Una propuesta de ley es seguida con atención durante estos días por los campesinos. Se trata del proyecto de una legislación que regula la vida y el funcionamiento de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las de Créditos y Servicios (CCS), a veinte años de promulgada la Ley 36 de Cooperativas y en las condiciones de un nuevo contexto económico nacional y extranjero.

Y es que en el próximo período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las inquietudes recogidas en los debates "al pie del surco" y articuladas en un proyecto de ley, pudieran tomar fuerza legal en el agro cubano, necesitado de relaciones productivas cada vez más eficientes.

Sobre esta novedad, JR conversó con Orlando Peñate, ingeniero agrónomo que desde el 9º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) -celebrado en el 2000- es vicepresidente de esta organización campesina.

-La gente se pregunta por qué una nueva ley de cooperativas.

-Una nueva ley es necesaria para actualizar todo el proceso de 20 años de experiencia del movimiento cooperativo cubano. En este tiempo han ocurrido cambios sociales y económicos que no se pueden obviar.

"Por ejemplo, la Ley 36 concentró sus articulados en las CPA, y dedicó escasos espacios a las CCS. En ese momento se justificaba, porque el camino era que el campesinado pasara a formas superiores de producción, que saliera del minifundio a la colectividad, donde se trabajara entre todos, se aplicaran los avances tecnológicos, donde el campesino tuviera acceso a la vivienda, la electricidad, el agua, en fin, a las mejoras sociales."

-Este proceso se desacelera...

-Con el período especial y el cambio en las relaciones económicas. Es entonces que surge la necesidad de fortalecer las CCS, proceso que persigue reforzar la cooperación entre los campesinos, que trabajan individualmente y se asocian para disminuir los costos y hacer más factible la producción y comercialización.

"Con el fortalecimiento de las CCS, es la propia dirección de la cooperativa -no la empresa estatal- la que suministra los recursos a los agricultores. Antiguamente, la empresa hacía los contratos individualmente con cada campesino y les compraba los productos. En las CCS fortalecidas, es la dirección quien hace el contrato económico con la empresa estatal y quien compra la producción para comercializarla.

"Además, si antes era la empresa estatal quien araba la tierra de los campesinos, ahora es la cooperativa quien, con un tractor de ellos, brinda ese servicio, que como otros, tiene un precio: el acordado por los propios productores. Como ves, hay nuevas condiciones."

-¿Desde cuándo se habla de esta propuesta?

-Desde el 9º Congreso de la ANAP, cuando surgió como propuesta de los campesinos fortalecer y regular las funciones de las CCS y actualizar lo relativo a las CPA. Aquello se convirtió en acuerdo del Congreso, por lo que la ANAP -como organización de masas con iniciativa legislativa- solicitó a la Asamblea Nacional hacer las modificaciones pertinentes a la Ley 36 y convertirla en una nueva ley para el campesinado.

"Hace dos años que venimos trabajando en el proyecto, que pensábamos presentar en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional en diciembre de 2001."

-¿Por qué no ocurrió así?

-Porque, a pesar de haberse discutido con muchos dirigentes campesinos en talleres y seminarios, con los diputados y con los organismos relacionados con el sector agropecuario, a unos días de la sesión, existían todavía puntos sin la coincidencia necesaria.

"Es por esto que surgió la idea de la ANAP y de otros miembros de la Asamblea, de no presentarla todavía, sino de someterla a la discusión de todo el campesinado. En el país se efectuaron 3 351 asambleas, en cada CPA y CCS. La gente daba sus criterios de la ley, y decía qué hacía falta reflejar en ella. Incluso Ricardo Alarcón y Jaime Crombet participaron en algunos de estos intercambios, junto a otros diputados."

-¿Cuáles han sido las propuestas más interesantes?

-Una que se discutió mucho fue el reparto de las utilidades. La Ley 36 estipulaba que podía repartirse hasta el cincuenta por ciento de estas, pero ese resultado económico es de ellos y muchos decían: "Si ese dinero es mío, ¿por qué no me puedo repartir hasta el setenta u ochenta por ciento?"

"Había que llegar a un consenso, y se fijó en hasta un setenta por ciento, porque se supone que debe haber un fondo considerable para garantizar el próximo ciclo productivo sin hacer un uso excesivo del crédito bancario.

"Se acordó asimismo que para repartir tal porcentaje, la cooperativa tiene que tener constituido el fondo de contingencia. O sea, que al estar económicamente fuerte, debe garantizar un fondo con no menos del diez por ciento de su patrimonio, de modo que se elimine el peligro de quiebra. Si la cooperativa está asegurada y, además, tiene el respaldo de ese diez por ciento, puede venir un ciclón y ella enfrentar esa situación, pues el seguro le cubre las pérdidas y tiene fondos para recomenzar."

-Tengo entendido que se aborda la distribución de utilidades acorde con las especificidades del productor...

-Mira, cuando se hace el balance del año económico, la ganancia se reparte, entre los fondos y los asociados. Esta distribución entre asociados se puede hacer de dos formas: a partir de días trabajados o de dinero devengado.

"Ahora, por ejemplo, si yo tengo 20 años en la cooperativa y tú llevas dos, se supone que yo he contribuido más con el patrimonio colectivo, y sin embargo, ambos percibimos lo mismo en utilidades. Aquí hay igualitarismo.

"¿Qué solución ofrece la nueva ley? Que en la medida en que más años lleve el campesino integrado a la cooperativa, su indicador de formación de beneficios será mayor. Eso estimula a permanecer en la cooperativa, además de hacer justicia. Entonces, durante los cinco primeros años, el campesino recibirá utilidades según el sistema mencionado; pero a partir del sexto, percibirá una cuota mayor, que se incrementará con los años."

-¿Algún otro punto de interés?

-Sí. La nueva ley incluye más tipos de personas que pueden ser socios de la cooperativa. Hasta el momento, podían serlo los dueños o usufructuarios de la tierra, así como los cónyuges, hijos y familiares que dependen económicamente de ella. En el nuevo proyecto, se suman los trabajadores contratados por la cooperativa -administrativos o no- y los trabajadores de los campesinos.

"Te explico: como para el campesino es difícil ocuparse de gestiones de comercialización y administrativas mientras atiende sus tareas, la CCS contrata a trabajadores especializados para que se ocupen de esa función y le rindan cuentas de eso. Esto no existía cuando se hizo la ley 36, y fue uno de los puntos álgidos de la discusión.

"Como solución de la nueva ley, estos trabajadores pueden ser socios de la ANAP, y recibir una estimulación si el ciclo cierra con ganancias, aunque no un porcentaje de las utilidades, como el agricultor.

"Por su parte, el trabajador del campesino individual no podía ser socio de la ANAP, pues cuando se promulgó la ley 36 no existían trabajadores en el campo. El campesino los contrata, pero no están asociados. La nueva disposición les daría la posibilidad de incorporarse a la ANAP, una organización que puede representarlos, una vez hechos socios de la cooperativa.

"En cuanto al trabajador de la CPA, que siempre ha estado contratado, la tendencia era no incorporarlo a la cooperativa y, por ende, no hacerlo beneficiario de sus utilidades. En la ley nueva, este trabajador puede ser socio de la cooperativa, que no lo puede contratar más de 180 días, por lo que debe asociarlo o prescindir de él.

"Esos nuevos asociados, como miembros de pleno derecho, pudieran disfrutar, incluso, de los beneficios de la seguridad social, tema que se discute en estos momentos con el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social."

-Por último, ¿tendrá alguna incidencia la nueva ley en un incremento de la producción y comercialización de alimentos?

-Esta interrogante hemos tenido que contestarla más de una vez. La gente se pregunta si con la nueva ley van a bajar los precios y cosas así.

"Directamente, la ley no va a traer más producción o comercialización. Sí ha recogido muy bien el funcionamiento orgánico de nuestras cooperativas, y ha refrendado las relaciones entre estas y las empresas estatales, así como con los órganos de gobierno. Ha precisado muy detalladamente el régimen económico de las cooperativas, y delimitado las funciones de su dirección y administración, el papel dirigente de la ANAP, y de los campesinos en la defensa de la Revolución.

"Eso, a nuestro parecer, permitirá que nuestras estructuras de base estén en condiciones de regir su vida cotidiana mucho mejor que hasta ahora, y esto, como por derivación, tendrá un impacto favorable en la producción y la comercialización, que es, en definitiva, lo que todos deseamos."

(Tomado de Juventud Rebelde)