Por Alina Martínez Triay
Tomado de Trabajadores
14 de febrero de 2005

Realizar comicios en territorios ocupados por sus tropas para imponer resultados favorables a sus intereses es una muy vieja práctica de Estados Unidos. Tuvo como su primer escenario a Cuba en 1900, fecha en que organizaron las primeras elecciones municipales en la Isla, convertidas en laboratorio donde Washington experimentó los mecanismos para el montaje del sistema político neocolonial en la antigua posesión española.

Acerca de las mañas de que se valió el gobierno interventor norteamericano para impedir que se manifestara libremente la voluntad de los cubanos, dialogamos con Latvia Gaspe Álvarez investigadora del Instituto de Historia.

¿ Sobre qué bases se convocaron estos comicios?

Las primeras elecciones de alcaldes, concejales, tesoreros y jueces municipales y correccionales para ejercer mandato hasta julio de 1901, se efectuaron el 16 de junio de 1900 y fueron reguladas por la Orden Militar No. 164 , firmada por el Brigadier General y Jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Adna R. Chafee.

Los requisitos que normaron el derecho al voto fueron: ser “varón natural de Cuba ó hijo de un natural de Cuba nacido durante la residencia temporal de sus padres en el extranjero; ó español, que con arreglo al artículo 9 del Tratado de París, no hubiese declarado su propósito de conservar su condición de español” –la mujer quedó excluida del derecho a votar o ser elegida- ; tener 21 años de edad como mínimo; residir en el término municipal donde pensaba votar, por lo menos 30 días consecutivos, y tener, además, cualesquiera de las siguientes condiciones: saber leer y escribir o poseer bienes muebles o inmuebles por valor de 250 pesos moneda de Estados Unidos, o haber servido en el Ejército Cubano con anterioridad al 18 de julio de 1898 y haberse licenciado “sin nota desfavorable”.

Como era de esperar, en un país minado por el analfabetismo y arruinado por la guerra, los requisitos de saber leer y escribir y poseer bienes de fortuna eran factores excluyentes para gran parte de la población, particularmente la de raza negra, integrante mayoritaria de las capas más pobres y a la que históricamente se le había negado el derecho a la instrucción. A los ocupantes no les convenía ponerse a mal con los integrantes del Ejército Libertador, pero muchos pobladores del occidente, donde radicaba la mayor parte de la población cubana de entonces, no había tomado parte en la guerra.

¿Y tales restricciones en el voto no encontraron oposición?

Sí, pero cuando los independentistas abogaron por el sufragio universal sin limitaciones para la elección de autoridades locales, reclamo que fue apoyado por manifestaciones populares, el gobernador militar, Leonardo Word, les respondió: “(...) Todo aquel que al llegar a los 21 años no ha tenido la laboriosidad suficiente para reunir 250 pesos, o no ha ido a defender su patria estando en guerra, es un elemento social que no se merece se cuente con él para los fines colectivos; ¡qué no vote!”

Como resultado del sufragio restringido aplicado en estas elecciones sólo pudo ejercer el voto el 14% de los habitantes con la edad requerida.

¿De qué otros mecanismos se valieron los ocupantes para favorecer la victoria de los sectores políticos que les eran afines?

El primer gobernador militar de la Isla, Mayor General John R. Brooke, había nombrado a los alcaldes y ayuntamientos que existían en esos momentos y fue precisamente a tales funcionarios a quienes se les concedieron las más importantes atribuciones en las primeras elecciones municipales.

El ayuntamiento nombraba a los inspectores de elecciones de cada barrio, es decir a los encargados de nombrar las Juntas de Inscripción a partir de las cédulas que recibían de los electores. Dichas juntas, al concluir el trabajo de inscripción y elaborar los registros electorales, se convertían en juntas electorales y por tanto, en los órganos fundamentales del procedimiento.

La Ley establecía que para garantizar el proceso podían recurrir a la policía y hasta al ejército interventor, lo que propició el uso de la fuerza para imponer candidaturas.

Al alcalde se le otorgó la atribución de confeccionar las listas de candidatos según las cédulas recibidas y las cuotas establecidas para los diferentes municipios, de acuerdo con su población. También estaba autorizado a retener las boletas después de concluida la votación y a custodiar la documentación generada por el proceso electoral, y era uno de los encargados de promover el procesamiento de las personas que incumplieran los preceptos legislados.

¿Logró Estados Unidos los resultados que esperaba?

A pesar de todos sus esfuerzos, las elecciones fueron ganadas por las fuerzas partidarias de la independencia. Este resultado le sirvió de experiencia al gobierno interventor para las segundas elecciones municipales realizadas en junio de 1901 bajo la Orden Militar No.91 del Comandante del Estado Mayor Norteamericano, J.B. Hickey.

Aunque parece copiada de la anterior, la nueva disposición estableció el sistema de voto limitado, según el cual, teniendo en cuenta la cantidad de concejales a elegir en un municipio, los electores solamente tenían derecho a elegir una parte (el 60%), mientras que el resto (el 40%) estaba destinado a la minoría conservadora, para garantizarle un espacio político.

En los documentos de la Secretaría de Estado y Gobernación conservados en el Archivo Nacional aparecen denuncias sobre estas elecciones, reveladoras de que no fueron “transparentes” como quiso presentarlas Leonardo Wood: rechazo a personas para inscribirse en el registro electoral aunque poseían los requisitos exigidos; ocultamiento de listas de votantes para que el elector no pudiera comprobar si estaba registrado; cambio de nombres de los electores en las listas, para que no pudieran votar; coacciones en el momento del sufragio; prohibición a representantes de importantes agrupamientos políticos de las localidades, para formar parte de las mesas electorales; y negativa del derecho a participar en las elecciones a veteranos de las guerras independentistas aunque presentaran certificados acreditativos, entre otras arbitrariedades.


Injerencia yanqui en los procesos electorales en Cuba

Por Juan Marrero,
Tomado de Granma,
14 de febrero de 2005

Sé que a nadie le causará ningún asombro o sorpresa si digo que la injerencia norteamericana en los asuntos de Cuba, desde que ocuparon militarmente el país a fines del siglo XIX, estuvo muy presente en los procesos electorales.

Lo que ocurrió en 1900 es ilustrativo: el gobernador militar Leonardo Wood convocó a elecciones municipales para elegir alcaldes, tesoreros y jueces por un año, pero en ellas solo podían participar aquellos hombres que supiesen leer y escribir, y aparte de ello, debían poseer no menos de 250 pesos en valores muebles o inmuebles, entonces una cantidad que no estaba al alcance de los bolsillos de la mayoría de los cubanos.

De una población de 1 570 000 habitantes, en números redondos, solo un 7% tuvo derecho al voto, una gran parte de ese porcentaje entonces proclive a que Cuba se convirtiese en una estrella más dentro de la bandera norteamericana o, al menos, en un protectorado. En esas elecciones, las mujeres fueron excluidas, por lo que ni aparecieron en las listas de votantes ni pudieron expresar en las urnas su voluntad. Durante muchas décadas se les privó de tal derecho. No fue hasta 1936 que, por vez primera, pudieron elegir y ser elegidas.

La esencia del sistema electoral norteamericano se trasladó casi mecánicamente a la realidad cubana para las elecciones de 1902. Para constituir el Senado, por ejemplo, se estableció la elección de cuatro por provincias por un periodo de ocho años, mediante el voto secundario de los llamados consejeros provinciales y compromisarios. Esos compromisarios debían corresponder en un 50% a los mayores contribuyentes, lo cual daba en la práctica una participación decisiva a los miembros de la oligarquía en las opciones de elección. Aquellos candidatos que tuviesen dinero eran privilegiados dentro de ese sistema. Por voto directo de los electores solo se integraba la Cámara de Representantes.

En aquellas elecciones resultó electo don Tomás Estrada Palma, que poco antes renunció a la ciudadanía norteamericana y prestó una valiosa contribución al naciente imperio cuando cuatro años atrás, es decir, en 1898, disolvió el Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí, con lo cual el pueblo quedó sin una auténtica fuerza política que lo representara y guiara en momentos tan cruciales, de tanta confusión.

Tantas maniobras sucias hubo en las semanas previas a aquellos comicios, respaldadas por el gobernador Wood, que la figura de Bartolomé Masó, bien respetada y querida por el pueblo, con historia de luchas y firme criterio independentista, desistió a última hora de participar en la contienda, y en consecuencia el candidato favorito de los yankis, Estrada Palma, con solo el 47% de los votos emitidos, se convirtió en el Presidente de la república nacida bajo la humillante Enmienda Platt.

Otro escandaloso hecho sobre la presencia de la mano de Washington en los procesos electorales en Cuba se dio en 1907 en medio de la segunda intervención militar norteamericana. El Imperio creó una convención consultiva, presidida por el coronel Enoch Crowder, a fin de que elaborase leyes complementarias a la Constitución de 1901, entre ellas una Ley Electoral. Afortunadamente dentro de esa convención fueron incluidos algunos cubanos ilustres, entre ellos Juan Gualberto Gómez, quien obstaculizó maniobras encaminadas a que en esa Ley Electoral se otorgase el voto a los extranjeros. Entonces un 30% de la población en Cuba era extranjera. En la ciudad de La Habana, por ejemplo, de 75 mil personas en edad electoral, es decir, mayores de 21 años, solo 35 mil eran cubanos, y de ellos el 60% no podrían votar pues eran analfabetos. Juan Gualberto Gómez logró que en esa Ley se refrendase el sufragio universal, aunque las mujeres continuaron excluidas.

Con mayores bríos injerencistas, Crowder volvió a Cuba en 1921. Desde un acorazado surto en el puerto, amenazando con la Enmienda Platt, y disfrazado de moralista y de luchador contra la corrupción y los fraudes, se puso a enviar una serie de memorandos al presidente Alfredo Zayas, entre ellos uno sobre el Registro Electoral, con instrucciones sobre cómo debía proceder. Por acciones tan groseras y humillantes tuvo que pasar nuestro pueblo en aquella república neocolonial.

En ese memorando, Crowder expresó preocupación con la adopción del Registro Electoral Permanente, y exponía que en las elecciones de 1918 se pudo comprobar que por medio del fraude y de la corrupción, los Registros habían sobrepasado todas las proporciones en el número de electores. Recuerdo que en una de las municipalidades —agregaba—, el número de electores excedía en muchos miles al total de la población, y en todos los demás términos municipales las listas estaban enormemente aumentadas.

El procónsul yanki reclamaba del Presidente Zayas "toda la mejor atención" en el asunto de los Registros Electorales, ya que la Junta Central Electoral había aplicado una disposición de exclusión del Registro de todos los electores que no hubiesen ido a votar en las elecciones parciales de 1921, y que, según tal enmienda al Código electoral de 1919, esa decisión solo podía variarse por un acuerdo del Congreso o la restitución por petición de cada ciudadano excluido ciento diecinueve días antes de las elecciones, convocadas para el primero de noviembre de 1922.

Crowder decía que "queda solamente un tiempo muy limitado para resolver en cuanto al número enorme de inclusiones" y recababa que la Junta Central Electoral dictase alguna regla especial de urgencia que pudiese facilitar la mejor manera de practicar y preparar los Registros para las próximas elecciones bienales. Hasta esos detalles electorales llegaba el intrusismo del coronel Crowder.