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Intervención de Ileana Núñez Mordoche, Embajadora, Encargada de Negocios a.i. de Cuba ante las Naciones Unidas en la Reunión Pública del Consejo de Seguridad sobre amenazas causadas por el terrorismo.
Martes, 30 de mayo de 2006 Señor Presidente:

Quisiera ante todo felicitarlo por su labor como Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de mayo.

Agradezco además a los Presidentes de los Comités creados en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001) y 1540 (2004), por la información brindada.

Señor Presidente:

Durante más de 45 años el pueblo de Cuba ha sido víctima de innumerables acciones terroristas, en su inmensa mayoría planificadas y organizadas desde territorio de Estados Unidos, con el apoyo, la protección y el financiamiento de los sucesivos Gobiernos de ese país. Como consecuencia de estos actos, el pueblo cubano ha pagado un alto costo en vidas humanas. Un total de 3 478 personas han resultado muertas, mientras que otras 2 099 han recibido daños a su integridad física. Altísimo ha sido también el costo económico para Cuba.

Con completa impunidad, en Miami y otras ciudades de este país se proveen y recaudan fondos para realizar actos terroristas, se operan abierta y normalmente las cuentas bancarias que financian el terrorismo, se recluta a terroristas, se permite la adquisición de armas y el uso del territorio a quienes financian, planifican y cometen actos de terrorismo contra Cuba.

En lugar de prevenir y reprimir el terrorismo contra Cuba, las autoridades estadounidenses mantienen secuestrados en cárceles de ese país a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, después que la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta decidió unánimemente revocar sus condenas y ordenar un nuevo juicio, anulando el celebrado por parte de una corte venal de Miami, sin las garantías del debido proceso. Estos cinco jóvenes cubanos sólo trataban, con elevado altruismo y valor, de obtener información sobre los grupos terroristas ubicados en Miami para prevenir sus actos violentos y salvar vidas de ciudadanos cubanos y norteamericanos.

Señor Presidente:

Nuevas pruebas han sido reveladas sobre el doble rasero de EE.UU. en su pretendida lucha y campaña internacional contra el terrorismo.

Estados Unidos continúa sin cumplir su obligación internacional de enjuiciar o extraditar al connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles, cuya extradición ha sido solicitada por la República Bolivariana de Venezuela.

Se perpetúa la impunidad de que goza el terrorista, juzgado como un “simple” inmigrante ilegal, a pesar de que el propio Gobierno estadounidense ha reconocido que se trata de un peligroso terrorista. En una carta enviada a dicho individuo en el mes de marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, se reconoció claramente lo anterior. Entre otros elementos, la carta le informaba que “debido a su largo historial de actividades delictivas y actos de violencia, que provocaron la muerte de civiles inocentes, liberarlo de la detención plantearía un peligro para la comunidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Después de 13 meses de silencio respecto a las insistentes preguntas del Gobierno cubano, el pasado 22 de abril salieron a la luz pública documentos de la Agencia Federal de Investigaciones de EE.UU. en los que se evidenció la complicidad de las autoridades norteamericanas con el ingreso ilegal de Posada Carriles a territorio de Estados Unidos a bordo de la embarcación “Santrina”, propiedad del connotado terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñá. Por varios meses, el Gobierno norteamericano negó conocer el ingreso de Posada Carriles a su territorio, a pesar de que ahora resulta claro que lo sabían desde el primer día, pues un agente encubierto de la mencionada agencia estadounidense viajaba en el “Santrina”.

Si lo sabían, ¿Por qué no lo arrestaron hasta varios meses después? ¿Por qué no presentaron de inmediato cargos contra los otros terroristas que ayudaron a Posada Carriles a entrar ilegalmente a ese país, como Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, que actualmente se encuentran presos por trasiego de armas y gravísimas violaciones de las leyes de seguridad de Estados Unidos?

Señor Presidente:

En lo que constituye otro hecho que demuestra la legitimidad de las denuncias de Cuba, el pasado 19 de abril se conoció la noticia de que en Los Ángeles, California, se había detenido al ciudadano de origen cubano Robert Ferro, quien tenía en su casa la escandalosa cifra de 1 571 armas de fuego, incluyendo armas antimisiles y algunas granadas de mano, escondidas en compartimentos secretos y habitaciones.

Tras su detención, Ferro declaró ser miembro de la organización terrorista anticubana Alpha 66 y que contaba con un grupo de 100 miembros en California y Miami listos y entrenados para realizar acciones contra el Gobierno de Cuba. Ferro también declaró a la prensa que “algunas de las armas le fueron suministradas de manera encubierta por el Gobierno norteamericano con la intención de derrocar a Fidel Castro.”

Se conoce públicamente que Robert Ferro, el dueño del arsenal, trabajó para la CIA y fue oficial de las Fuerzas Especiales norteamericanas.

Señor Presidente:

Cuba ha informado detalladamente al Comité Contra el Terrorismo establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) sobre el actuar terrorista de estos y otros individuos y organizaciones, así como sobre la protección cómplice que les brinda el Gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, no consta que el Comité haya tomado alguna acción siquiera para evaluar la información presentada e iniciado una investigación sobre los incumplimientos por parte de Estados Unidos de sus obligaciones derivadas de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.

El Gobierno de Cuba reitera su solicitud al Comité para que acometa una evaluación de la información presentada entre otros, en los documentos S/2002/15, S/2004/753, y S/2005/341, con el reclamo de que su labor pueda contribuir a que se ponga fin a la impunidad de que gozan en el territorio de los Estados Unidos, aquellos que han realizado acciones terroristas contra Cuba.

Es imposible eliminar el terrorismo si se condenan algunos actos terroristas mientras se silencian, toleran o justifican otros o sencillamente se manipula el tema para promover estrechos intereses políticos. Para avanzar, debe eliminarse toda pretensión hegemónica y acto de agresión, deben ser condenadas y reprimidas con total honestidad todas las formas y manifestaciones de terrorismo, en todos los lugares del mundo, sin excluir, bajo ningún concepto, el Terrorismo de Estado.

Muchas gracias

 

 

 

 

 


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