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Uno de los
temas que mayor debate está suscitando sobre los impactos
del ALCA en la vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas
es el de la soberanía alimentaria; en diferentes países
comienzan a aparecer serios alertas sobre ese particular. La pérdida
de la soberanía alimentaria no sólo profundiza la
dependencia, sino que pone en riesgo a la población de
consumir productos de menor calidad y/o genéticamente modificados
producidos por las grandes transnacionales y compromete la cultura
alimentaria de nuestras naciones, imponiendo patrones de consumo
foráneos.
A continuación reproducimos una síntesis de análisis
publicados en diferentes medios sobre este tema en tres países
latinoamericanos: México, Colombia
y República Dominicana.
México.
Investigadores de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma
de México) advirtieron que el agro nacional quedará
devastado y la producción nacional de cultivos como el
maíz y el frijol podrían desaparecer antes de que
termine esta década si no se hace una renegociación
urgente del Tratado de Libre Comercio (TLC).
La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM, Blanca Rubio, hizo un esbozo del panorama devastador
que enfrenta el campo: la producción agropecuaria no alcanza
a abastecer la demanda interna, desde 1990 crece a 1.6 por ciento
mientras que la tasa poblacional lo hace a 1.8 por ciento. Más
de la mitad de los ejidatarios (beneficiarios de la Reforma Agraria)
rebasa 50 años y de los 82 distritos de riego sólo
40 están parcialmente rehabilitados.
México ya no tiene soberanía alimentaria. Importa
95 por ciento de la soya de consumo y la dependencia en arroz
llega a 58.5 por ciento, en trigo al 49 por ciento, en maíz
a 25 por ciento y el frijol -aunque la compra oficial es baja-
entra de manera ilegal. Además la superficie cosechada
de granos básicos pasó de 13.3 millones de hectáreas
en 1990 a 11.9 millones en el 2000.
En México
"se encuentra soya de Brasil contaminada en aproximadamente
7 por ciento con hongo. Se importa café de muy mala calidad
de Vietnam, que luego se mezcla con producto nacional para la
presentación soluble; se compra carne de Estados Unidos
que tiene hasta tres meses de refrigeración. Tan sólo
una sequía grave en Estados Unidos nos traería una
situación de hambruna". )
Colombia. Mientras
los productores nacionales se arruinan, el capital transnacional
se adueña y controla la producción, transformación
y comercialización de alimentos, así como nuestras
formas de cultivar y consumir, sometiendo al campo y a los productores
agropecuarios a sus proyectos y megaproyectos de inversión,
entre los que se cuentan minería, petróleo, hidroeléctricas,
carreteras, canales, zonas económicas especiales y cadenas
productivas, eliminando gran parte de la agricultura y el conocimiento
tradicional; desplazando campesinos e imponiendo los cultivos
que le interesan a las transnacionales en función del mercado
internacional; contribuyendo con esto a profundizar la especialización
de nuestro país en la producción de materias primas
vendidas en mercado mundial a bajos precios, como pasa con el
aceite, las flores, el banano y los cultivos de palma, en detrimento
de la producción alimentaria nacional.
La imposición del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
ALCA, aumentará en forma dramática la dependencia
alimentaria, el desplazamiento de campesinos y el conflicto social
en nuestro país. Entre tanto, reinan las transnacionales
de alimentos como Unilever-Bestfoods, fabricante de productos
como maizena, fruco, knorr, mazola y rama; Phillip Morris, productora
de kraft, nabisco, marlboro; comercializadoras de nuestro café
como la General Foods y la Jacobs; Nestlé, industria de
capital internacional relacionada con la producción de
lácteos (Cicolac) y salsas como California. Muchas de estas
compañías tienen tomados los mercados nacionales
(a través de hipermercados), controlando solamente en Bogotá
más del 60% de la comercialización de alimentos.
Los accionistas de estas transnacionales, como Unilever y los
miembros de sus juntas directivas, coinciden con los dueños
de las empresas petroleras, que en el caso de la Chevron - Texaco
y la British Petroleum Company (B.P), o de las electrificadoras
que como Enron, Reliant, Sithe - Termorrio, han saqueado el patrimonio
nacional; o también de laboratorios farmacéuticos
y fábricas de glifosato, que como la Monsanto suministran
los químicos con los que se fumigan los cultivos de coca
y amapola y las parcelas de los campesinos, indígenas y
afrocolombianos. Igualmente, son accionistas simultáneamente
de las empresas que fabrican los helicópteros empleados
en el Plan Colombia: United Tecnologies es una de ellas; así
mismo, son dueños de grandes bancos que como el Citibank,
JP Morgan Chase, Barclays, Lloys, ABN, Dutsche y UBS, entre otros,
son grandes acreedores de Colombia.
Como si fuera poco, el gobierno saliente elabora un proyecto de
ley general agropecuaria que de aprobarse, afianzaría el
dominio de estas Transnacionales sobre el país, al supeditar
a ellas los productores agropecuarios mediante la transformación
de las cadenas productivas existentes, en organizaciones paraestatales
corporativas, entregándoles la inversión social
y productiva del Estado, en tanto se liquida poco a poco lo que
queda de las instituciones estatales al servicio del sector agropecuario.
El mismo proyecto desconoce el carácter colectivo del patrimonio
genético nacional y pretende convertirlo en mercancía,
propiedad del capital internacional. Por otra parte, el nuevo
gobierno ha anunciado en diversos documentos y presentaciones
públicas la continuidad y profundización de dichas
políticas en contra de la nación; en otras palabras:
"Mano firme"; complementándose su accionar con
la aprobación de licencias ambientales y la entrega a la
gran industria de la producción agrícola, sentenciando
la desaparición de la economía campesina, perjudicando
no solo a pobladores rurales, sino también urbanos, como
está sucediendo con la producción panelera, al otorgarle
licencia ambiental al ingenio panelero del consorcio empresarial
Caucano de Padilla.
Los requerimientos exigidos por el capital transnacional para
el ingreso de Colombia al ALCA, ahondan la dominación,
dependencia y subordinación política, económica,
social y cultural en nuestro país: importar alimentos,
sembrar semillas genéticamente modificadas que no se vuelven
a reproducir (terminator), consumir productos importados, fumigar
y producir "exclusivamente" para el mercado internacional
afecta no solo nuestra economía, sino la cultura y el conocimiento
tradicional, las formas de relacionamiento con el medio ambiente,
el patrimonio genético e incluso nuestra territorialidad.
En últimas, nuestra identidad nacional.
República Dominicana.
A medida que avanzan las negociaciones para el libre comercio
en el Continente, se hace más evidente que será
un proceso en el que dentro de cada país habrá sectores
ganadores, pero también perdedores. En la reciente reunión
del ALCA en Panamá los países más pequeños
del Continente, los de CARICOM, adoptaron una posición
conjunta con relación al tema de la eventual libre importación
de productos agropecuarios, que según reporta la prensa
internacional, molestó mucho a los norteamericanos. Y es
que mientras más pequeño es un país tropical,
es más difícil para su agropecuaria competir frente
a importaciones libres de impuestos y cuotas. Por eso se dio el
caso de la rectificación técnica dominicana ante
la OMC, para que productos como arroz, frijoles, cebolla, ajo,
papa y pollo puedan recibir algún grado de protección.
Cuando México negoció el NAFTA en 1994, sólo
pudo mantener protección para algunos sectores agropecuarios
y tan sólo durante diez o quince años: maíz,
frijoles, papas, tomate y su pasta, arroz, cebolla, verduras,
cítricos, carne de vaca, puerco y pollo, así como
la leche.
Consecuentemente, a partir del 2004 para algunos productos, y
2009 para otros, la agropecuaria mexicana quedará totalmente
desprotegida. Cuando la República Dominicana participe
del libre comercio con los Estados Unidos o a nivel continental,
ya sea en el ALCA, a través de Centroamérica, o
por medio de un acuerdo bilateral, nuestra agropecuaria enfrentará
un tratamiento similar.
El arroz dominicano eventualmente competirá sin protección
con el argentino y el americano; nuestros frijoles con los americanos
y chilenos, los pollos congelados con los americanos, etcétera.
Es obvio que no se podrá competir, por economías
de escala y diferencias en productividad, por lo que habría
que determinar qué cultivos alternos podrían surgir
en las tierras hoy dedicadas a esos renglones. De ahí la
necesidad de que los países pequeños y menos desarrollados
reciban tratamiento diferenciado, tal como ocurrió en el
proceso de integración europeo, para que el libre comercio
para productos sensitivos como la agropecuaria tome más
tiempo.
Como ganadores inmediatos en el libre comercio tendremos a los
trabajadores y dueños de plantas textiles, al sector azucarero,
a las exportaciones no tradicionales, y muchos otros. Pero también
tendremos perdedores a los que estamos en obligación de
proteger. La próxima reunión negociadora del ALCA
tendrá lugar precisamente en nuestro país, el mes
que viene. Nuestro gobierno y el sector privado deben velar por
los intereses de los potenciales ganadores, pero también
de los perdedores.
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