 ![yudaisi]()
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, reiteradamente condenado por la mayoría abrumadora de los países miembros de la ONU y por organizaciones, instituciones y personalidades de reconocido prestigio internacional, obstaculiza seriamente nuestro acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Desde el año 1962, Cuba tiene prohibido el acceso a las telecomunicaciones y equipos de cómputo de cualquier compañía o subsidiaria estadounidense. Los científicos y profesionales norteamericanos necesitan, todavía hoy, la autorización del Departamento del Tesoro de su país para viajar a Cuba.
Debido al bloqueo, el sector cubano de las telecomunicaciones ha sufrido pérdidas millonarias en las actividades de telefonía básica e inalámbrica, sistemas de alarma, comercio electrónico y comunicaciones postales. Solo en la actividad telefónica, las pérdidas ascendieron a 21,7 millones de dólares en el año 2002.
La ley Helms Burton, que Estados Unidos puso en vigor en 1996 para reforzar el bloqueo, frustró la creación de una empresa mixta para la producción de cables de fibra óptica, coaxiales y de transmisión de datos que podrían comercializarse en Cuba, Centroamérica y el Caribe, lo que significó la pérdida de decenas de millones de dólares anuales.
La empresa de telefonía celular CUBACEL se ha visto afectada por la imposibilidad de concretar acuerdos de roaming automático con sus similares del continente americano. Todas las empresas encargadas de proveer la señalización entre operadores de la norma TDMA y los formatos establecidos para el intercambio de los ficheros de facturación, son estadounidenses, y el Departamento del Tesoro les ha negado la autorización para facilitar estos servicios. Estas afectaciones se estiman en dos millones de dólares.
Debido al bloqueo, Cuba no ha podido adquirir la tecnología para la firma digital, imprescindible para el comercio electrónico, y ha visto limitada por ello su participación en el programa que al respecto desarrolla la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Desde el año 2000, por no disponer de las tecnologías de certificados digitales, está paralizado este programa que permitiría a productores del oriente de Cuba vender sus bienes y servicios por Internet fundamentalmente a otros países del Caribe. Los proveedores -empresas de EE.UU.- tienen prohibido suministrar esa tecnología a Cuba.
En el comercio por vías tradicionales, empresas mixtas y sectores claves dentro de las exportaciones cubanas reportan importantes pérdidas por no poder realizar transacciones en dólares norteamericanos. Tal es el caso de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), cuyas pérdidas por este concepto ascendieron a casi 1 millón de dólares solo durante el 2001.
Debido a la imposibilidad de comprar en el mercado estadounidense, la Empresa Cubana de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), uno de los principales suministradores de equipos de computación a centros científicos del país, tiene que adquirirlos a través de terceros y pagar hasta un 30 por ciento más en relación con el precio en Estados Unidos.
Las leyes estadounidenses prohíben exportar o reexportar a determinados países, entre los que figura Cuba, productos de software de empresas norteamericanas.
Por este motivo, Cuba se ve obligada también a comprar las licencias de software, sus actualizaciones y la transferencia de tecnología a través de terceros países, con el consiguiente incremento de precios y la demora en la adquisición.
El 10 de abril de 2003 el Departamento de Comercio de EE.UU. informó su decisión definitiva de denegar una licencia de exportación a USA/Cuba-Infomed, organización no gubernamental humanitaria radicada en California, que pretendía, como en ocasiones precedentes, donar 423 computadoras que serían instaladas en hospitales y policlínicos cubanos para apoyar la red de diagnóstico e informaciones médicas.
En esta oportunidad las computadoras estaban destinadas al Instituto de Nefrología y a la red nacional de atención a enfermedades renales, donde facilitarían un estudio epidemiológico para la prevención de enfermedades renales crónicas, al Cardiocentro del Hospital Pediátrico William Soler, la red cardiopediátrica nacional y la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, donde estudian más de 7 mil jóvenes provenientes de familias humildes de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y África.
Estas computadoras eran similares a otras donadas anteriormente y con capacidad de procesamiento igual a la de equipos que pueden ser adquiridos en cualquier tienda minorista en Estados Unidos. Según la carta que deniega la licencia, “Los Departamentos de Comercio, Estado y Defensa de los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que esta exportación sería perjudicial a los intereses de política exterior de los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos ha revisado su carta de impugnación… y mantiene su decisión de denegar esta solicitud debido a los altos niveles de capacidad de procesamiento de las computadoras solicitadas y el riesgo de su desvío para usos y usuarios no autorizados”.
No fue hasta julio del 1994 que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. decidió autorizar la transferencia de datos e información a Cuba a partir de cualquier servidor norteamericano, siempre que no involucrase transferencia de dinero hacia la Isla. Este cambio intentaba poner en práctica la Ley Torricelli, de 1992, que reforzó el bloqueo e identificó las comunicaciones con Cuba como una vía para la injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
Pero Cuba no puede conectarse a Internet a la velocidad que desee hacerlo o con tantos canales y proveedores independientes como pueda elegir. Cada vez que se intenta añadir un nuevo canal a Internet, la contraparte estadounidense debe obtener la licencia apropiada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Cuba se ha visto imposibilitada de acceder a las redes globales utilizando cable submarino de fibra óptica debido a las restricciones impuestas por el bloqueo.
Además de negarles a los cubanos el disfrute de estas tecnologías, Estados Unidos pretende utilizarlas con fines de subversión política e ideológica contra Cuba.
A partir de 1996 el gobierno de los EE.UU ha estado financiando con sumas millonarias la creación de sitios Web y publicaciones electrónicas en Internet para orquestar campañas de difamación contra Cuba.
En una escalada agresiva, el 26 de marzo del 2003, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, anunció el otorgamiento de importantes fondos federales adicionales para las transmisiones de radio y televisión contra Cuba, en violación de las reglamentaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Esas transmisiones suman más de 2 200 horas semanales y tienen como fin estimular la subversión interna, los planes de sabotaje, la emigración ilegal y difundir mentiras contra Cuba.
Cuba denuncia una vez más la política genocida de bloqueo y agresiones de todo tipo por parte del gobierno de Estados Unidos, a pesar de las cuales proseguirá su política de desarrollo a gran escala de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones pese a sus modestos recursos materiales y financieros, apoyándose en el conocimiento que ha sabido cultivar en su pueblo.
A necessary accusation
The economic, commercial and financial blockade of the United States of America against Cuba, repeatedly condemned by overwhelming majority of the UN member countries and by organizations, institutions and personalities of recognized international prestige is seriously blocking our access to information and communications technologies.
Since 1962 the American companies and their subsidiaries abroad are banned from selling telecommunications and computing equipment to Cuba by the US government. American scientists and professionals wishing to travel to Cuba are forced to negotiate a specific authorization with the US Treasury.
Because of the blockade, the Cuban sector of telecommunications has suffered millionaire losses in the activities of basic and wireless telephony, alarm systems,
E-commerce and postal communications. Only in telephone operation, Cuba’s losses amounted 21,7 million dollars in 2002.
The extraterritorial Helms-Burton Act, issued by the United States in 1996 to reinforce the blockade against Cuba, frustrated the creation of a mixed company for the production of fiber-optic, coaxial and data-transmission cables to be marketed in Cuba, Central America and the Caribbean, thereby causing annual losses of dozens of millions dollars.
The cellular telephone company CUBACEL has been affected by the impossibility of reaching agreements of automatic roaming with similar companies of the American continent. All the companies in charge of providing the signal between TDMA standard operators and the formats established for the exchange of billing files are American, and the US Treasury has denied to them the authorization for providing these services. The affectations for this concept are estimated in two million dollars.
Because of the blockade, Cuba was unable to acquire the technology for the digital signature, indispensable for E-commerce, and has been limited in its participation in the program that the International Union of Telecommunications (ITU) is developing for those purposes.
Since 2000, because of lacking the technologies of digital certificates, Cuba had to stop this program, which would allow the companies of eastern Cuba to sell their goods and services via Internet, chiefly to other Caribbean countries. The suppliers –US companies- are banned from selling this technology to Cuba.
As regards trade by traditional ways, mixed companies operating in key sectors of Cuban exports are reporting significant losses because of their being precluded from making transactions in US dollars. Such is the case of ETECSA (Telecommunications Company of Cuba), whose losses for this concept amounted nearly one million dollars only in 2001.
Because of the impossibility of buying in the American market, CITMATEL (Cuban Company of Information Technologies and Advanced Teleinformatics Services), one of the main suppliers of computing equipment to Cuban scientific centers, is forced to acquire them through third countries and pay up to 30 percent above prices in the United States.
American laws forbid exports or reexports of software products of American companies to certain countries, Cuba among them.For this reason, Cuba is also forced to buy software licenses, updates and technology transfer through third countries, which brings about price increases and delayed receipts.
On April 10 2003 the US Department of Commerce informed to Cuba its definitive decision of denying an export license to USA/Cuba-Infomed, a humanitarian non government organization based in California that was seeking, as in former occasions, to donate 423 computers to Cuban hospitals and polyclinics to reinforce the diagnosis and medical information network.
In this case the computers were destined to the Institute of Nephrology and the national network for treatment of renal illnesses, where they would facilitate an epidemic study for the prevention of chronic renal illnesses; to the Cardiocenter of William Soler Pediatric Hospital, the national cardio-pediatric network and the Latin American School of Medical Sciences, attended by more than 7 thousand young people coming from humble families of Latin America, the Caribbean, the United States and Africa.
These computers were similar to others previously donated and had processing capabilities similar to those available in any retail store in the United States. According to the letter refusing the license, “the Departments of Commerce, State and Defense of the United States have reached the conclusion that this export would be harmful to the interests of the foreign policy of the United States. The Government of the United States has revised his objection letter… and keeps its decision of refusing this application due to the high levels of processing capabilities of the computers requested and the risk of their deviation to non-authorized uses and users."
It was in July 1994 that the US Treasury decided to authorize data and information transfer to Cuba from any American server, provided that no money is transferred to Cuba. This change was intended to put into practice the Torricelli Act of 1992, which reinforced the blockade and identified the communications with Cuba as a way to interference in our country’s internal affairs.
But Cuba cannot be connected to Internet at the desired speed or with so many channels and independent suppliers as it can choose. Every time Cuba attempts to add a new channel to Internet, the American counterpart must obtain the appropriate license from the Treasury of the United States.
Cuba has been precluded from accessing the global networks by using a submarine optic-fiber cable due to the restrictions imposed by the blockade.
The US government, besides denying the enjoyment of these technologies by the Cubans, seeks to use them for ends of political and ideological subversion against Cuba.
Since 1996 the US government has been financing with millionaire sums the creation of Web sites and Internet publications aimed at orchestrating libel campaigns against Cuba.
In an aggressive escalade, March 26 2003, the US secretary of State, Colin Powell, announced the grant of important additional federal funds for radio and TV transmissions against Cuba, in violation of the regulations of the International Telecommunications Union (ITU).
Those transmissions add more than 2 200 weekly hours and have the end of stimulating internal subversion, sabotage plans and illegal emigration, and diffusing lies against Cuba.
Once again, Cuba denounces the genocidist policy of blockade and aggressions of all types on the part of the government of the United States. In spite of that, and of its modest material and financial resources, Cuba will go on with its policy of large-scale development of the new information and communications technologies, leaning on the knowledge the Cuban people has learned to cultivate.
Le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba par les Etats-Unis d’Amérique, maintes fois condamné par la majorité écrasante des pays membres des Nations Unies et par des organisations, des institutions et des personnalités de grand prestige international, entrave sérieusement l’accès de Cuba aux nouvelles technologies de l’information et des communications.
Depuis 1962, Cuba ne peut accéder aux télécommunications et aux équipements informatiques de toute société ou filiale des USA. Les scientifiques et spécialistes nord-américains ont toujours besoin, encore aujourd’hui, d’une autorisation du département du Trésor pour se rendre à Cuba.
De fait du blocus, le secteur cubain des télécommunications a essuyé des pertes énormes dans ses activités de téléphonie fixe et portable, les systèmes d’alarme, le commerce électronique et les communications postales. Rien que dans le secteur de la téléphonie, les partes se sont montées à 21,7 millions de dollars en 2002.
La loi Helms-Burton, mise en vigueur en 1996 pour renforcer le blocus, a empêché la création d’une société d’économie mixte qui aurait produit des câbles de fibre optique, des câbles coaxiaux et de transmission de données et les auraient vendus à Cuba, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ce qui a entraîné un manque à gagner de dizaines de millions de dollars par an.
La société cubaine de téléphonie portable, CUBACEL, n’a pu signer des contrats de roaming automatique avec les opérateurs de téléphone portable du continent américain, car toutes les compagnies chargées de fournir la signalisation parmi les opérateurs de la norme TDMA et les formats établis pour les échanges de fichiers de facturation sont nord-américains, le département du Trésor leur ayant refusé l’autorisation de prêter ces services. Les pertes ont été calculées à deux millions de dollars.
Faute de pouvoir acquérir les techniques de signature numérique indispensables au commerce électronique, Cuba ne peut pleinement participer au programme que développe l’Union internationale des télécommunications (UIT).
Un projet de commerce électronique est en cours à Santiago de Cuba depuis 2000 avec le soutien de l’Union internationale des télécommunications (UIT), afin de permettre aux producteurs de l’Est de l’île de vendre leurs biens et services sur Internet, fondamentalement aux pays caribéens. Le projet a dû être paralysé faute de la technologie de certificats numériques dont les fournisseurs sont des sociétés nord-américaines qui n’ont pas le droit de la vendre à Cuba.
Pour ce qui est du commerce traditionnel, des sociétés mixtes et des secteurs clefs des exportations cubaines font état de pertes importantes faute de pouvoir réaliser des transactions en dollars des Etats-Unis. C’est le cas de l’Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), qui a essuyé des pertes de 959 800 dollars en 2001 à ce titre.
Interdite d’achat sur le marché nord-américain, l’Empresa Cubana de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), l’un des principaux fournisseurs d’équipements informatiques à des centres scientifiques du pays, doit les acheter à des pays tiers et payer jusqu’à 30 p. 100 plus cher que sur le marché nord-américain.
Les lois des USA interdisent d’exporter ou de réexporter vers différents pays, dont Cuba, des logiciels de sociétés de ce pays.
Cuba est donc contrainte d’acheter les licences de logiciels, leurs mises à jour et le transfert de techniques à travers des pays tiers, ce qui enchérit les coûts et entraîne des retards de livraisons.
Le 10 avril 2003, le département nord-américain du Commerce a ratifié à USA/Cuba Infomed, une ONG humanitaire de Californie, son refus définitif de lui accorder une autorisation d’exportation à Cuba, à titre de don, de quatre cent vingt-trois ordinateurs destinésà l’Institut de néphrologie et au réseau national de soins des maladies rénales et visant à faciliter une étude épidémiologique en vue de la prévention des maladies rénales chroniques, ainsi qu’au centre cardiologique de l’hôpital pédiatrique William Soler, au réseau national de maladies du cœur et à l’École latino-américaine de sciences médicales qui accueille plus de sept mille jeunes provenant de familles modestes d’Amérique latine et des Caraïbes, des Etats-Unis et d’Afrique. Comme à des occasions antérieures, ces ordinateurs possédaient la même capacité de mémoire que ceux qu’on peut acheter dans n’importe quel magasin des USA. Or, selon la lettre, « les départements du Commerce, d’Etat et de la Défense des Etats-Unis ont abouti à la conclusion que cette exportation serait préjudiciable aux intérêts de la politique extérieure du pays. Le gouvernement des Etats-Unis a examiné votre lettre de contestation… et maintient sa décision de refuser cette demande compte tenu des capacités de traitement élevées de ces ordinateurs et du risque qu’ils ne soient détournés vers des usages et des usagers non autorisés. »
Ce n’est qu’en juillet 1994 que le département du Trésor décida que le transfert de données et d’informations à Cuba pouvait se faire à partir de n’importe quel serveur nord-américain, sauf s’il s’agissait de transfert d’argent. Il s’agissait par là de mettre en œuvre la loi Torricelli de 1992, qui visait à renforcer le blocus et considérait les communications avec Cuba comme un moyen de s’ingérer dans ses affaires intérieures.
Mais Cuba ne peut se connecter à Internet à la vitesse qu’elle souhaiterait ni à autant de canaux et de fournisseurs indépendants qu’elle voudrait choisir. Chaque fois que Cuba tente d’ajouter un nouveau canal Internet, la contrepartie nord-américaine doit obtenir la licence appropriée auprès du département du Trésor.
Cuba ne peut non plus accéder aux réseaux mondiaux fonctionnant par câble sous-marin de fibre optique à cause des restrictions qu’impose le blocus.
Tout en refusant aux Cubains l’accès à ces technologies, les USA prétendent les utiliser à des fins de subversion politique et idéologique contre Cuba.
Depuis 1996, le gouvernement nord-américain a financé à coups de millions la création de sites web et de publications électroniques sur Internet pour orchestrer des campagnes de diffamation contre Cuba.
Le 26 mars dernier, Colin Powell, le secrétaire d’Etat nord-américain, a annoncé le déblocage d’importants fonds supplémentaires pour soutenir les transmissions subversives de radio et de télévision contre Cuba, au mépris des normes établies par l’Union internationale des télécommunications (UIT). Ces agressions - plus de 2 200 heures hebdomadaires - visent à stimuler la subversion intérieure, les plans de sabotages et l’émigration illégale, et à diffuser des mensonges contre notre pays.
Tout en dénonçant une fois de plus cette politique d’agressions et de blocus de la part du gouvernement nord-américain, Cuba poursuivra sa politique de développement à grande échelle des nouvelles technologies de l’information et des communications, malgré ses modestes ressources matérielles et financières, mais forte des connaissances qu’elle a su cultiver dans sa population.
|
