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“La lucha contra la difamación de las religiones”

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de acompañar los comentarios de Cuba a la Nota Verbal, sin número de referencia, de la Oficina del Alto Comisionado, donde se solicita información en virtud de la resolución 2004/6 de la Comisión de Derechos Humanos titulada: “La lucha contra la difamación de las religiones”.

Cuba considera que esta temática es de creciente relevancia y actualidad en materia de promoción y protección de los derechos humanos. En este sentido, observa con gran preocupación la escalada de graves incidentes de este tipo en varios lugares del mundo.

Tal y como apunta la resolución de referencia, causa alarma la persistencia de violaciones de derechos humanos asociadas al llamado combate al terrorismo, que afectan en particular a las minorías nacionales, étnicas y religiosas, y muy especialmente a los musulmanes. Se ha entronizado en varios países industrializados de Occidente la práctica de proyectar una imagen negativa del Islam en los medios de difusión. En dichos países, las autoridades administrativas, policiales y judiciales actúan bajo estereotipos negativos contra los musulmanes.

En el propio informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia titulado: “La situación de los musulmanes y los árabes en diversas partes del mundo”, se documentan algunas de las situaciones más graves de manifestaciones de intolerancia y discriminación, y de actos de violencia por motivos de religión o creencias y de intimidación y coacción contra personas de origen árabe y confesión musulmana, que amenazan el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de estas personas.

Resulta conocido que Estados Unidos constituye el país con mayor incidencia de estos fenómenos. Numerosas y reconocidas organizaciones e instituciones internacionales y de este propio país dan cuenta de esta situación.

A partir de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York -que Cuba condenó firmemente y que pudieron haber promovido un ambiente catalizador para una cooperación mundial genuina en la lucha contra el terrorismo- los círculos ultrarreaccionarios, militaristas y fascistas que se hicieron con el gobierno de los Estados Unidos, han tratado de imponer, a sangre y fuego, una dictadura hegemónica de carácter global, de la que no escapa el propio pueblo norteamericano.
En el contexto de la llamada “guerra contra el terrorismo” emprendida por el gobierno norteamericano, se aprecian incontables y bien documentados casos de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que han afectado sobremanera a poblaciones de origen árabe y de confesión musulmana de EE.UU. y de otros muchos lugares del mundo.
La islamofobia conculcada en el subconsciente de muchos estadounidenses como consecuencia de la propaganda oficial de su actual gobierno, ha guiado la nefasta y bárbara actuación de sus tropas en Afganistán, Iraq y los campos de concentración de personas detenidas arbitrariamente en el territorio ilegalmente ocupado por la Base de Estados Unidos en Guantánamo.
Las tropas estadounidenses – en muchos casos siguiendo instrucciones de la superioridad –, bajo el pretexto del combate contra el terrorismo, han llevado a cabo graves prácticas de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias, incluidas detenciones en masa; torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como golpizas, electro-shocks, privación del sueño, imposición de prolongados períodos de estancia de pie o de rodillas, humillación, abuso psicológico, uso de perros para intimidar y aterrorizar con amenazas de ataques y desnudez forzada por períodos de varios días seguidos a los detenidos; abuso sexual y sodomización forzada de detenidos; coerción y uso de torturas en interrogatorios; toma de fotografías a prisioneros muertos; y reclusión de detenidos en lugares peligrosos sin protección de los bombardeos.
Entre las expresiones más despreciables de esta política al margen del derecho internacional, afectando básicamente a personas por su confesión islámica, varios cientos de detenidos, supuestamente vinculados con Al Qaeda o con el Talibán afgano, de 42 nacionalidades, permanecen encarcelados en la Base naval de los EE.UU., en el territorio cubano ilegalmente ocupado en Guantánamo, sin acusación, sin acceso a defensa, en verdaderas jaulas, en condiciones de aislamiento y encadenados todo el tiempo, al peor estilo de la Edad Media. A estas personas, entre las que se incluyeron niños, también se le encapucha, a veces se les droga, se les impide el ejercicio físico, el contacto con familiares, la lectura y la práctica religiosa apropiada. No por casualidad han existido más de tres decenas de tentativas de suicidios entre estos recluidos de manera arbitraria.
A estos detenidos, un tercio o más de los cuales proceden según informes, de la región del Golfo y la Península Arábiga, además de negársele la instrucción de cargos y el acceso a abogados, se les pretende hacer sujetos de unos supuestos tribunales militares especiales, cuyos fiscales, jueces y jueces de apelación son militares en ejercicio. Se exigirá a los presuntos abogados aceptar normas procesales y de secreto que contravienen los requisitos de cualquier gremio de juristas.
Todo lo que sucede en ese verdadero campo de concentración, según han corroborado algunos de los pocos detenidos que han sido liberados, viola los más elementales derechos humanos y los preceptos básicos de las Convenciones de Ginebra. A los detenidos arbitrariamente el gobierno estadounidense les negó el reconocimiento como "prisioneros de guerra", creando para ellos el calificativo de "combatientes ilegales”. Lo que allí ocurre también contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Reglas Mínimas y Principios Básicos de las Naciones Unidas para el tratamiento de los prisioneros, así como las obligaciones jurídicas de los Estados Unidos en su condición de Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura.

Las torturas, maltratos y humillaciones, incluyendo sexuales, a los presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, evidencian de modo fehaciente los crecientes peligros asociados al avance de la islamofobia y el neofascismo en la superpotencia mundial. El gobierno de EE.UU. aprobó una política de técnicas de interrogatorio ilegales, realidad que intentó justificar el propio Secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld.

Aún cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, General Richard Myers, declarara que los abusos habían sido hechos aislados, cometidos por “un puñado de soldados”, un informe elaborado por el General Antonio Taguba, y obtenido por el diario Los Angeles Times, describió a los abusos como “sistemáticos e ilegales”, y sugirió que el problema podía tener incluso un alcance generalizado. Según esa fuente, los funcionarios de inteligencia del Pentágono solicitaron a los guardias de la policía militar someter a los prisioneros a “condiciones físicas y mentales favorables para un interrogatorio”. El informe reconoció además, que más del 60 % de los detenidos en Abu Ghraib eran civiles inocentes, con escaso o nulo valor para el interrogatorio.

Las versiones de que los soldados torturadores actuaron individual y aisladamente y no como parte de una práctica oficial y sistemática son insostenibles, a partir de los hechos mencionados y otros muchos.

Baste sólo agregar, que aún después de que voceros del Gobierno de los EE.UU. continúan rechazando la existencia de conocimiento, autorización y/o de órdenes por parte de altos mandos del ejército, del Departamento de Defensa, de la CIA e incluso de personajes de la Casa Blanca de las torturas y hasta las muertes provocadas a prisioneros en custodia en Iraq, Afganistán y la Base Naval de Guantánamo, los mismos no han podido mostrar pruebas que demuestren que son inciertas tales versiones. Por el contrario, se han negado a la solicitud de Comités del Congreso a entregar algunos de los documentos aludidos.

Resulta significativa también la información del The Washington Post, sobre la base del testimonio jurado del Coronel Thomas Pappas, jefe de la 205 Brigada de Inteligencia Militar, encargado de custodiar la cárcel iraquí cuando ocurrieron los abusos, que deja claro que el uso de perros para maltratar a prisioneros iraquíes fue idea del general Geoffrey D. Miller, quien estuvo a cargo de la prisión de la base naval de Guantánamo, y tuvo la aprobación del general Ricardo Sánchez, hasta ahora jefe de las tropas de Estados Unidos en el país árabe.

La política y las prácticas norteamericanas violan lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos acerca de la inderogabilidad, aún en circunstancias excepcionales que pongan en peligro la vida de una nación, de los derechos a la vida y a no ser privado de esta arbitrariamente; a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser condenado por actos que en el momento de cometerse no fueran delitos, según el derecho nacional o internacional y al reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano en todas partes.

De igual modo, se contradicen los Convenios de Ginebra de derecho internacional humanitario, de aplicabilidad en caso de conflictos armados, que establecen el principio de inalienabilidad de los derechos que protegen a víctimas de guerra, entre los que se cuentan explícitamente, los prisioneros de guerra, los internados civiles, los habitantes de los territorios ocupados y los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto. Incluso, los prisioneros de guerra, en toda circunstancia, tienen derecho al respeto de su persona y de su honor y deberán ser tratados humanamente.
El gobierno norteamericano no sólo hizo trizas con su conducta la letra de los Convenios de Ginebra, sino que llegó a establecer que su presidente no estaba sometido a las prohibiciones de la tortura que establecen las leyes estadounidenses e internacionales. Estados Unidos, además de institucionalizar abominables prácticas de represión a prisioneros y detención arbitaria de inocentes, ha mantenido a un gran número de otras personas raptadas en "lugares secretos".
Alrededor de 1.200 extranjeros han sido arrestados y mantenidos en centros secretos de detención, en virtud de las disposiciones represivas adoptadas por las autoridades estadounidenses tras el 11 de septiembre de 2001. La gran mayoría de ellas son de países de Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África, es decir, son en su gran mayoría de origen árabe o de confesión islámica. Se describen casos de detención derivados de encuentros al azar con agentes de cuerpos policiales o sospechas de vecinos que sólo se basaban en la nacionalidad y religión.
En vez de instruir de cargos a estas personas, asegurarles abogados, concederles su "día en corte" y procesarlos bajo las reglas del debido proceso, se les interroga de forma indefinida y secreta.
Organizaciones no gubernamentales internacionales aseguran que por lo menos 752 personas fueron detenidas bajo cargos de violar las leyes de inmigración. Se señala que el Departamento de Justicia, violando el derecho a la presunción de inocencia, les mantuvo en prisión hasta que concluyó que no tenían vínculos y/o información sobre terrorismo. Ninguno de los 752 detenidos ha sido acusado de crímenes relacionados con el terrorismo y todavía hoy algunos de ellos que siguen recluidos.
Con toda razón, representantes de varias ONGs internacionales explican que la violación de leyes de inmigración por determinadas personas no le da derechos al gobierno norteamericano para ignorar las reglas del derecho penal. El gobierno norteamericano ha asumido un poder virtualmente sin restricción sobre los detenidos, al limitar la supervisión judicial e impedir el escrutinio público de sus acciones. El utilizar violaciones de leyes de inmigración para detener a estas personas mientras estaban siendo investigados por posibles crímenes, ha permitido al Departamento de Justicia negarles los derechos que el derecho penal les garantiza, como los derechos a un abogado de oficio y a ser acusado con prontitud tras el arresto. En algunos casos, el Departamento de Justicia soslayó los procedimientos regulares para mantener a extranjeros bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización, esperando que por una remota posibilidad pudieran haber participado en actos de terrorismo, un procedimiento que equivale a "detención preventiva" ilegal.
El Gobierno de EE.UU. no sólo ha llevado a cabo estos encarcelamientos prolongados, incluso en solitario, sin imponer cargos y permitir el acceso a abogados, y ha realizado interrogatorios abusivos; sino que también ha ignorado o anulado decisiones judiciales que ordenaban la puesta en libertad bajo fianza de personas durante la duración de los procedimientos de inmigración en sus casos. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos y verbales debido a su nacionalidad o su religión.
Dichas organizaciones argumentan que estos cientos de detenciones arbitrarias, que tuvieron como víctimas básicas a extranjeros de confesión musulmana, violan legislaciones y las prácticas internacionales con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esta política del gobierno norteamericano no sólo ha tenido como resultado los actos discriminatorios y violatorios descritos a causa del aspecto físico o el origen árabe o confesión musulmana de un amplísimo grupo de personas, sino que también ha provocado la acrecentada hostilidad de ciertos sectores de la sociedad contra los musulmanes y personas de origen árabe en EE.UU.
Por ejemplo, el Consejo para las Relaciones Islámico-Americanas (Council on American-Islamic Relations -CAIR) ha publicado que las acciones contra los musulmanes en Estados Unidos aumentaron en un 15% en el 2002 respecto del 2001. Se saquearon empresas o casas pertenecientes a musulmanes. Esta organización señala que los miembros de la comunidad musulmana se sintieron amedrentados en muchas ocasiones debido a los interrogatorios de agentes del FBI, al hecho de que se pidieran las listas de fieles de las mezquitas o a la parcialidad de numerosos medios de comunicación.
De igual forma, tal y como reveló el Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo en el informe ya referido sobre la situación de los musulmanes y los árabes, se observa un particular aumento de la virulencia de la retórica islamófoba de ciertos evangelistas en EE.UU. Se describe también que la misma situación puede observarse en distintos Estados del país en particular la Florida, California, Michigan, Illinois, Ohio, Texas, Maryland, Virginia y también la ciudad de Nueva York.
No cabe dudas de que los intentos de la actual administración estadounidense de imponer, a sangre y fuego, una dictadura hegemónica de carácter global, bajo el amparo de una supuesta “guerra contra el terrorismo”, están provocando repercusiones negativas y muy graves para la mayoría de la población mundial, con una afectación particular para las poblaciones árabes y musulmanas de todo el mundo, incluyendo las que viven en los propios Estados Unidos.
No existe excusa alguna, conforme al derecho internacional, que justifique o condone las prácticas y legislaciones que están siendo aplicadas, en particular por el Gobierno de los Estados Unidos, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Ni aún las situaciones más excepcionales, permiten la negación de ciertos derechos universales fundamentales inalienables.

Sin embargo, durante el reciente 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos quedó en evidencia, una vez más, la incapacidad de ese órgano para hacer valer con carácter universal los preceptos del derecho internacional, para actuar con imparcialidad y objetividad y para promover y proteger todos los derechos humanos para todos en cualquier parte del mundo. Estados Unidos, con la complicidad de sus principales aliados y otros gobiernos que se le subordinan, impidió que dicho órgano pudiera siquiera, discutir un proyecto de resolución sobre la cuestión de las detenciones arbitrarias en la Base Naval de los EE.UU. en el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, presentado por la delegación cubana.
De igual forma, más recientemente, en el marco del recién concluido Período de Sesiones Sustantivo del Consejo Económico y Social, ECOSOC, el contubernio cómplice y el activismo desplegado por la Unión Europea y otros países subordinados frente a las presiones de los Estados Unidos, no permitieron adoptar una iniciativa sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo, texto con un enfoque novedoso, sin identificar la responsabilidad de país alguno y con una naturaleza claramente temática y de cooperación. Se impidió una vez más, la más mínima posibilidad de brindar seguimiento y una respuesta efectiva a casos de graves violaciones de derechos humanos, cuando los abusos y crímenes son cometidos por las autoridades de los países del Norte desarrollado y rico.
La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, deben romper el muro de silencio y de la cómplice inacción que garantiza la impunidad a las graves, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que cometen los EE.UU., en nombre de la lucha contra el terrorismo.

También sería necesario denunciar la demagogia, la inconsistencia y los dobles raseros que guían la lucha antiterrorista de ese gobierno. Es necesario actuar para detener los actos de violencia fundados en la islamofobia que ha sido potenciada por sus autoridades.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organizaciones Internacionales con sede en Suiza aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el testimonio de su consideración.

16 de agosto del 2004

 

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