CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la Nota GVA 0525, relativa a la aplicación de la resolución 61/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Derechos Humanos y las Medidas Coercitivas Unilaterales”.

Cuba, una de las decenas de países subdesarrollados cuyo pueblo es víctima de medidas coercitivas unilaterales impuestas por países desarrollados, concede particular importancia a la consideración de este tema por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales ha sido el instrumento fundamental de la política de hostilidad y agresión de los Estados Unidos contra Cuba durante casi 50 años, en su obsesión por destruir el sistema político, económico y social establecido por la voluntad soberana del pueblo cubano.

Reiteradas resoluciones de la Asamblea General y de la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, así como numerosas Declaraciones Políticas aprobadas en importantes Cumbres y Conferencias Internacionales, auspiciadas por las Naciones Unidas, han dictaminado que la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

La aplicación de medidas coercitivas unilaterales como instrumento de coerción política y económica atenta contra la independencia, la soberanía y el derecho de libre determinación de los pueblos. Las principales víctimas de estas medidas son los pueblos de los países objeto de las mismas, en particular, los grupos más vulnerables de la población, especialmente los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados.

La Declaración sobre los principios del Derecho Internacional, referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1970, dispuso claramente que ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado, con vista a obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de este ventajas de cualquier tipo.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba es el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad, y forma parte esencial de su política de hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano. Su objetivo, definido desde el 6 de abril de 1960, ha sido la destrucción de la Revolución Cubana: “(…) a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno (…)”.

Constituye, asimismo, un componente esencial de la política de Terrorismo de Estado, desplegada contra Cuba sucesivamente por once administraciones norteamericanas que, de forma sistemática, acumulativa e inhumana, afecta a la población sin distinción de edad, sexo, raza, credo religioso o posición social.

Esta política califica, además, como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948. El bloqueo contra Cuba califica también como un acto de guerra y un delito de Derecho Internacional.

Estados Unidos ha adoptado y aplicado a largo de estos años distintas leyes y medidas coercitivas unilaterales contra Cuba. Entre las más conocidas y repudiadas internacionalmente sobresalen las llamadas leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996, cuyas disposiciones son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, violatorias del Derecho Internacional vigente y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mediante estas leyes, de marcado carácter extraterritorial, el Gobierno de Estados Unidos ha reforzado y extendido a terceros Estados, sus empresas, y ciudadanos, la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero, que ha impuesto contra Cuba por más de 47 años.

Más de las dos terceras partes de la población cubana (70%) han nacido y vivido siendo objeto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Al cierre del año 2006, el daño económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo, a partir de cálculos estimados, superó los 89 mil millones de dólares. Esta cifra no incluye los daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y actos terroristas alentados, organizados y financiados desde los Estados Unidos. Tampoco incluye el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.

Las autoridades norteamericanas confirman su más absoluto desprecio a las Naciones Unidas, al multilateralismo y al Derecho Internacional. Tras la aprobación de la última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiendo el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, adoptada con el apoyo casi unánime de los Estados miembros de las Naciones Unidas el 8 de noviembre del 2006, y a pesar de la existencia de otras catorce resoluciones anteriores que incluyen esa justa reivindicación, el Gobierno de los Estados Unidos ha recrudecido sus acciones contra el pueblo cubano.

En contra de la voluntad expresa de la comunidad internacional, las autoridades de Washington han adoptado nuevas sanciones económicas, han recrudecido la persecución a la actividad de las empresas y las transacciones financieras internacionales de Cuba, incluidas aquellas destinadas a realizar pagos a los organismos de las Naciones Unidas; han recrudecido las represalias contra los que comercian con la Isla o se vinculan con ella a partir de intercambios de naturaleza cultural o turística; han aplicado mayores presiones sobre sus aliados para obligarlos a subordinar las relaciones con Cuba a los propósitos de “cambio de régimen” que sirven de guía a la política de hostilidad de EE.UU.; han impuesto una escalada sin precedentes en el apoyo financiero y material a las acciones dirigidas al derrocamiento del orden constitucional cubano.

Todo lo anterior ha sido facilitado por el Plan para la Anexión de Cuba —puesto en práctica desde el 30 de junio de 2004— y de las medidas contenidas en su actualización del 10 de julio del 2006, entre las que se incluye el establecimiento de nuevos mecanismos ínter agencias para perfeccionar la implementación de las regulaciones del bloqueo y maximizar su efecto territorial, así como un acápite secreto de acciones encubiertas.

El gobierno norteamericano ha intensificado sus intentos de fomentar la subversión en Cuba con aquellos dispuestos a vender sus servicios a cambio de una parte de los más de 80 millones de USD aprobados en Washington para tales fines.

El objetivo último no es otro que privar al pueblo cubano de su soberanía y del ejercicio de su derecho a la libre determinación.

En el período transcurrido entre agosto de 2006 y junio del presente año, se han registrado numerosas acciones que corroboran el agravamiento de las medidas punitivas del bloqueo contra Cuba. Entre ellas podemos citar las siguientes:

· El 8 de agosto del 2006, la OFAC informó que la Compañía Dresser-Rand Group Inc. fue multada por un monto de 171 mil 305 dólares, por exportar bienes y servicios a Cuba sin licencia.

· El 11 de agosto del 2006, la OFAC emitió un comunicado para advertir a las entidades autorizadas a enviar remesas a Cuba, así como a las personas bajo jurisdicción de EE.UU., que la entrega en CUC (moneda convertible cubana) de los fondos transferidos a los destinatarios en Cuba, constituye una violación de las disposiciones del bloqueo y quienes incumplan serán sancionados con multas, la suspensión o pérdida de la licencia de operaciones, u otras penalidades. En dicho comunicado, la OFAC recordó que, según su Circular 2006, publicada en marzo, las remesas a Cuba sólo pueden entregarse en dólares estadounidenses, dólares canadienses, libras esterlinas, francos suizos o euros.

· El 11 de agosto del 2006 la OFAC informó que la organización U.S.-Cuba Labor Exchange fue multada por un monto de 13 mil 950 dólares, por ofrecer servicios de viajes a Cuba sin autorización. Esta organización no es una agencia de viajes. Tiene como objetivo promover el intercambio entre los trabajadores de ambos países.

· El 14 de agosto del 2006 el Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU. informó que el Departamento del Tesoro le impuso una multa a la Alianza de Iglesias Bautistas ascendente a 34 mil dólares, alegando que algunos de sus miembros y feligreses de otras iglesias hicieron turismo durante una visita a Cuba con fines religiosos.

· El 10 de octubre del 2006 la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, anunció oficialmente la creación del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Sanciones a Cuba, integrado por representantes de la OFAC, el FBI, el Servicio de Rentas Internas (IRS), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Comercio, el Servicio de Guardacostas y las unidades aérea y terrestre de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). El objetivo fundamental de este Grupo es perseguir, de manera rigurosa y agresiva, las violaciones de las regulaciones del bloqueo y encausar a los infractores, quienes se exponen a sanciones de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares para las empresas y de hasta 250 mil dólares para los individuos. La creación de este Grupo es una de las recomendaciones de la actualización de julio de 2006 del Plan Bush.

· En noviembre del 2006, el Departamento del Tesoro denegó la autorización para viajar a Cuba a 15 destacados científicos norteamericanos que habían expresado su intención de participar en el Taller Internacional Inmunoterapia 2006, organizado por el Centro de Inmunología Molecular, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, del 15 al 19 de noviembre.

· En diciembre del 2006, el Gobierno de los EE.UU. envió una nota a todas las compañías norteamericanas proveedoras de servicios de Internet, para prevenirlas de hacer negocios con 6 países, incluida Cuba.

· El 13 de febrero del 2007, la OFAC informó que la empresa Vesper Corporation fue multada con 23 mil 800 dólares por exportar productos a Cuba sin licencia.

· El 14 de marzo del 2007 el senador anticubano Mel Martínez (R-FL), introdujo el proyecto S.876, que establece la aplicación de sanciones para los individuos o compañías que inviertan más de 1 millón de dólares en el programa de petróleo y gas cubano, con medidas que incluyen la negación de facilidades para la exportación de bienes, servicios, tecnologías, otorgamiento de recursos financieros y la limitación de acceso a contratos con el gobierno de los EE.UU.

· El 26 de marzo del 2007, la también legisladora y representante de los grupos anticubanos Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), presentó el proyecto de ley HR. 1679, que niega el otorgamiento de visas a personas o compañías extranjeras que contribuyan a la explotación de petróleo en Cuba e impone sanciones a quienes inviertan más de 1 millón de dólares para desarrollar la industria del crudo y los recursos de gas natural en nuestro país, incluidas las subsidiarias norteamericanas

· El 6 de abril del 2007, según información de la OFAC, la organización bancaria Kinecta Federal Credit Union, de los EE.UU., fue multada en un monto de 3 mil 102 dólares por iniciar, sin licencia, una transferencia de fondos destinados a un nacional cubano.

· El 4 de mayo del 2007, la OFAC informó que la empresa inglesa PSL Energy Services fue multada en un monto de 164 mil dólares por exportar y re-exportar sin licencia equipos de servicios de campos petrolíferos y servicios técnicos a Cuba.

· En la primera mitad del año 2007, y como parte de las acciones de la escalada anticubana que representa el Plan Bush para la anexión de Cuba, el Sr. Caleb McCarry, nombrado por el presidente Bush como “Coordinador para la Transición en Cuba”, visitó varios países de la Unión Europea (Suecia, Dinamarca, Irlanda, Alemania, Polonia, Bélgica, Holanda, Hungría y Eslovaquia) con el abierto y reconocido propósito de presionarlos para que se sumen a la aplicación de la estrategia norteamericana contra la Isla. La Sra Kirsten Madison, Subsecretaria Asistente de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado visitó, con idéntico fin, Gran Bretaña, Italia, Santa Sede y Bélgica.

Los daños provocados por el carácter extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales se multiplican por la importante participación de los Estados Unidos y sus empresas en el comercio y las inversiones transnacionales. Tanto las inversiones de empresas de terceros países en los EE.UU., como las norteamericanas en el exterior, fundamentalmente en la forma de fusiones y adquisiciones totales o parciales de empresas, agravan los efectos extraterritoriales de estas medidas, al reducir el espacio económico externo de Cuba y hacer más difícil, a veces imposible, la búsqueda de socios y suministradores para sortear el férreo bloqueo norteamericano.

Sectores tan altamente sensibles como los de alimentación, salud, educación y transporte, han estado entre los principales blancos de esta política genocida.

En el período de mayo de 2006 a abril de 2007, las medidas coercitivas unilaterales han provocado afectaciones en el sector de la alimentación que alcanzaron un valor que supera los 258 millones de dólares, fundamentalmente debido a su impacto negativo en la producción de alimentos para el consumo de la población. Con cifra similar, Cuba hubiese podido adquirir para la alimentación de la población cubana alrededor de 180 mil toneladas métricas de fríjol de soya, 72 mil toneladas métricas de aceite de soya, 300 mil toneladas métricas de maíz y 275 mil toneladas métricas de trigo.

Sólo en el año 2006, las afectaciones para la industria avícola cubana sobrepasaron los 62 millones 800 mil dólares, como resultado, entre otros factores, de la ausencia de relaciones bancarias directas entre Cuba y los Estados Unidos, de la aplicación de un mecanismo complicado y dilatado de licencias para la exportación y transportación de las mercancías y para los viajes de los ejecutivos estadounidenses a Cuba, y de los demorados procedimientos para que especialistas cubanos veterinarios y fitosanitarios, entre otros, viajen a los Estados Unidos para visitar las instalaciones productivas de manera consistente con la práctica del comercio internacional. A lo anterior se ha sumado la reciente práctica de tratar de embargar productos agrícolas y alimentarios adquiridos por Cuba en el mercado norteamericano mediante órdenes judiciales emitidas por tribunales de los Estados Unidos.

Las afectaciones del bloqueo en el Sistema Nacional de Salud sobrepasaron los 30 millones de dólares durante el período que abarca este informe. Las instituciones del sector de la salud, que brindan una atención médica de forma gratuita a toda la población, han visto afectados sus servicios de urgencias, de atención al paciente grave, las unidades quirúrgicas y otros servicios especializados, tanto de adultos como de niños, así como la atención a las embarazadas, al no lograrse acceder a medios de diagnóstico o medicamentos de última generación, generalmente producidos en los EE.UU., y al afectarse la capacidad de adquirir material gastable, piezas de repuesto o el equipamiento necesario de procedencia norteamericana.

La atención a los niños cubanos en el campo de la anestesia quirúrgica se ha visto obstaculizada por el bloqueo. Debido a la aplicación de esta política, Cuba no puede adquirir el agente anestésico inhalatorio Sevoflurane, patentado con el nombre comercial Sevorane, el que se ha convertido en el agente de inducción por excelencia para anestesia general en niños. Esta patente es exclusiva de Laboratorios ABBOT, compañía estadounidense que no le vende a nuestro país en cumplimiento de las leyes del bloqueo. El Sistema Nacional de Salud no tiene otra alternativa que utilizar sustitutos de ese producto con menor calidad, en mercados más alejados y con el correspondiente encarecimiento de los costos.

Las presiones estadounidenses han provocado que otras empresas hayan avanzado su intención de suspender las ventas a empresas cubanas y en otros casos, han anunciado la cancelación de licencias, como ocurrió con la compañía Med Tronic, que se vio obligada a dejar de vender marcapasos externos a Cuba, lo que afectó a los niños portadores de arritmias de carácter congénito o adquiridas, que requieren de este aditamento.

En el sector de la educación también han existido enormes afectaciones como consecuencia de la aplicación de la política de bloqueo, en franca violación de los derechos humanos y las libertades académicas y educacionales más elementales. El mantenimiento y reparación de los edificios escolares, así como la necesaria reposición del mobiliario escolar y otros equipos, continúa siendo afectado por la política de bloqueo. La reubicación de esas compras en terceros mercados, implicó en el período analizado erogaciones adicionales que ascienden a 870 mil 370 dólares, lo cual ha incidido de manera negativa en la calidad del proceso educativo y las condiciones de vida de los estudiantes.

Como resultado de las indicaciones de diciembre del 2006 impartidas por el gobierno estadounidense a todas las compañías norteamericanas proveedoras de servicios de Internet, con el objetivo de prevenirlas de ofrecer servicios a Cuba, se ha visto seriamente limitado el acceso de los estudiantes y profesores cubanos a bases de datos y páginas WEB en Internet, al verse obligados a hacerlo desde un sitio en Cuba.

Durante todo este período, el sector de la cultura tuvo una afectación como consecuencia del bloqueo que asciende a 20 millones 365 mil dólares. Ello impacta negativamente en los esfuerzos de Cuba por lograr una cultura general integral de la población.

En la rama del transporte —esfera que brinda servicios vitales a la economía y a la población— también ha sido severamente afectado, con secuelas directas y tangibles en el día a día de los cubanos. El impacto financiero del bloqueo en el área de los transportes en el período analizado ascendió a 208,8 millones de dólares.

En el sector de la vivienda, sólo en el período comprendido desde mayo del 2006 hasta marzo del presente año, se calcula que la afectación en la ejecución de los planes de construcción, conservación y rehabilitación de viviendas alcanzó los 4 millones 300 mil dólares.

A la empresa IMECO, que importa los materiales y productos de construcción para la vivienda, le fue denegada por la firma Westinghouse una solicitud para adquirir accesorios y componentes eléctricos. Al no poder acceder al mercado de los Estados Unidos, IMECO ha tenido que pagar por sobreprecios en otros mercados la suma de 1 millón 31 mil 487 dólares.

Los ejemplos mencionados son solo una parte del incremento sin precedentes, de las declaraciones y acciones agresivas y hostiles del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en los años 2006 y 2007. Esta escalada evidencia los peligros que se ciernen sobre el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo cubano, ante la eventualidad de una agresión militar.

Cuba ha sido incluida, sin fundamento alguno, en cuanta lista elabora unilateralmente el Departamento de Estado sobre supuestas violaciones de los derechos humanos, tráfico de personas, turismo sexual, prácticas terroristas, intolerancia religiosa, etc. Todo lo anterior sólo tiene un objetivo: fabricar los pretextos que necesitaría para una agresión militar y la continuidad de su política de hostilidad y bloqueo contra el pueblo cubano.

El respeto al Derecho Internacional existe para todos por igual, como paradigma irrenunciable de la convivencia pacífica y la justicia en el planeta. Es inadmisible que el Gobierno de los Estados Unidos continúe promulgando nuevas leyes, medidas y disposiciones destinadas a recrudecer el bloqueo y a empeorar las condiciones de vida del pueblo cubano, e ignore que la comunidad internacional lleva 16 años llamando a poner fin al bloqueo contra Cuba en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, a la par que condena sistemáticamente la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en la propia Asamblea y en la Comisión de Derechos Humanos.

Cuba reivindica su soberano derecho y el deber irrenunciable de denunciar los daños y violaciones que la política de bloqueo ha impuesto a su pueblo, al propio pueblo de los Estados Unidos, a terceros países y al Derecho Internacional.

Hoy es más importante que nunca que la comunidad internacional siga pronunciándose enérgicamente contra la aplicación de tales prácticas y que se tomen medidas urgentes, encaminadas a lograr el efectivo cumplimiento de sus decisiones.

La Misión Permanente de Cuba aprovecha la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

Ginebra, 10 de julio de 2007

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