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Asamblea de la Asociación Americana de Juristas emite Resolución sobre el caso de nuestros Cinco Héroes

Resolución de la Asamblea de la Asociación Americana de Juristas, reunida en Caracas, República Bolivariana de Venezuela el 25 de septiembre de 2009

Caso de los Cinco Patriotas Cubanos

Antecedentes

En septiembre de 1998 cinco jóvenes cubanos, que después se conocerían como Los Cinco Cubanos, fueron arrestados en el Sur de la Florida por agentes del FBI y mantenidos en celdas de aislamiento durante 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal. Primeramente, ellos fueron acusados del nebuloso cargo de conspiración, que según las leyes de Estados Unidos constituye un acuerdo para cometer espionaje (El gobierno de Estados Unidos nunca los acusó de espionaje real, ni afirmó que hubiera ocurrido espionaje real ya que no les fue incautado ningún documento militar clasificado.) Adicionalmente, ellos enfrentaron cargos menores por uso de nombres falsos y por no notificar a las autoridades federales que estaban trabajando a nombre de Cuba desde territorio norteamericano.

Siete meses después se adicionó un nuevo cargo: de nuevo conspiración, pero esta vez para cometer asesinato, en contra de uno de los Cinco, Gerardo Hernández, como resultado de una intensa campaña pública para vengar el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana de dos avionetas de un grupo anticastrista y las muertes de sus cuatro ocupantes, hechos que tuvieron lugar dos años antes cuando estas avionetas estaban dentro del espacio aéreo cubano. Las avionetas pertenecen a una organización que en los 20 meses anteriores al incidente del derribo había penetrado el espacio aéreo cubano 25 veces, lo cual había sido objeto de protestas reiteradas por el gobierno cubano. El derribo tuvo lugar después que los cubanos habían advertido oficialmente a los Estados Unidos que a partir de ese momento su espacio aéreo sería defendido.

A pesar de la enérgica objeción por parte de la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, Florida, comunidad que alberga a los más recalcitrantes contrarrevolucionarios anticastristas, con una larga historia de hostilidad hacia el Gobierno cubano – entorno que una corte federal de apelaciones de Estados Unidos describiría más tarde como una “tormenta perfecta” de prejuicios, que impidió en este caso la realización de un juicio justo. Cada uno de los 12 miembros del jurado seleccionado para juzgar el caso, y que expresaron una opinión acerca del Gobierno Cubano, fue hostil. Los tres posibles jurados que expresaron neutralidad acerca de Cuba fueron descalificados por el gobierno.

El juicio duró más de seis meses, convirtiéndose en uno de los más largos en los Estados Unidos. Más de 119 volúmenes de testimonio y más de 20 000 páginas de documentos fueron compilados, incluyendo el testimonio de tres generales retirados del ejército, un almirante retirado, el ex asesor del Presidente Clinton para asuntos cubanos (todos llamados por la defensa), así como altos oficiales cubanos. Al final del juicio, cuando el caso estaba a punto de ser presentado al jurado para su consideración, el gobierno presentó una apelación extraordinaria ante una corte superior buscando su intervención al reconocer que había fracasado en probar el cargo principal de conspiración para cometer asesinato, alegando que enfrentaba un “obstáculo insuperable” para ganar el caso.

Después de que esa apelación fuera rechazada, el jurado, no obstante, encontró culpables a los cinco de todos los cargos, después de haber sido puesto bajo una intensa presión por parte de los medios de prensa locales, cuyas cámaras persiguieron a los jurados hasta sus carros para que sus números de placas pudieran ser filmadas, así como por los anticastristas que no dejaron de manifestarse frente a la Corte.

Después de ser hallados culpables los Cinco fueron sentenciados a condenas largas y sin precedentes y confinados en cinco cárceles de máxima seguridad totalmente separadas una de otra. Gerardo Hernández fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a una cadena perpetua cada uno, Fernando González a 19 años y René González a quince años. Los tres con cadenas perpetuas se convirtieron en las primeras personas en Estados Unidos en recibir cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, donde no existió ni un solo documento secreto.

La apelación inicial tomó más de 27 meses para finalizar con la decisión de un panel de tres jueces de la corte de apelaciones que revocó todas las condenas al considerar que estos cinco hombres no tuvieron un juicio justo en Miami.

En una acción inusual, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito revisar la decisión del panel en un procedimiento en banc. Exactamente un año después, con una fuerte opinión disidente por parte de dos de los jueces, el pleno de la Corte revocó por mayoría la decisión de 93 páginas de los tres jueces originales, y rechazó que un ambiente de violencia e intimidación dominaba Miami. En el último cuarto de siglo, esa Corte en pleno nunca decidió a favor de una persona acusada de un crimen federal.

Mientras tanto, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, después de estudiar los argumentos presentados tanto por la familia de los Cinco como por el gobierno de Estados Unidos, determinó que su privación de libertad era arbitraria y exhortó al gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad.

El Grupo de Trabajo manifestó que, basado en los hechos y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el juicio, la naturaleza de los cargos y la severidad de las sentencias, la privación de libertad de los Cinco viola el Artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados Unidos es signatario. El 20 de agosto de 2007 tuvo lugar en la Corte del 11no Circuito de Apelaciones de Atlanta una Audiencia oral convocada por el panel de tres jueces que tiene a su cargo la apelación del caso, en la cual, al igual que en las dos anteriores celebradas en marzo de 2004 y febrero de 2006, ambas partes –Gobierno y Defensa- expusieron sus argumentos y respondieron a las preguntas de los jueces. Esta audiencia constituyó un paso más en el largo proceso de apelación de estos cinco hombres desde que fueron sentenciados en el año 2001. En esta ocasión una vez más el Gobierno de Estados Unidos fue incapaz de refutar los argumentos de la Defensa y sustentar sus acusaciones. La Defensa por su parte demostró fehacientemente la conducta impropia del Gobierno durante todo el proceso legal contra los cinco como una violación flagrante que incide en todo el caso y que tiene que ver básicamente con la forma en que la Fiscalía inventó crímenes que no fueron probados en el juicio, promovió un ambiente hostil y manipuló la evidencia y al jurado. La falta de pruebas para sustentar las dos principales acusaciones – conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinato en primer grado- y la imposición de condenas de cadenas perpetuas, completamente irracionales e injustificables, ha sido otro argumento clave de la Defensa para explicar la arbitrariedad del proceso. El propio Gobierno reconoció durante el juicio que no podía presentar un solo documento secreto para probar el espionaje y que se enfrentaba a “un obstáculo insuperable” para probar el cargo de asesinato. A todo lo largo del amañado proceso el Gobierno admitió que su verdadero propósito era proteger a los grupos terroristas anti-cubanos que operan con total impunidad desde Miami y castigar a quienes luchan contra ellos. El 4 de junio de 2008 el Panel de 3 jueces emitió su opinión en la cual ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco; ratificó las sentencias de Gerardo Hernández y René González; anuló las sentencias de Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, y devolvió a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser sentenciados nuevamente en audiencia que debe convocar a tales efectos. El 2 de septiembre de 2008 la Corte del 11no Circuito de Apelaciones de Atlanta ratificó la opinión del Panel de 3 Jueces.

El 30 de enero de 2009 el equipo de la defensa de los 5 presentó la petición de revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la cual solicitan a dicha Corte que examine el caso.

Los abogados de la defensa argumentaron su petición en:

- los conflictos legales generados por las decisiones del 11no Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta, los cuales demuestran la necesidad urgente de que la Corte Suprema intervenga en el caso;
- el hecho de que el Onceno Circuito no concediera el cambio de sede a pesar de la hostilidad prevaleciente en la ciudad de Miami contra el Gobierno de Cuba que igualmente amerita la revisión del Caso por parte de la Corte, tal como fue reconocido por el Jefe del Panel de tres Jueces que examinó el caso, el Juez Birch.
- la negación de la jueza de la Corte de Miami a otorgar un cambio de sede de Miami para Fort Lauderdale que sometió a los acusados a un clima y a un jurado hostil e injusto en dicha ciudad.
- el conflicto creado por la decisión del 11no Circuito con los precedentes legales establecidos por otras Cortes de apelación en cuanto a la conformación del jurado y su integridad y a la falta de evidencia para probar el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Gerardo Hernández.

El 6 de marzo 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de 12 documentos de amigos de la Corte (amicus curiae), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los 5 el pasado 30 de enero para que la Corte reexamine el caso.

Esa cantidad constituye el mayor número de amicus que se haya presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos para la revisión de un proceso penal y fueron suscritos por 10 Premios Nobel, la ex Comisionada de DD.HH. de Naciones, Unidas, el Senado de México en pleno junto a cientos de parlamentarios de 9 países y organizaciones legales y de DD.HH. de todo el mundo.

El 15 de junio de 2009 la Corte Suprema de Estados Unidos anunció, sin explicación alguna, su decisión de no revisar el caso de los Cinco.

Considerando: Que en todos los antecedentes del caso, se aprecian violaciones fragrantes del “debido proceso”, se han violentado los procedimientos y garantías del propio sistema legal de Estados Unidos y del derecho internacional.

Considerando: Que junto a lo apuntado se han violado los más elementales derechos de las esposas de René y Gerardo, Olga Salanueva y Adriana Pérez OConor al negársele las visas para las visitas a que tienen derecho.

Por todo ello, La Asociación Americana de Juristas DEMANDA al gobierno de los Estados Unidos que proceda en justicia y los cinco cubanos a quienes sólo puede imputárseles tratar de evitar actos terroristas contra su país, sean liberados inmediatamente.

Caracas, República Bolivariana de Venezuela
25 de septiembre de 2009

Vanessa Ramos Beinusz Szmukler
Presidenta AAJ Continental Presidente Consejo Consultivo AAJ

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