Caracterización de la Niñez y la Adolescencia en Cuba. Protección Legal y Sistema de Atención Integral

I. Introducción:

El Estado Cubano garantiza la protección integral de la niñez y la juventud  acorde a los principios de desarrollo de la sociedad socialista cubana, y para ello la Constitución de la República, en su artículo 40, establece que “la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad.

 La familia, la escuela, los organismos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud”. 

El total de la población infanto juvenil se encuentra escolarizada y con garantía de acceso gratuito a la educación, la salud, el deporte y la cultura, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas o cualquier otra forma lesiva a la dignidad humana, bajo el principio de la igualdad de los seres humanos.

Todo ello se materializa a partir de una sólida infraestructura y programas dirigidos hacia todas la esferas sociales, sin exclusión alguna, como lo constituye la práctica masiva del deporte a través de la red de Centros existentes de los diferentes niveles de enseñanza y la incorporación en los programas de estudio de la  educación física, así como los Centros de Formación de atletas y la instalaciones deportivas comunitarias. 
Similares acciones se desarrollan en otras áreas como la cultura con la promoción de las diferentes manifestaciones artísticas a través de las Casas de Cultura y el desarrollo de Programas Comunitarios, su incorporación en todos los niveles de enseñanza y los programas de los instructores de arte. 
El sistema de salud pública prioriza este segmento poblacional desarrollando programas  materno infantiles, de atención a recién nacidos, niñas y adolescentes hasta los 19 años, la inmunización y prevención de enfermedades y la creación de Centros Especializados en Salud Mental.          
Instituciones que participan en la prevención y atención integral a la niñez y la adolescencia:
Las acciones de prevención y atención social se desarrollan desde los  consejos populares y circunscripciones, que constituyen los niveles básicos de la división  político administrativa del Estado.
En dicha, labor intervienen fundamentalmente los Ministerios de Educación, del Interior, Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social y las organizaciones sociales y de masas, tales como: la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Organización de Pioneros “José Martí” (OPJM), Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los Comités de Defensa de Revolución (CDR).
II. Marco legal:
El gobierno cubano es signatario de la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1990; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, del 29 de noviembre de 1985 –Reglas de Beijing-; y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de RIAD- del 14 de diciembre de 1990; las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, del 14 de diciembre de 1990; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía infantil, 2000; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados.
En virtud de los compromisos internacionales contraídos, el Gobierno cubano promueve y desarrolla la cooperación internacional en este ámbito; y brinda información periódica a las Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas por nuestro país, según los requerimientos emanados de cada instrumento jurídico internacional.
El Estado cubano, dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar una efectiva protección a los infantes. Los principios establecidos por la legislación cubana para el tratamiento y atención a menores, están en consonancia con los principios internacionalmente adoptados para el tratamiento de la temática.
Para asegurar el disfrute pleno de los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes cubanos, el Estado cubano ha promulgado un conjunto de normas jurídicas complementarias, todo lo cual constituye una genuina expresión de su voluntad política, entre las que se destacan:
• Código de la Niñez y la Juventud, que regula la participación de los niños y jóvenes en la construcción de la sociedad y establece obligaciones de las personas, organismos e instituciones que intervienen en su educación. 
• Código de Familia, regula jurídicamente las instituciones de familias y las relaciones paterno-filiales entre otras actividades.
• Decreto Ley 76/84, sobre la adopción, los hogares de menores y las familias sustitutas.
• Decreto Ley 64/ 82, sobre el Sistema de Atención a los menores con trastornos de conducta.
Nuestro Gobierno, consciente de que la violencia y el abuso sexual contra menores, constituye una forma del maltrato infantil y de violencia de género, susceptible de generar daños irreversibles, desde el punto de vista físico, psíquico y social a la población infanto juvenil, mantiene una política de tolerancia cero, ante estos delitos.
En correspondencia con los compromisos adquiridos a nivel internacional para el enfrentamiento a la trata de personas  y el abuso sexual infantil, el Código Penal (ley 62/87) ofrece tutela penológica a un conjunto de conductas relacionadas con el abuso sexual.
El Código Penal cubano (Ley 62/87), cuenta con diversos tipos penales que posibilitan enfrentar y juzgar a los comisores de delitos contra los niños, niñas y adolescentes, como aquellos plasmados en el título XI de  los Delitos contra el Normal Desarrollo de las Relaciones Sexuales y Contra la Familia, la Infancia y la Juventud, que penaliza  en su Capítulo I  los Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, entre ellos, la Violación (Artículo 298.1), Pederastia con Violencia (Artículo 299.1), Abusos Lascivos (Artículo 300.1), Proxenetismo y Trata de Personas (Artículo 302.1) y Ultraje Sexual (Artículo 303.1). 
El Capítulo II, recoge el Incesto (Artículo 304.1), la Bigamia (Artículo 306.1) y el Estupro (Artículo 305.1), mientras que el Capítulo III regula la Corrupción de Menores (Artículo 310.1), Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor (Artículo 315) y la Venta y el Tráfico de Menores (Artículo 316.1), por medio de los cuales se garantiza la tutela jurídica a la niñez y la juventud, elevando el marco sancionador en aquellos casos donde los menores resulten víctimas. 
El 16 de febrero de 1999, se introdujeron modificaciones a la Ley que fortalecen el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes y ratifican la línea de severidad en el tratamiento penal de los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales contra la familia, la infancia y la juventud, al introducir nuevas figuras delictivas en algunos casos y aumentar el marco sancionador de otros delitos. 
En el caso del Proxenetismo y Trata de Personas (Artículo 302.1) Se retomó esta figura en la legislación penal, con sanciones muy severas que pueden llegar hasta 30 años de privación de libertad. Se aplican sanciones máximas si los que realizan esta actividad tienen funciones de proteger la salud, el orden público, la educación, el turismo, la dirección de la juventud o la lucha contra la prostitución, si se emplea amenaza, chantaje, coacción o abuso de autoridad o si la víctima es un incapacitado al cuidado del culpable. 
Se introdujo el delito de Ultraje Sexual y se incluyó en el tipo penal, el Acoso Sexual. Se modificó el delito de Corrupción de Menores, aumentándose el marco sancionador.
Se plasmó además, el delito Venta y Tráfico de Menores (Artículo 316.1)en las modificaciones del Código Penal, con el propósito de prevenir y sancionar severamente hechos de esa naturaleza, de escasa comisión en Cuba.
De acuerdo con la gama de delitos tipificados en el Código Penal, toda conducta que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes refrendados en la Constitución de la República y la propia Ley Sustantiva, es susceptible de ser reprimida, principalmente aquellas en la que se emplee al menor de edad en el ejercicio de la prostitución, pornografía, el consumo habitual de bebidas alcohólicas, de drogas, las prácticas de mendicidad, el tráfico y trata de estos, así como se descuide su educación, manutención, asistencia, le cause lesiones físicas, psicológicas o de cualquier otro tipo.       
En otro orden, la legislación penal cubana admite la penalización de los hechos delictivos cometidos en grado de tentativa, prevé el agravamiento de la sanción a los comisores de delitos diversos que utilicen menores para la ejecución de los mismos; así como la facultad de los Tribunales para decretar al momento del juicio, la aplicación de la sanción accesoria de Expulsión de extranjeros del Territorio Nacional, una vez cumplida la sanción principal.
Asimismo, administrativamente, las autoridades migratorias del Ministerio del Interior pueden decretar el reembarque o la expulsión del territorio nacional de aquellos extranjeros que sean declarados indeseables en virtud de la Ley de Extranjería y su Reglamento, cuya conducta contravenga los principios e intereses de la sociedad, el Estado y el pueblo cubano, como por ejemplo su vinculación con actividades delictivas en la que se involucran a menores de edad. 
El Código Penal no contiene ningún precepto que sancione la prostitución. En Cuba, existe el Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la Prostitución, en el que participan numerosas instituciones y cuyo fin es reeducativo y preventivo. 
Contamos con otras disposiciones administrativas que permiten proceder a la confiscación de los bienes, a saber:       
Decreto Ley No. 232/2003 “Sobre Confiscación por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos Ilícitos” que dispone la confiscación o en su caso la pérdida del respectivo derecho, de la vivienda, locales, tierras o bienes agropecuarios, empleados para el desarrollo de estas actividades ilícitas, incluida la trata de personas.       
El Decreto Ley No.  149/1994, que dispone la “Confiscación de bienes e ingresos ilegales”, aplicable también a los ilícitos de trata de personas. 
Reconocimientos Internacionales a favor de la Protección de la Infancia en Cuba:
2001: Por primera vez la Edición del estado Mundial de la Infancia, resumen que publica UNICEF, dedica dos páginas a la educación en Cuba, específicamente al Programa “Educa a tu hijo”. 
Francoise Gruloos, representante de UNICEF en Cuba, destacó que mientras en el mundo mueren millones de niños diariamente por enfermedades que pueden prevenirse y más de 100 millones no acuden a la escuela, la educación en Cuba  trabaja no ya por la cobertura, sino por elevar la calidad de la enseñanza.
2009: UNICEF en reporte bajo el título “Progreso para la Infancia”, donde hace un balance sobre la nutrición, reconoce que Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y del Caribe que ha disminuido la desnutrición infantil severa. 
2010: En su intervención en el tercer Encuentro Internacional de Protección Jurídica al Menor José Juan Ortíz, representante de UNICEF en Cuba, reconoció que Cuba a pesar del subdesarrollo económico es un paradigma en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.
2012: Mirta Roses Periago Directiva de la Organización Panamericana de la Salud destacó en la presentación del informe Salud en las Américas 2012 que Cuba se sitúa entre las naciones con menor tasa de muertes infantiles en el  continente.
III. Comportamiento de las actividades delictivas que involucran menores.
El Estado cubano mantiene una política de tolerancia cero ante los hechos delictivos contra menores de edad por lo que todos los casos que sean conocidos de maltrato infantil, incluido el abuso sexual, denuncias recibidas por muerte, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos a menores son investigados de oficio por las autoridades policiales correspondientes. Asimismo, toda persona o funcionario público (médicos, enfermeras, trabajadores sociales y educadores) que por razón de su cargo u otro motivo, conozcan o identifiquen un caso sospechoso, está obligado por Ley a informar de forma inmediata a las autoridades competentes. 
Al detectarse un hecho de esta índole, se establece la cooperación operacional entre los órganos del Ministerio del Interior y la Dirección de Menores, con el objetivo de brindar un tratamiento diferenciado al niño, niña o adolescente involucrado, así como ejecutar las acciones investigativas y jurídico-penales necesarias, que permitan cortar la actividad delictiva y atraer a la responsabilidad penal a los adultos implicados.  
La Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones cuentan con órganos investigativos y de procesamiento penal, encargados del enfrentamiento de los hechos vinculados con delitos sexuales. Asimismo, el país cuenta con tribunales especializados, que dentro de sus funciones, se encargan de enfrentar los delitos de Trata de Personas cuando tienen lugar.
Como parte de los nexos de cooperación internacional que se sostienen con servicios policiales extranjeros y la INTERPOL, el país brinda seguimiento y control sobre aquellas personas identificadas o que son objeto de búsqueda internacional por vincularse a la pedofilia, prostitución  u otros delitos sexuales contra menores de edad.
Al recibirse la notificación se comprueba si el involucrado ha tenido incidencia en el país, con el objetivo de realizar una reconstrucción de estancia y conocer sobre las personas con las que viajó o se vinculó en el territorio nacional, así como el posible desarrollo de la actividad. 
Se mantiene el control de los circulados durante el cruce de frontera (entrada y salida) garantizando la revisión minuciosa de sus equipajes y pertenencias (cámaras de video, fotográficas, memorias flash, laptop u otras), puedan utilizarse para la ejecución de estos delitos.
Se desarrollan las acciones jurídico-legales correspondientes, según lo regulado en el Código y la Ley de Procedimiento Penal, contra aquellas personas que se involucren en estos delitos, con el objetivo de lograr su enjuiciamiento. 
Todo los elementos obtenidos como resultado de las acciones investigativas desarrolladas en Cuba,  son trasladados de forma inmediata a las autoridades policiales de los países interesados y a la INTERPOL.
En Cuba se registran reducidos niveles de menores como víctimas de delitos o maltrato infantil y estos no son representativos dentro del comportamiento del registro delictivo general. 
Los hechos de índole sexual contra menores no son representativos dentro del comportamiento del registro delictivo general, a partir de que se presentan bajos niveles de afectación y tales manifestaciones no constituyen un problema social en el país. 
Los hechos de Abusos lascivos son los más frecuentes y mayormente ocurren en viviendas y en lugares públicos, cercanos a los lugares de residencia de la víctima o el victimario. Generalmente el agresor es del sexo masculino, resultando ser familia (padre, padrastro, tío, primo), conocidos de la familia o vecino. El rango etáreo más afectado es el comprendido entre los 11 a 15 años y el sexo que predomina es el femenino.
En el caso de la Violación, las edades predominantes de las víctimas es de 14 a 15 años, los lugares en que más suelen ocurrir estos hechos son en viviendas o en lugares apartados de la vía pública, mayormente los victimarios son: ex novios, padrastros y desconocidos.
La Corrupción de menores se materializa en hechos de proposición de dinero u objetos materiales con propósitos sexuales, a menores que no ejercen la prostitución; visualización de materiales pornográficos en compañía de estos y el empleo de menores para la ejecución de actividades delictivas o antisociales y como rasgo general, prevalece el sexo femenino entre las víctimas, algunas de las cuales conviven en núcleos familiares disfuncionales.
Las manifestaciones de prostitución con participación de menores son reducidas, no se desarrollan de forma pública, y en los centros escolares del país no se registran incidencias. La participación de extranjeros como comisores de estos delitos también es limitada y tampoco se percibe la existencia de niveles de organización, a partir de que en su mayoría, son los menores con predominio del sexo femenino y edad promedio de 15 años, las que asumen tales conductas por iniciativa propia, aprovechando el descontrol de la familia, sin que medie la presencia del proxeneta.
A diferencia de otros países, no se observan fenómenos como la trata y tráfico de menores con fines sexuales, el turismo sexual, la pedofilia y la explotación sexual comercial, ni otras formas de explotación infantil; y prevalece un rechazo mayoritario de la población ante tales conductas, todo lo cual constituye una de las principales fortalezas del Sistema. 
En Cuba el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional no está presente; por lo que la Trata de Personas es casi nula, lo que hace que nuestro territorio  no clasifique como país de origen, de tránsito ni de destino para la ejecución de dichas actividades. En los últimos años, solo se han desarrollado dos procesos judiciales relacionados con el delito de la trata de personas:
- En el 2006, en Santiago de Cuba, donde dos extranjeros engañaron a bailarinas del cabaret “Tropicana Santiago”, al invitarlas a viajar a su país para trabajar en un centro nocturno, cuando en realidad el propósito era que ejercieran la prostitución.
- En el 2008, en la Isla de la Juventud, cuando un ciudadano cubano residente en el exterior invitó a jóvenes a trabajar en un restaurante del país donde residía, lugar en el que eran forzadas a ejercer la prostitución.
En sentido general los hechos delictivos registrados contra los menores se caracterizan por:
• La inexistencia de fenómenos como el de la trata y tráfico de menores, el turismo sexual, la pedofilia y la explotación sexual comercial u otras formas de explotación infantil como el trabajo infantil doméstico y la servidumbre, entre otros. 
• La no ocurrencia de hechos de mayor connotación social donde se denote violencia extrema o se empleen armas de fuego, en centros escolares u otros entornos educativos, así como incidentes sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a niños, niñas y adolescentes. En los centros escolares cubanos no hay presencia de menores de edad que porten armas de ningún tipo o consuman drogas, ni se observan patrones de violencia que generen preocupación.       
• Predomina la baja participación de ciudadanos extranjeros en la ejecución de actividades delictivas contra menores de edad.   
• Inexistencia de organizaciones criminales en Cuba -como es el caso de las pandillas juveniles-, o la incidencia de otras radicadas en el exterior, que se vinculen al desarrollo de actividades delictivas trasnacionales, donde se involucren a menores de edad.    
• Baja incidencia de hechos en los centros escolares u otros entornos educativos y zonas turísticas del país, concentrándose estos en lugares de la vía pública y los domicilios. 
• Limitada incidencia de menores de edad (como víctimas o participantes) en delitos de mayor peligrosidad social, como el tráfico de drogas, asesinatos, homicidios, prostitución u otros.     
En sentido general prevalece un rechazo mayoritario de la población a las conductas delictivas donde se involucran menores de edad, todo lo cual propicia la denuncia de tales hechos, así como la participación popular ante las acciones que se ejecutan para el combate a las mismas, por parte de las autoridades policiales y demás instituciones estatales.  
IV. Sistema de Atención a Menores con Trastornos Graves de Conducta en Cuba:
Para la atención a los menores de edad que presentan trastornos de conducta y/o comisores de hechos que la ley tipifica como delitos, el Gobierno cubano dispone de un sistema despenalizado y de tratamiento diferenciado, amparado en el Decreto Ley 64/82, conformado por dos subsistemas de trabajo:
Uno dirigido por el Ministerio de Educación (MINED) que está compuesto por las Escuelas de Conductas, Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) y los Consejos de Atención a Menores, encargados del tratamiento a los menores que incurren en los trastornos de conducta más leves.
El otro subsistema lo dirige el Ministerio del Interior (MININT), a través de la Dirección de Menores, que bajo un enfoque preventivo, se encarga  de prevenir, detectar y enfrentar los hechos delictivos cometidos por menores y las conductas antisociales de elevada peligrosidad e impacto social negativo; desarrollar la evaluación y tratamiento educativo de los menores comisores; y proteger a los que resulten víctimas de delitos de diferente naturaleza; así como el seguimiento a las medidas y sanciones que se imponen a los victimarios.
Para ello dispone de: Especialistas de Trabajo Preventivo, los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores (CEAOM), las Escuelas de Formación Integral (EFI) y Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA).
Prevención de Menores:
Tiene como finalidad ejecutar de conjunto con los factores sociales comunitarios y el Sub Sistema MININT, acciones de Prevención, detección temprana y atención a menores de edad que presentan trastornos graves de la conducta, indisciplinas sociales o participen en hechos que la ley tipifica como delito; así como en el tratamiento de los menores que resulten víctimas de delitos, para lo cual:
• Brindan atención y seguimiento a los niños, niñas y adolescentes declarados ausentes al domicilio,  dirigidos a su localización y remisión inmediata al hogar, analizando las causas que provocaron dicha conducta. 
• Ofrecen tratamiento y seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que resultan víctimas de hechos delictivos, con mayor significación en aquellos delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, buscando reducir al mínimo posible la victimización secundaria y brindando servicio de orientación y consejería a las personas que lo soliciten.
• Aportan elementos de interés durante los procesos legales que se desarrollan, velan por que no se viole el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y se cumplan con las garantías refrendadas en la Legislación cubana.
• Determinan el procedimiento a seguir con los niños, niñas y adolescentes, que participan en hechos que la ley tipifica como delitos, lo cual incluye el procesamiento y evaluación de la información obtenida.
• Ejecutan acciones coordinadas para la disminución de la reincidencia y la multireincidencia en los niños, niñas y adolescentes comisores de hechos que la ley tipifica como delitos, logrando la reinserción social de los controlados o egresados de las Escuelas de Formación Integral del MININT (EFI).
• Trabajan además, en el seguimiento de aquellas problemáticas que pueden afectar la protección de la población infanto juvenil. 
Para el desarrollo de su trabajo se auxilia de especialistas en diversas materias, que de conjunto con otros organismos de la Administración Central del Estado, centros laborales, estudiantiles, organizaciones políticas y de masas ejecutan acciones educativas con los alumnos y sus familiares, encaminadas a atenuar y/o erradicar las problemáticas identificadas. 
Los Oficiales de Prevención están representados en los 168 municipios del país. En la Capital, funcionan a nivel de Consejos Populares en correspondencia con la población infanto juvenil y el diagnóstico de las  comunidades, en cada territorio. 
Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores (CEAOM): 
A través del personal especializado que poseen, -psicólogos, sociólogos, defectólogos, juristas-, analizan las potencialidades y necesidades educativas que requieren los niños, niñas y adolescentes evaluados por trastornos graves de su conducta, para lograr la corrección y compensación del comportamiento, así como los elementos favorecedores al cambio y en consecuencia recomiendan las medidas que se deben adoptar.
Para ello, realizan diagnósticos biopsicopedagógicos, identifican las necesidades educativas y potencialidades del menor, la familia y el entorno social, dirigido a la atención especializada que deben brindar los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, así como las organizaciones sociales participantes; proyectan estudios socio-operativos que contribuyan a enfrentar con mayor eficiencia y eficacia los hechos que involucran a niños, niñas y adolescentes. 
Realizan análisis sobre causas y condiciones que generan en los niños, niñas y adolescentes evaluados índices significativos de trastornos graves de la conducta y la comisión de hechos que la ley tipifica como delitos; orientan a las familias de forma especializada durante el proceso de evaluación, a través de la realización de escuelas de padres, psicoterapia grupal y dinámicas familiares. 
De igual forma, desarrollan la observación de la conducta durante el proceso evaluativo de los mismos y garantizan la disciplina y las adecuadas condiciones de vida de los alumnos, promoviendo el desarrollo de las interrelaciones personales y su amplia participación en las actividades planificadas.
Escuelas de Formación Integral (EFI): 
Constituyen una concepción avanzada en la atención a las niñas, niños y adolescentes con desviaciones graves sostenidas en su conducta o que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos, asegurando la atención integral de estos, a partir del estímulo de sus potencialidades y la promoción de su desarrollo, satisfaciendo las necesidades educativas especiales que demandan, con vistas a lograr su reinserción social.
En la actualidad el país cuenta con 12 Escuelas de Formación Integral, que se rigen bajo los mismos principios educativos y de funcionamiento que el resto de los centros pertenecientes al sistema educacional del país. En ellos laboran profesores pertenecientes al Ministerio de Educación, Trabajadores Sociales, Instructores de Arte y personal de la Dirección de Menores del MININT con una alta capacitación profesional universitaria y posgraduada (se cuenta con licenciados en diversas materias, master y doctores).  
Dichas escuelas están desprovistas de rejas u otras medidas de seguridad propias de Centros Penitenciarios; tanto el claustro de profesores como los funcionarios del Ministerio del Interior que en ellos laboran, no portan armamento ni otro tipo de instrumento represivo, que pueda ser empleado para ejercer la fuerza o castigo, contra los alumnos. 
El reglamento disciplinario prohíbe el ejercicio de castigos, maltratos, empleo de la violencia u otros tratos crueles o degradantes contra los alumnos o entre estos, y se mantiene la disciplina a partir de un reglamento escolar y un sistema emulativo que funge como elemento movilizador de los cambios conductuales, con la amplia participación del consejo estudiantil, el consejo de padres y el consejo de educadores, en el que juega un papel esencial el desarrollo del trabajo social y comunitario conjunto entre las familias y los estudiantes. 
En la atención a los alumnos, intervienen además, de conjunto con los  educadores del centro,  la organización de Pioneros “José Martí”, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, y los consejos de Padres y Estudiantil, canalizándose por esa vía inquietudes y sugerencias, lo que ha contribuido a reducir las indisciplinas graves y cultivar  sus potencialidades.
Toda vez que los alumnos ingresan a las escuelas, se les garantiza de forma gratuita, una alimentación adecuada, uniforme escolar similar al utilizado por el Sistema Educacional del país, los materiales de estudio necesarios y atención médica especializada.  
Estas instituciones cuentan con dormitorios confortables, bibliotecas, áreas deportivas, esparcimiento, recreación, aulas especializadas de computación y otras propias de los oficios y demás especialidades que se imparten como parte de los programas de estudio aprobados por el Ministerio de Educación. Además, estos gozan del derecho a pases semanales para visitar a sus familiares y a recibir visitas de estos últimos en los propios centros escolares.
Las Escuelas de Formación Integral buscan satisfacer la atención educacional especializada que demandan los alumnos que en ellas ingresan, mediante la educación general, politécnica, física, ética, estética y patriótica,  encaminada a lograr  el desarrollo de una cultura general integral.
En ellos se trabaja para modificar los hábitos incorrectos y las deficiencias educativas que hayan influido en las manifestaciones de conductas disociales de los alumnos, a través de la elaboración y ejecución de las estrategias de intervención; lograr la certificación de los estudiantes incorporados al aprendizaje de oficios como complemento de su formación integral y vocacional mediante la creación de círculos de interés, aprovechando todas las posibilidades internas y las que brinda el entorno.
Asimismo, se realizan acciones conjuntas con los trabajadores sociales y el claustro de profesores en el desarrollo del trabajo social comunitario con las familias, los estudiantes, personalidades de reconocido prestigio en la cultura, el deporte y otras esferas sociales, que brindan apoyo en las acciones educativas y de socialización que se materializan.
Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA): 
Constituyen una muestra de la prioridad que concede nuestro Gobierno a la protección de los niños, niñas y adolescentes, y tienen como misión principal prevenir la victimización secundaria de los que resulten víctimas de delitos, mediante el empleo de una técnica de exploración que resulte útil como prueba documental grabada,  evitando  la presencia de estos en la vista del juicio oral, atendiendo a que la legislación procesal penal cubana  reconoce la exploración del menor, y otras medidas para garantizar su intimidad.
Los Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes prestan además, servicios de orientación a la familia sobre la atención que debe brindar a los niños y niñas para su adecuada recuperación y reinserción social; derivar o atender en ellos a las víctimas y su familia, ofrecer atención terapéutica y/o psicológica en caso necesario; así como el  acompañamiento de los menores que en casos excepcionales, sean citados para la vista del juicio oral y realizar investigaciones sociales que permitan trabajar en la prevención del abuso sexual infantil, entre otras actividades.
En la actualidad se cuenta con tres centros de este tipo (ubicados en La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara); mientras que en el resto de las provincias se aplican medidas alternativas que garantizan la atención especializada a los niños, niñas y adolescentes víctimas, conforme a las prácticas y metodologías internacionalmente establecidas. 
El esfuerzo realizado por el Estado cubano con la implementación de estos centros, capacitados de modernas tecnologías -que garantizan la grabación en audio y vídeo de la exploración- y un personal altamente calificado conformado en equipos multidisciplinarios (peritos criminalistas, médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, juristas y expertos de otras especialidades).
Todo ello ha propiciado evitar la presencia de los menores víctimas en la vista del juicio oral; elevar el esclarecimiento de los delitos a partir del nivel de precisión que se alcanza durante las entrevistas y reducir al máximo la cantidad de personas que interactúan con los niños, niñas y adolescentes víctimas y sus familias, durante el proceso de investigación y posterior a la vista oral.  
Acciones de capacitación:
Para la preparación de las fuerzas, el Ministerio del Interior dispone de Centros Docentes que cuentan con programas de estudio de pregrado, superación postgraduada y actividad científica.
Sus Centros de Enseñanza Superior, forman oficiales graduados en Licenciatura en Derecho, con perfil especializado en el trabajo con los menores de edad; y auxiliados en otros Centros Docentes del Ministerio de Educación Superior se preparan profesionales en perfiles afines (psicología, sociología, pedagogía, defectología, entre otras) que una vez que concluyen sus estudios, pasan a brindar servicios en la institución, donde continúan recibiendo preparación posgraduada en los siguientes temas:
• Cursos de preparación básica para actores en acciones de prevención y tratamiento a los menores víctimas.
• Diplomado de exploración a menores víctimas, para  especialistas de investigación y tratamiento integral.
• Postgrados en temas de psicología, tratamiento de conductas disociales pedagogía, trabajo social comunitario,  derechos de la niñez, entre otros. 
• Maestrías  y especialidades en prevención y trabajo social, Pedagogía, Sexología, criminología, entre otras.
Divulgación y promoción: 
Nuestro Gobierno, presta especial atención a la promoción y desarrollo a través de los diferentes medios de comunicación social  de programas dirigidos a la prevención de los menores víctimas y otras formas de violencia, la protección de los derechos del niño orientados al fortalecimiento de estos valores en la sociedad. 
Se trabaja en la implementación de un servicio de Línea Ayuda, gratuita, confidencial, disponible las 24 horas del día y con alcance nacional, para brindar servicios de asesoría, de cuidado y protección a niños necesitados. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores
Febrero de 2013