tampoco pudo. Finalmente, una llamada de muy alto nivel desde Washington al Ministro de Relaciones Exteriores australiano decidió que Australia se prestara como testaferro de la enmienda de Estados Unidos y diera así prueba de su abyecta sumisión.

Cabe señalar que el Gobierno de Australia no tiene autoridad moral para intentar referirse a la situación de los derechos humanos en Cuba. El Gobierno de Australia es cómplice del imperialismo norteamericano. Es una especie de "imperialismo de bolsillo", siempre listo en el Pacífico a seguir a sus mentores de Washington. No solo colaboró y envió tropas junto al ejército norteamericano a la guerra de Vietnam, en la que 4 millones de vietnamitas perdieron sus vidas, sino que participó con entusiasmo con más de 2 000 soldados en la invasión a Iraq, una guerra preventiva absolutamente ilegal.

El gobierno australiano, que somete a la población aborigen del país a un verdadero régimen de apartheid, no tiene moral para criticar a Cuba. El gobierno australiano, que apoya el centro de torturas que Estados Unidos mantiene en Guantánamo, y que apoyó los juicios sumarios ante cortes militares a los presos vejados y torturados allí, incluidos presos australianos, no tiene autoridad alguna para criticar a Cuba.

El año 2006 finalizó sin que Estados Unidos lograra en el nuevo Consejo la presentación y aprobación del selectivo y politizado texto de resolución anticubano que se venía adoptando por un margen muy estrecho de votos, en la Comisión de Derechos Humanos.

Sin embargo, al extenderse por un año todos los mandatos de la extinta Comisión con el objetivo de evitar un vacío de protección, la Sra. Christine Chanet, Representante Personal de la Alta Comisionada para Cuba, se vio beneficiada en la continuidad de su despreciable mandato, lo que le permitió presentar un nuevo informe anticubano en el segundo período ordinario de sesiones del Consejo y le facilitará hacer otro tanto en el cuarto período de sesiones - marzo/abril 2007-, ocasión en que una vez más, debe repetirse el circo anticubano que tradicionalmente orquesta Estados Unidos recurriendo a sus asalariados de Miami y algún que otro mercenario europeo, al estilo de aquellos reclutados por “People in Need” con el dinero de Washington. Esas voces minoritarias serán, como cada año, neutralizadas por el abrumador apoyo que recibe el pueblo cubano en decenas de intervenciones de organizaciones no gubernamentales que representan a los verdaderos defensores de derechos humanos.

¿Sería posible derrotar la maniobra anticubana en materia de derechos humanos?

Aunque la batalla será ardua y muy difícil, hoy se abren espacios reales en el enfrentamiento al ejercicio anticubano en materia de derechos humanos que promueve Estados Unidos.

El Consejo nace a partir del agotamiento del esquema de condenas y sanciones injustas contra países del Sur, al tiempo que se extiende la más completa impunidad a violadores de derechos humanos si proceden del Norte.

Próximamente quedará establecido el Mecanismo de Examen Periódico Universal, el que debería garantizar el escrutinio imparcial, objetivo y sin selectividad alguna de la situación de derechos humanos en cualquier país del mundo, incluida Cuba.

Aquellos que justificaron su acompañamiento al ejercicio anticubano promovido por Estados Unidos alegando que el texto anticubano no era condenatorio y que ningún país debía considerarse excluido de la capacidad de supervisión de la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas, hoy han perdido ese pretexto para sostener esa conducta. Cuba como miembro del Consejo, deberá someterse al examen de este mecanismo en el período de tres años de su actual mandato, siempre y cuando se interrumpa la injusta práctica anticubana impuesta por Estados Unidos a la CDH.

La historia pondrá en evidencia la vergüenza, la dignidad y el apego a la justicia y la verdad de cada miembro del Consejo.

Cuba ha dicho que trabajará en el Consejo de Derechos Humanos porque se abran paso el diálogo genuino y la tan necesaria cooperación internacional a favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los pueblos y todas las personas.
Si Estados Unidos y otras potencias desarrolladas lograran secuestrar las labores del Consejo y convertirlo en un nuevo tribunal inquisidor para sancionar a los pueblos del Sur y demonizar cuanta causa justa sea enarbolada en nuestro planeta, no deberá existir duda alguna en que Cuba ocupará nuevamente el estrado para la denuncia y luchará firmemente contra los que por carecer de principios y razón, recurren a la fuerza, la confrontación y la mentira.

 

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