CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la Nota GVA 1455, en la que se solicita información en virtud de la resolución 2005/18 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “El derecho ala alimentación”.

Cuba concede importancia primordial a la aplicación efectiva de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre esta temática, en particular para los cientos de millones de personas en el mundo que sufren desnutrición permanente y grave.

La realización del derecho a la alimentación tiene una relación directa con el disfrute del más preciado de los derechos: el derecho a la vida, sin el cual no se puede disfrutar de ningún otro derecho. El derecho a la salud está también directamente relacionado con disfrute del derecho a la salud.

Cuba considera, no obstante, que las promesas y compromisos para satisfacer las necesidades de alimentación y el bienestar nutricional para todos, están muy lejos de haberse cumplido. En ello ha tenido un impacto fundamental el hecho de que la profundización de la brecha entre países ricos y pobres y dentro de ellos, y la desigual distribución del ingreso, han agravado las condiciones de producción de alimentos y el acceso a una nutrición sana y suficiente para la mayoría de los pueblos, incluso de los llamados países desarrollados.

Debido a que resultan insuficientes los avances logrados en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos trazados en el ejercicio de este derecho humano fundamental, Cuba continuará apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional para tratar de establecer líneas directrices que contribuyan a la realización progresiva del derecho a la alimentación y estimulen la aprobación y aplicación de los compromisos y acciones internacionales que den contenido a los nobles propósitos de reducir para el año 2015 la proporción de personas que sufren por hambre.

En Cuba, desde los primeros años de la Revolución se ha concedido prioridad al desarrollo de acciones dirigidas a garantizar la alimentación. En tal sentido se ha mantenido una distribución de alimentos equitativa para toda la población. Una parte de ellos, a través de productos regulados, a precios controlados y subsidiados por el Estado, que aunque han variado en el tiempo aseguran la distribución de alimentos básicos para toda la población, lo que ha permitió que la desnutrición dejara de ser un problema social.

Esta canasta básica, se complementa con las posibilidades de adquirir alimentos a partir de la alimentación social; el autoconsumo familiar o de entidades; la gastronomía; el mercado agropecuario; y, la red de mercados de productos alimenticios.

Como complemento y soporte de estos programas se han desarrollado, además, Programas Especiales de Alimentación, universales unos y focalizados otros, hacia los grupos de población que lo requieren. A tal efecto se aplican medidas adicionales de alimentación dirigidas a niños; estudiantes, grupos vulnerables, tales como, las mujeres embarazadas y de la tercera edad, así como poblaciones de áreas afectadas por desastres naturales, como sequías o huracanes, que han visto disminuida la producción y disponibilidad local de alimentos como consecuencia de esos fenómenos, atendiendo en todos y cada uno de estos casosa las necesidades nutricionales de cada uno de esos grupos.

Entre los más recientes esfuerzos emprendidos por el Gobierno de Cuba para avanzar en el objetivo de garantizar una alimentación adecuada para la toda la población no debe dejar de mencionarse el programa para incrementar la producción de huevos, con vistas a alcanzar en el 2006 una producción de más de 2 200 millones de unidades.

Asimismo, se trabaja en la recuperación de la capacidad de producción de carne de cerdo, con vistas a alcanzar en el 2006 una producción total de 80 000 toneladas de carne en pie y preparar las bases para lograr 100 000 toneladas en el 2007.

Se dan pasos para llevar a efecto una ampliación considerable de las áreas de cultivos protegidos y semi-protegidos para la producción de vegetales de alta calidad para consumo nacional y exportación. La concreción de este propósito debe facilitarse, a partir de que el país ha comenzado a recuperarse de la peor sequía que ha azotado a Cuba desde que existen registros, y que se extendió desde el año 2003 hasta el pasado mes de mayo del 2005. El impacto económico de la misma se estima en más de 1 200 millones de dólares.

Al tiempo que se avanza en la materialización de estos esfuerzos, se ha logrado mejorar la alimentación en las escuelas que brindan el servicio de almuerzo escolar, que son la inmensa mayoría de las que lo requieren.

Igualmente, se brinda atención sistemática a todos los niños detectados con problemas nutricionales, como resultado de la aplicación del Primer Programa para medir el peso y la talla de todos los niños hasta 15 años. Hace poco concluyó un Estudio Integral de toda la Población Infantil, que evalúa aspectos como el estado nutricional, la atención educativa, el medio familiar y condiciones de vida, que están recibiendo la debida atención.

Con el crecimiento de la producción agrícola rural y urbana, y el aumento de las importaciones de alimentos, el consumo social alimentario en Cuba fue de 3 mil 305 kilocalorías y 85,5 gramos de proteínas per capita diarias, superior a las normas establecidas por la FAO.

El Informe Anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) presentado en diciembre del 2004, reconoció a Cuba como el país que más ha avanzado en América Latina en la lucha contra la desnutrición, a pesar de la intensa sequía que afectó a varias provincias y del impacto devastador de los huracanes en los cultivos de provincias que clasifican entre las más productivas en materia agropecuaria en el país.

Sin embargo, todos estos esfuerzos del pueblo cubano continúan siendo afectados por el mantenimiento y recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente a Cuba por el gobierno de los EE.UU., que busca doblegar la resistencia de la nación y hacerle renunciar a su derecho a disfrutar de la soberanía y la independencia. La administración del presidente George W. Bush ha recrudecido esa política genocida contra la nación cubana a extremos sin precedentes.

La exigencia de que se ponga fin a esa política, reafirmada cada año por la abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, a través de sucesivas resoluciones de su Asamblea General, se enfrenta a la conducta de abierto desprecio de las autoridades estadounidenses al Derecho Internacional.

Uno de los momentos más significativos en el reforzamiento y ampliación del ámbito de aplicación del bloqueo, lo constituyó la aprobación en 1992 de la llamada Ley Torricelli, concebida con el cínico y criminal propósito de dar la estocada final y arruinar la economía nacional.

Esta legislación cortó abruptamente el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, en un período en que se produjo la pérdida brusca del 85 % del comercio exterior de Cuba, como consecuencia de la desintegración del campo socialista en Europa Central y Oriental y de la propia Unión Soviética. Estableció, además, severas prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando con fuerza de ley, claras disposiciones extraterritoriales

El criminal propósito de afectar severamente los derechos a la salud y a la alimentación del pueblo cubano era evidente en esta legislación. Las importaciones cubanas procedentes de subsidiarias norteamericanas ascendían en 1991 a 718 millones de dólares, de los cuales, el 91% lo constituían importaciones de alimentos y medicinas.

En 1996 se adoptó la Ley Helms-Burton que, entre otras cuestiones: perfeccionó hasta el nivel de detalles los mecanismos de represión al más mínimo vínculo económico, comercial y financiero de empresas norteamericanas con Cuba; incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial con el objetivo de perseguir cualquier transacción o negocio que beneficie a la economía cubana; impuso la persecución y sanción a los inversionistas extranjeros en Cuba; autorizó el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, promoviendo un programa dirigido a destruir el sistema constitucional que se ha dado el pueblo cubano y a imponer un “cambio de régimen” que garantice la realización de los objetivos de dominación de los círculos imperialistas de Estados Unidos contra la nación cubana.

A partir de entonces, se fueron sumando una tras otra, en una larga lista, nuevas acciones y medidas de hostilidad y agresión, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco de sanciones creadas para el bloqueo a Cuba.

El año 2004 trascenderá en la historia como uno de los de mayor virulencia e irracionalidad en la aplicación del criminal bloqueo contra Cuba. Las nuevas medidas diseñadas y ejecutadas durante dicho período por el gobierno estadounidense, se añadieron y articularon al entramado de leyes y regulaciones que han conformado y escalado el bloqueo contra Cuba por más de cuarenta años.

La evaluación económica preliminar de los daños directos sufridos por el pueblo cubano, por la aplicación del bloqueo genocida durante más de cuatro décadas, revela que éstos superan la cifra de 82 millones de dólares, un promedio de 1 782 millones de dólares anuales. Esta cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos.

Tampoco refleja el valor de los productos dejados de producir por las restricciones, o los daños derivados de las onerosas condiciones que se le imponen a Cuba para la obtención de créditos de inversiones, comercio, bancarios e internacionales. De haber podido acceder en los niveles y condiciones promedio al financiamiento otorgado a otros países de similar nivel de desarrollo económico en la región, la economía del país mostraría un grado muy superior de desarrollo y el nivel de vida de la población – expresión directa de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo – habría alcanzado niveles mucho más elevados.

Si el país hubiera podido disponer de los recursos que pierde cada año con motivo del bloqueo norteamericano, los mismos habrían tenido un efecto multiplicador en la elevación del nivel de vida y de realización de los derechos económicos, sociales y culturales de su población. Por ejemplo, con solo 127,6 millones de dólares anuales se podría garantizar un litro de leche diario a 1,2 millones de niños entre 7 y 15 años de edad. Hoy solo se puede garantizar un litro diario a precios subsidiados para los niños hasta los 7 años de edad. Con 51,8 millones de dólares adicionales se duplicaría la cuota de pollo que hoy se distribuye mensualmente por la libreta de racionamiento a todos los cubanos.

A causa de las abusivas medidas aplicadas, a partir del 30 de junio de 2004, la economía cubana dejó de ingresar entre 93 y 104 millones de dólares en la esfera del turismo, sin contar los daños que ocasionaron las acciones que en terceros países alientan las autoridades norteamericanas para desestimular el turismo hacia Cuba, perjuicios que por el momento no han podido ser cuantificados.

Las autoridades estadounidenses utilizan como pretexto para sostener sus políticas unilaterales de coerción económica, que cada país tiene derecho a seleccionar a sus contrapartes comerciales. Sin embargo, en el caso del bloqueo a Cuba, resulta evidente que la aplicación de esa política rebasa con creces el simple rechazo de un socio comercial. La aplicación del bloqueo es una medida que tiene trascendencia en todos los sectores de la sociedad cubana e incluso en otros países, dado su carácter extraterritorial.

Es necesario esclarecer que si bien existen excepciones puntuales dentro de la política de bloqueo con respecto al acceso al mercado de Estados Unidos para realizar la importación por parte de Cuba de alimentos y productos agrícolas autorizados y de medicamentos y equipos médicos; no obstante, en todos los casos han estado sujetas a estrictas y múltiples restricciones que distan de significar una flexibilización en las relaciones comerciales entre ambos países y han dificultado enormemente su realización.

La no objeción por parte de la Administración estadounidense a la venta de cierta cantidad de alimentos a Cuba, no puede ser interpretada como una flexibilización de su política de hostilidad hacia el pueblo cubano. Las compras tuvieron que efectuarse bajo condiciones de estrictas restricciones y superando numerosos obstáculos.

Las empresas estadounidenses deben realizar engorrosos trámites burocráticos para obtener la licencia que las autorice a vender sus productos a Cuba. Asimismo, se impuso a Cuba: efectuar las compras en efectivo; no poder acceder a créditos financieros, ni siquiera privados; el realizar las operaciones a través de bancos ubicados en terceros países; y la obligación de utilizar otras monedas, con las consiguientes pérdidas en las operaciones bancarias. Tampoco pueden los barcos cubanos participar en la transportación.

Esta situación se ha tornado aún más compleja, a partir del anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de una Nota de Prensa en febrero último, de que los pagos cubanos deberán recibirse antes que las mercancías se carguen en buques atracados en puertos estadounidenses para su envío a Cuba. Ello se aparta de la práctica vigente de los pagos contra la presentación de documentos y el traspaso de propiedad al comprador cubano, luego de la recepción del pago en efectivo por parte del exportador estadounidense. Cabe señalar que hasta la fecha no se ha reportado ninguna dilación en la ejecución de esta práctica.

La disposición enunciada constituye una escalada dirigida a entorpecer las ventas de alimentos, sujetas de por sí a numerosas restricciones. Este procedimiento podría exponer las mercancías destinadas a la población cubana a ser embargadas en territorio norteamericano, para ejecutar fallos judiciales, legalmente infundados, que han sido emitidos por tribunales de los Estados Unidos contra la República de Cuba. Dicha medida ignora, además, la voluntad del Congreso cuando autorizó las ventas a Cuba.

A toda esta situación se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingresos que permitirían ampliar las operaciones.

La compra de alimentos ha sido resultado de ingentes esfuerzos de las empresas de ambos países para lograr la negociación, contratación y ejecución de las operaciones y no de la voluntad del gobierno norteamericano. El propio presidente de los Estados Unidos se ha encargado de aclarar que independientemente de dichas ventas, el bloqueo sigue en pie y que, por el contrario, se están reforzando las medidas de coerción económica y las sanciones vigentes.

En el caso específico de las importaciones de productos alimenticios con destino a la población y al consumo social, que es una de las esferas que tradicionalmente ha sido afectada de manera importante por las restricciones impuestas por el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, contribuiría citar algunos ejemplos recientes que se agregan a la lista de los reflejados en nuestra respuesta del 25 de Octubre del 2004:

En la agricultura la importación de materias primas desde mercados distantes a través de intermediarios, al no poder acceder al mercado norteamericano por las regulaciones del bloqueo, tiene un impacto negativo de gran significado en el costo por concepto de fletes y de uso de intermediarios, con un impacto de 3983,3 millones de dólares.

 

 

Como resultado de las limitaciones y prohibiciones que impone la Ley Helms- Burton han tenido que limitarse las exportaciones, el desarrollo tecnológico, las importaciones de materias primas y otros recursos, así como los intercambios científico- técnicos en la industria alimenticia.

 

 

Durante el período comprendido entre mayo del 2004 y abril del 2005 los productos alimenticios de la canasta básica se afectaron en 1825 millones de dólares en un año, utilizando como patrón de comparación el año 1989 en que cayó el campo socialista y el bloqueo impidió acceder a otros mercados. Esto significa menos entrega en cantidad y magnitud de productos a la población por incrementarse los costos de adquisición.

 

 

El bloqueo sigue afectando la producción de alimentos, de manera concreta, en el campo de la alimentación animal y en particular la avicultura. El costo directo del bloqueo impuesto por Estados Unidos en la industria avícola cubana se estima que ha sido superior a los 16.1 millones de dólares en el año 2004. Específicamente las medidas para impedir el acceso de Cuba a vacunas indispensables para la salud aviar sólo pueden perseguir la afectación de la masa avícola del país, cortando esta importante fuente de proteína en la alimentación de nuestro pueblo.

 

 

La persistencia del bloqueo impide a la Industria avícola el desarrollo de sus capacidades tecnológicas que representaría a mediano plazo un incremento productivo equivalente a 30 millones de dólares a los precios prevalecientes durante el año y limitan los esfuerzos por garantizar una fuente estable y segura de proteínas al pueblo.

 

 

La prohibición de acceso al mercado estadounidense obliga a la utilización de terceros en nuestras negociaciones comerciales, trayendo como consecuencia el consiguiente incremento de los precios de las principales materias primas, así como la utilización de modalidades de créditos en su mayoría con elevados intereses, provocando aumentos en los precios de los productos con destino al mercado interno.

 

 

En el sector pesquero, las afectaciones a las empresas dedicadas a la importación están dadas sobre todo por el riesgo de comerciar con Cuba y el incremento del costo de las transportaciones debido al mayor distanciamiento de las fuentes de suministro. Adicionalmente, el mantenimiento del bloqueo contra Cuba, continúa impidiendo la entrada de productos cubanos, a uno de los más importantes mercados mundiales de consumo de productos del mar- que por demás, dada su cercanía a nuestro país constituye su mercado natural. La imposibilidad de exportar al mercado norteamericano representa una afectación de 325.1 millones de dólares.

 

 

El monto alcanzado por las afectaciones al sector alimenticio, que tienen una incidencia directasobre la alimentación y el nivel nutricional del pueblo cubano fue de 140, 1 millones de dólares, cifra que también incluye lo concerniente a bebidas y licores.

 

 

En resumen, las acciones dirigidas a afectar el consumo y comercio en materia de alimentos han sido componentes medulares en el diseño de la política de bloqueo hacia Cuba, con el objetivo de que las limitaciones y necesidades de la población provoquen un clima de insatisfacción popular e inestabilidad interna.

Con su política de bloqueo, Estados Unidos continúa afectando la plena realización de derechos humanos fundamentales de los cubanos, como el derecho a la salud y a la alimentación.

Es importante señalar que, además de los perjuicios materiales y económicos inflingidos al pueblo cubano, resulta igualmente significativo el costo social que ha representado la aplicación del bloqueo y las medidas adicionales para su recrudecimiento que en su conjunto han impedido alcanzar los niveles de calidad de vida que se corresponden con los esfuerzos de un proyecto de desarrollo económico y social orientado primordialmente a la construcción de una sociedad para todos y por el bien de todos.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

Ginebra, 16 de septiembre del 2005

 

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