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La situación de los cinco.
Por Filemón Medina, Secretario General del Sindicato de Periodistas de Panamá.

PANAMÁ, 10 de agosto de 2010.- Cuando se toma la decisión de defender la integridad física de la patria  y sus habitantes, aun a costa de la vida misma o de la libertad, el calificativo que se puede dar es el de héroes.
 
Esa es la categoría de los cinco cubanos detenidos en los Estados Unidos, de los cuales dos son miembros de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), organización con la que el Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP), tiene excelentes vínculos de trabajo, pues ambas organizaciones son miembros plenos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
 
Antonio Guerrero Rodríguez, escritor y poeta, y Gerardo Hernández Nordelo, caricaturista, forman parte del internacionalmente conocido Caso de los Cinco, pues junto a otros tres patriotas cubanos fueron juzgados por una jueza de Miami, comprometida con la mafia cubano-americana, en un amañado proceso judicial, que los encontró culpables, sin haberles probado la acusación de conspiración para cometer espionaje y asesinato, y los condenó con 4 cadenas perpetuas, más 75 años de prisión.
 
Estos compañeros se encuentran presos injustamente en cárceles de los Estados Unidos de América desde hace más de once años, acusados por la Fiscalía de “querer destruir a los EE.UU.”, cuando en realidad se trata de cubanos leales a su patria, que aceptaron ir a infiltrarse en los grupos terroristas radicados en territorio estadounidense para proteger de la muerte a su pueblo con la información recolectada.
 
Tras dos años de apelación, un tribunal de apelaciones en Atlanta en el 2005 anuló el juicio, las condenas, y recomendó juzgarlos de nuevo, en otra sede fuera de Miami, con un jurado imparcial, como condición sine-qua-non para respetar el debido proceso. Pero por argucias jurídicas la Fiscalía logró revertir esa decisión, no escuchó adecuadamente los argumentos de los abogados de la defensa, razón por la cual se elevó el Caso a la Corte Suprema de Justicia, sin lograr que esa máxima instancia decidiera revisar el fraudulento proceso judicial.
 
En el extenso expediente del Caso existen evidentes pruebas de flagrantes violaciones a la Constitución de los Estados Unidos, de los tratados firmados por ese país sobre los derechos de los prisioneros y el trato justo a sus familiares, incluyendo la Convención Mundial contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 
Las autoridades judiciales federales de los EE.UU. han hecho caso omiso del rechazo de las instancias de la ONU que conocieron del Caso, como la Comisión de Derechos Humanos que exigió una solución inmediata a lo que calificó como “detenciones arbitrarias”, o como Amnistía Internacional que despliega una campaña mundial porque se le conceda visas a los familiares de los detenidos, según las regulaciones legales vigentes en ese país.
 
El clamor universal de organizaciones defensoras de derechos humanos,  gremios religiosos, de abogados y de la comunicación social, destacados artistas, escritores, Premios Nobel y personalidades políticas, parlamentarias y judiciales de todo el mundo, crece y reclama justicia.
 
A este clamor se suma el Sindicato de Periodistas de Panamá, como organismo legítimamente representativo de los intereses de los trabajadores profesionales de la comunicación social, y hace un llamado de atención a la opinión pública nacional e internacional para solidarizarse con esta causa, que busca reconocer el derecho a un  juicio honesto, para los cinco patriotas luchadores contra el terrorismo, entre los cuales aparecen dos colegas que incluso en las adversas condiciones de prisión y aislamiento siguen aportando su arte al mundo.
 
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Esta acción debe ser ejemplo para todos nosotros, y de acuerdo a nuestras posibilidades, hacer frente a las campañas de mentiras y manipulaciones de los medios de comunicación social alineados a los partidos políticos, a la oligarquía criolla y a las transnacionales de comunicación dominadas por la SIP.

L os ciudadanos del mundo tenemos derecho a conocer la verdad, la verdad de lo que ocurre con los presos políticos, que se oponen al establishment, que no aceptan con mansedumbre la imposición de formas de gobierno excluyentes, llenas de miseria, de hambre y desesperación.
 
Por eso debemos estar bien preparados ideológica y políticamente para enfrentar las crecientes campañas mediáticas, sin embargo, nuestros celos, nuestros temores, nuestros egos, nuestros prejuicios nos dividen, nos hacen vulnerables.
 
En el caso de Bocas del Toro las nuevas tecnologías nos permitieron, con videos aficionados e imágenes tomadas con teléfonos móviles, difundir las marchas y protestas que los medios oligárquicos de nuestro país, sometidas al control estatal, no transmitieron objetivamente, nos permitieron conocer la verdad de la masacre que se registró en esta región del país, que dio el primer paso, en la lucha por defender las conquistas de los trabajadores, que se irguió heroica, ofrendando su vida, para frenar las locuras del dictador.

Por eso, el Sindicato de Periodistas de Panamá, reivindica el derecho a la vida y al goce de las libertades ciudadanas para la convivencia pacífica, el progreso económico, en equidad y justicia, y para la consolidación de un estado democrático.
 
No obstante, el mundo entero vio el horror, a través de los ojos extirpados de nuestros héroes, de como los zapatos del pueblo, se tiñeron con la sangre derramada de patriotas panameños, que ofrendaron su vida, por la libertad, la democracia y los derechos humanos, en una violenta represión policial, ordenada por el desgobierno de Ricardo Martinelli.
 
Nuestros hermanos de Bocas del Toro, con coraje y gallardía, demostraron a todos los panameños que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos como ciudadanos y trabajadores, en honor a ellos debemos  unir la experiencia de los viejos esquemas de lucha, de comunicación con la era digital-virtual, que nos sirva para difundir las manifestaciones y las acciones de resistencia popular.
Empero negros nubarrones de ciernen sobre la Libertad de Expresión en Panamá, que la pone en riesgo, en peligro de muerte, pues, conculcar derechos ciudadanos como la libertad de expresión, es la más grande estupidez que un gobierno pueda realizar, más cuando en el camino se persiguen periodista, medios de comunicación  social y se limitan otros derechos humanos, como el derecho a disentir, el derecho de asociación, el derecho a la protesta.

El periodismo en el primer año de gobierno del presidente Ricardo Martinelli (y desde antes de ser investido como tal), ha sido objeto de múltiples ataques, lo cual demuestra la poca tolerancia de esta administración, ante las críticas por los excesos cometidos por la gestión gubernamental del “Cambio”. Sobre todo ahora que se ha criminalizado la protesta social, con sanciones punitivas que van de seis meses a dos años en las mazmorras panameñas.

Esta conducta dictatorial facilita el silenciamiento de toda palabra contraria a las políticas del gobierno de turno, máxime cuando esta viene de parte de comunicadores que están en el deber de informar con la verdad de los acontecimientos, de los estudiantes que reaccionan cuando se pretende cercenar su derecho al estudio y al conocimiento, de los trabajadores que se encuentran viviendo como parias por la desregulación de las normas laborales y por la política económica que los condena al olvido y la discriminación, de las organizaciones populares conformadas por ciudadanos que cada vez ven más lejanas las posibilidades de que se les reivindique como seres humanos.

El peligro, que esta política de terror representa para el periodismo panameño, y para la democracia como tal, es alarmante por cuanto nos puede avocar a formas criminales, como ocurre con nuestros colegas en Colombia, México, Brasil, Honduras y el Medio Oriente, por mencionar algunos, donde por cumplir con nuestro deber profesional se asesinan y encarcelan periodistas.

La intencionalidad del gobierno panameño está clara, aunque ella signifique pasar por encima de las declaraciones y convenios de vigencia universal en toda sociedad democrática, ocultando que el cumplimiento del deber de darle seguridad y tranquilidad a la sociedad es posible, en eficiencia y eficacia, cuando la administración pública actúa con sensibilidad y prontitud en la solución de los problemas más acuciantes que afectan el derecho a la vida y a vivirla con dignidad de parte de los más pobres.

El Sindicato de Periodistas de Panamá, insta a todos sus miembros a mantenerse en estado de alerta y denunciar en los foros públicos las limitaciones y amenazas que se ciernen sobre el periodismo panameño, a estar preparados para asumir otras acciones y ha sumarnos a la lucha por la lograr la libertad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Y eso estamos cumpliéndolo, hoy, aquí.
 
Por eso debemos plantarnos cada día con más fuerza moral, con mayor cohesión, en la fuerza de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra convicción ideológica,  y junto al pueblo, a sus organizaciones, para transitar estos años que vienen, que serán grandes, difíciles, que nos traerán grandes desafíos y grandes retos, aquí, en la casa del Periodistas, en el Sindicato de Periodistas de Panamá, siempre encontraran a una organización, dispuesta a enfrentar los más grandes retos, los más grandes desafíos, en unidad, estamos llamados, todos nosotros, a vencer esas dificultades para que haya Una Patria Grande, libre, en donde impere la justicia social, real y equitativa,  para que haya grandeza, independencia y soberanía".
 
Muchas Gracias.

(Cubaminrex – Embacuba Panamá)

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