Legislatura porteña reclama por derechos humanos de cinco cubanos condenados en Miami
BUENOS AIRES, 28 de octubre de 2008. Por iniciativa del vicepresidente del bloque de la Coalición Cívica, diputado Facundo Di Filippo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronunció críticamente sobre el caso de los cinco ciudadanos cubanos que fueron condenados en Miami en un juicio viciado de irregularidades por presunta violación a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
“Su más profunda preocupación por el menoscabo a los derechos humanos del que son objeto cinco ciudadanos cubanos condenados en la ciudad de Miami, EEUU”, expresa textualmente la parte resolutiva de la declaración aprobada por mayoría en la última sesión del legislativo porteño.
Se trata del caso de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert, quienes fueron detenidos el 12 de septiembre de 1988 por el FBI en los Estados Unidos y condenados en diciembre de 2001 en Miami a penas que van desde los 15 años de prisión hasta doble cadena perpetua.
En los fundamentos de su iniciativa, donde reproduce informes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el diputado Di Filippo precisa que los cinco cubanos fueron acusados de espionaje y sometidos a un proceso judicial “de dudosa objetividad”, ya que “desde el momento mismo de sus detenciones fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses” y “se les impidió el contacto con sus familiares, amigos y abogados”.
Todo ello, además de "no poder acceder a las supuestas pruebas que presentó la acusación, violó el derecho universal de preparar una defensa adecuada que garantizara la igualdad ante la ley y el debido proceso legal”, agrega el legislador.
El diputado Di Filippo también destaca que la realización del juicio en Miami, donde reside una numerosa colectividad de exiliados anticastristas, constituyó una clara violación a la quinta y sexta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que establecen que el Jurado no debe tener ninguna opinión previa sobre los hechos a juzgar y su decisión no estar sometida a ninguna influencia externa.
Al respecto, señala que “del análisis de los acontecimientos a lo largo del juicio puede destacarse, en base al análisis que hizo el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que la Ciudad de Miami no completaba las condiciones de objetividad e imparcialidad necesarias para un juicio justo, tal como lo establece el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos es miembro desde 1992”.
Otra situación que también viola los derechos de los cinco cubanos fue que, con una argucia leguleya, se desoyó a la Corte Federal del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta, que había anulado las condenas por las graves irregularidades cometidas durante todo el proceso y ordenado la realización de un nuevo juicio.
Las violaciones a los derechos humanos contra los cinco cubanos continúan, ya que sus esposas, otros familiares y amigos no pueden visitarlos porque el Gobierno de George W. Bush les ha negado la visa para ingresar a territorio estadounidense.
(Cubaminrex-Embacuba Argentina-Oficina de Prensa legislatura de la CABA)