Protección de los migrantes
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de remitir los comentarios de Cuba a la solicitud de información del Secretario General de las Naciones Unidas en relación con la resolución 61/165 de la AGNU, titulada “Protección de los migrantes”.
Cuba concede particular importancia a la aplicación de la resolución 61/165 de la Asamblea General, al tratarse de un tema de gran relevancia y actualidad en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. Sus causas y motivaciones han sido diversas a lo largo de los siglos. Múltiples y diversos han sido también los aportes de los migrantes tanto para los países de procedencia como para aquellos que los han acogido. A través de la historia, muchos procesos migratorios fueron acogidos con simpatía o al menos tolerancia. En determinadas situaciones, las migraciones se produjeron como respuesta a políticas oficiales de fomento y estímulo a las mismas.
Sin embargo, hoy es otra la realidad que se presenta en relación con las migraciones de personas, fundamentalmente cuando estas se producen desde los países del Sur hacia el Norte. Los migrantes sufren una situación de vulnerabilidad específica, especialmente las mujeres y los niños.
Mientras el proceso de globalización y las recetas neoliberales promueven la libre movilidad de capitales y mercancías, los países desarrollados vienen aplicando políticas migratorias cada vez más restrictivas y discriminatorias, que no hacen sino servir de estímulo al fortalecimiento del racismo y la xenofobia, y en particular, de los movimientos políticos que los propugnan.
La lógica del tratamiento del problema de las migraciones por los principales centros de poder económico a través de la historia ha sido tan injusta y discriminatoria, que mientras hoy se cierran las fronteras de los países del Norte a los que más necesitan un empleo para garantizar sus medios de subsistencia, se dejan resquicios para permitir la entrada de personal altamente calificado desde los países del Sur, y garantizar el éxito a las políticas y programas del Norte dirigidas al “robo de talentos”, descapitalizando aún más a los países en desarrollo de sus escasos recursos humanos. Por ejemplo, de Latinoamérica han emigrado como promedio más de 70 científicos por día, durante 40 años. Entre 1959 y el 2004 se graduaron en Cuba 805 903 profesionales, incluyendo médicos pero la injusta política de Estados Unidos contra nuestro país nos ha privado del 5,16% de los profesionales graduados por la Revolución.
La política de la Revolución cubana se ha caracterizado por ofrecer becas a nacionales de otros países, con todas las atenciones requeridas tales como hospedaje, alimentación, atención de salud, etc., para la formación de profesionales, lo cual contrasta con el “robo de cerebros” que sufren los países en desarrollo.
El subdesarrollo en los países del Sur se profundiza cada día más, en el contexto de un injusto orden económico internacional que continúa agravando la distribución desigual de las riquezas en el planeta. La pobreza y la miseria que afecta a los pueblos del Sur crece por día. El acceso a las nuevas tecnologías y a los mercados para estos países se torna cada vez más difícil, al tiempo que el comercio es cada vez más desventajoso e injusto para el Sur. Mientras tanto la asistencia oficial al desarrollo continúa decreciendo y las ya escuálidas reservas de los países en desarrollo son drenadas por los gravámenes de la deuda externa.
El bloqueo y cierre de las fronteras no es la solución para los grandes flujos migratorios. Solo atendiendo las causas estructurales de la migración económica se podrá encontrar una solución duradera al problema. Para ello se requiere una voluntad política que lamentablemente no parecería existir entre los países desarrollados.
En tal sentido, Cuba expresa su profunda preocupación por las graves y frecuentes violaciones de los derechos humanos de que son objeto los migrantes, víctimas de manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante. Los migrantes son víctimas del maltrato inescrupuloso de traficantes y contrabandistas de personas, y del rechazo en los territorios hacia donde tratan de emigrar. Es particularmente preocupante el crecimiento y la impunidad con que actúan las redes criminales internacionales de tráfico de personas.
Luego de los abominables actos terroristas acaecidos el 11 de septiembre del 2001 en EE.UU., los países occidentales han utilizado con más fuerza el argumento de la incuestionable necesidad de luchar contra el terrorismo para hacer aprobar un conjunto de leyes, de forma apresurada e inconsulta, destinadas supuestamente a combatir este flagelo.
La intención de poner un signo de igualdad entre el terrorismo y la inmigración, aumenta aún más la vulnerabilidad de las minorías y las comunidades étnicas frente a las acciones represivas de las autoridades y la discriminación a nivel social. Cualquiera podría ser sospechoso solo por el color de su piel, su apariencia física, por su cultura o identidad, su fe religiosa e incluso por su nacionalidad. Las definiciones de “Actividad terrorista” y “Grupo terrorista” son tan amplias y ambiguas que pueden ser aplicadas a cualquier persona o grupo de personas.
Se destaca, particularmente, el negativo impacto que la aplicación de estas legislaciones tiene en la protección de los derechos de los migrantes, los que de hecho ya venían siendo brutalmente atropellados. Las mismas avalan el incremento del poder de la policía y de las agencias de inteligencia para detener, procesar y deportar a las personas que consideren sospechosas. El derecho de petición de refugio y solicitud de asilo estaría igualmente sujeto a la discrecionalidad y arbitrariedad a partir de estas nuevas medidas.
Estados Unidos, cuya nación fue constituida básicamente por migraciones de origen europeo que usurparon tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas que habitaban su territorio; país que recurrió incluso después de proclamada su independencia a la explotación de la mano de obra esclava de origen africano para su progreso económico, es hoy sin embargo, uno de los ejemplos más claros de políticas y prácticas discriminatorias, racistas y represivas hacia la emigración.
Este país ha continuado la militarización de las operaciones de la Patrulla Fronteriza, ha incrementado tanto el número de sus agentes fronterizos desde 1994 como el presupuesto destinado a tratar de detener el ingreso de indocumentados latinoamericanos en su frontera sur, de los cuales miles han perdido la vida a causa, directa o indirectamente, de estas operaciones represivas anti-inmigrantes. A estas medidas se suma la construcción del gigantesco muro en su frontera con México.
El Gobierno de los Estados Unidos ha politizado la relación migratoria bilateral con Cuba. En correspondencia con su política tradicional de dobles raseros, el Gobierno de los Estados Unidos continúa alentando la emigración ilegal desde Cuba y tolerando la impunidad del tráfico de migrantes cubanos hacia su territorio, con inescrupulosos fines políticos.
Estados Unidos mantiene en vigor, desde 1966, la llamada Ley de Ajuste Cubano, la cual ha servido de estímulo a la emigración ilegal y ha sido responsable de la muerte de cientos de cubanos. En virtud de ese engendro jurídico, a diferencia de los inmigrantes de otras nacionalidades, cualquier cubano que arribe a suelo estadounidense por cualquier medio, cualesquiera que sean sus antecedentes penales, obtiene inmediatamente un permiso de trabajo, beneficios de seguridad social, alimentación y alojamiento, así como la residencia legal automática a un año de su arribo.
La referida Ley constituye una violación de la letra y el espíritu de los sucesivos acuerdos migratorios bilaterales, que el Gobierno de Cuba ha firmado con el de los EE.UU. con el fin de garantizar una emigración legal, segura y ordenada. Esa Ley ha sido aplicada conjuntamente con la política de “pies secos, pies mojados”. En virtud de esta práctica ilegal, los migrantes cubanos que logran alcanzar el territorio de Estados Unidos son admitidos en ese país, independientemente de los medios utilizados y los hechos consumados para lograr tal propósito.
O sea que, pese a las denuncias oficiales y públicas de Cuba sobre el carácter asesino e ilegal de la Ley de Ajuste Cubano, el Gobierno de los Estados Unidos, lejos de abolirla, amplió su ámbito de aplicación, al declarar legal que los cubanos que lleguen a suelo estadounidense, utilizando pasaportes y visas falsas, pueden regularizar su condición migratoria. Esto constituye un aliento más para la emigración ilegal y la comisión de delitos.
A estas medidas hay que sumar otras contenidas en el Plan Bush de mayo de 2004 y la actualización de este texto realizada en agosto de 2006. El Plan presenta medidas dirigidas directamente contra los derechos de los migrantes y de la familia cubana, que se comenzaron a aplicar a partir del primero de julio de 2004.
El pasado 17 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba divulgó una Declaración donde se refirió al estado actual de cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos migratorios que asumió al suscribir el Comunicado Conjunto del 9 de septiembre de 1994, firmado entre ambos países. Al respecto, el MINREX informó que durante los nueve meses transcurridos entre el 1º de octubre del 2006 y el 30 de junio del 2007, en las oficinas de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio de Interior se han presentado 10 724 ciudadanos con visas otorgadas por la Oficina de Intereses de los Estados Unidos para emigrar de forma legal a ese país. Esta cifra representa solo el 53,6% de la cuota mínima anual de 20 mil visas que deben ser concedidas al concluir el mes de septiembre de 2007, por lo que, de mantenerse esta tendencia durante los tres meses que restan para la conclusión del período anual, el gobierno de los Estados Unidos violaría una obligación fundamental que garantiza el adecuado cumplimiento del Acuerdo Migratorio de 1994.
En contraposición a estos hechos y acciones de Estados Unidos, Cuba ha dado innumerables e irrebatibles pruebas de su permanente y serio compromiso con el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales con ese país, con el combate a la migración ilegal y violenta, así como en la lucha contra el tráfico de migrantes. En 1999 el Parlamento cubano aprobó la Ley 87, que endureció las condenas para quienes insisten en la criminal aventura de transportar emigrantes ilegales en la ruta de la muerte. Desde esa fecha, han sido sancionados, hasta con penas de privación perpetua de libertad, decenas de traficantes de migrantes con residencia o nacionalidad de los Estados Unidos.
En adición, nuestro Gobierno puso fin a los desvíos a Cuba de aviones de EE.UU. sancionando severamente a sus autores. En septiembre del año 2000, el Gobierno cubano presentó al de los EE.UU. una propuesta de acuerdo bilateral para el combate a la migración ilegal y el tráfico de personas. Desde esa fecha, esa propuesta ha sido reiterada en varias oportunidades, conjuntamente con sendos proyectos de acuerdos para combatir actividades conexas al tráfico de personas, como el tráfico de drogas y el terrorismo, sin que los Estados Unidos haya dado, hasta el momento, una respuesta positiva. Cuba también ha neutralizado decenas de proyectos e intentos de secuestros de embarcaciones y aeronaves por la fuerza y frustró numerosos intentos de emigración ilegal y operaciones de tráfico de personas, en su mayoría coordinados con traficantes en los EE.UU.
Cuba ha declarado y demostrado en la práctica, su voluntad de continuar trabajando para poner fin a las operaciones de tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos. Al propio tiempo, espera que el Gobierno norteamericano actúe consecuentemente con las decisiones que la comunidad internacional ha refrendado en esta materia y que se empeñe seriamente en encontrar soluciones duraderas al problema.
En el tema de las relaciones entre la Nación Cubana y su Migración, es necesario destacar por su importancia, la realización de tres ediciones de la Conferencia “La Nación y la Emigración”. La primera tuvo lugar en el año 1994; la segunda en el año 1995 y la más reciente en el año 2004. En el marco de esta última reunión se anunciaron las siguientes medidas:
La creación de una nueva oficina, adscrita inicialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender a los cubanos residentes en el exterior;
La decisión de otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos. Al respecto, debe recordarse que en 1994 ya se había acordado que jóvenes cubanos residentes en el exterior pudieran realizar en Cuba estudios de postgrado; en 1995 se acordó que pudieran cursar estudios universitarios en Cuba pagando los mismos. En el 2004 el gobierno cubano decidió otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos, que podrán estudiar en nuestras universidades gratuitamente, como lo hacen los jóvenes cubanos que residen en el país.
La creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y cultura cubanas, especialmente diseñados para descendientes de cubanos residentes en el exterior;
La adopción de nuevas medidas que harán más expeditos y seguros los procedimientos aduanales.
No existen problemas de fondo hoy entre la Nación y sus emigrados. El proceso de normalización no terminó con las medidas anunciadas, es continuo. En lo esencial, las decisiones tomadas en la última década han creado las condiciones para la normalización paulatina de las relaciones entre la Nación y la Emigración. Mienten los que presentan la permanente agresión del gobierno de Estados Unidos, en alianza con una elite corrupta, ambiciosa y antipatriótica de cubanos residentes en aquel país, como “un problema entre cubanos”.
El problema real, tanto de los cubanos que viven en la patria como el de todos los que, independientemente del país donde viven, sienten amor por Cuba y la desean soberana, es la pretensión de la administración Bush, heredera de una apetencia imperial por Cuba que data de dos siglos, de negarle al pueblo cubano su derecho a la libre determinación; de negarle el derecho, reconocido en la Carta de Naciones Unidas, a ser un país independiente y a escoger, sin injerencias externas, su modelo de desarrollo económico, político y social, elaborar sus leyes y establecer sus instituciones. Ese y no otro, es hoy el problema.
El bloqueo económico y la política de agresión contra Cuba constituyen hoy el mayor obstáculo a la normalización plena de las relaciones entre la emigración cubana y su patria. Y no solo de las relaciones con los cubanos que residen en Estados Unidos, es también el bloqueo hoy el mayor obstáculo a las relaciones con los cubanos que viven en cualquier lugar del mundo, que afecta, en primer lugar, a sus familias en Cuba, pero que también restringe y coarta derechos de los cubanos que viven en Estados Unidos y en otros países. Un día dejarán de existir el bloqueo y la hostilidad, lo cual no es una quimera, sino algo perfectamente factible. Cuando ya no exista el bloqueo ni la hostilidad, ni los planes de la llamada “transición” para Cuba diseñados en Washington, ni los designios para anexar a Cuba a Estados Unidos, entonces, ese día, los cubanos podrán viajar entre ambos países legalmente sin ningún tipo de restricción, excepto el escaso número de personas que por bochornosas y lesivas conductas contra la Patria no sean dignas de tal prerrogativa. En ese momento, los que deseen jubilarse en Cuba y tengan medios para ello, lo harán.
En nuestro país los flujos migratorios se realizan de forma ordenada y segura, cumpliéndose con las normas internacionales y con la garantía de protección requerida por los mismos. A tales efectos en Cuba, por ejemplo:
Se toman las medidas internacionalmente establecidas con los delincuentes detectados en actividades de Narcotráfico, Tráfico de Personas y otras.
Se le garantiza atención médica gratuita a todo el que la necesita en los puntos de frontera y se realizan controles fitosanitarios.
Se controla que a la entrada y salida del país, los pasajeros cumplan con los requisitos documentales exigidos, tanto para Cuba como para los países receptores.
A pesar de lo anterior, como resultado directo de la estimulación por parte del Gobierno norteamericano a las salidas ilegales del país mediante, entre otros mecanismos, la Ley de Ajuste Cubano, una parte minoritaria de nacionales cubanos utilizan la vía marítima ilegal para emigrar hacia ese país, arriesgando sus vidas, entre ellos, la de niños que los acompañan.
Se aplican amplias facilidades para que los turistas entren al país a través de visados (Tarjeta de Turista) muy fáciles de adquirir en Agencias de Viajes en diferentes países.
Aunque Cuba no es Estado Parte de los instrumentos internacionales vigentes sobre el Estatuto de Refugiado (la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967), en nuestro país se han brindado facilidades (prórrogas de estancia, atención médica, apoyo para adquirir documentación, etc.) adicionales a las personas atendidas por la representación del ACNUR en La Habana hasta que se logre su reasentamiento en un país receptor.
Para los que arriban de forma eventual a nuestras costas como es el caso de los migrantes haitianos, se ha implementado un Plan Especial de Atención en Campamentos, donde se les garantiza alimentación, atención de salud y transportación de retorno segura.
Por otra parte, Cuba cuenta con autoridades competentes que se encargan de aplicar la política del país en la materia. El marco jurídico lo constituye la Ley de inmigración y la Ley de extranjería (1312 y 1313) de 1976. Nuestro país ratificó el Convenio sobre los trabajadores migrantes.
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su consideración.
Ginebra 19 de julio de 2007