CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

La globalización y el pleno disfrute de los Derechos Humanos.

 

Respuesta de Cuba a la resolución de la AGNU sobre la globalización

 

(Se trata de la respuesta a la nota DK/SW, mediante la cual se solicita información sobre la mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, en virtud de la resolución 58/193 de la Asamblea General)

 

 

La Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la nota DK/SW, mediante la cual se solicita información sobre la mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, en virtud de la resolución 58/193 de la Asamblea General.

 

Cuba concede la mayor importancia al papel central que debe desempeñar la comunidad internacional, mediante el sistema de las Naciones Unidas, como foro universal y más representativo, en replantear las bases del proceso de globalización en curso, de forma tal que sus potenciales beneficios puedan llegar por igual a todos los pueblos del mundo y a todos los sectores dentro de cada país. El principal desafío que tienen las Naciones Unidas en esta materia es hacer realidad la frase que encabeza su Carta: “ Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas”

 

La globalización es un proceso objetivo, resultado del desarrollo histórico y tecnológico, en particular de los medios de transporte, las comunicaciones y las tecnologías de la información, con profundas repercusiones en todas las esferas de la vida: económica, politica, social y cultural.

 

El fenómeno de la globalización se manifiesta en crecientes vínculos de interdependencia donde los procesos y sucesos en cualquier parte del mundo tienen consecuencias para otros países y para todas las facetas de la vida de millones de personas en otras partes del mundo. De ahí dimana, en parte, el derecho intrínseco de todos los pueblos del planeta a poder participar en la gestión y administración de aquellos procesos que tengan un impacto global, bajo el principio de responsabilidad compartida y en un marco multilateral.

 

El problema no estriba en evaluar desde una visión maniqueísta la globalización y presentar un esquema de polarización irreconciliable de posiciones en relación con ella. Sólo a aquellos que quieren preservar los privilegios que le brindan los injustos patrones imperantes en la distribución de sus beneficios puede convenir tal enfoque.

 

La cuestión esencial radica en responder desprejuiciadamente, entre otras cuestiones, a interrogantes como las siguientes: ¿están en capacidad las recetas neoliberales, que han servido de pautas a la globalización en curso, de garantizar la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos en todas partes del mundo? ¿pueden estas recetas dar respuesta a los problemas actuales y eliminar los obstáculos a la realización del derecho al desarrollo de los países subdesarrollados? ¿pueden dichas fórmulas brindar una solución efectiva al desafío del creciente deterioro del medio ambiente y de la deuda social del planeta? La realidad práctica demuestra que no.

 

 

 

 

En teoría, la globalización debió convertirse en una fuerza positiva para todos los países y habitantes del mundo. Sin embargo, como la comunidad internacional ha reconocido formalmente de manera reiterada en las Cumbres Mundiales celebradas en los últimos años, notablemente en la Cumbre del Milenio, en la actualidad los beneficios y los costos de la globalización se distribuyen de manera muy desigual y los países en desarrollo tienen dificultades especiales para hacer frente a este problema.

 

Consecuentemente, en esas Cumbres internacionales todos los Estados coincidieron, entre otras cuestiones, en la necesidad de adoptar políticas y medidas a nivel mundial, que se correspondan con las necesidades de los países en desarrollo y que se formulen y apliquen con la participación de estos. Además, se establecieron compromisos para lograr sistemas financieros, monetarios y comerciales multilaterales abiertos, transparentes, democráticos, equitativos, coherentes, basados en reglas, previsibles y no discriminatorios. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para el logro de tales metas y la materialización de esos compromisos.

 

Uno de los problemas centrales del actual esquema de globalización, es que en las últimas décadas los círculos transnacionales de poder político, económico e informativo, con sus cuarteles centrales en los países desarrollados y con fuertes tentáculos en otras partes del mundo, vienen promoviendo a ultranza, de una manera fundamentalista, una supuesta liberalización y desregulación como receta universal para todos los países del mundo, como parte de su doctrina neoliberal.

 

Sin embargo, la llamada “liberalización” es una falacia, no exenta de selectividades.

 

Mientras los países desarrollados y las instituciones comerciales y financieras multilaterales que estos controlan preconizan la desregulación de los mercados y la eliminación de los subsidios en los países subdesarrollados, continúan estableciendo, como es el caso de la Ley Agrícola de los EE.UU. del 2002, nuevos subsididios multimillonarios para sus productores agropecuarios o incrementándolos, como son los casos de la Unión Europea (UE), que destinó el año pasado 121 mil 400 millones de dólares (94 mil 800 millones en 2002) y Japón unos 44 mil 700 millones de dólares (42 mil 800 en la etapa anterior), según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgado el 10 de junio del 2004.

 

Ese informe reconoce que la mayor producción y protección en los países de la OCDE reduce los incentivos en otras regiones, distorsiona el comercio, empeora las desigualdades, afecta los patrones de consumo y la seguridad alimentaria, ayuda a deprimir los precios internacionales de las materias primas y puede limitar las oportunidades de crecimiento de las naciones pobres.

 

Al propio tiempo, mantienen cerrados sus mercados a las principales exportaciones de la mayoría de los países en desarrollo, los productos agrícolas y textiles, y fijan arbitrarias barreras sanitarias, ecológicas y de otro tipo, casi imposibles de cumplir por los países subdesarrollados.

 

 

Asimismo, lejos de liberalizar el movimiento de personas entre el Sur y el Norte, se incrementan las restricciones a la migración. Tampoco se ha liberalizado la transferencia de tecnologías. Por el contrario, se refuerzan los regímenes de propiedad intelectual destinados a proteger el monopolio y la supremacía de los países desarrollados y sus empresas en esta materia y a perpetuar la dependencia de los países en desarrollo.

 

Por otra parte, no se ha producido una multiplicación de los actores económicos, a nivel nacional e internacional, sino una mayor concentración de la propiedad por vía de las alianzas, fusiones y adquisiciones, en las que la mayoría de las empresas y los pequeños productores, en particular de los países en desarrollo, casi siempre sucumben frente a la competencia desleal, la superioridad tecnológica y el poderío económico de las grandes compañías transnacionales de los países desarrollados.

 

Independientemente del aumento de los índices globales de producción y consumo en los últimos 50 años y de que en los países desarrollados y en algunos países subdesarrollados ha tenido lugar un crecimiento económico moderado en los últimos años, frecuentemente no exento de desaceleraciones, estancamientos y retrocesos intermitentes, la realidad es que este ha estado acompañado, como lo demuestran las estadísticas de los informes del Banco Mundial y el PNUD, de crecientes desigualdades dentro de las naciones -incluso de aquellas desarrolladas-, y entre las naciones, y al final, un deterioro o estancamiento social en aumento.

 

Entre 1950 y el 2002, el consumo de agua se ha triplicado, el de combustibles fósiles se ha quintuplicado, el de carne creció un 550%, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado un 400%, el PIB mundial aumentó un 716% y el comercio mundial creció un 1.568%.

 

Sin embargo, en el mundo la sociedad de verdaderos consumidores la integran 1.728 millones de personas, el 28% de la población mundial. De estos, 816 millones viven en los países industrializados (el 80% de la población de estos países) y 912 millones en los países en desarrollo (sólo el 17% de la población del Tercer Mundo).

Mientras 1.700 millones de consumidores gastan diariamente más de 20 dólares y algunos países desarrollados gastan en subsidios dos dólares diarios por cada cabeza de ganado, hay 2.800 millones de personas que tienen que vivir con menos de 2 dólares diarios (considerado el umbral mínimo para satisfacer las necesidades más básicas), mientras 1.200 millones de personas viven en la extrema pobreza, con menos de 1 dólar diario.

Veinte cinco millones de norteamericanos tienen un ingreso equivalente al de 2 000 millones de las personas más pobres del mundo. Más 30 mil personas mueren diariamente en los países subdesarrollados, debido a que las medicinas, que en un 90% son patentes de las transnacionales farmaceúticas de los países industrializados, son muy caras o no están disponibles.

 

 

 

 

Los países subdesarrollados pagan a los países desarrollados 100 mil millones de dólares anuales en aranceles comerciales, el doble de la ayuda que reciben de estos. La ayuda oficial para el desarrollo, a la que los países desarrollados prometieron hace 34 años dedicar el 0,7 % de su Producto Nacional Bruto (PNB), solo alcanza el 0.22 %, menos de la tercera parte y 110 mil millones de dólares menos que los que habrían aportado de haberse cumplido los compromisos anteriores. Los EE.UU., el país más industrializado del mundo, tiene irónicamente el triste record del más bajo índice de ayuda oficial para el desarrollo: solo un 0. 11 % de su PNB.

 

Si los hábitos de consumo de los 1.700 millones de consumidores se extendiesen a toda la población mundial (6.300 millones de personas), la situación sería completamente insostenible, a causa del acelerado agotamiento del agua, la energía, la madera, los minerales, el suelo y otros recursos, y la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la deforestación y el cambio climático.

 

El proceso de globalización neoliberal también ha significado, prácticamente en todas partes del mundo, la disminución del papel de los Estados y de su capacidad económica y financiera para realizar el derecho al desarrollo, así como para mantener, ofrecer o garantizar los servicios públicos básicos de educación, salud y seguridad social, dando paso a la privatización y mercantilización de éstos, con la consabida desigualdad de acceso y la privación, en muchos casos, de los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas y en algunos casos, de la mayoría de la población.

 

En lo político, los centros de poder pretenden globalizar arbitrariamente -a contrapelo del derecho de libre-determinación de los pueblos y del consenso de Viena de 1993, que afirmó la importancia de tener en cuenta las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos-, las formalidades de la llamada democracia liberal burguesa, con el objetivo de imponer a los países en desarrollo fórmulas que tienen un efecto centrípeto en sus sociedades, y que al estimular las divisiones de sus actores nacionales, de sus pueblos y etnias, facilita el control y dominación externa.

 

Los centros de poder en el Norte, pretenden también imponer una interpretación interesada, selectiva y tergiversada de los derechos humanos, sobredimensionando la atención a los derechos individuales de orden civil y político, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos y de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

 

Lo cierto es, que la democracia representativa burguesa ha demostrado también su incapacidad para atender las necesidades y aspiraciones políticas de las amplias mayorías en muchos países industrializados. El tan alabado pluripartidismo, ha derivados en muchas partes en un bipartidismo, o en realidad, en un unipartidismo de facto. Los partidos con opciones de acceso al gobierno son generalmente los controlados por los grupos del poder económico. Se hacen elecciones, cada vez con mayor abstencionismo, por la creciente pérdida de credibilidad de los políticos y el propio sistema. Cambian los nombres de los gobernantes o de los partidos de turno en el gobierno, pero nada o prácticamente nada cambia positivamente en la vida de las mayorías de la población.

 

La globalización neoliberal está contribuyendo, además, a la expansión por el mundo de vicios y delitos como: el tráfico de drogas; la prostitución y la pornografía, incluso infantiles; el tráfico de migrantes; la trata de mujeres y niños; la pedofilia; el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. Esto tiene lugar, en las condiciones de injusticia y desigualdad imperantes y reflejan el peligroso impacto multiplicador que pueden tener las nuevas tecnologías frente a la pérdida de valores éticos y morales.

 

Se está extendiendo una preocupante y peligrosa ola de consolidación y ascenso al poder de partidos derechistas, basados en ideas y programas xenófobos y anti-inmigrantes, como aquella que antecedió a la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa.

 

En este desorden de cosas, el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que sus derechos y libertades se hagan plenamente efectivos, proclamado hace más de 50 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reiterado en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, y reafirmado por consenso en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, no solo continúa siendo una asignatura pendiente, sino que cada día está más lejos de alcanzarse.

 

Se está imponiendo, a través de la globalización neoliberal, una nueva reconquista de los países en desarrollo, por parte de los grupos de poder en las potencias imperialistas, varias de ellas exmetrópolis coloniales, proceso en el que cuentan con los servicios de instancias multilaterales en que tienen primacía, tales como la OMC y las Instituciones de Bretton Woods. Un nuevo proceso de neocolonialismo económico avanza, afectando el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos.

 

Los mecanismos de libre mercado y la “igualdad” entre desiguales que promueve la globalización neoliberal – ya sea mediante acuerdos de libre comercio como el ALCA o la “liberalización” comercial en la Organización Mundial de Comercio (OMC) –, en el contexto de las condicionantes históricas de subordinación, dependencia y saqueo a que han sido sometidos los países en desarrollo y de las actuales inequidades del orden económico internacional vigente, tienden a favorecer a los países desarrollados y a perpetuar y profundizar las desigualdades entre estos y los países del Sur.

 

Los crecientes signos de desestabilización y crisis política, económica y social en numerosos países en desarrollo, incluso en varios llamados países de desarrollo medio de América Latina que han aplicado ortodoxamente las recetas económicas neoliberales, son señales del agotamiento y de la inviabilidad económica, política y social de los patrones de la globalización en curso.

 

La continuidad en la aplicación a ultranza de las fórmulas neoliberales, mantendrá la realización de todos los derechos humanos para todos como una quimera inalcanzable. También traerá graves consecuencias para la paz, la estabilidad nacional, regional e internacional, la preservación y uso racional de los recursos y consecuentemente, para la propia supervivencia de la humanidad.

 

La cooperación internacional -como deber ineludible- y un orden internacional propicio para la realización de todos los derechos humanos, deben ser potenciados con carácter urgente por toda la comunidad internacional y en particular, por aquellos que más se han beneficiado hasta el presente. La solidaridad internacional, como un valor humano, ha sido consagrada en la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Declaración de la Cumbre del Milenio en el año 2000. Es también una obligación de derecho consuetudinario consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde 1976.

 

El principal escollo para dar solución a los problemas que plantea el actual esquema de globalización, es la ausencia de una voluntad política real de los países industrializados para cumplir los compromisos anteriormente adquiridos y cambiar la reglas del juego prevalecientes.

 

Cuba está convencida de que si existiera una voluntad política real de los países desarrollados, con relativamente pocos recursos, de los cientos de miles de millones de dólares que despilfarran anualmente en la carrera de armamentos, en las guerras de conquista, en la publicidad comercial y en megaoperaciones financieras especulativas, podría hacerse mucho por el derecho a la vida y al desarrollo de miles de millones de personas.

 

Con un gasto total inferior a 10 mil millones de dólares, equivalente a menos del 0,004 por ciento del Producto Interno Bruto de los países desarrollados miembros de la OCDE, en un año, como ha propuesto Cuba, es posible alfabetizar y conducir hasta sexto grado, en doce años, a 1.500 millones de analfabetos.

 

Cuba coincide con las posiciones de los crecientes sectores políticos y sociales en todo el mundo que cuestionan y critican el actual orden neoliberal. Otro mundo mejor no solo es posible, sino imprescindible. La humanidad sólo podrá salvarse con un orden más humano y equitativo, en el que prime la justicia social. El actual orden internacional injusto, egoísta y desigual, no puede resolver los graves problemas que enfrenta la humanidad hoy, ni los grandes desafíos del mañana.

 

Las fórmulas e iniciativas diseñadas hasta ahora por los países desarrollados y los organismos internacionales para hacer frente a los desafíos que tienda a agravar la globalización neoliberal en curso, tales como el subdesarrollo, la pobreza y el SIDA, son solo paliativos limitados e insuficientes que no resolverán los graves problemas y las abismales desigualdades existentes en el mundo contemporáneo.

 

Se requieren medidas profundas, integrales, innovadoras y simultáneas en diversos frentes, como la cancelación de la deuda externa. La ayuda oficial para el desarrollo tendría por lo menos que triplicarse, no ser condicionada y no otorgarse subordinada a los intereses económicos y políticos de los propios donantes. Tendría que regresarse a los acuerdos comerciales preferenciales y a fórmulas que compensen las profundas y crecientes desigualdades, como el acordado trato especial y diferenciado, nunca aplicado. Tendrían que ser reemplazadas las actuales instituciones financieras internacionales, así como reformarse y democratizarse la Organización de Naciones Unidas, para hacerla realmente efectiva. Habría que crear un impuesto para el desarrollo, que grave con el 0,1 por ciento las transacciones financieras internacionales, lo que generaría recursos del orden de 400.000 millones de dólares, que podrían ser administrados por la ONU en programas para los más necesitados. Habría que recortar, por lo menos en un 50 por ciento, los gastos militares, lo que generaría un ahorro inmediato de otros 400 mil millones de dólares, que también serían invertidos en el desarrollo sostenible.

 

La Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su alta consideración.

 

 

 

 

Ginebra, 28 de junio del 2004

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