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Consideraciones de Cuba acerca del informe de la visita al país del relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la alimentación (A/HRC/7/5/Add. 3)

Cuba desearía, ante todo, agradecer muy sinceramente al Sr. Jean Ziegler, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Alimentación, por haber aceptado la invitación extendida por su Gobierno para la realización de una visita oficial al país.

La referida invitación respondió a una decisión soberana de Cuba, inspirada en su tradicional política de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas de aplicación universal y carácter no discriminatorio. Corrobora, además, su firme compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos, y su voluntad de profundizar y expandir su cooperación internacional en la materia, una vez eliminado el injustificado e injusto mandato que impusiera Estados Unidos contra Cuba en la desaparecida Comisión de Derechos Humanos mediante las más espurias manipulaciones políticas.

La oposición de principios al desaparecido ejercicio anticubano nunca entrañó que el Gobierno cubano cuestionara la cooperación con el resto de las instancias de la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas, siempre que las mismas sustentaran sus labores sobre bases no selectivas. Cuba siempre mantuvo la cooperación con la propia figura del Alto Comisionado y el personal de su Oficina, con los procedimientos temáticos y con los órganos establecidos en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es Estado Parte.

La categórica decisión adoptada por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de poner fin al mandato anticubano – ratificada el pasado mes de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas –, ha permitido profundizar cualitativamente la aplicación de la política de cooperación de Cuba en materia de derechos humanos. El camino ha quedado desbrozado de los obstáculos insalvables que plantea el enfoque de presiones y manipulación con fines de dominación política.

Como bien señala el Sr. Relator en su informe, su invitación a Cuba se enmarca en este contexto, y constituye la primera de su tipo que se materializa desde que fuera eliminado el espurio mandato anticubano. Cuba ha confirmado su disposición a continuar invitando a otros titulares de procedimientos especiales del Consejo, proceso que se promoverá de forma ordenada y sin discriminación en cuanto a categorías de derechos. Se tendrá presente tanto la capacidad de asegurar el cumplimiento exitoso de los programas que requieren visitas de esta naturaleza, como el impacto y contribución que las mismas pueden realizar a la efectiva aplicación de políticas y programas dirigidos a profundizar la libertad, equidad y justicia social que alcanzaron los cubanos con su Revolución.

Cuba manifestó también su decisión de firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reafirmando su compromiso con los postulados de ambos instrumentos, asumido al momento de apoyar la adopción de sus respectivos textos en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cuba es Estado Parte de numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Siempre se ha caracterizado por honrar los compromisos adquiridos en virtud de los mismos. El proceso de ratificación de un tratado internacional es asumido como un proceso muy serio y riguroso por nuestro país. Se requiere el tiempo suficiente para realizar el análisis de sus disposiciones, un amplio proceso de consultas con las instituciones concernidas y el estudio minucioso del ordenamiento jurídico y el análisis de las políticas y programas vigentes, con vista a asegurar la compatibilidad de las obligaciones internacionales que se propone asumir con cada uno de los componentes del sistema construido de modo soberano por el pueblo cubano, como sustento de su libre determinación. Dicha conducta constituye una garantía para el pleno cumplimiento de lo pactado.

Cuba aprecia el enfoque objetivo y crítico que guió la visita y se refleja en el informe presentado por el Sr. Ziegler acerca de la realización del derecho a la alimentación en el país.

El Relator reconoce y exalta los esfuerzos y las medidas y programas que ha emprendido el Gobierno cubano con vista a dar una adecuada solución a los obstáculos y problemas que inciden en la plena realización del derecho a la alimentación de cubanos y cubanas.

En su informe, el Relator identifica con objetividad algunas de las variables externas que impactan negativamente el disfrute del derecho a la alimentación en Cuba.

La ganadería, la agricultura y la pesca, sectores estrechamente vinculados a la realización del derecho a la alimentación, han sido objetivos centrales en el impacto de la guerra no declarada de Estados Unidos contra Cuba, incluido el recurso de la agresión biológica.

La producción agropecuaria cubana ha sido víctima de la introducción de numerosas plagas y enfermedades en acciones terroristas promovidas por los servicios de inteligencia estadounidenses. La enfermedad avícola conocida como Newcastle, la fiebre porcina africana, la roya de la caña de azúcar, el moho azul del tabaco, la seudodermatosis nodular bovina, la mamilitis ulcerativa bovina, la sigatoka negra del plátano, el pulgón negro del cítrico, la enfermedad hemorrágica viral del conejo, la broca del café, la varroasis de la abeja, la enfermedad ulcerativa de la trucha, el thrips palmi karny en la papa y el ácaro del arroz, son sólo algunos ejemplos de las plagas y enfermedades aparecidas en Cuba como resultado de las acciones de guerra biológica de Estados Unidos contra el desarrollo agropecuario de nuestro país y la plena realización del derecho a la alimentación de los cubanos.

Cuba aprecia que en las recomendaciones de su informe, en consonancia con sucesivas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema, el Sr. Relator incluya un enérgico llamado al Gobierno de Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo contra nuestro pueblo, una política claramente genocida y contraria al pleno disfrute del derecho a la alimentación de los cubanos. Al propio tiempo, Cuba agradece el reconocimiento que hace el Relator de los logros alcanzados por nuestro pueblo en materia de realización del derecho a la alimentación, a pesar de las dificultades y los obstáculos existentes.

El camino no ha sido sencillo. El reto es construir una sociedad que asegure los más amplios grados de libertad, equidad y justicia social en un país subdesarrollado y con una alta dependencia económica externa – y que por siglos también fue política –, que por casi cinco décadas ha estado sometido a la más brutal política de agresiones, bloqueo y hostilidad de la más poderosa potencia que haya existido jamás y que se ubica a sólo 90 millas de su territorio.

El desafío es lograr altos niveles de productividad y eficiencia, en una sociedad inclusiva y solidaria, que no abandone al ser humano a su suerte, lo que no es posible en las condiciones de un sistema que se rija y quede sometido a las injustas leyes del mercado.

Desde el triunfo mismo de la Revolución en 1959, el pueblo cubano ha estado empeñado en desarrollar un proyecto de justicia social y equidad, que ponga fin a los males heredados de sucesivas administraciones sometidas a los intereses de Estados Unidos. El esquema de subordinación neocolonial concebido para Cuba en la estrategia imperial de Estados Unidos, el capitalismo como sistema económico y la tradicional democracia representativa burguesa, empujaron a la nación cubana al borde de su destrucción y asimilación, agravaron la distribución desigual de las riquezas, potenciaron la pobreza y el hambre en amplios sectores de la población y colocaron las principales riquezas del país en manos del capital norteamericano.

Se requirió de profundas transformaciones para revertir esa situación y poder garantizar el desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la alimentación, en condiciones de equidad y justicia.

Este proceso no ha estado exento de errores y resultados no satisfactorios, algunas veces impuestos y en otras ocasiones agravados por las adversas variables externas que en el mismo han incidido. Somos conscientes de que nuestro sistema es perfectible y en ello estamos empeñados de modo permanente.

Sin embargo, no aceptamos que la respuesta a los problemas que enfrentamos se pueda hallar en la simple liberalización de la producción, la distribución y la venta de productos en el mercado, siguiendo recetas capitalistas. Nuestra contribución real al futuro desarrollo de Cuba e incluso de toda la humanidad, sería resolver los problemas planteados sin sacrificar los principios de justicia social y equidad que guían nuestra obra. En ello trabajamos.

Cuba se encuentra enfrascada – como lo refleja el Relator en su Informe –en un proceso democrático de amplia consulta popular, para potenciar el debate y la elaboración de propuestas que sugieran acciones y modos que permitan superar nuestras dificultades en sectores productivos como el agropecuario, buscando soluciones que permitan elevar la eficiencia y la productividad y que aseguren la continuidad del sistema de beneficios sociales de cobertura universal construido por nuestro pueblo. Más de un millón de propuestas vienen siendo procesadas y contribuirán al esfuerzo de profundización revolucionaria en curso.

Con relación a los párrafos 43 y 45 del informe del Relator, relativos al tema de la agricultura, resultan oportunas las siguientes precisiones:

- En Cuba, de 6.629.600 de hectáreas de terreno agrícola, se cultiva la mitad - 3.124.300 hectáreas. Hay tres formas de propiedad de la tierra: empresas estatales[1]; cooperativas; y agricultores individuales. Los agricultores individuales incluyen a los campesinos propietarios de sus tierras y a los usufructuarios de pequeñas parcelas entregadas por el Estado para su autoconsumo.

- En las 2497 Unidades Básicas de Producción (UBPC), sus miembros cultivan en forma cooperada las tierras estatales otorgadas en usufructo gratuito, por tiempo indefinido y son dueños de la producción.

- Las 1099 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) son formas colectivas de producción de campesinos que voluntariamente integraron las tierras y medios de producción de su propiedad para su explotación y la distribución colectiva de beneficios.

- Las 2557 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) están formadas por agricultores pequeños, aproximadamente 150.000, que mantienen la propiedad de la tierra, de sus medios de producción y cosechas, que se asocian para producir, recibir y utilizar de forma organizada los recursos materiales, créditos financieros, los servicios y la asistencia técnica que las empresas estatales le proporcionan.

- Los productores venden directamente a la empresa estatal ACOPIO la parte de su producción establecida en los contratos y pueden vender libremente el resto de la producción no comprometida. Las ventas a ACOPIO se efectúan a precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, tomando como base los costos de producción.

- Los suministros de insumos a todos los productores se ejecutan por las empresas estatales especializadas en esos servicios. La cuantía de suministros se determina en los contratos o planes establecidos, teniendo en cuenta los niveles de recursos que tendrá disponible el país en el período que el documento establece. Los productores adquieren los insumos en moneda nacional a precios establecidos por el Estado. Las demoras en los pagos y los pagos fuera de fecha que afectaron en el pasado las relaciones de las empresas estatales acopiadoras con los productores, han sido superadas como consecuencia del conjunto de medidas adoptadas por los organismos del Estado implicados en el asunto.

Con relación a los párrafos 12 y 78 inciso j, relativos a la situación nutricional, es preciso aclarar lo siguiente:

 Si bien las cifras de anemia en los niños de 6 a 12 meses de edad son cercanas al 40%, debemos destacar que los mayores porcentajes son de anemia ligera.

 En otros grupos de niños por encima del año de edad y hasta los cinco años, los porcentajes siempre son inferiores al 30% y se corresponden de igual forma con la anemia ligera.

 En las embarazadas, las cifras no son de 30% sino de 23.5% en el último trimestre de la gestación, siendo igualmente anemia ligera en su mayor parte.

 Se trabaja intensamente en las estrategias de suplementación medicamentosa con preparados farmacéuticos, fortificación de alimentos de consumo masivo y de alimentos complementarios con el objetivo de disminuir en 1/3 la prevalencia actual de anemia – que como se ha expresado es mayormente ligera – antes del 2012.

Con relación a la recomendación del Relator acerca del establecimiento de una institución independiente encargada de recibir y tramitar quejas sobre eventuales violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, Cuba se permite aclarar que nuestro país tiene establecido un amplio y efectivo sistema de naturaleza interinstitucional – que incluye la participación de organizaciones sociales y de masas – para garantizar la recepción, tramitación y respuesta de cualquier queja o petición individual o de grupos de personas, vinculadas al disfrute de cualquier derecho humano, incluido el derecho a la alimentación.

En virtud del artículo 63 de la Ley Fundamental de la República, todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, y a recibir atención o respuesta pertinentes en un plazo adecuado, conforme a la ley.

Entre las instancias que aseguran el ejercicio de ese derecho vale la pena mencionar:

 Fiscalía General de la República y en particular, su Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos. La Fiscalía, mediante el artículo 8, inciso c), de la Ley No. 83 de 1997, recibió la encomienda de atender las reclamaciones que presentaran los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y se le atribuyó por el artículo 24 de la propia Ley, en su inciso 2), la responsabilidad de disponer, mediante resolución emitida por el fiscal, que se restableciera la legalidad.

 Organizaciones Sociales y de Masas.

 Policía Nacional Revolucionaria y en particular, sus mecanismos de atención a la población.

 Oficinas de atención a la población en la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado.

 Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y Consejos de la Administración Municipales y Provinciales, así como las propias estructuras permanentes de la Asamblea Nacional.

 Procedimientos de atención a la población del Consejo de Estado.

 Comités Municipales, Provinciales y Central del Partido Comunista de Cuba.

En Cuba existen las garantías jurídicas para que cualquier persona - sea ciudadano cubano o sea extranjero - pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales o las autoridades facultadas, para exigir la defensa ante actos violatorios de estos derechos.

Este sistema, profundamente genuino y ajustado a las necesidades de nuestro pueblo, se ha venido perfeccionando de modo sistemático para asegurar su creciente efectividad y su capacidad de responder a las expectativas y necesidades de los cubanos.

Cuba también cuenta con otros mecanismos novedosos y autóctonos que contribuyen a la tarea de supervisar y potenciar la realización de los derechos humanos, especialmente del derecho a la alimentación del pueblo cubano. Tal es el caso, como lo refleja el Relator en su informe, del sistema de trabajadores sociales, que prestan sus servicios en la comunidad e identifican las necesidades de apoyo social de las familias cubanas.

Cuba, no obstante lo antes expuesto, considera su deber seguir trabajando por perfeccionar de modo permanente su sistema de promoción y protección de los derechos humanos. En ejercicio de la voluntad soberana de su pueblo, continuará explorando opciones y promoviendo medidas con vista a seguir fortaleciendo y perfeccionando el actual sistema, teniendo presentes los puntos de vista y recomendaciones expresados por el Relator en su informe.

En cuanto al tema de la llamada migración interna y la preocupación que manifestó el Relator con respecto al derecho a la alimentación de las personas que emigran sin observar los trámites necesarios – párrafos 71 y 78 d) de su Informe –, Cuba tiene a bien trasladar los siguientes comentarios:

• La Constitución cubana refrenda el derecho de cada ciudadano a residir en cualquier sector, zona o barrio que desee.

• Por décadas, se ha venido incrementando el flujo migratorio hacia la capital, lo que hizo necesaria su regulación (Decreto No. 217), a partir del negativo impacto que este fenómeno estaba produciendo sobre el ya grave problema habitacional de la ciudad de La Habana, y las dificultades para asegurar empleos estables, medios de transportes y abastecimiento de agua, electricidad y combustible doméstico a todos estos nuevos residentes, así como por su incidencia en la calidad de la prestación de servicios de salud y educación a los mismos, entre otras cuestiones.

• Se hizo necesario, por tanto, establecer requisitos para garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad a las personas que provenientes de otros territorios se propusieran trasladar su residencia a la ciudad de La Habana.

• El referido Decreto es perfectamente compatible con los procedimientos de regularización del domicilio en buena parte de los países del mundo. El mismo no establece discriminación ni limitación alguna en la regularización por una persona y sus familiares de su domicilio en la ciudad de la Habana, que no sean aquellas que se deriven de la capacidad y la disponibilidad habitacional en el territorio de la capital del país en el momento concreto en que se produzca la solicitud.

• Por otra parte, como se explicara al Relator Especial, se han puesto en práctica diversos programas especiales dirigidos a fomentar las ofertas de empleo y a mejorar las condiciones de vida y de consumo – en especial de alimentos –, de las personas que residen en provincias distintas a la capital, en particular en las provincias orientales. De ese modo, se trabaja por incidir positivamente en la neutralización de algunas de las variables que actúan como estímulo al traslado permanente de personas hacia la capital. Como fuera expuesto en el informe de la visita, el fenómeno de la llamada migración interna en Cuba tiene características muy peculiares, que la diferencian de los procesos tradicionales en otros países en desarrollo.

• El Estado cubano garantiza que todos los cubanos, sin excepción, se beneficien de la canasta básica de alimentos subsidiados, la que se asigna a cada cubano en su lugar de residencia. Una persona que emigre y que no hubiere regularizado su cambio de domicilio, continúa recibiendo dicha canasta en su lugar de registro de domicilio.

• En todo caso, se puede afirmar de modo responsable que resulta muy difícil que una persona en Cuba – incluida en su capital – quede privada del acceso a formas de protección y asistencia social que aseguren su alimentación. La labor social y de prevención de nuestras instituciones – entre ellos el médico de la familia –, de nuestras organizaciones sociales y de masas, y muy especialmente de los trabajadores sociales, que visitan regularmente cada casa, cada familia y persona que viva sin compañía y cada barrio y comunidad, hacen prácticamente imposible el que no sean identificados y asistidos aquellos casos que requieren apoyo especial para la realización universal del derecho a la alimentación en Cuba.

En cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, Cuba ha demostrado sistemáticamente de modo irrefutable, la falsedad de las campañas que pretenden hacer creer que los reclusos en nuestro país no tienen asegurada una alimentación y servicios de asistencia médica adecuados. Las alegaciones recibidas por el Relator – a las que se refiere el párrafo 73 de su informe – acerca de supuestos problemas de salud que afectarían a algunos reclusos y que habrían sido causados por una dieta inadecuada y la ausencia de la debida asistencia médica en estos casos, carecen de cualquier veracidad y no admiten sustento alguno frente a la realidad de los hechos.

Toda la población penal cubana tiene garantizada de forma gratuita la atención médica y estomatológica, tanto primaria como especializada, que requiere. Cada recluso recibe una alimentación adecuada, con un valor nutritivo no inferior a las 2400 kilocalorías diarias y consume agua potable. Además, pueden recibir de sus familiares hasta 40 libras de alimentos y artículos de primera necesidad en cada visita.

El Sistema Nacional Penitenciario cuenta con hospitales, centros asistenciales y puestos médicos y existen en todas las provincias salas de penados ubicadas en la red asistencial, donde se asegura al recluso el acceso pleno a los logros alcanzados por Cuba en la esfera de la salud.

Los reclusos pueden ser ingresados en cualquier otro servicio de la red hospitalaria si ello resulta necesario. Se les garantiza además la asistencia especializada, mediante visitas periódicas de profesionales de alta calificación a los propios centros penitenciarios.

Se dispone aproximadamente de un médico por cada 200 reclusos, un estomatólogo por cada 900 y una enfermera por cada 100.

Los reclusos que así lo requieran, por razones de salud física o psíquica, pueden acceder a una Licencia Extrapenal, al determinarse que su estado de salud no es compatible con la vida en prisión.

A modo de conclusión de estas consideraciones, Cuba reitera una vez más su profundo reconocimiento al Sr. Jean Ziegler, quien por dos períodos de mandato se ha desempeñado de modo muy destacado y exitoso como el primer titular de la relatoría especial de la Comisión, y ahora del Consejo de Derechos Humanos, sobre el Derecho a la Alimentación.

Cuba felicita y honra el compromiso y la entrega del Sr. Ziegler a la causa del derecho a la alimentación de todas las personas y pueblos del mundo.(Cubaminrex- DAM)

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