Trabajadores

27/04/2004

Haroldo Romero Pérez

“Nos informaban que habría atentados terroristas; pero no nos decían quiénes, cuándo, dónde, ni cómo los harían... así no podíamos hacer nada.”

Versiones más o menos similares a la anterior dan por estos días los máximos responsables de impedir que ocurrieran los monstruosos atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, entre ellos la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice; el director de la CIA, George Tennet; el del FBI, Robert Mueller; y otros más.

Las declaraciones se producen ante la Comisión bipartidista del Congreso de EE.UU. que investiga las fallas de los órganos de seguridad encargados de combatir al terrorismo, que aquel aciago día llegó del exterior y causó la muerte a casi tres mil personas.

Pero, sin que sea atribuible a fallas de los aparatos de seguridad, ni a elementos provenientes de afuera, sino a organizaciones y elementos terroristas anticubanos radicados en el sur de la Florida, dentro de esa nación se han ejecutado desde 1962 no menos de 360 actos de terrorismo, de los cuales 186 han afectado a ciudadanos y entidades estadounidenses, además de otros países.

El más cruento de esos hechos fue el estallido de una bomba en el salón de equipajes del Aeropuerto La Guardia, de Nueva York, que ocasionó 13 muertos y 75 heridos, el 29 de noviembre de 1975. No menos de dos decenas de víctimas fatales han causado en EE.UU. los terroristas anticubanos.

Sin descartar las deficiencias orgánicas y los errores operacionales tras los cuales anda la Comisión, algo que falla en el sistema de seguridad establecido para proteger del terrorismo a los ciudadanos norteamericanos es la selectividad que aplica el gobierno estadounidense para reprimir a los terroristas, lo cual conlleva perseguir a unos pero no a otros.

Los primeros no perseguidos son los que realizan terrorismo contra Cuba, política concebida como vía para destruir a la Revolución cubana. La salud de que esta goza (cabe significar aquí, debido en gran medida a la eficiencia de sus órganos de seguridad), se encarga de ilustrar lo vano de esa pretensión; y los muertos y daños causados en EE.UU. por ese terrorismo fuera de control, lo costoso que resulta para el propio Estado que la promueve.

Que la política de proteger a los terroristas anticubanos está vigente se aprecia suficientemente con un solo ejemplo: Orlando Bosch Ávila, responsable de al menos la muerte de las 73 personas a bordo del avión civil cubano siniestrado en 1976, y expulsado de EE.UU. por la Fiscalía General de ese país por considerarlo como el más peligroso terrorista del continente, hoy se pasea por las calles de Miami. Perdonado por George Bush, padre del actual mandatario norteamericano, ahora planifica nuevos crímenes contra Cuba.

Ese amparo a los terroristas conduce necesariamente a perseguir a quienes constituyen un obstáculo para estos, léase los luchadores antiterroristas. Por cumplir la tarea de monitorear a Bosch, está encarcelado Fernando González Llort en prisiones federales norteamericanas desde septiembre de 1998, junto a otros cuatro cubanos que prevenían a Cuba del terrorismo proveniente del sur de la Florida, todos condenados arbitrariamente por la Corte de Miami a largas penas de privación de libertad.

Ocupado en la tarea de encontrar a otros luchadores antiterroristas cubanos, el FBI floridano se desvió de su real función de detectar terroristas, y no advirtió cuando la mayoría de los 19 secuestradores de los aviones utilizados como armas letales el 11 de septiembre, se entrenaban ante sus mismas narices para cometer el crimen. Otra falla no atribuible a los aparatos de seguridad, sino a su dirección.

La propia detención de los cubanos constituyó otro error político, pues tuvo, entre sus propósitos, frustrar la colaboración entre los órganos norteamericanos de la seguridad del Estado y sus similares cubanos. Los segundos, en un acontecimiento inédito en cuatro décadas, por su magnitud, habían entregado en La Habana, a una delegación de alto nivel de sus pares de EE.UU., tres meses antes de la detención de los cubanos, una voluminosa información sobre elementos y organizaciones terroristas anticubanas en este país, su historial criminal y localización.

Esta decisión de las autoridades cubanas es consecuente con la responsable y desprejuiciada conducta tradicionalmente practicada por Cuba, en la lucha contra el terrorismo. En este sentido, vale recordar que fue nuestro país el que puso fin al secuestro de aviones desde EE.UU. hacia la Isla, que se había convertido en una verdadera epidemia, al devolver hacia la nación vecina a varios secuestradores, a pesar de que fue precisamente el gobierno norteamericano el gestor de ese fenómeno, fomentando y otorgando impunidad al secuestro de aeronaves cubanas; y que también entregó a las autoridades de Washington información sobre un plan de atentado al entonces presidente Ronald Reagan, no obstante los incontables planes de asesinato organizados por la CIA contra el mandatario Fidel Castro.

Igualmente, espera por el examen del gobierno estadounidense un proyecto de colaboración bilateral en la lucha contra el terrorismo, que Cuba le ha propuesto voluntaria y reiteradamente, a pesar también del terrorismo de Estado practicado durante las últimas cuatro décadas contra la Isla por sucesivas administraciones norteamericanas.