El gobierno cubano ha estado siempre inmerso en una  constante búsqueda de recursos, alternativas y soluciones a los problemas económicos y sociales,  para garantizar los servicios básicos y potenciar los distintos sectores de la sociedad a través de una política social justa, participativa y de igualdad de posibilidades, oportunidades y  acceso.

La política económica y social que siempre ha caracterizado al proyecto revolucionario cubano, ha sido consecuente con sus aspiraciones y objetivos de equidad y justicia social para  toda su población. Sin embargo, la promoción, puesta en práctica y desarrollo de estas políticas públicas con equidad y amplia cobertura, se han visto muchas veces afectadas en su calidad y amplitud por las serias dificultades  que han caracterizado la situación económica del país, particularmente durante determinados períodos, particularmente en losúltimos  40 años, como resultado de la política unilateral  y agresiva de los Estados Unidos contra Cuba, expresada en la adopción de un  bloqueo económico comercial y financiero que fuera impuesto a nuestro país desde febrero de 1962.

A ello se sumaron a finales de los 80´s y principios de los 90´s los graves efectos de la desintegración de la URSS y la caída del Campo Socialista del Este Europeo, países con los cuales  manteníamos el 85% de nuestro comercio exterior. Ante esta situación, se recrudecieron las acciones del bloqueo, con la adopción de  la Ley Torricelli  y posteriormente  la Ley Helms/Burton que contribuyeron a  agravar las ya difíciles condiciones económicas del país.

Entre 1990 y 1993 el Producto Interno bruto decreció dramáticamente,  en más de un 35%, logrando detener esta tendencia en 1994, para iniciar la fase de recuperación económica en los años posteriores a 1995.

La economía cubana crece hoy de manera sostenida, aunque lentamente, con lo cual se incrementan las posibilidades de ampliación y perfeccionamiento de las propias políticas sociales y en particular las encaminadas a la mujer; aunque indiscutiblemente existen hoy muchas limitaciones de recursos que impiden emprender profundas transformaciones en los servicios de apoyo al hogar, a la familia, que garanticen una mayor incorporación de la mujer al trabajo y una mayor  promoción  en los diferentes niveles de participación y dirección.

En la última década se han puesto en vigor medidas, regulaciones y programas de atención a las personas con limitados recursos, casos sociales, madres solteras y jefas de hogar, hogares con bajos ingresos, etc, a manera de contribuir a paliar las dificultades de estos sectores más afectados por la situación del país.

Seguridad Social

Hasta 1959 Cuba tuvo un sistema de seguridad social basado esencialmente en los pagos de cuotas, tal y como existe en muchos países capitalistas, lo cual implicaba que quiénes tenían la posibilidad de pagar podían tener acceso a la protección de este sistema, mientras que aquellos que no podían hacerlo, vivían en una situación muy vulnerable de carencia absoluta de protección social, tanto en lo relativo a servicios de salud, educación, retiro y pensiones, etc.

La situación de los seguros sociales en 1958 era grave, sus fondos se hallaban en estado deficitario, por la corrupción y el latrocinio del régimen imperante. La situación financiera que presentaba la mayoría de las cajas de seguro era deprimente. La asistencia social se limitaba a los esfuerzos de instituciones privadas de caridad y algunas instituciones estatales que beneficiaban a un pequeño estrato poblacional, básicamente en la capital del país.

A partir de 1959, el Estado Revolucionario comienza una etapa de transformación de los seguros sociales, elaborando un programa de medidas que comprendió en sus objetivos inmediatos la atención financiera de las instituciones existentes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones sin interrupción y la elaboración de una nueva Ley, acorde a los principios humanistas de la Revolución.

El 17 de marzo de 1963, se promulgó la Ley 1100, Ley de Seguridad, que aseguró a todos los trabajadores y sus familias el amparo social en las contingencias de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, vejez y muerte. El 28 de agosto de 1979 se promulgó la Ley 24, de Seguridad Social, que entró en vigor el primero de enero de 1980.

La modificación conceptual más importante que se introduce con esta nueva legislación se refiere al amplio alcance dado al campo de aplicación de la seguridad social, con una más amplia cobertura para el trabajador y su familia, así como para aquella parte de la población cuyas necesidades esenciales no estuvieran aseguradas o que por sus condiciones de vida o de salud requiera protección y no pudiera solucionar sus dificultades sin ayuda de la sociedad. Por ello establece los regímenes de Seguridad Social y el de Asistencia Social. Los principios fundamentales en que se basa el régimen de seguridad social son los de Solidaridad, Universalidad, Comprensibilidad  e Integralidad.

El régimen de seguridad social concede prestaciones monetarias, en servicios y en especie. Para el caso de las prestaciones monetarias, las regulaciones sobre los tipos de pensión por edad, las reglas para calcular la prestación y los límites cuantitativos de esta última, fueron elaboradas a partir de la distinción entre pensión ordinaria y pensión extraordinaria.

El régimen de la asistencia social es complementario al régimen de seguridad social y   abarca la protección que se ofrece con carácter subsidiario. Garantiza prestaciones en servicios, en especie y monetarias. Las prestaciones en servicios comprenden, entre otros,  el servicio de alimentación y cuidado en el hogar a adultos mayores, ingreso en hogares de ancianos; en hogares de impedidos; asistencia cultural y recreativa a los beneficiarios; ingreso en círculos infantiles, seminternados y otras instituciones.

Las prestaciones en especie consisten en artículos entregados gratuitamente para cubrir necesidades. Las prestaciones monetarias son cantidades que se otorgan en forma continua o eventual a personas o núcleos familiares que lo requieren.

Además de las prestaciones anteriores existen programas sociales dirigidos a grupos vulnerables de la población, que tienen como objetivo satisfacer las necesidades económicas y sociales que presentan dichas personas, intensificándose las acciones en el marco de su propia comunidad, dentro de los que se encuentra el Programa Nacional de Atención Comunitaria al Adulto Mayor Solo.

El  Sistema  de  Seguridad  Social   cubano  protege a 1 335 214 personas por el Régimen de la Seguridad Social, de ellas el 56 % pensionados por edad, y a 146 000 por el Régimen de la Asistencia Social, de los cuales, casi el 75 %, son núcleos de 1 y 2 personas, la mayoría adultos mayores.

El gasto del presupuesto del Estado es de 1 801.3 millones de pesos y 156 millones, respectivamente, lo que significa el 11 % del Producto Interno Bruto [1] .

El modelo cubano de política social tiene como  premisas esenciales el acceso universal y gratuito a servicios sociales básicos y la satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos en todo su ciclo vital.

La Ley del Presupuesto para el 2002 da plena respuesta a los programas emprendidos con alta visión de futuro, para elevar a grados superiores los niveles de educación, de cultura y de salud, que ya se constituyen en paradigmas para los países del Tercer Mundo. Para esos sectores y para la seguridad y asistencia social, que da cobertura a toda la población, se dedica el 65% del total de gastos corrientes de la actividad presupuestada.

El Estado garantiza a todas las familias:

-Un determinado nivel de alimentación a precios, en su mayoría,  subsidiados ( en magnitud acorde con las disponibilidades de productos alimenticios, y teniendo en cuenta los mayores requerimientos nutricionales de grupos como niños, ancianos, gestantes y enfermos crónicos);

-Servicios médicos  gratuitos (no sólo los internacionalmente considerados básicos, sino de cualquier complejidad y especialidad);

-Educación gratuita, incluida la enseñanza en el nivel superior;

-Protección mediante un sistema de seguridad y asistencia social que incluye la totalidad de la población, con subsidios por enfermedad, invalidez, vejez, muerte o pensiones por necesidad, o a menores sin amparo filial, entre otros.

Unas 26 472 madres-trabajadoras se encuentran acogidas a la Resolución 11/2001(aprobada por acuerdo del XVIII Congreso de la CTC a propuesta del Comandante en Jefe), a través de la cual reciben un beneficio para cuidar al recién nacido durante el primer año de vida, lo que significó una erogación más de 
23 millones de pesos.

En las actuales condiciones, se ha recurrido a políticas dirigidas a repartir lo más equitativamente posible, entre todas las familias, los recursos y servicios disponibles. Se ha preservado la esencia del modelo social y ampliado los beneficios que le atañen. Se han priorizado los sectores más afectados de la población y se ha promovido la ejecución de experiencias territoriales y locales que logren adecuar mejor la asistencia social a las necesidades.

Los jubilados  y pensionados reciben, puntualmente sus asignaciones mensuales que totalizan 1 845 millones de pesos. Con la incorporación de nuevos beneficiarios, que en el transcurso del año ascenderán a 80 mil, se debe superar la cifra de un millón 400 000.

Por otra parte se asignan 200 millones de pesos al sistema de la asistencia social. Con estos recursos se garantiza el funcionamiento de  más de 200 instituciones dedicadas a la atención de ancianos e impedidos físicos, a las prestaciones monetarias y en especie a más de 130 000 personas protegidas.

Atención al anciano [2]

Al cierre del 2000 la población cubana en términos de envejecimiento alcanzó un 14,3 por ciento de personas de 60 años y más (1,6 millones), lo cual evidencia el avance de este proceso en el país, que se ha intensificado en los últimos 20 años en los cuales la cifra de adultos mayores se ha incrementado en más de medio millón.

Para el 2025, Cuba con casi un cuarto de su población de 60 años y más será el país más envejecido de América Latina y su población ya debe estar decreciendo en términos absolutos, desde quizás, cinco o más años antes. Veinticinco  años después, en el 2050 ya no sólo será el más envejecido de América Latina, sino uno de los más envejecidos del mundo y en todo caso su proporción de población de 60 años y más superará proporcionalmente con respecto a la total al conjunto de países conceptualizados como desarrollados en el mundo.

La esperanza de vida a los 60 años en Cuba ha aumentado sensiblemente. En 1950 ésta era de 15.5 años y en menos de 40 años se elevó a 20.5 años; estos niveles de esperanza de vida de la población senescente son comparables  con los más altos del mundo.

Aunque desde inicio de los años 60 se mantenía un programa de atención institucional al adulto mayor. En el año 1974 se aprueba el primer programa de atención al adulto mayor, aunque no obtuvo la prioridad deseada, hasta finales de esa década cuando se comienza a evaluar la necesidad de un enfoque especial para la atención de las personas de edad en el país, tanto en el ámbito de la atención social como de salud.

El trabajo comunitario hacia las personas mayores da otro paso de desarrollo con la aparición de los Órganos Locales del Poder Popular y con la nueva concepción del Médico de Familia como unidad estructural y funcional básica del Sistema Nacional de Salud.

El paradigma de la atención en salud a las personas mayores en Cuba, el cual no se diferencia al del resto de la población, cumple con los principios básicos de universalidad, gratuidad y accesibilidad.

A todo este desarrollo comunitario se añadió el desarrollo de la medicina geriátrica. En 1984 se aprueba la Especialidad de Gerontología y Geriatría, y en el siguiente año comienza la formación de especialistas en esta rama. El primer servicio de la especialidad apareció ese año y a este se sumaron rápidamente otros en los principales hospitales docentes del país, actualmente suman 34, de los cuales 11 son docentes. Actualmente el país cuenta con 167  especialistas y más de 88 residentes en las diferentes etapas de su desarrollo.

En el año 1996 se decide por el Ministerio de Salud Pública que el nuevo Programa de Atención al Adulto Mayor fuera uno de los cuatro priorizados del Sistema Nacional de Salud. A partir de ese momento y hasta la actualidad se proyectan políticas y estrategias para  fomentar el desarrollo de la atención de este grupo poblacional. Se trabaja intensamente en el desarrollo de las posibilidades comunitario. Se crean los Equipos Multidisciplinarios de Atención Gerontológica (432 en el país), los cuales realizan un trabajo de apoyo al Médico de Familia,  para la evaluación y la atención a los mayores en estado de fragilidad o necesidad.

En el nivel hospitalario e institucional se crean 2 subprogramas para cada uno de estos niveles. Además de los Servicios con que se contaba, se amplían los servicios de Geriatría, crean salas de Psico-geriatría, salas de Cuidados Especiales en las Instituciones Sociales. Se comienza un proceso de geriatrización de todos los servicios hospitalarios. Estas proyecciones de atención progresiva y de geriatrización confluyen a una verdadera interrelación de los servicios comunitarios e institucionales dirigidos al Adulto Mayor.

El Programa Nacional de Atención Comunitaria al Adulto Mayor brinda servicios de alimentación a algo más de 42 000 personas, de las que a un 70 % se le subsidia su costo, servicio de limpieza del hogar y lavado de ropa y servicio de cuidados en el domicilio, en un número creciente personas, a través de la llamada auxiliar geriátrica. Estas acciones han constituido en la práctica la gestación de los servicios sociales que requiere y requerirá la población cubana envejecida.

Por otra parte se asignan 200 millones de pesos al sistema de la asistencia social. Con estos recursos se garantiza el funcionamiento de  más de 200 instituciones dedicadas a la atención de ancianos e impedidos físicos, a las prestaciones monetarias y en especie a más de 130 000 personas protegidas.

Atención al discapacitado.

En Cuba a partir del 1959 comienzan a adoptarse medidas concretas para el amparo de los discapacitados. Antes de esa fecha los problemas de este grupo poblacional no recibieron la atención debida.

En 1995 se puso en vigor el plan de Acción Nacional para la atención a las Personas Discapacitadas que constituye un compromiso gubernamental mediante el cual se  priorizan las necesidades en el campo de la Salud, la Educación, el Empleo, la Seguridad y la Atención Social.

Objetivos importantes en esta esfera lo constituyen el continuar promoviendo medidas eficaces para la prevención de las discapacidades, así como velar por la plena participación en la vida social y  el desarrollo de estas personas, facilitándole igualdad de oportunidades y participación social equitativa.

A los fines del cumplimiento de los planes y medidas planteadas para este grupo poblacional el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promueve el apoyo de los organismos e instituciones que tienen que ver con sus actividades y tareas.