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Medidas económicas unilaterales como instrumentos de coación política y económica

NOTA VERBAL

“Eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica”
La Misión Permanente de la República de Cuba ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Secretario General, y en relación con la Nota DPA/AFII/LIB del 2004, relativa a la resolución 57/5 de la Asamblea General, titulada “Eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica”, tiene el honor de trasmitir las siguientes consideraciones:
El Gobierno de la República de Cuba reitera su firme rechazo a toda aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica.
La Asamblea General, a través de numerosas resoluciones, se ha opuesto a la aplicación de este tipo de medidas por ser violatorias de los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los de los principios, objetivos y normas de la Organización Mundial del Comercio.
Las Conferencias Internacionales y Cumbres Mundiales auspiciadas por las Naciones Unidas sobre temas económicos y sociales también han rechazado tales prácticas, porque obstaculizan el ejercicio pleno del derecho al desarrollo de los pueblos, y afectan la evolución positiva de la cooperación económica internacional orientada al desarrollo.
La Asamblea General, además, ha rechazado reiteradamente el fomento del uso por cualquier Estado de estas medidas u otras similares orientadas a coaccionar a otro Estado, a fin de subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos. La Asamblea ha sido enfática al afirmar que la promulgación de esas leyes constituye una injerencia en los asuntos internos de los Estados y una violación de su soberanía, lo cual es incompatible con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, conforme a su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974.

Vale destacar, además, que la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales contraviene la letra y el espíritu de la “Declaración del Milenio”, coartando los esfuerzos que en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas se vienen desarrollando por la comunidad internacional para lograr los objetivos de desarrollo planteados, particularmente aquel dirigido a fomentar una asociación mundial para el desarrollo, que se propone impulsar aún más, “... un sistema comercial y financiero abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio”.
La práctica ha demostrado que los países en desarrollo son los principales afectados por la aplicación de las medidas económicas coercitivas unilaterales por parte de países desarrollados que, haciendo caso omiso al generalizado rechazo de la comunidad internacional, persisten en su utilización.

Un ejemplo de la aplicación clara de tales medidas lo constituye la política del gobierno de los Estados Unidos de América que, de manera abierta y desembozada, aplica sanciones a varios países, en su mayoría países en desarrollo, e impone particularmente un genocida bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que pretende destruir el sistema político, económico y social escogido y legitimado por el pueblo cubano.
Esta política agresiva y hostil de los Estados Unidos de América contra Cuba, que de manera unilateral viene aplicándose por más de 45 años, pretende rendir por hambre y desesperación al pueblo cubano, ignorando el rechazo casi unánime de la Asamblea General, que desde 1992, y por 12 veces consecutivas y con una mayoría creciente, se ha venido pronunciando contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

La Ley Torricelli, aprobada en 1992, abruptamente cortó el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías estadounidenses asentadas fuera del territorio norteamericano, y estableció severas prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando con fuerza de ley, claras disposiciones extraterritoriales.
En 1996 se adoptó la Ley Helms-Burton, que entre otras cuestiones: perfecciona hasta el detalle los mecanismos de represión al más mínimo vínculo económico, comercial y financiero de empresas norteamericanas con la Isla; incrementa el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial con el objetivo de perseguir cualquier transacción o negocio que beneficie a la economía cubana; persigue y sanciona a los inversionistas extranjeros en Cuba; autoriza el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, entre ellas la guerra radioelectrónica de desinformación, perfeccionando las transmisiones de las mal llamadas tele y radio “Martí”; plantea un programa dirigido a destruir el sistema constitucional que se ha dado el pueblo cubano y a imponer un “cambio de régimen” que garantice la realización de los objetivos de dominación de los círculos imperialistas de Estados Unidos a la nación cubana.
El gobierno de los Estados Unidos, desesperado por no haber logrado destruir la Revolución Cubana, anunció el pasado 6 de mayo, un grupo de nuevas medidas propuestas por la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, para acelerar el derrumbe del sistema económico y social cubano y controlar lo que han dado en llamar el “cambio de régimen” en Cuba. .
Como si no fueran suficientes las pruebas presentadas por el gobierno estadounidense de su menosprecio por el presente y futuro del pueblo cubano, de su irrespeto a la voluntad de la comunidad internacional y de su burla al legítimo interés del pueblo norteamericano en establecer una relación normal y razonable con Cuba, las medidas que ya cuentan con reglamentaciones específicas para su implementación, recrudecen de manera notable el bloqueo económico contra el país, a través fundamentalmente: del aumento de las restricciones de los viajes a Cuba de los ciudadanos norteamericanos y cubanos residentes en Estados Unidos y el desestímulo del turismo a la isla desde terceros países; de la disminución del número de emisarios y receptores de las remesas familiares, vulnerando algo tan sensible y privado como las relaciones familiares; y el recrudecimiento de la persecución de los empresarios extranjeros que sostienen relaciones comerciales o de otro tipo con la isla y de las propias empresas cubanas vinculadas con el sector externo de la economía.
El Gobierno de la República de Cuba, en nombre del pueblo cubano, se opone firmemente a las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales, que dañan profundamente el multilateralismo, la cooperación internacional entre los Estados, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho al desarrollo, obstaculizando la labor de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno cubano se pronuncia, por tanto, a favor de una acción coordinada y decisiva, de la inmensa mayoría de los países miembros de esta Organización que las rechazan, para lograr el cese de sus aplicaciones.
La Misión Permanente de la República de Cuba ante las Naciones Unidas, aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas el testimonio de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 28 de junio de 2004.

 

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