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Nota Verbal

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de trasladar los comentarios de Cuba a la Nota G/SO/214/2007, en la que se solicita información en virtud de la resolución 2005/02 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, titulada “Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”:

Cuba, que después de 1959 ha sido víctima de innumerables acciones violentas perpetradas por mercenarios, concede especial importancia a la labor del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios, y ha mantenido una comunicación fluida con este mecanismo temático y su antecesor: la figura del Relator Especial. Cabe recordar la estrecha cooperación brindada por Cuba al Sr. Enrique Bernales Ballesteros, quien visitó el país y acopió abundantes pruebas documentales acerca de las actividades mercenarias ejecutadas en años recientes contra Cuba.

Las evidencias entregadas al entonces Relator Especial involucraron a organizaciones terroristas con sede en el territorio de Estados Unidos. A partir de esa información, se exhortó a las autoridades de los Estados Unidos de América a que permitieran la visita del Relator Especial a su territorio y, en particular, a los Estados de Florida y Nueva Jersey. La visita nunca se materializó por las sucesivas dilaciones impuestas por las autoridades estadounidenses.

Durante más de cuatro décadas, el pueblo de Cuba ha sido víctima de innumerables acciones terroristas, en su inmensa mayoría planificadas y organizadas desde territorio de Estados Unidos, con el apoyo, la protección y el financiamiento de los sucesivos Gobiernos de ese país. O sea, en lugar de prevenir, impedir y reprimir las acciones terroristas con participación de mercenarios contra Cuba, las autoridades norteamericanas las han fomentado y estimulado como parte de su política dirigida a poner fin al sistema económico, político y social escogido libremente por los cubanos en ejercicio de su derecho a la libre determinación.

Como consecuencia de esos actos, el pueblo cubano ha pagado un alto costo en vidas humanas. Elevadísimo ha sido también el costo económico que ha pagado la nación cubana como resultado de los sucesivos sabotajes e incluso agresiones biológicas de las que ha sido victima. En muchas de estas acciones ha estado la mano de mercenarios pagados con el dinero que fluye desde varias cuentas bancarias que operan los sectores anticubanos radicados en ese país, a las cuales contribuye abiertamente el propio Gobierno norteamericano mediante cuantiosos fondos.

Desde territorio estadounidense operan contra Cuba un sinnúmero de organizaciones terroristas con la impunidad que les brinda la complicidad del Gobierno con sus acciones. Por sus calles circulan libremente connotados y confesos criminales, entre los que se cuentan los reconocidos terroristas internacionales Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón, Guillermo Novo Sampoll, Leonel Macías, Nazario Sargent, Francisco José Hernández Calvo, José Basulto, Rubén Darío López Castro, Roberto Martín Pérez, Silverio Rodríguez Pérez, Rodolfo Frómeta, Ramón Leocadio Bonachea, William Chávez y otros que harían la lista interminable.

En el curso de los últimos años, con el régimen impuesto por la administración de George W. Bush, Estados Unidos ha recrudecido de una manera sin precedentes el financiamiento de la subversión. Baste recordar que en el 2006, al llamado “Fondo Cuba para un Futuro Democrático” se le asignaron 80 millones de dólares para 2 años y recomendó otorgar cada año 20 millones para fines subversivos. Adicionalmente, la Administración Bush solicitó que el Congreso aprobara en el presupuesto del 2008, 45.7 millones de dólares para fines subversivos y 38.7 millones de dólares para la agresión radio televisiva contra Cuba.

La más reciente demostración del compromiso del Gobierno norteamericano con el terrorismo y el mercenarismo contra Cuba, es la puesta en libertad en Estados Unidos, el 19 de abril de 2007, del connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles, quien con posterioridad fuera incluso eximido de los simples cargos migratorios por los que estaba siendo procesado en ese país.

La decisión de liberar al terrorista fue tomada luego que el pasado 11 de enero el Gobierno de los Estados Unidos empleara un nuevo subterfugio legal para no presentar cargos contra Luis Posada Carriles por su responsabilidad como autor de actos de terrorismo internacional. El Gobierno estadounidense instruyó a Posada Carriles por fraude y haber mentido al solicitar la naturalización en los Estados Unidos.

El más peligroso terrorista del hemisferio occidental, permanece libre en territorio norteamericano, sin que hasta el presente exista alguna indicación clara de que será presentado ante la justicia para que responda por los brutales crímenes terroristas cometidos. Con este proceder, Estados Unidos continúa incumpliendo su obligación de enjuiciar a dicho terrorista o extraditarlo a un país que esté dispuesto a hacerlo, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, cuya solicitud de extradición del criminal permanece vigente, aún cuando el Gobierno norteamericano la ha ignorado.

Permitir que terroristas confesos, exmercenarios y reclutadores de mercenarios - como Luis Posada Carriles y sus cómplices - continúen gozando de impunidad y escapen a los reclamos de la justicia de varios países, mientras se somete a largas e injustas condenas a cinco cubanos luchadores contra el terrorismo, constituye un acto inmoral y una gran irresponsabilidad. Constituye una afrenta a las víctimas del terrorismo y el mercenarismo en el mundo entero, así como a todos aquellos que luchan honestamente por desterrar por siempre estos males de la faz de la tierra.

En el pasado Cuba ha enviado amplia y profusa documentación al antiguo Relator Especial y al actual Grupo de Trabajo con relación al historial mercenario del terrorista Luis Posada Carriles y sus cómplices, incluida la información contenida en la Nota Verbal enviada por esta Misión Permanente, en abril de 2007. En el Informe E/CN.4/2000/14, fueron documentadas acciones terroristas contra instalaciones hoteleras cubanas ejecutadas por mercenarios centroamericanos reclutados por el connotado terrorista Luis Posada Carriles, también responsable de la explosión en pleno vuelo en 1976 de un avión con 73 civiles a bordo.

Al respecto, Cuba reitera la necesidad de que el Grupo de Trabajo investigue y rechace las actividades de los grupos terroristas anticubanos que operan con impunidad en el territorio de los Estados Unidos y que han recurrido al reclutamiento de mercenarios para llevar a cabo sus misiones de muerte contra el pueblo cubano.

Ante las circunstancias expuestas, Cuba reitera que es imprescindible que el Grupo de Trabajo retome en el más breve plazo la solicitud de visitar los Estados Unidos de América, que fuera presentada en su momento por el Sr. Bernales Ballesteros.

Cuba valora altamente los esfuerzos desplegados en el marco del sistema de las Naciones Unidas con el objetivo de condenar y combatir el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, en particular el seguimiento que brindan la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos a las consecuencias negativas de las actividades mercenarias para el disfrute de todos los derechos humanos, entre ellos el de libre determinación de los pueblos.

Muestra de nuestro compromiso en el enfrentamiento al fenómeno del mercenarismo lo constituye el hecho de que Cuba es Estado parte de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, cuya adopción en 1989, mediante la Resolución 44/34 de la Asamblea General de la ONU, marcó un hito en el desarrollo de un marco legal internacional para el combate a las actividades mercenarias, no obstante las limitaciones que pueda tener este instrumento.

La legislación cubana está preparada para prevenir y reprimir la utilización del territorio nacional para actividades de reclutamiento, financiación, adiestramiento y tránsito de mercenarios, así como la participación de nacionales cubanos en tales actividades. En su Capítulo III (Delitos contra la paz y el Derecho Internacional), Sección octava, artículo 119, el Código Penal cubano prevé y sanciona el delito de Mercenarismo.

El Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios ha venido cumpliendo una meritoria labor en el desempeño del mandato que le fuera conferido, en particular, en el escrutinio y monitoreo del impacto en materia de derechos humanos de las actividades de Empresas Privadas Militares y de Seguridad, utilizadas de modo creciente para el sostenimiento de regímenes de ocupación extranjera y conquista imperial.

Preocupa, en particular, la presencia de miles de estos mercenarios de nuevo tipo en apoyo a las fuerzas de la coalición imperialista que invadió ilegalmente a Irak, en función de los intereses de dominación hegemónica global de la administración de turno en Washington. Varios de esos mercenarios fueron partícipes y perpetradores directos de las más execrables formas de tortura en Abu Ghraib.

Cuba exhorta al Grupo de Trabajo a continuar también el seguimiento de otras formas más clásicas y tradicionales de mercenarismo y, en particular, a retomar varias de las recomendaciones formuladas por el Sr. Enrique Bernales Ballesteros en el período en que desempeñó el mandato de Relator Especial.

 

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su más alta consideración.

Ginebra, junio de 2007

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