CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la resolución 2005/66, de fecha 20 de abril de 2005, de la Comisión de Derechos Humanos titulada “El derecho a la verdad”.

Cuba se congratula por la reciente aprobación en Ginebra de un Proyecto de Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, fruto de la lucha del movimiento de derechos humanos a lo largo de varias décadas en el mundo. Dicho proyecto reconoce en su articulado, el derecho a conocer la verdad ante las violaciones de los derechos humanos y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia en el caso de las desapariciones forzadas.

Cuba participó de forma constructiva en las negociaciones de este nuevo instrumento internacional y reafirma su compromiso de llevar a cabo con prontitud los trámites de consulta correspondientes para firmar y ratificar ese instrumento internacional lo antes posible.

A partir de la consulta que está realizando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de preparar un estudio sobre el derecho a la verdad, en el que figure información sobre los fundamentos, el alcance y el significado de ese derecho, Cuba desea trasladar los siguientes criterios:

Existen precedentes en el ámbito del Derecho Internacional así como en otros documentos aprobados por consenso en el marco de Naciones Unidas, que permiten afirmar que el derecho a la verdad debe ser reconocido como un atributo de cada ser humano y cada pueblo.

 

 

Entre ellos podrían citarse el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, que reconoce el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.

 

 

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/79/Add.63 y CCPR/C/19/D/107/1981) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (E/CN.4/1999/62) han reconocido el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y a sus familiares, de conocer la verdad sobre los sucesos ocurridos, en particular la identidad de los autores de los hechos que dieron lugar a dichas violaciones.

 

 

Cuba considera que existe un claro vínculo entre el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener un recurso y una reparación efectivos y otros derechos humanos pertinentes.

 

 

El derecho a la verdad surge como una responsabilidad básica e indispensable para todo Estado, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables.

 

 

El derecho a la verdad es también un derecho de carácter colectivo, que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de sistemas justos y democráticos y a la vez, un derecho particular para los familiares de las víctimas. Es decir, además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general.

 

 

Cuba destaca la necesidad imperativa de que la sociedad en general reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familias, en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las violaciones.

 

 

Cuba está convencida de que los Estados deben investigar las denuncias y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso efectivo de conformidad con el derecho internacional.

 

 

Cuba reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para luchar contra la impunidad y promover y proteger los derechos humanos en nuestra región y en todo el mundo.

 

 

Cabe recordar que en la región de América Latina se desarrolló la conocida “Operación Cóndor”, una verdadera conspiración entre los servicios de inteligencia de distintos países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú) con la dirección y asesoría de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Su objeto fue el intercambio de información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países involucrados en la Operación, y la colaboración en la persecución, detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzada de estas personas. La operación le permitió a operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes, desplazarse libremente en el territorio de los otros, para así secuestrar, desaparecer o asesinar a sus con-ciudadanos.

 

 

Numerosos militantes y simpatizantes de izquierda chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños y bolivianos, fueron secuestrados por agentes policiales de sus respectivos países, en el contexto de la "Operación Cóndor", también calificada como terrorismo de Estado de alcance trasnacional. Igualmente los grupos de derechos humanos han documentado casos de represión policial contra ciudadanos alemanes, españoles, judíos y peruanos, entre otros, que figuran entre los miles de desaparecidos.

 

 

Existen pruebas irrebatibles de que el Gobierno de los Estados Unidos brindó el financiamiento y la asistencia técnica y material para tales crímenes. El asesoramiento y el apoyo logístico norteamericano permitió la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales, haciendo posible el intercambio de información y prisioneros, e incluso, los asesinatos colectivos.

 

 

La “capacitación” de los perpetradores de aquellas masivas y flagrantes violaciones a los derechos humanos estuvo a cargo de la tristemente célebre “Escuela de las Américas”.

 

 

Los escuadrones de la muerte también han sido parte de la realidad sufrida por los pueblos de la América Latina. Este instrumento de terror se generalizó durante los años 80s y fueron creados, apoyados y tolerados por algunas autoridades civiles y militares, en contubernio con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Sus actuaciones fueron sistemáticas y organizadas, se dirigieron contra la población civil y contra grupos rebeldes que luchaban por sociedades justas y equitativas y se concretaron en secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de las víctimas.

 

 

Otra cruel realidad de nuestra región fue la apropiación fraudulenta y criminal de los hijos de los ejecutados y desaparecidos. Cuba reafirma y defiende el principio de restitución a la familia de origen como uno de los reclamos de los que más sufren hoy ese flagelo.

 

 

La adopción de leyes de amnistía y de punto final, así como de obediencia debida en América Latina, dispusieron la extinción de la acción penal respecto a los responsables de esos crímenes, muchos de los cuales aún no han sido presentados ante la justicia. Esas leyes eliminaron la posibilidad de emprender nuevas investigaciones judiciales tendientes a establecer la verdad y afectó el derecho de los allegados a las víctimas y de toda la sociedad a conocer la verdad.

 

 

Las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, como mecanismos extrajudiciales, han servido para investigar algunas violaciones de los derechos humanos en los países que sufrieron esa triste realidad, pero han privado a las víctimas, sus familiares y a la sociedad del derecho a la justicia y han extendido un peligroso precedente y factor de impunidad.

 

 

¿Qué decir acerca de la violación flagrante del derecho a la verdad que tiene como responsable al Gobierno de Estados Unidos en su supuesta cruzada contra el terrorismo? La comunidad internacional ha conocido a medias – a partir de la férrea censura informativa aplicada -, de loshorrores y las torturas cometidas en cárceles, que han sido justamente calificadas como campos de concentración al peor estilo nazi.

 

 

Los familiares de los detenidos bajo alegaciones de terrorismo tienen el derecho a conocer el paradero de esas personas, y estos últimostienen el derecho, de acuerdo a las normas del Derecho Internacional y de los derechos humanos, a un recurso efectivo de reparación e indemnización por los vejámenes cometidos contra ellos. Todo detenido, por otra parte, tiene el derecho a tener acceso a asistencia legal, médica, religiosa y a un juicio justo de acuerdo al principio del debido proceso, y a que su causa sea conocida y tramitadapor un tribunal independiente e imparcial.

 

 

Para Cuba, el enfrentamiento a la impunidad ha sido el hilo conductor de la lucha por la independencia de nuestro pueblo, que se desarrolló desde los albores mismos de la colonización española y que se extendió hasta el fin de la sangrienta dictadura de Batista, derrocada con el triunfo de la Revolución en enero de 1959. Sólo a partir de esa fecha, el pueblo cubano ha podido disfrutar plenamente de su derecho a la libre determinación.

 

 

Con la Revolución Cubana, fue establecido en nuestro país un sistema judicial coherente, democrático, y vinculado al pueblo, cuyo fin esencial ha sido el desarrollo de un Estado de Derecho acorde a los principios de la naciente sociedad, la elevación de la conciencia jurídica social y el enfrentamiento a la impunidad de los autores de todo tipo de violaciones y transgresiones de las leyes decididas por el pueblo cubano.

 

Un ejemplo de ello, fue la constitución de los tribunales revolucionarios -hecho inédito para América Latina-, mediante los cuales se enjuiciaron, con todas las garantías del debido proceso, a los criminales de guerra, asesinos y torturadores de la sanguinaria dictadura que cobró la vida a miles de cubanos.No se produjo en Cuba una sola ejecución extrajudicial ni una desaparición forzada.

 

 

Uno de los primeros actos de la Revolución Cubana, fue la disolución de los llamados Tribunales de Urgencia, poniéndose fin a los juicios carentes de garantías, y abriendo paso a la depuración de la Judicatura de servidores de la tiranía y de funcionarios corruptos.

 

 

Se creó un sistema único de tribunales en todo el país, regidos por el Tribunal Supremo Popular, de carácter colegiado, compuestos por jueces profesionales y jueces legos, electivos todos, renovables periódicamente, responsables y revocables, cuyos fallos judiciales son recurribles ante la instancia inmediata superior. A ese proceso de perfeccionamiento del sistema jurisdiccional, se unió la creación de una nueva Fiscalía, a la cual se le asignó la función primordial de velar por la legalidad, no sólo en los tribunales, sino también, en la actividad de los órganos estatales y los Bufetes Colectivos, organización autónoma de interés social, a la cual debían pertenecer los abogados para ejercer ante esos tribunales.

 

 

Dichos órganos son los encargados de hacer cumplir la ley y principalmente de combatir la impunidad. Por consiguiente, todo ciudadano en Cuba dispone de recursos y garantías suficientes para hacer valer sus derechos. La legislación vigente en el país permite recurrir a los tribunales para obtener reparación o indemnización por los daños y perjuicios sufridos; los autores de cualquier violación a la legalidad son susceptibles de responsabilidad civil y penal.

 

Cuba reafirma que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que se conozca la verdad y se haga justicia.

 

 

Cuba denuncia nuevamente la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la impunidad que pretende extender al connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles, a quien mantiene en custodia bajo cargos migratorios, desconociendo las numerosas denuncias en su contra por su participación directa en atentados y sabotajes contra el pueblo cubano y la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Venezuela.

 

 

En el Comunicado Especial sobre Terrorismo adoptado recientemente en la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca, España,fueron apoyadas las gestiones para lograr la extradición o llevar ante la justicia a Luis Posada Carriles, responsable del atentado terrorista a un avión de Cubana de Aviación en octubre de 1976, que causó la muerte a 73 civiles inocentes.

 

 

Por el contrario, el Gobierno estadounidense mantiene detenidos de modo arbitrario a cinco luchadores antiterroristas cubanos, para los que Cuba reivindica justicia y su inmediata liberación.

 

 

El pueblo cubano expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que actos de esta naturaleza hayan ocurrido e independientemente de quienes hayan participado y cometido dichos actos, de quienes lo hayan patrocinado y financiado y de las motivaciones que se aleguen como pretexto a tales crímenes.

 

 

Cuba reitera su compromiso de seguir apoyando de manera firme, cuanto esfuerzo se emprenda en el marco del sistema de las Naciones Unidas, para promover y asegurar el disfrute del derecho a la verdad por todos los individuos y todos los pueblos del mundo.

Otros aspecto que Cuba se dispone abordar en posteriores comunicaciones, es el relativo a la flagrante violación al disfrute del derecho a la verdad que imponen a millones de seres humanos y a los pueblos del mundo, las principales transnacionales de la desinformación que tienes sus sedes en las principales capitales del Norte.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su consideración.

Ginebra,octubre del 2005

 

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